El Gobierno español ha ofrecido a la Comisión Europea (CE) poner fin al aval estatal ilimitado de RTVE y proceder a una separación contable entre las actividades del grupo como servicio público y las que persiguen fines comerciales, informaron fuentes comunitarias. Los servicios de la Dirección General de la Competencia de la CE consideran de forma preliminar que estas medidas son satisfactorias y pueden bastar para cerrar el expediente comunitario sobre la financiación pública de RTVE, si bien aguardarán a que el Gobierno haga firmes sus compromisos. La retirada del aval público ilimitado es la principal demanda que la Comisión formula a España desde octubre de 2003. El Ejecutivo comunitario considera que esta garantía financiera, que ha posibilitado el endeudamiento progresivo de RTVE, confiere al ente una ventaja competitiva incompatible con las reglas europeas sobre ayudas de Estado. En cuanto a la separación contable, debe garantizar que la financiación pública regular del ente se ciñe a su función de servicio público y no acaba sufragando actividades de carácter comercial como las relacionadas con la publicidad o la producción audiovisual con fines lucrativos. La CE es consciente de que los planes del Gobierno sobre el futuro de RTVE deben aún ser plenamente definidos a la luz, entre otras posibles cuestiones, del reciente informe del comité de 'sabios' para la reforma de los medios de comunicación pública. Las conclusiones del comité abogan por mantener el esquema de financiación mixta de RTVE, pero con un “veto total” a las políticas de endeudamiento en el futuro. Bruselas espera que el Gobierno notifique lo antes posible los compromisos formales de reforma, para que el dossier quede plenamente cerrado “en cuestión de meses” y en todo caso, antes de fin de 2005, según las fuentes. El expediente sobre RTVE se inscribe en el conjunto de acciones emprendidas por la CE para adecuar la financiación de los operadores públicos de radiotelevisión de la UE a las reglas de competencia. El regulador europeo, que actúa a raíz de las denuncias de cadenas privadas, pide a los Estados miembros que definan claramente la misión de servicio público del operador; establezcan una separación contable entre sus actividades como servicio público y el resto; e instauren mecanismos eficaces para prevenir que la financiación estatal supere el coste neto del servicio. En el caso español, las pesquisas de la CE parten de las denuncias de las cadenas privadas Telecinco y Antena 3 en 1992 y 1994. En octubre de 2003, el entonces comisario europeo de Competencia, Mario Monti, pidió a España que modificase la garantía estatal de que se beneficia RTVE, al estimar que su valor “supera los costes netos de la prestación de servicio” público y vulnera por tanto las reglas sobre ayudas de Estado. La CE no cuestionó la dotación presupuestaria que el Estado asigna a RTVE al considerar que no supera “los costes netos del servicio público”, pero sí el aval ilimitado que ha permitido al grupo endeudarse en condiciones ventajosas con respecto a sus competidores. Bruselas espera que España aplique las nuevas normas sobre financiación de RTVE antes de fin de año La Comisión Europea (CE) afirmó hoy que espera que, tras los compromisos alcanzados por el Gobierno español sobre la financiacion pública sobre RTVE, las nuevas normas entren en vigor antes de fin de este año, según indicaron expertos del Ejecutivo comunitario. “El Gobierno se comprometió a tomar las medidas necesarias para conformarse a las reglas comunitarias, no sólo sobre el régimen general de financiación sino respecto a las garantías de Estado y exoneraciones fiscales”, explicaron. Bruselas reconoció que en estos momentos solo hay un compromiso por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, subrayaron que la CE no tiene razones “para pensar que no se va a cumplir antes de finales de 2005”. Las citadas fuentes hicieron hincapié en que se proceda a una separación de cuentas entre el área comercial y el de servicio público. Asimismo, explicaron que Bruselas vigila que no haya “sobrecompensación” de las actividades comerciales. No obstante, recordaron que en este punto, la CE deja en manos de los Estados miembros la definición de qué es un servicio de interés público y “no se entromete” en la catalogación de los contenidos deportivos y de entretenimiento. En lo que se refiere a otras actividades como la promoción o los anuncios, la CE “no acepta la existencia de fondos públicos ni tampoco para las denominadas actividades por Internet, ni otras relaciones con el PDAs”. Aclaraciones a varios países El Ejecutivo comunitario pidió hoy aclaraciones a los Gobiernos de Alemania, Irlanda y Países Bajos en torno a la misión y financiación de sus respectivos organismos públicos de radiodifusión, después de haber analizado varias quejas de terceras partes. La CE llegó a la conclusión de que el actual sistema de financiación en estos tres casos no respeta, a primera vista, las reglas del Tratado de la UE que prohíbe a los Estados miembros acordar subvenciones susceptibles de perjudicar a la competencia. Esta apertura de expedientes se une a los ya abiertos contra España por el citado caso de RTVE, Francia, Italia y Portugal. Con esta nueva acción de hoy contra las tres televisiones, el Ejecutivo reclama su derecho a control de la financiación de las empresas públicas de radiodifusión y que los nuevos operadores tengan una seguridad jurídica sobre sus posibilidades en el mercado. A pesar de que el Tratado establece que los Estados miembros tienen un mes para someter a la CE sus propuestas que demuestran su cumplimiento de las reglas comunitarias, las televisiones pueden “contraargumentar y alargar los plazos”, reconocieron las citadas fuentes. En el caso de que los Gobiernos no presenten medidas alternativas, la CE podría abrir un expediente que, eventualmente, abre la puerta a que no se autoricen nuevas ayudas a partir de una fecha por ser ilegales. Quejas contra Bélgica Bruselas reconoció que ha recibido denuncias por el tratamiento que se da a los órganos públicos de radiodifusión en Bélgica, por lo que dio a entender que este país será el siguiente en la lista de investigados. La institución europea exige a estos países, como lo hizo en el pasado con España, que precisen cuál es la misión del servicio público, que haya una separación contable de las actividades de servicio público y de otras actividades y que se introduzcan mecanismos eficaces para prevenir una compensación excesiva de sus actividades. Asimismo, exige a los países que vigilen que estas actividades comerciales de organismos públicos de radiodifusión respeten los principios de la economía de mercado. En último término, pide que se disponga de una autoridad nacional independiente que controle el respeto de estas reglas. Las denuncias que se presentaron contra Alemania y Países Bajos desvelaron nuevos problemas como la financiación de las actividades de organismos públicos por Internet. Además, la CE ha recibido quejas por otra parte respecto a la utilización de los espacios publicitarios, una cuestión que está analizando en una fase preliminar. Bruselas reclamó en octubre de 2003 a España que reforme la garantía ilimitada de la que se beneficia RTVE, al considerar que vulneraba la normativa europea sobre ayudas de Estado y que suponía una competencia desleal con respecto a otras cadenas televisivas. El aval público ilimitado del que se beneficia RTVE supone una garantía de solvencia frente a los acreedores y evita la quiebra del grupo. Los servicios de Competencia de la CE detectaron que este aval público ilimitado supera los costes netos de la prestación del servicio público por parte del Ente. Bruselas exigió ya entonces al Gobierno que adaptase las finanzas a lo establecido en la comunicación sobre Radiodifusión y la directiva sobre transparencia en empresas que prestan servicios públicos. Estas normas europeas disponen que la empresa en cuestión distinga nítidamente, ya sea en su contabilidad o en su estructura, entre las actividades que realiza como servicio público y las que tienen carácter comercial. El entonces comisario europeo de Competencia, Mario Monti, no puso sin embargo objeciones a las subvenciones directas que el Estado transfiere a RTVE, al considerar, en este caso sí, que compensan sin sobrepasar el coste de servicio público. Opinión de Solbes El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, declaró ayer que la solución para garantizar el futuro de RTVE y de su financiación deberá contar con los compromisos de España con la UE en esta materia junto con las propias prioridades presupuestarias del Gobierno. Sin embargo, hizo hincapié en que no ve incompatibilidad entre las normas fijadas desde Bruselas y que el Estado asuma la deuda de 7.500 millones de euros que acumula el ente. El ministro se refirió al informe del 'comité de expertos' y a la respuesta del Gobierno a sus propuestas. “Hay algunos limites que yo comprendo que los sabios no tienen por qué poner encima de la mesa; pero que para nosotros son fundamentales, que es el cumplimiento de nuestras obligaciones comunitarias, estoy hablando en términos de UE; evidentemente, la necesidad de disponer de unos recursos públicos, y evidentemente la competencia entre distintas prioridades presupuestarias; y las perspectivas del futuro de la TV pública. Son elementos que habrá que discutir y que son muy importantes para dar la solución final”, apuntó.