Un juzgado desestima el recurso judicial de Industria contra “La Otra”
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid ha desestimado la solicitud del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de entrar en las instalaciones del Canal de Isabel II, desde donde se emite La Otra, con el objetivo de precintar los equipos instalados por Telemadrid.
Según informó hoy la cadena pública madrileña, de esta forma se podrá seguir viendo su segundo canal de televisión, “al que asiste el derecho y la viabilidad técnica”. La citada solicitud fue presentada por la Abogacía del Estado el pasado 19 de septiembre al no haber podido ejecutar la orden de Industria de cese inmediato de las emisiones y precintado de los equipos.
En aquel momento, tanto la representación de la Comunidad de Madrid como del Canal de Isabel II formularon las correspondientes alegaciones que aseguraban la legalidad de la emisión en analógico del segundo canal de Telemadrid y apelaban al derecho constitucional de la libertad de expresión. Según la cadenas madrileña, “en este tema se ha producido un agravio comparativo con el resto de ciudadanos en regiones que sí disponen de dos canales autonómicos de televisión, como en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco”.
Telemadrid indicó que ha respetado la legalidad desde el momento en que solicitó la frecuencia correspondiente al Ministerio de Industria, “antes de emitir, mientras que otras televisiones autonómicas comenzaron sus emisiones sin autorización previa de dicho ministerio”.
Declaraciones de González Por su parte, el vicepresidente primero y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aseguró que esta decisión ha sido un “golpe” al ministro José Montilla y al Gobierno, por el hecho “sin precedentes” de que una institución pública haya intentado cerrar un medio de comunicación.
González pidió al Gobierno central y al Ministerio de Industria que deje de focalizar sus acciones contra la Comunidad de Madrid, y ayude a las instituciones madrileñas a instaurar un mejor servicio de medios de comunicación, “porque es lo que el gobierno de la Comunidad de Madrid pretende”. Industria aclara que la sentencia atiende a una cuestión de procedimiento
El Ministerio de Industria afirmó hoy que la sentencia emitida por un juzgado de Madrid, por la que se desestimaba su recurso contra las emisiones en analógico de la segunda cadena de la televisión autonómica madrileña, 'La Otra', no entra en cuestiones de fondo como la legalidad de dichas emisiones, sino que el juez indica a Industria que debe presentar el recurso contra Telemadrid, y no contra el Canal de Isabel II, como se había presentado en inicio. Según aseguró un portavoz del Ministerio, la sentencia judicial explica que el Canal de Isabel II, en cuyas dependencias del barrio de San Blas se encuentran las instalaciones por las que emite 'La Otra', tiene una relación contractual con Telemadrid para permitirle instalar esas antenas, y que por lo tanto las acciones judiciales no deben dirigirse contra el Canal sino contra la televisión autonómica. Así, lo que la sentencia establece, según estas fuentes, es que deniega el permiso a Industria para acceder a la propiedad del Canal. Sin embargo, aseguran, “no se extiende más allá, y no entra a considerar la legalidad de las emisiones” de la televisión regional.
Por lo tanto, Industria afirma que volverá a presentar el mismo recurso en los términos en que lo dicta el juez, es decir, contra las instalaciones de Telemadrid y no contra el Canal.
Telemadrid celebra que los jueces hagan valer el Estado de Derecho frente a decisiones “arbitrarias” del Gobierno La dirección de la cadena pública autonómica de la Comunidad de Madrid celebró hoy que “haya jueces que impidan acciones arbitrarias de los gobiernos” y defiendan el Estado de Derecho, después de que un juzgado de Madrid desestimara la solicitud de Industria de entrar en las instalaciones donde emite en analógico 'La Otra', el segundo canal regional.
En declaraciones a Europa Press, fuentes de la dirección aseguraron que Industria pretende “confundir a la opinión pública” con “tergiversaciones leguleyas”, y reconoce que “se ha equivocado, lo que es muy grave porque no se respeta ni el procedimiento del estado de Derecho ni el principio de legalidad”.
