A por Mazón

La jueza pide al TSJ la imputación del exjefe del Consell en la dana

El expresidente, más cerca de rendir cuentas por “la sobremesa interminable” del día de la catástrofe

No deja de tener su impacto, aunque fuera esperado, el movimiento de la jueza que instruye el caso de la dana al elevar una exposición de motivos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para imputar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, dados los “indicios de absoluta negligencia” documentados durante su investigación.

Mazón habría cometido, según la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, un presunto delito de homicidio imprudente, castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión, al permanecer aquel 29 de octubre de 2024 en “una sobremesa interminable”, ajeno a las decisiones para la protección civil ante emergencias que corresponde a la Administración autonómica que él presidía, mientras una devastadora inundación causaba 230 víctimas mortales en varias comarcas valencianas.

Vale la pena leer el documento de la exposición motivada que la jueza ha enviado al TSJCV como trámite inicial orientado a la imputación de Mazón en la causa sobre la tragedia, por la argumentación que justifica su desprotección del aforamiento que le proporciona mantener la condición de diputado en las Corts Valencianes. 

Una condición que el mismo día que saltó la noticia de la decisión de la jueza de Catarroja la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29 de Octubre, Rosa Álvarez, recriminó a los diputados del PP en la comisión de la Cámara autonómica donde compareció, por fin, casi 500 días después de la catástrofe. “No es que sea un mal político, sino que es mala persona y desalmada y ustedes del PP son cómplices por mantenerlo. Exíjanle el acta y si no la entrega expúlsenle del partido; de lo contrario serán cómplices para nuestra asociación”, les dijo mientras en el exterior de las Corts grupos de manifestantes gritaban “l'expresident a Picassent” o “Mazón a presó, Consell dimissió”.

Desde luego, el PP valenciano y el Consell que ahora preside Juan Francisco Pérez Llorca se ven irremediablemente afectados por la situación de Mazón, que se ha atrincherado en su escaño para evitar ser imputado por la jueza junto a la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso. Aunque el presidente de la Generalitat mantiene públicamente, de forma poco verosímil, que Mazón y el PP ya han asumido “responsabilidades políticas”, el desgaste no va a cesar y ante la más que probable imputación del exjefe del Consell se abre un escenario de dimisión voluntaria del afectado o su expulsión del Grupo Popular.

Lo más cerca que ha estado Mazón de decir la verdad desde que se supo que pasó la tarde de la dana de sobremesa con la periodista Maribel Vilaplana fue el 11 de noviembre pasado, cuando asumió en la comisión de las Corts Valencianes: “Sabiendo lo que sabemos ahora, la comida no se hubiera producido”. Todo lo demás ha sido una sarta de mentiras e intentos tramposos de justificación. 

Tras la decisión de la jueza, la oposición ha vuelto a instar al PP a exigir el acta a Mazón y dejar de proteger al anterior jefe del Consell. No han pasado desapercibidas en el documento de la jueza las referencias a tres miembros del Gobierno autonómico que preside Pérez Llorca: la vicepresidenta Susana Camarero, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, y el actual conseller de Hacienda, antes de Educación, José Antonio Rovira. La desconexión de Camarero de la emergencia, pese a su responsabilidad sobre los usuarios de servicios sociales (murieron ancianos que vivían en residencias o que recibían teleasistencia); la falta de control de los barrancos (realmente inexplicable) por lo que atañe a Martínez Mus y el hecho de “especial relevancia” de que no se suspendieran las clases en los centros educativos por parte del departamento que dirigía Rovira, pese a que la Universitat de València sí que lo hizo (se ahogó una familia cuando volvía de recoger del colegio a un alumno de primaria y el director del instituto de Cheste murió tras haber conseguido evacuar todo el complejo), son algo más que manchas en una jornada en la que se produjo una “flagrante falta de coordinación y cooperación entre las distintas conselleries”.

Queda sin duda mucha tela que cortar en este caso, tanto judicial como políticamente, pero la instrucción de la jueza, además de perseguir a quien fue su presidente, apunta al fallo “flagrante” del Consell como conjunto. Un estigma del que no pueden zafarse fácilmente ni el PP ni Pérez Llorca, responsables de una alineación continuista en la que se repiten demasiadas piezas.

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