Ante el caso Borbón, el de la presunta corrupción del exmonarca Juan Carlos, está dándose por sentado que, por muchos que sean los indicios de responsabilidad, el sospechoso es absolutamente inviolable, prácticamente impune, para todo lo actuado durante los largos años que van desde su entronización hasta su abdicación. Sólo se le podría investigar policial, judicial y políticamente por actuaciones de tiempos posteriores. ¿Cómo puede ser esto? Se nos responde que porque así lo dispone la Constitución. ¿Qué es lo que dice la misma al respecto? ¿Sienta de verdad algo tan chocante? Me atengo a recordar lo que dice la Constitución.

El pasaje que se cita para dar por sentada dicha inviolabilidad absoluta o impunidad flagrante se contiene en el parágrafo tercero del artículo 56 de la Constitución: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Suele obviarse la prosecución: “Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64”. Y esto es lo que se dice en este otro artículo: “Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución (de las Cortes) prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”. Reléase por favor poniéndose en suspenso todo lo que está diciéndose y escuchándose al propósito. Los actos del Jefe del Estado son de la responsabilidad de quien debe suscribirlos en cada caso. No puede haberlos sin este refrendo. Siempre debe haber un responsable. Los actos del monarca pertenecen jurídicamente a quienes los refrendan. Tales son el requisito y la razón de la inviolabilidad. No hay modo de que esta quepa fuera de este encuadramiento propio de Monarquía bajo Constitución.

Juan Carlos de Borbón no es ni ha sido nunca inviolable por todo lo que haya actuado fuera de dicho cuadro del refrendo antes, mientras y después de su desempeño como Jefe de Estado. Para lo anterior y lo posterior ni siquiera hay posibilidad de dicho requisito del refrendo, lo cual le hace incluso más responsable de sus propios actos. Lo es también por supuesto de los no refrendados mientras que ha sido Jefe de Estado. Respecto a estos, la inviolabilidad todavía tiene un juego, pues, en su virtud, no puede ser sometido a juicio durante ese tiempo de reinado efectivo, lo que, como monarca, en principio es vitalicio, de por vida. He aquí el único grado de impunidad que podría constitucionalmente darse. Son gajes, entre tantos, de la Monarquía. ¿Qué pasa entonces si se presentan indicios serios de corrupción o de alguna otra actividad delictiva? ¿Hay que resignarse a mantener en su cargo a un monarca notoriamente corrupto? No exactamente. Aunque la Constitución no haga la previsión, he ahí el supuesto para la abdicación con asunción de responsabilidad. Ya ante los indicios de corrupción, Juan Carlos de Borbón hizo lo primero, abdicar, no lo segundo, reconocerlo responsablemente, lo que conduce a la situación en la que nos encontramos.

Juan Carlos de Borbón ha hecho más, bastante más, contando siempre al propósito con la colaboración, no vamos a decir sin pruebas que con la complicidad, del bipartito que ha venido turnándose durante todos estos años en el gobierno central. En el trance de la abdicación, el caso es que se pusieron todos los medios pare eludirse la consecuencia de la asunción de la responsabilidad comenzándose por el lanzamiento de la narrativa de que ha sido un monarca estupendo víctima a la postre de sus debilidades humanas. El medio principal en busca ya francamente de la impunidad ha sido el de un aforamiento atípico por plantearse en términos de prolongación de la inviolabilidad sin solución de continuidad, lo que ya escapa en todo al cuadro de la Constitución. El Tribunal Supremo vino a apuntalar la operación interpretando, ante demandas de paternidad, el aforamiento del exmonarca como injusticiabilidad. Tan inseguros estuvieron Gobierno y Parlamento al plantearlo que subsumieron el aforamiento en una extraña “Ley orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa”. Ahorro otros detalles técnicos de verdadero desprecio tanto político como judicial de las previsiones constitucionales.

No se piense que hubo conspiración entre poderes para blindar al exmonarca o, como quieren dichas medidas, monarca todavía, el monarca nada menos que emérito, lo que significa jubilado con todos los honores. Hay cosas más graves de fondo. Opera entre unos y otros poderes una cultura jurídica de la irresponsabilidad de la Jefatura del Estado que guarda relación con la impunidad monumental de la dictadura franquista. Respecto a la irresponsabilidad de Juan Carlos de Borbón, no hay que remontarse más en la historia. De ahí, de una dictadura, procede. Y el caso es que, con todo, el derecho, Constitución incluida, se pervierte. Sigamos explicando del modo aquí más sucinto.

Constitucionalmente, sin función pública que pueda justificarlo, en casos contados y a menudo cuestionables, no debiera caber aforamiento. La inviolabilidad sólo está prevista por la Constitución en singular para el Jefe del Estado en activo (“La persona del Rey…”). No caben dos monarcas por muy emérito que se le tenga a uno de ellos. Además, en el momento mismo de la abdicación, la no-procesabilidad decayó. Y hoy no hay paraíso de impunidad que valga. No estamos en los tiempos en los que Guillermo II de Alemania encontró refugió, eludiendo totalmente responsabilidades, en una finca neerlandesa de la familia aristócrata de Audrey Hepburn. Un siglo no ha transcurrido en vano para esta especie de casos. Lo digo porque hay quienes proponen que Juan Carlos de Borbón se exilie, el rey actual le repudie como padre… y asunto arreglado. Ciudadanía que no ve, Constitución que no se resiente. Es la dirección de arreglo en falso en la que está ahora presionando el Gobierno.

Así las cosas, desde la perspectiva de la Constitución, ¿cómo se puede estar transmitiendo y publicando cuanto se transmite y se publica por las redes y por los medios sobre lo que es y no es investigable según haya ocurrido antes o después de la abdicación así como acerca de limitaciones sustanciales de lo indagable en todo caso? No se me pregunte a mí. Lo que estoy últimamente advirtiendo es una extraña confluencia a derecha, al centro y a izquierda acerca del alcance de tales limitaciones como si fuera mayor del que constitucionalmente debiera. Aunque ya de vergüenza reconocerlo abiertamente, a la derecha y al centro, es una forma de seguir defendiendo al exmonarca y todo lo que la monarquía puede seguir arrastrando como sucesora de una dictadura. A la izquierda, se trata de un modo de hacer ver que la Constitución es deficiente y está obsoleta más incluso de lo que en efecto lo es y lo está.

Se le achaca a la Constitución que no se pueda investigar a fondo los actos eventualmente ilícitos, teniéndose indicios, de Juan Carlos de Borbón, cuando resulta que no es tamaño impedimento ni mucho menos lo que se deduce del texto constitucional. Se habla incluso desde medios además oficiales de la necesidad de reformar la Constitución a dicho propósito de exigencia de responsabilidad, lo que no parece sino una coartada para no activarla en la medida que efectivamente cabe con el texto constitucional en la mano, una medida ciertamente muy superior de la que está ahora amagándose por vía judicial y estorbándose por la parlamentaria. Han empeorado la Constitución y encima quieren que tomemos por tal su versión degradada.

En lo que interesa a la Constitución, tanto da que se le achaque la irresponsabilidad de la Monarquía para ensalzarla o para degradarla. En todo caso, no se merece que la responsabilidad se le endose. No hagamos que la Constitución dependa de la suerte declinante de una Monarquía procedente de Dictadura. Juan Carlos de Borbón se negó a vincularse a la Constitución. Nunca la juró ni prometió mientras que había prestado solemne juramento por dos veces a las llamadas Leyes Fundamentales del régimen dictatorial. Antes de jurar la Constitución, Felipe recibió el mando militar de Juan Carlos y además directamente, sin refrendo y sin presencia siquiera de Parlamento ni Gobierno. Con tal continuidad en el empeño de colocarse por encima de la Constitución, el problema del exmonarca lo es de la Monarquía. Es irónico que se agarren ahora a ella como a un escudo. No dejemos que la arrastren en su caída.

Otros asuntos son el de la República y el del cambio constitucional que pueda traerla. No mezclemos la aspiración de democracia que ha de ser necesariamente republicana con la cuestión de responsabilidad no sólo penal del exmonarca malemérito y familia. No metamos por medio tampoco historias pretéritas, monárquicas o republicanas, para dirimir lo que deba ser o no ser hoy constitucional. A cada cosa y a cada tiempo lo suyo. Pobres serían las virtudes de la República si su causa necesitase valerse de los vicios de la Monarquía, aunque develarlos por supuesto que ayuda.

Envueltos en pseudoinformación tendenciosa, abundan los intelectuales que desechan las causas del constitucionalismo democrático en holocausto de sus intereses partidarios

Para ellos, calles franquistas y titiriteros, más que urgir memoria democrática y una justicia con garantías, revelan tinglados académicos y excesos poscomunistas

Un veterano comentarista político (Antonio Elorza) publica en prensa un artículo titulado Calles, placas y títeres en Madrid donde, sin venir mucho a cuento, deja caer que los sucesos a los que alude (cambio frustrado de denominaciones de las calles madrileñas de resabio franquista, tratamiento represivo desorbitado de los titiriteros que han acabado satirizando en carne propia usos policiales, judiciales y políticos del antiterrorismo…), “encajan en una mentalidad que ha ido extendiéndose entre la juventud disconforme desde el fin del comunismo y de la que Contrapoder fue ejemplo y vivero”. Más no aclara.

Contrapoder fue la divisa de un grupo universitario. Hoy es el distintivo de un grupo de opinión que publica en este medio, el diario.es, y ha sido además el título del libro que el mismo colectivo ha publicado en vísperas de las pasadas elecciones generales levantando acta del devastador efecto de las políticas del último gobierno sobre el orden constitucional de derechos y garantías, así como del reto pendiente en cantidad de asuntos respecto al necesario cambio de rumbo: Contrapoder. Desmontando el régimen (Roca Editorial, 2015). Elorza parece referirse sólo a aquel grupo, pero todo lo segundo representa una materialización viva de la consigna que cuadra igualmente como diana de la insinuación. Interesa más ahora el ataque mismo y el contexto desde luego en el que se comprende.

Elorza comienza relatándonos que este último verano aceptó la invitación de la Cátedra de Memoria Histórica del Siglo XX de la Universidad Complutense a El Escorial significándose ante la concurrencia por defender sin éxito la “ponderación” de tomar en cuenta no sólo el genocidio franquista, sino también el republicano: “Cité Paracuellos”. Dice que se le discutió y es cierto. Por mi parte alegué que no estábamos con casos ya investigados, sino con los de la justicia pendiente sobre crímenes masivos de víctimas, a estas alturas, aún desaparecidas con las responsabilidades consiguientes del Estado conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Elorza respondió eludiendo el argumento. No se dignó asistir al resto de unas jornadas en las que no dejó de profundizarse en dicha vertiente jurídica. Vino sólo a soltar su discurso.

Ahora eleva el tiro dirigiéndolo contra la misma Cátedra de Memoria Histórica, esa “extraña cátedra”. Le parece todo un engendro que poco menos que se dedica a malversar fondos universitarios, “un montaje confuso que margina recursos de la Universidad”, consecuencia a su juicio nada menos que del “viejo defecto de una izquierda corporativa que, como ahora vemos en el Ayuntamiento de Madrid (…), se encapsula en la asignación de puestos y recursos por afinidad”. Cito literalmente entre comillas porque de otro modo parecería que exagero. Recordemos que Antonio Elorza es catedrático emérito de Historia del Pensamiento Político de la misma Universidad Complutense a la que pertenece la Cátedra de Memoria Histórica.

A su respecto Elorza saca de su arsenal algo todavía más grave. Nos dice que sus reservas frente a la concesión de recursos a dicha cátedra nunca las ha ocultado. Ha llegado a comunicarlas por escrito en más de una ocasión al rector mismo de la Complutense sin haber recibido respuesta. Mientras tanto, acepta la invitación de la Cátedra de Memoria Histórica. Por tiempos estalinistas era frecuente tal combinación de colaboración y delación. Ahora intenta Elorza dar la puntilla aprovechando la fabricación y el hinchamiento de un escándalo.

Me refiero al provocado por la filtración de un borrador de lista de trabajo de medios de la Cátedra de Memoria Histórica sobre nombres franquistas del callejero de Madrid con independencia de que concurran méritos no políticos en los sujetos afectados, algo que, en todo caso, encierra un interés de memoria democrática siempre que se tenga una mínima sensibilidad al propósito. Bien lejos de este ánimo, los acontecimientos que Elorza contempla, éste de las calles y el de los títeres, se emplean como simples excusas a fin de arremeter contra una cátedra refractaria a sus enfoques y de pegar al paso un pellizco a una movida que, por poscomunista según dice, le pone por lo visto de los nervios.

Elorza se refiere a más asuntos pretendiendo que los colaciona para “superar la anécdota”, pero sin ofrecer el contexto que pudiera ayudar a hacerlo. La imagen que con esto se transmite es la que cunde por los medios en campaña contra el Ayuntamiento de Madrid. Así ocurre con su alusión a la equivocación enseguida rectificada de la retirada de una placa conmemorativa de frailes asesinados en el terrible verano del 36 en Madrid. Nada dice Elorza sobre la razón hoy principal para que dicha lápida deba respetarse tal cual, la de que su lenguaje es respetuoso sin permitirse expresiones de discurso de odio como la habitual en el caso de “hordas marxistas” y demás.

No falta otra alusión aún menos contextualizada, ésta al “penoso anticlericalismo visible en la toma de la capilla” sin añadir más. Se refiere obviamente al procesamiento de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid por haber participado en una ocupación pacífica de la capilla católica de la Universidad Complutense reivindicándola como espacio universitario. Nada dice Elorza sobre el problema de fondo de que el código penal español siga tipificando como delito, ahora encubiertamente, lo que la iglesia católica considera sacrilegio. Tampoco tiene reparos Elorza sobre el desvío de recursos universitarios para objetivo menos justificable que el de la memoria democrática de los crímenes contra la humanidad de la dictadura franquista. Mejor estaría el inmueble de la capilla destinado a sede de la Cátedra de Memoria Histórica elevada a Fundación.

No entremos sin embargo al trapo poniéndonos a debatir aquí y ahora proyectos y logros en la trayectoria de la Cátedra de Memoria Histórica desde los tiempos de Julio Aróstegui y bajo la dirección actual de Mirta Núñez. Todo tiene su tiempo y su sede. Lo que no guarda sentido es la arremetida de un compañero de claustro académico contra una iniciativa plausible de cooperación entre la Universidad y asociaciones civiles, como es el caso de dicha cátedra, y que se haga además con la excusa de un escándalo cocinado por el propio medio periodístico donde el agresor escribe. Elorza se comporta como cooperador innecesario de la envenenada embestida periodística. Si acudiésemos a la discusión en base a tanto dato sesgado seríamos también cómplices gratuitos.

Confieso que, con toda la consideración que merece el Elorza universitario, no me explico su actual papel periodístico. No sé si le guía el rencor personal o la inquina política. Otras explicaciones no diviso. Tampoco es que, con aprecio y todo, la cuestión personal me desvele. Llega un momento en el que la simpatía humana se agota. Elorza descubre últimamente los estudios sobre genocidio sin molestarse en conocer lo que otros llevamos tiempo trabajando ni interesarse por casos actuales con cuota de responsabilidad española, tanto de Estado como de empresas. Lo que le preocupa ahora es “el genocidio” republicano como contrapeso del franquista.

El problema entiendo que no radica en la penosa deriva intelectual de una persona, sino en la cerrazón política más que individual frente a la toma de conciencia sobre los problemas surgidos del estancamiento y la regresión constitucionales en curso, de esa conciencia que hoy puede representar entre tantas otras iniciativas ciudadanas, Contrapoder, tenga conocimiento o no Elorza de éste de eldiario.es. La agresión obsesiva a la memoria democrática reputándola unilateral resulta piedra de toque.

Elorza no es en efecto un caso singular. Hay un conjunto de intelectuales hijos de la inmediata posguerra y padres de la demediada transición, situados entonces y luego en posiciones de izquierda institucionalizada, contagiados hoy por un síndrome de contrapoderofobia con viraje descontrolado hacia la derecha… Digo lo mismo. El problema no parece de infatuación de individuos, sino de discapacidad de grupo.

Permítaseme todavía un par de toques. La práctica de comentar sin ningún escrutinio crítico la ficción transmitida por los órganos de prensa que están convirtiendo la información misma en opinión descarada (calles, placas, títeres, capillas…) tampoco es exclusiva de algún que otro individuo, sino característica de un grupo generacional, sería injusto decir que de una generación por entero.

Finalmente no olvidemos que una portavoz y unos titiriteros (Rita Maestre, Raúl García Pérez y Alfonso Lázaro) están procesados bajo imputaciones de fondo político. Los comentaristas que dan por ciertos unos montajes periodísticos no están ayudando a su defensa ni a la nuestra, la de las libertades amenazadas de toda la ciudadanía.

Nuestra Constitución contiene lapsus, incongruencias, lastres y momentos fallidos debidos a la mala conciencia de sus autores

Pero la mala conciencia tiene, a veces, buenas consecuencias: Constitución tan insegura no podía dejarlo todo atado

Dos ejemplos de esta huella ambivalente se dan en el capítulo territorial, con su definición y apertura, y en el de la reforma, con su posibilidad de revisión total

El proceso constituyente español de 1976-1978 transcurrió condicionado por el peso de una dictadura institucionalizada que dejó alguna impronta en la Constitución resultante. Se tenía conciencia, aunque intentara disimularse, particularmente entre el sector no cómplice de la dictadura y partícipe en el proceso constituyente. Esto también dejó su huella en la Constitución, una huella no necesariamente negativa. La mala conciencia a veces produce alguna que otra buena consecuencia.

La herencia más evidente de la dictadura en la Constitución fue la monarquía, tanto por sí misma, por su naturaleza antidemocrática, como por lo que representaba. Una monarquía instaurada por el dictador servía de paraguas para una masiva impunidad no solo penal y política, sino también económica, de las empresas y otras corporaciones que habían hecho su agosto con la proscripción de libertades durante cuatro largas décadas. Para quienes habían luchado contra la dictadura o, al menos, no habían sido colaboracionistas y ahora, en 1978, aceptaban esa herencia, la mala conciencia estaba servida. Y motivos había más.

Late la mala conciencia en la Constitución misma. Contiene lapsus, descuidos, incongruencias, lastres, momentos fallidos o toda una serie de quiero-y-no-puedo que como mejor se explican es por el juego no del todo controlado de la mala conciencia. El capítulo más ilustrativo es el de la estructura compuesta del Estado. Comienza por una mención de la existencia de “nacionalidades” que se agota en sí misma, sin siquiera identificárseles ni extraerse efectos. Sigue con una definición completamente fallida, sin plasmación consecuente, de una instancia parlamentaria, el Senado, como “cámara de representación territorial”. Prosigue con un título sobre “organización territorial del Estado” que contempla un mapa virtual de Comunidades Autónomas, virtual porque lo deja prácticamente en blanco, apenas perfilado. Concluye con un reconocimiento de “derechos históricos” de “territorios forales” que no se relaciona con las nacionalidades ni se concreta tampoco a efecto alguno. Remite casi todo a Estatutos de Autonomía sin participarles su propio valor constitucional.

La incógnita es la regla. La dialéctica entre las malas artes de quienes procedían de la dictadura y la mala conciencia de quienes aceptaban el trágala es la explicación. ¿Cómo oso decir que de tamaño embrollo pudiera resultar alguna buena consecuencia? Así es. Con todo ello, la Constitución quedaba abierta. Como faltaron condiciones para sustituir un Estado dictatorial por un Estado democrático que comenzase por componer democráticamente la pluralidad constitutiva de España, ahí que quedaban posibilidades insinuadas y disponibles, fallidas de momento, pero activables para un futuro. A estas alturas, tal y como ha transcurrido el desarrollo de las autonomías territoriales, puede decirse que un horizonte inicial de esperanzas fundadas ha derivado hacia un panorama patente de posibilidades malogradas.

La palabra de orden entonces, no solo por esa causa desde luego, es la de reforma de la Constitución. Este imperativo también podía ilustrarse con otras frustraciones no menos patentes, como en las materias de promoción y garantía de derechos sociales frente a penurias presupuestarias inducidas, de libertad de enseñanza ante privilegios eclesiásticos; de derechos a la religión y al honor coartando otros derechos, de organización y funcionamiento de la justicia con su extrema centralización, control remoto político e ínfima participación ciudadana,… por no referirme de nuevo a la monarquía como índice de impunidad de dictadura e insuficiencia de democracia.

En materia de reforma constitucional también acecha la mala conciencia. Y con alguna buena consecuencia. La Constitución no solo contempla su propia reforma, como es lo habitual, sino también su “revisión total”, su sustitución completa, algo insólito que solo se explica por la mala conciencia constituyente. La Constitución se sentía tan insegura que no excluye su propia sustitución. Esta es su previsión: “Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución (…), se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación”. Conviene reparar en detalles.

Sobre el más importante la Constitución pasa de puntillas. Entre dos legislaturas necesarias para revisar completamente la Constitución, la intervención más importante de la ciudadanía no es la final del referéndum sobre un texto ya cerrado, sino la que se sitúa en medio, la de elección de las Cortes que han de resultar constituyentes. Ahí es donde puede producirse el debate constitucional por parte de la ciudadanía, un debate que se le hurtó en 1978. Tratándose de la “revisión total” de la Constitución, no habría de consistir en un primer plebiscito sobre un nuevo texto, sino en una convocatoria ante diversos proyectos constituyentes formulados tras la decisión parlamentaria de abrir tal proceso para sustituir la Constitución en su totalidad. El referéndum final para lo que sirve entonces es para la verificación del cumplimiento por las Cortes del mandato constituyente de la ciudadanía, lo decisivo.

Otro detalle es que las mayorías requeridas para las decisiones parlamentarias en este proceso de revisión total de la Constitución son ciertamente elevadas, de dos tercios de cada cámara. En principio no está mal. Unas decisiones de esta transcendencia conviene que sean tomadas por mayorías cualificadas. El problema, sin embargo, no reside en la conveniencia, sino en la exigencia, pues esto facilita operaciones de bloqueo por parte de minorías mayoritarias. El requerimiento de mayorías cualificadas menos altas, como la simplemente absoluta o de la mitad de la cámara, favorece en cambio la negociación y acuerdo con minorías mayoritarias que ya no podrían bloquear. Hay además otro problema, no menos importante a mi entender. Me refiero a la dudosa legitimidad de la Constitución en la exigencia de mayorías tan alzadas para su revisión.

La Ley de Reforma Política de principios de 1977 que permitió la convocatoria de Cortes finalmente constituyentes sólo requería para “la reforma constitucional” la mayoría absoluta de cada cámara. ¿Está legitimado un parlamento que funcionó conforme a esta regla para exigir mayorías superiores respecto a la revisión de su obra constitucional? No lo parece. Y el problema tiene remedio. Hay capítulos de la Constitución, como el de la monarquía, intocables salvo por ese mismo procedimiento tan exigente de la revisión, pero el de la reforma no está en este caso. Puede reformarse mediante un procedimiento más simple (mayoría absoluta del Senado y de dos tercios del Congreso sin necesidad siquiera de referéndum si no lo solicita un décimo de cualquiera de las cámaras).

Parece feo que se haga reforma de la reforma para rebajar sus exigencias, pero se cuenta con el fundamento de la dudosa legitimidad de los requerimientos. Reducir las mayorías a la absoluta puede ser suficiente cuando la intervención de la ciudadanía se mantiene como lo decisivo. Sería otra buena consecuencia constitucional de la mala conciencia constituyente. Constitución tan insegura no lo deja todo atado.

No argumento todo ello porque abogue por una revisión total de la Constitución de una vez y por todas. No parece viable ni aconsejable. Y no es naturalmente decisión mía. Ni quito ni pongo rey. Solo apunto posibilidades. Son los partidos quienes pueden proponer la reforma de la reforma para procederse a la revisión y es, por supuesto, la ciudadanía quien decide tanto en primer como en último término, en las elecciones a Cortes constituyentes y en el referéndum. Y digo lo de los partidos no porque su exclusiva me parezca procedente, sino porque la Constitución excluye la iniciativa popular en materia de reforma o revisión constitucional, otro detalle que podría modificarse con la reforma de la reforma. De este modo la ciudadanía podría hacerse viva en directo desde un primerísimo momento.

Algunos partidos acuden a la próxima convocatoria de elecciones generales con propuestas de reforma constitucional. Estamos ante unos comicios que pueden tener una dosis de sondeo constituyente. Al efecto, bueno sería que se pusieran sobre el tapete no solo las cuestiones sustantivas que se entiendan requeridas de reforma, sino también las procedimentales por lo que afectan a la legitimidad de las exigencias constitucionales.

También resultaría bueno que no se presentasen las reformas como un paquete de retoques y asunto arreglado, esto es, y legitimidad redonda por fin lograda. Una Constitución tan trabada está clamando por una progresión de reformas camino de la revisión a fondo. El reto reconstituyente no va a consumarse con los próximos comicios. Continuará.

En reciente sentencia, el Tribunal Constitucional de Perú ha terminado de consagrar la depuración de responsabilidades políticas por casos de corrupción ante el Parlamento

La investigación parlamentaria de casos de corrupción es un recurso bien eficaz que no hay, al parecer, manera de potenciarlo de verdad en España

Alejandro Toledo fue Presidente de la República del Perú entre 2001 y 2006 trayendo aires de nueva política. Economista formado en Estados Unidos, ofrecía una imagen de regeneración frente a una corrupción que había alcanzado su paroxismo durante la década previa con el gobierno de Alberto Fujimori, quien hoy cumple condena de veinticinco años. Durante la presidencia de Toledo hubo indicios de corrupción en su círculo cercano, particularmente por actividades de Eliane Karp, su esposa. Ambos están hoy sometidos a investigación parlamentaria, un procedimiento contra la corrupción que en Perú está funcionando y en España no hay manera de que lo haga.

Las elecciones que llevaron a Alejandro Toledo a la presidencia suscitaron esperanzas por su contraste con buena parte de la política peruana, no con toda ni mucho menos, pero sí bien marcado con aquella más representativa históricamente de sectores populares. Alan García, líder del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), volvía del exilio y se presentaba a las elecciones entre historias ensordecidas de extraños manejos económicos. Hoy también está sometido a investigación parlamentaria por corrupción contándose con bastantes más indicios de los que apuntan a Toledo. García fue Presidente de la República entre 1985 y 1990 y lo ha sido de nuevo entre 2006 y 2011. Las expectativas de política más limpia despertadas por Toledo en su momento puedo personalmente atestiguarlas pues fui director técnico de la observación electoral europea en 2001.

El Presidente de transición tras la caída de Fujimori, Valentín Paniagua, ya fallecido, representaba bien la integridad ante la corrupción. De su imagen se guarda buena memoria porque no ha sido empañada. Mas aquí no tratamos de políticos de probidad acreditada, sino de aquellos sobre los que pesan sospechas de corrupción. La forma ordinaria de luchar contra ella es, por supuesto, la judicial. De los delitos quien entiende, quien debe entender, es la justicia, con todas las garantías del derecho a la defensa. No obstante, sin que interfiera su competencia, en materia de actuaciones irregulares de implicación política, por cuanto toca a responsabilidades no estrictamente penales, los parlamentos tienen, deben tener, voz y voto. La práctica de investigaciones sobre materia justiciable de interés político es una competencia característicamente parlamentaria. En cuanto a responsabilidades políticas, puede llegar más allá que la justicia porque, para alcanzar evidencias, no ha de atenerse a las exigentes garantías procesales del derecho a la defensa.

La Constitución de la República del Perú dota a la investigación parlamentaria de verdadera autoridad: “El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales”. Nadie puede interferir el ejercicio de la función judicial ni la ejecución de sus resoluciones, pero esto, a su vez, no debe estorbar “la facultad de investigación del Congreso”. Esta regla es recíproca. El ejercicio de tal “función fiscalizadora” del Congreso “no debe interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno” por sí misma (arts. 2.5, 97 y 139).

Obsérvese bien. Las comisiones de investigación del Congreso quedan dotadas de una autoridad equivalente a la judicial para recabar testimonios y acceder a documentación. Ni el secreto bancario ni la reserva fiscal pueden interponerse. Sólo se fija el límite de la estricta “intimidad personal” como podría ser por ejemplo, en el caso Toledo, el de las relaciones personales entre Alejandro y Eliane, quienes se han divorciado una vez y casado en dos ocasiones siempre entre sí. No se extiende en cambio la limitación a las relaciones económicas del matrimonio que ya fueran sospechosas durante la presidencia del marido. De hecho, la investigación congresual se ha ampliado a la madre de Eliane, Eva Fernenbug, quien maneja millones de dólares no justificados ni por patrimonio conocido ni por ingresos regulares. Por lo que toca a la posible concurrencia de investigaciones, queda bien sentado por la Constitución que la judicial y la parlamentaria son independientes, compatibles y complementarias. Se rigen por reglas distintas y tienen funciones diversas. Una es la responsabilidad política ante el parlamento y otra la penal ante la justicia.

Alejandro Toledo no lo tiene tan claro. Recurrió en agravio al Tribunal Constitucional alegando que su libertad y su propiedad estaban siendo amenazadas por la investigación parlamentaria; que sólo la justicia puede adoptar medidas que afecten a libertad o a propiedad, y que, en todo caso, si esa amenaza se produce, deben aplicarse todas las garantías del debido proceso comenzando por el derecho a la defensa en procedimiento plenamente contradictorio y nada inquisitivo. El recurso pretende que se produce una vulneración de derechos fundamentales en cadena desde el momento en que no se adoptan por la investigación congresual todas las reglas de la penal.

La respuesta del Tribunal Constitucional ha sido contundente. Acaba de emitir sentencia el cinco de noviembre desmontando punto por punto todas las alegaciones del recurso de agravio. Niega la mayor de la presunta amenaza a libertad y propiedad por una investigación parlamentaria que carece en efecto de competencia al propósito; pone de manifiesto las diferencias en cuanto a fines y a medios entre las depuraciones de responsabilidades ante el parlamento y ante la justicia; concluye con la resolución de que las garantías del proceso penal no son aplicables al procedimiento parlamentario. Va desmenuzando derecho por derecho de las garantías procesales en el ámbito penal para mostrar su impertinencia para el parlamentario.

La función investigadora del parlamento frente a la corrupción queda realmente potenciada por esta sentencia constitucional. No es algo que interese tan sólo al caso de Toledo, pues alcanza desde luego y de inmediato a casos abiertos como el de Alan García, cuyos abogados están también recurriendo a todo tipo de maniobras dilatorias y obstruccionistas. La propia sentencia subraya su alcance general. Para cargarse de razón, recurre incluso a una sentencia del Tribunal Constitucional español, lo cual puede provocar algún equívoco. La sentencia española se refiere a caso no parlamentario, sino judicial. En los anales del Tribunal Constitucional español no hay jurisprudencia sobre la función investigadora del parlamento que puede servir para respaldar la fuerte posición peruana. Además el respaldo español no lo necesita el Tribunal Constitucional del Perú dado que su Constitución se lo presta suficiente.

Comparada al efecto con la Constitución peruana, la española palidece. Contempla la función investigadora parlamentaria en términos similares, pero sin presentar los rasgos que más la fortalecen en el caso peruano: “El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación” (art. 76).

Conviene contratar. La cuestión más sensible de la autoridad para recabar testimonios y acceder a documentación, así como la no menos esencial de los límites de la investigación, quedan remitidas a reglamento parlamentario y ley ordinaria, que no han traído un reforzamiento. La remisión de actuaciones a la fiscalía a fin de que pueda activar, a su criterio, el curso judicial independiente no está mencionada en el caso peruano porque se le da por entendida, no desde luego porque se le rechace. Algo tan neurálgico como la equiparación entre autoridad parlamentaria y autoridad judicial para obligar a comparecencia de personas y colación de documentos queda en España lejos. La práctica aquí frustrante de las comisiones parlamentarias de investigación, tanto de las centrales como de las regionales, no sólo se debe a la renuencia de unos partidos controlados por cúpulas responsables, cómplices o, como mínimo, encubridoras.

Es el Tribunal Constitucional peruano el que, incluso cuando no viene del todo a cuento, recurre a jurisprudencia española y no al contrario. Este entendimiento unidireccional del diálogo transnacional entre tribunales tiene todavía un resabio colonial. Hay asuntos en los que España tendría que aprender más del Perú que Perú de España.

La reciente sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso

Perinçek v Suiza

consagra oficialmente el negacionismo del genocidio armenio

La deferencia ante los Estados, más que la defensa de los derechos humanos, parece inspirar la actuación del TEDH en este caso, y en los referentes a los crímenes de la dictadura franquista

Como forma macabra de rememorar el genocidio armenio en Turquía cuando se cumple el centenario de su fase más álgida, el pasado 15 de octubre la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ratificado la sentencia de su Sala Segunda que condenó a la Confederación Helvética por reprimir posiciones negacionistas. Ofender la memoria de las víctimas para negar responsabilidades de Estado por atrocidades cometidas contra su propia población es ejercicio del derecho a la libre expresión según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata del mismo tribunal que ha eludido el asunto ante casos de responsabilidades del Estado español por crímenes contra la humanidad de la dictadura franquista.

Dogu Perinçek, presidente del Partido de los Trabajadores de Turquía, impartió conferencias en Suiza a mediados de 2005 exponiendo la tesis de que el genocidio armenio es un “infundio imperialista”. La ocasión era señalada, pues visitaba Suiza para participar en una celebración del Tratado de Lausana de 1923, el tratado que creó la Turquía moderna como heredera del Imperio Otomano revalidando de paso no sólo el genocidio armenio, sino también otras políticas de limpieza étnica iniciadas por el segundo y proseguidas por la primera. La Asociación Suiza-Armenia presentó denuncia y Perinçek fue condenado por “discriminación racial” a treinta días de privación de libertad redimibles pecuniariamente totalizándose, con indemnizaciones, una pena por valor de algo más de tres mil euros. Sendos recursos de Perinçek fueron rechazados sucesivamente por los Tribunales cantonal y federal.

La sentencia del Tribunal Federal, de finales de 2007, se fundamenta en la tipificación del delito de discriminación racial del Código Penal suizo acudiendo en defensa de la “dignidad humana” de quienes, “personas o grupos”, fueren ultrajados, de cualquier manera que se haga, “en razón de su raza, su pertenencia étnica o su religión” o “por negarse o minimizarse groseramente o por intentar justificarse un genocidio u otros crímenes contra la humanidad”. El Tribunal Federal subraya que no se trata sólo del holocausto nazi, sino de cualquier caso de crimen de lesa humanidad. A la alegación de que el genocidio armenio no se incluiría porque no todos los Estados lo reconocen, este tribunal suizo oportunamente recuerda que no hace falta este reconocimiento general también inexistente para el caso del holocausto.

Todo esto sobre el caso suizo, y más por supuesto, se registra en la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Europeo que, a finales de 2013, cambia las tornas. Lo hace a pesar de las previsiones del propio Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual permite que el ejercicio de la libertad de expresión sea “sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”. Es una cláusula demasiado amplia, realmente excesiva, pero en ella no puede caber duda que queda incluida la memoria de las víctimas de genocidio frente al negacionismo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos arguye en cambio que la condena suiza de un negacionista es contraria a la libertad de expresión al no quedar cubierta por dicha cláusula de limitación de su ejercicio. No discute que la sociedad suiza sea democrática ni que exista en Suiza una tipificación legal del delito de discriminación por negacionismo. Sus razones son menos específicas y más insidiosas. Aunque sus posiciones resulten provocativas por intentar justificar “los actos cometidos por el Imperio Otomano”, Perinçek no habría incurrido en ningún abuso de derecho porque su discurso de por sí no induciría a discriminación racial. Adviértase la insidia. Las atrocidades son meros “actos” de un sujeto desaparecido, “el Imperio Otomano”. Por lo demás, la deferencia hacia Perinçek lo es hacia Turquía. Aquí, en Turquía, está tipificado como delito mencionar por su nombre el genocidio armenio. El Tribunal Europeo sigue proverbialmente una línea de deferencia hacia los Estados con notable perjuicio para su propia razón de ser, la de los derechos humanos.

Recurso mediante, ahora de parte helvética, la Gran Sala resuelve el caso en última instancia este pasado 15 de octubre. Como está igualmente dicho, confirma la sentencia de la Sala Segunda en amparo sedicente de la libertad de expresión. El pronunciamiento final se articula mejor, pero el fondo es el mismo, contra las evidencias de hecho y de derecho con un alarde de argumentación jurídica a favor, aparentemente, de un derecho de libertad. Lo es a favor de un Estado, Turquía, y del negacionismo de sus responsabilidades pendientes por el genocidio armenio. En esta última instancia ha comparecido Armenia aduciendo algo indubitable: “el vicio real de la sentencia de la Sala Segunda es el de que se presta a que los negacionistas del genocidio la tomen como autoridad para poner en cuestión su existencia. Para un tribunal de derechos humanos emitir tal mensaje resulta nocivo e injusto”. Mensaje tan infame lo reitera la Gran Sala con su sentencia final.

El Tribunal Europeo se permite meter baza en materia de historia, aunque afirme de entrada que no es de su incumbencia. Asegura que no puede asumir el dato de la existencia del genocidio armenio porque ésta es una cuestión aún sometida a polémica historiográfica y porque, en todo caso, dicho delito está especialmente restringido a una tipificación muy estricta y con requerimientos de pruebas muy exigentes. El Tribunal muestra a ambos efectos una ignorancia inexcusable, o al menos una relajación apreciativa de hecho e interpretativa de derecho no menos injustificables, tanto al efecto de la historia del genocidio armenio como al de la tipificación internacional del genocidio. Estamos en las mismas, en la defección de las obligaciones del Tribunal por deferencia a los Estados. Imaginemos que sus evasivas se aplicasen al holocausto nazi. Si no hace falta, es porque Alemania lo reconoce. No hay necesidad en su caso de deferencia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está respaldando a los Estados negacionistas de genocidios y crímenes contra la humanidad de los que son responsables. Hay más casos pendientes desde luego. El menos pendiente comparativamente es en realidad el del nazismo. La justicia suiza ha recordado oportunamente que el holocausto nazi no es único porque sea extremo. Hay casos de responsabilidad de Estados europeos en tiempos contemporáneos como el de Bélgica y el genocidio de la cuenca del Congo; Gran Bretaña y los crímenes contra la humanidad en Kenia; Francia y los suyos en Argelia… y España.

El caso de España y su empecinamiento negacionista, como ha recordado recientemente Helen Graham en una perspectiva comparada, es distinto. El acceso al poder de Francisco Franco, el acceso estrictamente dicho, fue, en mucho, más sangriento que los correspondientes de Mussolini y Hitler. Y esto no sólo porque se produjo a través de una guerra civil, sino además por razón de que, bajo su cobertura, se puso en marcha un plan de exterminio del enemigo, cuya persecución se mantuvo durante cuatro décadas. Con esto, encima, su impunidad no tiene parangón. La transición la garantizó y no se ha rectificado.

Distinto es el caso por un motivo añadido que ayuda a explicar el empecinamiento negacionista. Como viene insistiendo Francisco Espinosa, los crímenes contra la humanidad del franquismo fueron fundacionales de un Estado dictatorial que destruyó el Estado anterior y del cual es heredero directo el actual. Aquellos cimientos criminales de Estado no se han desmantelado. Siguen fundándole. Como signo más terrorífico, el solar aún se encuentra poblado de cadáveres sin identificar. El caso es parecido al de Turquía, fundada en el genocidio armenio y otras limpiezas étnicas. Los empecinamientos negacionistas turco y español son de grado similar.

La sentencia final del Tribunal Europeo de Derechos Humanos alega entre sus apoyos una del Tribunal Constitucional español sobre caso de negacionismo del genocidio nazi en la que da una de cal y otra de arena. De este otro Tribunal, sobre negacionismo de los crímenes franquistas no se encontrará nada porque se ha negado a admitir a trámite amparos de víctimas de la dictadura. Igual de reluctante se muestra el Tribunal Europeo respecto al caso español. La inhibición también es forma de negacionismo. ¿No estamos ante una complicidad judicial entre España y Europa?

El último libro del imprescindible historiador Francisco Espinosa compone un valioso testimonio del combate presente por la memoria democrática

Los años transcurridos de este siglo de han caracterizado en España por el esforzado intento de recuperación de una memoria histórica de signo democrático frente a la impunidad del sanguinario golpe de Estado y la no menos criminal dictadura del franquismo, así como frente al empeño de olvido y alarde de injusticia de casi todos los gobiernos, sin acepción de partidos, que se han sucedido en España desde el fenecimiento del régimen no constitucional. Excepción fue el primer Gobierno Zapatero, que cedió en todo lo sustancial. Ni asumió la responsabilidad del Estado ni abrió el acceso a la justicia.

Lucha de historias, Lucha de memorias. España 2002-2015 es una colección de escritos dedicados a dicha historia de presente. Se deben a Francisco Espinosa, autor que se singulariza por ser a un tiempo historiador, testigo y actor de tal intento de recuperación de historia y de memoria, un intento fallido finalmente o al menos hasta el momento. Mas Espinosa no se deja en absoluto vencer por la melancolía. Persiste en esas luchas de su nuevo título, por la historia solvente y por la memoria democrática.

Comienza siendo lucha por las palabras. A mediados de los noventa, Espinosa publicó su primer libro, La Guerra Civil en Huelva, dándose cuenta sobre la marcha de lo inapropiado del título. Según el resultado de su propia investigación, ahí, en Huelva, no había habido guerra civil, sino golpe militar y plan de exterminio. Guerra en rigor no hubo prácticamente en media España, desde Galicia hasta Andalucía. Conscientes de que no contaban con apoyo popular, los golpistas tenían previsto y pusieron en práctica un plan terrorista mediante torturas y asesinatos selectivos y aleatorios, acompañado de todo tipo de despojos, de una envergadura absolutamente inédita en toda la historia española. ¿Merece esto el nombre de guerra civil? Así comenzó para Espinosa la lucha contra unas palabras y a favor de otras.

Persiste en ella porque estamos todavía en tiempos, quién lo diría, en los que hay que luchar por lo evidente. Memoria es palabra que también requiere investigación y promoción. Para Espinosa el sentido es doble y complementario. Aquí y ahora, memoria histórica es la contribución de la historiografía profesional al esclarecimiento de responsabilidades en la destrucción, hace casi ochenta años, de la democracia española representada por la Segunda República. Memoria histórica, aquí y ahora, es también la suma de memorias individuales y colectivas de quienes sufrieron en carne propia o de la familia, allegados y correligionarios la destrucción sanguinaria y su institucionalización de larga duración, en cuanto a impunidad hasta hoy, por obra del régimen franquista. Han de ser memorias interactivas. A la hora de la verdad, queda claro para Espinosa que la más importante es la segunda, la memoria ciudadana por sí misma y por la socialización de la memoria historiográfica con la que procede que interactúe.

La memoria histórica de signo democrático tiene sus enemigos jurados no solo en los sectores por donde cabe esperárseles, los neofranquistas de toda laya, confesos y furtivos, sino también en medios que presumen de demócratas. Espinosa se enfrenta a ellos con todo el bagaje de sus investigaciones y lecturas. Tras haberse ocupado de la historiografía neofranquista, cuida finalmente la selección de sus objetivos. Pretiriendo a sicofantes y charlatanes, su crítica acaba centrándose especialmente en las posiciones de un Santos Juliá, demócrata militante donde los haya. Por esto es más representativo y el debate de sus posiciones, más relevante. Dicho historiador profesional y politólogo aficionado representa por excelencia y contumacia un triple negacionismo. Niega la memoria hasta tres veces. Encima derrama desprecio y displicencia a dos bandas.

Juliá niega la conveniencia de seguir investigando la represión franquista con la pretensión de que ya estamos saturados. Juliá niega la pertinencia de la memoria histórica de signo democrático con la falacia de que la facultad de recordar es algo individual, propio de personas y no de colectividades. Juliá niega que exista una justicia pendiente de cara a la impunidad franquista con el argumento no menos inconsistente de que la amnistía preconstitucional implicó su renuncia pese cuanto pese a la Constitución misma. Juliá desprecia los testimonios y las aspiraciones de las víctimas y de sus descendientes. Como investigador, Juliá también es representativo por carecer de la responsabilidad que habría de hacerle debatir con quienes le critican seriamente. También a éstos resulta que les desprecia. Espinosa, y no Juliá, frecuenta los archivos.

Espinosa lo lleva bien desde un comienzo. Lo primero que se propuso fue investigar el golpe de Estado, cruento como pocos, de Queipo de Llano haciéndose con la Segunda División militar en Sevilla. A mediados de los años setenta, recién licenciado, presentó el proyecto como trabajo de tesis en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, donde no se lo aceptaron, al tiempo que se ponían investigaciones sobre la República y su agonía en manos de meritorios más fiables para quienes le rechazaban. A él se le adujo que cuarenta años son pocos para tener perspectiva histórica respecto a unos acontecimientos de tal calibre. Espinosa se ha resarcido con creces. He ahí su trilogía de la represión: La Justicia de Queipo. Violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936. Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz; La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, y Masacre. La represión franquista en Villafranca de los Barros, 1936-1945. Ya se ve cómo ha venido a afinar realmente en los títulos.

Aquel rechazo de la Universidad de Sevilla hoy resulta una ironía. Espinosa no sólo se adentró en dicha investigación con la perspectiva de los años transcurridos, sino que también ha venido a ocuparse de historia de presente, de una historia que él mismo, participando, está viviendo. Y lo hace sin pérdida de perspectiva. La principal manifestación se encuentra ahora en esta recopilación de Lucha de historias. Se trata del capítulo La justicia española, Baltasar Garzón y los crímenes franquistas. Inédito en castellano con anterioridad, procede de la edición inglesa, puesta al día, de su Callar al mensajero. La represión franquista entre la libertad de información y el derecho al honor. Es la pieza clave para entender por qué hablo de Francisco Espinosa no tan sólo como historiador, sino también como actor de una historia viva. Sin pretender protagonismo, refleja su participación desaprovechada en el intento judicial de abrir a las víctimas del franquismo y sus descendientes acceso a la justicia.

Callar al mensajero es un título singular en la obra de Espinosa. Aunque sea historiador sin estudios jurídicos, ofrece bajo este título una obra del máximo interés para el derecho constitucional y su papel en la transición española. La Constitución sitúa el derecho al honor, franquista por supuesto, por encima de las libertades de información, de comunicación, literaria, artística y científica, de todo ello. Estudiando casos judiciales, a los que luego añadiría el referido y más sonado de la inhabilitación del juez Garzón, Espinosa muestra hasta qué punto la prevalencia del honor tuvo un efecto disuasorio sobre todo tipo de investigaciones, la historiográfica incluida, acerca de la criminalidad y la impunidad franquistas, ese efecto que los santosjuliás siguen negándose a reconocer. Callar al mensajero lo tengo y recomiendo como un libro esencial para introducirse en el conocimiento de los mecanismos puestos en juego para blindar los crímenes franquistas frente a la política y la justicia de tiempo constitucional; dicho de otro modo, para imponer discretamente un plan de olvido.

Lucha de historias está dedicado a Josep Fontana, Paul Preston, Ricardo Robledo, Ángel Viñas, Alberto Reig Tapia y Francisco Moreno Gómez, quien además prologa. Podrían añadirse desde luego más nombres para mostrar que el empeño historiográfico y ciudadano de Francisco Espinosa no está solo ni se desarrolla en un vacío. Pero a la vista está que todos los nombres resultan insuficientes. La historiografía neofranquista reciclada resiste en el mercado y la enseñanza. Aquella otra que modela equidistancias políticas e ingenia coartadas intelectuales para seguir tapando vergüenzas del golpe militar y el régimen dictatorial franquistas anda crecida. El negacionismo del exterminio impera. Entretanto, el Valle de los Caídos se mantiene enhiesto como el más insultante de los monumentos a la más monumental de las impunidades.

Vergüenza se sentirá más generalizadamente algún día por la complicidad institucionalizada del sistema constitucional con los crímenes de la dictadura. Lucha de historias, Luchas de memorias será entonces testimonio de cargo concluyente.

¿No debería contarse al menos con la mitad más uno del censo electoral catalán para legitimar por el principio de la mayoría la secesión?

El argumento españolista del “imperio de la ley” llevado a su extremo anula el propio sentido de la autonomía política de Cataluña.

Para este inmediato 27 de setiembre están convocadas en Cataluña unas elecciones ordinarias con la particularidad de que concurren con buen pronóstico un par de candidaturas que las pretenden extraordinarias. Las plantean como un plebiscito. Servirían no sólo para la elección de parlamento y gobierno catalanes, sino suplementariamente, sin urna aparte, para el pronunciamiento de la ciudadanía entre dos opciones, la de un Estado independiente con vocación de permanencia en Europa o la de una Comunidad Autónoma en el seno de España bajo una Constitución común.

Señalemos de entrada que dichas candidaturas están indudablemente en su derecho. La ciudadanía catalana decide. El problema no radica en el planteamiento legítimamente partidista de una opción secesionista, sino en los términos como se formula para poder proceder de lograrse un respaldo significativo en las urnas. No está reclamándose, como correspondería a un plebiscito de independencia, una mayoría social suficiente que apoderare para abrir negociaciones con las partes principales afectadas, esto es, España y, desde luego, Europa, a fin de garantizar, para el eventual acceso a la independencia, derechos sin discriminaciones e intereses legítimos sin excepciones. Se anuncia en cambio que bastará para proceder mediante determinación unilateral una mayoría relativa erigida en absoluta gracias a los mecanismos electorales que priman la representación parlamentaria y al efecto del margen de abstención.

Median factores que explican, lo que no quiere decir que justifiquen. Por una parte, las encuestas tanto auguran la posibilidad de mayoría parlamentaria como aseguran la imposibilidad de mayoría ciudadana, de aquella mayoría que sería necesaria para abrirse el proceso. Debería serlo por encima incluso de la mitad del voto válido pues habría de atenderse a la totalidad del censo de la ciudadanía catalana. Abstención y voto nulo o en blanco, opciones siempre legítimas, más lo resultan en caso de plebiscito forzado en términos de polarización entre aventura y resignación. Ha de tomárseles en cuenta. Por otra parte, para explicarse la fuga hacia adelante de las candidaturas secesionistas, habrá de atenderse el dato evidente de que ni España ni Europa están por la labor de negociar y acomodar replanteamientos de fronteras estatales interiores.

Por parte del gobierno español y de su partido, el popular, las ideas que se contraponen y los procedimientos que se activan no resultan menos problemáticos. El argumento más reiterado es el del imperio de la ley que el gobierno tendría la obligación ineludible de garantizar e imponer. Imperio de la ley se dice, no invocándosele tanto de la Constitución o, aún menos, de los derechos. Es un argumento que también enarbola sin mayores matices el principal partido de la oposición, el socialista. Ante unas elecciones parlamentarias, es decir de un organismo que tiene la competencia de hacer y cambiar las leyes, la alegación no tiene la consistencia que se pregona. Pese al propio Estatuto de Autonomía, está de hecho tratándose al Parlamento de Cataluña como si fuera un organismo absolutamente subordinado a la ley española; a la misma Comunidad Autónoma catalana como si fuese una entidad completamente supeditada al Estado. Y no se diga que ley se utiliza en el sentido del entero ordenamiento jurídico y no tan sólo de la norma que así se denomina, pues estaríamos en las mismas.

¿Y de qué leyes en particular y más inmediatamente se trata? La última sería la resultante de la proposición presentada por el grupo parlamentario del partido de gobierno, el popular, por procedimiento de urgencia para la reforma del Tribunal Constitucional a fin de que éste pueda suspender a autoridades elegidas por la ciudadanía como las que surjan de las próximas elecciones catalanas en una línea independentista. ¿Será un ejemplo de ley cuyo imperio merezca defenderse? El problema no procede tan sólo de que el proyecto constituye un ejemplo paladino de instrumentalización partidista de la norma legislativa para recuperar con ella lo que se pierde en las urnas, sino que además tal cosa se hace de forma que altera la Constitución en un extremo tan sensible como el de la intervención de una Comunidad Autónoma por el Estado. ¿Cómo puede intentarse cometer tamaño desmán?

La respuesta está a la vista: gracias a la mayoría parlamentaria de gobierno que, aparentemente en solitario, pretende dicho cambio de un alcance constitucional evidente. Obsérvese. Una mayoría política que no representa una mayoría ciudadana, debiéndose a la prima de representación del mecanismo electoral, se erige en mayoría suficiente para efectuar cambios que afectan a la Constitución, a lo que no puede estar a la disposición de mayorías transitorias. Llueve sobre mojado desde luego. En el verano de 2011, los partidos que han contado hasta ahora con respaldo electoral para turnarse en el gobierno español, el popular y el socialista, se conjuraron para realizar con toda urgencia y sin participación ciudadana directa una reforma de la Constitución adversa para los derechos sociales de naturaleza constitucional. Agreguemos que la situación actual es todavía más problemática para cualquier paso expeditivo de tal género.

El gobierno que está arrogándose el poder de alterar subrepticiamente la Constitución depende de una mayoría parlamentaria no sostenida por las últimas convocatorias electorales, la del parlamento europeo de mayo de 2014 y las locales y regionales del mismo mes de este año 2015. Tales han sido estos fiascos electorales de la actual mayoría gubernamental que una mínima sensibilidad constitucional habría llevado, bien a elecciones anticipadas, bien a una actuación de bajo perfil del gobierno como si pasara a serlo de gestión. Muy al contrario, la mayoría gubernamental deslegitimada en cuanto tal por una doble ronda electoral ha acelerado su agenda legislativa para aprovechar al máximo el tiempo restante de legislatura. Es el contexto en el que se comprende la iniciativa de reforma solapada de la Constitución por parte de una mayoría socialmente tan relativa y electoralmente tan menguada.

Regresemos a Cataluña. El planteamiento de una operación unilateral de acceso a la independencia no es una improvisación. Viene fraguándose ante la evidencia de que no se encuentra receptividad en ámbitos internacionales ni disponibilidad por parte del Estado. Existe actualmente un organismo dedicado a la promoción exterior de la independencia catalana, el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya. Es legítimo si, pese a su nombre, no cuenta con financiación pública directa ni indirecta, detalle que ignoro. Un Consejo no es. Está intentando compensar el balance de frustraciones reales con la proclamación de éxitos irreales. Presume y predica. No dialoga ni delibera. Celebra encuentros sólo para manipular noticias. Recaba muestras políticas de simpatía para presentarlas como sólidos respaldos institucionales. Trata de generar virtualidad para vencer contrariedad, la de esa penuria palmaria de asideros internacionales.

Hay un episodio elocuente en la búsqueda de acreditaciones. La posición seguramente más abierta al derecho de secesión en la doctrina internacional acreditada es la del profesor de la Universidad de Arizona Allen Buchanan. Pues bien, en 2013, se promociona desde Cataluña una edición española de su obra principal, Secesión. Causas y consecuencias del divorcio político, invitándose al autor a que prologase con un interrogante: ¿Tiene Cataluña derecho a la secesión? La respuesta abunda en precauciones frente al argumento de que, para la secesión unilateral, baste el principio democrático y no deja de insistir en las condiciones que podrían legitimarla. Son en sustancia las de unas violaciones sistemáticas e irreparables de derechos humanos que, en el caso, desbalances fiscales y atropellos institucionales, por ciertos que sean, están muy lejos de implicarlas. Catalunya no es Timor-Leste ni Kosovo. No hay derechos humanos en liza. Se invoca sin embargo el principio democrático absolutizando mayorías apuradas e ignorando a todo un resto que encima no es minoritario.

Son sólo un par de ejemplos. Si acudiéramos a los equivalentes españoles, tendríamos muchísimos desde luego entre los que elegir, pero no es momento para enzarzarse en el “y tú más”. Es tiempo de seguir reflexionando sobre la situación en la que estamos. Se agrava a ojos vistas por la utilización de respaldos populares para el secuestro de instituciones públicas, comenzándose por los propios gobiernos, el catalán y el español, pues están actuando al propósito como órganos de partido.

Un grueso de la ciudadanía asistimos con perplejidad a otra vuelta de tuerca en una espiral acelerada de degradación constitucional. ¿Hace falta una tercera vía para Cataluña? No lo creo. Lo que necesitamos es que comencemos por acordar los necesarios principios constituyentes que la Constitución actual, con las hipotecas que arrastra y las que se le han sumado, ciertamente no ofrece. Primera vía se llama esto.

La Constitución actual de la República Dominicana contiene una figura, sobre “extranjeros en tránsito”, que continúa amparando prácticas racistas.

Recientemente, en una sentencia jalonada por graves irregularidades, el Tribunal Constitucional dominicano ha venido a blindar el racismo institucional.

La segregación racista allí practicada, que genera una multitud de trabajadores

negros

sin derechos, no puede desvincularse de las necesidades de la industria turística.

La República Dominicana, paraíso caribeño según la propaganda turística, está procediendo a una insidiosa depuración racista del censo de la ciudadanía para segregar población afrodescendiente. No escapa del todo a la opinión pública. Hay alertas y noticias. La cuestión es vieja. Surge con la obsesión constituyente dominicana por diferenciarse del Haití negro, su vecino isleño. Lo que ocurre ahora es que el segregacionismo se recrudece, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le sale al paso y el Tribunal Constitucional dominicano reacciona avalando el racismo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la República Dominicana en 2005 por violar los derechos a la nacionalidad y a la igualdad ante la ley con su política discriminatoria contra descendientes de trabajadores inmigrantes de procedencia haitiana mediante el expediente de considerarles “extranjeros en tránsito”. Es ésta una condición que, según el derecho dominicano, impide que la descendencia nacida en el país acceda a la nacionalidad, lo que la Corte Interamericana entiende como abusivo, tanto que viola derechos humanos. Esa cláusula de “extranjeros en tránsito” se introdujo en la Constitución de 1929. ¿Motivo? Una política de impulso a la inmigración extranjera mediante su integración en la ciudadanía no estaba consiguiendo su objetivo de blanquear la población. Lo impedía la demanda de mano de obra barata para plantaciones azucareras aprovechándose la permeabilidad de la frontera con Haití.

La fórmula constitucional de “extranjeros en tránsito” se mantiene en la flamante Constitución actual, de 2010 (art. 18.3), una constitución que ha llegado proclamando un giro a favor de los derechos y sus garantías, incluyéndose la creación del Tribunal Constitucional. Mas la interpretación de la cláusula no ha cambiado en absoluto. Bien al contrario, ha comenzado a aplicarse de forma más sistemática contra población afrodescendiente. Ante el pronunciamiento adverso de la Corte Interamericana, se han producido algunas vacilaciones entre autoridades dominicanas, pero no en el campo de la administración. La Junta Central Electoral, instancia administrativa superior en materia de registro civil que incluye la de nacionalidad, defiende sin ambages su política ante el Tribunal Constitucional cuando éste viene a hacerse cargo del asunto. Le comunica que se ha puesto en marcha todo “un programa de rescate y adecentamiento del Registro del Estado Civil”, eufemismo de una política más agresiva no sólo de control del acceso a la nacionalidad, sino también con miras a la cancelación de inscripciones habidas.

El Tribunal Constitucional ha tomado cartas en el asunto sin estar habilitado, como él mismo reconoce en su sentencia, por mayoría, de 2013. Se trata de un recurso de revisión en materia de amparo cuya competencia corresponde al Tribunal Superior Administrativo, pero que el Constitucional se apropia, según aduce, por “economía procesal”, lo que es un desvío arbitrario por no estar previsto ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. Hay otra irregularidad grave. La sentencia se proclama de valor vinculante general cuando los recursos de amparo en derecho dominicano sólo lo tienen limitado entre las partes. Dos votos particulares denuncian enérgicamente ambos abusos de poder del Tribunal.

A vista de la sentencia, sobre el propósito de la maniobra no cabe duda. Ante la desautorización en toda regla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se trata de un intento de blindar la política racista de la República Dominicana frente a afrodescendencia no mestiza en general y a inmigración haitiana en particular. El calificativo racista no lo pongo yo. Lo asume el mismo Tribunal Constitucional considerando el factor racial como uno de los que definen la nacionalidad dominicana, cabe entender que en contraposición ante todo con su vecino isleño, Haití.

Así caracteriza la sentencia constitucional la nacionalidad: “un vínculo jurídico, porque de él se desprenden múltiples derechos y obligaciones de naturaleza civil; sociológico, porque entraña la existencia de un conjunto de rasgos históricos, lingüísticos, raciales y geopolíticos, entre otros, que conforman y sustentan una idiosincrasia particular y aspiraciones colectivas; y político, porque, esencialmente, da acceso a las potestades inherentes a la ciudadanía”. ¿Qué sentido pueden tener esos rasgos raciales y geopolíticos? Sus coordenadas indudables son, en lo racial, las del ideal de una República Dominicana de matriz más europea que el Haití africano y, en lo geopolítico, las de una isla compartida por la una y el otro. ¿Qué valor práctico puede alcanzar entonces la igualdad de derechos y la proscripción de discriminaciones de la Constitución (art. 39) y de los Códigos, del Civil (art. 13) y del Penal (arts. 336-337)? El racismo se institucionalizó tiempo ha. Dichas coordenadas ya presidieron el peregrino episodio de la reincorporación a España entre 1861 y 1865.

El Tribunal Constitucional no elude la sentencia de la Corte Interamericana. La sortea con una burda sutileza. Arguye que ha incurrido en la confusión entre dos categorías jurídicas distintas, la de “extranjeros en tránsito” y la de “extranjeros transeúntes”, correspondiendo a la segunda todo lo que dice la Corte frente a la primera y salvándose así ésta de la condena para poder seguir aplicándose a población afrodescendiente. La Constitución ya se cuida de decir que “se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas”, sean o no transeúntes (art. 18.3 citado). Hay retruécanos que no tienen más peso que el de la autoridad que lo profiere, máximo en el caso sin que esto le añada el más mínimo valor propio. Sólo cabe ponerlo en evidencia, pues no hay modo de discutir seriamente semejantes despropósitos. En la República Dominicana pueden estar revestidos de cierta apariencia de sentido porque la ocurrencia de “extranjeros en tránsito” se acuñó precisamente para bloquear nacionalidad afroamericana. El uso continuado en falso es lo único que presta distinción y lo que imprime fuerza al eufemismo racista.

A efectos prácticos, el Tribunal Constitucional está revalidando no sólo que se controle el acceso de afrodescendientes a la nacionalidad, sino también que se depure el registro para procederse a desnacionalizaciones masivas. En la misma sentencia se refleja que la Junta Central Electoral tiene instruidos “a los Oficiales del Estado Civil a examinar las Actas de nacimiento” a fin de detectar “hijos de extranjeros que se encuentran de tránsito en la República Dominicana, por lo que es necesario que las personas beneficiarias de tales irregularidades, prueben la condición de residentes legales en la República Dominicana” (paso a tiempo presente unos verbos que en la cita van engañosamente en pasado). Se trata así de gentes a quienes se les priva de documentación, no de indocumentados. La instrucción se emitió en 2007, en abierto desafío de la sentencia de la Corte Interamericana.

Me vengo refiriendo a afrodescendientes y no sólo a descendencia haitiana porque, potencialmente, esta política racista les alcanza. Por el estado deficiente del registro civil cabe fácilmente la extensión. Dado el caso, el Tribunal Constitucional deja claro, como acaba de verse, que la carga de la prueba de no ser de descendencia haitiana recae sobre la persona o la familia afectada, no debiendo el registro civil probar nada para cancelar una inscripción. El Tribunal Constitucional también insiste en que no se deniega derecho ninguno pues no estaría declarándose apátrida a nadie, sino reconociéndose ciudadanía haitiana. Aunque así fuere y aunque Haití lo admitiera y contase además con los medios para hacerse cargo, los derechos se estarían violando flagrantemente puesto que se trata de población arraigada en la República Dominicana.

Lo tiene claro el sistema interamericano. En 2014 su Corte ha emitido otra sentencia condenatoria, aún más contundente, por expulsiones sumarias e inhumanas de afrodescendientes desde hace años. Y hay más pronunciamientos en tal sentido de instancias de derechos humanos. Dicha sentencia última de la Corte Interamericana ofrece un buen registro de informes internacionales. El hecho es que las expulsiones colectivas han alcanzado a decenas de miles de personas. No hay sin embargo visos de que vaya a efectuarse una evacuación masiva de población de descendencia haitiana. Estamos hablando de más de medio millón de individuos en el seno de una población, la dominicana, de unos diez millones.

Hay, en suma, segregación racista, no imposible blanqueamiento del territorio; limpieza étnica del censo ciudadano, no política de deportación genocida, algo que pondría en serias dificultades internacionales a la República Dominicana y que además no parece que convenga a su economía. Al fin y al cabo, lo que se quiere no son cadáveres en la frontera, sino trabajadores negros sin derechos. Ahí radica la insidia del paraíso turístico competitivo y floreciente. Cuidemos dónde nos tomamos vacaciones.

El genocidio armenio por parte del Imperio otomano, reducido después a Turquía, fue un hecho incontrovertible aceptado por el propio Estado que ordenó las masacres.

¿A qué se debe que tanto en Turquía, como en algunos medios alemanes, se implante y circule la negación de la evidencia?

Hoy, cumpliéndose un siglo, el genocidio armenio es un hecho histórico incontrovertible aunque el Estado responsable no lo reconozca así. Desde finales de 1914, durante la primera guerra mundial, más de un millón de personas de nación armenia fueron despojadas, deportadas y masacradas por determinación del partido gobernante en el Imperio otomano, hoy reducido a Turquía. Ahora, en Alemania, precisamente en Alemania, el reconocimiento por su presidente hay un significado comentarista que lo transforma en manifestación de escepticismo pretendiendo que el genocidio no está acreditado y proponiendo una comisión de la verdad para dilucidarlo. ¿Cómo es posible a estas alturas tal forma de negacionismo?

El asunto ha venido siendo ciertamente controvertido, aun sabiéndose de la masacre desde que se produjo. En su época nadie le llamó genocidio pues este término no fue acuñado hasta 1944 para significar el delito de intentar extinguir un grupo humano como tal, no necesariamente de eliminar a todos sus individuos. Desde que la expresión existe ha ido creciendo el reconocimiento del caso armenio como genocidio para sentarse la responsabilidad de Turquía cual Estado sucesor del Imperio otomano. Estaríamos ante un genocidio de gente cristiana, los armenios, por gente musulmana, los turcos. Digámoslo en términos religiosos pues fueron decisivos.

De parte cristiana o de sectores laicos en las correspondientes latitudes ha venido la imputación de responsabilidad a Turquía. Lo propio cabe decirse de la historiografía, habiéndose basado la más documentada en fuentes latamente cristianas, como relatos de misioneros y diplomáticos estadounidenses y británicos. El asunto estuvo en manos de estudiosos sin manejo de la lengua turco-otomana, cuya documentación tachaban de manipulada y tendenciosa. Tal era el supremacismo historiográfico.

Cabía así la sospecha de que la imputación exagerase por el sesgo cristiano de agresión a otras culturas. Se formulaba desde Estados con una trayectoria histórica de presión y acoso a aquel Imperio pretérito en defensa de poblaciones cristianas tanto residentes (franceses, ingleses, alemanes, rusos…) como otomanas (serbios, búlgaros, griegos, armenios, maronitas, asirios...). ¿Cómo no iba a recelarse de la imputación en latitudes musulmanas comenzándose por Turquía? No todo era encubrimiento.

El panorama cambió desde las dos últimas décadas del siglo pasado por comenzar a desarrollarse la investigación sobre fuentes primarias, destacando la obra de Taner Akçam al poner resueltamente en juego la documentación turca, menos todavía la armenia. Hoy puede decirse que se tiene conocimiento bastante contrastado de causa. Dicha investigación no es sin embargo nueva del todo. Ya se había producido por el propio Imperio otomano, lo cual, recuperándose, ofrece además buena base a los estudios actuales. El negacionismo turco de hoy no procede de una primera hora.

Entre 1918 y 1922, tras la derrota en la guerra, por presiones exteriores y algún impulso interno, particularmente de políticos y periodistas armenios, griegos, árabes y kurdos del Imperio otomano, se pusieron en marcha indagaciones oficiales que trajeron a la vista con lujo de evidencias la magnitud, la entidad y la responsabilidad de los hechos. Concurrieron una serie de investigaciones conducidas todas ellas, por momentos, realmente en serio: parlamentarias de Congreso y Senado, de una comisión que hoy llamaríamos de la verdad (la Comisión Mazhar por el nombre de su presidente) y, sobre todo, la judicial mediante tribunales militares. Con pruebas testimoniales y documentales, se alcanzaron conclusiones ahora confirmadas por la historiografía. La justicia le precedió. Alemania no hizo por sí nada comparable tras el nazismo.

La conclusión principal fue la de planificación y dirección de la deportación, despojo y masacre de comunidades armenias por parte turca, concretamente por el partido de gobierno, el unionista, y por los ministerios de interior y, en menor medida, de defensa. Todo fue a su modo oficial. Se abrieron cárceles para formar columnas de la muerte, pero éstas actuaron bajo dirección política, igual que, por lo regular, otras milicias criminales. Quedaron evidencias por escrito con la precaución del cifrado. Hubo órdenes transmitidas oralmente y documentación hecha desaparecer, pero quedó lo suficiente para desmentir coartadas, las de que se hubiera tratado bien de operaciones bélicas por la inclinación armenia a favor de los rusos frente a los turcos, bien de excesos descontrolados, con masacres por ambas partes, debidos a animosidad mutua.

A falta todavía del término de genocidio, se habló de “asesinato de una nación”, de “crimen de desnacionalización” y, más genéricamente, de “crimen contra la humanidad”. Respecto a esta última denominación, adviértase que no se refería a la especie humana por entero, sino a una parte minoritaria que se autoidentificaba como “la civilización” en singular. Sin percibir contradicción, los Estados que acusaban a otros de crímenes contra la humanidad practicaban políticas genocidas en sus colonias o de cara a pueblos indígenas dentro de sus fronteras. Por el caso armenio se pasó definitivamente, sin cambio de significado, de expresiones como “crímenes contra la cristiandad y la civilización” a “crímenes contra la humanidad”.

Y al caso se aplicó el concepto de genocidio antes de acuñarse el término. Turquía lo reconocía. El negacionismo turco que llega hasta hoy sólo advino tras el derrocamiento del Imperio y el Califato otomanos y el establecimiento de la República turca entre 1922 y 1924. No se cuestionan las atrocidades. Se minimizan negándose que fueran programadas por instancias públicas con la intención de hacer desaparecer a una nación. Es el negacionismo que ahora, por ignorancia inexcusable o por interés irresponsable, se manifiesta en Alemania.

Interés alemán digo, pues lo hubo en el caso. Prestando apoyo político, económico, técnico y militar al Imperio otomano, Alemania se involucró militarmente en el genocidio: asistió en la organización de deportaciones y despojos, comandó algunas de las unidades turcas que los ejecutaron, emprendió ofensivas directas contra armenios… El propio presidente de Alemania ahora lo admite. La diplomacia alemana, pretendiendo actuar como defensora de cristianos, intentó encubrir esas actividades.

Hubo más. Cuando se consumó la derrota otomana, desapareció de Turquía la plana mayor genocida, encabezada por Mehmed Talaat Pashá, ministro del interior y luego primer ministro durante el periodo álgido de las masacres. La marina alemana la evacuó en secreto junto a documentación sensible. Alemania ofreció refugio a unos genocidas. Eludió la solicitud de extradición alegando que se encontraban en paradero desconocido. También se negó a la devolución de archivos. La derrotada Turquía no estaba en posición de exigir responsabilidades a Alemania por más vencida que también estuviera. Los fugitivos fueron juzgados y condenados en ausencia.

En 1921, Talaat Pashá, el Hitler turco, fue asesinado en Charlottenburg, hoy distrito de Berlín, por Soghomon Tehlirian, miembro de un grupo armenio conjurado para ejecutar las sentencias de muerte impuestas en ausencia por la justicia otomana. La alemana procesó pero no se atrevió a condenar a Tehlirian. El asunto se ha hecho más sensible en Alemania por acontecimientos posteriores, el genocidio nazi ante todo, mas también, luego, la masiva inmigración laboral turca tan maltratada por la resistencia alemana a la participación de nacionalidad incluso respecto a generaciones integradas. De diversa forma, todo ello acrecienta la mala conciencia nutriente de negacionismo.

Alemania ya tenía experiencia en la comisión de genocidio. Pocos años antes del armenio lo había perpetrado en África Sudoccidental, actualmente Namibia, haciendo desaparecer del mapa pueblos resistentes a su dominio colonial, como el herero y el nama. Alemania no lo ha reconocido como caso de genocidio. Su reconocimiento de genocidios nazis, en plural porque no sólo fue el judío, resulta singular, no sirviendo de lección para otros casos de responsabilidad directa. Imaginemos que Alemania fuera negacionista respecto al caso nazi. Turquía también tiene más de un genocidio que ocultar, como el de los asirios nestorianos.

Respecto al genocidio armenio, para que Alemania lo tenga ante la vista en casa no hace falta nueva comisión de la verdad. Taner Akçam, el historiador referido, hubo de exiliarse de Turquía tras sufrir prisión por sus posiciones políticas y recibir amenazas creíbles de muerte, encontrando de entrada asilo y trabajo en universidades alemanas. Akçam ha conseguido amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frente a la persecución penal en Turquía de la consideración del caso armenio como genocidio. Hay quienes, como Hrant Dink, no pueden defenderse judicialmente pues han sido asesinados por dicha razón.

Igual que en el caso nazi, el genocidio ha tenido éxito. Demográficamente, Anatolia oriental, antes armenia, hoy es turca. Y ahora un espontáneo alemán, precisamente alemán, brinda aval al negacionismo turco. Algún interés también mediará. Hay numerosos precedentes de captación de benevolencia por parte de Turquía.

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Para combatir eficazmente nuestra corrupción sistémica se necesita otro tipo de justicia.

La mera relación de interés provechoso con delitos de corrupción debería bastar, en el caso de representantes públicos, para condenarles a inhabilitación.

Ante grandes males de criminalidad organizada, remedios suficientes de justicia eficaz.

La corrupción en España parece extremadamente difícil de erradicar. No basta la investigación policial y persecución penal caso por caso. Concurriendo agentes políticos de signo diverso, como el popular, el socialista o el nacionalista catalán, los casos no resultan ocasionales ni desconectados, sino replicantes y hasta sistémicos. Hay en el sistema elementos que alimentan la corrupción. Por mucho que se procese y condene a gente corrupta, la justicia resulta inoperante si lo que de verdad se persigue es extirpar la infección. Hace falta la vacuna enérgica de una política comprometida con la rendición íntegra de cuentas. Pero también se necesita otro tipo de justicia.

Hay precedentes de justicia activada frente a fenómenos de fuerte y resistente delincuencia colectiva, como el de las mafias clásicas, poniendo en juego principios y procedimientos un tanto distintos a los habituales. Lo ilustraré con un caso extremo y, por ello, más elocuente, el de la justicia de la última posguerra mundial frente a los crímenes nazis o frente al monstruoso crimen contra la humanidad que fue en sí el nazismo. No me voy por la tremenda como espero que enseguida se compruebe.

Ante las limitaciones que suponen las ideas y prácticas tradicionales de individualidad, tipicidad, legalidad e irretroactividad en la justicia penal para la persecución de delincuencia tan masiva, los tribunales militares que juzgaron crímenes nazis en la inmediata posguerra acudieron, con relativo éxito, a planteamientos que impidieran la impunidad, entre ellos el de considerar la existencia de un delito colectivo que permitiera condenas individuales sin necesidad de que se probara la comisión personal de crímenes o ni siquiera la complicidad activa.

El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg anduvo todavía tímido tomando en consideración un delito de “conspiración” que sólo facilitaba la condena de dirigentes y que aún necesitaba la prueba de la participación personal en la conjura. Los tribunales militares estadounidenses (no los británicos ni los soviéticos ni los franceses) dieron un paso más al adoptar la categoría de “designio en común” que alcanzaba a todos los agentes nazis, de la cúpula a la base, y que permitía condenar sin pruebas de participación personal en crímenes concretos. Se procesó incluso a guardias de torres de vigilancia de campos de exterminio cuyo interior no habían pisado bajo el supuesto de la inverosimilitud de que desconociesen las atrocidades que dentro se cometían. Participaban del designio delictivo aunque no fueran parte en programación ni ejecución de crímenes.

Aplíquese la doctrina a unas cúpulas en España: a los dirigentes del partido gobernante entre los años ochenta y noventa, el socialista, que no sólo se manejaron y acomodaron entre episodios de gran corrupción, sino que también fomentaron las acciones de un terrorismo antiterrorista con la subsiguiente desviación de recursos públicos, o bien aplíquese a los dirigentes actuales del partido de gobierno, el popular, quienes conviven con los casos más graves de corrupción política entre los conocidos de la España posfranquista. Si no se prueba que los unos ordenaron asesinatos y secuestros o que los otros han organizado tramas de corrupción, baste para una condena la evidencia de que conocieron los delitos y no reaccionaron en modo alguno adecuado, ni siquiera retirándose dignamente.

“El Estado también se defiende en las cloacas” declaró un presidente del gobierno para justificar crímenes y otros estragos, de lo que nunca ha debido responder ante la justicia. ¿Otra justicia entonces? No se diga que atentaría contra los principios constitucionales en el orden penal. Ante grandes males de criminalidad organizada, remedios suficientes de justicia eficaz. El resto es coartada, impunidad y resignación a la corrupción. Tampoco se diga que constituiría una “causa general”, el manido argumento que se interpone contra la investigación a fondo de la corrupción. La “Causa General” fue una iniciativa franquista al servicio de la cobertura de persecución, no de la consecución de justicia. Es una comparación infame.

Guardándose todas las distancias, actívese el protocolo antinazi. Así, demostrada por investigación general la existencia de corrupción organizada, no sólo la participación, sino la mera relación de interés provechoso de cualquier modo, no necesariamente económico, habría de bastar para la condena individual, cuando menos, al ostracismo político, una inhabilitación vitalicia. ¿Qué esto ha de tipificarse mediante ley previa? Hágase. Y aprovéchese para habilitar al efecto jurados ciudadanos de acusación y veredicto. Podría ser una justicia más garantista que la actual. Y resultaría dotada de la virtud adicional de obligar a los partidos afectados a refundarse en serio.

Me he referido intencionadamente a la España posfranquista pese a los años transcurridos desde el fenecimiento de la dictadura. La recurrencia de la corrupción puede que tenga bastante que ver con la forma como se transitó entre régimen franquista y sistema constitucional. El franquismo fundó un nuevo Estado sobre cimientos de crímenes contra la humanidad y múltiples formas de pillaje. En cuanto a orígenes, no está tan fuera de lugar el término de comparación nazi.

Del franquismo no importan ahora tanto unos tiempos de despojo y parasitismo favorecidos, primero, por la guerra y, a continuación, por una economía intervenida entre la autarquía política y el estraperlo social. Importan hoy en mayor medida unos tiempos de aparente normalización sin solución de continuidad desde finales de los años cincuenta. Desde entonces se desarrollaron ordenamientos y políticas de legalidad y justiciabilidad cuyas limitaciones sirvieron para ocultar el mantenimiento de una economía parasitaria de la política, el caldo de cultivo de la corrupción opaca. La falta de libertades o, dicho mejor, la criminalización de su ejercicio contribuía a la opacidad y a la impunidad. En el franquismo, la corrupción era el régimen.

¿Cómo es que, llegada la transición, se consideró que sólo era necesaria en el ámbito institucional político, como si el franquismo no hubiera sido perverso por igual en el económico? Lo mismo que se emprendió la constitucionalización de la política, ¿cómo no se afrontó la desparasitación de la economía? Hay empresas importantes en España cuyo despegue procede del franquismo, incluso del trabajo esclavo de presos políticos en la primera posguerra, la máxima expresión del parasitismo económico. La mayoría prosperó en el campo abierto, sin necesidad ni siquiera de puertas giratorias, entre la política y la economía durante la dictadura. ¿Cómo se dio todo ello por normal en el momento de transición hacia un sistema constitucional? La respuesta toca al carácter de este tránsito, a la manera como se le controló para que no se pusiera en riesgo lo más sustancioso de la herencia franquista.

No hubo pacto de silencio como suele luego decirse. Se bastó la Constitución al limitar por el llamado derecho al honor, además de por la ley, libertades como la de pensamiento, la de información, la de comunicación, la de creación artística y la de investigación científica (art. 20.4). En defensa del honor franquista, la acción de la justicia cercenó con prontitud y dureza el periodismo y el documentalismo de investigación sobre los crímenes del franquismo. Al cabo de los años, ya en el siglo XXI, el Tribunal Constitucional forzó la Constitución para situar netamente por encima del derecho a tal honor las libertades de información, comunicación e investigación.

El remedio de la neutralización del derecho franquista al honor llegó tarde. El daño estaba hecho. Para los historiadores quedó la historia del franquismo y para la ciudadanía, la leyenda de la transición afianzada mientras tanto. De la historia de la corrupción posfranquista sabemos con todo la mínima. Lo conocido es la punta del iceberg. Salvo por lo que respecta al estraperlo, no hay estudios sobre la trayectoria de la economía en tiempos franquistas desde la perspectiva del parasitismo y la corrupción ni sobre su prosecución cual guadiana que corre subterráneo hasta hoy.

Hay caudal de corriente bajo la superficie. La transición entre régimen franquista y sistema constitucional lo encauzó a raudales mediante canales transversales entre los partidos principales. No hubo división entre una derecha representante del franquismo social y una izquierda encarnando el antifranquismo político. Hubo connivencia en la cumbre. Todos por supuesto no fueron ni son corruptos. La mayoría estuvo y está en la posición de los guardias de vigilancia en las torres del campo. No la culpabilidad, pero sí la impunidad es la misma que la de los corruptos y corruptas.

El campo es ahora el de una política secuestrada por la economía de fácil instalación en España como heredera al cabo del franquismo tardío. Habrá corrupción sistémica mientras no rescatemos a la política. Me pregunto si podremos.

Dadas las estrechas relaciones entre franquismo y nazismo, es impensable que la decisión de internar en Mauthausen a españoles fuera exclusivamente alemana.

¿Cabe eludir sin más la responsabilidad del Estado por la colaboración franquista en el exterminio nacionalsocialista?

Las responsabilidades, en términos materiales, corresponden al franquismo, y a quienes hicieron posible el golpe de Estado, como el rey Alfonso de Borbón. Formalmente se trata de responsabilidades contraídas por el Estado español.

El pasado 12 de mayo el pleno del Congreso de los Diputados ha debatido una interpelación al gobierno de Esquerra Republicana de Catalunya para que se instase al rey a pedir perdón por “las responsabilidades del Estado español” en relación al internamiento y muerte de republicanos españoles en campos de concentración nazis, principalmente en el austriaco de Mauthausen. Los partidos del turno, el Popular y el Socialista, impidieron su aprobación. El argumento más mendaz lo expresó el portavoz socialista: “la democracia debe hacerse responsable de las deudas de la dictadura, pero no puede hacerse responsable de sus culpas”, lo cual supondría asumir, “aunque sea vicariamente”, “la autoría del crimen”. Cuando ni siquiera se han saldado debidamente las cuentas de la dictadura, ¿cabe eludir así la responsabilidad del Estado? ¿Y así, por ensalmo, se esfuma la culpa?

Responsabilidad hubo por la participación efectiva del régimen franquista en el genocidio nazi, el cual, por cuanto respecta a españoles, representó la prosecución de la política de exterminio selectivo iniciada por el golpe de Estado franquista en África el 17 de julio de 1936, a la que se había sumado enseguida, provocada la guerra, la de matanza más indiscriminada para someter la retaguardia mediante el terror. Aunque no se tenga todavía prueba documental definitiva, pues hay archivos expurgados y otros españoles aún cerrados a la investigación, en la misma elección del campo de Mauthausen como destino final de la mayoría de los republicanos huidos a Francia y caídos en manos alemanas hubo de pesar la decisión del franquismo. En el universo concentracionario nazi Mauthausen ocupaba una posición especial. Hubo campos de concentración (Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen...) y campos de exterminio (Treblinka, Belzec, Sobibor...), éstos dedicados a dispensar la muerte en cámaras de gas o por otros procedimientos aún más brutales. La posición de Mauthausen era intermedia, similar a la de Auschwitz-Birkenau, sólo que éste derivó durante un último tiempo en mucha mayor medida a campo de exterminio.

Mauthausen era el campo reservado a prisioneros tenidos por irrecuperables. En él se entraba para no salir. A la muerte se llegaba mediante un régimen de trabajo extenuante y alimentación programadamente deficiente. Tuvo también cámara de gas para aniquilar a desahuciados y crematorios para deshacerse de cadáveres. Mauthausen presidió todo un complejo de campos con centros de producción mediante trabajo esclavo. Incluyó también una instalación médica para la práctica de la eutanasia y el desarrollo de investigaciones y experimentos sobre humanos vivos donde murió más gente que en dicha cámara de gas o en otra móvil que también operó. Con todo, quien ingresaba en Mauthausen estaba abocado a perecer por extenuación o de otra forma. Dadas las estrechas relaciones entre franquismo y nazismo, es impensable que la decisión de internar allí a españoles fuera exclusivamente alemana. Hay una prueba gráfica de la cooperación en el caso. Cuando a Mauthausen llegaron deportadas familias enteras españolas, las mujeres y los niños fueron entregados a España.

Hay más en unas responsabilidades que fueron materialmente del franquismo y formalmente del Estado español. El nazismo no contemplaba en principio la eliminación física de todo judío a su alcance. Quiso y prácticamente consiguió la erradicación por Alemania, su espacio de expansión hacia el este y bastante geografía limítrofe, pero, además del exterminio, consideró en momentos alternativas como la creación de una “reserva judía” en Polonia o la deportación fuera de Europa, a Palestina por ejemplo. De ahí provino la decisión de asignar, con una incierta base jurídica, la nacionalidad española a los judíos sefardíes para ofrecer a España la “repatriación” a sus colonias africanas. Franco se negó cometiendo la ignominia de pretender “repatriar” en cambio sus propiedades sin éxito porque el nazismo tenía bien organizado en provecho exclusivo el despojo judío. Judíos sefardíes pasaron por Mauthausen, donde pudieron bastantes entenderse en castellano con los españoles. A ellos se les aplicó, aquí o en Auschwitz, los procedimientos de muerte sumaria, sobre lo que las altas instancias franquistas tenían conocimiento. El consulado español en Viena colaboraba emitiendo certificados de fallecimientos en Mauthausen con las causas de la muerte falseadas.

La responsabilidad original por la cooperación con el genocidio nazi fue del franquismo y de sus adláteres, entre los que figura la monarquía depuesta en 1931. Alfonso de Borbón, bisabuelo del monarca actual, fue cómplice del golpe de Estado de 1936 y así responsable de su secuela de dictadura. Políticos de su confianza fueron claves en la obtención de una ayuda financiera y militar de Mussolini, el dictador vecino, sin la cual el golpe franquista hubiera con seguridad fracasado. El respaldo inmediato conseguido de Hitler ya no pasó por cauces monárquicos. Para hablar de responsabilidades de las que hubiera de pedirse hoy perdón, atendamos a un par de detalles. Históricamente, la monarquía actual fue instaurada por la dictadura genocida. Jurídicamente, es sucesora de la dinastía cómplice del genocidio, de aquel genocidio español que comenzó el 17 de julio de 1936 y se extendió a los campos nazis. El caso de la monarquía española es único en el contexto europeo, donde no hay otra jefatura de Estado procedente de las dictaduras fascistas.

Responsabilidades heredadas hay tanto de Estado como de dinastía, tanto del Estado español como de la dinastía borbónica. ¿Tiene sentido entonces que sea el monarca hoy reinante quien presente sus disculpas por la responsabilidad española en nombre de España toda? Depende. Formalmente, como jefe del Estado español, a él le toca hacer el gesto. Constitucional e internacionalmente le corresponde esta función representativa. Así actúa en nombre del Estado español y de la sociedad española, de toda ella. ¿Se encuentra en condiciones de hacerlo? Pensemos en quienes están más directamente afectados. Los pocos supervivientes actuales del genocidio nazi y las familias que guardan la memoria de los masacrados entonces o fallecidos luego, ¿cómo pueden sentirse dignamente representados por una monarquía que, con todo lo sincera que fuere su petición de perdón, guarda un tracto de responsabilidad con el genocidio? Compréndanse en los masculinos gramaticales tanto mujeres como hombres.

Las responsabilidades del caso no son por supuesto personales, salvo en lo que respecta a quienes las compartieron con la dictadura y todavía viven, lo que puede que incluya al monarca emérito Juan Carlos, pero no al reinante Felipe. Estamos hablando de responsabilidades de Estado y de dinastía no saldadas hasta el momento. Con todo esto, mal se entendería que la solicitud de perdón no fuera acompañada por la asunción de tal responsabilidad doble institucionalmente representada por el actual monarca. No nos pongamos tremendistas para escurrir el bulto. Asumir responsabilidades no es asumir “la autoría del crimen” ni vicaria ni personalmente. El Partido Socialista está haciendo todo tipo de malabarismos para seguir eludiendo las responsabilidades de Estado y de dinastía aún pendientes respecto a los crímenes del franquismo. Del Partido Popular consta con creces, por mucho que también disimule, su genealogía franquista.

Pensemos además que, junto al pesar, habría de expresarse orgullo y gratitud. Aunque no faltaron en Mauthausen kapos criminales españoles, los más se distinguieron por organizarse clandestinamente a fin no sólo de sobrevivir confiando en la derrota del nazismo, sino también de conservar arriesgadamente un archivo documental y fotográfico con vistas a la persecución de los criminales tras la victoria. Su acción fue también decisiva para el gobierno del campo cuando los nazis prácticamente lo evacuaron a principios de mayo de 1945. La avanzadilla estadounidense que llegó a Mauthausen el día 5, si no se encontró con la desbandada y el caos totales, fue por la presteza de dicha organización. “Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras”, proclamaba la gran pancarta que se colocó sobre la entrada de Mauthausen en castellano, inglés y ruso.

Ante el papel desempeñado por los españoles, procede asumir no sólo el pasivo del dolor y las responsabilidades, sino también el activo del orgullo y el agradecimiento. Sin admitir nada, el gobierno español ha tenido la desfachatez de participar en la conmemoración internacional del septuagésimo aniversario de la liberación de Mauthausen. Para este gobierno el franquismo lo que hizo fue salvar vidas del genocidio nazi.

Antes de si la monarquía debe pedir perdón, preguntémonos si puede. ¿No sería mejor suplirla al propósito por el propio parlamento cuando éste, elecciones regeneradoras mediante, se avenga? A otros efectos para los que la monarquía resulte igualmente impresentable podrá suplirle entonces, tras dichas elecciones, el gobierno.

Así, neutralizándose dinastía y dinamizándose ciudadanía, podríamos ir republicanizándonos. ¿Podremos?

Los episodios de violencia racista vividos últimamente en Estados Unidos y las protestas de los afectados señalan un problema evidente.

Tanto el sistema judicial como el proceso penal norteamericanos están fundados en el principio de igualdad, sin exclusiones explícitas por motivos raciales. ¿Dónde está el problema?

El autor examina las prácticas institucionales que permiten apreciar hasta qué punto el racismo, pese a su interdicción legal, se encuentra arraigado en el país.

Últimamente, se han sucedido noticias sobre muertes de jóvenes afroamericanos a manos de la policía en ciudades estadounidenses y sobre la reacción, eventualmente por igual violenta, de quienes entienden que se trata de episodios del racismo todavía rampante por aquellas latitudes. El caso más reciente es el de Freddie Gray, muerto en Baltimore el pasado 19 de abril por el trato sufrido bajo arresto policial. En esta ocasión, contrastando con otras, la fiscalía ha reaccionado con diligencia. Seis agentes han sido acusados de diversos delitos, incluyendo el de asesinato. ¿Asunto en vías de resolución? ¿Basta el juicio, si de verdad progresa, para resolver este tipo de casos? Ello depende de si en Estados Unidos hay o no hay a estas alturas racismo institucionalizado.

Quienes, entre la ciudadanía estadounidense de descendencia africana, reaccionan violentamente contra ese tipo de casos están manifestando que no confían en los remedios judiciales ni políticos ordinarios por entender que el racismo institucionalizado existe y que las víctimas no sólo son las que perecen en manos de una policía racista. La imagen que hoy ofrecen los Estados Unidos es sin embargo la contraria. Habiendo sufrido una severa institucionalización del racismo tras la abolición de la esclavitud, en los años sesenta del siglo XIX, frente a la posibilidad de que la población afroamericana se incorporara plenamente a la ciudadanía, los Estados Unidos estarían desmontando todos los mecanismos de exclusión y discriminación racistas desde los años sesenta del siglo XX gracias a la legislación federal de derechos civiles y a la evolución de la jurisprudencia en una línea igualmente antirracista. Quienes reaccionan de forma violenta ante dicho tipo de casos están diciendo que esa imagen no responde a la realidad en la que viven y que no ven vías políticas para salvar la brecha.

Veamos datos. Estados Unidos cuenta, de una parte, con un sistema de participación política y judicial, esto fundamentalmente mediante el jurado, que no excluye hoy de entrada a ningún contingente de la ciudadanía; de otra parte, también cuenta con un régimen penal y penitenciario bastante severo sin discriminación tampoco de principio ni en la defensa de víctimas ni en la persecución de delincuentes. Comencemos por lo segundo.

En la práctica, la mayor parte de los casos penales se solventan, no en juicio público, sino, sin publicidad, mediante negociación y acuerdo sobre asunción de culpabilidad y aceptación de pena, lo que abre muchas posibilidades de lenidad a favor de los núcleos pudientes y de chantaje en contra de los sectores marginados. Las garantías judiciales, incluso cuando hay juicio, están hoy más en los libros de derecho que en la práctica de la justicia. Aquí, en la letra pequeña, es donde la discriminación se produce. Y está a la vista que presenta un cariz marcadamente racista.

Estados Unidos guarda hoy en prisión a dos millones doscientas mil personas. Con alrededor del cinco por ciento de la población mundial, tiene el veinticinco por ciento de la legalmente encarcelada. Además, cuatro millones setecientos cincuenta mil estadounidenses están en libertad condicional bajo regímenes de vigilancia bastante estricta. No hay ningún otro Estado en el mundo que se acerque mínimamente a tal situación. Pero el dato más relevante a nuestros efectos todavía no está dicho. Cerca del cuarenta por ciento de la población encarcelada es afroamericana cuando la misma sólo constituye el trece por ciento de la población de los Estados Unidos. Si desglosamos, están hoy en prisión más de la décima parte de los afroamericanos estadounidenses, de ellos y de ellas, entre veinticinco y treinta y cinco años. Apréciese el alcance de estos datos no sólo por sí mismos, sino también por la desestructuración social y familiar que produce en un grupo de población que mantiene una fuerte conciencia de comunidad.

No se piense que se trata tan sólo de secuelas de la difícil superación de un racismo que estuvo y ya no está institucionalizado. En lo que respecta a la población afroamericana, los datos de hecho han empeorado notablemente en el último medio siglo, desde cuando, precisamente, se produjo el giro a favor de los derechos civiles. Paralelamente, el sistema penal ha venido endureciéndose mediante una legislación que reduce las facultades de jueces y de jurados en la apreciación de los hechos y del derecho imponiendo penas desproporcionadas para delitos no violentos que, en la práctica, afectan muy especialmente a la población afroamericana. En un sistema que no conoce el código penal en el sentido de previsión tarifada de penas, es otra novedad que de hecho está sirviendo para encarcelamiento selectivo sin apariencia de discriminación.

¿Pero no existe un sistema de participación política y judicial a cuyo través la ciudadanía afroamericana puede hacer valer sus aspiraciones e intereses? Veamos también datos. De entrada, el sistema penitenciario, con la discriminación que arrastra, tiene sus efectos en este ámbito, pues quedan inhabilitados para el ejercicio de derechos de ciudadanía no sólo los millones de encarcelados y en libertad condicional, sino también, ulteriormente, quienes cuentan con antecedentes penales. No se tiene cifra exacta de cuántos millones de personas están excluidos del sistema político por esta vía, pero la desproporción en contra de la población afroamericana puede presumirse. En Estados Unidos, no hay censo electoral de oficio, sino que hay que inscribirse en el mismo. Una persona afroamericana con antecedentes penales lo tiene más que difícil.

Tras la abolición de la esclavitud, en los estados sureños de los Estados Unidos se pusieron en práctica todo tipo de mecanismos para evitar el acceso a la justicia de los servodescendientes y, con no menor empeño, su inscripción en los censos electorales, todo ello sin mayores dificultades institucionales porque el constitucionalismo federal había interiorizado el racismo del constitucionalismo esclavista y era así permisivo. Al cabo del siglo, con la legislación de derechos civiles y el activismo judicial federales, tales mecanismos comenzaron a desmontarse. La administración federal se vio facultada ahora para controlar la práctica electoral de los estados. En principio, incluso la regulación de las elecciones federales es competencia, no de la federación, sino de los estados. El cambio del escenario político por el acceso de la ciudadanía afrodescenciente a los censos electorales y a la justicia en todos los estados ha sido realmente espectacular, pero, igual que ha pasado en el ámbito penitenciario, no estamos ante una evolución sostenida hasta hoy. Hay también involución.

La Corte Federal Suprema, de mayoría hoy conservadora, decide que el éxito de la reforma electoral ha sido tal que debe ir prescindiéndose de los mecanismos de supervisión y control puestos en práctica en beneficio de la participación afrodescendiente. Procede así a una devolución de competencias a los estados que, en bastantes casos, se aprovecha para una recuperación de mecanismos ahora más sutiles de disuasión de inscripciones en los censos electorales. No sólo se tiene en la mira a la población afrodescendiente. Por ejemplo, en estados con universidades atractivas para estudiantes de otros estados, se está imponiendo que el documento acreditativo de la personalidad, que suele ser el carnet de conducir (en Estados Unidos no hay carnet de identidad y el de conducir lo emite cada estado), tenga que ser el del propio estado y no de otros, con lo que se dificulta la participación de estudiantes. Son mecanismos que afectan también negativamente a sectores menos integrados como buena parte del afroamericano, no raramente sin la acreditación que ahora se exige. Se calcula que más del diez por ciento de la ciudadanía no cuenta con documento de identificación al que se le conceda ahora validez a efectos electorales y que más de la mitad de este contingente es afroamericana.

La actual mayoría conservadora, del partido republicano, en el Congreso federal, una mayoría que bloquea por completo cualquier posibilidad de revisión de la situación dada, tanto la penal como la política, se consigue mediante márgenes bastante ajustados en los estados que están aprovechándose de la relajación de los controles federales del sistema electoral. Y el poder que los sectores más conservadores de ese mismo partido mantiene en una serie de estados depende igualmente de tales manipulaciones. No se trata de especulaciones, sino de datos contrastados, estado por estado.

Ténganse a la vista ante episodios que resultan difícilmente comprensibles de otro modo como el de las reacciones violentas colectivas frente a acciones policiales. Hay quienes en el fondo piensan que por los medios afroestadounidenses cunde la propensión al victimismo violento. Me gustaría verles en su pellejo.

Arranca en La Haya el juicio que enfrenta a Bolivia y Chile por el acceso al océano Pacífico.

Tanto un estado como otro alegan principios del derecho internacional estatalista de cuño decimonónico (soberanía, tratados), pero solo a beneficio de inventario.

Descuidan ambos por completo los derechos de los pueblos indígenas, pese a verse afectados por el contencioso territorial.

Durante esta primera semana de mayo se desarrollan en el Palacio de la Paz de La Haya audiencias públicas de la Corte Internacional de Justicia acerca del contencioso mayor sobre fronteras interestatales hoy enquistado en las Américas, el que enfrenta a Bolivia con Chile por la comunicación al océano Pacífico de la que le privó una agresión militar chilena emprendida en 1879 y consumada en 1883. Se trata todavía de deliberación sobre objeciones preliminares acerca de la admisibilidad de la demanda. Bolivia alega “la obligación de negociar de buena fe” entre ambos Estados para poder recuperar una “salida plenamente soberana” al mar. Chile se atiene a un tratado que en 1904 restableció la paz con Bolivia imponiéndose el hecho consumado, lo que, según el Estatuto de la Corte (art. 38.1.a) en la interpretación chilena, habría de bastar para darse la pretensión boliviana por infundada sin más trámite. Pacta sunt servanda, los tratados deben cumplirse por encima de todo, afirma Chile. El Estado chileno parece olvidar que también tiene tratados con pueblos indígenas.

Bolivia se entiende obligada a recurrir a la justicia internacional por imperativo de su reciente Constitución, de 2009, que contiene un capítulo sobre Reivindicación Marítima con este pronunciamiento: “El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano” (art. 267). Se responde a una historia bastante constante de reivindicación por parte de Bolivia. Y hay más en su Constitución interesando al caso. Adopta la identificación de Estado Plurinacional en razón del reconocimiento de la presencia y los derechos de los pueblos indígenas. Y contiene, entre otras previsiones al efecto, una en sede de Relaciones Internacionales sentando el principio de que éstas deberán guiarse por el “respeto a los derechos de los pueblos indígenas” (art. 255.I.4). No es tan sólo asunto interno.

El territorio en discordia (más de 100.000 km2 con unos 400 km de litoral) era en el momento de la conquista chilena primordialmente indígena, como lo sigue siendo hoy en parte, con comunidades atacamas y aymaras entre otras. El tratado de 1904 ignoró esa presencia humana. El Estado Plurinacional de Bolivia está obligado constitucionalmente a atenderla, pero la elude. Sigue reduciendo el contencioso territorial en su reclamación internacional a un problema exclusivo entre Estados, como si la presencia indígena no fuera relevante. Y eso que existe, desde 2007, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconociéndoles como sujetos colectivos de derecho tanto internacional como interno. Y que la Constitución de Bolivia asume justamente los planteamientos de esta Declaración al registrar derechos indígenas. Sin embargo, el gobierno del Estado Plurinacional se toma la Constitución a su provecho, reclamando créditos sin satisfacer réditos. Pese a que, conforme al derecho internacional actual, la ignorancia de la presencia indígena sería un buen argumento para cuestionar la persistente validez del tratado de 1904, Bolivia prefiere soslayarlo por la sencilla razón de que está al tiempo intentando desactivar internamente el registro constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. Al menos se guarda coherencia.

Respecto a Chile, ante su postura de aferrarse a tratado pese incluso a anacronismos flagrantes, hay organizaciones indígenas que aprovechan el trance para reclamar que se le tome la palabra en relación a sus propios casos. Principalmente se trata de los tratados celebrados con el pueblo mapuche en el continente y el rapa nui en la Isla de Pascua durante el siglo XIX para reconocimiento mutuo. Chile alega que no existe ningún tratado con pueblo indígena ratificado y registrado por el Congreso, como constitucionalmente corresponde. Cierto es, sólo que se silencia el resto de la historia. Para tratar con el pueblo mapuche se facultó al Presidente de la República. Y el tratado con el pueblo rapa nui se aplicó sobre la marcha ocupándose la Isla de Pascua y eludiéndose su ratificación para no cumplir con las contrapartidas. No son casos muy distintos a los de conquista coetánea del colonialismo europeo en África, en los que también mediaron tratados incumplidos como prolegómenos del sometimiento. Mas el incumplimiento propio ya no excusa, a nuestras alturas, la consumación del fraude.

La Constitución de Chile ignora olímpicamente la presencia indígena, pero esto no implica que el asunto quede a la discreción del Estado. Hoy existe un derecho internacional con previsiones al efecto. He aquí lo dispuesto por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: “Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos” (art. 37.1). Y más: “Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración” (art. 38); “(…) los Estados promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia” (art. 42). ¿Alguien dijo que esta Declaración no es vinculante para los Estados como miembros de Naciones Unidas?

El problema se cifra en que, si los Estados no alegan con empeño este nuevo derecho ante la Corte Internacional de Justicia, ésta cede a la inercia y al prejuicio de ignorarlo. La misma sigue guiándose por un entendimiento obsoleto del derecho internacional, el contenido en el citado artículo 38 de su Estatuto colocando a los tratados en primer lugar, incluso por encima de principios y normas internacionales generales, y desprendiendo además un desagradable tufo colonialista (art. 38.1.c: “principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”). No en vano tal artículo procede literalmente, sin reforma alguna desde entonces, de tiempos tan coloniales como los de la primera posguerra mundial. A alguna modulación viene procediendo perezosamente la Corte, pero no hasta al punto de mostrarse dispuesta a contemplar la existencia de otros tratados que no sean bilaterales o multilaterales entre Estados ni a asumir la precedencia del derecho de derechos humanos en su integridad, lo que comprende la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como derecho supraestatal por encima de cualquier otro derecho internacional.

Júzguese ahora la importancia de la defección del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a su obligación constitucional e internacional de responder tanto interior como exteriormente al reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. El Estado Plurinacional lo que suele hoy por desgracia es manipular la causa indígena. Habida cuenta de que, con la Declaración internacional sobre sus derechos y todo, los pueblos indígenas siguen sin legitimación para personarse ante la justicia supraestatal, Bolivia está no sólo debilitando su propia posición, sino también comprometiendo el desarrollo del proceso de reconocimiento y garantía de los derechos de los pueblos indígenas a una escala y con un alcance que ya les diesen por fin acogida y acomodo como naciones entre naciones, todas con minúsculas.

A la hora de la verdad de la justicia, el Estado Plurinacional de Bolivia se comporta de la misma manera que la República mononacional de Chile, ignorando la existencia de naciones indígenas dentro y fuera de sus fronteras así como a caballo también entre ellas; tal es el caso, entre Bolivia y Chile, de las comunidades afectadas por “el diferendo marítimo”. He aquí lo previsto al respecto por la susodicha Declaración: “Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros, así como con otros pueblos, a través de las fronteras” (art. 36.1). ¿No tendrán que ser parte en contenciosos fronterizos?

No recarguemos las tintas sobre las responsabilidades de Bolivia, pues, al fin y al cabo, las de Chile, por resultar menos visibles dado el mononacionalismo de su Constitución, no son menores. Iguales resultan las de los Estados activos en el orden internacional que, por una parte, promocionan normas regeneradoras como la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, por otra parte, se resisten en redondo a adaptar principios y procedimientos de la justicia internacional para hacerlas efectivas. Responsabilidades y complicidades andan repartidas.

El gobierno se encuentra ultimando una reforma completa de la ley del indulto en vigor, que data sustancialmente de 1870.

Fue la reforma de 1988, obra de un gobierno socialista, la que suprimió el deber de motivación en los indultos.

El sistema de indultos vigente, tal y como está diseñado, convierte a la monarquía, que los respalda, en cobertura de la arbitrariedad gubernamental.

La futura ley, para ser una buena ley, tendría que tocar asuntos como los indultos por festividades católicas, las amnistías fiscales o la propia ley de amnistía de 1977.

El gobierno actual, gobierno monocolor del Partido Popular, ha abusado notoriamente de la concesión de indultos por camaradería política, solidaridad de clase, retribución de favores, detalles para con paniaguados y hasta alardes de omertà. El pasado 15 de marzo un senador de dicho partido anunció que el gobierno está ultimando un proyecto de “reforma integral” de la ley actual, la cual data sustancialmente de 1870. ¿Quiere rectificarse el rechazo de una propuesta de Izquierda Unida de hace un año? Puede en todo caso que el gobierno vaya en serio. La iniciativa parece inscribirse en una operación de camuflaje, cara a las urnas, de algunos de sus más obscenos abusos durante esta prepotente legislatura. Para la siguiente emplaza el ministro de justicia como si se tratase en efecto de un señuelo electoral.

El portavoz senatorial del gobierno no ofrece mucho detalle. Se afrontará “la necesidad de acotar delitos en los que no exista esta gracia, mantener la competencia del Ejecutivo en su concesión y ampliar el control” de su ejercicio. Está respondiéndose a Izquierda Unida con la afirmación tajante de la competencia del gobierno, puesto que esa otra propuesta insistía en que los informes judiciales sobre la petición de indulto deberían ser vinculantes para el gobierno y en que su concesión habría de motivarse caso por caso para que cupiese siempre el recurso ante instancias igualmente judiciales. Todo esto va justamente más allá que esa desangelada referencia del senador popular a control sin cualificar tras reafirmarse la competencia gubernamental.

Hay un error constitucionalmente grave y bastante común en el anuncio. Llama al indulto gracia y la Constitución así lo hace ciertamente, sólo que no atribuyéndola al gobierno. No hay tal “competencia del Ejecutivo”: “Corresponde al Rey: (…) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales” (art. 62.i). Con arreglo a la ley significa ante todo con arreglo a la Constitución, la cual no permite actos del monarca sin refrendo del gobierno. Formalmente, el rey o la reina ejerce la gracia y el gobierno refrenda. Gracia es concepto monárquico. De hecho, el gobierno la maneja y es el monarca quien respalda. La ley de 1870 añadía algo más: la concesión debe motivarse, requisito esencial para que haya posibilidades de control. Una reforma de la ley efectuada en 1988, por iniciativa de un gobierno monocolor del Partido Socialista, suprimió el requisito de la motivación y, con ello, la posibilidad de control judicial. Con tales facilidades que ya venía tomándose, aquel gobierno abusó del indulto tanto o más que el gobierno actual.

La forma como la Constitución ha asignado a la Jefatura del Estado un atributo tan anacrónico como el de la gracia ha propiciado esa deriva en la práctica del indulto que convierte a la monarquía en cobertura de la arbitrariedad gubernamental. Son cosas a las que la institución monárquica naturalmente se presta. Eso de la gracia procede de tiempos en los que la justicia se colocaba en un lugar secundario. El Ministerio de Justicia, ese ministerio que no se sabe muy bien qué pinta hoy cuando existe un Consejo General del Poder Judicial, se llamaba en el siglo XIX Ministerio de Gracia y Justicia, por este orden, la gracia por delante para que la justicia no se desmandase tomándose a sí misma demasiado en serio como amparadora de derechos. En aquellos tiempos nada democráticos y poco garantistas, lo de la gracia no es que resultase gracioso, pero, en una monarquía constitucional sólo a medias, tenía un encaje. Ahora no es más que cobertura de arbitrariedad y de injusticia en manos del ejecutivo, de los partidos institucionales y de los intereses dominantes con acceso a ese círculo de poder.

Una ley, una buena ley, podría desde luego bastarse para remediar casi todo eso, bien que sería una sorpresa que lo hiciera la que el gobierno ha anunciado y postergado. La oposición parlamentaria ha reaccionado dando una bienvenida prácticamente unánime a la iniciativa. Para encarecer su necesidad se ha recordado el mayor de los abusos en los anales recientes, el de 1.333 indultos el año 2000 para celebrarse el 25 aniversario de la actual monarquía contándose desde su entronización preconstitucional, esto es dictatorial. Lo cometió otro gobierno del Partido Popular. Los abusos comunes, como el de la presencia de la gracia en la Constitución, o los de gobiernos de otro signo, como el de la reforma socialista de la ley de 1870, se recuerdan menos.

Hay posibilidades y necesidades sobre las que gobierno y oposición se muestran de acuerdo en no encarar. ¿Posibilidad? El problema de la arbitrariedad hoy rampante se debe más a la reforma de 1988 que a la ley de 1870, con lo que un buen comienzo de una revisión en serio sería el de la derogación de la primera sobre la marcha. ¿Necesidad? No puede hacerse una buena ley de indulto sin reformarse la Constitución para privarse al rey del atributo de la gracia y así acabarse con este mecanismo de cobertura de la arbitrariedad. Es uno más de los numerosos extremos de la norma constitucional que están clamando por una revisión a fondo, pero ya se sabe que los partidos del régimen, los que vienen alternándose hasta ahora en el ejercicio del gobierno central, no están dispuestos a tocar ningún pasaje constitucional que afecte a la monarquía salvo el del dispositivo de discriminación por género tras el hecho consumado de la primera sucesión.

De cosas de las que no gusta hablarse entre los partidos institucionales, hay al menos tres asuntos que deberían contemplarse en la ley de indulto y que no figuran en la agenda. Los refiero en importancia creciente, de menor a mayor. Primero, la ley habría de salir al paso de la vergüenza constitucional de los indultos por celebraciones religiosas de confesión católica. No es un asunto anecdótico a la vista de la posición institucional y las posiciones inconstitucionales que, con la ayuda indistinta de unos y otros gobiernos, logra mantener la iglesia respectiva. Por algún punto habrá de comenzarse un replanteamiento que también debería alcanzar a las previsiones de la Constitución al respecto. Es tanto lo que en la misma necesita revisarse.

Segundo, la ley debería afrontar el abuso de la amnistía fiscal, una especie de indulto sin duda cuando interesa a posibles delitos. Habría que juzgar caso por caso, motivar los indultos igualmente por separado y abrir entrada a recursos ante la justicia. Y no se diga que esto no valdría para amnistías fiscales abiertas o encubiertas del pasado, pues se trata de puras arbitrariedades proscritas por la Constitución (art. 9.3: “La Constitución garantiza… la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”), así ilícitas de raíz. No sería caso de irretroactividad de la ley pues prima y ofrece cobertura la Constitución y su vigencia desde 1978. No sólo hay coberturas constitucionales maléficas ni muchísimo menos. Prevalecen por fortuna las benéficas.

Tercer y más importante asunto: el de la amnistía de 1977, la que viene impidiendo que se haga justicia respecto a los delitos de todo tipo de la dictadura franquista, inclusive crímenes contra la humanidad de carácter imprescriptible. Es ley preconstitucional, pero de efectos posconstitucionales. Le alcanza la prohibición vista de los “indultos generales”. Aunque quiera distinguírsele porque sea obra de parlamento y no de gobierno o porque pueda ser preventiva, la amnistía es una forma de indulto general que la Constitución tiene buenas razones para prohibir pues viola derechos de las víctimas comenzándose por el de acceso a la justicia. Una buena ley de indulto sería una excelente ocasión no tanto para derogarse la ley de amnistía como para declararse que la misma, dada su inconstitucionalidad sobrevenida, está derogada por la Constitución y desde entonces. Con esto tampoco habría problema de irretroactividad.

Si hablamos de cobertura de injusticia por parte de la monarquía, con esto último la misma se redobla. Como adlátere del dictador en vida antes de ser rey, el monarca emérito se encuentra entre los beneficiarios de ese indulto inconstitucional. ¿No ha pesado en la cerrazón política y judicial a permitir el acceso a la justicia por responsabilidades de la dictadura? Refuerza en todo caso la cobertura de la arbitrariedad. En fin, la monarquía española no es homologable a las otras monarquías residuales del entorno europeo y, aún menos, a las repúblicas. Si andamos comparando república y monarquía, hablemos de este tipo de cosas. No frivolicemos.

A lo largo de la historia de la humanidad lo que hoy llamamos genocidio, el intento de hacer desaparecer enteros grupos humanos, es suceso desgraciadamente habitual. En 1948, las Naciones Unidas se propusieron erradicarlo adoptando la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Ahora, en 2015, la Corte Internacional de Justicia viene a confirmar la tendencia perceptible desde temprano de convertir dicho tratado multilateral entre Estados en poco menos que papel mojado. Si la Convención contra el Genocidio ya se mostró restrictiva en la tipificación del delito, su interpretación por parte de juristas y de tribunales está convirtiéndolo en un crimen de imposible comisión por mucho que de hecho se siga cometiendo.

La restricción principal de origen se debe a que se descartó el genocidio cultural o intento de hacer desaparecer un grupo destruyendo la identidad colectiva que la cultura propia le presta. Se argumentó que “civilizar poblaciones indígenas” era incluso una obligación para los Estados. Eran tiempos abiertamente coloniales. Pero no se redujo con esto el genocidio a la eliminación física directa o inducida. Se incluyeron los supuestos de políticas que afectan a la reproducción del grupo en términos sicológicos, “lesión grave a la integridad mental de los miembros del grupo”, demográficos, “medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo”, e incluso, en un concreto supuesto, culturales: “traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo” a fin evidentemente de hacerles perder su identidad de origen. Los actos de este género “perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, así como “la asociación para cometerlos”, “la instigación directa y pública”, “la tentativa” y “la complicidad”, son crímenes internacionales. Adviértase que, frente a la idea generalizada, puede haber hasta genocidios incruentos.

Desde un primer momento, la Convención contra el Genocidio se mostró inaplicable. La única jurisdicción internacional existente por entonces y durante décadas lo era entre Estados y, para el caso, Estados que tuviesen ratificada la Convención. Sólo un Estado podía llevar a otro con la acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Inhibía una complicidad entre ellos incluso frente a casos paladinos de genocidios cruentos. A esto se añadió el entendimiento que le imprimió a la Convención Estados Unidos cuando vino a ratificarla al cabo de cuarenta años, en 1988: “que el término intención significa intención específica”, esto es, dolo cualificado por la decisión explícita de cometer el delito, no la mera intención que podría deducirse de las políticas lesivas para la subsistencia de grupos. A esto siguió un empeñado desarrollo doctrinal por latitudes, digamos para entendernos, occidentales en tal línea restrictiva llegándose a unos extremos que hacen irreconocible la Convención contra el Genocidio por parte de la última sentencia al respecto de la Corte Internacional de Justicia, Croacia versus Serbia.

El 3 de febrero de este año se ha hecho pública la sentencia no apreciando la comisión de genocidio. No es la primera de la Corte Internacional de Justicia respecto a las atrocidades de la guerra de Yugoslavia (1991-1999). Hace ocho años, el 26 de febrero de 2007, se emitió la del caso Bosnia-Herzegovina versus Serbia-Montenegro que ya apuntaba, algo más contenidamente, en la misma dirección restrictiva. Un detalle: las víctimas no tienen arte ni parte ante esta jurisdicción internacional. No sólo la Corte trata el asunto como si fuera en exclusiva entre Estados.

Según la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, las matanzas y los desplazamientos por razón de pertenencia a grupo no bastan para la comisión de genocidio. ¿Qué hace falta para que tal delito se cometa? Para la Corte, ha de probarse dolo especial, la adopción de la decisión de hacer desaparecer un grupo por parte del Estado, como si la comisión de un genocidio fuera algo sobre lo que se deliberase y que se resolviera en reuniones formales de órganos políticos o militares con levantamiento de actas. La simple intención requerida por la Convención que pudiera probarse por el tenor de las políticas puestas en práctica no lo admite la Corte.

Hay más en la tergiversación de la Convención. Ante las pruebas palmarias de matanzas y de desplazamientos la Corte argumenta que todo ello de por sí no implica genocidio no sólo porque falte prueba de dolo especial, sino también porque todas las políticas lesivas para un grupo que no consistan en matanza no constituyen genocidio si no se demuestra que están dirigidas a la destrucción física o biológica del grupo. Por esta vía, hasta la misma masacre parcial habría de ser, para constituir genocidio, un paso intencionado hacia el exterminio total. Así, las formas no cruentas o parcialmente cruentas de genocidio se convierten en elementos de un solo supuesto de delito consistente en el objetivo probado de eliminación prácticamente absoluta de un grupo.

La Corte considera que el genocidio no puede probarse por la evidencia de actos particulares, sino, al contrario, que ha de demostrarse que tales actos son consecuencia de la adopción de una política expresamente genocida. Todo esto no es invención suya, sino el resultado de doctrinas que han venido desarrollándose desde la ratificación de la Convención por los Estados Unidos. Han convertido el genocidio en un delito casi imposible de cometer. Concurre a este efecto la conversión del monstruoso genocidio nazi en la vara práctica de medida para cualquier otro. Si los muertos no son de entrada incalculables, no lo habría. Y, a falta de dolo documentado, ni siquiera ello bastaría.

Ante las evidencias flagrantes en el caso yugoslavo, la Corte señala que puede haber limpieza étnica sin que haya genocidio. Esta otra expresión de la limpieza étnica fue acuñada por la Administración Clinton en los Estados Unidos ante la misma guerra de Yugoslavia precisamente para eludirse la utilización de la palabra genocidio y el compromiso consiguiente de tener que afrontarlo en términos jurídicos, de derecho y jurisdicción internacionales, y no, como acabó ocurriendo, sólo bélicos y diplomáticos. Las reservas de los Estados Unidos para con la Convención provienen de unos inicios. En la segunda mitad de los años cuarenta, hubo asociaciones afroamericanas que presentaron ante las Naciones Unidas la acusación de comisión de genocidio por legados de la esclavitud como el cruento de linchamientos recurrentes en Estados exesclavistas. De medios indígenas también procedía la denuncia por el trato de muerte y desplazamiento dispensado por los Estados Unidos. Hoy las cautelas están superadas porque la Convención ha sido domada. Los años no han corrido en balde desde 1948.

Una acreditada especialista española aplaude sin reservas la sentencia del caso Croacia versus Serbia. Maneja la Convención como si sólo pudieran comprenderla los expertos. Confluye con la Corte: “Una política genocida busca la aniquilación física o biológica masiva de un grupo, no su supervivencia en otra parte”, lo que no sería genocidio. ¿La Convención no está diciendo otra cosa? Consta por supuesto, pero la doctrina jurídica sirve para interpretar las normas a conveniencia. A quienes identifican genocidio con gran masacre sin argumentos retorcidos de por medio la especialista no se priva de achacarles “simplificación e ignorancia enciclopédica”. Que la doctrina imperante ignore el lastre de la neutralización de la Convención ni se percibe.

No todo el mundo en el ámbito jurídico sigue el juego. Existe doctrina que, con base más depurada en la Convención, entiende justamente que la intención genocida pueda probarse perfectamente por inducción ante la puesta en práctica de políticas lesivas, no necesariamente cruentas, para la reproducción de “un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, de un pueblo indígena o de un pueblo americano afrodescendiente por ejemplo. Algunos de los desenvolvimientos más interesantes de la problemática jurídica sobre el genocidio están actualmente produciéndose por medios historiográficos respecto a procederes del pasado que hoy calificamos o deberíamos calificar de genocidas.

La Corte Internacional de Justicia no es hoy la única jurisdicción competente en materia de genocidio. Está ya también, para responsabilidades no estatales, la Corte Penal Internacional y hay además tribunales especiales, como el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia precisamente. Mas es la Corte Internacional de Justicia la que viene sentando jurisprudencia. La Corte Penal Internacional está demostrándose menos eficiente. Y la doctrina jurídica especializada en tergiversar la Convención está pesando sobre todas las jurisdicciones, también sobre las de Estado.

Los autores realizan un contraste entre el reciente

Informe Foronda

Informe-base

que al respecto realizó un equipo formado por Manuela Carmena, Jon Mirena Landa, Ramón Múgica y Juan Mª Uriarte.

Informe-base

, pese a situar correctamente la problemática en el terreno internacional de los derechos humanos, no llegó el punto capital de las responsabilidades.

Entre los diversos informes de iniciativa oficial sobre la violencia política en el País Vasco destacan dos por su carácter más general, el más reciente Informe Foronda: Los contextos históricos del terrorismo en Euskadi y la consideración social de sus víctimas, 1968-2010, considerado en la entrega primera de este artículo, y el poco anterior Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco, 1960-2013, que merece comentarse a efectos comparativos.

El Informe-base fue encargado en 2013 por la Secretaria General de Paz y Convivencia de Presidencia del Gobierno Vasco a un equipo formado por los juristas Manuela Carmena, Jon Mirena Landa y Ramón Múgica más el obispo de la iglesia católica Juan Mª Uriarte con el objetivo ambicioso de constituir una “referencia fiable para la definición de posteriores actuaciones en materia de memoria y revisión crítica del pasado, así como de reconocimiento y reparación a las víctimas”. La “comisión redactora”, como se identifica a sí misma, entiende que la mención de los derechos humanos requiere el encuadramiento en el derecho internacional. Esto es lo específico del informe y lo que puede efectivamente convertirle en una referencia obligada para ulteriores actuaciones. En lo que se refiere a víctimas la memoria se reduce a un estadillo numérico sin registro de fuentes que sustenten las cifras.

El encuadramiento en el derecho internacional parece desde luego plausible a la vista de sus últimos desenvolvimientos. Por una parte, con el Estatuto de la Corte Penal Internacional el derecho penal supraestatal ha adquirido hoy un cuerpo consistente y además aplicable a responsabilidades no sólo de Estados, sino también a las de entidades no gubernamentales, como las de organizaciones terroristas sin ir más lejos. Es una aplicación esta segunda que no tiene por qué corresponder a jurisdicción internacional pues de ella pueden hacerse perfectamente cargo los tribunales de Estado y aún deben hacerlo cuando, como en el caso de España, se tiene ratificado el Estatuto. Por otra parte, el derecho de derechos humanos está teniendo ahora un desarrollo notable en materia de lo que puede ya llamarse el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, todo ello como objetivos interconectados e inescindibles. ¿Qué mejor encuadramiento para el abordaje de las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos en el País Vasco?

Lo llamativo es entonces que dicho encuadramiento apenas se amaga. Con referencia a los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2005, se sienta que “todas las personas que han sufrido violaciones graves de derechos humanos deben gozar de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, que se concretan en el derecho de la víctima a: a) acceso igual y efectivo a la justicia; b) reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, en las formas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición; c) acceso a la información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación”. Esto es prácticamente todo al respecto. No hay consideración del derecho penal internacional en relación a responsabilidades por las vulneraciones de derechos humanos, como tampoco a la labor de instancias de Naciones Unidas sobre promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, las cuales además están ocupándose directamente de España, aunque no de momento en concreto del País Vasco.

Sobre responsabilidades a la luz del derecho internacional de derechos humanos, esto es lo que se indica: “En la lucha contra el terrorismo, se producen frecuentes casos de inobservancia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los estándares de derecho internacional de los derechos humanos”, sin más datos por otra parte. ¿Eso es todo sobre responsabilidades del Estado? ¿Y eso es a estas alturas lo principal? Hoy, si hay obstáculos en España para la observancia de los estándares de derecho internacional de los derechos humanos son más ampliamente políticos y más específicamente judiciales. Por una parte, los gobiernos españoles vienen resistiéndose, con independencia de su signo, a las recomendaciones de las instancias de Naciones Unidas sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por otra parte, la justicia española sigue empecinadamente oponiéndose a tomar en consideración las reglas internacionales de vigencia directa del derecho de los derechos humanos.

El caso de la justicia, respecto a cuya impermeabilidad al derecho internacional de los derechos humanos el Informe-base se muestra ciego, es ciertamente peculiar. Hoy la justicia española actúa a la defensiva en nombre del derecho interno frente a exigencias internacionales de respeto de derechos de los terroristas. No recurre en cambio a la vertiente del derecho internacional favorable a las víctimas en la que podría mejor fundamentarse el mismo rigor en la penalización de atrocidades. Es una postura tan extraña que no se explica por referencia tan sólo al caso del terrorismo etarra. Se ha fraguado en la complicidad judicial con otro terrorismo, el franquista, a cuyas víctimas se les viene sencillamente bloqueando el acceso a la justicia, un acceso exigido no sólo por la Constitución española, para la que no valen amnistías, sino también por el derecho internacional de derechos humanos. Como esa complicidad no se detecta en absoluto en el equipo redactor del Informe-base, resulta intrigante su silencio sobre la deficiencia radical de la justicia en su materia: la justicia.

La impresión que se ofrece es que interesan responsabilidades políticas, no otras como las judiciales, y además las políticas de Estado, pues no hay una referencia al terrorismo equivalente a la referida sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Qué es algo tan evidente que no hay por qué concretarlo? Concreción precisamente es lo que falta. Hemos dicho que los estándares del derecho internacional de derechos humanos son hoy aplicables también a organizaciones terroristas. Pongamos un ejemplo. Garantías de no repetición debe ofrecerlas desde luego el Estado, pero también, en el caso, ETA, lo que habría de traducirse en la entrega de armas y disolución de la propia organización. Si nos tomamos en serio el derecho internacional de derechos humanos, éste es un asunto no sólo político, sino también justiciable, pudiéndose responsabilizar de la falta de garantías a dirigentes convictos. Pero todo esto parece un desarrollo que no interesa para nada al Informe-base. Si se ha encuadrado en el derecho internacional, es por responsabilizar al Estado, no al terrorismo no gubernamental. Sus conclusiones y recomendaciones se mueven entre obviedades benevolentes y generalidades elusivas.

¿Comparamos el Informe-base con el Informe Foronda? En principio tendrían que haber sido informes complementarios, uno sobre historia y otro sobre derecho, pero ni siquiera resultan conciliables. El segundo, siendo un trabajo histórico, tiene muy claro desde un arranque algo que el primero, pese a serlo jurídico, no acaba de asumir. Nos referimos al asunto de la responsabilidad. Es la cuestión primera y última. De haberse concebido los informes, para atenderla, en forma complementaria, el orden lógico hubiera sido el inverso: primero el informe histórico y luego el jurídico. Que la programación esté fallando tan clamorosamente acusa el problema de fondo. Se ha querido sentar una premisa de irresponsabilidad.

El Informe Foronda denuncia la disolución de responsabilidades en las narrativas de “un conflicto entre dos bandos simétricos donde todos sufrieron” contraponiendo la evidencia de la libertad y la responsabilidad humanas: “Los sujetos no viven en moldes predeterminados, en los que no tienen margen de maniobra, sino que disponen de capacidad de elección”. En el Informe-base no hay un discurso de la irresponsabilidad, pero tampoco de las responsabilidades. Dada le cualificación de sus redactores, no cabe pensar que la ambigüedad sea efecto de ineptitud o de negligencia.

El contraste entre informes pone ante el espejo a la Secretaría de Paz y Convivencia y, con ella, a la Lehendakaritza. Si interpretar a ETA como violencia entre violencias encierra el sentido de diluir memoria y responsabilidad, amagar con el derecho internacional y dejar la labor a medias, sin sacar la conclusión de la responsabilidad en ese plano también de los terroristas –y no solamente del Estado en la medida que efectivamente le toca– responde a la intención palmaria de dibujar un mapa de polos neutralizadores de responsabilidades. He ahí el punto clave.

La interpretación de la violencia terrorista como una de las expresiones de un “conflicto” sirve para construir un relato del pasado donde el terrorismo ultranacionalista no adquiere sentido por sí mismo sino únicamente como una violencia entre violencias.

La razón por la que el Informe Foronda no ha gustado en la Secretaría dirigida por Jonan Fernández es porque metodológicamente enmienda la plana al núcleo duro del discurso público sostenido por el gobierno vasco actual.

El Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco ha evacuado recientemente el informe encargado por la Dirección de Promoción de la Cultura del Gobierno Vasco para analizar y evaluar “los contextos históricos del terrorismo en Euskadi y la consideración social de sus víctimas”. Es un informe que contrasta con la línea seguida por otros que vienen promocionándose por instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco bajo el gobierno actual. De atenernos a las declaraciones públicas ya adelantadas por el Secretario General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, no ha producido entusiasmo en los medios de la Lehendakaritza. Y con razón.

El Informe Foronda: Los contextos históricos del terrorismo en Euskadi y la consideración social de sus víctimas, 1968-2010, elaborado por Raúl López Romo en colaboración con Luis Castells, Antonio Rivera y José Antonio Pérez, todos ellos investigadores del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, responde al encargo recibido. Se sitúa en las antípodas de la posición representada por la secretaría de Jonan Fernández y asumida, obviamente, por el gobierno presidido por Iñigo Urkullu. Para irnos ubicando, conviene recordar que en abril de 2014 el lehendakari se deshizo, a requerimiento precisamente de Jonan Fernández, de su asesor para víctimas del terrorismo Txema Urkijo, persona muy vinculada a los grupos que en los años del plomo se posicionaron con claridad y contundencia contra el terrorismo etarra. Por decirlo de manera clara: con este movimiento el lehendakari optó por confiar su política relacionada con el final del terrorismo y la reconstrucción de la convivencia a una persona que provenía de Herri Batasuna y que fundó después Elkarri, una organización que siempre defendió la contextualización de ETA en un “conflicto vasco” diluyendo responsabilidades terroristas.

Recuérdese también que durante los gobiernos de Juan José Ibarretxe el discurso público del ejecutivo insistía en hacer del terrorismo etarra una expresión más de un largo conflicto originado, se decía entonces, en 1839. Ese argumento servía, con una ETA en activo, para proponer que el final del terrorismo pasara por un reajuste constitucional en el sentido deseado por el nacionalismo vasco. Ahora, con los pistoleros de ETA en la reserva (parece que con intención de jubilación definitiva) la interpretación de la violencia terrorista como una de las expresiones de un “conflicto” sirve para construir un relato del pasado donde el terrorismo ultranacionalista no adquiere sentido por sí mismo sino únicamente como una violencia entre violencias. Así lo recoge, expresamente, el Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 elaborado por la secretaría del mismo nombre al proponer tratar de la violencia de ETA (de sus causas y de sus víctimas) en un contexto en el que aparecen igualmente otras violencias, entre ellas las del Estado, ya sea en la etapa dictatorial o en la constitucional en términos prácticos de continuidad.

No es, por tanto, casual que la Secretaría para la Paz y la Convivencia encargara previamente un informe, al que habremos de referirnos en una segunda entrega de este artículo, sobre “Vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco, 1960-2013”. Así, en paquete conjunto con casos de torturas policiales y militares, de terrorismo parapolicial con o sin dirección política, de grupúsculos terroristas de corto recorrido o, incluso, de policías borrachos que asesinaban tras disputas en la calle o en clubes de alterne, la actividad de ETA puede presentarse como violencia entre violencias. Sobre todo si a todos se les apellida igual: “violencia con intencionalidad política”. Aunque no se diga expresamente, la metodología es aquí también parte del mensaje: ETA puede explicarse por el “conflicto” y en un escenario de varias “violencias con intencionalidad política”.

La razón por la que el Informe Foronda no ha gustado en la Secretaría dirigida por Jonan Fernández es porque metodológicamente enmienda la plana al núcleo duro del discurso público sostenido por el gobierno vasco actual. Y lo hace con un acopio, una depuración y una articulación de datos inéditos hasta ahora en informes de iniciativa oficial. A diferencia de otros, el Foronda es el primero que se elabora con criterio historiográfico con sus correspondientes exigencias críticas. No quiere ello decir que sea neutro en cuanto a su posicionamiento: claramente se sitúa en una línea de denuncia y señalamiento de responsabilidades del pasado terrorista y de las actitudes ante el mismo. Sí quiere decir, y esto es importante, que es un informe informado, es decir, realizado desde el principio historiográfico de la consulta directa y contraste de fuentes.

Tampoco es un informe que se deje cegar por su posicionamiento de manera que no vea otras vulneraciones de derechos; muy al contrario, con detalle se da cuenta de la actividad de otros grupos terroristas y de la actividad criminal de servidores públicos sin encubrir en caso alguno la que apunta hacia altas instancias del gobierno español. Más aún, en varios lugares el Informe Foronda se detiene a detallar y denunciar el ninguneo al que el propio Estado sometió durante mucho tiempo a las víctimas (extremo reconocido, por otra parte, en las recientes piezas legislativas sobre reparaciones a víctimas del terrorismo producidas tanto en Vitoria como en Madrid).

Si la metodología es discursiva en el caso de los informes y propuestas de la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, también lo es aquí, pero con resultados antagónicos. De las cifras, de las imágenes, de las experiencias y opiniones recogidas en este informe se destila un argumento bien diferente del que acomoda al poder público vasco: ETA sí tiene una explicación en sí misma y su violencia, la más dañina y prolongada en el tiempo de las que acompañaron al proceso de salida de la dictadura. Si no en sus orígenes, claramente desde el momento en que comienza a vislumbrarse una vía constitucional, los asesinatos, extorsiones y demás actos criminales protagonizados por ETA no obedecieron a una reacción defensiva frente a otras violencias sino a una deliberada voluntad de imponer un proyecto totalitario en el País Vasco.

Dicho de otro modo, ETA no debe interpretarse como una violencia entre violencias, aún habiéndolas desigualmente en el tiempo, sino como un proyecto criminal en sí mismo. La prueba más evidente está en los datos materiales de este informe: el terrorismo de ETA no solo no ha necesitado el combustible de otras violencias sino que su actividad más mortífera se produjo contra la consolidación del sistema constitucional, autonomía vasca incluida. El proyecto promovido en su día por Herri Batasuna de extender una suerte de Gran Miedo (la infame “socialización del sufrimiento”), avalando el asesinato y acoso de sus “enemigos” políticos tomó cuerpo una vez que ETA era ya desde hacía algún tiempo el único grupo terrorista activo en el País Vasco. La cuidadosa reconstrucción de la cronología de todas las violencias en sí e interrelacionadamente por parte del Informe Foronda pone suficientemente de relieve tan decisiva circunstancia.

En un medio profundamente imbuido de ambigüedades, el Informe Foronda presenta la virtud de la claridad en sus análisis y en sus conclusiones. Éstas son sus palabras conclusivas respecto a responsabilidades: “La principal responsable ha sido ETA, la organización más longeva, más mortífera, con mayor apoyo social y cuya actividad (principio, desarrollo y final) ha configurado el marco del proceso histórico del terrorismo en Euskadi (incluyendo la acción tanto de sus satélites como de sus oponentes también terroristas). En ese sentido, otras organizaciones han contribuido a sembrar la violencia como forma de intervención en política y, entre ellas, las hubo que fueron impulsadas o amparadas desde aparatos del Estado. Estas contaron con un respaldo social residual en Euskadi, lo que no les exime de sus responsabilidades, sino que las coloca en su contexto”. En su contexto se dejan justamente ubicadas todas las violencias.

El Informe Foronda marca una diferencia. No tiene que ver con resarcimiento y reparación de víctimas que, por supuesto, se entiende que han de ser indiscriminados, sea cual fuere el victimario, sin excluir en absoluto los casos en los que concurre responsabilidad criminal de Estado. La diferencia tiene que ver con otra reparación que atañe no sólo a las víctimas, sino también a la sociedad toda: la memoria, la manera como vamos a recordar lo que pasó y lo vamos a contar a las generaciones futuras, el modo como honremos públicamente esa historia. Un informe no puede determinarla, pero cabe que aporte elementos valiosos para que la sociedad lo haga.

Como muestra del carácter mitológico del relato predominante de la transición, el autor examina, con todas sus consecuencias políticas, el olvidado episodio de la disolución definitiva de la II República en el exilio en junio de 1977.

La historia que ordinariamente corre sobre la transición española se ha fraguado desde la perspectiva del par de generaciones que la protagonizaron, las de quienes nacimos entre los años treinta y cuarenta del siglo pasado. Resulta una historia autocomplaciente y autojustificativa, más proclive a legitimar lo dado que a averiguar lo ocurrido. Se entiende a sí misma al servicio de la convivencia cuando sirve al fraude y a la impunidad. Veamos las implicaciones de un acontecimiento que ni siquiera suele entrar en su campo de visión, el de la disolución de la República en plena transición.

Se produjo en el exilio, en París, mediante un sencillo comunicado suscrito por José Maldonado como Presidente de la República y Fernando Valera como Presidente de su Gobierno, el 21 de junio de 1977. Comienza reivindicando la legitimidad constitucional de la República, mantenida durante décadas, frente a la dictadura y, se sobrentiende, a la monarquía que le sucede. Prosigue refiriéndose a las elecciones generales celebradas en España seis días antes, en las que aprecia “numerosas taras”, “tanto por lo que se refiere al contenido de la ley” que regulara la consulta “como por el modo con el que se llevó a cabo”. Destaca “la incalificable discriminación” de los partidos netamente republicanos. Mas a pesar de tales “anomalías”, por la participación habida y el resultado nada halagüeño para la continuidad de la dictadura, el comunicado considera llegada la hora de la disolución de “las instituciones de la República en el exilio” no sin expresar finalmente su confianza de que ésta se recupere en un futuro.

Detrás de ese documento hay una historia de tanteos entre las autoridades de la República y el gobierno de la transición. Medió México, que nunca había reconocido a la dictadura franquista. Requería a España un final digno de la República con la recepción en Madrid de sus máximas autoridades para la resignación de sus títulos constitucionales. La contrapartida podía apreciarla el gobierno de la transición por el déficit evidente de legitimidad que padecía la Monarquía. España no tenía problemas de reconocimiento internacional, pues heredaba la conseguida a duras penas por la dictadura, pero se trataba ante todo de legitimidad interna. Y a una monarquía procedente directamente de dictadura de origen fascista tal tracto constitucional le convenía de cara a sectores relevantes de la entonces Comunidad Europea.

El gobierno de la transición posponía cualquier acuerdo con la República a la celebración de las elecciones, unas elecciones sobre las que efectivamente se reservaba un importante control mediante el mantenimiento de la estructura provincial y municipal de la dictadura, el manejo de mecanismos tan sensibles como el registro de los partidos y el procesamiento de los resultados electorales, a lo que se sumaba el acceso expedito a fuentes públicas y privadas de financiamiento para una opción apadrinada por el propio gobierno de transición así como, finalmente, un sistema electoral más favorable a la cooptación partidista que a la representación ciudadana. El asunto de la legitimidad histórica de la República se planteaba como algo, a lo más, equiparable al de la sucesión dinástica entre Juan de Borbón y su hijo Juan Carlos, algo solventable en una ceremonia recoleta sin relación con pronunciamientos democráticos de la ciudadanía. La cuestión era salir del trance de la sucesión de la dictadura sin convocatoria constituyente ni exigencias de garantías para la participación ciudadana.

Unos tres meses antes de las primeras elecciones generales, el 18 de marzo de 1977, se había celebrado una reunión entre el Presidente mexicano y su homólogo republicano español en la que se acordó la cancelación de las relaciones diplomáticas y la entrega formal de la embajada para que pudiera transferirse de manos mexicanas al gobierno de la transición. No hubo transferencia directa entre República y Monarquía. Tras las elecciones, por aquello de una legitimidad desvinculada de la dictadura que no se redujera a la dinástica, el gobierno español estaba aún interesado en alguna suerte de resignación de las autoridades republicanas sin necesidad de que lo fuese ante la Monarquía. Podría hacerse ante las Cortes recién elegidas siempre que fuere sin mucha alharaca. Ante los hechos consumados, las autoridades republicanas optaron por la disolución inmediata. De la negociación frustrada contaría algo al cabo del tiempo el mediador mexicano, Rodolfo Echeverría, hijo de exiliada republicana.

El gobierno de la transición había estado interesado en la resignación de cuatro autoridades republicanas: además de Maldonado y Valera, Jesús María Leizaola como Lehendakari y Josep Tarradellas como President de la Generalitat catalana. Sólo se prestó este último cuando, tras la disolución de la República, ya no era presidente de nada. Como si lo fuera, haciéndose cargo de una preautonomía sin nexo con la autonomía republicana, el 23 de octubre de 1977 Tarradellas lanzó su famosa crida en la Plaça de Sant Jaume: “Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí”. Toda la operación montada para la legitimación de la transición catalana mediante esa peculiar recuperación de la Generalitat, todo el silencio que cayó sobre el gesto de dignidad de las otras autoridades republicanas. Todo lo que en la historia de la transición se significa la sucesión dinástica entre padre e hijo borbones, todo lo que se ningunea la constitucional frustrada de República a Monarquía. Maldonado y Valera nunca estuvieron dispuestos a transmitir legitimidad sin un referéndum específico. Aunque la Constitución viniese luego a disimularlo con la fórmula de declarar a Juan Carlos de Borbón “legítimo heredero de la dinastía histórica”, el gobierno de la transición nunca estuvo a su vez dispuesto a ceder en el extremo de la sucesión directa entre dictadura y monarquía.

¡Qué otra imagen de la transición tendríamos, aun con todo lo demás igual, si Maldonado y Valera hubieran cedido! Habría venido a primer término la traslación de la legitimidad republicana a la monarquía constitucional, cuya cuestión ha desaparecido en cambio del mapa. Un hilo conector todavía existe no sólo por el eslabón averiado de Tarradellas, sino también porque la Constitución vino a reconocer los referéndums de iniciativa de las autonomías de Galicia, Euskadi y Catalunya celebrados durante la República. En el relato imperante, ¿quién reconoce este nexo de legitimidad republicana de esas autonomías actuales, las cuales traen así causa no sólo de la Constitución de 1978, sino también de la de 1931? El velo tupido que se tiende sobre las implicaciones constitucionales de la conexión fallida con la República cubre también el fleco no tan suelto de las autonomías de “nacionalidades” en expresión de la Constitución actual.

La pérdida del nexo constitucional con la República lo es también con el patrimonio humano del exilio y de las víctimas republicanas del interior. Tanto en la confección de la Constitución como en la política ulterior pesa la improvisación voluntariosa de cultura constitucional por quienes no teníamos prácticamente más mundo que el tardofranquista. En el ámbito cultural también hubo sus tarradellas. He ahí el caso significado, por ejemplo, de Francisco Ayala, quien, regresado del exilio, adoptó en el plano intelectual una posición entreguista mayor a la de Tarradellas en el político. También ha habido maldonados dignos en el medio cultural, pero sus nombres no figuran en el catón de la transición. Todo lo que tras ella se promociona en España a los ayalas, viejos y jóvenes, todo lo que se posterga a los auguafiestas.

En el terreno político, hay otras claves que recuperar entre las ilusiones de la transición y los desengaños de la historia. En dicho campo hubo un tarradellas superlativo en la izquierda cuyo nombre fue Santiago Carrillo, alguien dispuesto, entre múltiples concesiones, al desbalance del trueque entre condonación de responsabilidad personal en crímenes de guerra (véase El Holocausto Español de Paul Preston) e impunidad a bulto de toda la criminalidad política, militar y económica franquista. Súmese la metamorfosis del Partido Socialista Obrero Español escindido en 1974, con la fracción respaldada por una generosa socialdemocracia europea que, por mucho que se disimulase, ya tenía decidido patrocinar el mismo borrón y cuenta nueva en el terreno no sólo político, sino también económico. El ahogamiento del Partido Socialista Obrero Español genuino, el del exilio, fue complementariamente paralelo a la derrota segunda de la Segunda República. El otro es ahora pilar de una monarquía inconstitucional.

¿Hace falta que confronte la leyenda de la transición? ¿Le dije autocomplaciente y autojustificativa? Tal vez me quedé corto. Con algo que recapacitemos, ¿no resulta una historia profundamente manipulada ayer e irreflexivamente cacareada hoy?

La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas reunida en La Habana el pasado 10 de febrero no es una Comisión de la Verdad encargada de esclarecer hechos para asignar responsabilidades.

Por sus dictámenes, podría sospecharse que estamos ante una operación de fingimiento para imponerse narrativas de la irresponsabilidad, garantizando con ello la impunidad tanto de la guerrilla como del Gobierno.

En La Habana, sede de las negociaciones de paz entre gobierno y guerrilla colombianos, el martes 10 de febrero se presentaron los trabajos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, una comisión formada por doce expertos y dos relatores, trece hombres y una mujer, todos ellos académicos y todos ellos nombrados por las partes negociadoras. Colombia es especialista, desde mediados del siglo pasado, en comisiones de investigación sobre acontecimientos cruentos que no sirven ni para esclarecer hechos ni para determinar responsabilidades. Esta última no es excepción.

Los trabajos se editan con el título discreto de Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Han debido realizarse en corto tiempo. Fue a comienzos de agosto del pasado año cuando, según reza el arranque del acta, “el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) acuerdan la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) con el objetivo de contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histórico del conflicto interno y para proveer insumos para las delegaciones” en las conversaciones de paz. A ello responde el mandato: “El Informe de la Comisión deberá ser insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo y para el esclarecimiento de la verdad”. Pero verificación y responsabilidad se aplazan: “En esa medida (el Informe de la Comisión) será un insumo básico para una futura comisión de la verdad y contribuirá a la reconciliación”, la cual ya contaría “con la participación de todos y en particular de las víctimas”.

La CHCV no es por tanto una Comisión de la Verdad que esclareciese hechos para determinar responsabilidades. De ahí su planteamiento. Para lograr autoridad, una Comisión de la Verdad ha de producir un informe colectivo aunque sea sólo de mayoría. El mandato de la CHCV prevé en cambio que pueda producir tantos dictámenes como expertos con una relatoría de los mismos cual informe final. El resultado es aún más disperso. Los relatores presentan recapitulaciones distintas, una cada uno. En singular no hay informe. El procedimiento no ha dado lugar a indagación, análisis y reflexión en común, sino a una serie de dictámenes de despacho en los que además pesa la política del conflicto más que la ciencia de la academia. “El Informe” sólo constituye en suma una contribución más a la victimología y a la pazología, expresiones éstas así unidas de uso en Colombia con una dosis peyorativa merecida a veces, no digo siempre.

Jefferson Jaramillo, autor del libro Pasados y presentes de la violencia en Colombia. Estudio sobre las Comisiones de Investigación (1958-2011), identifica unas pautas en la sucesión de iniciativas oficiales de indagación en equipo. Comenzó en 1958 con una comisión de formación partidista, eclesiástica y militar para irse evolucionando hacia la composición académica a la que ahora responde la CHCV. Ninguna de las habidas ha sido Comisión de la Verdad. Más que la averiguación de hechos para la asignación de responsabilidades, lo que han perseguido las comisiones colombianas es sentar como verdad histórica narrativas interesadas. Y siendo presidenciales o gubernativas, no parlamentarias, abrigan más fácilmente agendas ocultas. La novedad que Jaramillo ha apreciado en la CHCV desde el momento de su formación es la de las caras nuevas: a los comitentes del gobierno se unen los comandantes de la guerrilla.

Es más difícil componer narrativas convenientes para dos partes, pero en algo hay confluencia, algo en lo que ya había acuerdo. Obsérvese el nombre de la CHCV: Comisión sobre el Conflicto y sus Víctimas. Las víctimas lo son del conflicto y no de agentes humanos. ¿Responsables según la CHCV? La economía o la sociedad, como si entre los problemas y las armas no mediasen decisiones, o el Estado en su totalidad, como si en su seno no pudieran y debieran distinguirse poderes e instancias culpables e inocentes. La criminalidad ha llegado a permear al Estado colombiano, pero no a todo él y no en el mismo grado a todas las instituciones implicadas. La guerrilla repica campanas porque se atribuya la responsabilidad a la economía o al Estado, pero lo que está realmente celebrando es el camino hacia la impunidad abierto con la neutralización de responsabilidades. El gobierno tampoco desdeña esa disolución de culpas en la economía, la sociedad o el propio Estado. Las dos partes tienen cementerios en el armario. ¿Está fraguándose una piñata de la impunidad? Ante tales perspectivas, unos temores no sólo proceden de la derecha como está dándose por hecho.

Problemático con todo resulta que la CHCV vaya a tener la prosecución de una Comisión de la Verdad respecto ni siquiera al esclarecimiento, no digamos a responsabilidades. ¿Cómo es que no se ha empezado por ella? Si estamos ante una operación de fingimiento para imponerse previamente narrativas de la irresponsabilidad, los comisionados no son sus principales factores. No dudo de su solvencia académica, sino de su prudencia política. Buscar causas objetivas para tanta sangre derramada y tanta gente desposeída ofrece coartada a tantos y tantas criminales, inclusive personal inversor y ejecutivo de empresas agroindustriales y extractivas impulsoras de ilícitos para apropiarse de tanto territorio despoblado por la acción cruzada de guerrilla, ejército y paramilitares. Y dudo de su sensibilidad. Impersonalizan a las víctimas. Contribuyen al intento de enmudecerlas y suplantarlas. Una cosa es ser experto y otra, ventrílocuo. En Colombia las víctimas supervivientes tienen sus voces colectivas organizadas. Salvo audiencias no decisorias y comunicación por internet, quienes conversan, se asesoran y negocian en La Habana son gobierno y guerrilla. La propaganda oficial llama participación a las salvedades. No le va a la zaga en descaro la publicidad guerrillera.

El resultado de la CHCV arroja sombras sobre las negociaciones. Sus acuerdos van a comprometer a toda la ciudadanía colombiana y muy neurálgicamente a las víctimas sin que haya habido participación apropiada. Se prevé la realización de un referéndum sobre los acuerdos, pero éste será forzosamente del tipo de plebiscito bajo chantaje: paz con tales condiciones y no con otras ni sin ellas. ¿Quién va a votar por la alternativa que preste excusa para seguirse asesinando y despojando por motivaciones políticas e intereses económicos? Tampoco es que la labor de la CHCV sea la única sombra que se cierne sobre La Habana. El primer acuerdo prácticamente cerrado, el de materia agraria, sitúa por ejemplo los derechos de los pueblos indígenas muy por debajo, si en algún sitio, del nivel alcanzado por la actual Constitución y por el derecho interamericano e internacional vigente en Colombia. El proceso de renuncia a la guerra como instrumento político pudiera culminarse bajo acuerdos que afectasen a los derechos fundamentales y a sus garantías judiciales. No es aventurado pensar que gobierno y guerrilla comparten el interés por debilitar los unos y limitar las otras. De parte presidencial no han faltado intentos fracasados gracias a la eficacia de unos controles de constitucionalidad. No todo el Estado merece ser tenido por culpable.

Soy ciudadano español y estoy pronunciándome sobre asuntos colombianos. No soy nadie para juzgar si, por concluirse una guerra de décadas, ceder al chantaje plebiscitario compensaría. ¿Han compensado en España los dos referéndums de la transición que permitieron la impunidad franquista? Además de la masiva injusticia, ¿no hay secuelas? ¿No había alternativas? ¿No habrá remedio? ¿Se tiene conciencia? Pues las respuestas no son sencillas, opinemos y debatamos por encima de fronteras. Los asuntos de derechos no se someten a ellas. Internet asiste. Y Colombia ha internacionalizado el proceso de paz. Se desarrolla bajo los auspicios de dos Estados garantes, la propia Cuba y Noruega, y otros dos acompañantes, Chile y Venezuela. Otros respaldan. La ola llega a España en alas de la propaganda oficial.

Más seriamente están involucradas instancias de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos marcando objetivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Justicia transicional, excepcional para el caso como en otros semejantes, se admite por estas instancias, pero ha de ser precisamente justicia y no un sucedáneo. Transicional no significa transaccional.

De lo que debemos cuidarnos es de no suplantar voces ajenas. No emulemos a los comitentes y comisionados de la CHCV. Por internet también se encuentran materiales de colectivos más afectados. ¿Ejemplos? El Foro de Paz de los Pueblos Indígenas o la Ruta Pacífica de las Mujeres. Con razón se habla de víctimas invisibles.

La nueva Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales omite por completo el decisivo capítulo del derecho internacional de los derechos humanos.

La citada norma, que sustituye un decreto franquista de 1972, ni siquiera desarrolla el marco constitucional vigente.

En el mes de diciembre del año pasado, 2014, entró en vigor la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, una norma que habría de establecer criterios para articular derecho español y derecho internacional vinculante para España ateniéndose no sólo a la Constitución, que se postula suprema, sino también a las reglas internacionales, que relativizan tal supremacía. Una parte creciente del ordenamiento internacional está hoy formada, a partir de tratados y otros acuerdos, por el derecho de derechos humanos. Lo que choca ya de entrada es que esta ley no les preste atención. Ni siquiera los menciona. Se plantea como si no hubiera instrumentos internacionales que interesan directamente al derecho de gentes de a pie.

La ley se ha hecho esperar desde la Constitución y, cuando llega, ignora el núcleo constitucionalmente más valioso del derecho internacional, el de los derechos humanos. Pudiera pensarse que el mismo se subsume sin mayor problema en el derecho de tratados, pero no es así. El derecho de derechos humanos se cualifica por la propia Constitución con un valor normativo propio aun con la mediación de la propia norma constitucional, como canon para su interpretación: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” (art. 10.2).

La ley ni siquiera hace referencia a este artículo constitucional sobre tratados y acuerdos internacionales. Más que de la Constitución, trae causa de tratados sobre tratados que ayudan a solapar los de derechos humanos pues no los contemplan diferenciadamente. Hay otro factor coadyuvante, uno interno. La ley ha venido a sustituir un decreto sobre tratados de 1972 que, por razón de dictadura, no entendía de derechos ni humanos ni constitucionales. La herencia pesa y la desfachatez impera. La exposición de motivos de la ley afirma que ese decreto “logró acomodar el ordenamiento jurídico español a las exigencias de Derecho Internacional en materia de tratados internacionales”, como si los de derechos humanos no existieran ya entonces.

El artículo constitucional sobre derechos humanos es ciertamente de perfil bajo. Hay Constituciones que reconocen el valor normativo de los derechos humanos por sí mismos conforme a la regla internacional. Es un pronunciamiento el español que además se ha quedado obsoleto, pues hay instrumentos de derechos humanos que vinculan a los Estados sin necesidad de ratificación. Este desbordamiento de las previsiones de la Constitución está siendo acentuado por las instancias de derechos humanos de Naciones Unidas mediante interpretación de dichos instrumentos que no debe deferencia a constitucionalismos de Estado. Sería razón suficiente para que la ley sobre tratados y otros acuerdos internacionales se hubiera hecho cargo. Mas la razón decisiva es interna: la necesidad de componer un canon de constitucionalidad integrando el ordenamiento internacional de derechos humanos.

Desbordada la Constitución, el derecho internacional de derechos humanos requiere un tratamiento normativo específico que la ley no trae y que no se tiene. La justicia interna, comenzando por el Tribunal Constitucional, podría haberlo aportado, articulando por sí misma derechos constitucionales y derechos humanos, pero el caso es que, a estas alturas, no lo está haciendo ni hay visos de que vaya a hacerlo. La doctrina académica constitucionalista o internacionalista tampoco es que esté asistiendo. Se mire como sea, ante tamaña laguna la ley es deficiente de raíz. La cuestión resulta entonces si la deficiencia es intencionada y con qué propósito.

Para salvarse la ley, pudiera también pensarse que no se extiende a tratados y otros acuerdos de derechos humanos en espera de norma propia, pero, como pudiera temerse, la misma se les está aplicando de forma mecánica como si fueran un elemento más, sin cualificación alguna, del derecho contenido en tratados. Todo acusa que no se tiene conciencia del vacío existente en materia tan clave o que hay desentendimiento. La ley se aprobó en las Cortes con una de esas mayorías absolutísimas que translucen políticas transversales entre los partidos mayoritarios por debajo de los desacuerdos que, cara al momento electoral, suelen magnificar. No prevén entre ellos el abordaje de la concordancia de derechos, los humanos y los constitucionales, mediante ley o, mejor sería, por revisión de fondo de la Constitución. La reforma constitucional que está proponiendo alguno de dichos partidos no contempla algo tan fundamental.

La articulación es necesaria con referencia tanto al derecho regional de derechos humanos, el europeo, como a su derecho global, el de Naciones Unidas. ¿Muestras recientes de serios desajustes por desarticulación entre unos y otros elementos, el constitucional y los internacionales, del sistema normativo? En el terreno europeo, se tiene bien a la vista con las peripecias de la llamada doctrina Parot y del cómputo de los periodos de prisión cumplidos en el exterior. Respecto al global, hasta hoy se arrastran los requerimientos de instancias internacionales de derechos humanos para que se concluya de una vez por todas con la impunidad de los crímenes imprescriptibles de la dictadura franquista y con la resistencia a derechos concretos como el de acceso a la justicia para la reparación por tales crímenes. Son sólo ejemplos. Y para ambos terrenos se trata no sólo de la letra de los tratados y otros acuerdos, sino también de la interpretación por tribunales y otras instancias internacionales. Acreditan derechos que ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo ni la Audiencia Nacional ni los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas se toman en serio.

Tampoco lo hace la Ley de Tratados y Acuerdos Internacionales, más entonces que una ocasión fallida. Con su silencio ratifica la determinación de no reconocer como garantía y reforzamiento de los propios derechos constitucionales la regla internacional de vinculación directa a los derechos humanos. En 1978, debatiéndose la Constitución, el portavoz en el Congreso de los Diputados del partido mayoritario al que acabo de referirme, el socialista, Gregorio Peces-Barba, blandió el argumento de que se atentaría contra la soberanía constituyente del pueblo español de reconocerse el valor normativo de los derechos humanos. De ahí resultó el bajo perfil de la fórmula constitucional. En esas seguimos. Ya no sólo se trata de una oposición en abstracto. Como ha quedado ejemplificado, pesan ahora más todavía rechazos muy concretos a requerimientos de derechos y garantías desde instancias internacionales. La laguna de la ley no se debe a incompetencia ni a descuido.

Aprendamos del derecho comparado en lengua compartida. Acudamos al Perú porque su Constitución, de 1993, contiene sobre derechos humanos la misma fórmula, literalmente, que la Constitución española. En 2004, el Código Procesal Constitucional peruano conjuga el verbo con perífrasis de obligación (los derechos constitucionales “deben interpretarse” de conformidad con los derechos humanos) y amplía la referencia normativa a resoluciones jurisprudenciales (“las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos”). El código es sólo una ley. Conjugación y ampliación estarían mejor en la Constitución, pero en todo caso se encuentra en una norma que habilita el control por la jurisdicción constitucional. En España no hay código procesal constitucional y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sólo ofrece una referencia a derechos humanos para un asunto secundario en su exposición de motivos, nada en su cuerpo articulado.

En el contexto latinoamericano lo usual es que el valor normativo de los derechos humanos se registre en la misma Constitución. La del Perú previa a la actual, la de 1979, lo hacía. Y he aquí un pronunciamiento de la del Ecuador, de 2008: “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento”. La Constitución del Estado no se reserva el monopolio del registro de derechos fundamentales. Consiguientemente, la recepción constitucional del derecho internacional de derechos humanos se refiere a instrumentos y punto porque no se limita a lo ratificado por el mismo Estado. Compárese con el pronunciamiento español.

¿Cómo fórmulas tan disponibles no caben en España? ¿Cómo puede seguir aquí escamoteándose la regla internacional del valor normativo directo de los derechos humanos? ¿No sabe aprenderse de Latinoamérica? Lo dificulta algo más que la mentalidad colonial incapaz de concebir influencias multidireccionales en pie de igualdad. La dificultad principal es interna. Radica desde 1978 en el empeño constitucional por mantener el control político último de los derechos y sus garantías.