Industria estudia la petición de Antena 3 para la TDT de pago
El secretario de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, Francisco Ros, aseguró hoy que Industria “ya está estudiando” la petición de Antena 3 para emitir contenidos de pago en la TDT, “al igual” que está haciendo con LaSexta.
En un encuentro con la prensa, Ros explicó que “una vez sean analizadas y estudiadas”, el Gobierno adoptará “las medidas oportunas”. “Pero, por el momento, se están estudiando”, confirmó el secretario de Estado.
Este anuncio de Industria se produce un día después de la decisión de Antena 3 de presentar ante este ministerio una una solicitud para emitir contenidos de pago en TDT, según adelantó hoy 'El Mundo'. De esta manera, la cadena de Planeta se convierte en la segunda en hacer llegar esta petición al organismo de Miguel Sebastián, tras el anuncio de LaSexta el pasado 11 de abril.
Fuentes de Antena 3 aseguraron que su solicitud se enmarca en el objetivo de “tener la posibilidad” de explotar este modelo en el futuro. “De esta manera, optamos a todo el abanico de posibilidades de negocio que permita la regulación”, señalaron.
Estas mismas fuentes explicaron que la petición de la TDT de pago “está en la línea que ha mantenido la compañía con respecto a esta medida y cualquiera que pueda ayudar a flexibilizar al mercado”.
El pasado mes de abril, laSexta presentó un informe -de más de 400 páginas- en las que detallaba sus planes para la explotación de este nuevo modelo. La cadena de Planeta también ha adoptado esta vía para informar a Industria de sus intenciones.
Aprobación del Consejo de Ministros
La aprobación de esta solicitud dependerá de un informe previo preceptivo del Consejo de Estado y su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.
Además, todos los agentes implicados en esta nueva modalidad de televisión digital -operadores de televisión, operadores de red, fabricantes, entre otros- deberán someterse a lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de mercados.
Este apartado establece, entre otras cosas, obligaciones que garanticen la existencia de decodificadores que sean compatibles con distintos mecanismos de cifrado, con el objetivo de facilitar que los ciudadanos puedan acceder a todos los canales de pago mediante un único decodificador.
Además, estos aparatos deberán contener los mecanismos necesarios para el control de los contenidos protegidos.
