La Comisión Europea exigirá hoy a los Gobiernos de España, Italia y Portugal que establezcan límites estrictos a los avales sin restricciones que conceden a sus televisiones públicas, porque permiten el endeudamiento exagerado y falsean la competencia en el sector. La noción de servicio público que es la misión de estas televisiones no justifica un aval indefinido por parte del Estado, según el comisario europeo de Competencia, Mario Monti. Bruselas ha investigado profundamente esta situación desde 1999, por denuncias de Antena 3 y Telecinco. Hoy presentará su informe al colegio de comisarios europeos para que tome medidas. Estas ayudas indirectas, bajo la forma de avales distorsionan la competencia en un sector donde las televisiones públicas conviven con las privadas, que carecen de ese tipo de garantías financieras. Investigación en profundidad La investigación pretendía cuantificar el coste neto asociado al servicio público que presta el Grupo Radiotelevisión Española para compararlo con las ayudas recibidas, directa o indirectamente, del Estado. Según fuentes cercanas al comisario Monti la conclusión fue clara: «Las ayudas superan el coste neto del servicio público». No ocurre lo mismo, según el análisis de los servicios de Monti, con las ayudas directas, que se alinean con los costes que implica ofrecer al público determinados contenidos y servicios que no están basados en una rentabilidad comercial. El remedio que propondrá la Comisión Europea para RTVE pero también para la italiana RAI y la portuguesa RTP consiste en establecer una separación clara de actividades, tanto en la contabilidad como en el funcionamiento, de modo que las que sean estrictamente comerciales sean gestionadas con criterios de mercado y sin avales públicos que falsean la competencia con las cadenas privadas. La decisión de la Comisión Europea sentará un importante y esperado precedente, 11 años más tarde de la primera denuncia de las televisiones privadas españolas. Tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la UE, a través de una sentencia emitida en 1998, el que desbloqueara la discusión sobre los límites a la doble financiación de las televisiones públicas, atascada por la presión de varios Gobiernos. Monti no atacará las ayudas directas que recibe el grupo RTVE de los presupuestos del Estado y se limitará a cuestionar el «aval indefinido» de que se beneficia, lo que le otorga una posición de ventaja sobre sus competidores a la hora de renegociar su deuda o discutir con los bancos. En el caso de la RAI, la Comisión Europea se pronunciará sobre los servicios que alquila el antiguo monopolio televisivo italiano pero también sobre otras seis medidas de ayuda en vigor desde 1993 que podrían rebasar con creces los costes de las actividades de servicio público. Lo paradógico del caso italiano es que las pesquisas de la Comisión Europea tienen su origen en la denuncia que presentó en 1996 el grupo Mediaset, controlado por el hoy primer ministro Silvio Berlusconi y que acapara el 45% de la audiencia con sus tres canales de televisión comercial, a los que se suman canales temáticos y una televisión digital. Cabe recordar que el anteproyecto de presupuestos de RTVE para 2004 recoge un resultado negativo de explotación de 623 millones de euros. La deuda acumulada del Grupo audiovisual estatal crecerá 668 millones de euros, una cifra que, aunque es inferior a la del año anterior en 9 millones, situará la deuda acumulada en 6.860 millones de euros, muy por encima de la barrera del billón de las antiguas pesetas. 78 millones de subvención en 2004 El anteproyecto fija también la subvención del Estado en 78 millones de euros, una cifra muy similar a la que viene recibiendo desde 1996, aunque supone un incremento del cuatro por ciento con respecto al presupuesto de 2003 y, como reconoce el texto «mantiene la tendencia de crecimiento iniciada en el anterior» ejercicio. Frente a los 1.499,7 millones previstos en el presupuesto de 2003, el de este año estipula gastos por valor de 1.557,7.