Un juzgado de Madrid acaba de absolver del delito de injurias a la activista ultra que había acusado a la mujer del presidente del Gobierno de estar involucrada en cuestiones de narcotráfico al tiempo que la llamaba reiteradamente “Begoño” y se refería a ella en masculino.

El apelativo no es gratuito ni ocasional. En el submundo ultraderechista patrio se ha extendido cómo una forma de denigrarla aludiendo al bulo de que en realidades una mujer transexual que nació y se crio como hombre. El objetivo es dañar la reputación del máximo dirigente político del país a través de la humillación de su mujer. Una estrategia bien estudiada y que antes de llegar aquí ya se ha utilizado en otros países.

En torno 2015 se extendió por los grupos radicales de derecha de los Estados Unidos la falsedad de que Michelle Obama era un hombre travestido. La mentira se sustentaba en prejuicio racistas y machistas, cuestionando la femineidad de mujeres negras destacadas, a la vez que se ponía en duda la propia sexualidad del presidente. Con la misma base machista y pretendidamente humillante se aplicó un lustro después a Brigitte Macron.

El fenómeno es tan extendido que tiene nombre propio: transvestigación. En todos los casos pretende poner en duda la integridad de los jefes de gobierno y vincularlos a conspiraciones elitistas. Al mismo tiempo se resalta un supuesto papel central de sus consortes en su toma de decisiones, que estaría justificado por su masculinidad de origen. En todos los casos los instigadores pruebas falsas similares. De Begoña Gómez circulan fotos manipuladas en las que aparece como un muchacho; incluso se han llegado a inventar cuál era su nombre anterior y en qué momento pasó a presentarse públicamente como mujer.

Al llamarla Begoño se quiere evocar toda esta teoría que niega la dignidad misma de la mujer del presidente del Gobierno, presentándola como una persona mentirosa que se hace pasar por quien no es, finge una feminidad que no posee y sobre la que se insinúa la misma depravación moral que en los círculos ultra se atribuye a las personas transexuales. Todo eso buscaba Pilar Baselga, la versión española de la conocida activista de ultraderecha Candence Owen, que fuera denunciada por la primera dama francesa por expresiones muy similares. Y todo eso es claramente injurioso, en cuanto menoscaba sin base alguna la dignidad ajena.

No lo ve así la jueza encargada de resolver el caso. Comienza por atribuirse la facultad de valorar libremente cuándo un insulto es o no desproporcionado. Literalmente, escribe que solo es posible condenar “cuando los términos usados son desmesurados respecto del legítimo objeto de la crítica”. Y para ella llamar Begoño a la consorte del presidente del Gobierno, con la carga que ello conlleva, no es en absoluto desmesurado. Bien al contrario, cree la magistrada que se trata de mero humor satírico; una simple gracieta, dice, aplicando su propia visión del mundo a los hechos. Ninguna sorpresa.

Hace unos meses tuve ocasión de comparecer ante una comisión reservada del Parlamento Europeo destinada a evaluar la situación del Estado de derecho español. En la misma intervino también la presidenta de la asociación mayoritaria de jueces españoles que es además decana de los juzgados de Madrid. Allí, en la sede de la soberanía europea si es que tal cosa existe, esta señora jueza también usó con desparpajo el mismo apelativo referido a la cónyuge del presidente Sánchez. Todo lleva a pensar que es una expresión frecuente entre jueces retrógrados. Su ilicitud no debería depender de que a los jueces les parezca gracioso o incluso estén de acuerdo con ella. Lo relevante es que, como prevé la ley, es un ataque contra la dignidad. Para aceptarlo así haría falta una capacidad de imparcialidad y profesionalidad poco frecuente en nuestro sistema judicial.

Técnicamente, la sentencia es un desastre. Respecto a la imputación de conexiones con el narcotráfico dice que no se ha demostrado dolo (mala intención) suficiente. El Código Penal, sin embargo, señala que para que haya delito basta con que las afirmaciones se hayan realizado con temerario desprecio a la verdad, es decir -en palabras del Tribunal Constitucional— sin el mínimo contraste de su veracidad. Justo lo que sucedió en este caso, aunque la jueza no lo tenga en cuenta.

Parece incluso que intente dar un poco de caña a la mujer del presidente, a pesar de que en esta ocasión ella es la víctima del delito. Reprochándole no haber declarado personalmente durante el juicio, introduce la disparatada idea de que una jueza no puede saber si una expresión daña la dignidad de alguien o perjudica su fama a menos que interrogue personalmente a la víctima. Así, confunde la percepción del daño sufrido con su misma existencia. El hecho de que la afectada se haya querellado contra la activista conspiranoide debe bastar para demostrar que se ha sentido subjetivamente dañada. A partir de ahí corresponde al juez examinar ií objetivamente se trataba de expresiones dañinas o perjudiciales para la reputación de cualquiera. 

La suma de todos estos saltos lógicos permite preguntarse si de ser la perjudicada otra persona, ideológicamente más cercana a la jueza, su criterio habría sido igual de laxo. Así ha sucedido en las redes sociales; parte de la opinión pública parece convencida de que difícilmente resultaría absuelto quien, por ejemplo, acusara sin base alguna a una jueza de esconder su transexualidad o tener vínculos con el narcotráfico.

Es una duda legítima, habida cuenta de la evidencia cada vez mayor de que muchos de los miembros del poder judicial español son incapaces, por formación, de desprenderse de sus sesgos y resolver los asuntos que se les someten con la debida imparcialidad. No prevarican porque no lo hacen a sabiendas y ese es precisamente el problema: no se dan ni cuenta de que resuelven los asuntos en función de sus propias convicciones.  

Como dice Heinrich Boll en un libro de título parecido al de este artículo, la violencia de las palabras a veces puede ser peor qué las de las bofetadas. Esta sentencia no es peligrosa porque deje impune la violencia de una agitadora ultra. Lo es porque abre la duda de si todos -con independencia de la ideología que tengamos- gozamos de la misma protección frente a quienes atacan nuestros derechos.

Me cuenta una de mis hijas que cierto partido de ultraderecha, de cuyo nombre no quiero acordarme, andaba el otro día en las cercanías de su instituto repartiendo pulseras a los estudiantes (casi todos menores de edad) cuando entraban a clase. Pulseras con su color corporativo y sus lemas habituales más un toque rojigualda, que ofrecían a los adolescentes animándoles a “limpiar España”. Y por supuesto, algunos se las colocan para exhibirlas en clase, aunque solo sea para molestar a los profesores de ideas progresistas, pues la ultraderecha es la rebeldía para una generación despistadísima e intoxicada, pero también asustada y frustrada.

Como me ha salido un arranque de artículo que suena a invent de manual (“Me cuenta una de mis hijas que..”), he buscado otros casos similares. Sin mucho buscar, encuentro varias noticias recientes sobre militantes de la ultraderecha que instalan sus mesas y reparten pulseras y folletos a las puertas de institutos en otras provincias. En esos casos fue noticia no por el hecho en sí, sino por algún encontronazo con profesores o madres; lo que me hace pensar que son muchos más los lugares donde la ultraderecha anda rondando los centros educativos. Sin descartar que además busquen precisamente eso: el encontronazo, el ruido, para ser noticia y lograr una visibilidad que, soy consciente, yo mismo les estoy dando por mucho que evite nombrarlos.

Como esos repartidores que a la puerta del colegio ofrecen a los niños álbumes y sobres de cromos de fútbol para engancharles y que sigan comprando; o como los camellos que protagonizaban las leyendas urbanas de nuestra infancia regalando caramelos con droga al salir de clase (“no aceptes nada de desconocidos”); ahora también la ultraderecha reparte su mercancía envenenada, sin que levante el escándalo que hace años provocaban las casas de apuestas en las cercanías de centros educativos.

Estábamos las madres y padres muy preocupados por la fachosfera, las redes sociales y canales de Youtube que difunden odio, racismo y misoginia entre nuestros hijos; y ahora también nos asusta que salgan a la calle y vuelvan a casa con una pulsera y hablando de prioridad nacional. Sigo pensando que son minoría, que son más (sobre todo ellas, las jóvenes) quienes no llevan pulsera facha y rechazan o combaten sus ideas; pero es una minoría ruidosa y creciente.

Es obvio que la extrema derecha tiene una estrategia para ganarse a los más jóvenes, y que le está saliendo bien, a la vista de las encuestas por grupos de edad. Pero lo que más debería preocuparnos no son las pulseras a la puerta del instituto (que por supuesto hay que impedir, pues luego irán a los colegios de Primaria), ni las redes sociales (que favorecen sus contenidos, lo sabemos). Si la ultraderecha logra politizar el miedo, la frustración y la rabia de los más jóvenes, es porque en efecto hay miedo, frustración y rabia, no todo es la natural rebeldía juvenil. Y frente a esos sentimientos reales, frente a la falta de futuro, ¿qué les ofrecemos? Antes que un éxito de la ultraderecha, es un fracaso de quienes no somos capaces más que de alarmarnos porque repartan pulseras.

Primero, confluyen dos juicios por corrupción: uno gestado durante años y otro, tras un ágil proceso. Suele suceder cuando uno -el largo- afecta al PP y otro -el corto- al PSOE. Podría ser porque el de la Kitchen (del PP) es de gran enjundia: refiere una mafia organizada que afecta a asuntos sustanciales del Estado, y el otro -el de un hombre clave en el PSOE y sus presuntos colaboradores- es, aparentemente, un tosco pillaje inferior incluso a muchos otros detectados en el ámbito del PP. De hecho las mascarillas por las que están siendo juzgados Ábalos, Koldo y Aldama costaron 2,5 euros cada una y las mascarillas que le dieron al hermano de Ayuso una comisión de 234.000 euros salieron a 6 euros por unidad, citaba Ignacio Escolar, director de elDiario.es. El hermano de Ayuso ni fue a juicio, y ella se cargó a Pablo Casado de presidente del PP por denunciar el caso públicamente. Con la connivencia de todo el partido y de Feijóo en particular que se haría con ese cargo.

Pero igual esa confluencia no ha sido tan casual: ha servido al PP y a los medios a su servicio para ponerse ciegos de hablar de Ábalos y el PSOE. Muy útil en campañas electorales. Las terribles confesiones del inspector Morocho sobre las trabas que encontró para investigar la Kitchen apenas han sido citadas por esos mismos medios, y el PP se las ha echado a la espalda como si no existieran.

El deterioro de la democracia española avanza a una velocidad de vértigo. Hay quienes ya no aguantan más sin tener a los suyos sentados a gobernar en La Moncloa. Pero todo esto se vino viendo llegar y no se ha hecho nada por remediarlo. Quizás ahora y hasta casi parece -esto sí- casualidad.

La elección de Teresa Peramato como fiscal general del Estado ha caído en esa derecha judicial, política y mediática como una coz en el hígado. Tan felices que estaban tras haberse deshecho de Álvaro García Ortiz y llega una sustituta peor aún en sus expectativas. Por si faltara poco el defenestrado no se calla. Y a un periodista como Jordi Évole se le ocurre afrontar un programa donde informar ampliamente de lo ocurrido. De lo que todos los que quisimos ver, vimos: un proceso y un juicio escandaloso. Quien no lo recuerde, no tiene más que ver ese programa. Es el mismo que vieron las fuerzas opositoras con mando en plaza para deducir todo lo contrario. O así decirlo. Que está bien condenado alguien sin pruebas, incluso con testimonios en contrario.

Entre los momentos cumbres de ese juicio -que fueron varios- vimos mentir y confirmar ante el Tribunal Supremo que mentía a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, autor también de los emails culpando a la fiscalía de forzar el rechazo a un inexistente pacto y que terminaría acusando al fiscal general de publicar datos -conocidos por numerosas personas-. Datos de ese prohombre español que convive maritalmente con la presidenta de Madrid, libre como el viento y con pasaporte pese a los cargos que obran contra él. Más vale que vean el magnífico y muy detallado resumen de Évole y comprueben o recuerden la cantidad de sapos a tragar en cuanto pasó.

Llega Teresa Peramato a la jefatura de la fiscalía general y no le renueva el puesto a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Ha cumplido su tiempo reglamentario de 5 años. Y entonces sí que la arman a lo grande. Hasta han pedido que Lastra denuncie a Peramato por prevaricación. Recordemos de nuevo que, según la Constitución, la justicia emana del pueblo y es administrada por los jueces. Pero, en la práctica, se diría que emana de una especie de Olimpo donde lo de menos es “el pueblo”.  Emana también, según parece, de personas empleadas para escribir, como si fuera periodismo, en medios conservadores que saben mucho de justicia y de lo que haga falta. De todo, lo mismo te sacan una exclusiva manipulada de hace diez años que una cosa que dijo alguien a alguien alguna vez como verdad de fe. Incluso las hay. y en triste memoria de este diario, doctoradas en derecho por osmósis.

Discurre mansamente la Kitchen por los medios, no así las mascarillas de Ábalos, Koldo y Aldama. Este último ha acusado por fin a Pedro Sánchez de ser el nº1 de esa trama corrupta. Sin pruebas, para no variar. Saltan jubilosos los opositores con mando en plaza como niños en una guardería ante un premio. ¡Pues ya está! Pero no, Peramato le dice al fiscal anticorrupción Luzón -es fiscal anticorrupción ¿saben?- que no rebaje más la pena a Aldama y mantenga los 7 años de condena. ¿Cómo habrá osado la jefa de la fiscalía, alta autoridad del Estado, cumplir con su obligación hacia los ciudadanos? Los fiscales están supeditados a sus órdenes e instrucciones, según estipula su cometido, pero de nuevo los “buenos” se alzan en pie de guerra.

El PP es acusación particular en este juicio y actúa de inmediato. Sin el menor disimulo, rebaja la petición de pena para que Aldama no entre en la cárcel. ¿Con quién estaba colaborando este delincuente nos preguntamos todos, con la Justicia o con el PP? Todos no nos lo preguntamos en verdad, pero no hace falta. Es normal que el Partido de la Gürtel y la Kitchen se desviva por cuanto ayude a la justicia a cumplir su misión, ¿verdad? Víctor de Aldama se llevó cinco millones y medio de euros en el caso de las mascarillas. El PP quiere que no pise la cárcel. La razón no es un misterio: ha acusado a Pedro Sánchez. Sin aportar pruebas. Escribe y detalla Ignacio Escolar, de nuevo.

En el mismo juicio le piden 24 años a Ábalos y 19 a Koldo. La rebaja a solo 7 años para Aldama la decidió Luzón aunque la UCO le considera el jefe de la trama, el “real”. Antes Luzón le había liberado de la prisión preventiva por otro caso, tras acusar a medio gobierno de corrupción en este. Es todo tan chirriante. Las fuerzas opositoras con mando en plaza vuelven a protestar, también amparan a este santo varón locuaz para lo que quiere con las manos vacías de contenido. Dice Escolar que queda la decisión de la famosa Sala Segunda del Tribunal Supremo, la de siempre, la que según Ignacio Cosidó del PP -exDirector General de la Policía-,  iba a controlar su partido por detrás. Si ellos deciden que Aldama salga libre, saldrá.

La batalla contra Peramato, apenas llegada al cargo, se libra con virulencia en la justicia conservadora y también en la prensa del clan: La fiscalía del terror, le llaman desde la prensa del terror. Esa que ha hecho un daño tan inmenso al periodismo que ya múltiples adeptos prefieren creer las versiones fraudulentas a saber de la realidad. La que anda revuelta, a palo limpio también, a costa de su historia, por cierto. En el trumpismo estadounidense también anda fina la cosa. Sabemos primero que a la periodista Hannah Natanson, del Washington Post, le ha invadido la casa el FBI para registrarla y confiscar sus equipos electrónicos, ordenadores y móviles por haber publicado un potente reportaje sobre el desmantelamiento del Estado con Trump y Elon Musk. Este martes le han dado el Premio Pulitzer por ese reportaje. No todo el mundo se calla.

Aquí, de nuevo son los dos pilares fundamentales para la sociedad, la justicia y la información, los que muestran señales de tal deterioro que arrastran con ellos a la democracia. A la vista de lo poco que se hace efectivo para pararlo, que siempre estamos en campaña electoral o/y esquivando flechas envenenadas, sugiero que al menos se contemple la necesidad de muchas más Peramato y Morocho en puestos clave. Y más periodistas con las manos libres, la conciencia tranquila y a salvo del miedo trabajando. Esos de los que habla el admirado Manuel Vicent cuando dice: “El éxito de un periodista no está en ser leído, sino en ser creído. La credibilidad es su único patrimonio, y su prestigio viene de ponerse al servicio del derecho del ciudadano a estar bien informado”. De todas las penas que nos acechan, tener la conciencia tranquila es todo un soporte vital.

Si hay un libro que ayuda a entender la importancia de los evangélicos blancos ya en la primera victoria de Trump es Jesús y John Wayne. Cómo los evangélicos blancos corrompieron una fe y fracturaron una nación (Capitán Swing). Su autora, Kristin Kobes Du Mez, analiza un movimiento religioso y político que es “patriarcal, jerárquico y, en el fondo, antidemocrático”. Lo único que hizo Trump en 2016 fue asumir como propio ese estilo de vida que los cristianos evangélicos llevan décadas promoviendo. El verbo “vender”, en este caso, es literal, puesto que se trata de un mercado que se promociona a través de televisiones, radios y, por supuesto, redes sociales.

Son votantes que están dispuestos a pasar por alto que Trump y los valores cristianos son conceptos antagónicos, porque lo que les interesa es la “autoridad patriarcal” y el afán de poder que representa el presidente estadounidense.

“Los evangélicos blancos tienen más probabilidades que los miembros de otros grupos religiosos de apoyar la guerra preventiva, justificar la tortura, oponerse a la reforma de la inmigración, apoyar la construcción de un muro en la frontera y estar a favor de la pena de muerte; tienden más que otros estadounidenses a poseer armas de fuego, negar la relación entre el racismo y la violencia policial, rechazar los pactos políticos, preferir a gobernantes fuertes y solitarios y aprobar que se infrinjan las normas cuando lo consideran necesario”, resume esta profesora de Historia y Estudios de Género en la Universidad Calvin de Grand Rapids, en Michigan.

En diciembre de 2018, la revista Anfibia publicó un extenso reportaje que arrancaba con la siguiente pregunta: ¿Puede ser que los evangélicos argentinos se transformen en el ariete de una fuerza política de ultraderecha? Se había demostrado que ya había sido así en Brasil y, aunque con Milei no se produjo un apoyo comparable al que ofrecieron a Bolsonaro, el presidente argentino ha multiplicado los gestos hacia esta comunidad. Uno de los más destacados fue su presencia en la inauguración del “Portal del Cielo”, un templo con capacidad para más de 10.000 personas. Sí, lo han leído bien: 10.000 personas.

Con estos precedentes llegamos a Madrid DF, epicentro del evangelismo patrio, como se pudo comprobar el pasado fin de semana. 35.000 personas participaron en The Change 2026, un evento celebrado en el Metropolitano en el que actuaron predicadores de diferentes países, cantantes y, como cabeza de cartel, el exjugador del Barça y de la selección brasileña Dani Alves. El futbolista explica que la fe le salvó cuando fue condenado por agresión sexual a cuatro años y seis meses de prisión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya revocó la condena y lo absolvió en marzo de 2025. La Fiscalía ha presentado recurso y ahora falta que el Supremo lo resuelva.

Alves, en su faceta de predicador, se llevó los titulares, pero lo más reseñable es el mensaje que la organización difundió en redes sociales con su propósito de ganar influencia aquí, al igual que ya la tienen en otros países: “Oraciones respondidas en una noche que transforma almas. España, tu tiempo ha llegado. Los cielos están abiertos”.

Tanto el PP como Vox saben que ese es un electorado a tener en cuenta y ya hace tiempo que trabajan en ello. En la última campaña de las autonómicas, Isabel Díaz Ayuso ofreció el micrófono en un mitin a una pastora ultraconservadora, Yadira Maestre, para que bendijera a los dirigentes del PP. En esta crónica se explicaba que candidatos del partido estuvieron visitando iglesias evangelistas para atraer el voto latino. Ya saben que Ayuso diferencia entre los ciudadanos llegados de Hispanoamérica, a los que denomina “nuevos madrileños”, y los migrantes de otras zonas, hasta el extremo de referirse a la “islamización de Europa”, un concepto que antes de ella solo utilizaba Vox.

Junto a Madrid, el otro laboratorio político del voto evangélico es Murcia. Un dato: en solo una década, el municipio de Lorca ha pasado de albergar tres iglesias evangélicas a once. En poblaciones como Alcantarilla, Torre Pacheco o Los Alcázares, los templos pentecostales se multiplican en antiguas naves industriales o bajos comerciales. El presidente murciano, Fernando López Miras, ha llegado a decir que “si hubiera más evangélicos, Murcia sería mejor”.

Se calcula que en España existen 4.762 lugares de culto evangélicos y que se abren cinco nuevos cada semana. Es la religión minoritaria con más espacios de culto. “Los discursos evangelistas actuales son populismo puro y duro. Esta doctrina se nutre de los valores religiosos para apelar a la población que lo pasa mal y necesita respuestas que no llegan, muchas veces políticas. El problema es precisamente ese: la utilización de los espacios de culto para dar forma a un nuevo cuerpo de pensamiento e influencia política”, explica María José Vicente, profesora de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Castilla-La Mancha, en este reportaje.

La fe tal vez no mueve montañas, pero sí votos. El cortejo de los partidos de derecha y extrema derecha a estos electores no ha hecho más que empezar.

Hasta hace relativamente poco la relación transatlántica se daba por descontada. Había una especie de distribución de roles. Estados Unidos garantizaba la seguridad del continente, Europa aportaba estabilidad normativa y un intercambio comercial sólido, y ambas orillas compartían un horizonte liberal-democrático. Poco a poco primero y muy rápido últimamente la cosa se ha resquebrajado por completo. Primero la crisis de 2008, luego el Brexit, la pandemia, la guerra de Ucrania, pero el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca lo ha acelerado todo. El episodio de Groenlandia colmó el vaso. Lo de que un presidente estadounidense exprese públicamente su voluntad de anexionar un territorio europeo no es una tontería más de un excéntrico megalómano. Es la señal de que Washington ve a Europa como un terreno a disputar. 

Y así ha sido. La administración Trump 2.0 apunta en una dirección clara: fragmentar la capacidad de acción autónoma de Europa. La fotografía que tienen en la Casa Blanca mezcla tres ideas: un declive económico europeo irreversible, una pérdida de “identidad civilizatoria” (judeocristiana) que no hay quien recomponga y la pérdida de soberanía de los estados nacionales a beneficio de la burocracia de Bruselas. Todo ello conduce a que Washington corteje abiertamente a los partidos nacional-ultraconservadores del continente (AfD, Reagrupación Nacional, Fratelli d'Italia, Fidesz, Vox). Partidos capaces de bloquear cualquier avance hacia una autonomía estratégica genuinamente europea que se ve como una amenaza para la hegemonía estadounidense. La administración Trump ve en estos partidos a socios naturales de un proyecto antiliberal: una Europa débil, dividida y dependiente. 

La guerra de Ucrania y la presión americana han provocado un cambio de época que coloca el gasto militar en el centro del proyecto europeo. La idea de una “ReArm Europe” con cientos de miles de millones en inversión en armamento convive mal con Estados del bienestar ya tensionados por la inflación, la transición ecológica y el envejecimiento demográfico. Europa se enfrenta así a una versión contemporánea del viejo dilema entre cañones y mantequilla, complicada porque debe sumar la descarbonización, la digitalización y la cohesión social. Algunos gobiernos, especialmente Polonia, intentan presentar el rearme como un “keynesianismo militar” capaz de reindustrializar el continente Se corre el riesgo de aumentar la dependencia tecnológica y estratégica mientras se desvían recursos de sanidad, educación o transición verde. Los ciudadanos europeos, según los sondeos de opinión realizados, pide simultáneamente más seguridad, más acción climática y más protección social. No concibe la defensa solo con tanques y misiles, sino que piden que se combine con energía propia ciberseguridad y democracia. Los europeos quieren sentirse protegidos, pero no a costa de desmantelar el modelo social del que disfrutan. Si no se aumenta el presupuesto de la Unión el riesgo es que la partida militar se imponga por la vía de los hechos, alimentada por un discurso de nueva derecha que tiende a presentar el gasto social como el factor que atrae a los migrantes a costa de los nativos. 

Aquí es donde la cuestión fiscal se convierte en prioridad política. Para sostener tanto la defensa como el bienestar sin romper la unión monetaria, Europa ha empezado a dar pasos hacia una soberanía compartida en el terreno financiero. La emisión conjunta de deuda durante la pandemia y ahora para Ucrania marca una ruptura con el veto histórico de Alemania a los eurobonos. Como ha escrito Claudi Pérez en El País, se trata de una especie de “mutación kafkiana”: la regla de la unanimidad se ha erosionado en situaciones de emergencia, y eso convierte a la UE en un actor político más capaz cuando la crisis aprieta. Los eurobonos son el embrión de una unión fiscal que necesariamente obligará a redefinir el marco institucional y las bases de legitimidad de la UE: qué se financia, quién paga, quién decide y con qué contrapesos democráticos. Los gobiernos nacional-populistas aceptan gustosos el dinero europeo, pero quieren blindarse frente a las responsabilidades futuras. La paradoja es que los Estados pierden margen individual en materia presupuestaria, pero ganan capacidad colectiva para sostener políticas que ninguna capital por si sola podría financiar.

España ilustra bien esta encrucijada. Es un país que ha apostado decididamente por la integración europea, que fue uno de los principales beneficiarios de los fondos Next Generation EU y que ha respaldado con firmeza tanto la emisión de deuda común como el acuerdo con Mercosur. Este último, que acaba de entrar en vigor provisionalmente, no es solo un pacto comercial: crea un mercado de más de 700 millones de personas y envía una señal política contundente en un mundo donde el multilateralismo está bajo asedio. Para España, con sus lazos históricos, culturales y empresariales con América Latina, Mercosur representa una oportunidad de diversificación estratégica y al mismo tiempo una prueba de que Europa puede tejer alianzas más allá del eje atlántico tradicional.

La misma lógica de diversificación empuja a Europa hacia el Pacífico. La UE ha intensificado sus relaciones con Japón, Corea del Sur, India y otros países de la zona, y lo que hace poco era un ejercicio de expertos en relaciones internacionales tiene ahora tintes de urgencia. Países como Japón o Corea del Sur, que dudan también de la fiabilidad del paraguas americano, miran hacia Europa como socio de defensa y tecnología. Los ejercicios navales conjuntos, las asociaciones estratégicas y las negociaciones comerciales que menudean con el Sudeste Asiático dibujan un mapa de alianzas más complejo. Pero el reto es pasar de la retórica a la capacidad operativa, ya que si Europa no tiene un músculo diplomático, industrial y militar propio no acabará siendo tomada en serio en esa región.

Pero, ¿todo esto quién lo lidera? Francia arrastra inestabilidad política y Alemania vive un periodo de introspección tras años de dependencia del gas ruso y del paraguas americano. Mientras tanto, la “otra Europa” reclama asiento en la cabecera de la mesa. Polonia se ha convertido en actor central del debate sobre defensa, los países bálticos marcan la pauta en la percepción de la amenaza rusa, e Italia y España ganan peso político relativo. Pero esta pluralidad de voces, que enriquece el debate, también dificulta los consensos en una unión atrapada entre la lógica intergubernamental y la necesidad de decisiones rápidas.

Europa se encuentra ante una encrucijada que no admite medias tintas. La autonomía estratégica no es lo contrario de la soberanía nacional, sino probablemente su condición de supervivencia en un mundo de potencias continentales y guerras híbridas. Pero hacerla realidad exige aceptar pérdidas de autonomía en cuestiones sensibles como son el presupuesto, la mutualización de la deuda, el reforzamiento de la industria de defensa, pero también el apuntalamiento de los mecanismos democráticos que acaben dando legitimidad a esas decisiones. Es, en el fondo, un reto de imaginación política: concebir un proyecto europeo capaz de proteger a sus ciudadanos sin traicionar los valores que lo distinguen y que ofrezca una alternativa creíble a la fragmentación nacionalista. La pregunta no es si Europa puede permitírselo. La pregunta es si puede permitirse no hacerlo.

El pasado 27 de abril Dña. Dolores Vázquez recibió del Ministerio de Igualdad la Medalla a la promoción de los valores de igualdad en el Día de la Visibilidad Lésbica. Ese día, la Sra. Vázquez hizo un discurso que he escuchado íntegramente, en el que dijo, entre muchas otras cosas, que está orgullosa de sí misma y que ha logrado despejar, poquito a poco, solita, todo un sufrimiento. También dijo que cuando salió –de prisión, se entiende– estaba sola en el mundo y que este homenaje es algo que siempre ha deseado, desde el minuto uno. Terminó su discurso –en las grabaciones que he visto– diciendo “quiero más”.

En algunos medios he leído que también afirmó que espera recibir un perdón más amplio, también de la sociedad y de los medios de comunicación, así como una compensación económica, pero que “es el Gobierno el que tiene que decidir” y que cree que “con buena fe todo es posible”.

El caso Wanninkhof fue un caso claro de error judicial en el contexto de uno de los ejemplos más paradigmáticos de juicio paralelo que hayamos conocido. Ciertamente, se generó un ambiente social tal que, según se ha escrito en muchas ocasiones, el juicio oral –por Tribunal del Jurado– habría sido un mero trámite, pues la sentencia ya estaba escrita de antemano por la justicia popular que, se quiera o no, también se imparte en nuestra sociedad. 

La propia Dolores Vázquez, en el discurso de la pasada semana, afirmó que el día en que se emitió el veredicto, una funcionaria de la prisión le dijo, cogiéndole las manos, que no tuviera mucha esperanza porque ya había sido condenada de antemano. 

El caso Wanninkhof lo recordamos muchas personas. Es sencillo de relatar, pero tremendamente duro de asumir. Sin necesidad de más detalles: el 9 de octubre de 1999 desapareció la joven de 19 años Rocío Wanninkhof y el 2 de noviembre siguiente apareció su cadáver; tras muchas conjeturas la Guardia Civil detiene el 7 de septiembre de 2000 como principal sospechosa del crimen a la Sra. Vázquez, que ingresa en prisión preventiva y permane privada de libertad un total de 17 meses. En el juicio se argumentó ampliamente acerca de la relación sentimental que la acusada había tenido en el pasado con la madre de la joven Rocío. El 25 de septiembre de 2001, tras el veredicto del Tribunal de Jurado, se dicta sentencia condenatoria a 15 años y 1 día de prisión por un delito de asesinato, sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula posteriormente por falta de motivación, ordenando celebrar un nuevo juicio, en resolución confirmada por el Tribunal Supremo. Finalmente, se descubrió casualmente, a raíz del asesinato de otra joven, que el asesino era otra persona. La Sra. Vázquez fue exculpada, sin que haya sido indemnizada al parecer por diversos problemas técnicos en relación con su reclamación, y se marchó posteriormente a vivir a Inglaterra. Como dijo en su discurso, en ese momento “estaba sola en el mundo”.

Esto fue lo que ocurrió, a muy grandes rasgos, en el procedimiento judicial. 

Pero pasaron muchas más cosas, desde luego. En primer lugar, se produjo el juicio paralelo mediático más llamativo de los que yo haya conocido nunca -y ya van varios-.

En varios medios de comunicación se montaron auténticos shows, con programas especiales, mesas redondas, con conclusiones sobre la culpabilidad de la Sra. Vázquez. No me referiré a medios y programas concretos ni a sus direcciones -ya saben, no quiero querellas-, pero la realidad es que hubo claros ejemplos de un ejercicio indecente de sensacionalismo y dramatismo, de un lado, y predisposición contra la Sra. Vázquez, de otro. Fuera por razón de su pasada relación sentimental con la madre de la asesinada y/o por otras razones, no acierto a comprenderlo, pero lo cierto es que así fue.

Hay sobre este caso varios trabajos universitarios, tanto desde el punto de vista del ejercicio del periodismo como acerca del Tribunal de Jurado. En dichos análisis se concluye que, entre otros muchos medios, incluso diarios escritos considerados “serios”, de máxima tirada, vulneraron los derechos fundamentales de la Sra. Vázquez a la presunción de inocencia y al honor, la intimidad y la propia imagen, generando juicios paralelos a través de sus informaciones y valiéndose del sensacionalismo informativo para alimentar el interés de la audiencia por el caso, por ejemplo, dando prioridad a las declaraciones del Fiscal y de la acusación en detrimento de las de la defensa y mostrando una clara discriminación por la orientación sexual de la acusada. 

Si solamente se hubiera pretendido -y conseguido, desde luego- vender más periódicos y más programas, incluso habiendo sido extraordinariamente lamentable, habría sido un mal menor. Pero la irresponsabilidad de muchos medios fue tal que, incluso siendo conscientes de su papel -al menos, venían obligados a serlo-, se incumplieron todos los códigos deontológicos y, lo que es realmente un mal mayor, se generó una conciencia social contraria a atender a ningún elemento exculpatorio de la Sra. Vázquez y favorable a demostrar cada día su culpabilidad. Lo que, sin duda, tuvo su resultado, el buscado: su culpabilidad y condena judicial. 

También llegó a afirmarse que, en este caso, contra lo que suele acontecer normalmente, las personas candidatas a formar parte del Tribunal de Jurado no presentaron apenas excusas, pareciendo que todas ellas querían formar parte del Tribunal. A lo que se añade que hay un convencimiento bastante extendido -imposible de acreditar, desde luego- de que, de haber sido juzgado el caso por un Tribunal profesional, la sentencia habría sido distinta y que la Sra. Vázquez fue condenada por un Tribunal del Jurado muy influenciado por las noticias incriminatorias de los medios de comunicación y el “clamor social” resultante. 

En España, como en otros países, existe el Tribunal de Jurado como instancia de decisión, como medio de participación ciudadana en la Administración de Justicia, según el artículo 125 de la Constitución, para algunos tipos de delitos, como el que se comenta. De este Tribunal de Jurado se predica una vocación de verdad con el componente de la “percepción ciudadana”, que se entiende reforzada por el deber cívico asociado al desempeño de una función que exige, asimismo, una gran responsabilidad. A través del Jurado, es la propia sociedad la que decide sobre los hechos juzgados: el juicio popular es, por tanto, democrático y soberano -aunque, constitucionalmente, desde luego, no más que el juicio profesional-.

Sin embargo, el hecho de que sea un grupo de ciudadanos el encargado de decidir sobre los hechos probados del caso hace que, en muchas ocasiones, se dude de la capacidad de los jurados de abstraerse de aquello que han conocido al margen del proceso judicial -de ahí el éxito de éste y otros juicios paralelos-. Buscar la “verdad” en este contexto del juicio con jurado popular tiene, si cabe, más dificultades, aunque ello no significa que el Jurado popular yerre más que un Tribunal profesional. 

De otra parte, no debe olvidarse que el magistrado ponente, esto es, el presidente del Tribunal del Jurado, debió en este caso haber devuelto el veredicto a fin de que el mismo fuera debidamente motivado, lo que no hizo dicho juez profesional, permitiendo un veredicto sin motivación, como más tarde instancias superiores afirmarían. 

¿Cabe utilizar este caso para dudar de la capacidad de enjuiciamiento del Tribunal del Jurado? En mi opinión, no, pese a todas las dudas que gran parte de la ciudadanía alberga al respecto. Un Tribunal del Jurado debidamente instruido por quien lo preside -profesional-, cuyo veredicto sea también debidamente examinado y, en su caso, sometido a corrección, ofrece todas las garantías que podemos legítimamente exigir.

En todo caso, volviendo al comienzo, Dolores Vázquez ha sido objeto de una enorme injusticia judicial, social y política. De las dos primeras ya he hablado algo. Resta la tercera, la política.

Cierto que ha sido homenajeada en los términos antedichos. Pero también lo es que no ha sido indemnizada ni reparada de ninguna otra manera por sus 17 meses de prisión y todo el escarnio al que fue sometida, pese a que han pasado ya demasiados años. Y eso que solicitó una indemnización que le fue denegada en el año 2010 por el Ministerio de Justicia -no entraré en los detalles ni en el acierto o desacierto de esta decisión-, por un Gobierno socialista. La medalla recibida es de justicia, pero no es la única reparación que merece. Sea con ocasión del Día de la Visibilidad Lésbica o no, la injusticia cometida merece reconocimiento pleno y, desde luego, asunción de responsabilidades que, aunque ya sin contenido jurídico, hace tiempo debieron ser expresadas.

GARBIÑE BIURRUN MANCISIDOR.

En sus mentes habita el rencor de forma obsesiva. Se alimentan de odio y resentimiento. Atribuyen a otros sus propias actitudes aviesas. Y se dedican a difamar a quienes les sitúan frente al espejo de su propia cochambre. Y aun así siempre hay alguien dispuesto a convertir al último libelista en personaje viral de consumo rápido o profesional de prestigio. Ya todo vale. Lo que cuenta es el ruido, el impacto fácil y la excitación del momento.

Pongamos que hablamos de Aldama, del empresario corrupto al que no pocos medios de comunicación presentan como un ser de luz, y al que el ministro Félix Bolaños acaba de presentar una demanda por vulnerar su derecho al honor tras acusarle de ofrecerle dinero a cambio de su silencio. Tras la del titular de Justicia, una vez acabado el juicio de las mascarillas en el Supremo, el PSOE presentará la suya propia porque, cuando en diciembre de 2024, registró el escrito, el Alto Tribunal lo desestimó al considerar que no era el momento procesal oportuno. 

Pero pongamos también que hablamos de esa especie periodística que hace de altavoz habitual de delincuentes habituales, políticos resentidos y testigos sobrevenidos o imaginarios del último supuesto escándalo. Sí, pongamos que hablamos de quienes han hecho del derecho a la difamación y el infundio su forma de chapotear en este proceloso mundo de la información. 

De quienes no comprueban, no analizan, no contrastan y descargan sus frustraciones con la escritura. De quienes decían atesorar con responsabilidad y mucho celo hasta cuatro cositas que obligarían a dimitir al mismísimo presidente del Gobierno. Y, pasados los meses, ni una, ni dos, ni tres ni cuatro… Ahí sigue “el perro”. Dimisiones, relevos , vicepresidentes que nunca lo fueron, candidatos imaginarios, superministerios inventados, nombramientos que jamás se produjeron y hasta bombas radiactivas hasta el momento no detonadas.

Si los bulos existen es porque hay buleros que los difunden y gente dispuesta a comprar la mercancía averiada del primero que se presenta como experto acreditado y no aprobaría ni el primer examen de ética periodística. La mentira sale muy barata porque ha sido normalizada por empresarios, políticos, periodistas y hasta jueces que se alimentan del odio y lo practican contra cualquiera que tenga una mínima exposición pública y sea susceptible de ser vilipendiado ante un micrófono o un folio. Cuando una magistrada no reconoce como delito que alguien relacione a la mujer del presidente del Gobierno con el tráfico de drogas en Marruecos en un programa de televisión es que el grado de putrefacción del país alcanza cotas insoportables. 

La calumnia no debería salir gratis, aunque quienes la esparzan se presenten como víctimas perpetuas de una conspiración y traten de descargar su frustración en diarios de adolescentes escritos para reivindicarse y ajustar cuentas. La demanda de Félix Bolaños contra Aldama es el camino para poner fin a tanta indignidad, tanta patraña y tanto desahogado que debiera repasar minuciosamente su trayectoria antes de descargar su ira sobre cabeza ajena. 

Siempre nos quedará el tiempo y algunos jueces, que acaban poniendo a cada uno en su sitio, como ha ocurrido con la sentencia de un juzgado de León que condena a seis meses de cárcel a dos activistas de extrema derecha por vincular al secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, con la supuesta trama de corrupción del Caso Mediador. El juez impone una pena de cárcel y una indemnización de 2.000 euros más intereses contra Alberto Royuela Fernández y Juan Martínez Grasa -del canal de YouTube Expediente Royuela- por ser “autores responsables de un delito de calumnias con publicidad y un delito de injurias”. Eso sí han tenido que pasar tres años del episodio y desde que algunos otros buleros habituales hicieran gran alarde tipográfico con las inventadas de los hoy condenados sobre su supuesta participación en cenas “rodeados de prostitutas y cocaína”.

La semana pasada se escuchó un grito en el Congreso que rasgó, por un instante, toda la frialdad parlamentaria con la que se estaba despachando la congelación de los alquileres. Una chica llamada Irene, cuyo edificio fue comprado por un fondo de inversión sin intención de renovar sus contratos, gritó lo que hubiésemos gritado los uno de cada cuatro españoles que vivimos de alquiler: “¡Haced algo, ya coño! Sois culpables de esta situación”. 

Qué sensación, si no ganas de gritar, nos puede dejar escuchar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, —multipropietaria, por supuesto—, diciendo en una entrevista en El País, con sonrisa amplia, que “Hemos ganado; quienes defienden el pelotazo ya no se atreven a decirlo en público”, como si el relato fuese más importante que la realidad social. 

Qué sensación, si no ganas de gritar, puede dejarnos ver cómo las derechas han vuelto a coordinarse para tumbar un Real Decreto que, aun siendo insuficiente, habría aliviado la vida de miles de personas; anticipando un modelo que, si gobiernan, se convertirá en el paisaje fijo.

Qué sensación, si no ganas de gritar, nos puede dejar escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que uno tiene las propiedades que se ha ganado y tiene el derecho de poner el precio que le convenga, argumentando (si el uso de ese verbo es siquiera posible tratándose de semejante afirmación) sin pudor que “cada vez menos personas quieren ser propietarias”, que “ahora la gente se las quita (las casas) de encima”, mientras ella misma sigue aumentando su cartera inmobiliaria. 

Qué sensación nos puede dejar a los que vivimos de alquiler en Madrid si no esas ganas de gritar, esa desazón arrastrada por la certeza de que nada cambiará mientras no haya una movilización masiva y sostenida en el tiempo. 

El 24 de mayo hay una manifestación convocada en defensa del derecho a la vivienda por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. ¿Dónde están los sindicatos mayoritarios? ¿Por qué no están preocupados por la movilidad social descendente y la amenaza a la cohesión social? ¿Por qué no promueven una huelga? ¿Por qué otros sectores que también sufren la pérdida de poder adquisitivo de la población no se movilizan, no se suman con fuerza? ¿Quizá porque los propios agentes sociales son propietarios? ¿Quizá porque todos conocemos a alguien en nuestro entorno cercano o lejano que especula con la vivienda de algún modo, subiendo alquileres porque así lo dicta el mercado (“No voy a ser yo menos”), u optando por alquiler turístico porque es más rentable? ¿Quizá porque desde la posición de un propietario es difícil empatizar con la de un inquilino que se deja un 80-90% de sueldo en un alquiler, igual que es difícil empatizar con el hambre cuando tienes la nevera llena? ¿Quizá porque la vivienda es en España el Salvaje Oeste, el único territorio sin ley, y para muchos es comodísimo que siga de ese modo? Tal vez porque los que especulan lo hacen sirviéndose de un derecho convertido en negocio, y ese negocio lo administran, entre otros, los mismos políticos encargados de legislarlo. Tal vez porque el conflicto de intereses no es un accidente del sistema, es el sistema en sí mismo. Tal vez porque vivimos en un país completamente partido en dos, arrasado por un boquete que no deja de ensancharse. 

Me he reído mucho este fin de semana repasando “los mejores memes de la agresión de Vito Quiles a Begoña Gómez”. Bueno, en realidad las noticias que así figuraban en varios medios no decían “agresión” sino “altercado”, “incidente” o “enfrentamiento”; pero da igual, las risas son las mismas. Es ya una costumbre de cierto periodismo hacer recopilación de los chistes y fotomontajes que cualquier asunto provoca en redes sociales, y no iba a ser menos una agresión de un activista ultraderechista a la mujer del presidente del Gobierno. Total, tenemos ya muy normalizado que políticos, sus familias, periodistas, activistas de izquierda (curiosamente siempre de izquierda) sean señalados, insultados, acosados, amenazados y tarde o temprano agredidos. Vengan memes.

También me he reído mucho leyendo columnas de prensa y escuchando a presentadores de radio y tertulianos televisivos que estos días han hecho burla también de la agresión, cuando no la han convertido en sospechosa: ¿no sería una cortina de humo de Moncloa para tapar las acusaciones de Aldama contra Sánchez? ¿Dónde estaban los escoltas de la mujer del presidente? ¿Habrá sido todo un montaje para desviar la atención? ¿No será que Begoña Gómez llevaba la falda muy corta e iba provocando? Otra forma graciosa de normalizar que políticos, sus familias, periodistas, activistas de izquierda (curiosamente siempre de izquierda) sean señalados, insultados, acosados, amenazados y tarde o temprano agredidos. Vengan columnas y tertulianeo.

Las risas han sido ya de convulsión cuando he escuchado a dirigentes y portavoces del Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, considerar “periodista” al agresor, comentar que el agredido en realidad era él, arrojar sospechas sobre lo sucedido, y recordar que Begoña Gómez tiene problemas con la justicia, es decir que va con la falda muy corta. Otra forma insuperable de normalizar que políticos, sus familias, periodistas, activistas de izquierda (curiosamente siempre de izquierda) sean señalados, insultados, acosados, amenazados y tarde o temprano agredidos. Vengan declaraciones de miembros del PP, y venga conchabeo.

Cuenta nuestro compañero Antonio Maestre, en su muy recomendable libro Me crie como un fascista, la “devastación psicológica” que ha sufrido en los últimos años por “el acoso fascista al que llevo sometido más de una década”. Un acoso que incluye insultos, amenazas, violencia verbal, en redes pero también en la calle, incluido un intento de agresión por parte de un neonazi mientras paseaba por su barrio. Y cuando Antonio dice “neonazi” no es una licencia ni una forma de hablar: el que fue a por él era un neonazi violento, que había pasado por la cárcel, miembro de grupos criminales y vinculado al narcotráfico.

Antes de que un neonazi le intentase agredir en su barrio, Antonio había sido señalado, insultado, acosado y amenazado por matones como Vito Quiles que tanta risa y tanta sospecha y tanta comprensión reciben por parte de algunos medios, columnistas, tertulianos y políticos. Lo mismo que Antonio pueden contar otros que se han visto acosados en sus casas, en sus trabajos, en la calle y por supuesto en redes sociales. Incluidos periodistas que hacen su trabajo en el Congreso y que, por quejarse del matonismo disfrazado de periodismo que hace Quiles, se han visto también señalados, insultados, acosados y amenazados.

Pero nada, sigamos recopilando memes, escribiendo columnas ingeniosas y soltando declaraciones miserables en los pasillos del Congreso.

1. ¿Esto va de resistir o va de ganar? Pueden parecer compatibles, pero son dos lógicas que se enfrentan. En diversas comunidades autónomas, el PSOE ha enviado una y otra vez a ministros-candidatos con una vocación sacrificial. Las elecciones, en esos casos, no se toman como una contienda a disputarle a la derecha, sino como el paso previo al control del partido y de sus grupos parlamentarios. Pilar Alegría no ganó en Aragón, pero ahora controla Aragón. María Jesús Montero no ganará en Andalucía, pero va a controlar Andalucía. Óscar López no es un candidato genial ni brillante para la Comunidad de Madrid, pero va a asegurar el control orgánico del PSOE de la Comunidad de Madrid. Es una lógica válida. Si la extendemos a las próximas elecciones generales, es una lógica preocupante. 

¿La izquierda está jugando a tener lo más atado posible su futuro grupo parlamentario, resistente desde la oposición frente a una mayoría de derechas, o a creerse que puede disputarlas? Un candidato puede ser el mejor para resistir, pero no para ganar. Álvaro Sánchez Cotrina, en Extremadura, es, por ejemplo, una apuesta para intentar disputar una victoria futura. Mónica Oltra es una apuesta para ganar el Ayuntamiento de València; Diana Morant es una apuesta para la resistencia orgánica en la Comunitat Valenciana. ¿Habrá más o nos apuntamos directamente a la imaginación de la catástrofe?

2. ¿Cómo maximizar la movilización de los electores de izquierdas? He aquí una cuestión importante: los últimos cambios en el Gobierno, con el ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera y el nombramiento de Arcadi España en Hacienda, podían conducir a pensar en una parte final de la legislatura, al menos para el PSOE, donde copara más espacio lo técnico, lo económico, la gestión de la crisis provocada por la guerra. Esto, que tendría sentido si la intención fuera recuperar a parte de los votantes que al PSOE se le han ido desmovilizando, es incompatible con la otra tentación socialista, agravada por la incomparecencia de su flanco izquierdo: la de quedarse con todo el voto más de izquierdas. 

Esa absorción serviría para que el PSOE tuviera el grupo parlamentario más extenso posible en el próximo Congreso de los Diputados, pero el vaciamiento que supondría del espacio que en la última convocatoria se presentó como Sumar hace inviable aritméticamente una mayoría alternativa a la de las derechas. Repitiendo la primera pregunta: ¿prefiere el PSOE un grupo más nutrido o prefiere la posibilidad de poder volver a gobernar? ¿Está la izquierda haciendo los deberes para que el PSOE no le coma por completo la tostada?

3. ¿Qué va a pasar con el vacío de liderazgo del espacio del cambio? La brillante intervención de Pablo Bustinduy en el debate a propósito de la prórroga de los alquileres —mención especial para su réplica a Carlos H. Quero, que lo desenmascaraba eficazmente: Quero no es un buen representante obrerista, sino el hijo de un juez— pierde parte de su potencial cuando se recuerdan las negativas, por activa y por pasiva, que el ministro ha dado a postularse como futuro candidato de ese espacio. Todos los partidos lo verían con buenos ojos, menos él; sus motivos son legítimos, pero impactan en el tablero. 

La hipótesis Rufián se ha desinflado tras su encuentro con Irene Montero y en medio de la polémica en el seno de Más Madrid. Sin Yolanda Díaz al frente, lo que era Sumar es ahora una estructura sin candidato; Rufián es, al contrario, un candidato sin estructura. Es una situación insostenible y hay que huir de la tentación de sostenerla demasiado tiempo. Los votantes de buena parte de la izquierda hoy están frustrados —por cosas como la vivienda— y, encima, huérfanos. Lo peor sería que esa orfandad pasara de circunstancial a existencial.

4. ¿Cuándo aprenderemos a convertir el conflicto en una oportunidad en vez de un psicodrama? Lo peor de la discusión a cielo abierto entre Mónica García y Emilio Delgado de la semana pasada fue la escenificación de una pelea a propósito de sillas, sembrada posteriormente de filtraciones interesadas y bilis supurando, embarrada entre una discusión a propósito de primarias y participación ininteligible para cualquiera que no se pase el día pensando en la vida interna de los partidos. Y ahí afuera, ya lo siento, no hay nadie que se pase el día pensando en la vida interna de los partidos. La vida interna de los partidos, de hecho, es un tema aburrido, cansino hasta para los más cafeteros. 

En vez de animar al ensanchamiento, las discrepancias se convierten en un concurso de puñaladas. En lugar de construir sistemas abiertos para la elección de candidaturas, se mezcla la disputa por la candidatura con la disputa por el poder orgánico. La ciudadanía no tiene ánimos para ayudar a los políticos en la gestión de sus traumas y trifulcas personales. Y los políticos siguen viendo el disenso, más veces que no, como un problema, cuando el disenso podría ser diversidad, polifonía, un coro de voces, capacidad de hablarle a más gente.

5. ¿De qué estamos hablando? En lo que llevamos de legislatura, ¿ha surgido algún discurso nuevo o suena la izquierda incluso más antigua que en 2023? ¿No había más creatividad en la campaña de Sumar de aquellas elecciones —la que habló de una herencia universal, la que inventaba propuestas, la que trataba de imaginar un proyecto de país— que en la cháchara infinita sobre construcción de coaliciones que hoy apresa a ese espacio? ¿Hay algo que decir sobre vivienda más allá de la queja por una aritmética parlamentaria imposible? ¿Tiene la izquierda un discurso definido sobre la inteligencia artificial? ¿Sabemos rebatir el relato racista y xenófobo de la derecha que ata la seguridad a la inmigración? ¿Alguna idea nueva? ¿Alguna propuesta?

Aunque las respuestas al resto de preguntas sean las apropiadas, si la izquierda no resuelve esta última, el ejercicio probablemente sea en vano. No se puede afrontar este escenario pensando que la retórica, la imagen y las respuestas de 2023 siguen siendo las mejores en 2026; pensando que nada ha cambiado, que vivimos en el mismo mundo de 2023, que nada afecta a este Gobierno. El Partido Popular de 2026 no es el mismo que el de 2023. En 2023, para algunos, pactar con Vox era un error, y lo fue, y les costó la mayoría en las generales; en 2026, eso se da por amortizado. ¿Podemos analizar por qué? ¿Hay alguna estrategia nueva para responder a eso? ¿Existe un relato bien articulado sobre qué se ha ganado, y qué se ha perdido, en la prórroga de gobierno que ha supuesto esta legislatura?

Todas estas preguntas las esbozo con una preocupación que, espero, comparta buena parte de mis lectores. Podemos discrepar en las respuestas. Podemos discrepar, también, en las formulaciones de las preguntas. Ojalá discrepemos. Pero lo urgente no es que nos las hagamos quienes observamos la situación o en otros momentos vitales llegamos a participar de ellas: lo urgente es que las aborden quienes están a los mandos, quienes tienen capacidad de decisión, quienes en ocasiones parecen querer evitar estas preguntas hasta que ya es demasiado tarde. Si es posible hacerse todas estas preguntas hoy, si ya era posible hace un mes, hace dos o hace medio año, ¿por qué la izquierda no parece sentir urgencia alguna por responderlas, y llegar con los deberes hechos?

Ahora que Donald Trump y los ayatolás han descubierto que pueden mantener el precio del petróleo por encima de los 100 dólares sin disparar un misil o perder un dron va a ser difícil que dejen quieto el juguete. Los patrones no mienten. Siempre que el precio ha bajado de esa barrera en los últimos dos meses, o su amigo y vecino Donald, o los ayatolás, o ambos a la vez, han ejecutado alguna performance para volver a subirlo. USA se ha consolidado como la mayor potencia geoenergética del mundo y el régimen ha afianzado su dominio sobre un estrecho que los norteamericanos no necesitan, pero sus aliados sí. Negocio redondo para ellos, caos para todos los demás. Pregunten por los Emiratos Árabes en la OPEP si no me creen. 

Ahora que Benjamín Netanyahu ha comprobado que pueden seguir bombardeando el Líbano mientras el mundo hace como que hay un alto el fuego, va a ser imposible que aspire también al Nobel de la Paz para poder traspasárselo después a Trump envuelto en una kufiya. La política convertida en un modo de continuar la guerra por otros medios. Es el signo de los tiempos. 

Habríamos pedido otra ronda solo por las risas si hace apenas una década alguien nos hubiera dicho que un presidente norteamericano iba a empezar a desmembrar la espina dorsal de su estrategia de defensa en Europa ante la Rusia más agresiva de la historia reciente, retirando soldados en la fiel Alemania con canciller democristiano, dejando en el aire su presencia en la Italia de la ultra Georgia Meloni o la España del socialista Pedro Sánchez. Pero la broma es infinita y ahora, además, es real. Cuántas veces habrá lamentado estos días el canciller Friedrich Merz no haber puesto en su sitio a Trump cuando se despachó a gusto con España en sus mismas narices.

La Administración Trump quiere ponerle a Europa y a la OTAN un chaleco más apretado incluso que esos que suele lucir Víctor de Aldama para colaborar con la rebaja de su propia pena. La disyuntiva planteada por el emperador naranja es simple: o se socializan los costes de la guerra de Irán, o se lleva los juguetes a su casa. No se trata de una rabieta. Es un cálculo estratégico. Si el aliado más fuerte y leal puede acabar castigado así, imagínense qué puede sucederle a los demás. A Volodímir Zelenski aquella bronca en el Despacho Oval podría acabar pareciéndole un bonito recuerdo.  

Como en el mito fundacional y en los cuadros maestros de Tiziano, Rubens o Rembrant, Europa está a punto de ser secuestrada por un toro naranja que se cree Zeus, pero no lo es. Ningún momento tan vital como ahora para la continuidad del mayor proyecto de cooperación internacional de la historia de la humanidad. Con todos sus defectos, errores y problemas, la UE es lo más parecido a un mundo mejor que hemos tenido.

Si el amigo americano quiere irse, es hora de dejarle que se vaya y hacernos cargo de todas las facturas a escote. Hace tiempo que Ucrania aguanta sostenida solo por una Unión que siempre ha sabido avanzar empujada por el más feroz deseo de aniquilarla de sus enemigos. Más Europa y menos coches y aranceles. Es justo lo que no esperan que hagamos.

Dicen los estudiosos de la historia que la obsesión de los hombres por la virginidad y el sometimiento de sus parejas femeninas —que ha sido norma en prácticamente todas las civilizaciones en este planeta— obedece a la necesidad que tienen de garantizar su continuidad y la herencia genética —el apellido— familiar en sus descendientes. Dado que son actores secundarios en la procreación, tratan así de compensar la prevalencia biológica que pertenece a las madres que conciben, gestan y paren.

Es una tesis muy creíble a juzgar por la constancia y el empeño de los varones en dejar a las mujeres bajo control, en el ámbito del hogar, la reproducción y la crianza, pero salvaguardando siempre el protagonismo y el espacio público para ellos. La virginidad y la monogamia de sus parejas era requisito imprescindible para mantener la pureza de la saga. Hoy en día, gracias a los avances sociales, científicos y tecnológicos, el determinismo biológico se ha visto reducido a la mínima expresión mientras las maternidades pueden ser muchas y distintas, lo que ha revolucionado las relaciones de pareja, transformado la institución del matrimonio y, en definitiva, la configuración de la sociedad en su conjunto.

En países como Afganistán —que vive en la Edad Media— las madres no figuran en la documentación que identifica a sus hijos e hijas. Es el padre el que les da sus apellidos y los bebés salen del vientre de la mujer para correr a los brazos de la familia paterna, mientras la madre no puede demostrar nunca la filiación de sus retoños ni reclamar su maternidad porque le pertenece únicamente al propietario del esperma. Ellos tienen garantizada la pureza y propiedad de sus descendientes gracias a la monogamia de “su” mujer, a través del sometimiento y aislamiento, no exento de terror.

Afortunadamente, en las sociedades desarrolladas y las democracias que habitamos en Occidente, las cosas son muy distintas. Sin embargo, desde los tiempos de ampliación de las libertades individuales (en España, tras la dictadura), la sociedad ha venido experimentado un radical cambio de paradigma provocado por la revolución de las mujeres. La lucha del feminismo por la igualdad, autonomía e independencia de ellas ha repercutido en todos los ámbitos transformando por completo los espacios privados pero también los públicos.

El romanticismo que idealizaba la maternidad, tan habitual en siglos anteriores, se ha visto hoy modificado por el profundo cambio social que ha supuesto esta transformación de las mujeres al reivindicarse como personas completas. Con la adopción de nuevos comportamientos y actitudes de la mitad femenina de la población, ser madre ha dejado de ser una conditio sine qua non para alcanzar la felicidad y sentirse realizada. La maternidad es ahora una elección personal, un hecho relativamente controlable por las mujeres. Gracias a la despenalización de los anticonceptivos en la legislatura constituyente y otros avances, nosotras podemos elegir cuándo y cuántos hijos tener.

Esta autonomía adquirida por las mujeres ha sido determinante —sumada a otras circunstancias— para que nuestro país tenga hoy uno de los índices de crecimiento demográfico más bajos del mundo. Es evidente que el avance en derechos de las mujeres no se ha visto acompañado por un giro similar en las actitudes de sus parejas masculinas, así como de la necesaria adaptación social para corresponsabilizar a la sociedad en su conjunto en la función reproductiva, que nos corresponde biológicamente a nosotras, pero que necesita del compromiso de todo el entorno.  

A finales del siglo XX ya nos advertía Inés Alberdi de que la aparición de la nueva familia española, con la incorporación masiva de las mujeres a la educación y el mercado laboral, estaba convirtiendo a la población femenina en la más poderosa palanca de cambio en las sociedades modernas. Es cierto que el avance feminista no es la única causa, pero sí la más decisiva del cambio social experimentado.

Cuando ya hemos coronado el primer cuarto del siglo XXI, los vaticinios de Alberdi se han visto cumplidos aunque el proceso está discurriendo por caminos insospechados en aquellos tiempos. El matrimonio es ahora una institución igualmente valorada pero que apenas tiene nada que ver con lo que solía ser en épocas pasadas. Las parejas de hecho están completamente normalizadas y el divorcio determina de manera incuestionable las relaciones afectivas. La estabilidad e institucionalización de las parejas homosexuales está aportando nuevos modelos de familia, a los que se suman los hombres y mujeres que crían de forma individual a sus hijos e hijas. Semejante transformación ha venido dada, fundamentalmente, por la decisión de las mujeres que ahora se plantean el hecho natural de la maternidad de forma novedosa y muy poco convencional.

Los datos y la experiencia de muchas avalan un principio que Diana López Varela explica en su libro “Maternofobia”: “La maternidad es el primer factor de discriminación social y laboral para las mujeres”. Si se estudia el proceso de llegada masiva de chicas a las universidades (finales de los 70), su presencia en paridad en la mayoría de sectores profesionales (a día de hoy) y la escasa o nula presencia de ellas en los puestos de responsabilidad y mando, puede fácilmente comprobarse que es la gestación y crianza lo que las retrasa y perjudica en esa carrera en la que ellos recorren el camino con todas las facilidades sin el peso de la conciliación sobre sus espaldas, salvo honrosas excepciones. Hemos avanzado en muchos aspectos, con las medidas legales arbitradas para facilitar que ambos en la pareja disfruten de iguales condiciones para una crianza compartida. Pero estos pequeños cambios no son más que parches que se aplican a un sistema social y laboral de corte patriarcal que responde a las necesidades masculinas y apenas se ha adaptado a la realidad social, política y biológica de ellas. Además, la resistencia al cambio de los hombres, que temen la pérdida de privilegios ancestrales, se perfila como el principal obstáculo para una crianza en igualdad.

Múltiples estudios revelan un frenazo en las carreras de las mujeres cuando empiezan a tener hijos sin que las medidas de conciliación arbitradas estén dando los resultados deseados por la renuencia de los padres a llevarlas a la práctica. Prueba de ello es que las jóvenes en edad de mayor fecundidad deciden aplazar el momento para ser madres porque, igualmente, se encuentran en tiempos decisivos de sus trayectorias laborales. Si esto ocurre en las capas sociales acomodadas e ilustradas, en las clases trabajadoras y vulnerables, la situación económica y el suplicio que supone la búsqueda de una vivienda estable surten el mismo efecto disuasorio con mayor penosidad si cabe para las madres. 

El retraso en su maternidad y la renuncia de muchas a ser madres, se refleja en un crecimiento demográfico cada vez menor y el consiguiente envejecimiento de la población. Además, surge un nuevo castigo para las madres añosas que —a pesar de todo— siguen queriendo tener hijos aunque sea tarde y sin una pareja estable. Los avances en la reproducción asistida han venido a responder a sus demandas con el florecimiento de un mercado pujante y puntero en España, de los centros privados especializados. No solo las parejas de lesbianas recurren a esta fórmula para completar sus familias con vástagos. Cada vez más mujeres solas buscan ser fecundadas en laboratorio con los espermatozoides de un donante anónimo para ejercer la maternidad en solitario convirtiéndose en familia monoparental.

También van en aumento las jóvenes que quieren preservar sus óvulos de mejor calidad, que los centros les extraen y congelan para su uso posterior o bien para su maternidad o posterior uso como donantes. El hecho más significativo —numéricamente hablando— es la cada vez más habitual presencia de parejas (heterosexuales u homosexuales) que acuden a la fecundación in vitro (FIV) por diversas causas. A pesar del calvario que supone este método para los cuerpos y mentes de las mujeres —con una evidente repercusión en las relaciones de la pareja y padecimiento del padre que las acompaña— muchas siguen apostando por la maternidad. Su creciente recurso a los modernos avances científicos así lo evidencia. De cada 10 niños y niñas que nacen hoy en España, uno se ha gestado mediante reproducción asistida.

Está, por lo tanto, en manos de los varones deshacerse de las resistencias ancestrales y asumir la pérdida de privilegios porque el regreso de las mujeres a “la pata quebrada y en casa” no es una opción. Aunque corran vientos extraños de involución, ni siquiera los que los auspician saben de lo que hablan.

Hablo cada semana con un amigo español que vive en Chicago y siempre comentamos con pasión (alegre o desesperada) la actualidad política de aquí y allá, España y EEUU, especialmente desde la vuelta de Trump a sus (nuestras) vidas y el tardío pero constante ascenso de la ultraderecha en España. Me di cuenta de que algo había cambiado cuando, el día después del último atentado frustrado contra Donald Trump, me confesó que allí nadie estaba hablando del asunto. En las conversaciones del día siguiente a un tiroteo cerca del presidente del país, el tema simplemente no había salido, no se comentaba tomando un café en el trabajo ni se mandaban whatsapps en los grupos de familia o amigos. “Estamos cansados de esta Administración y desconectamos”, me explicó, “no se puede prestar atención diaria a todo el contenido que genera Trump, aunque sea un atentado frustrado o la amenaza de destruir una civilización”. 

En España no estamos todavía en ese escenario, quizá porque la derecha populista surgida de la fusión ideológica y práctica de PP y Vox aún no gobierna el país aunque sí lo haga en muchos territorios. Es más evidente en Madrid, donde se han normalizado las prácticas trumpistas de Isabel Díaz Ayuso, como el enriquecimiento propio aprovechando la colaboración público-privada, la filosofía especulativa que socava los servicios públicos, el ataque constante a la solidaridad fiscal y los excesos verbales de la presidenta y su equipo. Las últimas encuestas apuntan a que Ayuso podría revalidar su mayoría absoluta, algo que no extraña a nadie, ya deteste o adore su figura y políticas. Una rendición en toda regla, porque muchos madrileños ya no pueden permitirse Madrid. 

Ayuso es un buen ejemplo. La memeficación del adversario político y el olvido de todo decoro y respeto personal e institucional por parte de un sector de la sociedad, con sus líderes políticos al frente, han destrozado la conversación pública sobre política y políticas. El gravísimo problema de la vivienda y la creciente desigualdad ocupan la mente de muchos ciudadanos cada día, y en muchos de ellos se ha instalado una sensación de impotencia ante amenazas reales sin final a la vista. Para los votantes de izquierda, todo esto sucede en un escenario en el que un gobierno central en el que Vox marque la agenda ideológica, legislativa y ejecutiva parece ya inevitable y cada vez más próximo. El Gobierno no puede sacar adelante las leyes que, por ejemplo, protegerían temporal y de manera insuficiente a los inquilinos, y nadie de izquierda está pensando en una agenda política más ambiciosa y eficaz, imposible por pura aritmética parlamentaria. 

Las continuas discrepancias en el espacio político a la izquierda del PSOE y la falta de un debate estructurado sobre lo que de verdad nos está machacando la vida acaban por desmoralizar al votante, que entra en modo supervivencia personal. Es decir, en modo suicida, porque nada se consigue sin impulso colectivo. Cuando Irene Moreno, inquilina presente en la sesión del Congreso en la que decayó la prórroga de los alquileres, gritó “¡haced algo ya, coño!” estaba aludiendo a esa parálisis general en la que estamos, un bloqueo en el que terminamos aceptando lo inaceptable. 

Lo inaceptable. Esta semana he vuelto a ver “Infiltrado en el KKKlan”, una película de Spike Lee estrenada en 2018, durante el primer mandato de Trump, cuando todavía parecía que el trumpismo era una excentricidad pasajera. Cuenta una desopilante historia real, la de un policía negro que logró infiltrarse en el KKKlan en los años 70. Los discursos de los miembros del Klan son sospechosamente parecidos a los de Trump y Vox (prioridad nacional, invasión y reemplazo, discriminación de los hombres blancos), y muestran cómo la organización supremacista decidió abandonar la quema de cruces y la túnica para vestir traje y transformar el odio en un ideario político con chivos expiatorios. Una transformación que todos hemos aceptado, en mayor o menor medida, y ante la que la izquierda ha entrado en modo supervivencia. Ni ideas ni organización ni movilización ni unidad ni votos. Si aceptamos que los imitadores de Trump han ganado sin plantear siquiera la posibilidad de alternativa real triunfante, ¿qué haremos cuando se impongan de verdad? 

Es difícil saber exactamente cuándo cambia una palabra. Pero cuando ocurre en política hay que estar atentos, porque casi siempre un desplazamiento semántico conlleva una nueva legitimación. 

Lo he pensado a propósito del acoso de Vito Quiles a Begoña Gómez en una cafetería de Las Rozas (Madrid) ocurrido el miércoles: no fue periodismo, sino política performativa, a la que ya nos tiene acostumbrados. 

Los periodistas escriben crónicas o análisis sobre hechos. Este agitador no escribe nada, aparece. Y con su cuerpo performa el mensaje. No lo formula, lo encarna: se planta ante la esposa del presidente del Gobierno para con ello decir que ese cuerpo es acosable. No todos los cuerpos lo son, es importante distinguir: por eso no hostiga a la mujer de Feijóo ni boicotea las ruedas de prensa de Miguel Tellado.

Ah, Tellado. Precisamente el portavoz del PP, preguntado por el asunto, afirma: “Yo he visto unas imágenes donde creo intuir que el agredido es un periodista”. Quiles está procesado por calumnias y se le piden nueve años de prisión en el caso de Facua. En otro proceso, le piden dos años por atentar contra la dignidad de una mujer con discapacidad intelectual. El Congreso está tramitando su expulsión por cinco infracciones graves. Pero para Tellado, “el agredido es un periodista”. Sin más.

Lo importante no es el verbo “agredir”, aunque lo parezca. La clave está en que lo llama “periodista”. Es el tipo de desplazamiento semántico que Víctor Klemperer documentó en numerosas palabras en la Alemania de los años 30. Sin esos movimientos de legitimación del PP, Quiles sería poca cosa, un bro cualquiera de las redes. 

Al equiparar su agresión con el trabajo de un periodista, está diciendo que esa profesión incluye hostigar, cámara en mano, a figuras de la izquierda. El significado de “periodista incómodo” se desplaza también. La incomodidad ya no es intelectual, sino física. 

Él sube a sus redes imágenes de sus hostigamientos a cuerpos acosables. Las mentes lo procesan como bazofia porque todo sucede en un ecosistema informativo roto. Gran parte de la industria del periodismo hace entretenimiento y otra parte fabrica distracciones. El acto performativo de Quiles incumple la deontología periodística, pero no las normas de las redes. Eso sí, necesitan la legitimación externa. Tellado se la da. Esa es la pendiente por la que se resbala el PP.

Klemperer anotó desplazamientos semánticos de numerosos vocablos, por ejemplo “fanático”. Se convirtió en una palabra con connotaciones positivas, no gracias a un decreto del filólogo Goebbels, sino porque fue apareciendo en contextos positivos: en una esquela, en la invitación a un evento. El colmo, señala Klemperer, fue cuando Goebbels habló de “fanatismo feroz”, como si hubiera un “fanatismo dócil”. Si necesitas adjetivar el fanatismo como “feroz” es porque su significado ya se ha vuelto neutro o positivo.

Tellado no es Goebbels, quiero dejarlo claro. Pero Klemperer vuelve a estar vigente porque nos ofreció un método para analizar cómo el lenguaje va instalando cambios inadvertidos en nuestra visión del mundo. La democracia aún tiene anticuerpos para defenderse del desbordamiento constante de los límites físicos en política. Pero me llama la atención que nadie en el PP esté leyendo a Klemperer. Háganlo: verán que algunos juegan con fuego. Y arriesgan demasiado.

Tal vez un día hablemos con naturalidad de “periodismo pacífico”, porque ya no podamos dar por sentado que las armas de los informadores son dialécticas y no físicas. Fanatisch se importó al alemán desde el francés fanatique durante la Ilustración: describía a quien se comportaba fuera de la razón, sin control. Cuando el nazismo consiguió convertirla en una palabra positiva, logró cancelar también la censura social a la conducta irracional. El desplazamiento de “periodista” no sólo normaliza la agresión, sino que desarbola la profesión y encanalla aún más la política.

Llevar un teléfono con un soporte del Temu no te convierte en periodista. Un nazi con un móvil y un micrófono sigue siendo un nazi. Incluso un periodista titulado que se comporta como un acosador y está a sueldo de un partido tampoco hace periodismo. Entender cuestiones básicas es difícil en un tiempo de antiintelectualismo en el que mucha gente no es capaz de atender un vídeo de más veinte segundos, donde no se distingue opinión e información y el líder de la extrema derecha colapsa cuando le piden que explique qué es ser español y te manda a la universidad para que te den respuestas. Los personajes que acuden a acosar a personajes públicos en su esfera privada, en sus domicilios o los abordan por la calle para insultarlos hacen tanto periodismo como el fascista Queipo de Llano cuando usaba los micrófonos de Radio Sevilla para amenazar a las mujeres de republicanos con violaciones por parte de la Guardia Mora. 

Al PP se le pasará la condescendencia, la equidistancia y la connivencia cuando comience a haber tipos, porque pasará tarde o temprano, que acosen a la mujer de Feijóo en su alojamiento humilde en El Viso o a la puerta de su chalé en Moaña que invade espacio público. El PP justifica la invasión de la esfera privada de sus adversarios políticos porque considera que le beneficia políticamente y porque se saben con el manejo de las esferas de poder que pueden sancionar ese comportamiento penalmente. Son muchos Peinados protegiendo el cortijo. Sus escuadristas con micrófono tendrán que hacer sangrar para ganarse una sanción mientras que un hipotético equivalente en el bando contrario acabaría en la Audiencia Nacional con una causa por terrorismo. 

El ático de Isabel Díaz Ayuso, que ha sido pagado con las comisiones de su novio con Quirón y con el reconocido fraude fiscal vía abogado, tiene una gestapillo con cargo al erario público que informa a Miguel Ángel Rodríguez cada vez que un periodista, de verdad, se aproxima por allí para investigar los chanchullos de Quironesa y consorte. Nunca jamás se ha visto a nadie acosando al novio en la puerta de su casa, ni se han grabado vídeos en el acceso de su domicilio ni se ha abordado a la lideresa en su ámbito privado. Si siguen tensando la cuerda acosando a los adversarios políticos, financiando a los camisas negras de redes sociales y subvencionando sus libelos es cuestión de tiempo que alguien vea una oportunidad de negocio en hacer lo mismo con Ayuso, Abascal, Feijóo o comience a ir a la casa de Quiles, que todos sus enemigos ya tienen localizada hace mucho tiempo. Acabarán teniendo lo que realizan a los demás. La paciencia acaba agotándose.

Los periodistas de verdad no participarán en ese espectáculo grotesco de acoso, intimidación y violencia política, pero sería una buena noticia que empezara a haber las mismas prácticas contra líderes del PP y Vox, periodistas de derechas y extrema derecha y presentadores de programas de Telemadrid por parte de unos cuántos miembros del Black Block para que den un paso atrás y comprendan que existen ciertos comportamientos que en una democracia sana son inaceptables. Lamentablemente, la reacción solo lo entiende cuando lo sufre.  

La violencia política que el PP y Vox usan con mediación interpuesta a través de personajes tan limitados acabará en desgracia. Estos tipos no son conscientes de que es cuestión de tiempo que crucen una línea roja que acabe con ellos en la cárcel o agredidos por alguien con la mecha más corta o por algún escolta que sí cumpla con sus obligaciones de protección. Hay que ser muy listo para manejar los límites de la impunidad que estos parapropagandistas creen tener, y es difícil encontrar personajes más limitados intelectualmente que Quiles o Ndongo. Acabarán pisando el palito y se los dejará vendidos por parte de aquellos que ahora quedan a comer en el Senado con estos españoles de segunda categoría para quienes les usan como carnaza. Es una historia muchas veces vista antes. Se gozará cuando suceda. 

Quizá recuerden una película de 1992 llamada A few good men, estrenada en España como “Algunos hombres buenos”. El argumento gira en torno al juicio contra dos marines estadounidenses acusados de matar a otro soldado. En el momento culminante de la historia, el abogado de los acusados, el teniente Daniel Allister Kafee (Tom Cruise) interroga en el estrado al coronel Nathan R. Jessup (Jack Nicholson), jefe de la unidad donde ocurrió el asesinato.

El teniente Kafee le exige al coronel Jessup que diga la verdad. Según el guion, Jessup debía responder: “¡Ya tiene usted la verdad!”. Pero los grandes actores no son grandes por casualidad. Sin avisar a nadie, Jack Nicholson decidió cambiar la frase que tenía asignada. Y lo que gritó Jessup-Nicholson fue: “You can´t handle the truth!”. En español, “¡Usted no puede soportar la verdad!”. Ese momento define la película. Y le valió a Jack Nicholson una nominación al Óscar.

Muchos nos hemos pasado la vida reclamando la verdad. La cuestión es: ¿podemos soportar la verdad?

Últimamente, el mundo parece iluminado por una luz más cruda. Lo que solía entreverse o intuirse, el trasfondo de la realidad, aparece ahora con sus formas bien definidas. Ya no hay disimulos ni explicaciones tan condescendientes como falsas. Tenemos la verdad ante nuestros ojos.

No se trata solamente de Donald Trump, aunque el presidente de los Estados Unidos sea el principal iluminador del nuevo mundo descarnado. Gracias a él sabemos hasta qué punto la guerra es un gran negocio. Resulta fascinante el espectáculo de su manipulación de los mercados y de sus falsas noticias sobre la guerra, gracias a la cual se enriquecen tanto él como su familia y sus próximos practicando con el mayor descaro el “insider trading”.

Trump nos exhibe cómo se deciden realmente las agresiones imperialistas, cómo funciona el nepotismo, cómo se engaña a los ciudadanos y hasta qué punto los ciudadanos aceptan el engaño, e incluso lo disfrutan.

Y ahí tienen al régimen iraní de los ayatolás: por si quedaban dudas sobre su brutalidad represiva, está aprovechando la guerra, como hizo en las anteriores agresiones israelíes, para acelerar el ritmo de los asesinatos, ejecuciones y encarcelamientos.

¿Queríamos saber cuál era exactamente la relación de la OTAN con Estados Unidos? Pues ahora podemos ver, sin velos ni disimulos, el celo con que su secretario general, Mark Rutte, lame exhaustivamente el culo de Trump en cuanto le dan ocasión.

¿Teníamos alguna duda sobre la bajeza con que la industria del fútbol mezcla negocio y política? Consideremos en su justa medida el premio FIFA de la Paz que el presidente de esa organización, Gianni Infantino, inventó para complacer al energúmeno belicista de Washington.

La nueva luz lo baña todo. ¿Sospechábamos que el cinismo es consustancial a la política? Recuerden a Pedro Sánchez diciendo que José Luis Ábalos (su compañero de Peugeot, su secretario de Organización, su ministro) era para él “un gran desconocido”. Por no hablar de sus cartas a la ciudadanía y sus teatreras reflexiones sobre si debía o no dejar la presidencia por amor, purísimo amor conyugal.

¿Temíamos que el PP fuera capaz de proferir cualquier mentira y difundir cualquier bulo con tal de erosionar al Gobierno? ¿Temíamos que el PP se abrazara a la extrema derecha sin el menor escrúpulo? Ya no hay que temer nada: no cabe sino lamentar la realidad que se despliega ante nuestros ojos.

¿Corrupción en el PP madrileño? ¿Negocios del hermanísimo de Isabel Ayuso durante la pandemia? ¿Privatización de la sanidad con grandes dividendos para el novio de la presidenta? Hubo un presidente del PP, Pablo Casado, que se atrevió a criticar el latrocinio sistemático. Ya saben lo que ocurrió: Casado demostró ser un infeliz incapaz de soportar la verdad.

Parecía obvio que Vox era una nueva versión del timo de la estampita. Y sí, lo es. Decenas de antiguos dirigentes lo reconocen. Y Santiago Abascal casi presume públicamente de ello, sin que millones de ciudadanos dejen de comprarle “estampitas”.

Quienes recelaban de la justicia pueden quedarse tranquilos: tenían razón. Basta con mentar al juez Juan Carlos Peinado (o con seguir el juicio del “caso Gürtel”, sobre el que sobrevuela aquel misterioso “M. Rajoy”) para cerrar cualquier debate sobre el asunto.

Ah, y la izquierda española. Sí, en efecto: es un magma de sectas y egos. Realmente, no hacía falta tanta luz para verificarlo.

Para qué seguir.

Ahora nos toca soportar la verdad. Es el primer paso para, quizá, intentar cambiarla un poquito.

Sangre y aplausos es lo que, en esencia, se presencia en una plaza de toros. El espectáculo de cómo se tortura a un animal hasta darle muerte. Son las personas expertas en desarrollo infantil, y no el activismo animalista, quienes sostiene que las niñas, niños y adolescentes que acuden a las corridas de toros no tienen las herramientas cognitivas y emocionales necesarias para comprender la violencia que representan cada una de las escenas de ese ritual de sufrimiento y muerte infligida a un animal indefenso.

 No es una simple cuestión de edad legal, es mucho más, es una cuestión directamente vinculada al desarrollo de las personas menores de edad, a su salud emocional, física y mental. Por eso, desde la perspectiva de los derechos de las infancias y las adolescencias, el ordenamiento jurídico debe trazar con precisión los límites de lo que la infancia puede presenciar, consumir o experimentar cuando esos contenidos entrañan una exposición a la violencia explícita con efectos perjudiciales y perturbadores sobre quienes aún están formándose neurológicamente. 

Ese argumento, el de la protección de la infancia frente a contenidos perturbadores o potencialmente perjudiciales, es paradójicamente el mismo que invoca el sector ideológico que impulsa los toros y las escuelas de tauromaquia dirigidas a personas menores de edad cuando exige retirar de las bibliotecas públicas libros relacionados con la diversidad sexual, defiende el pin parental para blindar a sus hijas e hijos de la educación afectivo-sexual o reacciona tapándoles los ojos ante una mujer desnuda o el beso de dos personas del mismo sexo. 

Resulta difícil comprender cuál es la lógica de esa supuesta protección y qué valores quieren transmitir a niñas, niños y adolescentes cuando cuestionan o restringen herramientas educativas y culturales orientadas a prevenir la violencia entre las personas, sean estas adultas o menores de edad, mientras normalizan -e incluso subvencionan- la exposición y enseñanza de una cultura centrada en torturar y matar animales reales con las propias manos cuando en una clara posición de subordinación.

La tauromaquia es un rito de iniciación en una forma muy concreta de hombría. En un modelo de masculinidad que se construye en torno a la dominación, al control del miedo y a la capacidad de imponerse sobre otro ser vivo cuya vida se considera prescindible. Las personas menores de edad que se forman en ese entorno interiorizan jerarquías, roles y formas de relación con la violencia que, al presentarse como legítimas y merecedoras de aplauso, se instalan como referencia de lo que significa ser valiente, ser hombre. Lo que transmite la tauromaquia no es únicamente un arte o una tradición, es una manera de entender la dominación del hombre sobre el resto de las vidas como parte de un orden natural. 

Lo que ven las niñas, niños y adolescentes que acuden a un espectáculo taurino es la muerte cruel, violenta y sangrienta de un toro encerrado en un espacio del que no va a salir con vida. Se ven involucrados como parte de una expresión colectiva que celebra una violencia de la que no solo son testigos, porque la experiencia también les atraviesa emocional y cognitivamente. Esto -dicen personas expertas en psicología infantil- es lo que provoca que dicha experiencia tenga altas probabilidades de impactar en su forma de comprender el daño y la empatía, al no poder entender por qué se celebra un sufrimiento que en cualquier otro contexto se les enseñaría a rechazar.

Lo que reciben las personas menores de edad no es solo el mensaje de que hay violencia que se permite, sino que esa violencia puede ser admirada, recompensada y convertida en motivo de orgullo, es parte de la fiesta nacional, es una identidad y una tradición. Es decir, incuestionable. Por eso el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas lleva desde 2018 señalando a España que prohíba la participación y la asistencia de personas menores de edad a los espectáculos taurinos, y por eso en enero de 2025 ha vuelto a insistir en la urgencia de tomar medidas concretas. Una advertencia basada en estándares internacionales de protección de las infancias frente a la exposición a la violencia y sus consecuencias en el desarrollo. 

Los mismos estándares que, no por casualidad, también promueven la educación en diversidad, en igualdad y en derechos humanos como herramientas fundamentales para que niñas, niños y adolescentes aprendan a reconocer el daño, a desarrollar empatía, a identificar las violencias que les amenazan y a construir relaciones basadas en el respeto a todas las vidas humanas y no humanas.

No es el fin de la impunidad, sino un deseo ferviente, una necesidad. Sí apunta a un paso en esa dirección al que le están poniendo ya contundentes trabas. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha decidido no renovar en el cargo a la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra, al cumplirse sus cinco años de mandato, aunque ella deseaba continuar. Lastra fue la fiscal que apuntaló con su declaración, sin pruebas, la condena de García Ortiz por el filtrado del correo del novio de Ayuso que le atribuyeron. Un caso escandaloso al que pudimos asistir. como espectadores asombrados, incluso en la vista oral en el Supremo.

 El corporativismo judicial y la prensa empotrada han salido a criticar la medida en masa.  De una forma desmedida, hablando con propiedad, y que crece conforme pasan las horas. Asociaciones varias de profesionales de la justicia, y artículos de prensa de una virulencia que resulta amenazante, hablan de purga y defenestración, de mafia nada menos, sin pudor alguno por lo que han consentido a lo largo de estos años que critican y un largo trecho de los anteriores. El fiscal general, por cierto, es un cargo de libre designación de cada gobierno y ha habido de todo. Dicen que el finiquito de Lastra ha sido “por haber cumplido su obligación”, y es tal la vehemencia de su argumento que nos deja la duda de con quién la ha cumplido.

Visto lo que confirma otro caso judicial -la Kitchen del PP- son de esperar maniobras. Impactante testimonio del comisario Morocho, agente clave en esa investigación. Ha denunciado ante el juez las presiones que sufrió por parte del PP destinadas a entorpecer sus pesquisas. Dice que “fue objeto de monitorización y seguimientos, tanto en el despacho como en su vehículo, y que hasta el magistrado Pablo Ruz -el primer instructor al que quitaron el caso con un traslado- ”temía que su despacho estaba microfonado, por lo que tomaban precauciones para hablar de temas críticos“. También ha declarado que le desmantelaron el equipo del que disponía. De 11 policías, se quedó en 5. ”Había un montón de comisiones rogatorias que analizar sobre flujos de dinero. Había mucha información que vino de cuentas bancarias en el exterior, que no hubo capacidad de analizar porque no teníamos el personal“, ha declarado. A él también le tentaron con un buen puesto… fuera de España. No aceptó. Ojalá tuviera un cargo directivo este profesional tan honesto. Lo terrible es que no es la primera vez que profesionales concienzudos sufren problemas: recordemos que al heroico comisario de Vallecas le destrozaron la vida por encontrar la mochila que resolvió en buena parte la autoría del 11M. Hechos. Toda la basura que aún permanece sobre todo esto, no deja de ser más que eso: basura.

La prensa al servicio de los intereses del PP está volcada en contar, a su manera, los dos juicios que se celebran -casualmente a la vez-, el de Aldama, Koldo y Ábalos. Dan una prioridad absoluta al que vinculan al PSOE. De sus jugosos detalles daba cuenta la crónica de Íñigo Sáenz de Ugarte. Y, sí, ha sido muy notoria la diversidad de trato a los implicados en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. En el juicio de las mascarillas se habla de todo menos de mascarillas, y se acusa sin pruebas y sin objeciones del Tribunal. En el Supremo -la Kitchen- todo lo contrario, al punto de que hay nombres y preguntas que no se admiten. En mi opinión, la diferencia entre ambos casos es la que existe entre un pillaje cutre y unas técnicas mafiosas de alto volumen.

Volviendo a Lastra, conviene recordar que fue también la Fiscal que impidió en repetidas ocasiones investigar las muertes en las residencias de Madrid durante la pandemia. Las familias de las víctimas se muestran esperanzadas con el relevo, aunque es un tema prescrito en una buena parte por el tiempo transcurrido sin tomar medidas. El cese de Lastra, sin embargo, es una noticia positiva para el funcionamiento de la justicia, por las razones descritas; un pequeño paso de los muchos que serían necesarios.

Nuestra profesión, el periodismo, también anda con serias taras y lo constatamos en el tratamiento de estas noticias y de muchas otras. Ya no hay inconveniente para algunos hasta en mentir a toda portada. Pero no son solo los bulos con intencionalidad política que tanto daño hacen, lo peor, si cabe, es la destrucción del concepto de periodismo. Estamos viendo cosas que no creeríamos, como decía el pobre replicante de Blade Runner. Intencionadamente o porque así lo creen, pretenden ya considerar periodistas a los agitadores de ultraderecha con cámara y micrófono.

Vito Quiles -el más activo de todos- está muy vinculado al PP, cobra del PP, cerró su campaña electoral en Aragón. Alguien le facilita direcciones y movimientos de quienes quiere acosar. Es lo que hace: acosar. A niveles terribles como los bulos lanzados contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.  Pues resulta que lo están considerando periodista, desde el PP al español que parece ejercer de entusiasta portavoz mediático de Trump desde la Casa Blanca. Tellado y Ester Muñoz, portavoces oficiales de los populares, han llegado a decir que  “condenan la violencia… también contra el periodista”, respecto al abordaje que sufrió Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez por parte de este sujeto. No es periodista, no ejerce como tal. Y esto debió cortarse hace mucho tiempo. Nunca debió tener acreditación en el Congreso -se le dio Meritxell Batet- y no se comprende que la mantenga.

Están comparando a humoristas -y de la talla de Wyoming o Gonzo- con un agitador ultra con micrófono. Y han desvirtuado por completo, con los años, qué es un escrache. En principio fue una crítica ejercida sobre todo por la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) contra especuladores inmobiliarios, a modo de manifestación y desde luego sin violencia alguna. Por cierto, Pablo Iglesias pagó caro hablar de aquello como jarabe democrático porque llegó a sufrir el peor de los acosos hasta ahora. Su casa, con la familia dentro (Irene Montero, él y sus hijos pequeños), asediada durante meses y a diario. Siempre la manipulación y el doble rasero, la ley del embudo en un país en el que la justicia y la información sufren graves disfunciones.

En este clima de violencia politica, violencia pura y dura en realidad, cuadra que un sujeto de la calaña de Santiago Abascal, presidente de Vox, llame a Pedro Sanchez “chulo de putas” en un mitin. Pero debería tener la respuesta que exige: judicial y penal. Es mucho más que un insulto, es la deshumanizacion fascista del presidente, un cargo institucional. No puede dejarse pasar.

No es nada fácil todo esto tan esencial y urgente al mismo tiempo. El control que el periodismo ha de ejercer como Cuarto Poder sobre los otros tres (ejecutivo, legislativo y judicial) en nombre de la sociedad se ha convertido prioritariamente en un formidable aparato de propaganda a favor de la derecha, de presión también. Asimétrica: el objetivo esencial es el gobierno y exigen no criticar siquiera a la justicia. La fuerza del aparato es tal que han logrado colar entre personas proclives a dejarse desinformar incluso que ocurre al revés. Esas manadas que le salen gratis a los manipuladores -políticos y mediáticos- parecen en este momento incontrolables. Pero un país no puede funcionar con normalidad así. Hay que actuar por el bien de la sociedad en su conjunto. Ha de llegar el finde la impunidad, pero ya y de verdad.

Todo esto ha coincidido con el informe que Reporteros Sin Fronteras en su núcleo internacional publicó este mismo jueves sobre lo que llaman libertad de prensa. La puntuación media de los 180 países analizados nunca había sido tan baja en este último cuarto de siglo y en España el descenso es más marcado. Se ve amenazada “por un aumento de las acciones judiciales abusivas y el señalamiento político contra los periodistas”.

En preguntas concretas de Eldiario.es a la relatora del informe denuncia las acciones “intimidatorias” contra la prensa del “entorno de Ayuso” y del juez Peinado. Y cree que “buscan silenciar e intimidar” a los periodistas, así como generar una “pesadilla ideológica y económica” a los medios de comunicación.  Relata un “clima de 'lawfare'” contra los medios. Obviamente contra los que informan. Reporteros Sin Fronteras rebate precisamente todo lo que hace esa derecha de la que hablamos y cuenta justo al revés. Osan decir últimamente que es el gobierno el que amordaza a los medios (de derechas).

Y es significativo este párrafo que incluyo en su totalidad:

“Reporteros sin Fronteras” también sostiene que “el crecimiento de la extrema derecha y de su visibilización en redes sociales ha disparado el ciberacoso” y “los ataques a periodistas en coberturas exteriores son frecuentes”. “La formación ultraderechista Vox utiliza a agitadores para sabotear ruedas de prensa en el Parlamento y acosar a periodistas críticos incluso en su esfera privada. El hostigamiento de estos agitadores dentro y fuera de las redes, con la connivencia de políticos y medios digitales afines, se ceba especialmente con las mujeres periodistas, víctimas de una violencia digital que cada vez salta más al espacio físico”.

Vean dónde queda la defensa del PP, de Tellado y Muñoz, de ese “periodista” al que pagan para acosar.

No renovar en el puesto de fiscal Superior de Madrid a Almudena Lastra está en tan buena dirección que podríamos soñar con el principio del fin de la impunidad. No se saltan ningún precepto, puesto que su mandato había caducado. Nos da respuesta a la pregunta que nos hacemos tantas veces ¿no se puede hacer nada ante lo que está pasando? Una compensación de los desequilibrios, un alivio a la impotencia. Algo. Nada fácil, visto la revuelta por un pequeño paso. Pero claro que se puede. Queda un gran trabajo por hacer en campos fundamentales y en diversos sentidos. Cada vez es más peligrosa la marea de revancha, sin embargo. Al menos que no nos engañen con el diagnóstico. Y una vez más hay que advertir lo mucho que nos jugamos con todo esto.

Dentro de dos semanas voy a estar viviendo en un hotel de las islas frisias holandesas. No de vacaciones, creo que se entiende. Me voy porque en España, en el año 2026, me resulta más barato pagar una habitación en un archipiélago del Mar del Norte que acceder a un alquiler en mi propio país, porque mi país, que es España, ha decidido priorizar que unas cuantas sanguijuelas puedan vivir de mi salario antes que yo mismo. Hay frases que se ensayan mentalmente durante días antes de escribirlas, porque suenan a cosa que no puede ser verdad. Esta es verdad. Detrás de esas frases solo queda un silencio que se ha ido instalando entre lo que cuesta vivir y lo que se puede ganar honradamente.

El alquiler en España subió un 8,5 por ciento el año pasado. En Valencia, en cinco años, ha subido un 70 por ciento; en Barcelona un 55 por ciento y en Madrid un 45 por ciento. Estos números ya no sorprenden a nadie, que también es la peor forma de sorprender. Nos hemos acostumbrado a que las cifras sean obscenas porque llevan tanto tiempo siéndolo que han perdido su capacidad de escandalizar. Decir que el alquiler ha subido un 70 por ciento en cinco años en una ciudad española suena, a estas alturas, a meteorología. A mí me suena a la voz metálica de la megafonía de un aeropuerto.

El Gobierno aprobó hace unos meses un Real Decreto que decía, en esencia, que si tu contrato termina este año o el que viene, podías pedir dos años más al mismo precio, con una subida máxima del 2%. Nada del otro mundo, lo mínimo. Lo mínimo de lo mínimo, de hecho, porque ni siquiera tocaba lo que de verdad destroza a la gente: el precio de la mensualidad; lo que te piden cuando llamas por un piso y todavía no has firmado nada y ya te han descartado, porque si algo nos ha enseñado el capitalismo es que seas quien seas siempre hay alguien más desesperado que tú y dispuesto a pagar lo que sea. 

A mí, personalmente, ese decreto no me habría salvado porque a mí ya no me salva nada dentro del mercado actual. Con todo, el Congreso votó el decreto este martes y se encargó de enterrarlo, por si acaso. Lo han enterrado, juntos, el PP, Vox y Junts, que son tres partidos que no tienen nada en común excepto que ninguno de sus diputados tiene que buscar piso este año.

Bustinduy ha dicho que volverán a intentarlo las veces que haga falta, y yo se lo agradezco, pero los ministros tienen la capacidad de hablar siempre en futuro mientras los demás vivimos en un presente que nos aplasta. Y lo que necesitamos, en realidad, no es otro decreto de mínimos que proteja a los que ya tienen contrato; que también. Lo que necesitamos es que alguien ponga un techo a los que te pueden ofrecer un techo. Lo que necesitamos es que el mercado no pueda pedirte lo que le dé la gana solo porque hay alguien dispuesto a pagar lo que sea porque vivir en la calle no es una opción. Pero eso no estaba en el decreto. Eso no está en ningún sitio.

Lo que sí está, en cambio, es la sensación de que uno ya no sabe muy bien qué hacer con el enfado. El enfado es una cosa rara cuando se alarga durante años. Al principio escribes sobre ello, lo hablas con un amigo, discutes en una sobremesa, le explicas a algún imbécil en Twitter por qué no tiene razón y después te cansas. Después te das cuenta de que ese imbécil tampoco tiene la culpa, que ese imbécil también paga un alquiler, que en realidad estáis los dos discutiendo sobre quién va a salir peor parado de una pelea que ninguno de los dos va a ganar. Y te callas porque estás cansado. 

Delante de un contrato de trabajo en neerlandés es donde uno empieza a pensar cosas que hace cinco años no pensaba. Cosas que quizá tengan mala prensa o que resuenan a cántico del Viña Rock; cosas que un columnista responsable evitaría pronunciar. Pero los columnistas responsables llevan veinte años evitándolas y los alquileres han subido como un viaje de popper, así que igual la responsabilidad dialéctica ha consistido, todo este tiempo, en evitar hablar de lo que deberíamos empezar a planificar como una acción coordinada.

La historia tiene tres respuestas para cuando la ley no es justa y ninguna de ellas es cómoda para quienes tienen mucho que perder. La primera es que si el Contrato Social no nos protege, no le debemos nada; la segunda es que un alquiler que no se puede pagar es un alquiler que, antes o después, no se paga. Y la última de ellas es que el día que dejemos de pagarlo todos a la vez, no va a ser una catástrofe, va a ser, por fin, una negociación.

Es para empezar a estar preocupado. La ofensiva del PP para forzar a Pedro Sánchez a convocar elecciones está tomando nuevas formas y, como se temía desde hace tiempo, la acción de algunos jueces tiene un papel protagonista en la fase que ahora empieza. Pero que va a continuar y seguramente con fuerza renovada.

El acoso del ultraderechista Vito Quiles a la esposa del presidente del Gobierno, es algo más que una anécdota en este contexto. Porque ha mostrado sin paliativos la vulnerabilidad de Begoña Gómez -¿dónde estaban sus escoltas?, ¿o es que no los tiene para evitar nuevas críticas de la derecha?-. Porque hace temer que este tipo de acciones se puedan repetir en el futuro. “Apreteu, que esto funciona”, ha dicho por si había dudas de ello el ultraderechista, al que varias fuentes atribuyen vinculaciones directas con el PP, incluso que ha sido financiado por el partido de Núñez Feijóo.

El hecho de que el propio presidente del PP haya evitado cualquier crítica a Quiles y, por el contrario, haya aprovechado el incidente para golpear de nuevo a Pedro Sánchez sugiere incluso que el ultraderechista podría haber consultado la oportunidad de su iniciativa con algún exponente de ese partido. Deteriorar la imagen de Begoña Gómez -y una persona acosada, véase ultrajada, es una persona debilitada- puede ser un factor no despreciable cuando el juez Peinado está a punto de dar pasos decisivos en el proceso que tenazmente y en contra de muchos indicios racionales ha emprendido contra ella.

Más de un periódico ha recogido en los últimos tiempos opiniones de exponentes del PP, por supuesto anónimas, según los cuales el que su esposa termine en el banquillo de un juicio oral sería insoportable para Sánchez y motivaría la convocatoria de elecciones. Hace ya más de un año también se vino a saber que el propio juez Peinado había alardeado delante de gente próxima que sería él quien acabara con el gobierno socialista.

El acoso a Begoña Gómez llega justo el día después de que se haya producido otro hito en esta última ofensiva de la derecha. La deposición de Víctor Aldama ante el tribunal que le juzga, junto con el exministro Ábalos y su ex asesor Koldo García, por el llamado proceso de las mascarillas ha sido, en efecto, un ataque directo y sin concesiones a Pedro Sánchez. Al que Aldama ha acusado sin ambages de ser el jefe de esa trama y, además, de que una buena parte de los fondos obtenidos ilegalmente se destinaron a financiar al PSOE.

Todo ello con la desfachatez de no aportar una sola prueba de sus acusaciones y con la connivencia de hecho del tribunal -presidido por el mismo magistrado que condenó al fiscal general del Estado por un delito inexistente.

¿Qué se pretende con una acción aparentemente tan ridícula, pues si Aldama no proporcionó prueba alguna el miércoles es prácticamente imposible que lo haga más adelante? Pues algo tan sencillo como la de proporcionar a la prensa de derechas, cada vez más activa y militante, material y titulares para proclamar que Sánchez es un corrupto y que Ábalos y Koldo, además de ser personajes detestables, financiaban ilegalmente al PSOE. Aldama ha hecho un buen trabajo. A ver como lo recompensan.

Otro juicio, el del caso Kitchen, ha venido a aportar otros elementos para configurar la acción política del PP. Aparte de para valorar la catadura moral de algunos de sus dirigentes históricos, que inevitablemente no puede ser muy distinta de la de los actuales.

Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Saéz de Santamaría y Javier Arenas hicieron el ridículo ante la sala que les preguntaba en torno a las responsabilidades del último gobierno del PP en la trama parapolicial que las máximas instancias del partido y del gabinete organizaron para desactivar al traidor Bárcenas, que se había puesto a contar la enorme corrupción que se producía en el nivel más alto del partido, con los citados nombres a la cabeza.

Lo destacable no es que esos dirigentes no reconocieran su papel en esos hechos, lo cual es una actitud bastante habitual en los delincuentes. Sino que lo hicieran de una forma tan escandalosamente despreciativa con la justicia y, en definitiva, con los ciudadanos. Y todo ello sin que ningún miembro del tribunal osara reprocharles su indignante comportamiento ni les exigiera concreción en sus respuestas. Particularmente la presidenta del tribunal, que les toleró todo mientras que se mostró impertinentemente exigente con la abogada de la acusación socialista.

A la vista de esos comportamientos y de otros similares en los últimos tiempos, los socialistas no deberían ser muy optimistas con respecto a la actitud que hacia ellos tendrán buen parte de los jueces que intervendrán en las causas abiertas contra ellos. El sector de la judicatura amigo del PP, que no es pequeño, es una pieza importante de la estrategia de la ofensiva lanzada contra el Gobierno y particularmente contra su líder. Una vez más solo cabe confiar en la capacidad de resistencia de estos. Y que los Vito Quiles se limiten a acosar, por muy horroroso que sea eso.