La Comisión Europea ha pedido este jueves a España que suprima, por considerarla ilegal, la tasa que ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones para financiar Radio Televisión Española (RTVE) y compensar así la supresión de la publicidad. Se estima que esta tasa iba a generar unos ingresos de aproximadamente 230 millones de euros en 2010.
La solicitud tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. En caso de que España no modifique su legislación en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El ultimátum de Bruselas afecta también a Francia, en cuyo modelo de financiación de la televisión pública se ha inspirado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En ambos casos, la Comisión considera que estos “impuestos sobre las telecomunicaciones” son incompatibles con las normas de la UE. De acuerdo con estas reglas, las tasas específicas cobradas a los operadores de telecomunicaciones sólo pueden sufragar determinados costes administrativos y de reglamentación (principalmente las autorizaciones y las tareas de regulación) y deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas. También se debe consultar oportunamente a las partes interesadas.
Sin embargo, según el análisis de Bruselas, la tasa a las telecos para financiar RTVE no está relacionada con los costes de regular el sector sino que está relacionada con la ausencia de ingresos publicitarios de la televisión pública.
La comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, lanzó el expediente contra España el pasado mes de marzo y aseguró en aquel momento que la tasa “parece afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes”.
Desde entonces, el Ejecutivo comunitario ha recibido las alegaciones del Gobierno español defendiendo la legalidad del nuevo modelo de financiación de RTVE. Pero los argumentos de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, no han convencido a Kroes, que ha decidido seguir adelante con el procedimiento de infracción.
El nuevo modelo, que entró en vigor en septiembre del año pasado, suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9% de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3%, y a las de pago el 1,5%.
El Ejecutivo comunitario archivó el pasado 20 de julio una segunda investigación que había lanzado contra el nuevo modelo de financiación de RTVE tras concluir que éste respeta la normativa comunitaria sobre ayudas públicas porque garantiza que la televisión pública “no recibirá una compensación excesiva por prestar servicios públicos de radiodifusión”.
Las 'telecos' urgen al Supremo a suspender la tasa para evitar pagos ilegales
La Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones con Red Propia (Redtel) ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda con “urgencia” la tasa impuesta a las operadoras de telecomunicaciones para financiar Radio Televisión Española (RTVE) para evitar el pago ilegal de 150 millones de euros, según un comunicado enviado por Redtel.
Tras conocer la petición formulada por la Comisión Europea (CE) a España de suspender esta tasa por considerarla ilegal, la patronal que representa a las principales empresas de telecomunicaciones que operan en España como Ono, Orange, Telefónica y Vodafone, pide al Supremo que ordene la suspensión cautelar del pago antes del 6 de octubre, fecha de abono de la primera tasa, por ser incompatible con la normativa comunitaria.
“De lo contrario, se llegaría al absurdo y la injusticia de que Bruselas nos da la razón pero, mientras, las empresas tienen que realizar pagos por más de 150 millones de euros. Es decir, que el daño financiero y el impacto negativo sobre la inversión a corto plazo se producirían igualmente y sería irreversible”, explica Redtel.
La patronal del sector de las telecomunicaciones recuerda que la publicación “precipitada” el pasado mes de agosto de la Ley de Financiación de la Corporación RTVE, además de “aumentar las incongruencias y las imprecisiones de esta iniciativa, incluyó el mecanismo de autoliquidación” para garantizarse el ingreso de más de 150 millones de euros.
Redtel considera que el Gobierno “hizo caso omiso” a las dudas planteadas por la CE sobre la legalidad de esta exacción y, que si se hubiese optado por el método de liquidación habitual de las tasas, los operadores podrían haber continuado su defensa en tribunales “de manera normal”.
La patronal considera que la autoliquidación los deja en una situación de indefensión que sólo puede ser paliada por la suspensión de la medida por parte del Tribunal Supremo de manera urgente.
Además, Redtel denuncia la “incoherencia” del Ejecutivo y recuerda que, a principios de septiembre, el secretario de Estado de Telecomunicaciones reclamaba más inversión por parte de los operadores y “hace solo unos días” la CE proponía un paquete de medidas para impulsar la inversión en redes de telecomunicaciones.
Redtel mantiene que los artífices del nuevo mecanismo de financiación de TVE “sólo piensan en cómo extraer cuanto antes más dinero de los operadores, sin pararse a reflexionar sobre la legalidad de esta iniciativa, ni en sus consecuencias”.
El Gobierno “va a seguir defendiendo” el modelo por ser “compatible con la normativa”
El Gobierno ha señalado este miércoles que “sigue pensando que el modelo de financiación de RTVE es compatible con la normativa comunitaria” y ha asegurado que “lo va a seguir defendiendo”, después de que la Comisión Europea haya pedido a España que lo modifique, por considerar ilegal la tasa que ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones.
En este sentido, fuentes del Ejecutivo han señalado a Europa Press que la decisión de Bruselas “no pilla por sorpresa” al Gobierno, que ya “esperaba este dictamen”. En todo caso, va a esperar a recibirlo para “estudiarlo en todos sus extremos y valorar lo que significa”.
La solicitud de la Comisión Europea tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. En caso de que España no modifique su legislación en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El ultimátum de Bruselas afecta también a Francia, en cuyo modelo de financiación de la televisión pública se ha inspirado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, lanzó el expediente contra España el pasado mes de marzo por considerar que la tasa puede “ser
incompatible con las normas de la UE“ ya que ”parece afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes“.
Desde entonces, el Ejecutivo comunitario ha recibido las alegaciones del Gobierno español defendiendo la legalidad del nuevo modelo de financiación de RTVE. Pero los argumentos de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, no han convencido a Kroes, que quiere seguir adelante con el procedimiento de infracción.
El nuevo modelo, que entró en vigor en septiembre del año pasado, suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9 por ciento de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3 por ciento, y a las de pago el 1,5 por ciento.