RTVE pide a la CNMC que supervise la Comisión de Investigación de PP y Vox en el Senado, y recibe el apoyo de la UER
La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha emitido un comunicado en el que expresa su preocupación por la Comisión de Investigación sobre RTVE prevista para constituirse este martes 28 de abril en el Senado, a petición del Partido Popular -grupo mayoritario dentro dela cámara- y con el voto a favor de Vox. El organismo defiende que la independencia de la radiotelevisión pública “es esencial, como parte del ecosistema europeo de medios públicos”. De forma paralela, RTVE ha enviado una solicitud a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que analice si la iniciativa de las formaciones conservadoras afecta a la independencia editorial y funcional de la Corporación.
En una nota enviada a los medios, la UER valora positivamente que exista este tipo de controles y contrapesos, pero expresa que los mecanismos de supervisión que ya existen en RTVE son suficientes, ya que le exigen transparencia y rendir cuentas ante la ciudadanía, algo que concuerda con la normativa internacional reconocida en el Consejo de Europa.
La UER recoge en su texto la inquietud que se les ha trasladado desde RTVE por el riesgo que puede conllevar este tipo de iniciativas, donde las decisiones editoriales de la cadena pueden ser evaluadas en base a criterios que no se ajustan con las normas profesionales establecidas. Es decir, sin un propósito, un resultado, o unas medidas de seguimiento claramente definidas.
“Cualquier politización supone una amenaza directa al acceso democrático a un periodismo fiable en un contexto de aumento de la desinformación y la información errónea, y es contraria a la Ley Europea de Libertad de los Medios”, expresa en su comunicado la UER, de la que RTVE forma parte junto a otras 67 emisoras de un total de 56 países.
La UER afirma que seguirá vigilando de cerca la situación en España y se mantiene abierta a un diálogo constructivo para garantizar la plena conformidad con la legislación europea y los principios fundamentales que sustentan los medios de comunicación de servicio público.
RTVE pide a la CNMC que supervise la Comisión de Investigación
En esta misma línea, Radiotelevisión Española ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, en el marco del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, analice la posible incidencia de la Comisión de Investigación constituida en el Senado a iniciativa del Partido Popular y Vox, “en la medida en que afecta a la independencia editorial y funcional de la Corporación”.
A través de una carta remitida por el secretario general y del Consejo de Administración de RTVE, Alfonso Morales, la pública traslada al organismo que su solicitud ha sido formulada “al amparo de las funciones atribuidas a la Comisión en materia de prestación del servicio público audiovisual y garantía del correcto funcionamiento del mercado, así como de su papel como autoridad independiente a efectos del citado Reglamento Europeo”.
Desde RTVE insisten en que la iniciatriva de la creación de una Comisión de Investigación, en la forma y términos que ha sido establecida, deja “dudas razonables” sobre las garantías de independencia de los medios públicos que establece el Derecho de la unión. Desde la Corporación creen que esta petición se impulsa “en un contexto en el que sus promotores (PP y Vox) han formulado públicamente valoraciones críticas sobre la línea editorial y los contenidos informativos de RTVE” y que “su objeto excede los ámbitos propios de control económico, organizativo o de gestión”.
El ente considera que la solicitud de PP y Vox incluye “valoraciones expresas sobre la línea editorial y los contenidos Informativos de RTVE”; además de referencias a un supuesto sesgo, falta de pluralismo o uso partidista de la Información; y un planteamiento de alcance amplio que incluye aspectos directamente vinculados al ejercicio de la función informativa. En consecuencia, RTVE considera que “no se trata de un control estrictamente funcional o de gestión, sino de una actuación que incide directamente en el núcleo protegido de la libertad editorial”.
La pública recuerda entonces que el ordenamiento jurídico español articula un sistema de control de RTVE basado en el artículo 20.3 de la Constitución, que garantiza el pluralismo informativo y configura el control parlamentario, y la Ley 17/2006, que canaliza dicho control a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado y de la CNMC. Según la Corporación, este sistema delimita los cauces del control político y evita su proyección directa sobre el ámbito editorial. Por tanto, el ente considera que cualquier actuación que desborde dicho marco debe ser objeto de una valoración específica desde la perspectiva de las garantías de independencia.
En esa misma línea, destacan que el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación establece un estándar reforzado de protección de la independencia de los medios. De forma particular, aluden a su artículo 4.2, que prohíbe las interferencias directas o indirectas en la libertad editorial, y al artículo 5.1, que obliga a los Estados a garantizar la independencia efectiva de los medios públicos frente a injerencias políticas.
Por todo ello, RTVE lanza a la CNMC una solicitud basada literalmente en las siguientes tres acciones:
- Que proceda a analizar los hechos descritos desde la perspectiva del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación.
- Que valore si la iniciativa señalada puede suponer una interferencia directa o indirecta en la independencia editorial y funcional de RTVE.
- Que determine si procede adoptar medidas en el ejercicio de sus competencias, incluyendo, si resultara pertinente, la activación de los mecanismos de cooperación previstos en el ámbito europeo. En tal sentido, se sugiere valorar el traslado de la situación descrita ante el Board for Media Services, como mecanismo europeo establecido en el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación.
RTVE concluye su petición a la CNMC defendiendo que en un Estado social y democrático de Derecho, el control parlamentario forma parte del sistema. No obstante, inciden en que “cuando ese control se proyecta sobre el contenido informativo en términos que pueden condicionar su ejercicio, deja de ser un mecanismo de supervisión para situarse el terreno de la coacción, o cuanto menos, la presión institucional”, recordando que es algo el Derecho de la Unión Europea prohíbe de forma expresa. “Es precisamente en ese punto donde la intervención de una autoridad independiente se hace necesaria”, concluyen en una nota de prensa enviada a los medios.
