Un grave accidente de tráfico ocurrido este miércoles en el término municipal de Orihuela se ha saldado con tres ciclistas heridos de gravedad tras ser embestidos por un turismo. El suceso tuvo lugar en torno a las 15:36 horas en el punto kilométrico 9 de la carretera CV-925, un tramo situado en el entorno del embalse de La Pedrera, muy cerca de la pedanía de Torremendo. Las víctimas formaban parte de un grupo de seis ciclistas de nacionalidad irlandesa que circulaban por esta vía en dirección a Pilar de la Horadada cuando fueron arrollados por el vehículo.

La violencia del impacto dejó heridos de diversa consideración a la mitad de la expedición. Según la información facilitada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el herido que reviste mayor gravedad es un hombre que fue evacuado de urgencia al Hospital del Vinalopó en Elche tras sufrir un traumatismo craneoencefálico. Sus otros dos compañeros, de 56, 59 y 62 años, fueron trasladados al Hospital de la Vega Baja en Orihuela para ser tratados de diversas policontusiones.

El operativo de auxilio movilizó a un importante contingente de emergencias, incluyendo patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Orihuela, además de un amplio despliegue sanitario. En el lugar de los hechos intervinieron dos unidades del SAMU, una ambulancia de Soporte Vital Básico y una unidad de transporte no asistencial para estabilizar y trasladar a los afectados.

Este nuevo siniestro vuelve a poner el foco sobre la CV-925, una carretera que presenta una elevada siniestralidad en los últimos años y que ha registrado víctimas mortales anteriormente. Se trata de una ruta de gran uso turístico y recreativo en la Vega Baja, frecuentada habitualmente por residentes extranjeros. En este trazado confluyen diariamente una alta densidad de turismos, grupos de ciclistas, senderistas atraídos por el paisaje del embalse y una notable afluencia de motociclistas, lo que incrementa el riesgo de accidentes de esta naturaleza.

La Asociación de Vecinos de Tabarca Isla Plana ha afirmado haber iniciado los trámites para que la isla, perteneciente al municipio de Alicante, se constituya como entidad local menor y así tener mayor autonomía respecto al ayuntamiento de la localidad.

Así lo han adelantado algunos medios y lo ha confirmado la presidenta de la asociación, Carmen Martí, quien ha defendido que están “en su derecho” y ha resaltado que la noticia “ha sido una bomba entre los vecinos”.

Entre los trámites que han iniciado con los abogados de la entidad está la presentación de las firmas de los vecinos de la isla, que debe ser de la mitad más uno, mientras que ellos han conseguido que 33 de los 59 den su visto bueno. Ahora están a la espera de los siguientes pasos.

La Ley del Régimen Local de la Comunitat Valenciana recoge que las entidades locales menores son aquellos núcleos de población separados territorialmente del municipio al que pertenecen y que, teniendo características peculiares, se constituyan como tales.

De esta forma, una localidad puede llegar a tener personalidad y capacidad jurídica plena para el ejercicio de sus competencias, que podrán ser propias o delegadas.

Tabarca es un pequeño archipiélago perteneciente al municipio de Alicante y cuya isla principal se denomina Plana o Nueva Tabarca, que tiene una forma alargada de unas 30 hectáreas de extensión, en cuya parte occidental se encuentra un pequeño pueblo amurallado en el que están los en torno a 60 vecinos censados que viven allí.

El Congreso de los Diputados ha dado un paso decisivo en la reparación histórica de las víctimas de la violencia política en España al convalidar la reforma de la Ley de Memoria Democrática. Esta modificación legal, aprobada originalmente a finales de marzo, abre la puerta por primera vez a que las personas asesinadas o que sufrieron lesiones incapacitantes a manos de grupos de extrema derecha durante la Transición sean reconocidas y compensadas por el Estado. Entre las figuras beneficiadas por este cambio normativo destaca de manera simbólica la de Miquel Grau, el joven militante del Moviment Comunista del País Valencià que perdió la vida en Alicante en 1977 tras un ataque ultra.

La inclusión de estas víctimas ha sido una reivindicación central de la coalición Compromís, que a través de su diputado en la Cámara Baja, Alberto Ibáñez, ha logrado que el texto legal no se limite exclusivamente a la represión ejercida por la dictadura, sino que abarque también los crímenes cometidos por bandas armadas y militantes de extrema derecha que actuaron para frenar el avance de las libertades. Según la formación valencianista, este reconocimiento es un acto de justicia necesario para devolver la dignidad a quienes, como Grau, se convirtieron en mártires de la democracia en un momento de gran fragilidad política para el país.

Desde Compromís per Alacant, su portavoz Rafa Mas ha celebrado que el Estado asuma por fin su responsabilidad en la reparación de un crimen que conmocionó a la sociedad alicantina hace casi medio siglo. La nueva normativa permitirá que los familiares de Miquel Grau se acojan a las indemnizaciones previstas, equiparando su estatus al de otras víctimas de la lucha por la democracia. Para los impulsores de la medida, este avance legislativo supone cerrar una de las heridas abiertas de la Transición, reconociendo que la violencia de la extrema derecha fue un factor determinante que el sistema legal español no había terminado de resarcir de forma integral hasta la fecha.

Con esta luz verde parlamentaria, el caso de Miquel Grau deja de ser únicamente un símbolo de la memoria local para convertirse en un referente jurídico nacional. La reforma garantiza que el sacrificio de aquellos que defendieron la libertad frente al autoritarismo y la violencia ultra sea reconocido oficialmente, asegurando que la historia de la democracia española se escriba con todos sus protagonistas y con una reparación efectiva para quienes pagaron con su vida el precio de la transición política.

El Ayuntamiento de Alicante ha tratado de blindar la gestión de la vivienda protegida mediante un nuevo paquete de medidas de control, aunque sin alterar el núcleo del modelo que ha generado fuertes críticas en la ciudad tras el escándalo de las VPO de 'Les Naus'. El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha dado cuenta ante el Consejo Rector del Patronato de la Vivienda de un decreto que introduce nuevas exigencias burocráticas para la promoción de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas. Sin embargo, estas medidas conviven con la realidad de que seguirá siendo el promotor privado quien decida si los futuros propietarios de las viviendas de protección pública (VPP) se eligen por sorteo, por baremación o por estricto orden de antigüedad en el registro.

El precedente de Benalúa de 'Les Naus' donde la opacidad en la comercialización de viviendas protegidas derivó en adjudicaciones bajo sospecha especialmente en el entorno del PP y de cargos del Ayuntamiento de Alicante. Para intentar evitar un nuevo escenario de “pelotazo” urbanístico, el consistorio obligará ahora a adjudicatarios, subcontratistas y beneficiarios a firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses. Además, la empresa ganadora de la licitación —que se ha ampliado hasta el 30 de junio para adaptar los pliegos— deberá presentar informes trimestrales al Patronato sobre todas las transacciones realizadas, desde las reservas hasta las escrituras finales.

Pese al endurecimiento de los requisitos formales, la oposición municipal considera que estas cautelas son insuficientes si el control de la lista de demandantes no vuelve a manos públicas. Desde el PSPV se ha denunciado que el equipo de gobierno de Luis Barcala ha renunciado a tutelar directamente un proceso tan sensible, permitiendo que una entidad privada gestione suelo municipal valorado en más de 450.000 euros. La crítica se acentúa al recordar que el Ayuntamiento devolvió en su día una subvención millonaria de la Generalitat que hubiera permitido que estas 30 viviendas fueran de promoción 100% pública y destinadas íntegramente al alquiler asequible, en lugar de las tres unidades que finalmente recibirá el consistorio tras la enajenación de la parcela.

Por su parte, desde Esquerra Unida-Podem lamentan que una operación de esta magnitud, que supone la pérdida de patrimonio público, se gestione a golpe de decreto y sin un debate político de fondo que cuestione el modelo de colaboración público-privada. La desconfianza radica en que, a pesar de los nuevos filtros administrativos, la arquitectura del sistema sigue permitiendo que el promotor diseñe el pliego de condiciones de comercialización. En una ciudad que aún digiere las irregularidades de procesos anteriores, la delegación de la fe pública en manos de intereses mercantiles sigue siendo el principal foco de conflicto, dejando en el aire si la nueva burocracia será un muro eficaz contra el amiguismo o simplemente un trámite más antes de que el suelo público cambie de manos.

Funcionarios y altos cargos de los departamentos de Patrimonio, Contratación y Urbanismo del ayuntamiento de Alicante serán los primeros en ser citados para prestar declaración en la comisión municipal sobre las posibles irregularidades en las viviendas de protección pública (VPP) de la Playa de San Juan. En cuanto a políticos, en esta primera tanda de comparecencias acudirán tres del anterior Equipo de Gobierno de izquierdas y tres del PP también de anteriores mandatos, salvo uno de ellos que sigue en el actual equipo de Gobierno. El resto de los responsables actuales comparecerán más adelante, tal y como se ha acordado este viernes.

Así lo han decidido los partidos políticos en la segunda reunión celebrada este viernes en la casa consistorial y que ha establecido que la primera sesión se celebrará el próximo lunes 13 de abril, mientras que las siguientes serán el 24 y el 11 y 22 de mayo.

De esta forma, los primeros citados por el ayuntamiento, que no tienen obligación de asistir y declarar, tal y como ha recordado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, del PP, serán los funcionarios y altos cargos de los departamentos de Patrimonio y Contratación.

La segunda sesión será monográfica sobre la Concejalía de Urbanismo, mientras que en la tercera destaca el nombre de la funcionaria María Pérez Hickman, que dimitió como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos después de que se conociera que dos hijos y un sobrino eran adjudicatario de VPO en Les Naus y que actualmente es jefa de Contratación del Ayuntamiento.

La sesión del 11 de mayo será la primera en la que serán citados responsables políticos, entre los que destacan los de la legislatura del tripartito de izquierdas, como el alcalde de Alicante entre 2015 y 2018, Gabriel Echávarri, del PSPV-PSOE; el concejal responsable de Contratación hasta 2017, Natxo Bellido, de Compromís; y la regidora de Hacienda y Acción Social durante esa legislatura, Sofía Morales, también socialista.

Del mismo modo se requerirá la comparecencia de políticos de la anterior legislatura, como el concejal de Urbanismo, Adrián Santos, de Ciudadanos; la concejala de Cultura, María Dolores Padilla, del PP; y la concejala de Urbanismo durante el primer año, Mari Carmen de España.

Discusión sobre cuándo citar a los políticos

Villar ha explicado por qué no se ha podido facilitar la documentación requerida por los grupos municipales hasta este viernes, cuando estaba previsto hacerlo el miércoles, y ha argumentado que era por la protección de datos, al haber información personal de anónimos y que habían consultado la forma en la que hacer accesible la documentación a los representantes políticos.

Asimismo durante el debate, los partidos de izquierda han planteado su propuesta conjunta para citar primero a los perfiles técnicos y, una vez se hayan terminado con sus declaraciones, se empiecen a llamar a los políticos.

“Lo que queremos es preguntar a los técnicos para que los políticos ratifiquen”, ha explicado el portavoz de Compromís, Rafa Mas, a lo que la representante del PSPV-PSOE, Ana Barceló, ha añadido que cree que se debe cerrar la parte completa del expediente con los funcionarios de Contratación, Patrimonio y Urbanismo.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha insistido en citar a los representantes políticos responsables de cada área cuando se terminen las declaraciones de los técnicos, por lo que quería agendar sus declaraciones ya en la segunda sesión.

El Ayuntamiento de Alicante ha dado un giro de 180 grados en su estrategia de control sobre la Vivienda de Protección Oficial (VPO) apenas unas horas después de recibir duras críticas por parte de la oposición. El Patronato Municipal de la Vivienda ha aprobado este miércoles una actualización profunda de los pliegos para la licitación de la parcela ubicada en la calle Ceuta, introduciendo medidas de fiscalización que hasta ahora no figuraban en el proceso. Esta rectificación oficial se produce en un clima de alta sensibilidad política, marcado por el precedente de 'Les Naus' de Benalúa, donde la gestión privada de las listas de espera sobre suelo municipal generó un escándalo de opacidad al conocerse que muchos de los beneficiarios estaban vinculados a la órbita del PP, del Ayuntamiento de la la alta sociedad.

La presión ejercida por el PSPV, que denunció públicamente que el modelo original de Barcala permitía adjudicaciones “a dedo” por parte del promotor, ha forzado al equipo de gobierno a blindar administrativamente la futura promoción de San Blas. En el nuevo marco regulatorio, el adjudicatario privado pierde la autonomía total de la que gozaba anteriormente, quedando obligado a presentar un plan de comercialización que deberá ser validado por el propio Patronato. Este organismo municipal se reserva ahora la facultad de fijar baremaciones específicas, como el criterio de empadronamiento, para garantizar que la vivienda pública responda realmente a las necesidades de arraigo de los ciudadanos alicantinos y no a los intereses comerciales de la empresa constructora.

Para elevar el estándar de integridad, el Ayuntamiento ha diseñado un nuevo protocolo de cumplimiento que incide directamente en la transparencia de las transacciones y la prevención de irregularidades. Entre los requisitos más exhaustivos destaca la obligatoriedad de que tanto el adjudicatario como los beneficiarios y los miembros de la mesa de contratación suscriban una declaración de ausencia de conflictos de intereses (DACIs), un documento que deberá ser firmado por todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años.

Asimismo, se impone un estricto control sobre los tiempos de comercialización, prohibiendo cualquier reserva o pago a cuenta hasta la obtención de la calificación provisional y la autorización de la Conselleria de Vivienda. El promotor tendrá que habilitar obligatoriamente una web o aplicación móvil para la publicidad e inscripción de los interesados —con un plazo mínimo de 30 días y un anuncio previo de 10—, permitiendo que el Patronato supervise las listas provisionales y definitivas tras un periodo reglado de alegaciones de siete días naturales. Finalmente, el control será permanente mediante la entrega de informes trimestrales detallados de todas las operaciones realizadas, desde reservas hasta escrituras, asegurando así una trazabilidad total que impida cualquier asomo de discrecionalidad en la asignación de las viviendas.

El PSPV de Alicante ha advertido de lo que consideran una “nueva chapuza” del alcalde Luis Barcala (PP) en materia de vivienda pública en la línea del escándalo de la promoción de Les Naus. El Grupo Municipal Socialista ha exigido la paralización inmediata del proceso de licitación de una parcela municipal en la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, tras detectar que el Gobierno del PP pretende modificar el pliego de condiciones con el proceso ya en marcha, dejando de nuevo la adjudicación de los inmuebles en manos del promotor privado.

La concejala Silvia Castell ha denunciado que estas modificaciones suponen una renuncia por parte del consistorio a su labor de vigilancia y fiscalización. Según la edil, el nuevo marco propuesto por el PP permite que sea el promotor o la cooperativa quien decida arbitrariamente si las viviendas se adjudican por sorteo, por baremación de necesidad o por estricto orden de llegada. “No es admisible que el promotor pueda decidir que el primero que llegue se quede con los pisos”, ha señalado Castell, quien alerta del riesgo de que el Ayuntamiento pierda el control sobre quién accede realmente a estos hogares protegidos.

El precedente de 'Les Naus' y el riesgo judicial

La advertencia socialista cobra especial relevancia al contextualizarse con el escándalo de Les Naus de Benalúa. Este escándalo apuntaba a la falta de mecanismos de control público en promociones de Vivienda de Protección Pública (VPP) construidas sobre suelo cedido o vendido por el Ayuntamiento puede derivar en una gestión opaca de las adjudicaciones. El PSPV sostiene que, al no introducir criterios de inscripción públicos y transparentes, Barcala está facilitando que se repita un modelo de gestión que aleja la vivienda de las familias con menos recursos para convertirla en un activo gestionado “a dedo” por empresas privadas.

Además del fondo del asunto, el PSPV ha puesto en duda la legalidad del procedimiento administrativo. Modificar las condiciones sustanciales de una venta de suelo público cuando la licitación ya ha comenzado es, a juicio de los socialistas, una irregularidad que podría judicializar el proyecto. “Si no se paraliza el procedimiento y se vuelve a licitar desde cero, existe un riesgo real de que esta promoción acabe bloqueada en los tribunales”, ha advertido Castell ante la reunión del Patronato Municipal de la Vivienda prevista para este viernes.

De alquiler social a comercialización privada

El Grupo Socialista ha recordado que el proyecto original para este suelo municipal consistía en la construcción de 32 viviendas destinadas íntegramente al alquiler asequible bajo gestión directa del Ayuntamiento. Sin embargo, denuncian que el modelo de Barcala ha transformado el plan original en un negocio donde el consistorio apenas se queda con la titularidad de tres viviendas, mientras el resto queda a merced del mercado privado. Para el PSPV, esta estrategia supone un “saqueo planificado” del patrimonio público de Alicante, priorizando el beneficio del promotor sobre el derecho constitucional a una vivienda digna.

Alicante revive hoy uno de los episodios más dramáticos de su historia reciente gracias a una investigación que pone nombre y apellidos al miedo. El Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante ha logrado reconstruir la singladura del carguero británico Ronwyn, un buque que se convirtió en la última esperanza para cientos de personas que huían del avance imparable del franquismo. Este trabajo documental, integrado en el portal web del Exilio republicano en el norte de África, saca a la luz un listado de pasajeros que hasta ahora se consideraba perdido o incompleto en los archivos internacionales.

La relevancia de este hallazgo, según destaca el director del archivo, Emilio Rosillo Clement, reside en que la documentación oficial del Ronwyn nunca fue localizada en los fondos franceses. El vacío histórico ha sido llenado ahora por los historiadores Juan Martínez Leal y Mercedes Guijarro, quienes han rastreado informes y registros de desembarco en Argelia custodiados en los Archivos Nacionales de Fontainebleau. El resultado es un censo preciso de setecientas dieciocho personas que el 12 de marzo de 1939 abandonaron el puerto de Alicante bajo una atmósfera de extrema ansiedad y derrota inminente.

El Ronwyn era un mercante de cuatro bodegas que, tras meses dedicándose al avituallamiento de la zona republicana, se vio envuelto en el caos del final de la contienda. El capitán Gilbert Bewen accedió a evacuar a civiles ante la presión de la Comandancia de Marina, aunque el pasaje no fue gratuito. Los testimonios rescatados confirman que los exiliados tuvieron que pagar su libertad con cincuenta pesetas de plata o doscientos francos, y aquellos que carecían de moneda recurrieron al trueque desesperado entregando joyas familiares o incluso sacos de azafrán para asegurar un rincón en la cubierta.

El ambiente en los muelles quedó registrado en el diario personal del abogado Eliseo Gómez Serrano, quien describió con amargura cómo el barco, un carguero sucio y abarrotado, se alejaba de una ciudad donde el deseo de huir se volvía punzante entre los que se quedaban. Irónicamente, el propio Gómez Serrano no pudo escapar y fue fusilado por el régimen franquista apenas dos meses después. Mientras tanto, a bordo del Ronwyn, el grupo compuesto por trescientos treinta y cinco hombres, doscientas veintiuna mujeres y ciento sesenta y dos niños lograba alcanzar la costa de Ténés tras sobrevivir a un fuerte temporal y al acecho de un crucero franquista que llegó a seguirles el rastro durante la travesía.

Una vez en territorio argelino, las autoridades francesas separaron a las familias, enviando a mujeres y niños al campo de Carnot y a los hombres a instalaciones militares en Orléansville.

Esta nueva base de datos de la Universidad de Alicante no solo ofrece cifras, sino que enriquece la memoria colectiva con anotaciones sobre profesiones y procedencias, permitiendo a los descendientes de la República rastrear el origen de su exilio. Con más de quinientas reseñas biográficas previstas para los próximos meses, el proyecto consolida a Alicante como el último gran bastión y puerto de salida de una España que se desvanecía en el horizonte mediterráneo.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación de Comercio y Pymes de la Provincia de Alicante (Facpyme), Carlos Baño, continúa con su agenda pública en la institución cameral —que recibe millones de euros en fondos públicos— como si nada hubiera ocurrido, pese a haber sido detenido hace una semana durante diez horas por la policía y a que un juzgado de instrucción investiga en secreto desde hace semanas su gestión del bono comercio de la Diputación de Alicante.

El abogado de Baño aseguró que los delitos que se le imputan —al que fuera “hermano” del expresidente Carlos Mazón— son falsedad y fraude en subvenciones, pero fuentes conocedoras de la investigación afirman que podría haber más delitos en la lista. De hecho, fue la sección de Blanqueo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (EDEF) la que realizó los registros y lidera la investigación.

En la semana posterior a su detención, Baño ha mantenido su agenda sin alteraciones y ha participado en dos actos públicos: uno de acercamiento entre empresas alicantinas y rumanas y otro sobre la empresa familiar. Y es que, en la Cámara de Alicante, en la Confederación de Cámaras y en la patronal CEV, parece que nadie se ha dado por aludido tras la operación policial y la actuación de Anticorrupción sobre su gestión en Facpyme. Incluso ha habido quienes han salido a defenderlo sin reservas. El más contundente fue su vicepresidente en la Cámara, Jesús Navarro: “Es el hombre más honrado que he visto en mi vida. Creo al 100 % en su total inocencia, como profesional y como amigo”.

Tampoco el propio Baño que, pese a prodigarse públicamente, sigue sin dar ninguna explicación de la detención ocho días después. Solo ha negado las irregularidades y ha “colaborado con la justicia”. Baño no ha ofrecido ruedas de prensa ni entrevistas en profundidad, no ha explicado públicamente su gestión del bono comercio, no ha respondido a las críticas políticas ni a las peticiones de auditoría y tampoco ha hecho declaraciones relevantes durante la semana posterior a su detención.

Por el momento, lo cierto es que en la plaza número 4 de la sección de Instrucción de Alicante se investiga desde hace semanas a Carlos Baño en una causa que continúa bajo secreto, pese a su detención y a los registros de cuatro horas practicados en Facpyme y en varios trasteros. El secreto de las actuaciones, así como los registros, suele decretarse para evitar la posible destrucción de pruebas. Se trata de una medida extraordinaria que el juez debe justificar y acreditar con rigor.

La denuncia fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que hizo suya una denuncia inicial de la Agencia Valenciana Antifraude, la cual detectó todo tipo de irregularidades en la gestión del dinero que la Diputación de Alicante y diversos ayuntamientos destinaron al bono comercio y pusieron en manos de la empresa Nexo Retail Alicante, creada por Facpyme expresamente para ese cometido.

En un primer momento, la Agencia Valenciana Antifraude detectó irregularidades y obligó al Ayuntamiento de Torrevieja a devolver una parte importante de la ayuda. Posteriormente, en una segunda denuncia, se puso el foco en Nexo Retail Alicante SL, administrada por Baño, que gestionó el bono comercio de decenas de ayuntamientos moviendo importantes cantidades de dinero. En 2022, con apenas cinco meses de actividad, la sociedad instrumental de Facpyme facturó 676.896 euros y obtuvo unos beneficios de 512.966 euros, lo que supone una rentabilidad superior al 75 %. En 2023, ya con el ejercicio completo, los ingresos descendieron hasta los 371.627 euros, aunque los beneficios se situaron en 147.640 euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

Cuando elDiario.es publicó la información sobre la investigación de la Agencia Antifraude, desde Facpyme no se ofrecieron explicaciones. Por su parte, la Cámara de Alicante tampoco dio cuenta de la situación, pese a que su presidente comparte la administración con la empresa investigada. Tampoco reaccionaron ni Baño, ni la Cámara ni Facpyme cuando se hizo público que Anticorrupción había asumido la investigación.

Ahora, con Carlos Baño detenido, en libertad con cargos y con un juez investigando bajo secreto su actuación como presidente de la Cámara de Alicante, todo sigue igual: la música continúa sonando, los músicos siguen tocando y el “hermano” de Carlos Mazón mantiene su agenda pública como si nada ocurriera. Y nadie en las patronales o en las cámaras se ha atrevido a formular la más mínima crítica ante una situación tan extraordinaria.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha ratificado finalmente el convenio extrajudicial que obliga al Ayuntamiento de Benidorm a desembolsar una cifra astronómica de 350 millones de euros. El auto de homologación dictado el 18 de marzo valida un plan de pagos diseñado para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que fijó el precio de los suelos del sector APR7 tras décadas de una gestión urbanística que ha acabado derivando en una factura millonaria. Con este aval judicial, el consistorio asume formalmente una deuda que condicionará el presupuesto municipal durante los próximos años, transformando un litigio por suelos fuera de ordenación en una carga financiera de ejecución inmediata.

La factura total de 350 millones de euros no solo cubre el principal de 283 millones fijado por los tribunales, sino que incluye una pesada carga de intereses legales acumulados desde julio de 2018. Para hacer frente a esta situación, el ejecutivo local ha recurrido a una fórmula híbrida que combina el pago en efectivo con la entrega de patrimonio público. El plan contempla un desembolso inicial de 60 millones de euros antes de finalizar 2026, para lo cual el Ayuntamiento deberá endeudarse mediante un préstamo de 55 millones a través del Fondo de Impulso Económico, comprometiendo así su capacidad de inversión inmediata en otros servicios o infraestructuras locales.

Uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo es la entrega de suelo edificable como moneda de cambio para amortizar la deuda. El Ayuntamiento se ha visto obligado a ofrecer parcelas con aprovechamiento urbanístico directo en sectores estratégicos de expansión como Ensanche Levante, Murtal 2 o el PAU 1. En concreto, los antiguos propietarios de Serra Gelada recibirán terrenos valorados en más de 67 millones de euros para cubrir exclusivamente los intereses generados, una dación en pago que el consistorio ha impuesto como obligatoria pero que, en la práctica, supone el traspaso de solares públicos listos para construir a manos privadas para minorar el impacto en la caja municipal.

El calendario de pagos dibuja un escenario de dependencia financiera a largo plazo. Tras un periodo de carencia que expira en 2030, el Ayuntamiento de Benidorm entrará en una fase de amortización obligatoria en la que deberá destinar anualmente al menos el 8% de sus recursos ordinarios al pago de esta deuda hasta su total cancelación. Aunque el gobierno municipal presenta el acuerdo como una solución definitiva que aporta seguridad jurídica, la realidad técnica descrita en el documento homologado revela una operación de rescate de convenios urbanísticos del pasado que se salda con la entrega de activos inmobiliarios municipales y un compromiso de gasto público que se extenderá durante las próximas décadas.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha emitido un fallo contundente que califica de ilegal la decisión del alcalde de Alicante de bloquear la presencia del concejal de Esquerra Unida Podem en la sesión plenaria del pasado 26 de junio de 2025. La resolución judicial establece que la actuación de Luis Barcala (PP) supuso una vulneración directa del derecho fundamental a la participación política, ya que impidió que un representante elegido democráticamente ejerciera sus funciones de debate y voto. Según el tribunal, este veto no solo afectó a la figura individual de Manolo Copé, sino que también lesionó el derecho de toda la ciudadanía a la que el edil representa en la corporación municipal.

El conflicto tiene su origen en la situación personal del concejal de EUPV, quien a principios de 2025 se encontraba en un periodo de permiso oficial por acogimiento familiar. Pese a que la justicia ya había intervenido previamente obligando a suspender una sesión al no garantizarse sus derechos, el equipo de gobierno del PP volvió a denegar la participación a distancia en el pleno de junio. La sentencia del TSJCV desestima los argumentos municipales y aclara que la falta de una normativa específica en el Reglamento Orgánico del Pleno no puede ser utilizada como pretexto para restringir derechos constitucionales básicos, especialmente cuando existen herramientas técnicas suficientes para garantizar la asistencia mediante videoconferencia.

Tras conocer el dictamen, Manolo Copé ha manifestado que esta resolución supone un triunfo de los valores democráticos sobre las decisiones arbitrarias de la alcaldía. El concejal de EUPV ha subrayado que un alcalde no tiene la potestad de elegir quién interviene en el máximo órgano de representación de la ciudad, defendiendo que el derecho al cuidado y la conciliación debe ser plenamente compatible con el ejercicio de la representación política. Por su parte, la defensa jurídica del edil ha destacado que este fallo del TSJCV sienta un precedente de gran relevancia para todas las instituciones públicas, al dejar claro que los derechos de participación no pueden quedar al arbitrio de interpretaciones restrictivas de los reglamentos internos.

La dirección de Esquerra Unida ha vinculado este episodio con lo que consideran una deriva autoritaria del ejecutivo local, denunciando una estrategia sistemática para limitar la voz de la oposición mediante restricciones en los órganos de participación y reducciones de aforo en el salón de plenos. Ante la claridad de la sentencia, la formación política ha exigido una reforma inmediata de la normativa municipal que regule de forma definitiva el voto telemático. Con esta resolución, la justicia reafirma que la labor de control y representación de los concejales electos prevalece sobre las barreras organizativas impuestas desde el gobierno municipal.

La magistrada que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) de la zona de la Playa de San Juan, en Alicante, ha admitido la personación como acusación popular del grupo socialista en el ayuntamiento en esta causa tras consignar la fianza que le requirió, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha dictado este miércoles una providencia por la que admite dicha personación después de que la formación política haya depositado la fianza de 3.000 euros que le requirió para acceder a su petición.

En una providencia anterior, la instructora señaló que únicamente puede personarse en el procedimiento bajo esa figura, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, previa interposición de querella suscrita por el abogado y procurador y el depósito de la citada caución.

El “escándalo” de Les Naus, en palabras del propio Luis Barcala, alcalde, ha provocado una tormenta política en el ayuntamiento de Alicante con varias dimisiones, entre ellas de la concejal de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una VPP, y también del jefe de gabinete de la conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez.

También varios funcionarios han sido apartados o han sido objeto de apertura de expediente, como dos técnicos de Urbanismo.

Es muy complicado, si no imposible, conocer los bienes reales y su valor verdadero de los concejales de los ayuntamientos. En la información que se hace pública a principio de legislatura o cuando se producen nuevas tomas de posesión, los ediles solo muestran el valor catastral de los bienes inmuebles (sin especificar el porcentaje de propiedad) y el valor total de otros bienes, sin aclarar tampoco su naturaleza. Sí que entregan datos más pormenorizados al secretario, pero estos no se hacen públicos.

Gracias a esta falta de información, viviendas de gran valor quedan camufladas en cifras que no se corresponden con su precio real o de mercado. Esta ha sido una de las principales reclamaciones de los defensores de la transparencia, pero siempre acaba chocando con la realidad y con la escasa voluntad de los legisladores.

Por ejemplo, en Les Corts Valencianes o en el Congreso, los datos que los cargos electos proporcionan son mucho más detallados y permiten una mayor fiscalización por parte de la ciudadanía, ya que se especifica cada bien con su valor concreto y el año de adquisición.

Es el caso del alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien en su declaración de bienes publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) fija el valor catastral total de sus inmuebles en 195.720,55 euros. En concreto, y según ha podido averiguar elDiario.es a partir de la información disponible en el Registro de la Propiedad, se trata de dos pisos colindantes en el centro de Alicante que suman 250 metros cuadrados y que fueron comprados en el año 2000, así como de un bajo comercial en Sant Joan d’Alacant de 115 metros cuadrados, adquirido en 2003.

Barcala posee el 50 % de los tres inmuebles junto a su mujer, quien —como ya contó este periódico— también dispone de una vivienda de protección oficial (VPO) en propiedad al 100 %, que tiene alquilada desde su adquisición.

Sin duda, el piso donde reside el alcalde de Alicante es el de mayor valor, aunque, por la forma en que se refleja en su declaración de bienes, es imposible conocer su precio real. Sobre los dos pisos adquiridos en 2000 —uno a la derecha y otro a la izquierda, lo que permite unificarlos en una única vivienda— pesa una hipoteca global de 190.000 euros constituida en 2016 y con vencimiento en 2036: unos 95.000 euros para cada inmueble.

Solo el importe de esta hipoteca, que podría haber sido utilizada para una reforma integral, ya alcanzaría el valor catastral total declarado en el Boletín Oficial de la Provincia por el alcalde.

A estos dos pisos hay que sumar el bajo comercial, adquirido en 2003 mediante una hipoteca de 80.000 euros que venció en 2013. El local, situado en el municipio de Sant Joan d’Alacant, cuenta con 115 metros cuadrados útiles y 144 construidos. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alicante para obtener más información sobre los bienes declarados del alcalde, pero no ha obtenido respuesta.

El patrimonio inmobiliario del alcalde de Alicante y su familia cobra especial relevancia después de que este periódico revelara que tanto su mujer como su excuñada obtuvieron sendas viviendas de protección oficial en 2006, en el mismo edificio y planta, dentro de la promoción Los Lirios de la capital alicantina.

Aunque este caso no guarda relación con la controvertida promoción Les Naus —donde varios cargos vinculados al PP fueron adjudicatarios de viviendas protegidas sin cumplir los requisitos—, sí llama la atención que, en su momento, las parejas del actual alcalde y de su hermano accedieran a viviendas de protección pública que, además, destinaron al alquiler.

La mujer de Barcala mantiene todavía la vivienda en alquiler y nunca ha residido en ella, aunque se beneficia de su revalorización en caso de una futura venta. Por su parte, en el caso de su excuñada, fuentes de Alcaldía aseguraron en su día que el inmueble siempre ha estado a nombre de la ahora exmujer de su hermano.

Pese a ello, diversas fuentes conocedoras de la situación han señalado que era Carlos Barcala quien habitualmente se encargaba de las gestiones relacionadas con esta vivienda protegida, incluso después de su separación.

El inmueble se puso en venta en 2020, una vez transcurridos los diez años de protección durante los cuales debía destinarse al alquiler con un precio tasado por la Generalitat y a inquilinos que cumplieran los requisitos establecidos en la normativa autonómica en materia de renta y otras limitaciones.

Algunas fuentes del sector inmobiliario aseguran que se habría vendido por unos 165.000 euros, casi el triple de su precio inicial. Desde Alcaldía insistieron en que fue la exmujer de Carlos Barcala, como propietaria del piso, quien lo vendió cuando ya estaban divorciados.

Así, en una misma promoción de vivienda protegida y puerta con puerta, la mujer y la entonces cuñada del alcalde de Alicante obtuvieron sendas viviendas en condiciones especialmente ventajosas, con la posibilidad de venderlas a precio de mercado transcurridos diez años. La excuñada ya la ha monetizado, mientras que la mujer de Barcala todavía la mantiene en alquiler, aunque su valor se ha disparado. Para venderla, necesitaría autorización de la Generalitat que permitiría fijar un precio de hasta 250.000 euros.

Llama la atención que familias de Alicante con profesiones liberales y elevados ingresos también pudieran acceder a viviendas de protección oficial y, en el caso de personas vinculadas al alcalde, hacerlo mediante fórmulas que han permitido su posterior explotación en el mercado del alquiler.

En la comisión de investigación sobre las VPO de Alicante que arrancan este lunes en el ayuntamiento sería interesante también incluir las viviendas adquiridas por el entorno del alcalde. Y es que la gestión de las viviendas de protección pública en la ciudad siempre están envueltas en curiosas casualidades.

El PP de Alicante fija fecha para iniciar la comisión de investigación de las viviendas protegidas: el próximo lunes, 23 de marzo. El equipo de gobierno acuerda iniciar las pesquisas sobre los expedientes que afectan al suelo municipal, en los que se han beneficiado decenas de personas vinculadas al partido y el Ayuntamiento, tras semanas desde la denuncia del escándalo.

La comisión, apoyada por PP, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida-Podem, fiscalizará los procesos de adjudicación de vivienda protegida en el municipio, enmarcados en el Plan Vive de la Generalitat Valenciana. En concreto, tiene por objeto “evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vaya a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana”.

La secretaria de la comisión, Lidia Baeza, ha reclamado a todos los grupos que, a fin de agilizar la comisión, presenten el lunes una propuesta de plan de trabajo. El orden del día consiste en la constitución de la comisión y la aprobación del plan, además de un tiempo para ruegos y preguntas.

La investigación municipal quedará limitada a la revisión de la participación del Ayuntamiento en los expedientes relacionados con las 140 viviendas del residencial Les Naus, en el foco del escándalo. Se ha venido detectando familias completas con varios pisos en el residencial, además de funcionarios y otras personas vinculadas al consistorio.

El Gobierno valenciano ha llevado al juzgado a personas que viven pero que no son adjudicatarias y ha suspendido a un funcionario que adjudicó una de las viviendas protegidas a su mujer. También el propio Ayuntamiento y el PSPV han llevado la cuestión a Fiscalía.

El Ayuntamiento de Benidorm ha dado un paso definitivo para resolver el asomo a la bancarrota de las arcas municipales tras la aprobación en el pleno de la propuesta de acuerdo para ejecutar la sentencia relativa al APR7 de Serra Gelada. Este pacto, que pone fin a un largo litigio tras la imposibilidad de desarrollar urbanísticamente suelos protegidos dentro del Parque Natural, fija una factura total de 350 millones de euros entre el principal y los intereses legales. La resolución implica que estos terrenos, hasta ahora en manos privadas, se integrarán finalmente en el patrimonio público, elevando el suelo protegido de la ciudad a más del 60% de su término municipal.

El resultado de la votación reflejó un respaldo mayoritario a la propuesta elevada por la alcaldía. El acuerdo salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y Vox, mientras que el grupo municipal socialista optó por la abstención. No obstante, existió una unanimidad total en el punto relativo a la modificación presupuestaria de 55 millones de euros necesaria para formalizar el préstamo con el que se afrontará la primera parte de la indemnización. Este consenso técnico permite al consistorio cumplir con el calendario de pagos de forma inmediata, evitando mayores demoras judiciales.

La hoja de ruta financiera establece un pago inicial y urgente de 60 millones de euros que debe hacerse efectivo antes del 31 de diciembre de este año. Para cubrir esta cifra, el Ayuntamiento empleará recursos propios y un crédito de 55 millones de euros vinculado al Fondo de Impulso Económico. Una vez superado este primer hito, el acuerdo contempla un periodo de carencia hasta el año 2030, etapa durante la cual la administración local solo abonará los intereses generados. A partir de 2031 se iniciará la amortización obligatoria del capital principal, con cuotas anuales que no podrán ser inferiores al 8% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal.

Una de las claves del pacto es la utilización de suelo municipal como moneda de cambio para amortizar la deuda, una fórmula que busca aliviar la presión sobre las arcas públicas. El acuerdo establece la dación en pago obligatoria de terrenos para cubrir 67,3 millones de euros correspondientes a intereses acumulados. Estos suelos se ubicarán en sectores estratégicos de crecimiento como Ensanche Levante, Murtal 2 o Poniente, siempre bajo la modalidad de residencial plurifamiliar y valorados a precio de mercado actual. Además, se abre la puerta a futuras entregas de parcelas de forma voluntaria para reducir el montante principal de la condena.

Desde el equipo de gobierno se ha subrayado que esta operación se realiza siguiendo estrictos informes técnicos y con el compromiso de no subir impuestos ni recortar servicios públicos. El acuerdo ya cuenta con la conformidad registrada de todas las mercantiles propietarias del suelo, por lo que el siguiente paso será su remisión inmediata al tribunal de instancia para la homologación judicial definitiva. Con este movimiento, Benidorm busca cerrar una etapa de incertidumbre urbanística, transformando una millonaria condena judicial en una oportunidad para consolidar su cinturón verde protegido.

El caso del Bono Comercio ha llegado a la Cámara Baja después de que Sumar registrara una solicitud de información para esclarecer el uso de fondos europeos en Alicante tras la detención del empresario y presidente de la Cámara de Comercio alicantina, Carlos Baño. El diputado Txema Guijarro ha sido el encargado de formalizar esta petición ante la Diputación de Alicante, con el fin de verificar si los recursos captados entre 2020 y 2023 se gestionaron con transparencia o si formaron parte de una presunta trama de corrupción y clientelismo vinculada al programa de bonos.

Desde Moviment Sumar País Valencià han calificado de “insostenible” que una persona implicada en una investigación judicial de esta gravedad mantenga la presidencia de la Cámara de Comercio de Alicante. Por ello, la formación ha exigido que se aparte a la dirección cameral de sus funciones de manera inmediata hasta que se aclaren las responsabilidades. Asimismo, han señalado directamente a la gestión anterior de Carlos Mazón en la Diputación por la supuesta opacidad en la supervisión de estos programas financiados con fondos de reactivación económica.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha intensificado su labor de fiscalización reclamando los expedientes completos de los convenios firmados con la Cámara de Comercio. La portavoz adjunta del PSPV, Trini Amorós, ha exigido al gobierno de Luis Barcala la documentación relativa al “bono gastronómico” y las campañas de bonos comercio de los últimos tres años. El objetivo de los socialistas es comprobar si el Ayuntamiento fue diligente en la fiscalización de los fondos para evitar subcontrataciones irregulares con entidades investigadas por la Fiscalía Anticorrupción.

La presión política sobre el gobierno municipal y provincial aumenta mientras las instituciones de Altea y otras localidades vecinas también observan con atención el desarrollo de este caso que afecta al tejido comercial de la provincia. Tanto Sumar como el PSPV coinciden en que las instituciones públicas deben asumir su obligación de rendición de cuentas para garantizar que los recursos europeos y municipales se utilicen exclusivamente en beneficio de la ciudadanía y no para intereses privados.

“Se hizo todo como se tenía que hacer”

La concejal portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha defendido este martes la gestión que el ejecutivo municipal (PP) realizó con los bonos comercio y, ante las peticiones de transparencia por parte de la oposición, ha afirmado que “la información es pública” y que “se hizo todo como se tenía que hacer”.

Cutanda ha insistido en que la información es accesible para todos y se ha remitido a las declaraciones de la concejala de Comercio, Lidia López, difundidas el pasado viernes en un comunicado, en las que sostuvo que el consistorio de la capital alicantina “nunca ha tramitado sus diferentes campañas de bonos consumo con Facpyme y que en ningún momento han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía”.

Además, López precisó que el ayuntamiento gestionó directamente la primera edición de estos bonos en 2021 “y las siguientes se desarrollaron a través de la Cámara de Comercio, mediante un convenio fiscalizado por todos los órganos municipales, pero nunca con Facpyme”.

La Diputación de Alicante ha salido en defensa de la “legalidad y transparencia” de sus procedimientos administrativos tras el terremoto político desatado por la detención de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la federación Facpyme. El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha comparecido para aclarar que la institución provincial se limitó exclusivamente a canalizar los fondos públicos del Bono Comercio a través de convocatorias oficiales dirigidas a los ayuntamientos. Según ha subrayado el responsable provincial, la gestión ejecutiva posterior de estas ayudas era una competencia libre y autónoma de cada consistorio beneficiado, lo que exime a la Diputación de cualquier responsabilidad en el manejo de dichos fondos por parte de terceros.

El contexto de esta defensa institucional reside en la operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF de la Policía Nacional, que el pasado viernes procedió al arresto de Baño y al registro de la sede de Facpyme. La investigación trata de esclarecer presuntas irregularidades, como el fraude en subvenciones y la falsedad documental, en las campañas de bonos al consumo desarrolladas durante los años 2022 y 2023. Estos programas de incentivos económicos fueron una apuesta estratégica impulsada por la Diputación de Alicante en la etapa en la que Carlos Mazón presidía la institución, periodo en el que se estrecharon los vínculos de colaboración con las entidades ahora bajo sospecha.

Ante la gravedad de los hechos, el grupo parlamentario Compromís ha registrado una moción para crear una comisión de investigación en la propia Diputación. La formación valencianista considera imprescindible examinar todas las relaciones administrativas, convenios y patrocinios mantenidos con la Cámara de Comercio y Facpyme para despejar cualquier “sombra de duda” sobre el uso del dinero público. De forma paralela, han elevado a las Corts Valencianes una Proposición No de Ley solicitando que la Sindicatura de Comptes realice una auditoría integral de la entidad cameral, centrando el foco en los contratos menores y en la posible existencia de una red de lucro personal.

Por su parte, la Diputación ha lamentado lo que considera una “tergiversación de datos” por parte de la oposición con el fin de menoscabar la reputación de la institución y de sus funcionarios. Carlos Pastor ha insistido en que todas las ayudas concedidas a la Cámara de Comercio se ajustan estrictamente al procedimiento legal y tienen como único objetivo el progreso económico de la provincia. Mientras la justicia prosigue con las diligencias tras dejar al empresario en libertad con cargos, la administración provincial reitera su máximo respeto a las actuaciones judiciales pero mantiene la firmeza en la defensa de sus políticas de fomento del empleo y el tejido productivo.

El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del ayuntamiento de Altea (Alicante), Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha sido detenido este domingo por la noche por, supuestamente, abofetear y causar lesiones no graves a su pareja, han confirmado a EFE fuentes del caso.

La Guardia Civil detuvo al concejal sobre las 21 horas del domingo en un domicilio de la cercana localidad de Xàbia, donde la pareja tiene una vivienda y donde presuntamente ocurrieron los hechos. Las fuentes consultadas por EFE han informado que sobre el concejal no constaban antecedentes por violencia machista sobre la víctima y que está previsto que pase a disposición judicial en torno al mediodía en los juzgados de Benidorm.

El Ayuntamiento de Altea ha emitido un comunicado donde el alcalde, Diego Zaragozí, de Compromís, ha anunciado que retira cautelarmente las competencias delegadas a Ramón Mompó “mientras se esclarecen los hechos” y desde “la presunción de inocencia”. “En estos momentos, el equipo de Gobierno únicamente dispone de la información que ha trascendido a través de los medios de comunicación sin que exista todavía una comunicación oficial completa sobre los hechos ni sobre las posibles actuaciones judiciales o policiales en curso”, ha indicado la nota del equipo de gobierno de Altea, donde Compromís tiene un pacto con el PSPV-PSOE.

El primer edil ha expresado “con total claridad la condena firme y rotunda ante cualquier clase de violencia, especialmente la que se ejerce en el ámbito de la pareja o contra las mujeres” y ha reiterado su “compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad, la dignidad de las personas y la erradicación de cualquier forma de violencia”. “A lo largo de la mañana se prevé que se conozca información oficial sobre los hechos, y en particular sobre los posibles cargos que pudieran derivarse de la actuación judicial o policial”, añade el comunicado, que apostilla que “mientras tanto reiteramos nuestra máxima prudencia, el respeto al proceso judicial y la confianza en el trabajo de las autoridades competentes”.

El 17 de diciembre de 2024, mes y medio después de la dana de Valencia y cuando el temporal político y ciudadano arreciaba contra el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su desastrosa gestión de la catástrofe y por sus mentiras sobre su larga y copiosa comida con la periodista Maribel Vilaplana, emergió en su defensa el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño. En la Noche de la Economía Alicantina, el también presidente de la Federación de Comercio y Pymes de la Provincia de Alicante (Facpyme) aseguró que su “hermano” Carlos estaba siendo vilipendiado injustamente y que sentía “vergüenza ajena” por los “comportamientos canallas que han tratado de sacar rédito político de la catástrofe cuando mayor era el dolor de las víctimas”.

Un año después, desde el mismo púlpito y con Mazón ya dimitido, Baño volvió a defender a su amigo por “tener la valentía de echarse a un lado” y denunció “la desmesura del ensañamiento inhumano” con que había sido tratado. Entre 2011 y 2019, Baño, como presidente, y Carlos Mazón, como director gerente, gestionaron con mano de hierro la Cámara de Comercio de Alicante, que se convirtió en oposición al Gobierno de izquierdas que ganó las elecciones en 2015 y en azote de Salvador Navarro, entonces presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que pretendía articular una patronal autonómica sin caudillismos provinciales.

Con su vuelta a la política en 2019, Mazón se convirtió en presidente de la Diputación de Alicante y, tras la covid-19, lanzó su plan estrella en la institución provincial: el bono consumo para reactivar la economía. A través de este programa se inyectaron 58 millones de euros en tres años al comercio local, aunque la gestión fue encomendada a Facpyme, la federación de comerciantes que presidía su amigo Baño.

Por la gestión de estas ayudas públicas fue detenido ayer durante diez horas Carlos Baño, quien, poco antes de las 19.00 horas, quedó en libertad con cargos, acusado de delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental, sin perjuicio de que la investigación pueda ampliarse a otros delitos vinculados a la corrupción política y empresarial. La causa está secreta y la investiga el titular de la plaza número 4 de la sección de Instrucción de Alicante tras una denuncia de Anticorrupción.

La operación policial, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y ejecutada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), puso este viernes patas arriba la ciudad de Alicante. Media docena de agentes detuvieron a primera hora de la mañana a Baño para que les acompañara a registrar las oficinas de Facpyme. Los policías permanecieron durante cuatro horas en las dependencias de la federación de comercio, todo ello supervisado por un secretario judicial. Tras finalizar los registros, la Policía Nacional interrogó durante varias horas a Carlos Baño en comisaría.

A su salida, el líder empresarial aseguró que había estado “colaborando con la justicia”. Su abogado, que le acompañó en todo momento, confirmó que la causa está bajo secreto de sumario.

La operación de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF parte de una investigación inicial de la Agencia Valenciana Antifraude. Según fuentes conocedoras de la investigación, las pesquisas giran en torno a la empresa que Carlos Baño creó tras la aprobación del bono consumo impulsado por Mazón.

Nexo Retail Alicante SL, una sociedad administrada por Baño y teóricamente dependiente de Facpyme, se quedó con la gestión del dinero de la mayoría de ayuntamientos que recibían los fondos de la Diputación de Alicante. “Había un entramado de empresas que se facturaban cantidades de dinero muy elevadas”, aseguran las mismas fuentes, que también apuntan que Baño no solo era administrador, sino también “propietario real” de la sociedad.

El inicio de las actividades de Nexo Retail Alicante, el 13 de julio de 2022, coincide con la puesta en marcha del Programa Bono Consumo impulsado por Mazón. Esta compañía facturaba servicios a los ayuntamientos vinculados al dinero que la entidad provincial inyectaba a los municipios que lo solicitaban, que eran la mayoría.

Beneficios disparados desde el primer año

La empresa administrada por Baño presenta cifras muy elevadas para una pyme recién creada. En 2022, y con apenas cinco meses de funcionamiento, la compañía instrumental de Facpyme facturó 676.896 euros y obtuvo unos beneficios de 512.966 euros, una rentabilidad superior al 75 %. En 2023, ya con el ejercicio completo, los ingresos de Nexo Retail Alicante descendieron hasta los 371.627 euros, aunque los beneficios se situaron en 147.640 euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

La compañía decidió, a través de su socio único Facpyme, que los beneficios que, en su caso, obtuviese en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 “no serían distribuidos, sino que permanecerán como remanente con la única voluntad de prestar servicios a los socios de Facpyme”.

En concreto, y según las cuentas oficiales de la firma, estos servicios incluyen la organización de eventos y ferias comerciales; campañas de publicidad y marketing; formación y capacitación; innovación y digitalización; implementación de tecnologías para optimizar la gestión comercial y mejorar la experiencia del cliente; y asesoramiento en gestión empresarial y optimización de recursos.

“Nexo Retail Alicante S.L. se compromete a mantener la transparencia en la gestión de los beneficios y a proporcionar informes periódicos tanto a Facpyme como a los comerciantes locales sobre el uso de los fondos y el impacto de las actividades de dinamización comercial. Se establecerán mecanismos de control y auditoría interna para asegurar que los fondos se utilicen de manera eficiente y efectiva, alineados con los objetivos estratégicos de dinamización”, explica también la empresa en sus cuentas.

Parece que estas cuentas y estos propósitos de las auditorías no han convencido a la Fiscalía Anticorrupción, que con su detención ha asestado un duro golpe al que ha sido una de las figuras empresariales más polémicas de Alicante. Ni cinco meses después de la caída en desgracia de su “hermano” Carlos Mazón.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha quedado en libertad con cargos por los supuestos delitos de fraude en subvenciones y falsedad tras haber sido detenido este viernes en relación a irregularidades en unos bonos de consumo de los años 2022 y 2023.

Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes por la mañana al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación de Comercio y Pymes de la Provincia de Alicante (Facpyme), Carlos Baño, por presunta corrupción en el bono comercio que impulsó la Diputación de Alicante cuando Carlos Mazón era su presidente, según ha adelantado el diario Información y ha confirmado elDiario.es.

La operación policial ha sido realizada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional y parte de la Fiscalía Anticorrupción que, a su vez, asumió una investigación de Antifraude revelada en exclusiva por este diario. Los agentes, además, están registrando las oficinas de Facpyme.

En paralelo al arresto y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, agentes del grupo de Blanqueo de la UDEF de la brigada judicial de la Policía Nacional han procedido a varios registros de las entidades que gestionaron los bonos consumo, entre ellos de la sede de la citada patronal Facpyme.

Carlos Baño estaba previsto que participara a las 11.30 horas de este viernes en la presentación ante los periodistas de un informe sectorial de turismo en la sede de la Cámara pero el acto comenzó sin su presencia y sin que se diera cuenta de que había sido arrestado.

Fuentes del organismo cameral han informado a EFE de que la Policía Nacional no ha acudido a sus instalaciones para registro alguno y que carecen de noticias de lo sucedido. La investigación trata de dilucidar si Facpyme, presidida por Baño, se habría beneficiado económicamente al ejecutar las campañas a través de una sociedad instrumental. 

Investigación de Anticorrupción

Una investigación de la Agencia Antifraude acabó en la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba tanto el bono para apoyar al comercio en la provincia de Alicante como al propio Carlos Baño, y entre los delitos que se investigan está el presunto fraude en subvenciones.

Entre 2022 y 2024, la Diputación de Alicante repartió 58 millones de euros entre los ayuntamientos para que inyectaran fondos en el comercio local alicantino.

La Diputación de Alicante cuando Carlos Mazón era presidente lanzó en 2022 el ya famoso Bono Consumo para rebajar el coste de la cesta de la compra y reactivar la economía de los municipios de la provincia cuando la inflación estaba disparada. La entidad provincial reparte unas ayudas que los ayuntamientos cierran con los pequeños comercios para subvencionar el 50% de la compra del consumidor final. Con esta inyección de dinero, las tiendas venden más productos y los ciudadanos se ahorran la mitad de la factura.

La Agencia Valenciana Antifraude puso en su punto de mira esta campaña, en concreto por las contrataciones de los ayuntamientos a la empresa Nexo Retail Alicante SL, una sociedad instrumental creada por la patronal Facpyme el 13 de julio de 2022.

Documentación recabada por Antifraude

La Agencia Antifraude requirió en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024 a varios ayuntamientos que contrataron con la empresa Nexo Retail Alicante SL. En concreto, les reclamó “el procedimiento utilizado para la selección de Facpyme/ Nexo Retail Alicante SL como entidad colaboradora/contratista del Programa Bono consumo durante el año 2022 y 2023”.

Los investigadores también reclamaron “las facturas o gastos aprobados y pagados a la mercantil Nexo Retail Alicante SL o a Facpyme durante los años 2022 y 2023 en el marco de Programa Bono Consumo o similar con indicación del importe, concepto adjuntándose copia del Contrato/Convenio del que derivase la/s misma/os y de las facturas/documento justificativo de los gastos referidos”. 

Y por último, los funcionarios de la agencia que ahora dirige Eduardo Beut también solicitaban el modelo 347 de la asociación y la empresa que dirige Carlos Baño y “la inclusión de gastos de las entidades Facpyme o de Nexo Retail Alicante SL en cuenta justificativa para la obtención de la subvención de la Diputación Provincial de Alicante para programa bono consumo llevados a cabo por esa administración durante las anualidades 2022 y 2023”.

El inicio de las actividades de la empresa Nexo Retail Alicante el 13 de julio de 2022 coincide con la puesta en marcha del Programa Bono Consumo que lanzó el otrora presidente de la Diputación de Alicante Carlos Mazón. Esta compañía facturaba servicios a los ayuntamientos vinculados al dinero que inyecta la entidad provincial a los municipios que lo solicitaban.