El Constitucional aboca a Benidorm a pagar los 333 millones de una indemnización urbanística que lo acerca a la quiebra

El Tribunal Constitucional ha puesto el punto final definitivo al recorrido judicial del Ayuntamiento de Benidorm en el caso de la indemnización por Serra Gelada. Tras la sentencia en firme dictada previamente por el Tribunal Supremo, la última esperanza del consistorio residía en un recurso de amparo ante el Constitucional que finalmente no ha sido admitido a trámite. Con la desestimación comunicada este martes y el blindaje total de los convenios por parte del TSJCV, la ciudad se enfrenta ahora a la ejecución de una deuda de 333 millones de euros a dos mercantiles del empresario Francisco Murcia Puchades en concepto de indemnización urbanística.

Este martes, el Ayuntamiento celebraba una junta de portavoces extraordinaria con la presencia de técnicos municipales para analizar el crítico escenario. En la reunión se ha confirmado que el Gobierno local descarta acudir a la justicia europea ante el riesgo de que el proceso se alargue y los intereses de demora sigan creciendo de forma incontrolada. La fase actual se centra exclusivamente en buscar formas de pago para una cifra que es más del doble del presupuesto anual del consistorio alicantino, que para 2026 se prevé de 146 millones.

El rescate del Estado: la opción más viable

Dada la magnitud del montante, el acceso a préstamos bancarios convencionales parece insuficiente. La solución más realista pasa por la intervención de una administración superior, lo que implicaría que el Estado tuviera que rescatar al Ayuntamiento de Benidorm.

Sin embargo, este auxilio financiero no sería gratuito. El concejal socialista en el consistorio, Sergi Castillo, ha advertido de las duras consecuencias que este rescate tendría para los ciudadanos. Según Castillo, la intervención del Estado requeriría un plan de ajuste con restricciones severas: “Van a subir todos los tipos impositivos a lo más alto y habrá una reducción drástica de ayudas y subvenciones. Esto va a ser muy grave y lo va a tener que pagar el vecino de Benidorm”, ha señalado tras la reunión.

La brecha entre la realidad judicial y la planificación económica es alarmante. Castillo ha revelado que en el borrador de presupuestos para el próximo año, el Gobierno local únicamente había consignado 3 millones de euros para esta partida. A ese ritmo de pago, el Ayuntamiento tardaría 111 años en liquidar la deuda principal, sin contar los nuevos intereses de demora que se generarían durante ese siglo de pagos.

El alcalde Toni Pérez califica la situación de“preocupante”

Al frente de esta crisis se encuentra el alcalde Toni Pérez (PP), quien ostenta un sólido poder institucional al contar con una mayoría absoluta de 16 de los 25 concejales de la corporación. Pérez compagina además la alcaldía con la presidencia de la Diputación de Alicante, lo que le sitúa en una posición de máxima responsabilidad política para negociar una salida con otras administraciones.

En rueda de prensa después de conocerse la sentencia del TSJCV y antes de saberse la desestimación del Constitucional, Pérez pedía “prudencia y sensatez” y señalaba que, “aunque estamos ante una circunstancia preocupante, todavía hay causas pendientes de ser juzgadas. Y sea cual sea el resultado final, se ha trabajado con mucho sentido común y siguiendo el criterio técnico”.

“Somos el único gobierno capaz de afrontar las posibles soluciones a una sentencia sea cual sea, una vez que este asunto sea definitivo y firme”, concluía Pérez.

Décadas de negociaciones

El origen de este conflicto se remonta a los planes urbanísticos de los años 60 y 90, cuando estos terrenos fueron clasificados como suelo urbano. En 2003, el entonces gobierno local del PP de Vicente Pérez Devesa firmó un acuerdo con los propietarios de los terrenos de Serra Gelada para anticiparse a su futura protección como parque natural que se produciría en 2005, trasladando la edificabilidad de esos suelos a otros sectores urbanizables del municipio; una decisión muy controvertida, rechazada entonces por el PSOE, que advirtió de que se estaban creando derechos indemnizables y asumiendo competencias que correspondían a la Generalitat.

Pese a ello, el convenio se mantuvo vigente con el siguiente alcalde popular, Manuel Pérez Fenoll, y fue renovado en 2010, ya con el gobierno socialista de Agustín Navarro, ante el riesgo cierto de una condena millonaria si se rompía, renovación que volvió a contar con el apoyo explícito del PP y del actual alcalde Toni Pérez. El giro se produjo a partir de 2013 y, sobre todo, desde 2015, cuando Pérez llegó a la alcaldía y promovió un cambio radical de posición, impulsando la anulación del convenio que él mismo había defendido durante más de una década.

El gobierno de Pérez consideró que el aprovechamiento no estaba consolidado, mientras que los tribunales han ido acumulando fallos en sentido contrario. La justicia ha determinado finalmente que el consistorio debe responder patrimonialmente por unas decisiones que transformaron activos urbanos en espacios protegidos sin resolver la contrapartida económica pactada.