El PP retendría la mayoría absoluta en Galicia, según la encuesta elaborada por GAD3 y difundida por Televisión de Galicia (TVG) y TVE al cierre de las urnas. Eso sí, Alfonso Rueda perdería apoyos respecto a la era de Alberto Núñez Feijóo y pasaría de 42 diputados a entre 39 y 40, y un 45,9% de los votos. Es decir, en el peor escenario, el tracking señala que el PP se quedará uno por encima de la mayoría absoluta, fijada en 38 escaños.

Esa encuesta señala también que el BNG será el segundo partido más votado, y pasará de 19 a 25 o 26 asientos en el Parlamento gallego, y un porcentaje de voto del 33%. El PSOE, que ahora mismo tiene 14 diputados, se quedaría en entre 9 y 10 y un 12,5%, según GAD3, la empresa de metroscopia que dirige Narciso Michavila. Esos datos señalan también que Democracia Ourensana, el partido liderado por el alcalde de Ourense, Gonzálo Pérez Jácome, podría obtener un representante con un 0,7%, mientras que Sumar y Podemos se quedarían fuera.

Por provincias, el PP obtendría en A Coruña 13 diputados, el BNG 9, y el PSOE 3. En Lugo, el PP tendría 8, el BNG 4 y el PSOE 2. En Ourense, el PP ganará con 9, el BNG obtendría 4, el PSOE entre 1 y 2 y Democracia Ourensana entre 0 y 1. Por último, en Pontevedra, el PP sacará entre 10 y 11, el BNG entre 8 y 9 y el PSOE 3.

La predicción de GAD3 no es un sondeo a pie de urna, sino por el método del tracking poll, una encuesta telefónica continua durante la campaña y ajustada con la participación. Una técnica que, según la propia empresa, “es la manera más precisa de anticipar la intención de voto del electorado, así como de medir los cambios en el tramo final de la campaña”.

El último CIS, publicado el pasado lunes, atisbó un escenario más complicado para el PP. Según ese barómetro, Alfonso Rueda conseguiría entre 34 y 38 escaños, con muchas posibilidades de quedarse sin alcanzar la mayoría absoluta. Ese CIS pronosticó que el BNG sería la segunda fuerza en el Parlamento gallego, con el 33,4% de los votos y entre 24 y 31 escaños. El PSdeG pasaría a entre 9 y 14, con el 18,1% de las papeletas.

El centro que dirige José Félix Tezanos recogía la posible entrada de otras tres fuerzas en el parlamento gallego: Sumar obtendría entre 0 y 2 escaños y un 2,8% de las papeletas, mientras que a Democracia Ourensana le da entre 0 y 1 diputado.

El Mundo también ha publicado un sondeo tras el cierre de las urnas, elaborado por Sigma-Dos, señala que el PP obtendría entre 38 y 40 escaños, el BNG entre 24 y 25, el PSOE entre 10 y 12 y Democracia Ourensana entre 0 y 1. En el de La Voz de Galicia, elaborado por Sondaxe, señala que el PP ganará con 39 diputados, el BNG conseguirá 25, y el PSOE 11.

Una participación superior a las últimas elecciones

La participación en las elecciones de Galicia a las 17.00 ha sido del 49,17%. El dato de la tarde de este domingo está seis puntos por encima de las tres últimas convocatorias electorales: en 2020 fue del 43%, en 2016, del 42,5% y en 2012, también del 42,5%. En 2009, las elecciones recientes más disputadas, fue del 49,3%. En 2005, el año de la victoria del bipartito formado por PSdeG y BNG, la cifra a esa hora alcanzó el 46,7%.

A tres horas del cierre de los colegios electorales ya habían depositado su papeleta 1.089.951 personas, con una participación que ha aumentado en todas las provincias. En Lugo y Ourense, las dos provincias que tradicionalmente votan más conservador, el incremento es de 7,86 puntos y 7,50 puntos respectivamente con respecto a 2020. En A Coruña y Pontevedra sube 5,73 puntos y 5,74 puntos, con porcentajes del 48,57% y el 49,34% respectivamente.

El dato de participación final se conocerá en unas horas, cuando se termine el escrutinio de todas las mesas electorales.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anuncia su decisión de optar a la presidencia que queda libre en el Partido Popular tras la implosión de la formación política por la guerra entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Feijóo se dirige a esta hora a la Junta Directiva del PP de Galicia. 

Hace solo dos años se presentó a las elecciones autonómicas con el lema “Galicia, Galicia, Galicia” y prometiendo que se quedaría en su tierra hasta el final. Hoy, la decisión es otra.

“Al ser requerido para que se detuviera, echó a correr, por lo que los funcionarios actuantes, después de reiterar la voz de alto, trataron de intimidarlo con unos disparos al aire”, decía el informe policial. Tres de aquellos “disparos al aire”, efectuados por agentes franquistas el 12 de agosto de 1975 en Ferrol, atravesaron la espalda de Moncho Reboiras, que murió desangrado en el número 27 de la entonces llamada calle Primo de Rivera. Tenía 25 años. Nacionalista de izquierdas, significado militante de la Unión do Pobo Galego -partido matriz del actual BNG-, uno de los últimos asesinados por el franquismo en Galicia, Reboiras se convirtió en mito, recordado cada año por sus herederos políticos. Un libro reconstruye su peripecia, reivindica su papel sindical y cuestiona hipótesis de uso común, entre ellas el supuesto tiroteo en el que murió, la relación con ETA o incluso que, sostiene uno de sus compañeros, fuese armado el día de su muerte.

“Queríamos colocar al personaje en su contexto. Porque sin esa red que lo rodea no hay personaje. Desmitologizarlo y entender el trabajo del conjunto. Fue una persona normal, un militante antifranquista, al que por una serie de circunstancias le tocó esa suerte”, acierta a resumir el historiador Xurxo Martínez, autor, junto al periodista Xosé Manuel Pereiro, de Reboiras. O camiño da rebeldía (Aira das Letras, 2021). El contexto son el tramo final de la dictadura y las convulsiones que entonces agitaron la Galicia obrera. Y el personaje, un joven nacido en la parroquia de Imo, en Dodro (A Coruña), hace ahora 71 años, que se desplaza con sus padres a Vigo, donde conoce de cerca la realidad del proletariado y se politiza antes de la mayoría de edad en contacto con el galleguismo cultural e izquierdista de finales de los 60.

Xosé Ramón Reboiras Noia era hijo de un matrimonio humilde que regentaba un bar pensión en el barrio de Teis. Solo tenía un hermano, Manuel, 14 meses más joven, también militante nacionalista y custodio de su memoria. El Reboiras mayor estudió en la Escuela de Peritos Industriales -hoy Ingenieria Técnica Industrial. En 1969, y de la mano del histórico Xosé González, había decidido ingresar en la Unión do Pobo Galego (UPG). Esta organización clandestina, entonces incipiente, había nacido seis años antes. Sus presupuestos teóricos, inspirados por los movimientos de liberación nacional africanos y la Revolución Cubana, procuraban una síntesis entre nacionalismo y marxismo. Era, además, una de las primeras formaciones de raíz galleguista tras la Guerra Civil. En su fundación habían participado intelectuales como Xosé Luís Méndez Ferrín, Celso Emilio Ferreiro o María Xosé Queizán, estudiantes como Bautista Álvarez, e incluso Luís Soto, comunista y secretario personal de Castelao durante la contienda.

Pero cuando Reboiras y su generación se incorporan, la UPG “no era más que un mito. El compromiso no iba mucho más allá de poner pegatinas y repartir propaganda”, explica en declaraciones a Martínez y Pereiro el propio Xosé González, una de las más de 50 fuentes orales consultadas para O camiño da Rebeldía. Es precisamente esta promoción la que convierte a la UPG en un partido de orientación comunista, preocupado por la organización y la eficacia, decidido a reclutar obreros para la causa. Para Pereiro, ese es el hallazago principal de la investigación recogida en el libro: “Cómo una pandilla de jóvenes de 20 años, entre Vigo y Monforte de Lemos, consiguieron construir un aparato que prácticamente desplazó al PC como referencia de la izquierda”. En las primeras elecciones al Parlamento de Galicia, el BN-PG -nucleado por la UPG- obtuvo tres escaños. El Partido Comunista de Galicia, uno.

El frente armado y las multicopistas

En el timón de esa travesía estuvo, junto a otros hombres y mujeres que hablan en el libro, algunos de ellos por primera vez, Moncho Reboiras. Y en él recayó la responsabilidad, tras un debate del comité central del partido, de constituir y dirigir el denominado frente armado. Se trata de uno de los episodios más debatidos de la historia del nacionalismo gallego contemporáneo, aunque hasta O camiño da rebeldía no estudiado con este nivel de detalle y complejidad. Aquella decisión política tenía unas raíces estratégicas -sus modelos, los movimientos de liberación nacional, solían contar con brazo armado- y tácticas -responder a la represión de la dictadura desatada tras las huelgas del 72. “Desde 1972, el partido traza una cronología y una estrategia. No fue una aventura. El frente armado solo se pone en marcha cuando las condiciones maduran, después de la Revolución de los Claveles en Portugal”, explica Martínez. Y con una premisa clara de inicio: nunca hacer daño a personas.

Porque los objetivos del grupo, muy reducido, eran sobre todo dos: obtener máquinas multicopistas para la producción de panfletos y prensa clandestina, y dinero, para poder liberar militantes. La organización pretendía dar un salto político. El régimen había asesinado a los comunistas Daniel Niebla y Amador Rey en Ferrol el 10 de marzo de 1972 y en septiembre la huelga general había paralizado Vigo durante semanas. La dictadura se revolvía contra los embates del movimiento obrero. En ese contexto se fogueó el Reboiras sindical y crecieron los primeros brotes de sindicalismo nacionalista, hoy en día agrupados en la Confederación Intersindical Galega (CIG), primera central en Galicia por número de delegados en las empresas. “Queremos reivindicar al Reboiras sindical, más allá de la imagen con peluca y bigote con la que pasó a la historia y que respondía a las necesidades de la clandestinidad”, considera Martínez.

La izquierda antifranquista intuía debilidad en palacio y lo trasladaba a las calles. Protestas, paros laborales y acciones espectaculares se sucedían. En 1973, un comando de ETA en Madrid hace saltar por los aires el coche de Carrero Blanco, con el almirante dentro. Y, al año siguiente, militares progresistas, radicalizados en las guerras coloniales y apoyados por la potencia del Partido Comunista, obligan a Marcelo Caetano -sucesor de Salazar- a huir a Brasil. Los sucesos de Portugal insuflan moral a la oposición al fascismo español. No solo moral. Otro de los hallazgos de Martínez y Pereiro es el pormenorizado análisis de las relaciones entre la izquierda nacionalista gallega y las fuerzas revolucionarias portuguesas a lo largo de ese período.

“Durante años se dijo que la fuente alimenticia de la UPG era Euskadi y ETA político-militar. No fue así exactamente”, señala Xurxo Martínez, “ese vínculo existía, pero la conexión con Portugal resultó clave”. La Liga de Unidade e Acção Revolucionária (LUAR) -una organización singular, de tendencia socialista libertaria- o el propio Partido Comunista de Portugal facilitaron el acceso de los militantes gallegos a las armas. Lo relata O camiño da rebeldía, como también relata el exilio en el Portugal revolucionario de importantes cuadros de la UPG en 1975. Escapaban de la operación policial que acabó con varios de ellos en prisión -hasta la amnistía del 77- y con el asesinato de Moncho Reboiras.

Entre 1974 y 1975, el frente armado de la UPG asaltó algún banco, substrajo multicopistas y realizó un sonado golpe en las oficinas del DNI de la comisaría de Lugo: se hizo con miles de carnets en blanco, el tampón con la firma del comisario, sellos y fichas de declaraciones. O camiño da rebeldía narra con cierto detalle sus operaciones y realiza vívidas descripciones de cómo se desarrolla una organización política revolucionaria en la clandestinidad. “Cualquier partido nace como media docena de personas que se reúnen. También le pasó a Pablo Iglesias. A Posse”, puntualiza Xosé Manuel Pereiro, “pero estos mozos de 20 años consiguieron levantar un estaribel que todavía dura. Y entonces se levantaba muchos estaribeles políticos”. El golpe del 75, cuando cayó Reboiras, y la onda represiva que lo precedió y lo sucedió, hizo tambalearse a la organización. Pero esta resistió.

“Yo desde luego no vi el arma de Reboiras”

El 11 de agosto de 1975, Reboiras llega al piso de la calle Concepción Arenal de Ferrol donde vivían sus compañeros Elvira Souto y Lois Ríos. A las cinco de la tarde sale. Tenía una cita telefónica de seguridad con otro camarada, Xosé María Brañas. Este no responde. A esa hora ya había sido detenido. Reboiras, Souto y Ríos reaccionan rápido: sospechan que algo ha pasado y se deshacen de la propaganda que estaban confeccionando en el apartamento. A las nueve de la noche, Reboiras ve a la policía desde la ventana. Están registrando los edificios de la calle uno a uno. Cuando timbran, deciden no abrir. Y ensayan la huida. “Como Moncho era el único que iba armado, nos dijo de separarnos y que el intentaría distraerlos”, cuenta a Martínez y Pereiro Elvira Souto. Ríos asegura, sin embargo, desconocer si lleva pistola: “Yo desde luego no se la vi, ni él era de andar enseñándola, en el caso de que la llevase”.

Reboiras escapa de tejado en tejado y consigue salir a la calle. Pero un arañazo en su brazo lo delata. Policías le dan el alto -alrededor de 200 participaron en el operativo-, asegura el libro. “Al ser requerido para que se detuviera, echó a correr, por lo que los funcionarios actuantes, después de reiterar la voz de alto, trataron de intimidarlo con unos disparos al aire”, escribió la policía. Tres de esas balas impactaron en Reboiras. Una de ellas entró por la axila izquierda y le seccionó la arteria subclavia a la altura del corazón, lo que produjo “una anemia aguda y fulminante”. Consiguió doblar la esquina y refugiarse en el portal número 27 de la calle Primo de Rivera, hoy rúa da Terra. Se desangró. Los policías ametrallaron la puerta y cuando se atrevieron a abrirla, lanzaron dos granadas de gas lacrimógeno. Reboiras ya estaba muerto.

El informe policial afirma que entonces se “volvió a oír un disparo de pistola aislado y a continuación terminó todo”. Martínez y Pereiro interpretan que la intención de los agentes es sugerir un suicidio. El certificado de defunción refería un proyectil alojado en su cabeza. La autopsia no. “No está claro que llegase a disparar ningún tiro. No hubo el tal tiroteo de la información que reprodujeron los medios”, sostienen. El Estado nunca ha dado otra versión que no fuese la del atestado inicial de uno de los últimos crímenes políticos de la dictadura. Aunque en 2009 el Gobierno de Zapatero reconoció a Reboiras como víctima del franquismo, no fue más allá. Los autores de O camiño da rebeldía llegaron a localizar a dos de los policías que participaron en la cacería del hombre. No quisieron hablar, tampoco bajo anonimato.

La caída de Ferrol y la prisión de Xosé María Brañas, Manolo de Remesar, Marisa Vázquez Barquero y Xan López, Lito, provocaron un impás en la UPG y en la izquierda nacionalista gallega. También cerraron la que Martínez denomina “etapa expansiva y organizativa” del partido. Una nueva generación tomaría el mando, no sin tensiones que se saldaron con expulsiones y escisiones. Y en 1982 comenzó el siguiente episodio, con la fundación en el pabellón de Riazor del BNG. La UPG fue, todavía es, la clave de bóveda del proyecto.

“Según yo lo veo, la organización obrera y campesina, los sindicatos, son el gran logro del nacionalismo gallego moderno. Y sobre todo en el sindicalismo obrero es necesario reivindicar el papel de Reboiras”, entiende Martínez, que se indigna por el trato del Estado español a los mártires antifascistas. Recuerda y considera inadmisible que la Policía Nacional usase la figura de Reboiras para justificar una investigación por terrorismo que finalmente quedó en nada. Pereiro habla, a la usanza de los viejos galleguistas de preguerra, de “la idea”. Le asombra que la mayoría de implicados en aquellos hechos traumáticos mantengan los horizontes políticos de entonces, aún con “interpretaciones estratégicas distintas”. “Demostraron que, para bien o para mal, cualquier cuerpo político necesita un esqueleto que le dé consistencia, aunque ese esqueleto, por las circusntancias del momento en que se creó, tenga menos capacidad de adaptación de lo que sería ideal”, concluye.

Es Francisco Rodríguez, exdiputado por el Bloque en el Congreso, en 1975 miembro del comité central de la UPG y su secretario general entre 2000 y 2012, a quien encargan los autores la reflexión final en O camiño da rebeldía. “Hay que ver el pasado con un poco más de distancia [...] La cantidad de gente que metió parte de su vida en el trabajo militante... Por eso esto está en pie. En cierta medida, se está viviendo de rentas”.

Los pacientes de la Atención Primaria en Galicia podrán volver a solicitar citas presenciales en sus centros de salud. Lo anunció este miércoles en el Parlamento el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, aunque también avisó de los límites: “No va a ser el 100% de presencialidad nunca más”. De hecho, en la Xunta trabajan con un horizonte, el de que solo el 60% de las consultas -como máximo- se produzcan en persona. “La atención telefónica es una herramienta que está ahí y va a seguir estando”, apuntó. La consellería ya ha comunicado a los médicos el cambio, efectivo a partir de este 16 de septiembre.

Minutos antes en el mismo pleno, el BNG había preguntado por la cuestión al propio Feijóo, que no acabó de explicarse y se lió. El presidente aseguró en la sesión de control que “la presencia en Atención Primaria se incrementaría según fuese remitiendo la COVID” pero, al tiempo, que “en los próximos días, no meses” los gallegos recuperarían la opción de pedirla a través del teléfono o de Internet. Hasta ahora y en pandemia, era el médico el que decidía si veía o no al paciente en persona, dijo García Comesaña.

El regreso a los ambulatorios no será, en todo caso, completo. En la versión del conselleiro García Comesaña, ya no lo era antes. La atención telefónica en Primaria, recordó, se instauró en 2013 -“de forma pionera”- y alcanzaba a un 15% del cupo de los doctores y doctoras. “Para dar una receta no hay que ir a un centro de salud”, afirmó. Pero el debate que plantean la oposición, los sindicatos y los usuarios no es exactamente ése. El coronavirus redujo la presencialidad al mínimo, algo que Partido Socialista y Bloque aseguraron entender. Lo que no comprenden es la extensión de la medida en el tiempo.

Además, el tiempo de espera para obtener cita -hasta ahora sobre todo telefónico- alcanzaba la semana. La gravedad de la situación de la Atención Primaria es tal que el Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra llegó a interponer una denuncia por lo penal el mes pasado. En ella aseguran que la Xunta de Galicia “priva a los pacientes de una asistencia decisiva para evitar riesgos de gravedad”. Ana Pontón, en su cara a cara con Feijóo, habló de centros de salud en los que la que una consulta puede demorar hasta 21 días desde que es solicitada.

Galicia camina hacia el ecuador de la cuarta legislatura de Feijóo. Con el Parlamento reducido a la mayoría absoluta del PP y al poco juego que éste reparte, la política institucional gallega atraviesa un período de cierta atonía. Pero los movimientos en la oposición, cuyos liderazgos han entrado en territorio incógnito, amenazan con agitarlo. En el PSdeG vuleven a sonar sus recurrentes tambores de guerra interna. Gonzalo Caballero se asoma a ese momento procesal que los socialistas importaron para España y que suelen sentir como un abismo: las elecciones primarias. Fuentes del partido dan por hecho que el secretario general de la federación gallega tendrá que competir por el control de la formación con el presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso. En el nacionalismo, la crisis tiene un color completamente distinto: el extraño impás decretado por Ana Pontón.

Sus declaraciones a finales de agosto cambiaron el paso al BNG. Por sorpresa, la portavoz nacional anunciaba que abría “un tiempo de reflexión” sobre su continuidad al frente de la principal organización nacionalista gallega. Pontón, que encabeza la oposición a Feijóo en el Parlamento de Galicia, afirmaba que “no hay que dar nada por sentado, ni en la vida ni en la política”. El consejo parece también adecuado para Gonzalo Caballero, secretario general del PSdeG y jefe socialista en la Cámara, que solo una semana antes arremetía, por medio de su número dos, contra la posibilidad de que el presidente de la Deputación da Coruña le dispute el liderato.

Las turbulencias en la oposición gallega han comenzado un año después de la cuarta mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo. Al contrario de los sucesos que descalabraron En Marea -coalición entre Podemos, Esquerda Unida y los nacionalistas de Anova- a solo unos meses de la convocatoria electoral de 2020, esta vez nacionalistas y socialistas intentan aclarar sus propuestas antes del ecuador de la legislatura. Mientras, el PP, quitado Ourense donde Feijóo ha perdido en Jesús Vázquez su principal apoyo interno y el control de Baltar es absoluto, mantiene más o menos la estabilidad. El presidente gallego ya ha abierto la puerta a presentarse por quinta vez a presidir la Xunta y, así, volver a incumplir su palabra: en 2015 habló de dos mandatos como suficientes y antes de las últimas elecciones aseguró que esta sería la última vez. La notoria ausencia de segunda línea -y aspirantes a la sucesión- todavía no preocupa a los populares.

El caso es que enfrente las aguas se han enturbiado durante la presunta placidez estival. El “tiempo de reflexión” de Pontón tiene como horizonte la Asemblea Nacional -la número 17- que el BNG ha convocado para el 7 de noviembre. Algunos analistas de la política gallega hablaron de motivos personales. Fuentes cercanas a la dirección nacionalista ofrecen, sin embargo, otras claves. Dos en concreto: tensionar a la organización de cara a la cita congresual y reforzar su control de la cúpula. Pontón asumió el mando de la nave nacionalista cuando ésta se dirigía a las rocas. Era 2016. Cuatro años antes, la salida de Xosé Manuel Beiras y el Encontro Irmandiño y la facción de Máis Galiza habían causado una profunda herida en la formación.

Pontón salvó los muebles en aquellas elecciones, las de la tercera mayoría absoluta de Feijóo. Los seis escaños que conservó -frente a 14 de En Marea y otros tantos de los socialistas-, aunque marca histórica por abajo, fueron interpretados por la organización como el suelo del BNG. El pasado año se confirmó la intuición: la liquidación electoral de las marcas herederas de En Marea -Galicia en Común y la propia En Marea- permitieron a los nacionalistas obtener 19 escaños, su máximo histórico. Pontón ha ido modulando su discurso en una operación con no pocas reminiscencias de la que en su día ensayó Anxo Quintana, portavoz nacional del Bloque entre 2003 y 2009 y vicepresidente de la Xunta bipartita. “Ensanchar la base” es la frase fetiche que repiten en la cúpula de los nacionalistas.

El éxito electoral del liderazgo de Pontón ha contribuido al estupor con que militantes y simpatizantes han recibido su pequeño paso atrás. Pequeño porque, en realidad, ha continuado ejerciendo de portavoz nacionalista y con la misma agenda que habitualmente. También con su agenda habitual continúa Gonzalo Caballero, pese a que las hostilidades en el Partido Socialista parecen a punto de desbocarse.

González Formoso y el liderazgo socialista

El artículo del secretario de Organización del PSdeG en el diario lucense El Progreso el pasado agosto no fue el primer indicio, pero sí el más gráfico, de que la cuerda comenzaba a tensarse en la federación gallega del PSOE. José Antonio Quiroga, de la máxima confianza de Caballero, criticaba con dureza la posibilidad de que el presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso, organizase una candidatura alternativa a la actual dirección en las inminentes primarias del partido. En ella se integraría además José Ramón Gómez Besteiro, que fue secretario general entre 2013 y 2016 y abandonó imputado por presunta corrupción urbanística. La Audiencia Provincial de Lugo archivó hace unos meses la mayoría de los procesos que le señalaban y Besteiro espera ahora el archivo de una pieza separada aún pendiente para reivindicar su honradez y recuperar peso político. Ferraz y Pedro Sánchez también son favorables a la operación, siempre que se confirme que los escándalos acaban en papel mojado.

El texto de Quiroga, que cargaba explícitamente contra Besteiro y Formoso, provocó un incendio en el PSOE gallego. Multitud de dirigentes afearon al autor su actitud, al tiempo que le recordaron que su obligación, como número dos del partido, es garantizar la neutralidad durante los procesos de primarias en los que más de un militante aspira al mando. El ataque preventivo, en todo caso, no pinchó en hueso. Valentín González Formoso proclamará su candidatura previsiblemente la próxima semana.

Tras las últimas elecciones, en las que el PSdeG no obtuvo réditos del desplome de Galicia en Común, mantuvo los 14 diputados con los que contaba y siguió como segunda fuerza de la oposición, los críticos internos de Caballero iniciaron maniobras. Hubo quien le recriminó la ausencia de un perfil propiamente gallego y su empeño en ceñirse exclusivamente a la defensa del Gobierno central y, sobre todo, de Pedro Sánchez. Y hubo quien le recriminó ese tercer puesto electoral, aunque en realidad venía arrastrado de 2016, cuando En Marea fue más votada que los socialistas. El PSdeG vuelve así a una de sus periódicas batallas internas, su estado más habitual desde la dimisión de Emilio Pérez Touriño en 2009.

Alberto Núñez Feijóo no quiere mancharse en la refirega del PP madrileño. Por lo menos de momento. Este lunes ha asegurado que su homóloga en la Comunidd de Madrid y el alcalde de la ciudad son ambos “imbatibles”. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida mantienen una dura refirega por controlar el partido en Madrid. Pero el presidente de la Xunta de Galicia prefiere mantenerse al margen. Tan al margen que se desmarca incluso de Casado, que apoya a Almeida.

Según Feijóo, el PP madrileño se asoma a un congreso “tranquilo y sosegado”. No lo parece, a juzgar por las recientes declaraciones de Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad y ayusista, que se despachó con virulencia contra el regidor Almeida. Le respondió el número dos de Pablo Casado, Teodoro García Egea: “Lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción”.

El barón gallego de los populares no fue tan claro. Al término del comité ejecutivo del Partido Popular de Galicia celebrado en la tarde de este lunes en un hotel de Santiago de Compostela, Núñez Feijóo incidió en que la elección de presidente de su partido en la Comunidad de Madrid le “preocupa bastante menos que el precio de la luz o cómo se reparten los fondos Next Generation”, informa Europa Press.

“A mí ese asunto me preocupa nada porque conozco a mi partido, al alcalde Almeida y a la presidenta Ayuso; y porque sé perfectamente que los temas entre dos personas claves para el partido y fundamentales en la politica madrileña se resolverán con la inteligencia propia de ambos”, señaló. “El ticket político de Ayuso y de Almeida es hoy por hoy imbatible en Madrid”, concluyó.

La dirección de la planta del Grupo Stellantis (antes PSA Peugeot Citroën) de Vigo ha comunicado a la plantilla su decisión de suspender de forma “temporal” el turno de fin de semana del sistema 2 de producción, el que monta las furgonetas y monovolúmenes, debido a la crisis de aprovisionamientos provocada por la falta de semiconductores ('microchips'). Así, debido a esa circunstancia, la empresa ha reunido este lunes al comité para informar de la “suspensión temporal” de la actividad en el turno de fin de semana, también llamado cuarto turno, del sistema 2. La suspensión se mantendrá “en cuanto las circunstancias actuales no permitan la reanudación de su actividad”, informa Europa Press.

La dirección de la factoría ha señalado que esta medida tiene por objeto lograr una organización de la actividad productiva más adaptada a la actual situación, y adecuando la producción a la disponibilidad de componentes. Así, confía en que esto permita mantener un calendario de trabajo “más regular”. Por otra parte, la empresa ha confirmado que, en los próximos días, se iniciará un proceso de negociación con los sindicatos “para gestionar las necesidades asociadas” a esta suspensión de actividad y para concretar la fecha desde la que se paralizará este turno.

El turno de fin de semana del sistema 2 da trabajo a unas 700 personas y la empresa estudiará la situación de cada uno de sus contratos. Pese a que la negociación aún no se ha iniciado, la dirección prevé establecer medidas “no traumáticas” y aplicar los mecanismos de flexibilidad internos de la planta “siempre que sea posible”.

La disputa sobre los bienes que atesora el Pazo de Meirás, la propiedad enclavada en Sada (A Coruña) que tras 85 años en manos de Francisco Franco y su familia revertió, por sentencia judicial, al Estado en diciembre de 2020, tendrá un nuevo episodio el próximo 22 de octubre. Es la fecha marcada por la titular del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña para que comparezcan ante ella los representantes de los nietos del dictador y todas las administraciones públicas personadas en el caso (Estado, Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña, ayuntamientos de Sada y A Coruña) con el fin de determinar “qué bienes deben tener la consideración de inmuebles» y, en consecuencia, no pueden ser retirados del singular castillo de tres torres. 

En esa comparecencia, según la resolución emitida este viernes por la magistrada Milagritos Belso Sempere, también se analizan las “cuestiones incidentales” promovidas por el Estado y el Ayuntamiento de Sada, que defienden que se conserven junto con la propiedad la totalidad de los 800 bienes inventariados, bajo custodia judicial, antes de que el edificio fuese entregado a Patrimonio Nacional. Unas demandas que chocan con las pretensiones de los descendientes de Franco que pretendían vaciar el Pazo de Meirás. Una mudanza que consideran legítima tras una resolución de la Audiencia provincial de A Coruña que estimaba que si bien no hay dudas sobre la titularidad de la propiedad, y que ésta debe revertir al Estado, revocaba la orden de depositar también en manos de la administración central todos los muebles y elementos accesorios. 

La magistrada, sin embargo, en el auto notificado este viernes, deniega el recurso de los Franco, deseosos de llevar a cabo cuanto antes el vaciado del pazo, y cita a comparecer todas las partes para dirimir los “incidentes de ejecución” de la histórica sentencia que declaró el singular inmueble propiedad del Estado. Esos “incidentes” son los que permitirán determinar qué elementos y bienes deben quedarse en el pazo o pueden ser retirados por los nietos del dictador. La jueza Belso subraya que a partir de esa comparencia de todas las partes, se podrá determinar qué muebles, muchos considerados históricos, forman parte del castillo ahora devuelto al patrimonio público. Contra este auto judicial, no cabe recurso por lo que el próximo episodio del largo embrollo judicial que protagoniza el Pazo de Meirás tendrá lugar dentro de mes y medio, con esa comparecencia judicial.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha decidido devolver los muebles del Pazo de Meirás a la familia Franco. Lo ha hecho mediante la revocación de un auto del juzgado de primera instancia que ordenaba depositar a favor del Estado “todos los muebles y elementos accesorios” del edificio. La audiencia estima el recurso de los descendientes del dictador y recuerda que la Administración no los reclamó en su demanda inicial. Además, condena a esta a indemnizarlos “por los daños y pérdidas que les ocasione la orden ahora anulada”.

Los magistrados aseguran que, en el actual momento procesual -ejecución provisional de la sentencia que otorga la titularidad de Meirás al Estado- “no procede” la discusión sobre la propiedad del mobiliario. Al mismo tiempo, dejan abierta una puerta a que la Administración interponga otro pleito y solicite “la titularidad de los muebles que considere propiedad de Patrimonio Nacional asignado al uso del jefe de Estado”. Pero ese argumento “no puede tenerse en cuenta en este trámite. Se está ejecutando una sentencia, por lo que solo se puede entrar en los que dice la parte dispositiva de la resolución judicial”.

El dictamen de la Audiencia Provincial de A Coruña, contra el que no cabe recurso, recuerda que la demanda inicial del Estado que desembocó en la histórica sentencia del pasado septiembre solo pidió “el derecho de propiedad sobre una parcela catastral”. Así, añade, “es evidente que el concepto de inmueble por incorporación nunca podría extenderse a mesas, sillas, vajillas, alfombras o cuadros”. También señalan que aquellas personas obligadas a entregar la posesión de un inmueble “tienen derecho a retirar los muebles no comprendidos en la ejecutoria de la sentencia”, según la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La resolución explica además que, a pesar de que el Estado sí solicitá el depósito de los muebles dentro de la ejecución provisional de la sentencia, no anunció “en ningún momento” una demanda para recuperar su propiedad. Para que exista una medida cautelar en este sentido, es necesario que haya “un litigio vivo, y no es el caso. De los objetos y mobiliario del pazo, solo las dos estatuas del Mestre Mateo están catalogadas como Ben de Interese Cultural, pero la protección que ofrece esta figura legal -emenada de la Lei de Patrimonio de Galicia- ”no establece ninguna pérdida de propiedad civil“.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha declarado nula la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 que absolvió a un exjefe de planta de El Corte Inglés de la ciudad de delitos de acoso sexual, abusos sexuales y acoso laboral y ha ordenado que se repita el juicio, pero con otro magistrado. El tribunal ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la afectada, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, y ha ordenado la celebración de un nuevo juicio y el dictado de nueva sentencia por un magistrado diferente al que intervino en su momento.

En concreto, los jueces critican que en el fallo absolutorio se diga que “no se constata en la víctima una situación de sufrimiento por la humillación sufrida y la hostilidad manifestada”, a pesar de que en el apartado de hechos probados se recogen “una serie de conductas de carácter sexual (como son las insinuaciones y comentarios de contenido sexual, exhibiciones en el teléfono móvil de material de naturaleza sexual, tocamientos en piernas y cintura y proposiciones de mantener relaciones sexuales.), algunas reiteradas en el tiempo”. Por ello, la Audiencia concluye que el juez de primera instancia no realizó “una valoración racional sobre dicha cuestión”.

Del mismo modo, “tampoco se ajusta a las máximas de experiencia y a una valoración racional el ánimo y finalidad de los tocamientos realizados por el acusado a la denunciante”. Así, la Audiencia indica que “cabe deducir una clara finalidad sexual, si se tiene en cuenta el resto del relato de hechos probados y prueba practicados”. Por todo ello, la sala ha estimado “la existencia de una irracional valoración probatoria que concluye con la absolución del acusado”, al tiempo que advierten de que en este momento procesal no pueden “realizar un análisis de la prueba deficientemente valorada, o sobre el fondo del asunto”.

Despedido de forma procedente

El juzgado de lo penal número 1 de Santiago absolvió hace poco más de un año a este exjefe de planta de El Corte Inglés, al que una de sus empleadas reclamó por vía penal por supuestas conductas de índole sexual y por acoso laboral. Los hechos se remontaban al periodo entre 2012 y 2016, cuando una de las empleadas del centro compostelano denunció a su entonces jefe por supuesto acoso sexual y laboral, un proceso que, tras recurrir al protocolo interno de la empresa para este tipo de casos, derivó en el despido del exjefe de planta, una decisión que un juzgado posteriormente avaló.

Además de las repercusiones laborales, una de las víctimas llevó el caso a la justicia penal y, durante el juicio oral, cuatro empleadas aseguraron que el que entonces era su jefe las había sometido a “tocamientos” y proposiciones “soeces”, así como que les dijo frases y realizó gestos de contenido “sexual” en su lugar de trabajo. Sin embargo, el juez absolvió al acusado alegando que, aunque se habían producido conductas de este tipo, no se habían desarrollado en un verdadero ambiente hostil.

En concreto, la sentencia ahora anulada consideraba probado que entre esos años, en el lugar y horario de trabajo, el sospechoso “con cierta frecuencia”, dirigió a la denunciante “comentarios relativos a su físico o forma de vestir” y que le mostró “algunos vídeos o fotos jocosos de contenido sexual”. Excepcionalmente, según el mismo fallo, le tocó la cintura o las piernas por encima de la ropa “de forma fugaz y cauta, sin aproximarse a zonas erógenas” y le realizó insinuaciones y proposiciones de carácter sexual. Estas conductas, sin embargo, se enmarcan dentro del ámbito de protección propio del ordenamiento laboral, no dentro de la tipificación del acoso sexual y laboral del Código Penal, según consta en la sentencia ahora anulada.

Además, el juez subrayaba que “la pura solicitud de favores de naturaleza sexual en el ámbito laboral no es delictiva”, pues esa petición debe tener una consecuencia que provoque a la víctima “una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante”. Ese factor, según explica el juez, permite “deslindar el auténtico acoso sexual del ataque contra la libertad sexual, que por realizado en un determinado contexto (laboral o docente) no se eleva, automáticamente, a la categoría de acoso”. En este caso, según el juez “no existe prueba concluyente de presión laboral excesiva sobre la denunciante ni de trato discriminatorio”.

“No basta que la solicitud sitúe a la víctima en un contexto sexual no deseado o no querido, sino que ha de generar un contexto que objetivamente sea gravemente irrespetuoso con su dignidad, honor o intimidad o un contexto gravemente hostil”, recalcaba el magistrado, quien concluía que la denunciante no era objeto de una conducta del acusado frente a los demás compañeros “tan brutal, cruel, humillante u hostil susceptible de ser calificada de una intensidad lesiva para la dignidad humana suficiente para su encuadre en el acoso moral penal”.

El Partido Popular de Ourense ha cambiado de opinión. Hace cuatro meses, su presidente, también de la Diputación, Manuel Baltar, había asegurado que si el candidato socialista Rafael Villarino se apartaba, una moción de censura contra el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, sería cuestión de “cinco minutos”. Entonces Baltar todavía creía posible culminar su operación de derribo al regidor de Democracia Ourensana, con el que en 2019 acordó un ejecutivo de coalición. Ya no. Por eso los populares buscan ahora vías para reconducir la relación y respaldar a Jacóme, aquel a quien el propio Núñez Feijóo llegara a tildar de “letal” para Ourense y que gobierna con otros dos ediles sobre 27 del pleno.

Este lunes, el Partido Socialista anunció que Villarino, su líder y en mayo del 19 el candidato más votado de la corporación, daba un paso atrás. Renunciaba a optar a la alcaldía en una moción de censura para “superar la parálisis”. Ese era el presunto requisito esgrimido en su día por el PP, que tras pactar con Jácome a cambio de su apoyo en la Diputación provincial intentó liquidarlo políticamente en septiembre de 2020 con acusaciones de grueso calibre. Sus siete concejales abandonaron el gobierno local y con ellos cinco de los siete de Democracia Ourensana. De estos últimos dimitió uno, corrió la lista y, así, un grupo de tres personas quedaron al frente de la tercera ciudad de Galicia.

Pero contra todo pronóstico, Jácome resistió. Los meses fueron pasando y, a pesar de los evidentes síntomas de parálisis y del ataque frontal de los medios más cercanos a la Deputación de Ourense, no se apeó del cargo. Ni siquiera cuando el periódico local La Región, cercano a Baltar, publicó conversaciones telefónica en las que un asesor de Jácome ofrecía un puesto de trabajo a una de las concejalas díscolas de Democracia Ourensana si dimitía y dejaba paso al siguiente en la lista, fiel al alcalde.

La oposición, que además de los socialistas forman dos ediles del BNG y otros dos de Ciudadanos, no consiguió impulsar el cambio. El PP, clave para ello, decía que lo quería pero ponía todo tipo de excusas. La principal, que no se “fiaba” de Villarino, el líder socialista. Ahora que este cede el paso, Baltar ha encontrado otras.

“Las palabras de Villarino no valen nada”, señaló en un comunicado remitido apenas unas horas después de que el socialista hiciese pública su retirada. Le achaca una “tremenda falta de credibilidad” y lo califica de “ejemplo de la peor política”. Incluso admite que hace cuatro meses sí habló de acordar una moción con el PSOE si retiraba a su candidato, pero que “el escenario es otro”. “Otro” en el que, de momento, Gonzalo Pérez Jácome -y su imprevisible populismo de derechas- seguirá con el bastón de mando y los populares respaldándolo.

Lois Pereiro pasea por París. Setembro, 1989. Aínda non publicou ningún libro. Ao xeito do seu adorado Baudelaire, é un flâneur, observador atónito, asombrado ante o que o rodea pero sobre todo ante si mesmo. Centroeuropa como espello dunha intimidade fanada pola doenza e a adicción. Pequenos cadernos sérvenlle para anotar o mundo, ese mundo. “Non me importa o lugar do que veño, non me importa o lugar ó que vou; por qué sigo en pé en calquera parte na que estou?”, escribe nun bar da capital francesa. Inéditos até agora, a 25 anos da súa morte, a editorial Chan da Pólvora vén de rescatar os diarios de viaxe dun poeta marcado pola cultura post punk e fundamental para a poesía galega actual.

“Maintenant, c'est fini / Le voyage est là haut [Agora, rematou / A viaxe é o cumio]”, comezan os apuntamentos no tren que, por Irún (Euskadi), chega a Francia. Datados entre 1989 e 1996, estes Cadernos persoais -así é o título; a edición, do escritor Héctor Cajaraville- testemuñan a andaina do poeta por Francia, Reino Unido, Bélxica e Alemaña. A maiores, inclúe un dietario que inaugura no Nadal de 1995 e recolle os derradeiros escritos do autor: unha mestura de axenda de ocupacións, recoñecemento aos seres queridos e auscultación do propio estado de ánimo. “(Síntome nunha calma nerviosa pero prudente)”, di o martes 19 de marzo de 1996. Morrería apenas dous meses despois na Coruña, con 38 anos de idade. En 2011 protagonizou un dos máis populares Día das Letras Galegas dos que hai memoria e a súa figura difundiuse fóra de Galicia en numerosas traducións.

O período que percorren os cadernos coincide co da publicación dos seus dous libros de poemas, Poemas 1981/1991 (1992) e Poesía última de amor e enfermidade (1995). O poeta que non sabía, nin quería, separar a vida da obra emerxe nas súas páxinas. “Pero eu tampouco creo que o autor e a súa obra poidan separarse, como fai un carpinteiro ou un funcionario de Correos despois de ter rematado o seu traballo. De feito creo cada vez máis na íntima relación estética e moral dun artista e a súa arte”, explicáballe en 1985 ao xornalista, e amigo íntimo, Manuel Rivas. Frases que logo serán versos, bosquexos de poemas, aforismos apañados en autores como Peter Handke ou Paul Celan, amigos que veñen e van, o mesmo ambiente cosmopolita, políglota e existencialista que atravesa a súa poesía de sangue e metal, son algúns dos materiais consignados nestes diarios.

“Ise exilio interior que vive Europa, ese hábito de construír paraísos para podelos destruír”, declaraba na mesma entrevista con Rivas. Vaino comprobar na propia pel. Pasa por Düsseldorf, Hamburgo -o barrio vermello de Sankt Pauli-, Köln, Lovaina, Londres ou Aquisgrán. Esas cidades forman tamén a xeografía de cemento, angustia e historia en que deron por se asentar o seus poemas. Porque nos cadernos respira, de certa maneira, unha exhibición de vida e curiosidade polo exterior, que contrasta coa continuada presenza da morte, case como un presentimento. “Pero eu son L. Pereiro, o próximo cadavre”, escribe en marzo de 1991. Non falta nin un ano para que o seu primeiro libro confirme a estatura do escritor, cuxo traballo até ese intre aparecera en revistas e volumes colectivos. Cinco anos máis tarde estará morto.

A Pereiro determinouno a literatura de Mitteleuropa e a música derivada do punk. PiL, Joy Division ou os Sex Pistols comparecen na súa escrita ao carón de Rilke, Brecht ou Ánxel Fole. Atrapado polas enfermidades do capitalismo industrial -padecía sida, pero a súa morte deberase finalmente ás complicacións derivadas do aceite de colza-, diagramou unha poesía aguda como bisturí, confesional aínda que simbolista, poucas veces hermética. E, malia converter os seus libros, indica o editor dos cadernos Héctor Cajaraville, “en viaxes cara ao seu propio interior”, sempre atendeu ao proceso histórico. A súa perspectiva era libertaria. Non por acaso saúda nun poema esperanzado a insurrección do Exército Zapatista de Liberación Nacional que, en xaneiro de 1994, decreta o inicio das hostilidades globais contra o neoliberalismo. “En Alemaña hai no ar a violencia da revolta interior do seu espírito”, observa en setembro de 1989. “En Irún, en el electro, la miseria de varios portugueses que van a mi lado despierta en mí sombras antiguas, hace brotar la hiedra de lo evidente olvidado”, anota noutro momento.

Pero estes Cadernos persoais son, tamén, o obradoiro do poeta. Ideas para relatos nunca escritos, fulguracións e epifanías, rastros de lecturas e unha muller que pasa, anacos de canción, reflexións sobre o que mira, calquera cousa é digna de ser inscrita. “Creo que rachan o clixé que existe sobre el, o do poeta maldito e enfermo”, considera Cajaraville, “porque neles hai moito humor, unha persoa que goza descubrindo lugares novos, moita vida. Ademais, poden axudar a completar a visión sobre a súa obra”. O editor, que se encargou de transcribir uns diarios manuscritos de caligrafía endemoñada, intúe que neles se percibe “a simbiose entre o que escribe para si mesmo e o que escribe para publicar”.

Nun poeta como Pereiro esa liña difumínase. A súa poesía, especialmente Poesía última de amor e enfermidade, é como notas ao pé dos días. E os seus diarios ás veces adoptan forma de poema. “Eu creo que os cadernos non conforman tanto un laboratorio como un almacén con materiais para máis tarde desenvolver”, puntualiza Cajaraville, “pero si que me dan a entender que os poemas de Pereiro teñen unha orixe visceral, de inspiración, máis que un traballo miúdo”. Hai unha década que manexou estes apuntamentos por primeira vez. Transcribiunos, colocou as notas e traduciu -con apoio, di- os fragmentos en inglés, francés e alemán. Pero o traballo quedou nun caixón. Agora recuperouno Chan da Pólvora, a editorial que dirixe o tamén poeta Antón Lopo e, como Lois Pereiro, tamén de Monforte de Lemos.

Cadernos persoais incorpora ademais reproducións fotográficas dos mesmos e tres textos agrupados baixo o epígrafe Contornas. Un escribiuno o propio Cajaraville, É que fun deus algunha vez?, e relata a peripecia editorial do volume e a súa propia lectura de Pereiro. O segundo é de Fernando Saco, amigo do poeta e compañeiro de periplos: As viaxes de Lois Pereiro por Europa. O terceiro e peche titúlase O Lois viaxeiro e asínao a súa irmá Inés. Remata: “Terrazas, cervexas, caderniños, poesía, pés mallados de andar, un calvados, prazas, cemiterios… Estes son os recordos que teño das miñas viaxes con Lois [...] Entendín a súa forma de viaxar, e para ben ou para mal, agora eu non sei facelo doutra maneira”.

El segundo verano de la pandemia se vuelve a llevar por delante a los festivales de música más veteranos y que más público congregan en Galicia. El parte de bajas confirmadas empieza a ser elevado: el Resurrection Fest de Viveiro, El Festival Folk de Ortigueira y el PortAmérica han aplazado su llamada por segundo año consecutivo. Las gaitas, las guitarras distorsionadas y el pop rock del sur de Galicia tendrán que esperar a 2022.

El sector busca estos días concretar protocolos para los escenario pandémicos previsibles. Los organizadores piden una guía que les permita ir encajando las piezas de eventos que necesitan antelación para funcionar. El sentir general es que los festivales tendrán que adaptarse, pero la mayoría, los que no son de gran tamaño, se harán. Esta es la opinión de la presidenta de la Asociación Festivais de Galicia –que aglutina a ocho de ellos–, Raquel Seijo. Le preocupa, de hecho, la sobreprogramación. Los que dependen de la iniciativa privada, dice, procuran coordinarse para no competir en los meses en los que se puede ir de festival cada fin de semana. Pero cuando aparecen los de iniciativa pública, se vuelve “incontrolable”. Pensando en el flujo de fondos que la Xunta está canalizando hacia un Xacobeo prolongado a 2022, Seijo pide que ayuden a fortalecer la programación que ya existe en vez de “crear eventos nuevos por crear”. Las empresas dedicadas a esta actividad resisten “al límite” y con plantillas reducidas “al máximo”.

De los conciertos de grandes bandas que tradicionalmente promueve el Gobierno gallego en los años santos todavía no se ha anunciado nada. Sin embargo, la Xunta patrocinó ya en 2018 un festival con un nombre que ofrece pocas dudas sobre su inspiración: O Son do Camiño. En su segunda edición, la de 2019, congregó a unas 33.000 personas en Santiago de Compostela y para la edición de 2020 agotó en unas horas los abonos, pero no llegó a celebrarse. El responsable de una de las productoras, Kin Martínez, de Esmerarte, asegura que este año sí habrá festival. Las fechas anunciadas son a mediados de junio. “A ver qué podemos hacer, pero sí”, dice. Aunque tanto organizadores como asistentes saben que no se va a recuperar aún la normalidad anterior a la pandemia, la intención es “acercarse” a ella y evitar otro “año en blanco.” No es solo la necesidad de los propios eventos de mantener el vínculo con el público y el conocimiento de la marca, sino también el carácter “terapéutico” de la cultura y de la música en directo, reflexiona.

Martínez prevé una adaptación de formatos. Esmerarte, que está también detrás de PortAmérica –que empezó en Nigrán, pero pasó a celebrarse en Caldas en los últimos años– ha decidido aplazar este festival, pero va a hacer “una versión” después del verano para no perder presencia.

Este será el “año de transición”, opina el director del Revenidas, Xoán Quintáns, que espera ofrecer una edición adaptada entre el 8 y el 10 de septiembre, pero no tan “en conserva” como el año pasado. Este juego de palabras –las revenidas son sardinas– le valió al evento para dar nombre a los actos reducidos, con conciertos para 500 personas, que terminaron organizando en 2020. Las cifras se quedaron lejos de las hasta 4.000 personas que llegaron a acudir por jornada a este festival que se celebra en Vilagarcía de Arousa.

La pandemia les complica las cosas un poco menos a los formatos pequeños que a los grandes. El Resurrection Fest ha sido el último en anunciar el aplazamiento. Para ellos el reto era el de gestionar un festival que en 2019 reunió a 100.000 personas. Por su parte, el Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, un emblema cuya primera edición fue en 1978, confirmó hace unos días que se cancela este año. Los organizadores consideran que no es posible mantener “la total seguridad” de los asistentes durante el evento.

Entre los que no tienen la decisión tomada están el Work On Sunday (WOS) y el Melona Fest, ambos en Santiago. Este último solía programarse para abril, pero este año “nació aplazado”, porque los aforos que se permiten actualmente lo hacían “inviable”, explica Coque Dosil, de La Melona, la entidad que lo organiza. El año pasado lo retrasaron a otoño, pero la segunda ola de la pandemia impidió que se celebrase. En 2021 la decisión no se tomará en firme hasta junio, aunque los responsables se decantan por hacerlo y por contar con todas las bandas comprometidas para 2020 que puedan. Para el WOS la complicación principal deriva de que se organiza en espacios cerrados y de que buena parte de su público se desplazaba desde otras zonas u otros países. Su director, Iván Arias, asume que “tal y como se conoce no se puede hacer”. La alternativa, indica, pasa por llevarlo a exteriores. La decisión no está tomada y tendrá que esperar a la evolución de la pandemia y de las normas que la acompañen.

Kits anti-COVID–19

Todas las fuentes consultadas coinciden en reclamar al Gobierno central y a la Xunta que aclaren cuáles serán las restricciones en función de la incidencia y la evolución de la pandemia. El modelo que se puso a prueba con el concierto del pasado 27 de marzo de Love of Lesbian en Barcelona, para el que todos los asistentes se sometieron a un test de antígenos, no ofrece una solución para los eventos pequeños, opinan. Dosil, del Melona Fest, asegura que se lo plantearon, pero vieron que los costes se dispararían.

Kin Martínez, que es también presidente de ESmúsica, la Federación de la Música de España, explica que una de las líneas en las que trabajan es en la posibilidad de enviar a casa de los asistentes a festivales un kit anti-COVID–19, con un test de antígenos, mascarilla y gel y hacer luego otro cribado antes de los conciertos. Es una idea que está sobre la mesa, dice, pero lo que le urge al sector es “un protocolo”, igual en toda España, para saber qué condiciones de aforo y de distancia tendrá que cumplir en función de la situación epidemiológica. Subraya que la música en directo ha sido “ejemplar” desde que empezó la pandemia y eso debería “ayuda a tomar decisiones en el corto plazo” por parte de las administraciones.

Raquel Seijo recuerda que el año pasado no hubo brotes relacionados con los festivales que se celebraron en Galicia y pide a la Xunta, con la que se ha sentado a negociar, que lo tenga en cuenta y elabore ya un plan. “Ese no saber es lo que nos está matando a todos”, resume.

Una negociación inminente. Es lo que anuncian Xunta y Gobierno central en medio de la polémica generada sobre el territorio gris que se abre para gobernar la pandemia tras el levantamiento del estado de alarma, anunciado por Pedro Sánchez para el próximo 9 de mayo. Alberto Núñez Feijóo, primer presidente autonómico en aprobar una ley con reglas propias para controlar derechos frente a la COVID-19, se enfrenta a la pretensión del Gobierno de suspender su norma por la vía del Constitucional. A lo largo de las últimas semanas, los portavoces de San Caetano se han encomendado a la distribución de un único mensaje: “No tenemos plan alternativo”. Ambas partes tienes apenas dos días para llegar a un acuerdo que permita paralizar la suspensión de la norma gallega, prevista para este martes en el Tribunal Constitucional.

La actual situación se produce después de que Feijóo se apoyase en febrero en su mayoría absoluta para aprobar una ley autonómica que plateaba cuestiones tan polémicas como la posibilidad de obligar a vacunarse. Durante aquel debate parlamentario el PP no escuchó a la oposición que, de manera unánime, le recriminó el desborde de límites legales: regular derechos fundamentales con una ley autonómica. Moncloa no tardó en reaccionar y, tras pedir un informe al Consejo de Estado, anunció un recurso ante el Constitucional.

Desde ese momento, la Xunta se agarró a un único argumento: acusar al Gobierno central de no abrirse a negociar y actuar de manera unilateral. La insistencia ha sido de tal calibre que el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha acabado por aceptar una negociación y la posibilidad de abrir una comisión bilateral con el gobierno de Galicia. La decisión de negociar llega en el último minuto y a la espera de que el Constitucional confirme este martes la suspensión de los principales artículos de la norma gallega, en caso de que no haya fumata blanca. Los negociadores tienen apenas dos días hábiles para hablar: 48 horas, antes de que el órgano de garantías envíe el texto gallego al cajón de los papeles mojados.

Según informa Europa Press, El Gobierno central y la Xunta se sentarán de forma inminente en la Comisión Bilateral para tratar de solventar las diferencias en torno a la reforma gallega de la ley de salud, ante el recurso de inconstitucionalidad impulsado por el Ejecutivo que dirige el socialista Pedro Sánchez. Aunque todavía están cerrando fechas, tanto la Vicepresidencia Primera de la Xunta, departamento encargado de las relaciones institucionales, como el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, han iniciado los contactos para arrancar las negociaciones, según fuentes del Gobierno gallego. Las mismas fuentes han confirmado que este mismo viernes se ha producido un primer contacto telefónico entre el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, y el titular del Ministerio de Política Territorial, Miquel Iceta.

En los dos días hábiles que las dos partes tienen por delante, la Xunta deberá ofrecer garantías para retirar de su ley, actualmente vigente, los aspectos más polémicos y que el Consejo de Estado ha recomendado recurrir. Fuentes del Constitucional aseguran a elDiario.es que Moncloa podría desistir de su intención de recurrir la norma gallega. Pero esa decisión debe producirse antes del martes, día para el que está agendada la reunión en la que el órgano de garantías tiene previsto estimar el recurso presentado por el ejecutivo.

Desde que Feijóo aprobó su ley y el Gobierno decidió recurrirla se ha producido un acontecimiento que lo cambia todo: el anuncio de Pedro Sánchez de que el estado de alarma finalizará el próximo 9 de mayo. Desde entonces no han faltado las críticas de barones autonómicos que inciden en la falta de recursos legales para gobernar la pandemia sin capacidad de controlar las libertades individuales. En ese contexto es en el que se ha producido en intento de negociación entre Galicia y Madrid. Se busca un acuerdo en el último minuto.

La Xunta ha reconocido por primera vez que entre los efectos de la pandemia ha estado una paralización de la actividad asistencial normal en algunos momentos. Lo hace de forma indirecta, al admitir que se ha incrementado la demora media para consultas externas, pruebas y cirugías y aprobar un plan dotado con 15 millones de euros para que los profesionales sanitarios hagan refuerzos por las tardes para agilizar la atención a estos pacientes que están en lista de espera.

Las medidas para bajar esa demora las ha avanzado este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ante la prensa tras la reunión semanal del Consello. Dijo que su Gobierno sabe “perfectamente” que, con la pandemia, ha habido más demora. No ha crecido el número de pacientes en espera, sino el tiempo que aguardan para ser atendidos, ha puntualizado. Con esos 15 millones se pagarán las jornadas extra de sanitarios dispuestos a trabajar por las tardes para avanzar en las consultas externas, las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas pendientes. Serán, según los cálculos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) unos 230.000 actos asistenciales a mayores, de los que 115.000 serán pruebas; 92.000, consultas, y 19.000, cirugías.

El presidente gallego atribuyó la acumulación de retrasos a la segunda ola. En la tercera, dijo, no se suspendió la actividad quirúrgica. La Xunta recurrió entonces a centros médicos privados para programar cirugías que una sanidad pública al borde del colapso no era capaz de atender. Para acelerar el proceso, Feijóo recupera la visión de Galicia como un “hospital único”, en la que ya insistió cuando algunos hospitales se vieron desbordados por los ingresos con COVID-19 y tuvieron que derivar pacientes a otros centros. Para ilustrar lo que significa, Feijóo indicó que una resonancia magnética nuclear hecha en un hospital comarcal puede ser interpretada por un radiólogo de cualquier centro del Sergas. Puso otro ejemplo, el de un paciente que necesite una cirugía para la que no haya suficientes profesionales en su hospital. Podrá operarse, si está de acuerdo, en otras instalaciones, “normalmente las más próximas a su domicilio”. En cualquier caso, espera que la atención se preste dentro de la misma área sanitaria.

Rechazo a espaciar vacunas en mayores de 70

Con las vacunas de Janssen paradas por la propia farmacéutica y los vaivenes respecto a la de AstraZeneca, se ha puesto sobre la mesa en los debates del Consejo Interterritorial la posibilidad de espaciar las dosis de las vacunas más de lo que recomiendan sus fichas. Feijóo aclaró que el criterio en Galicia será el de no separar más los dos pinchazos en los mayores de 70 años. En el resto de la población esta alternativa “se seguirá estudiando”.

El presidente de la Xunta ha argumentado que sus asesores recomiendan respetar los plazos que marca la ficha de la vacuna que se está administrando a los mayores de 70 años, la de Pfizer. Para el resto ha manifestado que “ojalá” sea posible separar más las inyecciones, lo que permitiría llegar más rápido al resto de la población con al menos una dosis.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desconoce si su Gobierno tiene medidores propios para controlar los niveles de mercurio en la ría de Pontevedra. En respuesta a una pregunta directa al respecto tras la reunión semanal de su gabinete manifestó que no sabe este dato, después de que un informe interno remitido por Ence a la Consellería de Medio Ambiente advirtiese de que hay vertidos de este elemento por el proceso de desmantelamiento de la clorera Elnosa y avisase de que hay riesgo para la salud. El Gobierno gallego dijo a este periódico que “la presencia de un elemento en el suelo en una concentración superior al nivel general de referencia no tiene por qué suponer un problema”. El criterio para afirmar esto, aseguró hoy el jefe del Ejecutivo gallego, es “el de los técnicos en medio ambiente”.

Los primeros resultados de los análisis en la zona en la que se encuentra Ence -Elnosa, antigua filial, está dentro del mismo recinto- indican que los elementos detectados “no superan los límites establecidos por la normativa”. La Xunta ha pedido más información a la pastera. El requerimiento se hizo hace “algunos días” y la intención es, según Feijóo, “ratificar” que los valores están por debajo del máximo. “Si se superasen actuaríamos en consecuencia de forma inmediata”, agregó.

Defendió el papel de la Xunta en el proceso. La autorización que dio a mediados de 2020 la Consellería de Medio Ambiente para el plan de desmantelamiento de Elnosa se concedió porque “se comprobó que el proyecto era sólido”. Eso sí, “hay que ejecutarlo como está aprobado”, apuntó.

Ence, sin embargo, critica en su informe, fechado el pasado febrero, el proceso de descontaminación. Considera que no se tuvieron en cuenta los riesgos para los trabajadores y que no se incluyeron medidas de contención para evitar que el mercurio terminase en la ría a través de filtraciones. Cita el plan de desmantelamiento de Elnosa aprobado por la Xunta, que admite que podrían verse afectados no solo sus empleados, sino bañistas y consumidores de pescados y mariscos capturados en la zona.

El informe ha salido a la luz en un momento en el que Ence centra otra vez la polémica por su continuidad en la ría. La empresa asegura que la Ley de Cambio Climático pone en riesgo su actividad y la obligará a cerrar en 2033. Una prórroga de la concesión aprobada en funciones por el gobierno de Mariano Rajoy en 2016 permitía que la empresa se quedase hasta 2073. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que el PP presionó para “desactivar el proceso de control judicial” sobre la concesión de Ence en Pontevedra. La Xunta, por su parte, ha respaldado los argumentos de Ence y ha salido varias veces en su defensa.

El número de casos que se estudian en Vigo de personas contagiadas por dos variantes de la cepa brasileña de coronavirus se ha elevado a 30, según han confirmado fuentes de Sanidade, que han ratificado que se trata de dos grupos de personas jóvenes, menores de 30 años de edad. Según han informado fuentes sanitarias a Europa Press, se ha realizado un proceso previo denominado 'cribado de mutaciones PCR', en el que se han detectado 30 casos de contagiados por dos variantes de esta cepa.

Tras este primer filtro, Sanidade está llevando a cabo un proceso de secuenciación genética para ratificar esos casos y la variante a la que pertenecen. En ese proceso, han sido ya confirmados 6 casos, aunque “previsiblemente” el número aumentará en los próximos días, según el Sergas.

Los casos en estudio corresponden a dos grupos de personas menores de 30 años de edad y se está analizando el posible vínculo entre ambos, dado que “algunos casos tienen relación y otros no”.

Fuentes sanitarias han avanzado que, en próximos días, se realizarán cribados para detectar posibles contagios en gente joven, posiblemente entre 16 y 35 años, aunque todavía se está “definiendo” el grupo concreto de edad.

El origen de estos contagios, según explicó el responsable del servicio de Microbiología del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Benito Regueiro, está en dos personas que habían estado en el extranjero. En concreto, uno de los brotes se originó por un caso de un trabajador que llegó de Perú, y el otro por una persona que había viajado a México por motivos familiares.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a estos casos en su rueda de prensa tras la celebración del Consello de la Xunta, y ha expresado la “preocupación” de las autoridades sanitarias al respecto.

“Nos obliga a redoblar esfuerzos”, ha manifestado el jefe del Ejecutivo gallego, quien ha avanzado que la Dirección Xeral de Saúde Pública llevará a cabo un “estudio minucioso de todos los positivos y sus contactos”. Además, se van a intensificar los cribados de forma específica entre la población de menos de 30 años.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido una sentencia en la que reconoce, por primera vez en España, la existencia de discriminación por apariencia de discapacidad. La sentencia anula un despido y condena a una empresa a la inmediata readmisión de un trabajador, con el abono de los salarios dejados de percibir. El empleado fue expulsado de la entidad tras sufrir un accidente y ante el temor de que sus lesiones le reportarían una discapacidad a largo plazo.

Los magistrados consideran acreditado que un empresario de Ourense vulneró la prohibición de discriminar por apariencia de discapacidad al despedir a un empleado el mismo día que sufrió un accidente laboral, tras haberlo visitado en el hospital y comprobar que, aparentemente, sus lesiones no se curarían a corto plazo.

El trabajador, que conducía una furgoneta de reparto, fue atropellado al cruzar un paso de peatones el 20 de julio de 2020. Debido al accidente, fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue visitado por el empresario demandado, quien lo dio de baja en la Seguridad Social ese mismo día.

El TSXG subraya que esa “apariencia razonable de discapacidad” del empleado “la pudo apreciar” el empresario “de propia mano, al acudir al hospital a interesarse por su salud el mismo día del accidente”.

La “conexión temporal” entre el atropello, la visita hospitalaria y el despido es “tan fuerte”, según subrayan los jueces, “que no cabe ninguna otra conclusión más que asociar causalmente la apariencia de discapacidad con el despido, más si consideramos la ausencia de hechos que pudiesen acreditar una falta de diligencia previa en la prestación de servicios”.

La Sala entiende que los hechos objetivos, es decir, el atropello del trabajador por un vehículo que lo lanzó contra la calzada y su traslado de urgencia al hospital, configuran “una apariencia razonable de incapacidad duradera en la persona del trabajador, en el sentido de que sus dolencias no presentaban una perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo o que dicha discapacidad podía prolongarse significativamente antes del restablecimiento de esa persona”.

El TSXG recuerda en este fallo pionero en España que la persona es discriminada “por la discapacidad que, en base a una apariencia, el sujeto discriminador cree que tiene, con independencia de que esa persona tenga o no tenga una discapacidad”.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delito de blanqueo de capitales agravado al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, si bien la Sala reduce la pena de cuatro años de prisión que le impuso la Audiencia Provincial de Pontevedra a tres años y nueve meses al apreciar dilaciones indebidas en la causa, que se inició en 2009.

Igualmente, se ratifica la condena, con reducciones de penas por el mismo motivo, a la primera esposa de Sito Miñanco, Rosa Pouso; a su hija mayor, Rosa Prado Pouso; y al empresario Jose Alberto Agüin. El tribunal absuelve del mismo delito a la excuñada del narcotraficante porque los hechos por los que se le condenó no son concluyentes y suscitan una duda razonable que obliga a la absolución por el principio de presunción de inocencia.

La Sala Segunda del Supremo impone a Prado Bugallo tres años y nueve meses de prisión y una multa de cinco millones de euros -la Audiencia Provincial fijaba seis millones-; así como tres años y seis meses y multa de cinco millones a su exesposa; tres años y tres meses y multa de cuatro millones a su hija; y tres años y seis meses y multa de cinco millones al empresario Jose Alberto Agüin. Todos había sido condenados inicialmente por la Audiencia Provincial a cuatro años de cárcel.

La sentencia ratifica el resto de pronunciamientos de la Audiencia, que incluyen la clausura definitiva de la Inmobiliaria San Saturnino S.L. y el comiso de la totalidad de los bienes reflejados en los hechos probados.

El tribunal considera acreditado que los condenados formaron una estructura organizada marcada por intensos vínculos personales de sus integrantes y que blanquearon dinero procedente del narcotráfico entre 1988 y 2012, a través de sociedades instrumentales “constituidas para la ocultación y retorno de las ganancias obtenidas o vinculadas con las actividades de una enorme magnitud cuantitativa y cualitativa de narcotráfico en las que participó Sito Miñanco.

A juicio de la Sala, los hechos objetivos acreditados conducen a la conclusión de que Prado Bugallo “creó un modelo de transformación de las ganancias ilícitas derivadas de su actividad criminal prolongado durante más de 20 años en el que participaron las personas más próximas de su círculo más íntimo personal y familiar”.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha salido en defensa de Vox por la situación vivida en un mitin en el barrio madrileño de Vallecas, que derivó en lanzamientos de objetos y cargas policiales. “Los fascistas son los que tiran piedras, no los que dan mítines solicitando un voto democrático”, ha defendido. Ha considerado “sorprendente” que quienes están “apedreando” a un político le llamen fascista. A su juicio, “es al revés” y lo que “más se parece al fascismo” es interrumpir un acto electoral y “agredir soltando piedras”.

En España, ha agregado el barón gallego del PP, “el fascismo no tiene cobertura legal”. Ha agregado que este tipo de comportamientos no se vieron en la Transición y que “seguir hablando de esto 40 años después es decepcionante”.

Además, ha restado autoridad a quienes no habían nacido cuando terminó la dictadura para hablar de estos asuntos: “Hay gente que habla de lo que pasó hace 40 años sin saber lo que ocurrió porque ni existía”. Opina que, salvo que profundice en los libros de historia, “no tiene ni idea” de lo que dice. “Un poco de respeto por la historia y por la verdad, con independencia de que cada uno interprete la historia y tenga su verdad”, ha reclamado.