Primer paso de Benidorm para pagar la factura de Serra Gelada: aprobado un préstamo del Gobierno de 55 millones

El Ayuntamiento de Benidorm ha formalizado este viernes su estrategia financiera para comenzar a mitigar el impacto de una de las condenas urbanísticas más cuantiosas de la democracia en España. El pleno municipal, con una mayoría conformada por el PP y el PSPV, ha dado luz verde a la adhesión al Fondo de Impulso Económico del Gobierno central, lo que permitirá al consistorio acceder a una operación de préstamo de 55 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Esta inyección de liquidez estatal se destinará de forma exclusiva a cubrir el primer tramo de las indemnizaciones fijadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana tras la desclasificación de suelos protegidos en el Parque Natural de la Serra Gelada.

La envergadura de la deuda, que según la sentencia definitiva se sitúa en el entorno de los 350 millones de euros, ha obligado al consistorio a diseñar un plan de pagos extraordinario para evitar el colapso de las finanzas municipales. En este contexto, el Ayuntamiento baraja una hoja de ruta que contempla liquidar el total de la indemnización en un periodo de hasta 100 años, una fórmula de fraccionamiento extremo con la que el equipo de gobierno pretende garantizar la prestación de servicios públicos durante las próximas décadas. El préstamo de 55 millones aprobado hoy representa, por tanto, el primer escalón de un largo proceso de amortización que comprometerá los presupuestos locales durante las sucesivas generaciones de benidormenses.

La portavoz del gobierno municipal, Lourdes Caselles, ha destacado que esta adhesión al mecanismo de financiación estatal es viable gracias a que las cuentas del Ayuntamiento están perfectamente saneadas, un requisito que el propio Ministerio de Hacienda ha ratificado para abrir esta ventana de oportunidad crediticia. Según el informe de la Intervención municipal, el municipio podrá asumir la devolución de estos primeros 55 millones en un plazo de 12 años y con un tipo de interés aproximado del 3,5%. La amortización de este crédito estatal comenzará en el ejercicio de 2027 y, según las previsiones de los técnicos, no supondrá en ningún caso un incremento de la presión fiscal para la ciudadanía ni un recorte en las inversiones actuales.

Conversaciones con los beneficiarios

De forma paralela a la solicitud del préstamo, la corporación ha aprobado por unanimidad conceder un plazo de audiencia de siete días naturales a las partes beneficiarias de la sentencia para explorar acuerdos de colaboración que faciliten su ejecución. Este proceso de diálogo estará liderado por los servicios técnicos municipales, excluyendo la participación de la parte política para centrar la negociación en la viabilidad económica y legal de los pagos.

Con este movimiento, Benidorm intenta estructurar una salida ordenada a una crisis urbanística que, a pesar de contar con el apoyo del crédito del Gobierno, condicionará la autonomía financiera del municipio durante el próximo siglo.