Pérez Llorca, ante la posible imputación de Mazón: dimisión voluntaria, expulsión al Grupo Mixto o desgaste electoral

El presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, y el PP valenciano se enfrentan a uno de los momentos más delicados de la legislatura: la posible imputación del diputado del Grupo Popular, escaño 98 y expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja haya decidido elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para que lo investigue. La magistrada aprecia indicios racionales de delito y, en su auto de más de cien páginas, vapulea la actuación del exjefe del Consell el pasado 29 de octubre de 2024.

Pérez Llorca se afanó este martes, nada más conocer la decisión de la jueza instructora, en quitarse presión a sí mismo y a los suyos asegurando que el PP «ya había asumido responsabilidades políticas por la dana», en un claro símil futbolístico de la patada hacia delante. Pero la realidad es que, a partir de hoy, la presión será cada día más fuerte para que tome una decisión que, en su fuero interno, ya sabe que tendrá que abordar: pedir el acta a Carlos Mazón, expulsarlo al Grupo Mixto en caso de negativa o erosionarse poco a poco hasta las elecciones de mayo de 2027.

La tercera solución, la de mantener al expresidente de la Generalitat en su escaño de Les Corts, es la peor para un aspirante a repetir como candidato en las próximas elecciones autonómicas y cuya única meta es no cometer errores en los próximos 14 meses y no generar tensiones en la sociedad valenciana. Sin el acta de Mazón o sin su expulsión al Grupo Mixto, Pérez Llorca no podrá normalizar las relaciones de la Generalitat con las asociaciones de familiares de las víctimas y, sobre todo, dará argumentos a la izquierda para movilizarse y marcar la agenda.

Ese desgaste electoral que supondría unir su destino al del expresidente puede provocar la pérdida de unos votos que podrían resultar imprescindibles en caso de que Pérez Llorca quiera seguir en el Palau de la Generalitat. Porque, según todas las encuestas, existe prácticamente un empate técnico entre los bloques de izquierda y derecha.

Tanto los sondeos de Compromís y del PSPV-PSOE, que dan una ligera victoria a la suma de socialistas y valencianistas, como la encuesta encargada por el expresidente Francisco Camps, que otorga una victoria pírrica al PP y a la ultraderecha de Vox, coinciden en un punto: el PP sale con un elevado desgaste motivado por la gestión de la dana. Y ahí la figura de Carlos Mazón continúa empujando a votantes conservadores hacia la abstención o hacia opciones de ultraderecha.

La segunda opción, expulsar a Carlos Mazón al Grupo Mixto, sería la más dolorosa para Pérez Llorca. Primero, porque podría suponerle un importante desgaste con el ala dura alicantina, que consideraría su expulsión un agravio similar al que se cometió con Rita Barberá cuando fue investigada por el Tribunal Supremo. Los conservadores acabaron dedicándole una calle a la exalcaldesa cuando regresaron al poder.

Y segundo, por tener que tomar esta decisión respecto a un amigo. Cabe recordar que el actual presidente de la Generalitat fue la mano derecha de Mazón en el PP que ganó las elecciones de 2023. Esta opción, que el jefe del Consell no verbaliza públicamente, sí se ha barajado internamente y no se ha descartado, aunque sea por pura supervivencia del proyecto del PP valenciano y como forma de recuperar el control de la reconstrucción que, desde este 24 de febrero de 2026, vuelve a girar en torno a la posible imputación de Mazón.

La mejor solución para Pérez Llorca, aunque la menos probable, sería que el propio Carlos Mazón renunciara a su acta de diputado o pidiera voluntariamente su paso al Grupo Mixto. Si el expresidente dejara su escaño, la competencia de la investigación regresaría al Juzgado de Instrucción de Catarroja al no existir un aforado que investigar. Por su parte, si abandonara el Grupo Popular, le haría un favor a su presidente y mantendría el aforamiento, aliviando gran parte de la presión y del desgaste del partido que le ha dado todo.

Dos vicepresidentes y un conseller de Pérez Llorca, en la picota

Pero una hipotética investigación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana podría complicar la situación no solo a Mazón, sino también a tres consellers de Pérez Llorca. La exposición de motivos de la jueza de Catarroja destaca que la vicepresidenta Susana Camarero se desconectó de la reunión del Cecopi para asistir a una entrega de premios, a pesar de la «especial importancia» de la Conselleria de Servicios Sociales «en orden a proteger y atender a los más vulnerables», en referencia a los usuarios de la teleasistencia y de las residencias de personas mayores.

«Es obvio», abunda la resolución, que «falló» el aviso de la teleasistencia a los usuarios del servicio. «La comunicación es bidireccional. No solo está prevista para recibir llamadas de auxilio y ayuda. Una oportuna gestión y coordinación permite ponerse en contacto con los usuarios para alertarlos. Que no se llevara a cabo es una cuestión distinta».

La jueza también detecta una «falta de coordinación» de la Conselleria de Medio Ambiente, que dirige el vicepresidente tercero Vicente Martínez Mus, en materia de «remisión de medios humanos destinados al control de los barrancos y su vigilancia permanente». La inexistente coordinación entre las consellerias del Ejecutivo autonómico acredita, según la jueza, la «gravísima y negligente pasividad de quien podía y debía haber asumido las funciones en la gestión de la emergencia», el president Carlos Mazón.

Por último, la resolución también apunta al entonces conseller de Educación, José Antonio Rovira (actual titular de Economía y Hacienda), cuyo departamento, en la época de los hechos, tenía «especial relevancia» por los desplazamientos de alumnos y padres en plena alerta roja sin que se hubieran suspendido las clases, a pesar de que la Universitat de València lo había hecho la víspera de la dana.

Tres puntales del Gobierno valenciano cuyo futuro está ahora en manos del TSJ valenciano, aunque Pérez Llorca no tenga que tomar ninguna decisión. De momento.