Un tribunal de Cádiz ha confirmado que tanto Mediaset como su antiguo colaborador Kiko Hernández deben indemnizar con 220.000 euros a Julia 'Juls' Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, por vulnerar su honor, su intimidad y su imagen a lo largo de varias semanas en 2021. Hasta 18 programas de Sálvame en los que Telecinco especuló con su vida privada e incluso escolar y que provocó que la joven, que acababa de cumplir la mayoría de edad, tuviera que mudarse para esquivar el acoso mediático. Que ella tenga más de 200.000 seguidores en Instagram y sus padres sean “notablemente famosos” en la prensa rosa, dicen los jueces, no justifican estas incursiones en su intimidad.
La propia María José Campanario, que este viernes debuta como concursante de El Desafío en Antena 3, compareció en el juicio para confirmar la “inquietud, impotencia, zozobra y angustia” que sufrió su hija “al verse perseguida” por las cámaras de la cadena. La demanda fu presentada por Averum Abogados y su socio-director Mario Bonacho, el mismo despacho que recientemente ha conseguido una condena para Telemadrid por intromisión en la intimidad de Georgina Rodríguez y su hermana.
La hija de Janeiro y Campanario cumplió la mayoría de edad en abril de 2021. Un momento en que la prensa del corazón, ya sin las ataduras de estar hablar de una persona menor de edad, se lanzó a dar toda la información posible sobre su vida. Socialité, programa de Mediaset, llegó incluso a hacer una cuenta atrás para "despixelar" las fotos que la joven compartía en su perfil de Instagram. Otros programas de la cadena, sobre todo Sálvame, se dedicaron a difundir datos de su vida privada tanto actual como de cuando era menor de edad.
La joven, que en la actualidad acumula más de 200.000 seguidores en Instagram donde comparte contenido relacionado con el mundo de la moda y la estética, demandó tanto a la cadena como a su entonces colaborador Kiko Hernández por entrar en sus “espacios privados” a lo largo de 18 programas emitidos poco después de cumplir la mayoría de edad.
Tanto Mediaset como Hernández, destacan las sentencias del caso, difundieron todo tipo de informaciones que ni siquiera estaban confirmadas. Desde sus malas relaciones con compañeras de colegio en su etapa escolar hasta su vida social en ese momento hasta afirmar que había sido detenida por robo o insinuar su relación con el consumo de estupefacientes. Todo, dice ahora la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Jerez de la Frontera, “sin que se probara la veracidad de tales afirmaciones”.
Se hizo, añaden los jueces, “de forma sistémica” y vulnerando los derechos de Julia Janeiro al honor, la intimidad y la propia imagen. Esta nueva sentencia ratifica lo que dijo un juzgado de Arcos de la Frontera en un primer momento: que Mediaset debe pagar 190.000 euros y Kiko Hernández otros 30.000 más a la joven. También están obligados a borrar ese contenido. Los jueces solo conceden una reducción en los intereses que deben pagar además de esas cantidades.
“Una frase muy paradigmática de este juicio fue que ser un personaje público no se hereda, no puede ser considerada un personaje público porque sus padres lo fueran”, explica el letrado Mario Bonacho a este periódico. “Los medios decían que ella, al ser hija de personajes públicos, también lo era, y desde el despacho lo negamos”.
Una “influencer” con derecho a la privacidad
Esta sentencia de la Audiencia Provincial, que todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, rechaza todos los argumentos de la cadena y de su antiguo colaborador. Solicitaban eliminar o al menos reducir las indemnizaciones alegando, principalmente, que ella misma es una influencer con miles de seguidores, y que sus propios padres han hablado de ella en la prensa del corazón desde que es muy pequeña.
Los jueces reconocen que tanto Jesulín de Ubrique como María José Campanario son personas “notablemente famosas” en el mundo del corazón desde hace más de dos décadas, pero eso no justifica hacer una prospección informativa en la vida de su hija. Además, añade esta segunda sentencia, cuando eso sucedió ella era menor de edad y no prestó su consentimiento. “Que sea hija de dos personajes famosos en el ámbito de la presa rosa no dota a la recurrente, por el hecho de llevar un apellido determinado, de una mayor trascendencia pública”.
Tampoco se justifica el despliegue informativo en el carácter de “influencer” de la joven en su cuenta de Instagram, donde es conocida como Juls Janeiro. “Que la misma sea influencer no suscita por si sola ningún interés mediático”, dicen los jueces. Su cuenta, añaden, es “ajena a la vida personal, familiar y sentimental” de la joven y su finalidad es interactuar con terceros, “no que puedan emitirse opiniones o realizarse comentarios sobre la vida privada del titular de la cuenta y carentes de cualquier interés o relevancia pública en un medio de comunicación”. Tampoco había dado permiso para que la cadena usara sus fotos de Instagram.
Esta sentencia confirma el dinero que Mediaset (190.000 euros) y Kiko Hernández (30.000 euros) deben pagar a la joven. “Es obvia la inquietud y sufrimiento derivado del intento de desprestigio del que fue objeto la joven y que tuvo una múltiple perspectiva, social, familiar y personal”. La cadena estuvo emitiendo este tipo de comentarios durante varios meses y ella, en ese momento, “era solo una adolescente que acababa de cumplir 18 años”.
El enfrentamiento de la cadena y la joven se prolongó durante meses. “Se expusieron datos de su infancia, que encima eran a todas luces falsos y se vulneró su imagen porque de forma incesante usaban imágenes de su Instagram”, explica el abogado Mario Bonacho. Mediaset no ha recurrido esta última sentencia y su condena de 190.000 euros ya es firme pero Kiko Hernández sí ha anunciado que llevará el caso hasta la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.