'Telecos' instan a los partidos a rechazar la financiación de TVE
Redtel insta a los grupos parlamentarios a rechazar el proyecto de financiación de RTVE, “opaco, injusto y dañino” para las operadoras, que supondrá una nueva tasa para estas compañías del 0,9% de sus ingresos anuales, afirmó hoy el presidente de la asociación, Miguel Canalejo.
“Es un proyecto arbitrario, inaceptable e injusto que penaliza a las telecomunicaciones, al que se sigue viendo como sector rentable al que seguir imponiendo tasas ajenas a su actividad”, explicó Canalejo, quien destacó que mientras sea legalmente posible, la asociación integrada por las cuatro grandes operadoras españolas (Telefónica, Vodafone, Orange y ONO) se negará a contribuir con dicho canon.
En opinión de la asociación, la arbitrariedad de esta medida queda patente al considerar que las operadoras aportan un 0,9% de sus ingresos totales cuando los servicios audiovisuales suponen aproximadamente el 1%.
“Una copia mala” del modelo aplicado en Francia
Canalejo destacó también que las compañías del sector soportarían una nueva carga fiscal de 230 millones de euros anuales y acabarían financiando más del 50% de la televisión pública, mientras que algunos de los interesados en la supresión de la publicidad del ente quedan exentos de tributos.
Para Canalejo, esta nueva tasa, que “se ha copiado y encima mal” de la legislación francesa, vuelve a acentuar la penalización recurrente en un momento de crisis a un sector “netamente inversor” y fundamental para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España que, además, en ningún caso percibe ingresos de publicidad por la prestación de sus servicios de telefonía fija, móvil y de acceso a Internet.
Asimismo, el presidente de la asociación recordó que Redtel mantiene numerosos contencioso con algunos municipios por la tasa por empleo de dominio público municipal, que supone un tasa del 1,5% de los ingresos.
Recursos jurídicos ante la Comisión Europea
El presidente de Redtel manifestó su descontento con un proyecto “apresurado”, tramitado de urgencia y sin la negociación pertinente con los agentes involucrados, pero destacó que aún no podían concretar qué medidas jurídicas tomarán, en caso de que el proyecto siga su curso, hasta que se concrete y se apruebe y que, de momento, lo único que se ha hecho es advertir del mismo a la Comisión Europea.
Canalejo se aludió a los informes preceptivos del Consejo de Estado y de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) con respecto a la polémica propuesta para señalar que dicha medida supone “el incumplimiento” de la normativa comunitaria y española y adelantó que, en caso de mantenerse esta incongruencia, los afectados solicitarán su anulación ante las instancias jurídicas correspondientes.
¿Subirán las tarifas? “De algún sitio tendrá que salir el dinero”
En cuanto a la posibilidad de que los operadores trasladen estos costes a precios a clientes, el presidente de la asociación indicó que era una decisión que recaía en cada compañía.
“Depende de la empresa, algunas renunciarán a inversiones, otras a publicidad, otras recortaran gastos ... Lo que está claro es que supondrá una reducción de su cash flow y de algún sitio tendrá que salir”, apuntó.
Divididendo digital para el desarollo del mercado móvil
Por otra parte, Canalejo, que aplaudió la aprobación del dividendo digital, una de las medidas más importantes tomada en los últimos años dentro del sector en España, recalcó que no hay que confundir temas y pidió al ejecutivo que adelante lo “máximo” posible la fecha para el reparto de las frecuencias de 790 a 862 MHz fijada para 2015.
El presidente de la asociación recordó que la designación de frecuencias digitales para operadores de comunicaciones no es una novedad, ya que es una petición que llevan realizando desde hace tiempo sobre la que la Comisión Europea ya se ha pronunciado y aprobado por algunos países europeos como Finlandia, Francia y Suecia, y que es un requisito “consustancial” para el desarrollo del mercado móvil para Internet.
El fin de la publicidad en TVE pone en peligro 18.000 empleos
Anunciantes, agencias de publicidad y medios y usuarios explicaron hoy que, una vez comenzadas las conversaciones “por vía de urgencia, al igual que está siendo tramitada la ley” han detectado “muchas disensiones” en los grupos parlamentarios sobre el anteproyecto de Ley con el que el Gobierno pretende suprimir la publicidad en TVE.
Según indicó el director general de la Asociación Española de Anunciantes (AEA), Juan Ramón Plana, los grupos parlamentarios “escuchan con mucha atención” las reivindicaciones contrarias a la eliminación de anuncios en la cadena pública de las 16 asociaciones, cuya unión escenificaron hoy en una rueda de prensa conjunta.
Allí, el portavoz, Francisco Ortihuela, pidió al Congreso que rechace el anteproyecto de ley, que de llevarse a cabo “no beneficiará a la productividad del país” y supondrá, según sus cálculos la pérdida de 18.000 empleos, de los cuales 13.000 provendrían del sector publicitario. Asimismo implicará que “42 millones de ciudadanos soportarán el aumento de costes”.
La tramitación de esta ley se realiza, según señalaron, “innecesariamente por vía de urgencia”, algo que les ha sorprendido, y se produce en una situación económica que “no es la más adecuada”. Por otro lado, señalaron que no han sido “llamados a consultas” sobre esta cuestión. “Es gravísimo plantear una medida de esta forma tan precipitada”, señalaron, al tiempo que pidieron, por ejemplo, “una hoja de ruta”. “El Parlamento puede parar la Ley”, reiteraron.
El 40% de publicidad de juguetes, en TVE
Como ejemplo de las consecuencias que puede suponer esta supresión de la publicidad, situaron al sector de los juguetes, que da empleo a 5.000 trabajadores directos y más de 20.000 indirectos, con una inversión publicitaria que asciende al 16 por ciento de su facturación y que en casi un 40 por ciento está destinada a TVE por “su trato a la programación infantil”.
Así, para los jugueteros “la pérdida de efectividad de la inversión publicitaria tendrá un efecto directo sobre el consumo” con un descenso en las ventas de hasta un 10 por ciento, con la eliminación de 2.500 puestos de trabajo.
Además, según indicaron, 4.637 empresas de diferentes sectores se verían afectadas al no poder colocar sus anuncios en la cadena pública y no llegar a sus públicos, por lo que el consumo se verá resentido al reducirse la capacidad de comunicación de las empresas. Especialmente afectados se verán las empresas que dirigen sus productos hacia el público infantil y los adultos mayores de 55 años, que concentran un 40 por ciento de su inversión publicitaria en TVE.
Todo ello tendrá como consecuencias, según su vaticinio, “impactos publicitarios de menor calidad, inflación de precios debido a la menor oferta, mayor saturación y menor eficacia” que redundarán en “una clara pérdida de competitividad” para las empresas más afectadas.
