Nació como medicamento y se utilizó en la guerra de Vietnam. Ha sido y es droga recreativa, experimental y por tanto ilegalizada. Hoy es el tratamiento más pujante contra la depresión –sobre todo en EEUU, pero no solo– y la sustancia de moda en las pistas de baile. El viaje de la ketamina en sus seis décadas de existencia cuenta también la historia del siglo XX.

A principios de los años 60 la industria farmacéutica buscaba desesperadamente una alternativa a la fenciclidina (PCP). Este anestésico, también conocido como “polvo de ángel” por sus efectos, presentaba un problema para su uso médico: tiene una fuerte componente psicótica. La compañía Parke-Davies puso la tarea en manos de Calvin Stevens y el químico consiguió sintetizar la sustancia CI-581. Era 1962 y acababa de nacer la conocida como K.

Más de 60 años después, aunque sigue siendo un anestésico utilizado en emergencias, la k ha mutado. De medicamento ha pasado a sustancia recreativa (ilegalizada, por tanto), de experimentación y, en paralelo, a ser el antidepresivo de moda en EEUU. Y pronto en Europa debido a un cambio de paradigma en la manera en que se trata esta enfermedad (o, justamente, forzando ese cambio de paradigma), explica la filósofa y programadora cultural Marta Echaves en Químicas Piedades (Cielo Santo), un ensayo sobre la que hoy es la droga de moda.

“Sabemos que es una sustancia que puedes ver en las pistas de baile y en contextos de fiesta. Mucha gente la consume de una forma más íntima, privada, en una especie de rituales caseros o momentos de ocio privados”, enumera la autora. “Hay gente que puede tener algún tipo de adicción y la usa casi cotidianamente. En España he conocido menos casos, pero en Estados Unidos sí he leído más entrevistas de personas que lo utilizan para tener cierta funcionalidad dentro de su día a día, como algo que les ayuda con sus malestares: como dura poco, pueden tener un momento de consumo y luego seguir haciendo sus cosas”.

El siglo XX en una droga

La ketamina es una sustancia que (también) permite explicar la historia reciente de la humanidad. “Puedes poner el foco en la droga y te cuenta la historia de la segunda mitad del siglo XX, pero desde otra perspectiva”, sostiene Echaves. “De la guerra de Vietnam a los señores feudales de Silicon Valley [Elon Musk o Sam Altman, creador de ChatGPT, admiten tomarla]; de las pistas de baile al hospital público, de los océanos contaminados hasta la cosmotécnica blanca que la recodifica como cura”, describe la editorial en el folleto de promoción del texto. La historia de la ketamina lo cuenta todo.

Cuenta, por ejemplo, el modus operandi de la industria farmacéutica, explica Echaves, capaz de promocionar la sustancia como antidepresivo a la par que presiona para su ilegalización como droga recreativa. “Van a pasar cosas con la ketamina. El uso del Spravato (un medicamento basado en un derivado de la ketamina) probablemente se expanda”, sostiene. “Mi hipótesis es que se va a ir naturalizando cada vez más y, a medida que se normalice este uso, el recreativo será cada vez peor visto”, elucubra. “Necesitarán distinguir más los usos porque si no la gente no va a los hospitales a tomar ketamina, se automedicaría. Entonces, tienen que controlar el flujo de la sustancia para poder economizarla”, aventura Echaves.

Lo que lleva al siguiente problema, que en parte motivó a esta filósofa a escribir el ensayo: el desconocimiento que como pacientes suelen tener de la farma y los tratamientos. Echaves quería al menos dejar constancia de qué estamos dando a los enfermos. “Me preocupa que se ha naturalizado que te dan un antidepresivo y no sabes lo que estás tomando ni cómo funciona ni por qué, pero te lo tomas”, expone.

Las drogas que son fabricadas en Occidente están muy relacionadas con la industria militar, que es el modelo del turbocapitalismo contemporáneo: todos los grandes desarrollos tecnológicos se están probando en las guerras y luego se aplican sobre los ciudadanos; las drogas no están lejos de eso

La difusa línea entre droga ilegalizada y medicamento se disuelve en la consulta del psiquiatra. “Confías y de repente estás acostumbrando al cuerpo a una sustancia como si fuese buena cuando realmente tiene sus peligros”, y pasa a contar el caso real de una mujer de 70 años a la que un médico recetó ketamina. “Me hace gracia imaginarme a una señora de esa edad, después de toda una vida sin consumir ninguna droga, tomando esto. Igual le hizo bien, pero me parece un poco loco. Usamos [médicamente] una sustancia que cuando interesa es súperpeligrosa y cuando no interesa no contamos nada”, elabora.

La historia de la ketamina también es la historia de la (extendida) aplicación de drogas en el ámbito militar. “Los primeros usos son en la guerra de Vietnam, sobre todo como anestésico”, cuenta la autora, apoyados en la facilidad de administración y efectividad. “Las drogas que son fabricadas en Occidente están muy relacionadas con la industria militar en un primer contexto, y la industria militar es el modelo del turbocapitalismo contemporáneo: hoy en día todos los grandes desarrollos tecnológicos se están probando en las guerras y genocidios y luego se aplican sobre los ciudadanos; las drogas no están lejos de eso”.

El salto a la calle

De lo castrense la ketamina saltó a la calle. De lo medicinal a lo recreativo-experimental-subjetivo. “Muchos soldados volvieron de Vietnam conociendo esta sustancia y ahí surgió una primera época contracultural en los 70 y 80 dentro de la, digamos, cultura psiconáutica, en la que también existían el LSD y las setas. Ahí empezó, diría, un primer uso más experimental y más puntual en torno a esta contracultura en los 70, tanto estos antiguos hippies como gente que volvía de esos contextos militares que había conocido la sustancia”, cuenta.

Químicas Piedades recorre estos usos, que se “generalizaron en Europa a partir de los 90” desde las fiestas en Goa, India, de donde mucha gente volvía a Europa con las maletas llenas de ketamina. El libro cuenta la historia del neurocientífico John C. Lilly, que “convirtió la ketamina en una herramienta para la exploración de la conciencia (...) en un intento de cartografiar estados mentales no ordinarios”.

Ahí surge el concepto de la droga como una “tecnología interior”, según lo define la filósofa y escritora británica Sadie Plant, “que piensa en la droga como un software interior en vez de exterior, como una especie de acople cyborg con el que uno puede lidiar”. Así, prosigue Echaves, “la tecnología entra dentro de ti y de alguna forma la puedes usar como una herramienta para modificar tu cuerpo, para modularlo perceptivamente y resintonizarlo neuronalmente. Igual que accedes a internet a través del ordenador, puedes acceder a otro ciberespacio a través de la sustancia”.

En ese contexto se producen esos consumos experimentales, con los que se busca percibir otras realidades, aprender de uno mismo fuera del marco que impone la sociedad capitalista. “A veces las drogas nos enseñan que la realidad es mucho más plástica de lo que creemos”, expone Echaves. “Alguien puede tomar ciertas sustancias y tener revelaciones más existenciales, o trascendentales, que luego le sirven para una transformación subjetiva y por lo tanto para tener otra percepción del mundo y de la posibilidad de cambiarlo. Por eso creo que estas drogas terapéuticamente pueden tener un potencial y las experiencias límite a las que te pueden llevar son aprendizajes para la vida”, cierra.

Con el permiso de la farmaindustria.

Mujeres que denuncian por interés, que van “a la caza” de las órdenes de protección, que “lavan el coco” de sus hijos para separarles de sus padres y que son “enemigas acérrimas” de la custodia compartida. A pesar de los datos y de la forma en que realmente se ejerce y se juzga la violencia machista, esta es la imagen que el juez David Maman Benchimol describió el pasado febrero en una ponencia organizada por el Colegio de Abogados de Madrid. No es un magistrado cualquiera: es el encargado de la denuncia por agresión sexual contra el exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, y es, además, titular en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº8 de Madrid.

Eso significa que Maman Benchimol se dedica en exclusiva a la violencia machista y que cada día recibe casos de mujeres que denuncian agresiones sexuales y maltrato –y sus hijos–. Sus palabras, publicadas por laSexta, son una sucesión de los mitos y estereotipos más extendidos y presentan el derecho de los padres a ver a sus hijos como derechos absolutos por encima incluso de la seguridad de madres y niños, a las que dibuja como manipuladoras que instrumentalizan los procesos en su beneficio.

Por eso las declaraciones han provocado la indignación de expertas, víctimas e incluso compañeras de profesión. “Solo desde unos profundos prejuicios de género se pueden hacer esas afirmaciones”, apuntan desde la asociación de Mujeres Juezas de España en un comunicado, en el que reclaman al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tome medidas.

En su intervención, el juez asegura que “muchas” denuncias “enseguida se ve que no tienen demasiado sentido” porque las mujeres “intentan forzar una vía” para obtener una orden de protección, dice agitando el mantra de las denuncias falsas. “Se han otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer una denuncia...”, afirma apuntando a la asistencia jurídica gratuita, reconocida en la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 y que, por otro lado, tienen también las víctimas del terrorismo o de bajos ingresos. Tras señalar las supuestas “ventajas” que gana “la mujer” por denunciar, repite dos veces seguidas: “Pero ¿qué pierde?, ¿qué pierde?”

“Lo que dice es puro prejuicio machista y es muy grave que lo diga un titular de un juzgado. La primera falsedad es que el sistema induce a la denuncia, cuando es totalmente lo contrario. De hecho, lo que vemos en un sistema judicial que muchas veces no responde y revictimiza a las mujeres. Es insultante pensar que una mujer va a ir a comisaría a denunciar al padre de sus hijos y estar allí de cinco a siete horas más todo lo que implica posteriormente el duro proceso judicial por tener la posibilidad de un abogado gratis”, señala la abogada Eva Pérez Nanclares.

La infradenuncia es la norma

La realidad es que denunciar violencia machista es “difícil” para miles de mujeres que nunca llegan a hacerlo. “Es doloroso y costoso, ir a denunciar no es coser y cantar. Claro que pierden, pierden mucho, en parte por toparse con un sistema que reproduce mitos como estos”, añade la experta, que señala cómo, frente al tópico de mujeres frívolas y manipuladoras que denuncian para hacer daño al marido, “la mayoría” lo que sienten es culpa. “Vienen pensando que son las culpables de lo que está pasando y llegan a decir 'no quiero meterle en la cárcel'. Cuando una mujer acude al sistema es porque ya no puede más”.

De hecho, los datos apuntan a que, no solo no es que no haya un problema sistemático con las “denuncias sin sentido”, como afirma Benchimol, sino que la violencia de género es un tipo de delito extendido pero marcado por un alto nivel de infradenuncia. Según la última Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer, de 2025, casi una de cada tres mujeres mayores de 16 años han sufrido maltrato por parte de alguna pareja, pero solo el 16,8% lo ha denunciado. En caso de la violencia sexual, tres millones de mujeres han sido víctimas, pero la proporción de las que han denunciado no alcanza ni el 5%.

La realidad es que, además, las órdenes de protección no se dan automáticamente y en muchos casos las denunciantes se topan con denegaciones. Así ocurrió con el 33% de las medidas solicitadas en 2024, según los datos del CGPJ, y también con buena parte de las que gestiona Benchimol, que ejerce como juez especializado en violencia machista desde 2011. De hecho, el magistrado rechazó ese mismo año la mayoría de las órdenes que le pidieron: el 69%, muy por encima de la media estatal. En 2023 negó el 65%. También se opuso a la petición de prohibición de comunicación que solicitó la denunciante del exDAO de la Policía Nacional, un tipo de caso –la violencia sexual– que desde finales de 2025 llevan también estos juzgados

Cira García Domínguez, jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 14 de Madrid, remarca que las órdenes de protección “no otorgan ventajas” a las denunciantes “sino derechos”. “No podemos olvidar que estamos hablando de contextos de violencia, en los que hay mujeres a las que hay que proteger, pero en todo caso, las decisiones se deben tomar en base a una valoración de la prueba. Que no haya fuerza probatoria suficiente no quiere decir, además, que sea mentira lo que denuncia”, explica.

La jueza lamenta el “efecto disuasorio” que este tipo de declaraciones pueden tener con otras víctimas. Es algo a lo que también hace referencia la Asociación de Mujeres Juezas, que subraya que estos actos “resultan tremendamente perjudiciales” y pueden suponer “una quiebra de la confianza” en el sistema judicial. “Causan un daño irreparable a la imagen de la justicia y una desazón y angustia en las víctimas que no merecen”, esgrimen las juezas, que también apelan a que los profesionales “no podemos apartarnos de los principios básicos del ordenamiento jurídico ni faltar al respeto a la ciudadanía” ni en el juzgado ni en actos institucionales o formativos.

Madres culpables

En la ponencia, que fue parte de una jornada formativa celebrada el 18 de febrero en Madrid, el magistrado critica que el Código Civil no permita establecer custodias compartidas en casos de violencia de género –un precepto que, por otro lado, afecta a todos los tipos de violencia hacia los hijos–. En este sentido, Benchimol da a entender que en los procesos judiciales “va pasando el tiempo”, los jueces “no podemos dar la custodia compartida” y ese momento es supuestamente aprovechado por las mujeres “para hacer el correspondiente lavado de coco” a su hijo y lograr que “se separa del padre progresivamente”. “Luego es muy difícil recuperar ese tiempo perdido”, añade.

Las expertas consultadas ponen el foco en cómo estas declaraciones revelan un “prejuicio muy instalado” que tiene que ver con la “manipulación e instrumentalización materna” de los hijos y con reducir la violencia de género a simples riñas o conflictos de pareja. “No estamos hablando de padres en una situación de divorcio, sino de padres violentos con sus parejas y sus hijos, que deben ser protegidos en base al interés superior del menor”, remarca Domínguez, para la que ese supuesto “lavado de coco” es una forma de hacer referencia al falso Síndrome de Alienación Parental, cuya aplicación está prohibida por la ley y por cuyo uso ha llamado la ONU la atención a España.

En la práctica, este tipo de discursos vienen a dar a entender que el rechazo de los menores hacia sus padres es siempre inducido por sus madres y no una respuesta lógica ante un riesgo. “No parten de la protección de los niños y niñas, sino de hacer pensar que las mujeres utilizan los procesos estratégicamente”, señala Pérez Nanclares, que hace referencia a “todo un conglomerado de leyes” con las que chocan las declaraciones del juez. “Lo grave es que no es cualquier persona, es él el que tiene que aplicarlas”, añade.

Sobre la custodia compartida, el magistrado también asegura que “la mujer es una enemiga acérrima” de la misma. “No entiendo yo esa animadversión”, afirma antes de apuntar hacia “la casa, el factor económico...[la mujer] piensa que [el hombre] ya no le va a pagar la pensión”. “Lo que dice es una barbaridad. Primero por la generalización y por asegurar que las mujeres usan los procesos para alargar custodias en su favor y por intereses incluso económicos. Pero para empezar, la pensión es un derecho de los hijos, no de ellas”, asegura Pérez Nanclares. Más aún, la realidad es que no son pocas mujeres las que deben enfrentarse a procesos por impago de alimentos, algo que hasta el Tribunal Supremo ha calificado como “violencia económica”.

En otro de los momentos de la intervención, el juez también sostiene que, en estos casos, “la madre quiere asumir y asumir porque solo ella se considera buena madre” y sostiene que “tiene la idea” de que un hombre que ha ejercido violencia contra ella “también va a maltratar al niño” y por eso “no se fía de él”. Domínguez insiste en que no se trata de “un pensamiento o desconfianza” de las mujeres, sino que desde 2015 la ley reconoce que los hijos e hijas de las mujeres que han sido maltratadas son también víctimas directas de esa violencia y por eso “debe garantizarse su protección”. “No es que las madres quieran asumir, ya les gustaría a ellas contar con padres igualitarios que no maltraten. Esto es culpabilizarlas a ellas y eximirles a ellos”, dice.

Varias organizaciones de mujeres han reaccionado a las palabras del magistrado, entre ellas las Madres Protectoras de Madrid y Stop Violencia Vicaria, que denuncian que estos hechos “no son casos aislados, sino un patrón” vinculado a resoluciones judiciales en las que “pese a existir denuncias o procedimientos abiertos se imponen custodias compartidas o regímenes de visitas” o se usan “teorías sin base científica” como el SAP “para poner en duda nuestra credibilidad”. “En sala, muchas de nosotras hemos sido cuestionadas, desacreditadas y tratadas con hostilidad”, aseguran sin nombrar a Benchimol, pero denunciando sus palabras a través de las “prácticas judiciales” que aseguran haber vivido.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial para pedirle que investigue y, en su caso, imponga un expediente disciplinario al juez David Maman Benchimol por sus declaraciones en las que afirma que las mujeres van “a la caza de la orden” de protección o que tienen “ventajas” para denunciar violencia machista. Sus palabras “resultan manifiestamente incompatibles con los deberes de imparcialidad, respeto y sujeción al ordenamiento jurídico que rigen la función jurisdiccional”, esgrime en el escrito que la delegada Carmen Martínez Perza ha dirigido al organismo.

El ministerio considera que el magistrado, que se pronunció así en unas jornadas formativas organizadas por el Colegio de Abogados de Madrid el pasado 18 de febrero, puede inclurrir en una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la Ley del Poder Judicial, que tipifica “el exceso o abuso de autoridad o de consideración respecto” de los profesionales de la Justicia. “Asimismo, las manifestaciones realizadas podrían encuadrarse en el incumplimiento del deber de abstención de prejuicios y de mantenimiento de la apariencia de imparcialidad exigible a todo miembro de la carrera judicial”, añade.

La carta también reclama al CGPJ que “valore el impacto” de las declaraciones del magistrado, que se encarga del caso de la denuncia por agresión sexual contra el exDAO de la Policía, José Ángel González, “en la garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, así como de las víctimas de violencias sexuales, conforme al ordenamiento jurídico nacional y los estándares internacionales aplicables”.

El juez asegura en su ponencia, que puede verse en un vídeo publicado por La Sexta, que “muchas de ellas [de las denuncias] se ve enseguida que no tienen demasiado sentido” porque intentan “forzar una vía” para obtener una orden de protección. “Ese es el tema, es a la caza de la orden. Pero es que yo lo entiendo, porque se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia...”, añade antes de calificar a “la mujer” de “enegima acérrima” de las custodias compartidas y de acusarla de instrumentalizar el proceso judicial para “lavar el coco” a sus hijos en contra del padre.

Martínez Perza, jueza de profesión, escribe en la carta que las afirmaciones de Maman Benchimol “no constituyen meras opiniones aisladas” sino que son parte de una serie de “prejuicios estructurales, estereotipos de género y posicionamientos ideológicos” que, a su juicio, tienen efectos: “Afectan directamente a la percepción de imparcialidad del órgano judicial y comprometen la confianza pública en la Administración de Justicia, especialmente en un ámbito tan sensible como la violencia de género”. El magistrado es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, uno de los 121 órganos de este tipo que hay en España, dedicados en exclussivo a la violencia machista.

El Ministerio de Igualdad enumera en su carta lo que a su juicio evidencian las palabras del juez: desde la “trivialización” de la violencia de género “y de los mecanismos de protección” a la “absoluta falta de perspectiva de género y la reproducción de estereotipos contrarios al principio de igualdad” de la Constitución. Además, señala la “asunción implícita” de teorías sin aval científico como el Síndrome de Alienación Parental, prohibido por ley, cuando el magistrado habla de que las madres “lavan el coco” a sus hijos, todo ello en procesos de violencia de género, que son los que lleva este juez.

También hace referencia en su escrito a la “falta de reconocimiento” de los menores de edad “como víctimas directas de la violencia de género, en contradicción con el marco normativo vigente” como lo reconocido en la Ley Integral contra la Violencia de Género. Maman Benchimol también se refirió a las mujeres trans como un “hombre con apariencia de mujer, un transexual”, ante lo que Igualdad le señala por reproducir “una actitud tránsfoba” al estar “negando o deslegitimando la identidad de género de las personas trans”, añade el texto.

La delegada define como “especialmente grave” la difusión de este tipo de afirmaciones en una jornada formativa “al contribuir a perpetuar prácticas contrarias a los estándares de protección de derechos humanos, pudiendo incidir negativamente en la actuación de otros operadores jurídicos y en la confianza de las víctimas en el sistema judicial”. Esto, prosigue, “puede constituir una forma de violencia institucional”.

El conflicto entre Sanidad y los sindicatos médicos se ha elevado este jueves el enésimo escalón. La ministra Mónica García ha aprovechado su intervención en una comisión del Senado para hacer pública una pequeña parte de la transcripción de la última reunión con el Comité de Huelga, que los sindicatos había pedido grabar. Según estos entrecomillados, las organizaciones sindicales del ámbito habrían circunscrito sus reivindicaciones a obtener mayor representación en las mesas generales. “Si nos dais un ámbito de negociación propio, no vamos a negociar ninguno de los otros aspectos”, leyó García.

El Ministerio y el Comité de Huelga habían mantenido la semana pasada encuentros discretos y Sanidad había emplazado a los sindicatos médicos a una nueva reunión con las comunidades este jueves. Esa cita saltó por los aires cuando las organizaciones emitieron un comunicado en la noche del martes en el que avanzaban que continuaban con la huelga de cuatro días prevista para el próximo lunes.

“Creo que a las comunidades lo que hay que decirles es que estamos dispuestos a suspender la huelga después de esta reunión, si hay buen rollo. Eso lleva dos cosas, primero que vayan y segundo que entren, porque tiene que haber cierto acuerdo. Cada uno de nosotros va a ir a hablar con nuestros consejeros y vamos a decirles: ”Oye, que sí, que hay intención de que esto funcione“”, ha desvelado García que dijeron los negociadores del Comité de Huelga.

El Comité de Huelga está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

García ha acusado a los sindicatos médicos de “deslealtad”, en la negociación y con los profesionales, “a quien nos les están llevan los acuerdos, las ventajas y las mejoras que estamos acordando en las mesas de negociación”.

“Eso es lo que se cuenta dentro y fuera se mantiene el conflicto. Esto es asi. Hemos llegado a acuerdos cuatro veces. (hemos mantenido) 26 reuniones en un tono muy constructivo desde las dos partes, que se pierde cuando se atraviesa la puerta. Yo voy a seguir intentándolo, porque nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando que los profesionales no tengan ni siquiera los mínimos, que sigan haciendo dos guardias a la semana, cuando el Estatuto Marco dice que podrán hacer como mucho una; que sigan haciendo guardias de 24 horas, cuando el Estatuto Marco dice que solo podrán hacer dos turnos seguidos o que puedan organizarse por turnos; o que sigan teniendo OPEs cada 10 años, cuento el Estatuto Marco dice que se pueden hacer cada dos”.

La propuesta de Sanidad pasaba por “utilizar el Estatuto Básico del Empleado Público y los recursos jurídicos que tienen para que los médicos tengan un ámbito de negociación propio formal”, ha explicado en el Senado Mónica García, donde ha insistido en que “esto es lo que se ha estado negociando en las últimas semanas”. “Un solo punto, al cual hemos dado respuesta”, ha asegurado. “¿A usted le ha pasado alguna vez negociar una cosa y romperla al salir por la puerta?”, ha preguntado García al senador madrileño y ex consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. “A mí me parece desleal”, espetó.

El Comité de Huelga pide la dimisión de la ministra

El Comité de Huelga ha respondido a la ministra a través de un comunicado en el que piden su dimisión “ante las mentiras reiteradas del ministerio”. “Sostiene que la reunión [prevista para este jueves con las comunidades autónomas] había sido solicitada por el Comité, al que le reprocha haber rechazado su última propuesta y mantener convocada la huelga que tendrá lugar la próxima semana”, indican. Una versión de los hechos que, dicen, “no se ajusta a la realidad”.

Según este relato, el Comité habría manifestado su disposición a estudiar la propuesta de la creación de meses de negociación específica para el colectivo médico y facultativo, pero habría quedado “expresamente establecido que la reunión con las comunidades autónomas solo tendría lugar en caso de que dicha propuesta fuese aceptada”. Algo que finalmente no ocurrió tras el “análisis” de la misma, que la reveló “inviable desde el punto de vista jurídico”.

La clave está en que las mesas sectoriales podrán constituirse dependiendo de las mesas generales de negociación, donde estos sindicatos no tienen representación. “Yo no decido quién se sienta en la mesa de negociación sindical, ¿quién lo decide? Las elecciones. ¿Me van a decir que yo me tengo que saltar la representación sindical, que es la que representa a los trabajadores?”, ha afeado la ministra.

Por eso, para los sindicatos médicos, “cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado, que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos”. “Estos son los primeros pasos imprescindibles para abordar el resto de demandas en materia de clasificación, jornada, jubilación, etc.”.

El 12 de agosto de 2026 está marcado en el calendario como una fecha para la observación astronómica en España. Ese día tendrá lugar un eclipse total de Sol visible desde buena parte del país, un fenómeno que no se produce en estas condiciones en la península Ibérica desde hace más de un siglo. La previsión de que sea visible en numerosas ciudades ha despertado el interés tanto de aficionados como del público en general.

A medida que se acerca la fecha, la planificación previa gana importancia. A diferencia de otros eventos, en un eclipse solar la experiencia depende en gran medida del lugar desde el que se observe. La posición del Sol, la presencia de obstáculos en el entorno o la propia ubicación dentro de la franja de totalidad pueden condicionar lo que se verá en ese momento. Por eso, elegir bien el punto de observación se ha convertido en una de las principales preocupaciones.

En este contexto, se ha señalado una fecha concreta que permite comprobar si un lugar es adecuado: el 29 de abril. Ese día se conoce como el día “espejo” del eclipse, una jornada que permite anticipar con bastante precisión cómo se comportará el Sol en el cielo el 12 de agosto. No es una simulación ni una estimación teórica, sino una comprobación directa que puede hacerse simplemente observando el atardecer.

Por qué el 29 de abril es clave para elegir dónde ver el eclipse

En el eclipse del 12 de agosto de 2026 el Sol estará muy cerca del horizonte, lo que hace que elegir bien el lugar de observación sea importante. Hay una fecha clave para comprobarlo, el 29 de abril, ese día está a la misma distancia del solsticio de verano que el propio eclipse, en torno a 52 días antes y después, lo que provoca que el Sol siga un recorrido muy parecido en el cielo.

En la práctica, se pondrá por casi el mismo punto del horizonte y con una altura similar, de modo que los obstáculos que puedan taparlo —como edificios, árboles o montes— serán prácticamente los mismos. Por eso se considera el día “espejo” del eclipse y una referencia útil para comprobar si el sitio elegido es adecuado.

Esta simetría convierte ese atardecer en una especie de ensayo general. Entre aproximadamente las 19:30 y las 20:30, el intervalo en el que la Luna cubrirá progresivamente el Sol en agosto, se puede observar si la visibilidad es correcta desde un lugar concreto. Si durante ese tiempo el Sol se ve sin obstáculos, el punto elegido será válido para el día del eclipse.

La comprobación es sencilla y no requiere equipamiento. Basta con situarse en el lugar previsto, ya sea una calle, un mirador o incluso un balcón, y observar la puesta de Sol. Si edificios, árboles o relieves del terreno impiden la visión, es probable que ocurra lo mismo en agosto. Por eso, el 29 de abril se presenta como una oportunidad para detectar problemas con antelación y buscar alternativas.

Además de esa fecha, los días inmediatamente anteriores o posteriores también pueden servir como referencia, aunque el 29 de abril es el que mejor reproduce las condiciones. Este margen permite repetir la comprobación si las condiciones meteorológicas no acompañan en ese momento.

Cómo utilizar el visualizador del IGN

Para facilitar la planificación, el Instituto Geográfico Nacional ha desarrollado un visualizador específico sobre eclipses solares. Esta herramienta combina un mapa interactivo con información detallada sobre los horarios y características del fenómeno en cada ubicación. El sistema permite introducir una dirección concreta y comprobar si ese punto se encuentra dentro de la franja de totalidad. Además, muestra datos como la hora de inicio, el momento de máxima ocultación y la finalización del eclipse. También incluye información sobre la altura del Sol y su orientación en cada fase.

El mapa es navegable y ofrece distintas vistas, desde imágenes más realistas hasta opciones de cartografía o callejero. A esto se suman capas adicionales que permiten enriquecer la información visual, facilitando la interpretación del terreno y su relieve. Una de las utilidades principales es comparar diferentes ubicaciones. De esta forma, se pueden valorar alternativas y elegir el punto que ofrezca mejores condiciones dentro de la zona de totalidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el visualizador se basa en datos del relieve y no contempla elementos como edificios o árboles, que sí pueden afectar a la visibilidad real.

Cómo elegir un buen lugar para vivir el eclipse

Uno de los factores determinantes será la posición del Sol durante el eclipse. En España, el fenómeno coincidirá con el final del día, cuando el astro esté muy próximo al horizonte. Esto obliga a dirigir la mirada hacia el oeste y a buscar un lugar con esa orientación despejada. Cualquier elemento que se interponga en esa dirección puede impedir la observación completa.

La elección del entorno es clave. Espacios abiertos, zonas elevadas o lugares con vistas amplias ofrecen mejores condiciones que áreas urbanas con edificios altos o entornos con vegetación densa. La altura del terreno también puede marcar diferencias, ya que permite ganar visibilidad sobre posibles obstáculos. Otro aspecto relevante es la ubicación dentro de la franja de totalidad. Este eclipse atravesará España de oeste a este, pasando por ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza o València, entre otras.

La duración del eclipse también varía según el lugar. En total, el fenómeno tendrá una duración global de algo menos de cuatro horas y media desde que comienza hasta que finaliza en su recorrido por la Tierra. En España, el momento de mayor interés será el tramo final, cuando se produzca la ocultación completa coincidiendo con la puesta de Sol.

A esto hay que sumarle la previsión meteorológica. Aunque no se puede garantizar con antelación, el hecho de que el eclipse tenga lugar en verano aumenta las probabilidades de cielos despejados en muchas zonas del país. Aun así, este factor sigue siendo incierto y conviene tenerlo en cuenta en la planificación.

También se recomienda optar por lugares accesibles. Elegir un punto cercano al domicilio o al que se pueda llegar fácilmente, incluso a pie, puede evitar complicaciones logísticas. Se espera que el evento genere desplazamientos hacia las zonas de totalidad, lo que podría traducirse en tráfico o dificultades de acceso.

Apartar de los efectos más perniciosos de las redes sociales a los menores de 16 años, cuyo cerebro es muy sensible al cóctel de dopamina, ansiedad y sobreestimulación que desencadenan sus algoritmos. Sobre el papel, la idea es sencilla y ha generado consenso internacional. En la práctica, las experiencias de Francia intentando adaptarla a las leyes europeas y los primeros meses de aplicación práctica en Australia han mostrado que la iniciativa representa uno de los mayores retos en la regulación de Internet de los últimos años.

En Francia, Emmanuel Macron emuló a su homólogo español Pedro Sánchez y convirtió la prohibición de redes sociales para adolescentes en una prioridad de su gobierno. En enero, mientras la Fiscalía gala abría una investigación contra X por presunto abuso infantil, Macron pidió a la Asamblea Nacional que tramitara por “el procedimiento de urgencia” el proyecto para establecer una edad mínima de 15 años para el uso de redes sociales en Francia. Hasta ahora el país no había definido por ley este extremo, dejando la decisión a las propias redes.

“El cerebro de nuestros niños y adolescentes no está en venta. Sus emociones no están en venta, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos”, afirmó el presidente francés. Pese a ello, la tramitación está resultando más ardua de lo esperado. Tras una negociación que llegó hasta la medianoche, la Asamblea Nacional aprobó en marzo un texto con enmiendas a la propuesta del Gobierno que, en su paso por el Senado, ha recibido también cambios sustanciales y eliminado la prohibición total.

El cerebro de nuestros niños y adolescentes no está en venta. Sus emociones no están en venta, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos

Emmanuel Macron

La cámara alta gala ha sustituido ese veto completo para los menores de 15 por dos categorías de riesgo. Ahora, la ley distingue entre las plataformas “perjudiciales”, que quedarían prohibidas, y las “menos dañinas”, que serían accesibles con autorización familiar. La encargada de decidir la categoría de cada red social sería la Arcom, la autoridad reguladora audiovisual, un ente administrativo.

El Senado, con mayoría de la coalición de partidos de derecha y centro-derecha, asegura que la propuesta inicial violaba las libertades fundamentales. El Gobierno y sus apoyos en la Asamblea Nacional, sin embargo, han criticado los cambios. “Ponen en peligro el texto entero”, ha afirmado la diputada Laure Miller, ponente del texto inicial; mientras que la ministra de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, ha afirmado que la reformulación entra en conflicto con las leyes europeas y abre la puerta a que las redes calificadas como “perjudiciales” lo impugnen en los tribunales.

Ahora, una comisión mixta de diputados y senadores intentará llegar a un acuerdo para un texto conjunto. “Lo que decimos es simple: las redes sociales no son inofensivas”, ha insistido ante esas negociaciones Miller.

Entre la prohibición completa y el “control blando”

Desde que Australia lo pusiera en marcha a finales de 2025, más de una docena de Gobiernos de todo el mundo han anunciado sus propios planes para controlar el uso de redes sociales por parte de los adolescentes. En Europa, Francia es el país que ha avanzado más en su tramitación parlamentaria. Grecia, donde el Gobierno de Nueva Democracia tiene mayoría absoluta, ha anunciado que aprobará en verano un veto completo de las cuentas de menores de 15 años que se activará el 1 de enero de 2027.

Los debates que se están dando en el país galo entre la prohibición dura y una ley con excepciones para los menores que cuenten con aprobación familiar se repiten en todos los casos. En el Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer ha anunciado su intención de ejecutar una norma de este estilo, se han rechazado ya dos proposiciones realizadas por la Cámara de los Lores que trataban de imponer una prohibición total para los menores de 16 años.

España se encuentra cerca de acercarse al mismo dilema. La última del Gobierno sobre la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales que se tramita en el Congreso incluye una prohibición total para los menores de 16. El PP no ha aclarado el sentido de su voto, pero cuando el Gobierno hizo su anuncio Feijóo replicó que su partido ya propuso prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 14 años. El PP ha registrado más de medio centenar de enmiendas al proyecto de ley de Protección al Menor en el Entorno Digital y entre ellas proponen que sí se permita que los adolescentes de entre 14 y 16 años las utilicen si tienen consentimiento “expreso y verificable” de sus padres.

“Espero que a ningún grupo se le ocurra votar en contra de esa ley porque algunos se le llena la boca diciendo que ya lo habían dicho ellos”, afirmó el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en una reciente entrevista con elDiario.es. “Espero que nadie sea tan insensato”, recalcó.

Desde Sumar, inciden en que “lo importante es el empoderamiento digital de los jóvenes y la alfabetización mediática para prevenir y evitar usos inadecuados”. “Nuestras vidas son híbridas y la formación de todas las personas también tiene que estar enfocada a cómo desarrollarse como ciudadanas en el espacio digital, al igual que se forman para ello en otros ámbitos de la sociedad”, añaden, pidiendo que el peso regulatorio recaiga “sobre las plataformas y los grandes caudillos digitales. Son ellos quienes tienen que asegurar el cumplimiento de los derechos de todas las personas, también los menores, en el espacio digital”.

Por el momento no se ha fijado un calendario para la votación de la Ley, aunque esta podría llegar en torno a verano u otoño. Mientras, la industria digital también se ha posicionado en contra del “control duro” por el que aboga el Gobierno, proponiendo en su lugar medidas como la concienciación o el control parental.

La aplicación con la que se llevaría a cabo es Cartera Digital Beta, desarrollada por el Gobierno y testada en un proyecto piloto coordinado desde Bruselas. Su uso obligaría a los adultos a demostrar su edad periódicamente para continuar usando estas plataformas, aunque el Ejecutivo asegura que el proceso será privado y seguro.

Las lagunas en la aplicación práctica en Australia

El único país que ha llevado a la práctica una prohibición de este estilo ha sido Australia, convertida ya en un experimento social a gran escala. El país prohibió en diciembre el uso de redes sociales a menores de 16 años, dejando todo el peso del veto sobre las plataformas. Estas deben imponer “medidas razonables”, a través de las tecnologías a su alcance, para bloquear cualquier cuenta que no cumpla el requisito de edad, bajo multas de 49,5 millones de dólares australianos (unos 30 millones de euros).

Sin embargo, a los pocos meses de su entrada en vigor, la iniciativa ha revelado importantes vulnerabilidades y ha demostrado ser fácil de eludir para los adolescentes. Tal y como ha documentado un reportaje de Bloomberg, los menores están utilizando tácticas como el uso de redes privadas virtuales (VPN) o fotografías de sus hermanos mayores para burlar los sistemas de las plataformas, que se basan en selfies, fotografías de carnés de conducir y documentos de identidad.

Los primeros datos oficiales confirman las limitaciones de la norma australiana. Según el informe de marzo de 2026 del regulador eSafety, aunque desde la entrada en vigor de la ley se han eliminado o restringido cerca de 4,7 millones de cuentas de menores, el 70% de los adolescentes que ya usaban plataformas como Instagram, TikTok o Snapchat antes de diciembre han mantenido su acceso. La principal grieta está en la verificación: el 67% de los padres declara que sus hijos no fueron sometidos a ningún control de edad por parte de las plataformas.

A esto se suma que la ley cuenta con excepciones importantes: plataformas como WhatsApp, Messenger o el popular videojuego Roblox no están vetadas. Esto ha generado que los adolescentes desplacen su consumo hacia estas redes desde otras como Instagram o TikTok, que sí han quedado prohibidas.

Las familias, por su parte, también están divididas. Muchas argumentan que la aprobación de la ley ha facilitado la desconexión de los menores de las plataformas, eliminando parte de la presión de grupo. Otros, en cambio, afirman que ya es tarde para los que ya habían normalizado su uso. “Una vez que se las das, no se las puedes quitar”, dice Megan Russell, madre de un adolescente de 16 años y dos gemelas de 14. “Creo que a los que ya tienen entre 12 y 16 años, simplemente hay que descartarlos. No creo que vaya a funcionar. Esperemos que funcione para los que ahora se acercan a los 12”.

Habían mantenido reuniones discretas la semana pasada, pero volvieron a volar los puentes hace apenas unas horas. Los sindicatos médicos han confirmado que mantendrán la huelga de cuatro días prevista para la próxima semana ante la “ausencia de avances sustanciales” en las conversaciones con el Ministerio de Sanidad. Las nuevas propuestas que ha puesto sobre la mesa el departamento que dirige Mónica García han sido insuficientes para el Comité de Huelga.

Que los sindicatos médicos hayan avanzado que retomarán los paros del próximo lunes, dentro del calendario de movilizaciones mensuales que iniciaron en febrero, ha hecho que Sanidad desconvoque la reunión prevista para este mismo jueves, a la que se estaba llamando a las comunidades autónomas a asistir de forma telemática. Según fuentes cercanas a la negociación, habían sido los propios sindicatos médicos quienes habían pedido la participación de las consejerías en el proceso.

Representantes del Ministerio y el Comité de Huelga se habían reunido en dos ocasiones la semana pasada, el lunes y el viernes. Estos encuentros se produjeron tras la negativa de los médicos a que la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar, mediara en el conflicto. Para rebajar las tensiones, los equipos negociadores habían acordado no pronunciarse sobre el contenido de esos encuentros.

Sanidad no realizó ninguna comunicación de esas reuniones y los sindicatos médicos apenas emitieron una breve nota el viernes. En ella, informaban de que se había mantenido “una reunión de trabajo en la que ambas partes se han comprometido a seguir intercambiando propuestas y a mantener próximos encuentros para continuar con la negociación”.

Esos encuentros no han llegado a producirse. En la noche del martes, el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) avanzaron que las movilizaciones continuarían.

“Aunque la propuesta ministerial generó inicialmente ciertas expectativas, su análisis detallado evidencia que no da respuesta suficiente a los problemas estructurales del colectivo médico ni garantiza mejoras reales en sus condiciones laborales”, indicaban en un comunicado que dinamitó la reunión que estaba preparándose.

Uno de los puntos de fricción que ha frenado las conversaciones ha sido la representatividad de los sindicatos médicos, minoritarios en las mesas generales de negociación. Sanidad había propuesto al Comité de Huelga la creación de mesas técnicas a nivel autonómico en las que estuvieran presentes estas organizaciones, en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público. Para ello, se requiere del consenso de las comunidades autónomas, que estaban siendo convocadas, y finalmente desconvocadas, para este jueves.

“Esas mesas técnicas están supeditadas a las generales en las que, como todo el mundo sabe, están únicamente los sindicatos generalistas. Es decir, aquellos que tienen una alta implantación por número de afiliaciones y de trabajadores a los que representan”, explica el secretario general de CESM, Víctor Pedrera.

En este sentido, los médicos reclaman un estatuto y una voz propia, frente al resto de trabajadores de la sanidad pública, que cifran en el 85% del total y exigen a Sanidad un estatuto médico. “En toda Europa, menos en España, Croacia y Rumanía, los médicos se regulan de forma individual”, señala Pedrera, que indica que los sindicatos de clase representan a médicos, pero también a otros profesionales del ámbito sanitario.

Además de este estatuto propio y un ámbito de negociación específico, los médicos reclaman una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación, un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico y una clasificación profesional justa. “Debe contemplarse de forma clara el nivel de responsabilidad. La persona que le acerca las pinzas al cirujano y el cirujano que decide por dónde se corta no pueden estar encuadrados en un mismo nivel de catalogación laboral”, considera Pedrera.

A principios de marzo, en el Foro de la Profesión Médica, el Ministerio se comprometió a reforzar el papel de la entidad en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, a reconocer la penosidad de las guardias y a “estudiar” la aplicación de coeficientes reductores para la edad de jubilación. Pero desde Sanidad llevan semanas insistiendo en que muchas de las reivindicaciones escapan de su ámbito competencial, algo que reconocen incluso desde los sindicatos convocantes de la huelga.

Con todo, desde la CESM indican que la negociación del Estatuto Marco se llevó a cabo con el Ministerio quien, dicen, “tiene la potestad de modificar una ley”. El Estatuto Marco, señala Pedrera, “era necesario abrirlo, pero no puedes cerrarlo en falso y dejar a los médicos como estaban. El médico moderno quiere tener unas condiciones laborales exactamente iguales que un celador o una enfermera y negociar con la administración”.

Sucedió entre el 8 y 14 de abril y todo apunta a una acción bien planificada: alguien subió hasta la cima del Aneto, una excursión muy exigente, de varias horas y no menos de 1.500 metros de desnivel, cargando una herramienta tipo radial. A 3.404 metros, tras atravesar el famoso y expuesto Paso de Mahoma y a las temperaturas bajo cero que aún azotan la cumbre, cortaron por la base la cruz que corona el pico más alto del Pirineo. Hasta aquí parecen hechos: un vídeo de un montañero publicado en Hoy Aragón muestra el corte.

Para el terreno de la especulación queda qué ha sido de la cruz, una estructura de tres metros de alto y más de cien kilos de peso, de la que no hay rastro. El pensamiento más extendido es que fue arrojada montaña abajo y se encuentra sepultada en la nieve, teoría que confirmará o desmentirá el deshielo estival. La cruz fue instalada en 1951 por el Centro Excursionista de Catalunya en una operación en la que participaron decenas de personas, muchas francesas. El Greim de la Guardia Civil volvió a colocar el símbolo este verano pasado, tras dos años de ausencia por restauración.

La del Aneto no es la única cruz desaparecida de un pico recientemente: a raíz de este incidente, montañeros del club Peña Guara han informado al Heraldo de que el Pico Gratal, en Huesca, también ha perdido la suya. En este caso se echa en falta desde antes del invierno.

El suceso ha conmocionado a la zona, según el alcalde de Benasque, localidad donde se encuentra el Aneto, y ha agitado el sempiterno debate entre tradición y ocupación del espacio público, especialmente las montañas, con símbolos religiosos. El regidor, Manuel Mora, ya ha asegurado que se repondrá el símbolo, sea el original si se localiza, sea uno nuevo porque “va más allá de ser un tema religioso, no se puede ir por ahí rompiendo cosas. Si fuera un tema religioso, por qué han dejado a la Virgen del Pilar y a San Marcial. No tiene sentido”, ha reflexionado en alusión a las dos figuras, también presentes en la cumbre. “El sentimiento de los benasqueses es de sorpresa e indignación”, asegura.

El Heraldo de Aragón ha realizado una encuesta según la cual tres de cuatro personas son partidarias de mantener los símbolos por su interés histórico y social.

Un terreno abonado para las cruces

Las montañas son territorio abonado para la instalación de elementos religiosos, sobre todo cruces y vírgenes católicas y belenes. Están en picos por todo el territorio: el más alto de la península, el Mulhacén, en Granada, tiene una Virgen de las Nieves en un pequeño altar; el mítico Urriellu (el Naranjo de Bulnes), en Picos de Europa, aloja a la Virgen del Picu, que también fue vandalizada y repuesta hace unos años.

La lista es interminable. Europa Laica tiene contabilizados 516 elementos por toda España. También es habitual instalar pequeños belenes en Navidad y otros elementos, siempre vinculados a la religión católica, aunque es posible encontrar otro tipo de ejemplos: en la Mesa de los Tres Reyes, el pico más alto de Navarra, está el castillo de Javier, aunque también hay una imagen del santo.

En los últimos años, ha habido campañas para colocar más cruces en los picos y también para exigir su retirada. “Cada vez hay más cruces”, asegura José Antonio Naz, presidente de la organización Europa Laica, que pide la retirada de estos símbolos. “Esto es un estado aconfesional y, además, un país que habitan personas de todo tipo. Unas serán creyentes de la cruz, otras no, otras no son creyentes de nada. Si en los espacios públicos ponemos cada uno nuestro símbolo y llenamos los montes de la media luna islámica, la estrella de David... No tiene sentido que existan a estas alturas del siglo XXI”.

La comunidad montañera madrileña se agitó en 2014 cuando grupos católicos colocaron una cruz y una virgen en la cima de La Maliciosa, uno de los picos más emblemáticos de Madrid, como parte de un proyecto para instalar 1.300 elementos por toda la región. El Gobierno regional lo prohibió, retiró los elementos de la cumbre y no se volvió a saber.

Enfrente, organizaciones como Europa Laica exigen su retirada por suponer una ocupación del espacio público por parte de una religión concreta en un estado laico como España. La organización Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), de Aragón está en la misma línea. Este grupo ha batallado judicialmente con Vox a cuenta de otra cruz en Bezas de la Sierra de Albarracín. El Gobierno regional decidió eliminarla porque el monumento atrae rayos por su material y altura, pero el partido ultra recurrió.

“Es un problema del presente”

Miguel del Arco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, sostiene que instalar cruces en el espacio público, sean las montañas o terreno urbano, “es una colonización del espacio para dotarlo de un significado concreto. Lo mismo que si pusiésemos una media luna. Hacerlo hoy tiene un fin”, sostiene.

El también autor del libro Cruces de memoria y de olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021), publicado por Crítica, sostiene que “las destrucciones de símbolos, que han sucedido siempre, ocurren por problemas que hay en el presente”. “Es una forma de contestar, de entender que la naturaleza no es de Cristo o de una religión concreta. Se quiere transformar el paisaje, igual que el que puso el símbolo”, valora.

Cuando se le pregunta por el argumento de la tradición en defensa de las cruces, este experto explica que “todos los lugares tienen su historia y cada lugar su explicación. No es lo mismo una cruz desde el siglo XVIII a las puertas de un pueblo, porque hemos tenido una historia cristiana, que otra colocada hace pocos años. Somos una sociedad democrática y si alguien decide reconfigurar el espacio se tiene que hablar”. En este sentido, sostiene, decidir reinstalarla, como se ha hecho, “es una decisión política”.

Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), explica que aunque “la Federación es deportiva y opina sobre cuestiones deportivas, en relación a los símbolos respetamos las decisiones de quien los pone y de las tradiciones que se han establecido a lo largo del tiempo. Cualquier acto vandálico al respecto está fuera de lugar. Si uno no está de acuerdo con un símbolo lo que tiene que hacer es recurrir a los medios legales. El caso del Aneto me parece una falta de respeto a las tradiciones y al símbolo”, sostiene. “Ya no es solo un símbolo religioso, es un símbolo de esa cima como hay en muchas otras. En el Himalaya hay muchas banderas de oración y todo el mundo las respeta, a nadie le parecen mal”, observa.

Sus compañeros de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) son más contundentes y están abiertamente a favor de que se reponga. “Es un símbolo de la cima, algo histórico, [y quitarla] es una falta de respeto a la historia del montañismo y, en especial, de esta cima”.

“La tradición, ¿cuándo empieza?”, rebate Naz, de Europa Laica. “¿Cuando alguien hace algo por primera vez? ¿Entonces eso hay que repetirlo y replicarlo? Antiguamente, la tradición era tener esclavos o tirar cabras desde un campanario, ¿mantenemos también esas tradiciones? Tenemos que atenernos a la legislación, y la Constitución consagra a España como un país aconfesional”, reflexiona.

El alcalde Mora, que se define como “montañero y montañés”, opina que “cada uno ve las cosas como quiere verlas. [La cruz] es un motivo que señala tantas cimas de tantos montes del mundo que el que sea religioso lo puede ver así, y el que no lo tiene tan fácil como no cruzar a la cumbre, la precumbre [antes de cruzar el paso de Mahoma] está prácticamente a la misma altura. Nadie protestó cuando se pusieron las cosas y creemos que es así como tiene que seguir”, sostiene.

El escritor Pablo Batalla, autor del libro La Bandera en la Cumbre (Capitán Swing), sobre el uso político del montañismo por todo tipo de regímenes e ideologías, admitía durante la promoción de ese texto que “el cristianismo ha procurado dejar su pequeña o gran marca en todas las cumbres del país, ha sido muy voraz”, pero a la vez concedía que, pese a considerarse progresista, no le molestaban los belenes en las cumbres, muy típicos en su Asturias natal. “Me gustan. Y la Virgen de la cumbre del Naranjo de Bulnes me puede molestar un poco más, pero el cuerpo tampoco me pide quitarla, veo ahí un testimonio de la historia. Cuando voy a la montaña no me gusta solo la naturaleza, me gusta también apreciar la historia y la historia política que pasó por allí”.

Del Arco desliza que es un debate sin solución. “No nos ponemos nunca de acuerdo con qué hacer con estos símbolos, que están un poco contaminados, imagina ponernos de acuerdo sobre qué queremos conmemorar”.

Lo que parece evidente, a raíz de las declaraciones de unos y otros, es que el Aneto volverá a tener cruz. La original, si aparece y está en un estado que lo permita, o una réplica. Y el debate público seguirá.

Los macacos de Gibraltar han aprendido a comer tierra para aliviar el malestar estomacal causado por el consumo excesivo de aperitivos dulces y salados que les dan los turistas. Es la principal conclusión de un estudio liderado por Sylvain Lemoine, de la Universidad de Cambridge, que se publica este miércoles en la revista Scientific Reports. 

“Creemos que los macacos comenzaron a comer tierra para proteger su sistema digestivo contra el alto contenido energético y el bajo contenido en fibra de estos bocadillos y alimentos basura, que han demostrado causar trastornos gástricos en algunos primates”, asegura Lemoine. Según los investigadores, ingerir tierra puede ayudar a reequilibrar el estómago de los monos al proporcionarles bacterias y minerales ausentes en la comida basura, y es probable que también ayude a proteger el intestino y a aliviar o prevenir la irritación causada por el exceso de azúcar y grasa. La tierra consumida actúa como una barrera en el tracto digestivo, limitando la absorción de compuestos dañinos y podría aliviar síntomas gastrointestinales, desde náuseas hasta diarrea.

Durante 98 días de observación entre el verano de 2022 y la primavera de 2024, los científicos registraron 46 eventos de ingesta de tierra en 44 animales diferentes. Los autores consideran que es la primera vez que se documenta científicamente que este grupo practica regularmente la “geofagia” (la ingestión intencionada de tierra) y que lo hace por culpa de la actividad humana.

Los macacos de Gibraltar —la única población de monos en libertad de Europa— suman alrededor de 230 ejemplares repartidos en ocho grupos estables que habitan diferentes zonas del Peñón y son una importante atracción turística. Aunque las autoridades locales les proporcionan diariamente fruta, verdura y agua, y está prohibido alimentar a los monos, casi una quinta parte de todos los alimentos consumidos por los macacos (un 18,8%) es comida basura procedente de turistas.

Los resultados indican que los animales en contacto frecuente con turistas comen mucha más tierra, y que las tasas de ingesta de tierra son más altas durante la temporada alta de vacaciones. Los investigadores también han comprobado que este comportamiento se transmite socialmente, ya que los diferentes grupos tienen preferencias por ciertos tipos de suelo, por lo que es un ejemplo de una cultura animal emergente y una “tradición” creada al vivir en un entorno dominado por los humanos.

Creemos que los macacos comenzaron a comer tierra para proteger su sistema digestivo contra el alto contenido energético de estos bocadillos y alimentos basura

Sylvain Lemoine — Antropólogo de la Universidad de Cambridge y líder del estudio

Los macacos que habitan en zonas concurridas, principalmente en la cima del Peñón de Gibraltar, tenían dos veces y media más probabilidades de consumir comida basura para turistas que los animales de otras zonas. En las zonas bajas de las laderas de Gibraltar, donde no tienen contacto con turistas ni acceso a comida humana, se observaron muchos menos casos de geofagia. En general, la población de macacos tenía aproximadamente un 40% menos de probabilidades de comer comida procedente de los turistas en invierno que en verano, y la geofagia también disminuyó en torno a un 31% en invierno.  

De arcilla o de asfalto

La geofagia es común en animales y en algunas culturas humanas y suele estar asociada a la ingesta de nutrientes durante el embarazo. Sin embargo, los investigadores no encontraron un aumento en la ingesta de tierra en macacos durante el embarazo o la lactancia, lo que sugiere que no se debe a la necesidad de suplementación.

Por otro lado, alrededor del 30% de los casos de geofagia se produjeron en grupos, con varios animales comiendo tierra juntos del mismo afloramiento, y el 89% de todos los incidentes tuvieron lugar en presencia de otros macacos que a menudo observaban, lo que sugiere que este comportamiento es “aprendido socialmente”.   

Asimismo, los monos mostraron una clara preferencia por ciertos tipos de suelo, y la mayoría buscaban la “terra rossa” o tierra arcillosa roja que se encuentra en todo Gibraltar, hasta representar el 83% de todos los incidentes de geofagia. Sin embargo, un grupo que deambula por las laderas occidentales inferiores del Peñón tenía predilección por la tierra atascada de alquitrán recogida de los baches de las carreteras asfaltadas, que constituía el 70% de su geofagia.

Los científicos pusieron a prueba experimentalmente estas preferencias presentando a algunos animales una variedad de muestras de tierra dispuestas en bandejas y los resultados sugieren que han surgido “tradiciones locales” de comer tierra dentro de diferentes grupos de monos.

El problema de los helados

Algunos casos de geofagia observada se produjeron poco después de que los investigadores vieran al mismo macaco consumir pan y helado. Este último es uno de los productos más sospechosos, por su contenido en lactosa. “Los primates no humanos se vuelven intolerantes a la lactosa después del destete, por lo que se sabe que los lácteos causan problemas digestivos en los monos, y el helado es enormemente popular entre los turistas de Gibraltar y, por consiguiente, entre sus macacos”, apunta Lemoine. 

Antonio José Osuna Mascaró, doctor en Biología y especialista en comportamiento animal que no ha participado en el estudio, coincide en que el helado es el principal sospechoso de haber producido esta geofagia en los macacos. “En verano aumenta el turismo en Gibraltar y con él la comida humana al alcance de los monos”, explica a elDiario.es. “El helado, que para un turista es un capricho, para un macaco adulto puede ser una fuente bastante razonable de malestar digestivo. Quizá la geofagia no sea aquí un misterio exótico, sino una respuesta muy práctica a un problema muy concreto. El estudio no lo demuestra, pero deja la puerta entreabierta, y sería interesante que explorasen esa posibilidad en el futuro”. 

Educar a los turistas

Para Mª Carmen Hernández, profesora ayudante doctora del área de Zoología en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), este trabajo pone de manifiesto, de forma directa, el impacto de la actividad humana sobre la conducta y el bienestar de los animales salvajes. La especialista recuerda que la geofagia es un comportamiento bastante extendido en el reino animal y que la ingesta de arcilla aporta minerales esenciales como el sodio y puede actuar como protectora de la mucosa intestinal y como antidiarreico.

Se pone de manifiesto la importancia de educar a los turistas a la hora de visitar fauna salvaje o semisalvaje de no proveerla de alimentos

Andreu Sánchez Megías — Investigador de la Universidad de Barcelona (UB)

En este caso, explica Hernández al SMC, los investigadores encuentran que se está produciendo como mecanismo para paliar el malestar gastrointestinal producido por los alimentos procesados de origen humano. “Además, estas presiones antropogénicas podrían estar favoreciendo un fenómeno de transmisión cultural dentro de los grupos sociales de macacos, ya que los distintos grupos exhiben preferencias diferentes por tipos concretos de sustrato”.

Ana Fidalgo, presidenta de la Asociación Primatológica Española (APE), cree que las conclusiones deben interpretarse con cautela. “Toda la evidencia procede de una única población que no habita un contexto natural para la especie, sino un entorno artificial con provisionamiento regular de alimento y dietas muy alejadas de las condiciones ecológicas originales”, asegura al SMC. “En conjunto, el estudio aporta información valiosa a escala local, pero refuerza la necesidad de prudencia al extrapolar estos resultados al comportamiento natural del macaco de Berbería en general”.

Andreu Sánchez Megías, investigador de la Universidad de Barcelona (UB), cree que el estudio recalca lo nocivo que es el hecho de que los turistas provean con alimentos ultraprocesados humanos a los animales de naturaleza, que pueden afectar a otra fauna. “Se pone de manifiesto la importancia de educar a los turistas a la hora de visitar fauna salvaje o semisalvaje de no proveerla de alimentos, especialmente de aquellos que puedan ser nocivos para su salud”, resume. “Es muy importante de integrar este aspecto en las campañas de sensibilización para los turistas para así asegurar una buena convivencia con los animales”. 

El negocio de la aviación comercial no puede sobrevivir sin emitir grandes cantidades de CO₂, el principal gas de efecto invernadero que causa la crisis climática. Al ser dependiente de un combustible fósil, el queroseno, derivado del petróleo, en cuanto han llegado los problemas por la guerra en Irán, las aerolíneas han vuelto a pedir ayudas de dinero público para su sector.

Lo que la patronal europea A4E pide a la Comisión Europea, entre otras cosas, es que se eliminen impuestos sobre su actividad, que se paralice el mecanismo ideado para que contengan sus emisiones de CO₂ en la UE y que los ingresos del mercado de carbono –regido por el lema: 'quien contamina paga'– se inviertan en su sector. También que los gobiernos se olviden, de momento, de los planes que había en marcha para que afrontaran nuevas tasas por su impacto ambiental.

La Comisión, por su parte, ha aclarado este lunes que “el mensaje está claro: no hay escasez de combustible de aviación en este momento. Sabemos que la situación no es la ideal y nuestro papel es prepararnos para diferentes escenarios y la disponibilidad de fuel para los aviones es una prioridad”.

Al mismo tiempo, la aviación global provoca entre el 2% y el 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Tras el parón provocado por la covid, no han hecho más que incrementarse a grandes saltos. En 2024, crecieron un 8% y, para 2025, volvieron a crecer y superar el nivel prepandemia. Los aviones emiten ya, aproximadamente, 1.000 millones de toneladas de CO₂ (1Gt de gases invernadero).

No podemos seguir subvencionando a un sector que ya está dopado. Así perpetuamos el negocio adicto al petróleo. Lo que ocurre ahora con la guerra en Irán no es accidental, sino la consecuencia de una adicción que se evidencia cada vez que hay una crisis

Cristina Arjona — Responsable de movilidad en Greenpeace

A pesar de estas cifras, la aviación como sector no está obligado a rendir cuentas a nadie por sus emisiones. Si los estados del mundo se comprometieron a limitar sus emisiones para frenar el calentamiento global con el Acuerdo de París de 2015, la aviación internacional está fuera de la regulación internacional. Su sistema de reducción de emisiones es voluntario y diseñado por la Organización de Aviación Civil Internacional donde participan las propias empresas.

“Es inadmisible porque ya llueve sobre mojado”, opina la responsable de movilidad de Greenpeace, Cristina Arjona. Se refiere a que, por ejemplo, las aerolíneas no pagan impuestos por su combustible. Tampoco hay IVA para los vuelos internacionales y los domésticos, como, por ejemplo, en España, gozan de un IVA reducido del 10% en lugar del 21%.

Récord de beneficios a costa de daño ambiental récord

Estas ventajas fiscales de la aviación suponen un ahorro para las compañías de miles de millones de euros cada año. La organización Transport&Environment calculó que, en 2022, las exenciones de impuestos sumaron 4.600 millones de euros solo en España.

Estos privilegios se han sustentado en los planes para impulsar la conectividad y el turismo y evitar dobles imposiciones en la aviación internacional. “España es el segundo país que más dinero pierde en impuestos del sector aéreo de toda la UE, por detrás de Francia y por delante de Alemania e Italia”, concluía el análisis.

La patronal europea de aerolíneas ha defendido que los impuestos a la aviación “restringen los beneficios sociales y económicos que esta industria puede generar y, por lo tanto, imponer costes significativos a la sociedad”.

Todo este esquema no les ha funcionado mal a las aerolíneas. En 2025, Iberia obtuvo un beneficio récord de 1.300 millones de euros (un 27% más), y el grupo al que pertenece, IAG (en el que también está British Airways) llegó a los 3.300 millones de euros de beneficio neto. El grupo Lufthansa informó de un beneficio operativo de 2.000 millones y el formado por KLM-Air France llegó a los 1.750 millones de euros de beneficios. La compañía Qatar Airlines marcó un récord absoluto con 2.000 millones de beneficio. LATAM Airlines informó de una ganancia neta de 1.235 millones de euros. Ryanair ganó 1.610 millones.

Con todo, varios ejecutivos de esta patronal ya han dicho públicamente que si el precio del queroseno sube sostenidamente, terminarán pasando el coste a los viajeros, es decir, subirán los precios de los billetes. Al mismo tiempo, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, acaba de calcular que las empresas españolas incrementarán su negocio este verano y que no ve riesgo de combustible.

¿Alternativas?

“No podemos seguir subvencionando a un sector que ya está dopado. Así perpetuamos el negocio adicto al petróleo”, explica la portavoz ecologista. Según su análisis, “lo que ocurre ahora con la guerra en Irán no es accidental, sino la consecuencia de una adicción que se evidencia cada vez que hay una crisis. No deberíamos asistir más a unas aerolíneas que se niegan a pagar impuestos, incluso por el combustible fósil que consume”.

Es esta adicción al petróleo la que provoca que el sector tenga muchas dificultades para ser sostenible desde el punto de vista climático. La industria menciona repetidamente los combustibles sintéticos (SAF) como su llave hacia la descarbonización, pero la Agencia Internacional de la Energía ha advertido de que su aplicación es exigua (menos del 1%) cuando debería llegar al 10% en 2030. También ha analizado que gran parte de los recortes emisiones que la industria de la aviación prevé conseguir en 2050 con esos combustibles dependen de tecnologías que todavía están en fase de prototipo.

El daño que provoca la aviación es un impacto que unos pocos privilegiados generan al planeta: aproximadamente el 1% de la población mundial es responsable del 50% de todas las emisiones de CO₂ generadas por los aviones. Los efectos del cambio climático se dejan sentir en todo el planeta y, con especial virulencia, sobre las poblaciones económicamente más débiles.

“No hablamos de dejar de hacer cosas o hundir el sistema, sino cambiar hacia alternativas que nos ayudan a reducir la dependencia de los combustibles fósiles”, aclara Cristina Arjona. Desde reducir vuelos innecesarios “que se hacen por consumo rápido o de negocio que podrían solventarse con reuniones online” hasta “mejorar las conexiones ferroviarias con, por ejemplo, trenes nocturnos que han desaparecido” o incluso “un impuesto progresivo a los billetes, sobre todo para que paguen más en la clase business”.

Stella Maldonado sigue desde hace años cualquier pista que encuentra sobre su abuela, una de las miles de víctimas represaliadas por el franquismo. Como si de un puzzle se tratara, va intentando unir las piezas de aquí y de allá para intentar recomponer una historia silenciada cuyo rastro documental, como ocurre en todos los casos, está desperdigado por diferentes archivos. Uno de ellos es el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI), del que ha recibido el expediente penitenciario del paso por la cárcel de su abuela con muchos de los nombres propios y firmas del documento borrados.

No es un caso excepcional, sino la práctica habitual de un archivo que custodia miles de fondos sobre la represión franquista al que acuden regularmente investigadores y familiares de víctimas. Un grupo de ellos llevan unas semanas impulsando una petición al Gobierno para reclamar la “apertura” del archivo, sobre el que denuncian “censuras y malas prácticas” aplicadas sobre la documentación cuando intentan consultarla. A Stella, el expediente de su abuela le llegó más de un año después de hacer la solicitud oficial, algo que no le ha pasado en ninguno de los otros archivos a los que ha pedido información.

El expediente carcelario de su abuela, Matilde Sánchez Álvarez, que fue detenida en abril de 1939 en Madrid junto a otros familiares, detalla las entradas y salidas de la prisión de El Escorial en días puntuales, por ejemplo para asistir al Consejo de Guerra que la condenó por sus “ideas izquierdistas”. Cada una de las anotaciones aparece como un breve registro fechado y firmado por la autoridad correspondiente, pero son algunas de estas firmas (por ejemplo, la de “El oficial”), las que aparecen cubiertas con un borrón blanco, impidiendo su lectura. También el archivo ha ocultado las palabras que siguen a las expresiones “se une al expediente de”, en lo que parecen los nombres de otros represaliados.

“No tengo ningún interés en ir a conocer a los descendientes del oficial que firmó su entrada en la cárcel ni nada parecido, pero no es comprensible que hagan esto. Investigar la historia familiar es buscar una aguja en un pajar y esto dificulta tirar del hilo”, traslada Stella, cuya única finalidad es “conocer” la vida de su abuela, que falleció con 95 años sin apenas hablar sobre su historia. Es también el objetivo de José Lázaro, que está indagando en la represión sufrida por su abuelo y su tío abuelo. Ambos pasaron por la cárcel de Porlier, siendo el primero fusilado en la tapia del cementerio del Este y el segundo, depurado de su profesión como policía leal a la República.

José pidió al AGMI la documentación en junio de 2023 y la recibió casi dos años más tarde, en marzo de 2025, también con varios nombres borrados. En el caso del expediente de depuración de su tío abuelo, están ocultos otros policías represaliados y algunos afines al régimen, como los de los funcionarios del Cuerpo de Investigación y Vigilancia o el del Jefe del Negociado de Orden Público de Salamanca, del que asegura el documento que fue, junto a su grupo, el “único” que dio “sensación de trabajo” en 1936 frente a aquellos de “significación marxista comunista”. En el caso de su abuelo, el expediente carcelario ha suprimido la firma de “El director”, que autoriza su última salida de prisión el 24 de junio de 1939 para ser fusilado.

Es un modus operandi que también afecta a los historiadores, que denuncian “dificultades persistentes en el acceso” a los fondos y han iniciado una recogida de firmas para reclamar a Interior que les ponga fin. La situación con este archivo es conocida y comentada en círculos de investigadores desde hace tiempo y en las últimas semanas ha tomado fuerza tras ser hecha pública en una tribuna en este medio y en un reportaje de la Cadena Ser. Y es que la problemática trasciende la ocultación de nombres: se suma también que las solicitudes son atendidas “con grandes retrasos”, no se pueden hacer consultas presenciales y no se ponen a disposición de los investigadores los llamados instrumentos de consulta, que en la práctica son catálogos que permiten saber qué hay y qué se puede pedir en cada archivo.

“Todo ello obstaculiza y bloquea investigaciones y frena el conocimiento de víctimas y victimarios. La identificación de personas son muy importantes para avanzar en estudios históricos”, esgrime Mario Lozano, de la Universitat de Barcelona, que hace referencia a la importancia de los fondos del archivo, todos los relativos a algunos órganos importantes del aparato represivo de la dictadura. El investigador trabaja sobre política local durante el franquismo y sabe que la dirección general de política interior realizaba un seguimiento muy estrecho sobre sus alcaldes. Sin embargo desconoce qué documentación se conserva sobre esto porque “no deja acceder a los instrumentos de descripción”, denuncia. “Es un principio básico de transparencia y es necesario porque lo contrario es ir a ciegas”.

Una regulación “hiperrestrictiva”

A la recogida de firmas impulsada por los investigadores se ha adherido esta semana la Asociación de Historia Contemporánea, la más importante del sector, y el asunto ya ha llegado al Congreso a través de una proposición no de ley presentada por ERC que ha sido aprobada este martes en la Comisión de Interior con los votos en contra del PP y Vox. La iniciativa traslada algunas de las reclamaciones de los investigadores, entre ellas, que se transfiera la documentación histórica que posee el AGMI a los archivos históricos competentes “en cumplimiento de la normativa archivística vigente”.

Según la propia instrucción del Ministerio que regula las normas de sus archivos, el AGMI no debería custodiar documentación que supere los 30 años de antigüedad, sino que esta debería estar en posesión de archivos históricos como el Archivo General de la Administración (AGA), situado en Alcalá de Henares. Archivos en los que no se aplican este tipo de restricciones, según apuntan varios investigadores. De hecho, tanto José Lazaro como Stella tienen en su mano los sumarios que condenaron a sus respectivos abuelos, procedentes del Archivo General e Histórico de Defensa, con todos los nombres visibles.

Preguntado al respecto, Interior rechaza que tapar algunos nombres sea “censura”, sino que “se aplica con rigor y objetividad la normativa, que contempla restricciones de acceso en garantía de otros derechos e intereses legalmente protegidos”, apuntan fuentes del Ministerio haciendo referencia a varias legislaciones como la Ley del Patrimonio Histórico Español o su instrucción de 2006. Esta apunta a la “despersonalización de datos” en caso de que se vea afectada “la intimidad” de las personas. En todo caso, Interior asegura que las solicitudes recibidas por familiares al amparo de la Ley de Memoria Democrática “se están resolviendo con el más amplio criterio de acceso”.

Este martes, el ministro Fernando Grande Marlaska ha respondido una pregunta de EH Bildu en el Senado sobre esta situación y ha negado “opacidad” o “voluntad restrictiva” en el acceso al archivo. Además, ha anunciado que el Ministerio ha iniciado la tramitación para la digitalización de un millón de documentos de fondos penitenciarios y policiales hasta 2028.

Por regla general, el acceso a documentos que contengan datos personales debe ser libre una vez pasados 25 años del fallecimiento de la persona o 50 desde la fecha del documento, un supuesto que sí afectaría a los expedientes relativos al régimen de Franco, de cuya muerte se ha cumplido medio siglo este pasado noviembre. Además, la Ley de Memoria Democrática reforzó la prevalencia del interés científico e histórico, sobre todo en el caso de que quienes consulten sean víctimas o familiares de represaliados, para los que ni siquiera debería contar el plazo de 25 y 50 años.

“Es sangrante porque en muchos casos hablamos de documentos de los años de la guerra o inicios de la dictadura”, apunta Lozano. Sin embargo, la instrucción de 2006 detalla que algunos fondos están sujetos a un “régimen específico de acceso” más allá de la regla general, es decir, en los que Interior “despersonaliza” referencias sin importar su antigüedad, entre ellos los que contengan datos personales “de carácter policial” o “procesal”.

Ante ello, los investigadores hacen referencia a una “regulación interna obsoleta” que aplica un enfoque “extremadamente restrictivo” y que “choca con el marco legal actual que ha reforzado el derecho de acceso a la información pública”, señalaba un grupo de historiadores capitaneado por Ángel Viñas en la tribuna publicada en elDiario.es. Henar Alonso, archivera del Archivo General Militar de Ávila, apunta también a una “interpretación hiperrestrictiva” de una ya de por sí “compleja legislación sobre acceso a la información pública” que, a su juicio, el archivo de Interior podría aplicar de forma “más aperturista y flexible”, como hacen otros archivos.

Al igual que Stella y José Lázaro, Carlos Mañes también recibió del Archivo de Defensa las cinco causas que los franquistas abrieron a su abuelo Santos, que fue ejecutado en octubre de 1940, sin ningún tachón. Pero los documentos que le envió Interior tienen muchos nombres tachados: desde los de otros represaliados a los de secretarios judiciales, jueces o funcionarios que firman los oficios. “Me parece una vergüenza, estamos hablando de hechos que ocurrieron hace casi 90 años”, señala Carlos, que también denuncia el “retraso” con el que recibió el expediente, más de un año después de pedirlo.

Lozano describe cómo la suma de “obstáculos” provoca que, en muchos casos, haya investigadores que “están meses y meses esperando” a que les respondan para que después “les digan que no tienen lo que han pedido”, dice en referencia a la falta de un catálogo. Eso a pesar de que el Real Decreto de 2011 que regula los archivos establece el plazo de un mes para resolver y adoptar la consulta. A este respecto, fuentes del Ministerio del Interior apuntan al “elevado número de solicitudes y su complejidad” como circunstancias que “pueden demorar en ocasiones las resoluciones”.

El traslado de cajas

La recogida de firmas que están impulsando los historiadores reclama al AGMI que “simplifique el procedimiento de solicitud” de los fondos y “vele” porque se resuelvan en plazo. Además, solicita que se “normalice” la consulta presencial en el archivo, algo que no ocurre a pesar de que es una práctica habitual para los investigadores. La petición principal es, sin embargo, que se produzca la transferencia de la documentación al Archivo General de la Administración (AGA), dependiente del Ministerio de Cultura, que en los últimos 25 años solo ha recibido dos traslados de fondos –529 cajas en 2001 y 1.300 en 2011–.

Según explican fuentes de Interior, su archivo traspasa documentos “a medida que son requeridos y de acuerdo a la reserva de espacio que se le comunica” y señalan que en 2025 se acordó con el AGA una transferencia de 6.300 nuevas cajas que aún está pendiente “a la espera de la fecha definitiva que le comunicaría” el archivo dependiente de Cultura. Estas mismas fuentes recalcan que no fue hasta el pasado 27 de marzo cuando el AGA “informó” de que se podía proceder a la transferencia a partir de este 20 de abril.

Fuentes de Cultura dan otra versión diferente y afirman que todos los ministerios “están informados de que pueden enviar fondos” y de que “hay espacio para ello”. En el caso de Interior, aseguran que en 2024 “se le comunicó oficialmente” que podían mandar las cajas, pero “no contestaron, a diferencia de otros ministerios”. En 2026, prosiguen, “se les ha recordado y ahora sí han dicho que van a mandar”. Las mismas fuentes remarcan que “hay un acuerdo firmado en 2021” con el ministerio para que envíe los documentos relativos a la cárcel de Carabanchel, símbolo de la dictadura. “Hay un kilómetro lineal disponible para esto, pero no lo han hecho”, añaden. A esto también responde Interior con un planteamiento opuesto y señala que fue “el AGA el que estableció la transferencia de estos fondos para 2031”.

De momento, las cajas ya trasladadas o que lo van a ser próximamente no llegan a ser ni el 10% del total de los fondos pendientes de traspasar.

Recurrir a productos homeopáticos para tratar una enfermedad tiene el mismo efecto que tomar placebo. Es la conclusión de un informe publicado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que ha revisado 64 compilaciones de literatura científica y evaluaciones de organismos estatales a nivel internacional. “La evidencia es insuficiente para hacer una recomendación de tratamiento con productos homeopáticos en ninguna patología”, indica el análisis.

Las conclusiones van más allá. Porque Sanidad avanza que, pese a la creencia de que estos productos son inocuos, suponen en la práctica varios “riesgos” para la salud de sus consumidores. “Se han notificado reacciones adversas graves, incluyendo intoxicaciones por mala dosificación y casos de fallecimientos en lactantes vinculados a productos para la dentición en otros países”, recuerda el Ministerio en un comunicado-

Para la Agencia y el departamento que dirige Mónica García, el principal peligro es, sin embargo, “el abandono o retraso de medicamentos médicos con eficacia demostrada”. “Los ciudadanos que optan por la homeopatía para tratar dolencias graves o crónicas pueden poner en peligro su salud al sustituir terapias basadas en la evidencia por productos que carecen de ella”.

El informe de la Agencia apunta a una calidad deficiente de aquellos ensayos que “sugieren beneficios” de estos productos. “O bien porque la calidad metodológica de los estudios analizados es muy baja, no pudiendo descartarse que las diferencias encontradas en los estudios sean debidas al azar o a la existencia de sesgos como deficiencias en el mecanismo de aleatorización de los pacientes, mecanismo de ciego no explicado, corto período de seguimiento, muestra pequeña, etc.”, indica el documento.

El estudio señala, además, que “a medida que aumenta la calidad del estudio, menor es el efecto de la homeopatía”. Y justifica la posible mejoría asociada a estos tratamientos por “diversos factores ajenos a su efecto específico, como la evolución natural de la enfermedad o el efecto placebo —que puede influir en el resultado de un tratamiento—, por lo que resulta necesario demostrar su eficacia mediante ensayos clínicos rigurosos y bien diseñados”.

La AEMPS ha analizado estudios relativos a varias enfermedades, principalmente reumáticas, psiquiátricas y dermatológicas, y en todas ellas las conclusiones son similares: “La eficacia de los productos homeopáticos no supera a la del placebo en ninguna de las patologías analizadas”.

Desde Sanidad indican que España está “alineada con una tendencia global de instituciones sanitarias que han adoptado posturas críticas” con estos productos, como Reino Unido, donde se recomendó detener la financiación pública; Australia, que descartó su uso en enfermedades crónicos o graves; Francia, que eliminó el reembolso público de estas fórmulas ya en 2001; Alemania, que suprimirá la cobertura de la homeopatía por seguro médico legal este año; o Estados Unidos, donde la Federal Trade Commission exige advertir que no hay pruebas científicas de su funcionamiento.

En este sentido, según los datos del Ministerio, en este momento, “no existe en España ningún producto homeopático con indicación terapéutica autorizado”, tras un proceso de regularización por parte de la AEMPS. Actualmente, permanecen registrados 976 productos que, “al basarse en diluciones extremas que garantizan la inocuidad del preparado, no exigen pruebas de efecto terapéutico”, pero que tienen prohibido por ley “incluir cualquier indicación terapéutica en su etiquetado”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para reducir las ratios de alumnado por clase y las horas lectivas semanales que imparte el profesorado. Con esta nueva ley, si la aprueba el Parlamento, el Gobierno fija los mínimos que las comunidades autónomas deben cumplir en ambos aspectos, aunque también pueden mejorarlos. De hecho, la norma no tendrá efecto en muchas autonomías, que ya habían alcanzado motu proprio las cifras que establece ahora el Ministerio de Educación. Otras, como Madrid o Galicia, sí tendrán que adaptar sus sistemas. La previsión es que la norma, que se aplicará de manera progresiva, esté plenamente operativa en el curso 2030-31.

El texto, negociado con los sindicatos más representativos, propone reducir el número máximo de alumnos por aula a 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y a 25 en la ESO (ahora son 30). En primera instancia quedan fuera las etapas no obligatorias (Educación Infantil o Bachillerato), pero el Ministerio ha anunciado este mismo martes que empezará los trabajos para reducir las ratios de la etapa 0-3 después de que la ministra, Milagros Tolón, se haya reunido estos días con las representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, cabeza visible de la huelga indefinida en el 0-3 que se está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid desde hace dos semanas.

Además, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) contará doble a la hora de establecer estas ratios, de manera que las clases que cuentan con estos estudiantes tendrán menos alumnos, una disposición por la que pelearon especialmente los sindicatos. Esta medida afectará a todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean privados con concierto o públicos.

Respecto a las horas lectivas máximas, pasarán de 25 a 23 semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 20 a 18 horas en el resto de enseñanzas (Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional), aunque la ley deja abierta la puerta a que “de manera excepcional (...) podrá alcanzarse un máximo de 20 horas”. Esta segunda pata del ya proyecto de ley solo incluye al profesorado de la pública, un jarro de agua fría para los docentes de la concertada, que justo negocian su convenio estos días y aspiraban a igualarse con sus compañeros de los centros estatales.

“Si mejoramos las condiciones de nuestros docentes, mejoramos la educación de nuestro país, y eso significa mejorar las oportunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes. [Esta ley] es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, para atender a su alumnado y para desarrollar su trabajo en condiciones dignas”, ha valorado la ministra de Educación, Milagros Tolón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Venimos a revertir los recortes de 2012”, ha sostenido la ministra.

¿Un estatuto docente al final del túnel?

Con esta ley, el Ministerio de Educación aprueba la primera pata de lo que pretende sea el futuro estatuto docente, una norma que el profesorado lleva décadas esperando y que debe regular la formación, el acceso, desarrollo y jubilación docentes. La ley educativa (Lomloe) obligaba al Gobierno a abrir esta negociación con los sindicatos, y el ministerio siempre apostó por ir aprobando cada hito según se fuera pactando en vez de esperar a tenerlo todo para aprobarlo como un bloque. En ese sentido, la aprobación de este martes puede considerarse un hito: es el primer paso que se da para conseguir algo parecido a una norma que regule la carrera del profesorado.

La bajada de ratios es una de las medidas más populares entre el profesorado, pese a que algunos estudios cuestionan la eficacia de esta medida una vez que se han alcanzado ciertas cotas. EsadeEcPol publicó recientemente uno que concluye que reducir en cinco alumnos el tamaño de una clase baja cuatro puntos porcentuales la probabilidad de que la disrupción, uno de los principales problemas en clase que señala el profesorado, sea un problema moderado o grave, pero apenas impacta en la práctica docente y además implica que las familias “relajan ligeramente su esfuerzo cuando las clases son más pequeñas”.

El profesorado cuestiona este tipo de conclusiones porque, se argumenta, la educación es más que una nota en Lengua o Matemáticas o un cálculo financiero sobre cuánto cuesta algo. “La investigación internacional sobre tamaño de grupo y resultados educativos no ofrece una respuesta única, pero tampoco avala la idea de que la ratio sea irrelevante. Las revisiones sistemáticas más amplias, que agregan estudios de decenas de países, encuentran efectos estadísticamente significativos, especialmente en comprensión lectora y en los primeros años de escolarización. Además, hay un consenso bastante sólido en dos puntos: los beneficios son mayores en las etapas iniciales y entre alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Es decir, donde más importa la equidad y la inclusión”, escribía en este diario Teresa Esperabé, responsable de Educación de CCOO.

El Gobierno ha calificado estos cuatro años como “la legislatura del profesorado” y la aprobación de este anteproyecto de ley es el primer paso concreto en ese sentido. “Estamos cumpliendo”, ha afirmado la ministra este martes.

La norma llega tras meses de protestas del profesorado en la calle. Los docentes de más de media España, de Andalucía a Catalunya pasando por Madrid, se sienten agraviados y poco valorados en su labor: sea por las ratios, por las horas lectivas, por las diferencias salariales, por la burocracia o por todas ellas, al menos diez comunidades autónomas han visto manifestaciones y/o huelgas docentes en los últimos meses. El Ministerio de Educación no tiene las competencias reales de muchos de estos aspectos, pero en otros –como las ratios o las horas lectivas– sí puede fijar el marco básico para las comunidades, como ha hecho este martes. Acceso (cómo son las oposiciones), retribuciones, nivel de los funcionarios, la jubilación y la carrera profesional esperan turno.

La huelga indefinida de la educación infantil en Madrid escala a todo el Estado. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha convocado, con el respaldo jurídico de CGT, un paro nacional el próximo 7 de mayo, seguido de una gran marcha de todos el día 23 en Madrid, para denunciar en todo el país las condiciones en que se da (y recibe) clase en el primer ciclo de Educación Infantil, para bebés de entre 0 y 3 años. CCOO se ha sumado a la convocatoria este martes.

Las trabajadoras de infantil son las profesionales con peores condiciones de toda la educación. El 0-3 es un sector atomizado, con diferentes modelos (hay públicos, privados y públicos de gestión privada) y responsables: hay escuelas municipales y las hay autonómicas e incluso hay diferentes figuras profesionales (educadoras y maestras) atendiendo a los bebés.

Pero hay un elemento transversal a todo el sector: la precariedad. Aunque en los centros públicos las condiciones son mejores que en los privados, hay mujeres (el 95% de las profesionales lo son en esta etapa) cobrando poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a cambio de ocuparse de varios bebés.

Con esta situación, y ante la evidencia de que la única mejora que han visto en los últimos años ha sido la derivada de la subida del SMI, el sector ha dicho basta. PLEI prendió una mecha con la convocatoria de un paro indefinido hace dos semanas que ahora se traslada a todo el estado.

PLEI exige que se mejoren las ratios de alumnos por clase, que están entre las peores de Europa, que se implemente la pareja educativa como recurso de organización pedagógica e incluir la atención temprana en el sistema con “un enfoque preventivo y no meramente diagnóstico”. “La formación continua, las recomendaciones de la Unión Europea y los expertos en neurociencia avalan todo lo que exigimos”, explica la plataforma a través de una nota.

También exige la plataforma la equiparación salarial entre las diferentes figuras –“no se puede vivir con el SMI, y más con la responsabilidad que sostenemos en nuestras manos”– y tipos de trabajadoras –también para el personal de limpieza, cocina y mantenimiento–. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene.

La plataforma se reunió hace unos días con la ministra de Educación, Milagros Tolón, y le ha arrancado a la responsable un compromiso para “empezar” los trabajos destinados a revisar las ratios en la etapa “antes del verano”. España tiene uno de los números de alumnado por aula más altos de Europa en la etapa del 0-3. Salvo alguna excepción, lo normal son ocho niños por clase entre 0 y 1 año, 12 entre uno y dos y 18 entre dos y tres. Y la normativa ni siquiera obliga a que haya una maestra por aula, solo una por cada tres, según los sindicatos, por lo que es posible (y pasa) que una educadora esté sola con hasta 18 bebés.

En los últimos años, el Gobierno ha invertido cientos de millones de euros (la mayoría, de fondos europeos) en financiar la creación de plazas de infantil en las comunidades autónomas (que tienen las competencias), pero apenas ha mejorado las condiciones laborales de sus trabajadoras.

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*Este artículo ha sido modificado para señalar que la huelga la convoca CGT junto a la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI). CCOO se ha sumado a la convocatoria.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que Hungría ha infringido el Derecho de la Unión al adoptar una ley que estigmatiza y margina a las personas LGBTI+. La Justicia europea señala que el Estado húngaro con la aprobación de “una norma con medidas más estrictas contra los delincuentes pedófilos que modifican determinadas leyes para proteger a los menores” lo que ha hecho es “vulnerar el derecho a la dignidad humana” y “trata a un grupo de personas, que forman parte integrante de una sociedad caracterizada por el pluralismo, como una amenaza para la sociedad”.

El Tribunal de Justicia declara, por primera vez, que la ley húngara incumple el artículo 2 de los Tratados de UE, que enuncia los valores en los que se fundamenta la Unión y que son comunes a todos los Estados miembros. Los magistrados aseguran que “los aspectos de la Ley de modificación que se dirigen contra los contenidos que representan o popularizan la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad constituyen un conjunto coordinado de medidas discriminatorias que vulneran, de manera manifiesta y especialmente grave, los derechos de las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales, así como los valores de respeto de la dignidad humana, de igualdad y de respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”.

Hungría aprobó la “Ley LXXIX de 2021, por la que se adoptan medidas más estrictas contra los delincuentes pedófilos y se modifican determinadas leyes para proteger a los menores” ( también conocidad como 'Ley de modificación'). El argumento era proteger a los menores y prohibir o restringir el acceso a contenidos sobre la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, del cambio de sexo o de la homosexualidad.

El TJUE considera que, aunque los Estados miembros tienen margen para definir qué contenidos pueden perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, se tiene que “respetar la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y, en particular, la prohibición de discriminación por razón de sexo y orientación sexual”. Los magistrados europeos apuntan que la Ley húngara de modificación parte de que “la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, del cambio de sexo o de la homosexualidad parten de la premisa de que toda representación o popularización de este tipo, cualquiera que sea su contenido específico, puede suponer un perjuicio para el interés superior del menor”, de manera que “este enfoque revela una preferencia por determinadas identidades y orientaciones sexuales en detrimento de otras, que quedan por ello estigmatizadas, lo cual es incompatible con las exigencias que se derivan, en una sociedad basada en el pluralismo, de la prohibición de la discriminación por razón de sexo y orientación sexual”.

En este sentido la Justicia europea subraya que esos puntos de la normativa “constituyen una injerencia especialmente grave en varios derechos fundamentales protegidos por la Carta: la prohibición de la discriminación por razón de sexo y orientación sexual, el respeto de la vida privada y familiar, y la libertad de expresión y de información”.

“Estigmatiza y margina a las personas no cisgénero”

Esta ley húngara “estigmatiza y margina a las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales, tachándolas de perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores debido únicamente a su identidad o su orientación sexuales. El título de la Ley de modificación las asocia con la delincuencia pedófila, lo que puede reforzar esta estigmatización y fomentar comportamientos de odio hacia ellas”, añade la sentencia del TJUE.

Al frente de ese Gobierno húngaro estaba Viktor Orbán, un ultranacionalista que se convirtió en referente de la ultraderecha mundial por este tipo de normativas o sus intentos de prohibir la marcha del orgullo LGTBI+ en Budapest. Orbán perdió las elecciones el pasado 12 de abril tras 16 años en el poder en los que se ha caracterizado por la vulneración de derechos fundamentales y un ataque constante a las políticas de la UE. El nuevo Gobierno de Hungría, liderado por Péter Magyar, ha anunciado que cambiará la legislación para adaptarla a la normativa de la UE.

La Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia contra Hungría en relación con la adopción de la Ley de modificación por la vulneración de varios derechos garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la infracción del artículo 2 de los Tratados de la UE y del Reglamento General de Protección de Datos.

El TJUE le ha dado la razón a la Comisión argumentando que “esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo. Hungría no puede invocar válidamente su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores mencionados”.

Ahora le toca a Magyar dar pasos para reformar la Ley. La noche de su victorial electoral aseguró publicamente que según su partido Tisza y “los muchos millones de húngaros que lo apoyan, todo el mundo puede vivir con quien ame, siempre que no infrinja las leyes y no sea perjudicial para los demás”. El próximo primer ministro de Hungría también ha respaldado la celebración del Orgullo en defensa del derecho a la libertad de reunión.

Katrin Hugendubel, directora adjunta de ILGA Europe, una red paraguas de más de 700 entidades LGBTI de 54 países de Europa y Asia Central, ha declarado que “Hungría no puede entrar en una era post-Orbán sin derogar esta legislación, incluida la prohibición del Orgullo. Si Péter Magyar realmente aspira a ser proeuropeo, debe situar esto en la cima de su agenda para sus primeros 100 días en el cargo, como una parte esencial de sus reformas orientadas a la UE”.

Las víctimas de los Testigos de Jehová han vuelto a ganar a esa congregación en los tribunales. La sección civil de la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la sentencia anterior y considera que los afectados por las prácticas de los testigos pueden considerarse víctimas, que se pueden agrupar en una asociación y que pueden denominar a la congregación “como secta destructiva”, porque están amparados por la libertad de expresión.

Los jueces consideran además que esas expresiones se encuentra avaladas por las experiencias reales de los antiguos miembros de los testigos, que han contado lo que sufrieron dentro de la secta durante este proceso judicial. La sentencia entiende que “no constituyen meros insultos, sino juicios de valor con base fáctica suficiente” y que “se insertan en un debate social relevante y de interés general”, según recoge en un comunicado el despacho Bardavío Abogados, que ha representado a las víctimas en este proceso.

El tribunal subraya que estas manifestaciones están protegidas cuando se sustentan en hechos contrastados y en testimonios veraces, dentro del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. Además, el fallo se basa en las prácticas denunciadas por los numerosos testimonios de exmiembros que habla de sistemas de control interno mediante normas disciplinarias y comités; presión social y familiar, especialmente en casos de expulsión o disidencia y aislamiento social.

“En primer lugar, la relevancia pública del contenido de la información no se puede discutir salvo que vivamos ajenos a los medios de comunicación en una sociedad democrática como es la española. Pocos temas serios despiertan mayor interés en las sociedades democráticas que el funcionamiento interno de las religiones, la relación entre sus miembros y la acomodación de sus viejos dogmas a los valores actualmente imperantes en las sociedades democráticas”, recoge la sentencia.

En la parte final de la sentencia, los jueces pone el foco en una cuestión fundamental: “Los miembros de la Asociación demandada que salieron de los Testigos de Jehová lo que pretenden es recuperar una relación de afectividad con sus parientes que continúan en la confesión religiosa y por los que sienten verdadero amor que excluye promover contra ellos un daño o justificarlo de alguna manera”.

Añaden además que las víctimas no tienen “ánimo de injuriar”, sino que “actúan con un evidente ánimo de denuncia para lograr que se cambien los hábitos de la confesión religiosa acomodándose a los valores actuales de las sociedades democráticas”.

El camino en los tribunales empezó en 2019 y giraba en torno a la existencia misma de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, sus estatutos y sus quejas.

La sentencia que rechazó la demanda de honor de los Testigos contra las víctimas recogía casi 70 páginas de argumentos a favor de su libertad de expresión, valorando que sus críticas son veraces, documentadas y, en la mayoría de los casos, basadas en testimonios de afectados.

“Aunque sea molesta y profundamente hiriente, la existencia de la Asociación ha de tolerarse”, dijo la magistrada de Torrejón de Ardoz. Afirmar que los testigos actúan como una “secta”, reconoció la jueza, puede ser “desagradable, incluso hiriente, para los fieles” pero es una “crítica legítima”. La congregación ha anunciado que recurrirá esta sentencia, que entre otras cosas rechaza su petición de ser indemnizada con 25.000 euros.

Las crisis energética global desencadenada por la guerra de Irán refuerza la diplomacia verde y acelera la formación de una creciente coalición de países que aspira a poner fin a los combustibles fósiles. 53 delegaciones oficiales de países y 2.608 organizaciones han confirmado su participación en la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, impulsada por Colombia y Países Bajos, que se celebrará entre el 24 y el 29 de abril en la ciudad caribeña de Santa Marta.

Brasil y Colombia, cuyas delegaciones chocaron en la COP30 celebrada en noviembre en Belém tras la exclusión de los combustibles fósiles en la declaración final, se han reconciliado. Más que eso: han decidido tender puentes entre la cúpula de Santa Marta y la hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles que la presidencia brasileña de la COP30 entregará este año. 

“Hemos diseñado una metodología para que la conferencia pueda contribuir a la hoja de ruta de la COP30. Nuestra conferencia es un espacio complementario”, aseguró Irene Vélez, ministra de Medio Ambiente de Colombia, en el webinar ¿Cuál es el papel de los países y de la cooperación multilateral en la agenda global? André Corrêa Lago, presidente de la COP30, reforzó en el mismo evento que ambos procesos tienen más semejanzas que diferencias: “La sociedad civil convocada en Santa Marta va a ser uno de los impulsos más importantes para nuestro mapa del camino internacional”. 

El acercamiento de Brasil a la conferencia de Santa Marta supone un punto de inflexión. Cuando Colombia anunció la conferencia antes de que concluyera la COP30 de Belém, provocó tensión diplomática con Brasil. Para limar asperezas, Daniela Durán, la negociadora colombiana que irritó a la presidencia brasileña en la conferencia de la COP30, declaró el pasado martes que el objetivo de la conferencia de Santa Marta es “producir insumos para la elaboración del mapa del camino para el alejamiento de los combustibles fósiles”. Fuentes diplomáticas brasileñas consideran que las conclusiones de Santa Marta pueden reforzar el “mapa del camino” de los combustibles fósiles, que se presentará en octubre a las puertas de la presidencia de la COP31, conjunta entre Turquía y Australia.

 Ana Toni, directora ejecutiva de la presidencia brasileña de la COP30, reconoce en entrevista telefónica con elDiario.es que la cúpula de Santa Marta será importante para definir el mapa del camino: “Servirá para definir cuáles son las propuestas concretas de un grupo de países más alineados”.

Urgencia en tiempos de guerra

La ministra Irene Vélez destacó en el webinar que el colapso energético tras la guerra de Irán visibiliza una “economía altamente contaminante” sostenida artificialmente por subsidios a los fósiles. Por su parte, André Corrêa añadió que esta guerra “irracional está dando una dimensión adicional al debate”. Claudio Angelo, coordinador de Política Internacional del Observatorio del Clima de Brasil, considera que la sinergia con la presidencia de la COP30 debería ser usada para atraer a Santa Marta al máximo número de países posible. “Se necesita aprovechar este momento horrible de disrupción de mercados de energía para empujar la transición global de los combustibles fósiles”, asegura Claudio en entrevista con elDiario.es.  

En Santa Marta estarán 53 de los 89 países que demostraron interés en desengancharse de los combustibles fósiles. Claudio defiende que Santa Marta y el mapa del camino de Brasil harán crecer ese círculo de países hasta que “el ruido de esa agenda no deje a nadie dormir ni en Moscú, ni en Riad ni en Washington”, aludiendo a Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, tres países defensores de los combustibles fósiles. 

El nuevo eje Brasil-Colombia coloca a América Latina en una posición de liderazgo relativo en la carrera contrarreloj contra los combustibles fósiles. En Santa Marta, aparte de Colombia y Brasil, estarán México, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Uruguay. “Brasil y Colombia tienen peso y autoridad moral, porque son parte del Sur Global, la región que más sufre el cambio climático y son productores de petróleo. México, también. Si este ejercicio funciona, el resto de países de la región les seguirá”, matiza. 

Europa también tiene un peso expresivo en la conferencia de Santa Marta. Aparte del coorganizador País Bajos y la Unión Europea, estarán Reino Unido, Alemania, Italia, Noruega, Suecia, Finlandia, Francia y España, entre otros. Además, han confirmado presencia países de peso geopolítico global o poblacional como Canadá, Turquía, Nigeria, Filipinas o Australia. Andrés Gómez, coordinador para América Latina de la conferencia, considera necesario combatir la narrativa de que, por causa de la guerra, el mundo necesita más petróleo: “Estas crisis pueden acelerar la inversión en energías renovables, que ofrecen mayor seguridad y menor dependencia externa”.

El peso de la sociedad civil

El documento final de Santa Marta se estructurará en torno a tres ejes: reducción de la dependencia económica de los combustibles fósiles, la transformación de la oferta y la demanda y refuerzo de la cooperación internacional y la diplomacia climática. Se abordarán cuestiones globales, como la pertinencia del Tratado de No proliferación de Combustibles fósiles (apoyado por 17 países), pero también propuestas concretas de organizaciones sociales, ONG, pueblos indígenas, sindicatos, gobiernos regionales y actores empresariales.

A diferencia de las COP de la ONU, en Santa Marta no se usará el mecanismo del “consenso”. “Necesitamos discutir cuáles son las injusticias de los combustibles fósiles y las causas estructurales que hacen que los defensores ambientales pongan su vida en la defensa del medio ambiente”, asegura a elDiario.es Nacho Lara, encargado de Democracia Ambiental de la argentina Asuntos del Sur y coordinador de Kallied, un hub de organizaciones socioambientales de 23 países del Sur Global. Por ello, la dependencia económica de algunos países, tanto de los combustibles fósiles como de los mecanismos financieros internaciones, será un asunto central.

Los países del Sur Global demandan una transición justa financiada por los países ricos. “El 81% de la financiación que llega a América Latina son préstamos. La financiación climática libre de deudas no debe ser apenas para programas nacionales de renovables y de diversificación económica, sino también ir a pequeñas iniciativas que demuestran que existen economías alternativas”, aseguró en la rueda de prensa de presentación de la cumbre Carola Mejía, coordinadora de Justicia Climática, Transiciones y Amazonia de LATINDADD. 

Fuentes diplomáticas colombianas confían en que Santa Marta consolide una coalición de países dispuestos a avanzar más rápido en el abandono de los combustibles fósiles. Por su parte, André Corrêa Lago recordó que la hoja de ruta de la presidencia de la COP30 sí se ajustará al formato de negociaciones por consenso de las conferencias de las partes, conocidas como COP. Brasil aspira a sumar al mayor número de países posibles de los 195 que firmaron el Acuerdo de París de 2015 que limita las emisiones de CO₂. De momento, el país brasileño ha adelantado que el mapa del camino tendrá siete capítulos: riesgos físicos sistémicos, riesgos económicos y financieros, riesgos institucionales y sociales, demanda por combustibles fósiles, oferta de combustibles fósiles, una economía en transición y un capítulo final de recomendaciones.

“Hay un Leroy Merlin debajo del edificio”. Según fuentes del caso, los propios agentes de Policía que precintaron el pasado viernes 27 de marzo varios almacenes del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) no daban crédito ante la cantidad de material y herramientas acumulados. Una hormigonera industrial, máquinas profesionales de cortar azulejos, decenas de máquinas taladradoras de la marca más cara del mercado, miles de metros de cable, tubo, moqueta y una interminable fila de estanterías con tornillos de diferentes tipos, codos de tuberías, equipos de calefacción y todo lo que uno pueda necesitar para una obra. Con la particularidad de que el 90% de este material no se usaba para el mantenimiento del CNIO, según fuentes de la investigación. 

Las grabaciones a las que ha tenido acceso en exclusiva elDiario.es, anteriores al precinto de las instalaciones, ya están en poder de la Fiscalía, que ahora tendrá que comprobar qué materiales fueron retirados en las semanas anteriores. Las dependencias a las que la Policía judicial ha prohibido el acceso “bajo responsabilidad penal individual” son dos almacenes de más de 200 metros cuadrados de superficie situados en el parking de la planta -4 del CNIO, y unas dependencias más pequeñas en la planta más alta del edificio (5) en la que se acumula material informático. En sus zonas más altas, las que quedan debajo de la rampa del garaje, el almacén subterráneo alcanza los siete metros de altura.

Detrás de estas misteriosas puertas, ahora precintadas, se escondía una realidad paralela a los trabajadores del centro que ahora está en el foco de la Fiscalía. Investigan si esos almacenes fueron utilizados para el desvío de fondos por la presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. En la denuncia presentada en julio de 2025 ante la Fiscalía Anticorrupción por un ex alto cargo del centro ya se citaba la existencia de “un almacén segregado, fuera del control del departamento logístico”, que había sido establecido 18 años antes por Arroyo. 

Tras las “puertas secretas”

Aunque los trabajadores conocían la existencia de almacenes en la planta más baja del aparcamiento subterráneo, ninguno sabía que hubiera semejante acumulación de material detrás de las paredes. “Hay ferreterías en Madrid que tienen menos material que nosotros”, dice una fuente interna. La sorpresa ha sido aún mayor en cuanto a la puerta de la quinta planta, a la que se accede por un tramo de escaleras que parecía no conducir a ninguna parte. En ninguno de los accesos a los almacenes hay cámaras de seguridad, de modo que es imposible saber quién entraba y salía de las instalaciones.  

En las grabaciones hay elementos que llaman la atención porque son ajenos al centro y seguramente fueron usados en otras obras relacionadas con la trama, según fuentes de la investigación. “Hay rollos de cable para ir de aquí a La Paz tres veces”, relata uno de los trabajadores. Pero, sobre todo, hay elementos que nada tienen que ver con un centro de investigación: desde calderas a equipos autónomos de aire acondicionado —cuando en el centro se utilizan climatizadores industriales—, jambas de puertas, grifería y sistemas de cisternas para cuartos de baño que no son compatibles con los que se usan en el edificio. También hay cortadoras de porcelana por control numérico, cuando en el CNIO “jamás se ha cortado un azulejo”, y decenas de papeleras de aluminio que no se usan en el centro. 

Un “almacén segregado”

Ya en la primera denuncia interpuesta en 2018 por la entonces presidenta del comité de empresa, Ana Isabel Hernández, se destacaban los gastos desmedidos en ferretería en el CNIO, con partidas de hasta 50.000 euros “en bisagras y tornillos” y una licitación que pretendía comprar bañeras de hidromasaje, estufas de pellets y suelo radiante. Una auditoría de 2018 también destacaba que el mayor centro de investigación en España destinaba a gastos de aprovisionamiento más del doble que otros centros similares como el CNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares). Con unas plantillas e ingresos muy similares entre ambos centros, destacaba el informe, “el gasto de mantenimiento se duplica en el caso del CNIO”, aunque se atribuía a algunas especificidades del centro.

En la denuncia presentada por un ex alto cargo del CNIO en junio de 2025 que dio lugar a la investigación, las partidas y suministros de ferretería también aparecían como uno de los focos principales de posibles irregularidades dentro del área técnica. Durante años, reflejaban los denunciantes, los suministros de ferretería (junto con los eléctricos y de saneamiento) han eludido el control del departamento de compras y logística. Entraban bajo la supervisión directa de la dirección técnica, donde a menudo era el propio personal de la contrata encargada de los servicios de mantenimiento de las instalaciones quien firmaba la recepción. Según la denuncia, bastaba con el albarán de entrega y nadie del CNIO verificaba físicamente la mercancía.

En la denuncia consta que el coordinador de almacén, empleado de una de las muchas contratas de la red investigada, declaró en febrero de 2025 que la entrada de mercadería (suministros de ferretería, mecánico, saneamientos o eléctrico) se realiza “en un almacén segregado, fuera del control del departamento logístico que depende del Departamento de Compras”, y que, consultados sobre esta anomalía, los técnicos de compras indicaron que “esa decisión fue adoptada por el exgerente D. Juan Arroyo para agilizar y evitar conflictos del área técnica desde hace más de 18 años”. 

Otra de las claves que podría explicar la presencia de material y equipos de alto valor en los almacenes del CNIO, según las denuncias, es que una vez terminada la obra para la que se habían adquirido, el centro presentaba “bajas de utillaje no identificado por valores muy importantes cada año cifradas en decenas de miles de euros”, es decir, declaraba como perdido gran parte del material comprado, de forma que pasaba a estar fuera de registro. 

El volumen de este tipo de suministros técnicos solicitados mediante contratos menores llegó a ser de hasta 1,5 millones de euros. A partir de 2025 los denunciantes consiguieron que se cumpliera la ley y se obligara a desglosar los gastos con una descripción detallada de cada elemento comprado y su precio unitario, evitando la opacidad de los listados anteriores con categorías genéricas agrupadas. Para aquellas fechas, es presumible que buena parte del material de construcción y maquinaria ya habría pasado a formar parte del arsenal oculto de la trama del CNIO.

La Fiscalía investiga estos hallazgos como parte de una amplia red de irregularidades producidas en el mayor centro español de investigación contra el cáncer durante décadas, desde el uso masivo de contratos menores a falsas “ofertas de acompañamiento” para simular la competencia. La existencia de este almacén segregado cuadra con la utilización de los medios del CNIO para uso particular que han señalado tanto el ex alto cargo que denunció a la Fiscalía como el gerente que llegó tras Arroyo, José Manuel Bernabé, y que presentó su renuncia. En estas denuncias consta la existencia de una persona de mantenimiento del centro al que los trabajadores se referían como “el mayordomo” que acudía semanalmente al domicilio particular de Juan Arroyo para realizar labores particulares y que cada miércoles le llevaba un bidón de gasoil propiedad del CNIO.

Consultados por elDiario.es, desde el CNIO aseguran que no pueden comentar nada mientras la investigación esté en curso y recalcan que la actividad científica ha continuado, ajena a estos hechos. Por su parte, el exgerente Juan Arroyo asegura que hasta dónde él sabe, en esos almacenes había “algo de herramienta y repuestos (material de fontanería y electricidad) de lo más común” y desconoce si se usaba fuera del CNIO. En cualquier caso niega que los almacenes precintados sean “almacenes segregados” y recuerda que “los gestionaba la empresa de mantenimiento, bajo la supervisión del director técnico”, en referencia a Javier de Dios. Este medio ha tratado de contactar con este último para conocer su versión pero no ha obtenido respuesta.

En su última reunión, del viernes 10 de abril, el patronato del CNIO nombró nueva gerente del centro a Cristina Navarro Enterría, tras la dimisión del anterior responsable en el cargo y el bloqueo de la institución durante semanas. La nueva responsable se enfrenta a la mayor crisis de reputación en la historia del centro científico, con los investigadores y el resto de la plantilla totalmente desmoralizados, después de casi dos años de crisis y escándalos continuados. Entre las papeletas a resolver está el despido de las nueve secretarias de administración, porque estaban empleadas de Gedosol (una de las empresas bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción), lo mismo que puede suceder en breve con el departamento de informática. 

Los cambios en la composición de aproximadamente una cuarta parte de las especies microbianas intestinales en personas con una variante del gen GBA1 —asociada a un mayor riesgo de sufrir párkinson— podrían indicar que estas personas tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, según un estudio publicado este lunes en la revista Nature Medicine.  

Los autores han identificado un patrón distintivo de bacterias intestinales en personas portadoras de una variante genética GBA1 que aún no presentan síntomas, lo que apunta a cambios biológicos tempranos vinculados al párkinson.

Cada vez hay más evidencia que sugiere que los cambios en la microbiota intestinal acompañan tanto a la enfermedad de Parkinson establecida como a la fase inicial, el período durante el cual pueden aparecer síntomas sutiles antes del diagnóstico. Comprender estos cambios podría ofrecer nuevas oportunidades para la identificación temprana de personas con mayor riesgo. 

Sin embargo, los autores señalan que se trató de un estudio transversal y, por lo tanto, no puede determinar si los cambios en la microbiota son predictivos de la enfermedad en el futuro. Serán necesarios estudios longitudinales que sigan a los individuos a lo largo del tiempo para establecer si la microbiota puede identificar de manera fiable a quienes tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Un estudio transversal

Para el trabajo, los investigadores analizaron datos clínicos y fecales de participantes del Reino Unido e Italia: 271 personas con párkinson, 43 portadores de la variante GBA1 (un factor de riesgo genético) sin síntomas clínicos y 150 participantes sanos de control.

Los autores encontraron 176 especies microbianas que diferían entre los individuos sanos y aquellos con la enfermedad, con más de una cuarta parte del microbioma intestinal variando su abundancia entre los dos grupos. De estas especies, 142 cambiaron de forma consistente entre los individuos sanos y aquellos portadores de la variante GBA1 pero sin síntomas de párkinson. 

En los portadores de la variante GBA1 sin la enfermedad, este componente del microbioma se asemejaba a un patrón intermedio entre el de los grupos sanos y el de los grupos afectados, y su extensión se correlacionaba con los primeros síntomas. Los autores observaron patrones microbianos similares en tres cohortes externas en EEUU, Corea y Turquía, que sumaban un total de 638 casos adicionales de enfermedad de Parkinson y 319 participantes sanos de control.

Entre los sanos y los enfermos

Analía Bortolozzi, investigadora científica en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB – CSIC), recalca que la conclusión principal es que el microbioma intestinal tiene el potencial real de servir como un marcador temprano no invasivo. “La gran aportación demostrada aquí es que un gran componente del microbioma (aproximadamente el 25%) ya presenta alteraciones en personas con riesgo genético sin síntomas (GBA-NMC), mostrando un estado intermedio entre los controles sanos y los pacientes con la enfermedad del Parkinson”, explica al SMC. “Evaluar la composición del microbioma podría ayudar a identificar en la población general (con o sin riesgo genético conocido) a aquellos individuos que se encuentran en la fase premanifiesta y progresan hacia el párkinson, abriendo una ventana de oportunidad crucial para futuras terapias neuroprotectoras preventivas”.

Para José Manuel Fernández-Real, catedrático de Medicina de la Universidad de Girona, entre las principales limitaciones destaca el carácter fundamentalmente transversal del estudio, que impide establecer relaciones causales claras. “Es decir, no se puede determinar si las alteraciones en la microbiota intestinal contribuyen al desarrollo de la enfermedad de Parkinson o si, por el contrario, son una consecuencia de procesos fisiopatológicos ya en marcha, incluso en fases subclínicas”, subraya. 

Rosa del Campo, investigadora de la Universidad de La Rioja y especialista en microbiota, recuerda que en este campo solo podemos comparar a enfermos y sanos y ver las diferencias con estadística, pero eso no sabemos si es causa o consecuencia. “Ellos mismos lo comentan, y ahora lo que queda es validar estos cambios prospectivamente, además de añadir los estudios metabolómicos para identificar que están haciendo esas bacterias de forma diferente a los controles sanos”, explica al SMC.

“La implicación más grande es que en los sujetos que tienen mutaciones que predisponen a tener párkinson, su microbioma intestinal se parece más a los enfermos que a los sanos, lo que apunta a que habría que estudiar a estos sanos portadores de mutación y de bacterias similares (por qué no desarrollan la enfermedad o la retrasan)”, resume. “Esto conlleva el desarrollo de nuevas líneas de investigación, así como test predictivos basados en la genómica humana y la microbiana para asignar la probabilidad de desarrollar párkinson a un sujeto cuando está aún sano”.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este lunes una orden por la que se amplía el programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas en prueba de talón, que incorpora la prevención de nueve patologías más, hasta un total de 21 enfermedades. “Es una decisión que vuelve a reforzar la prevención para llegar antes y proteger mejor”, ha dicho la ministra de Sanidad, Mónica García, durante el acto conmemorativo por el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, donde ha llamado a respetar los principios de universalidad del sistema y blindarlo ante el “negocio”.

La prueba del talón consta de un sencillo test que permite advertir de una posible enfermedad metabólica antes de que aparezcan los síntomas y sea demasiado tarde. Se calcula que este tipo de patología afectan a uno de cada 1.000 bebés y los avances diagnósticos han permitido adelantar diagnósticos y prevenir daños graves. Sin embargo, la diferencia entre comunidades suponía una desigualdad notable entre niños y niñas.

En los últimos años, el Ministerio de Sanidad ha hecho un esfuerzo por acortar estas diferencias y ha ido incluyendo nuevas pruebas en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, el mínimo que deben cubrir las comunidades. En 2024, el Ejecutivo amplió de siete a 11 el número de enfermedades congénitas que todas las autonomías debían incluir para su detección en la prueba del talón en recién nacidos.

Con la publicación en el BOE de este lunes, esas prestaciones sanitarias se amplían por encima de la veintena, con estas nuevas incorporaciones:

Estas se suman a las que ya estaban incorporadas en la cartera básica del sistema nacional de salud:

Además de la ampliación de este paquete de cribados, el Ministerio de Sanidad ha reforzado el cribado de preeclampsia, con un test en el primer trimestre para detectar precozmente el riesgo; garantiza la oferta universal a todas las embarazadas de pruebas de enfermedades infecciosas, como sífilis, VIH, hepatitis B y estreptococo del grupo B, además de ofertar pruebas de hepatitis C, Chagas o Zika, según grupos de riesgo; y estandariza el uso del test de ADN fetal libre en sangre materna como prueba de segunda línea para detectar trisomías —21, 18 y 13— ante riesgos incrementados.

Acceso a reproducción asistida

Otra de las líneas de la nueva orden es la equiparación en el acceso a la reproducción asistida al resto de mujeres a los pacientes con fallo ovárico prematuro. Hasta ahora, estas solo podían optar a esta prestación hasta los 36 años. Con la actualización será hasta los 40, como las demás.

Además, Sanidad ordena ampliar hasta los 74 años la población diana del cribado de cáncer colorrectal, que se realizará de forma progresiva hasta alcanzar la cobertura total en un plazo de diez años. Hasta ahora, la población objetiva eran hombres y mujeres de edades comprendidas entre 50 y 69 años.