RTVE dejará de tener un director nombrado por el Gobierno y el aval ilimitado del Estado
Por su interés reproducimos a continuación el artículo de Rosario G. Gómez que publica hoy El País: Por primera vez en 25 años, el Gobierno afronta la reforma de RTVE. El anteproyecto de ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, que hoy tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros, sustituirá al estatuto que desde 1980 regula su funcionamiento. El Ente Público se convertirá en la Corporación RTVE, independiente del Gobierno y sometida al control del Parlamento y del nuevo Consejo de Medios Audiovisuales. Según la futura ley, el director general no será nombrado por el Ejecutivo, como hasta ahora, sino por el Consejo de Administración de la compañía. RTVE mantendrá la financiación mixta (subvención e ingresos publicitarios) y estabilizará sus cuentas a través de un contrato-programa con el Estado que se revisará cada tres años. Con esta fórmula se pretende acabar con el ilimitado aval del Estado y erradicar su gigantesco endeudamiento, que supera los 7.000 millones de euros. Para diseñar la nueva RTVE, el Gobierno ha tomado como punto de partida el informe del comité de sabios que durante nueve meses perfiló las grandes líneas del cambio en la radio y la televisión pública. La reestructuración va enfocada a preservar la independencia de RTVE, garantizar el servicio público y dotarla de una financiación racional.
Uno de los cambios más significativos afecta al sistema de nombramiento del director general. Según el Estatuto de RTVE, esta función correspondía al Ejecutivo y, en la práctica, los sucesivos gestores han actuado a las órdenes del Gobierno de turno. Con la nueva ley, el máximo ejecutivo del grupo de comunicación estatal será designado por el Consejo de Administración de la compañía mediante un procedimiento público y seleccionado mediante criterios profesionales.
Elección del Consejo
En este sentido, también cambiará el sistema de elección y el número de los consejeros. Los 12 miembros (elegidos por el Congreso y el Senado a partes iguales) que actualmente componen este organismo se reducen a 10 y su mandato se amplía a seis años para no coincidir con la duración de una legislatura. Los candidatos serán nombrados cuatro por el Congreso y otros cuatro por el Senado por mayoría de dos tercios. Los otros dos vocales serán propuestos por los sindicatos más representativos y votados por el Congreso. El comité de sabios diseñó un Consejo de Administración compuesto por ocho personas (dos elegidos por el Congreso, dos por el Senado, dos por los sindicatos y otros dos por el Consejo Audiovisual). El Ejecutivo apuesta, sin embargo, por dar un mayor peso al Parlamento a la hora de configurar aquel organismo. RTVE cambiará también su régimen jurídico. El Ente Público se transformará en la Corporación RTVE, una sociedad anónima cuyo capital será al 100% del Estado. Su gestión será completamente autónoma e independiente del Gobierno y estará bajo el control del Parlamento y del nuevo Consejo de Medios Audiovisuales, que vigilará el cumplimiento de su misión de servicio público.
Otro de los aspectos principales de la reforma afecta al sistema de financiación de RTVE. Desde la década los noventa, han convivido simultáneamente tres fuentes de financiación: ingresos publicitarios, subvención y endeudamiento. La ley crea la figura del mandato-marco, que tendrá una duración de nueve años y se actualizará cada tres a través de un contrato-programa que fijará la subvención en función del servicio público que preste la corporación.
Gestión más transparente
Atendiendo a las exigencias de la Unión Europea, RTVE dejará de contar con el aval ilimitado del Estado, que ha conducido a la compañía a acumular deuda de manera irrefrenable. La introducción de la contabilidad analítica -también por recomendación de Bruselas- contribuirá a hacer más transparente la gestión del grupo estatal.
La televisión pública restringirá su acceso al mercado publicitario. El tiempo dedicado a la emisión de anuncios será inferior al de los canales privados. El comité de sabios propuso reducir a 9 minutos por hora el volumen de publicidad, frente a los 12 minutos que rigen ahora.
Para garantizar la independencia informativa se crearán consejos de redacción en TVE y en RNE y se pondrá en marcha un Consejo Asesor, que colaborará con el Consejo de Administración.
En materia de programación, TVE prestará especial atención a los espacios destinados a la infancia y la juventud y a las minorías. Se establecerán cauces para facilitar el derecho de acceso a los medios públicos de los colectivos más representativos y se fomentará la participación de la sociedad civil.
El Gobierno otorga a RTVE un papel clave en el desarrollo de la sociedad de la información y en el impulso a la televisión digital terrestre. En este sentido, la corporación dispondrá de un canal múltiple completo (que albergará cuatro programas o canales convencionales, además de servicios interactivos) con posibilidad de ofrecer desconexiones territoriales.
Cuando concluya la reforma de RTVE, el Ejecutivo prevé otorgarle otro canal múltiple. El Ente Público está en estos momentos en disposición de emitir ocho ofertas digitales, tal y como avanzó recientemente su directora general, Carmen Caffarel, en la Comisión de Control parlamentario.
