Benidorm aprueba el acuerdo para empezar a pagar la factura de 350 millones de Serra Gelada con fondos y suelo edificable

El Ayuntamiento de Benidorm ha dado un paso definitivo para resolver el asomo a la bancarrota de las arcas municipales tras la aprobación en el pleno de la propuesta de acuerdo para ejecutar la sentencia relativa al APR7 de Serra Gelada. Este pacto, que pone fin a un largo litigio tras la imposibilidad de desarrollar urbanísticamente suelos protegidos dentro del Parque Natural, fija una factura total de 350 millones de euros entre el principal y los intereses legales. La resolución implica que estos terrenos, hasta ahora en manos privadas, se integrarán finalmente en el patrimonio público, elevando el suelo protegido de la ciudad a más del 60% de su término municipal.

El resultado de la votación reflejó un respaldo mayoritario a la propuesta elevada por la alcaldía. El acuerdo salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y Vox, mientras que el grupo municipal socialista optó por la abstención. No obstante, existió una unanimidad total en el punto relativo a la modificación presupuestaria de 55 millones de euros necesaria para formalizar el préstamo con el que se afrontará la primera parte de la indemnización. Este consenso técnico permite al consistorio cumplir con el calendario de pagos de forma inmediata, evitando mayores demoras judiciales.

La hoja de ruta financiera establece un pago inicial y urgente de 60 millones de euros que debe hacerse efectivo antes del 31 de diciembre de este año. Para cubrir esta cifra, el Ayuntamiento empleará recursos propios y un crédito de 55 millones de euros vinculado al Fondo de Impulso Económico. Una vez superado este primer hito, el acuerdo contempla un periodo de carencia hasta el año 2030, etapa durante la cual la administración local solo abonará los intereses generados. A partir de 2031 se iniciará la amortización obligatoria del capital principal, con cuotas anuales que no podrán ser inferiores al 8% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal.

Una de las claves del pacto es la utilización de suelo municipal como moneda de cambio para amortizar la deuda, una fórmula que busca aliviar la presión sobre las arcas públicas. El acuerdo establece la dación en pago obligatoria de terrenos para cubrir 67,3 millones de euros correspondientes a intereses acumulados. Estos suelos se ubicarán en sectores estratégicos de crecimiento como Ensanche Levante, Murtal 2 o Poniente, siempre bajo la modalidad de residencial plurifamiliar y valorados a precio de mercado actual. Además, se abre la puerta a futuras entregas de parcelas de forma voluntaria para reducir el montante principal de la condena.

Desde el equipo de gobierno se ha subrayado que esta operación se realiza siguiendo estrictos informes técnicos y con el compromiso de no subir impuestos ni recortar servicios públicos. El acuerdo ya cuenta con la conformidad registrada de todas las mercantiles propietarias del suelo, por lo que el siguiente paso será su remisión inmediata al tribunal de instancia para la homologación judicial definitiva. Con este movimiento, Benidorm busca cerrar una etapa de incertidumbre urbanística, transformando una millonaria condena judicial en una oportunidad para consolidar su cinturón verde protegido.