En el mundo sin ley que habitamos, una línea oscura une Járkov, Gaza y Jartum: la de la absoluta impunidad de los agresores y el desamparo total de los civiles ante el colapso del sistema internacional.

El 15 de abril de 2023 se inició una de las guerras más devastadoras de esta década: la que enfrenta en Sudán a las Fuerzas Armadas (SAF) con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Es una lucha de poder interna con ramificaciones internacionales que ha provocado una de las crisis humanitarias más pavorosas; fuentes de la ONU sugieren que la cifra podría superar los 150.000 muertos y más de 11 millones de desplazados. 25 millones de personas —la mitad de la población— necesitan ayuda humanitaria urgente.

Es el paradigma de nuestro “mundo sin ley”: Sudán está fuera de foco porque no pertenece a la geopolítica del “interés directo”. La intervención de las grandes potencias es más subrepticia y el conflicto no amenaza el suministro energético de Europa ni los microchips globales. Al no afectar directamente al bolsillo del primer mundo, la urgencia geopolítica desaparece.

Sudán es el ejemplo perfecto de la erosión de las instituciones multilaterales, acelerada por personajes como Putin, Trump o Netanyahu, que han normalizado la violación del Derecho Internacional y el desprecio por los mecanismos de control. Las resoluciones de la ONU —si se llegan a aprobar— se ignoran y los crímenes de guerra se cometen con total impunidad, evidenciando que el orden de posguerra está roto. En Sudán, el Derecho Internacional es papel mojado, como lo es en Ucrania, en Gaza, en el Líbano o en Irán.

Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU languidece en una parálisis burocrática, atrapado por el uso partidista del veto y una arquitectura de 1945 obsoleta para este 2026, el mundo se desliza hacia la selva sin ley

En un mundo donde solo rige la ley del más fuerte y las instituciones están bloqueadas, las víctimas se multiplican. A las 70.000 víctimas en el genocidio de Gaza se suman, tras el teórico alto el fuego, más de 700 muertes adicionales; en Cisjordania, casi 2.000 asesinados en un año. Mientras tanto, en el Líbano las víctimas alcanzan las 2.000, con cientos de miles de desplazados en una escalada que ya no busca solo seguridad, sino redibujar el mapa regional mediante la fuerza bruta.

La agresión a Irán ha dejado ya 3.000 muertos, evidenciando un tablero donde la diplomacia ha sido sustituida por el impacto de los misiles. Estos frentes responden a factores estratégicos claros: la aspiración sionista al ‘Gran Israel’, orientada a convertir a Israel en potencia hegemónica sin competencia en la región, el control de las rutas del petróleo y la demolición de regímenes soberanos para conseguir otros más maleables a los intereses israelíes y estadounidenses. Si miramos a Ucrania, la cifra de civiles muertos supera los 15.000, sumada a centenares de miles de soldados caídos en un frente convertido en tumba letal por el uso masivo de la sofisticada tecnología de drones.

Se dice, con razón, que esta situación es el resultado de un sistema que responde a poderosos y no tan ocultos intereses. Es cierto, pero no deja de causar pavor que el hilo que va de Járkov a Jartum esté en manos de personajes sin escrúpulos, imprevisibles y caóticos, que además tienen la posibilidad de pulsar el botón nuclear. Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU languidece en una parálisis burocrática, atrapado por el uso partidista del veto y una arquitectura de 1945 obsoleta para este 2026, el mundo se desliza hacia la selva sin ley.

Sin embargo, surge una grieta de esperanza: la movilización social. Millones de ciudadanos exigen hoy que el Derecho Internacional no sea un adorno en la estantería, sino un mandato sagrado. Reivindicar la revitalización de la ONU no es un gesto idealista, sino una condición de supervivencia para evitar que el planeta sea un sumidero de crisis olvidadas o un polvorín de guerras imperialistas basadas en la razón del más fuerte.

Solo cuando la conciencia global supere a la conveniencia geopolítica podremos transitar hacia un mundo reglado

El movimiento “No Kings” en EE.UU. es la expresión más potente de esa ciudadanía. El pasado 28 de marzo de 2026, más de 8 millones de personas salieron a las calles para exigir el fin de las ofensivas militares, conectando tragedias internas como la violencia policial con las guerras externas, bajo la idea de que un sistema que no respeta la ley en casa, tampoco lo hará fuera. Es la prueba de que, incluso en un mundo sin ley, la ciudadanía puede reintroducir la racionalidad.

Esta presión social es la única fuerza capaz de obligar a una reordenación profunda de las Naciones Unidas. Es también la que ha empujado a Europa a desprenderse del seguidismo norteamericano, o a que un gobierno —el de España— se sitúe en la avanzada internacional de las exigencias de paz y cordura.

Solo cuando la conciencia global supere a la conveniencia geopolítica podremos transitar hacia un mundo reglado. La paz no vendrá de los despachos que hoy callan, sino de la exigencia ciudadana de que la ley sea universal y los mecanismos de cumplimiento efectivos.

La esperanza reside en esa ola humana que despierta. Si logra imponerse, quizá podamos volver a un mundo donde la ley no sea un lujo, sino el suelo común que impide que Járkov, Gaza o Jartum se repitan. Ese es el horizonte que aún merece ser defendido.

Hace ya más de 20 años que resido en el barrio de la Macarena y puedo afirmar con orgullo que no hay otro lugar, ni en la ciudad de Sevilla ni en ninguna otra parte del mundo, donde preferiría vivir. Si, me encanta vivir en un barrio de clase trabajadora y multicultural, en el que al cabo de los años he tejido relaciones de buena vecindad y amistad, en un lugar donde la diversidad y la convivencia han sido siempre santo y seña de la identidad colectiva. Adoro mi barrio y eso, sin embargo, no me impide ser plenamente consciente de los problemas que sufrimos y que se han agravado durante los últimos años.

Porque mi barrio no es un barrio rico. Porque en mi barrio, como en el resto de barrios de clase trabajadora, se sufren las consecuencias de la subida de los precios, que complica más la vida a un creciente número de personas. Porque en mi barrio se siente la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, lo que condena a la pobreza a quienes no tienen un hogar en propiedad. Porque en mi barrio, donde se concentran la casi totalidad de los escasos recursos de atención destinados a las personas sin hogar de la ciudad, se percibe cada vez más un aumento de una pobreza que arroja a la calle a cientos de personas (según el INE entre 2022 y 2024 el número de Personas Sin Hogar aumentó en un 57,5%). Mi barrio, en resumen, tiene muchos problemas y, no obstante, el peor de ellos es la intolerancia y el odio, que se extienden como consecuencia directa del surgimiento de las autodenominadas “patrullas vecinales” y del despliegue de los boinas rojas, una nueva unidad de la Policía Local que emplea los mismos métodos y formas que el ICE, la policía migratoria de Donald Trump.

Porque hace ya más de 20 años, cuando me mudé a la vivienda que aún hoy comparto con mi pareja, comprendí perfectamente que me trasladaba a un barrio trabajador, con carencias en equipamientos públicos, con escasas de zonas verdes, con problemas de limpieza y donde también, hace ya más de 20 años, había personas que, estando en situación de exclusión social, se ganaban la vida ejerciendo de “gorrillas” (una palabra que detesto, por cuanto deshumaniza a las personas que se ven obligadas a ejercer esa actividad, y que, por tanto, no volveré a utilizar en este artículo).

Pero, ¿qué es lo que ha pasado durante estas dos últimas décadas? ¿Tanto se ha degradado la situación? Lo más relevante es que el abandono municipal ha cronificado y agravado los problemas que ya veníamos sufriendo. Y de ello han sido responsables gobiernos municipales de diferente color y signo, aunque, en honor a la verdad, nunca como ahora, bajo el mandato de José Luis Sanz, los vecinos y vecinas nos hemos sentido tan abandonados.

Y, ante todo esto, ¿cuál ha sido la reacción del Ayuntamiento de Sevilla? Pues el señor José Luis Sanz, ante el conato de incendio que sufre mi barrio, ha optado por echar más gasolina al incendio. Porque, igual que el árbol nos impide ver el bosque, las llamas ocultan la incompetencia municipal

Porque el Ayuntamiento prefiere destinar los recursos públicos para la limpieza a las zonas más turísticas, discriminando tanto a mi barrio como a la mayoría de barrios de la ciudad. Porque mi barrio sigue careciendo de zonas verdes y me basta con asomarme al balcón para ver cómo la mayoría de alcorques de mi calle, en los que deberían arraigar árboles que nos dieran cobijo y sombra, están vacíos. Porque hace ya años que se cerró el Centro Deportivo Municipal ‘Virgen de los Reyes’, las únicas instalaciones públicas para practicar deporte que existían. Y porque el recorte de plazas en el albergue municipal, unido al aumento de personas en situación de sinhogarismo, hace que aún sean más quienes, ante la imposibilidad de acceder a una cama, pernoctan en plena calle, al abrigo de cartones y mantas.

Ese es el contexto en el que surgieron las autodenominadas “patrullas vecinales”. La puesta en escena resultó escalofriante, pues durante sus primeras batidas individuos enmascarados amenazaban y expulsaban de la zona no solo a quienes aparcaban coches irregularmente, sino a cualquier persona sospechosa de ser pobre. Estas imágenes fueron las que saltaron a los medios de comunicación y colocaron en el foco al barrio de la Macarena. Ante las críticas, esas patrullas se apresuraron a informar que se habían establecido ciertas “normas”, como no ir enmascarados o dirigir sus acciones exclusivamente contra los aparcacoches. No obstante, en redes sociales han circulado vídeos en los que grupos más reducidos, que siguen ocultando sus rostros, hostigan, amenazan e insultan a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Aunque la mayoría de estas imágenes se retiran de las redes en cuestión de horas e incluso minutos, agresiones de esta índole se están produciendo porque se ha creado el caldo de cultivo que las justifica. Ojalá no tengamos que lamentar ninguna desgracia irreparable.

Hay que reconocer que la mayoría de las personas que han participado en estas patrullas son vecinos y vecinas cuya intención no es otra que denunciar la situación de degradación que sufre el barrio. Entre ellos, no obstante, también se ocultan algunos individuos con intenciones más perversas. Por ello, creo que la solución no puede ser la confrontación física y directa con quienes piensan diferente, sino el diálogo, el debate, la pedagogía y el trabajo de base, para que todos los vecinos que quieren una mejora para su barrio comprendan que los responsables de los problemas que padecen no son quienes menos tienen, sino los responsables políticos que nos han conducido a esta situación.

Permítanme que les traslade un caso particular. Se trata de una vecina que vive en mi mismo edificio. Su familia, como ella misma nos ha explicado, llega a fin de mes con una exigua pensión. Ella no solo participa fervorosamente en las patrullas, sino que, cada día y a todas horas, intenta convencernos al resto de vecinos que nos incorporemos a las mismas. Durante las últimas semanas no tiene otro tema de conversación y el argumento que más repite es que “no os dais cuenta de que esa gente gana cada día más dinero que cualquiera de nosotros”. Para ella, quienes aparcan coches de manera irregular son los causantes de todos sus males y desdichas, a pesar de que nadie en su familia tiene siquiera coche. Y esa es la gran amenaza que enfrenta nuestro barrio: un discurso que fomenta el odio para que la gente humilde dirija toda su frustración contra aquellos que aún tienen menos. Es la guerra del pobre contra el que es aún más pobre. Es el éxito de un modelo de ordenamiento social que pretende que amemos a quienes nos oprimen a costa de odiar a quiénes todavía sufren más.

Y, ante todo esto, ¿cuál ha sido la reacción del Ayuntamiento de Sevilla? Pues el señor José Luis Sanz, ante el conato de incendio que sufre mi barrio, ha optado por echar más gasolina al incendio. Porque, igual que el árbol nos impide ver el bosque, las llamas ocultan la incompetencia municipal. Hace tres semanas, en comunicado oficial, el gobierno municipal acusaba directamente a la población migrante de ser causante de los problemas de seguridad que sufre El Cerezo y tuvo que ser la propia Policía Nacional quien desmintiera semejante bulo. Apenas una semana después el señor Sanz anunció la creación de una nueva unidad policial, el Grupo de Apoyo y Reacción, del que forman parte los agentes de la Policía Local más hormonados y asiduos al gimnasio, a quienes se ha vestido con un uniforme paramilitar y con una llamativa boina roja. El primer cometido de estos agentes fue su despliegue en la zona de la Macarena, definida como un “barrio marginal”. El problema de fondo es que el alcalde de Sevilla no conoce la ciudad que gobierna. Fundamentalmente porque reside en un chalet del Aljarafe y porque solo ha pisado mi barrio y otros como el mío durante la campaña electoral o para hacerse alguna foto propagandística.

Todos los vecinos y vecinas que asistimos con perplejidad e incluso frustración ante este devenir de los acontecimientos tenemos la obligación de actuar. De manera pacífica y pedagógica. Poniendo encima de la mesa soluciones reales a los problemas que padecemos. Y, sobre todo, señalando a los verdaderos responsables de la situación, en lugar de criminalizar a quienes lo pasan aún peor que nosotros y nosotras

Hace semana y media pude comprobar con mis propios ojos el proceder de los boinas rojas. Caminaba por mi calle junto a mi pareja y apenas unos pasos por delante circulaba un joven cuyo único pecado era tener un color de piel más oscuro que el mío. Todo sucedió muy rápido. En un santiamén, tres roperos empotrados y con boinas rojas rodearon repentina y agresivamente al joven, al que, sin razón aparente que lo justificara, cachearon y exigieron su documentación. Algunas de las personas que observamos la escena intentamos pedir explicaciones, sin recibir respuesta por parte de unos agentes que acordonaron un perímetro alrededor del joven que estaba siendo retenido. Diez minutos después el joven recuperaba su libertad, porque no había hecho nada que justificara la actuación policial. El daño, sin embargo, ya estaba hecho.

Esta es la situación que se vive en mi barrio. Ya no solo hemos de sufrir las arbitrariedades de quienes juegan a ejercer de policías, sino que hay una unidad policial que actúa como si fueran fuerzas de ocupación en un territorio hostil, en lo que definen como una “una zona conflictiva”. Y es que la Macarena tiene muchos problemas, pero ninguno de ellos se va a solucionar con patrullas vecinales o con boinas rojas. Por ello, todos los vecinos y vecinas que asistimos con perplejidad e incluso frustración ante este devenir de los acontecimientos tenemos la obligación de actuar. De manera pacífica y pedagógica. Poniendo encima de la mesa soluciones reales a los problemas que padecemos. Y, sobre todo, señalando a los verdaderos responsables de la situación, en lugar de criminalizar a quienes lo pasan aún peor que nosotros y nosotras.

Aunque personalmente no me apetezca mucho, la próxima vez que me cruce en el portal de mi edificio con la vecina que apoya las patrullas vecinales, haré de tripas corazón e intentaré, con toda la educación del mundo, explicarle que es importante que denunciemos los problemas que padece el barrio, pero que lo más sensato es hacerlo frente a la sede del Distrito Macarena o incluso frente al propio Ayuntamiento, señalando a los verdaderos responsables de la situación que padecemos. Porque la solución nunca puede ser criminalizar a las personas más vulnerables.

En la actualidad existen signos evidentes de que, por desgracia, estamos viviendo una nueva etapa histórica mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa decide políticamente, ante una destrucción masiva de parte de su territorio y de sus infraestructuras, para evitar catástrofes humanitarias, asegurar a toda la población lo que se denominó Estado del Bienestar. Las familias podrían no tener suficiente dinero para financiar sus propias necesidades pero el Estado les procuraría sanidad, educación y protección social, todo ello por parte del sector público; es decir, atenciones que se prestaban sin desembolso económico. El método para poder llevar a cabo dicha histórica prestación estatal estaba claro: impuestos de forma solidaria. Los que más tienen más colaboran. De esta forma se alivian las desigualdades sociales, que desde hace decenios está evidenciado científicamente que matan.

Europa se convirtió en un ejemplo de gestión pública para el mundo y España se integró en esta dinámica a partir de superar la dictadura franquista y alcanzar mejores niveles democráticos. A partir de la década de los ochenta del siglo pasado, todas las personas, independientemente de sus posibilidades económicas, tenían asegurada la atención sanitaria, la educación a cualquier nivel, incluso la universitaria y, en cuanto a la protección social, debido a que la Ley de Dependencia se aprueba sin financiación, no se consiguieron niveles aceptables en su desarrollo.

Esta etapa de desarrollo social es la que está a punto de desaparecer. El motivo es muy evidente. El capitalismo (las personas e instituciones que trabajan a tope en alcanzar sus objetivos, que no son más que ganar cada vez más dinero, sin importar los millones de personas que se quedan al margen), que ahora se define como neoliberalismo, detecta que en ese campo del sector público, existen nichos de mercado muy atractivos. No se trata de sustituir a “lo público” sino de parasitar aquellas iniciativas que son comercialmente rentables. Por ejemplo, atender a las enfermedades “baratas” y “simples”, educar a los jóvenes más capacitados y no a los más complejos, etc.

Para conseguir estos objetivos son imprescindibles varias condiciones. Cuando el sector público funciona a plenitud de eficiencia es muy complicado convencer a la población de que necesita a la privada. Por lo tanto, lo primero que se necesita es deteriorar “lo público”. De ello se encargan los gobiernos que asumen el neoliberalismo. En sus programas políticos defienden “la colaboración público-privada”, que en la práctica significa un adelgazamiento de lo público y un predominio de lo privado en los aspectos que comercialmente sean rentables. Está dinámica está muy evidenciada ya en muchos países y desde hace muchas décadas. No hay dudas al respecto.

En Andalucía, la historia comienza a finales de la primera década de los años dos mil, estando en el gobierno andaluz el PSOE. Existía una crisis financiera de la banca europea y, para salvarla, la Unión Europea decide recortar financieramente el Estado del Bienestar: sanidad, educación y dependencia. Los efectos inmediatos fueron devastadores para la sanidad pública: miles de millones de euros menos, miles de profesionales sanitarios menos y todo comienza a desmantelarse, en un sistema sanitario público que había asombrado al mundo.

Cuando en 2015, el PP alcanza el gobierno andaluz, el deterioro de la sanidad pública les permite sus políticas privatizadoras y lo hacen de forma enérgica: las exploraciones complementarias más caras y sencillas, las intervenciones quirúrgicas más simples, etcétera, se derivan de forma masiva a entidades privadas. Las consecuencias son evidentes. La sanidad pública andaluza está desmantelada, sobre todo en Atención Primaria, que es el eje fundamental para su organización. De forma paralela, las entidades privadas están batiendo records de ganancias económicas, utilizando además a los médicos de la pública como mano de obra barata, ya que se permite trabajar en ambos sectores, en contra de nuestra opinión.

Por lo tanto, el reto está en RECUPERAR una “Sanidad 100% Pública”, tanto en financiación, gestión, provisión y mantenimientos sin “colaboración alguna con la privada”. Hay que acabar con las subcontrataciones que aumentan los gastos públicos y empeoran los resultados finales, porque las empresas privadas recortan en personal.

El sistema sanitario público que defendemos, de forma imprescindible, necesita tener las siguientes características: universal (atiende a todas personas), accesible (se atiende de forma inmediata), gratuita en el momento de la asistencia, solidaria (se financia con los impuestos por lo que la redistribución fiscal es vital: que aporten más quienes más tienen), equitativa (todas las personas reciben los mismo niveles de calidad en la asistencia), integral (no hay enfermedades caras), integrada (en niveles asistenciales progresivos), con programas de Salud Pública y Comunitaria (para promocionar la salud y no sólo combatir la enfermedad), con participación ciudadana real y efectiva (constitución de los Consejos de Salud en el seno de los Planes Locales de Salud de los Ayuntamientos) y de la máxima calidad en todos los sentidos.

Las movilizaciones sociales masivas, junto a las organizaciones que asuman estos planteamientos, son la herramienta para conseguir nuestros sueños. Ojalá los consigamos. Serán noticias muy buenas para la humanización de una sociedad cada vez más materialista e individualista, por seguir las consignas capitalistas.

Diez años después del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres, los feminismos vuelven a señalar las responsabilidades políticas y económicas que sostienen la impunidad global. En el marco del 8M, este artículo vincula su memoria con las guerras, el extractivismo y las luchas actuales por una vida digna para las personas y el planeta, en distintos territorios del mundo.

Este 8 de marzo, a diez años de la siembra de Berta Cáceres, los feminismos organizados volvemos a afirmar una verdad incómoda pero urgente: la vida sigue siendo sistemáticamente atacada por un modelo patriarcal, extractivo y militarizado que actúa con total impunidad.

Recordar a Berta hoy no es un ejercicio de memoria nostálgica. Es un posicionamiento político. Berta encarna una forma de hacer feminismo profundamente enraizada en los territorios, que entiende que defender los ríos es defender a los pueblos, que no hay justicia ambiental sin justicia social, ni defensa de la vida sin confrontar al poder económico y patriarcal que la amenaza.

Recientemente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha hecho públicos nuevos hallazgos sobre la planificación y financiación del asesinato de Berta Cáceres. Lo que se confirma es lo que los movimientos venimos denunciando desde hace años: su asesinato no fue un hecho aislado, sino parte de una estructura criminal organizada, con responsabilidades empresariales, estatales y financieras, que opera con impunidad en Honduras y en muchos otros lugares del mundo.

Vivimos una ofensiva global marcada por guerras, genocidios, militarización de fronteras y el poder creciente de las transnacionales. Un orden imperial que expulsa pueblos enteros de sus territorios, criminaliza la protesta y profundiza el machismo, el racismo y el colonialismo, mientras protege los intereses económicos y armamentísticos.

El feminicidio político de Berta Cáceres fue un mensaje dirigido a todas las mujeres y disidencias que defienden la vida. Sin embargo, no lograron silenciarla

Desde Abya Yala hasta África, desde Oriente Medio hasta Asia, los conflictos ecoterritoriales se multiplican. En Honduras, Guatemala, Colombia o Brasil; en la República Democrática del Congo, en Sudán o el Sahel; en Filipinas o la India, mujeres defensoras de la tierra, del agua y de los bienes comunes son perseguidas, criminalizadas y asesinadas por enfrentarse a proyectos mineros, energéticos, agroindustriales y armamentísticos que destruyen territorios y comunidades.

Las violencias machistas no son un exceso ni un fallo del sistema: son una herramienta de control y disciplinamiento. El feminicidio político de Berta Cáceres fue un mensaje dirigido a todas las mujeres y disidencias que defienden la vida. Sin embargo, no lograron silenciarla. Frente a la demagogia de la crueldad, los feminismos comunitarios, populares y afrodescendientes siguen construyendo una pedagogía de la vida, la memoria y la resistencia colectiva.

Los feminismos antimilitaristas denunciamos que no existen guerras “lejanas” ni conflictos “inevitables”. Hoy asistimos al genocidio del pueblo palestino en Gaza, sostenido por la ocupación y la impunidad internacional, mientras los cuerpos de mujeres, niñas y niños son utilizados como botín de guerra. Al mismo tiempo, el asedio permanente a Rojava intenta destruir un proyecto político feminista y comunitario que demuestra que otras formas de organizar la vida son posibles.

Las guerras, la represión y el expolio generan desplazamientos forzados. Los movimientos migratorios no son una elección individual, sino el resultado de un sistema global injusto que expulsa a millones de personas de sus territorios. En Europa, las políticas migratorias convierten las fronteras en espacios de muerte y niegan derechos básicos, especialmente a las mujeres migradas, que sostienen trabajos esenciales como el hogar y los cuidados en condiciones de precariedad y violencia institucional.

En este contexto, celebramos como una victoria colectiva el avance de la campaña de regularización de personas migradas en el Estado español, fruto de años de lucha del movimiento migrante y antirracista. La Iniciativa Legislativa Popular impulsada desde estos colectivos logró más de 700.000 firmas, abriendo el camino al reconocimiento de derechos largamente negados y visibilizando el papel central de miles de mujeres migradas que sostienen la vida.

Hoy, despertar es asumir colectivamente que frente a la guerra elegimos la vida; frente a la impunidad exigimos justicia feminista global; y frente a la deshumanización apostamos por comunidad, por la sororidad y por la esperanza

Frente a esta ofensiva global, los feminismos afirmamos con claridad que no hay justicia ambiental sin desmilitarización, ni defensa del territorio sin desmantelar el complejo militar-industrial. La guerra es una herramienta central del patriarcado global para sostener el saqueo y la acumulación, y por eso nuestra lucha es antimilitarista, internacionalista y radicalmente comprometida con la vida.

A diez años de la siembra de Berta Cáceres, reafirmamos una solidaridad feminista internacionalista, antirracista y decolonial. Defendemos una cooperación feminista que no busca “salvar”, sino caminar juntas, tejiendo alianzas para sostener la vida en común.

Como dijo Berta Cáceres al recibir el Premio Goldman en 2015: “¡Despertemos, Humanidad! Ya no hay tiempo.”

Hoy, despertar es asumir colectivamente que frente a la guerra elegimos la vida; frente a la impunidad exigimos justicia feminista global; y frente a la deshumanización apostamos por comunidad, por la sororidad y por la esperanza.

Es preocupante la (falsa) percepción cada vez más extendida en la sociedad, alimentada por el discurso de odio, de que nuestro país, nuestros pueblos y nuestras ciudades son lugares cada vez más inseguros a causa de la (falsa) ecuación de más migración es igual a más delincuencia.

La realidad es bien distinta: la población penitenciaria se ha reducido entre el año 2009 y el año 2024 en casi 17.000 personas: de 76.079 reclusos a 59.226). En el mismo lapso temporal, mientras que la población extranjera en España ha ido en aumento (un 25% entre 2009 y 2025, frente a un incremento del 3% de población “nacional”), la tasa de población penitenciaria disminuía, siendo las personas extranjeras las que más han contribuido, porcentualmente, al descenso de esas cifras. Porque el descenso de población penitenciaria extranjera desde 2009 a 2024 se cifra en un 28,82%, frente a la disminución de un 18,54% que observamos en población penitenciaria española.

Aun así, sigue habiendo una desproporción de personas extranjeras en prisión en relación a su peso en el total de la población, lo que contribuye a la falsa idea que vincula los procesos migratorios con la delincuencia. Cabe preguntarse el porqué de esa sobrerrepresentación. Y es que a las cárceles llegan las personas más vulnerables, extranjeras o no, y la situación de irregularidad administrativa, desgraciadamente, es una causa de vulnerabilidad muchas veces irreversible.

He visto cómo cuestionar una identificación arbitraria desemboca en un “delito de resistencia o atentado a la autoridad”, que supone penas de prisión. También como la venta ambulante de camisetas o CDs puede llevarte a prisión. Un sinsentido. Es habitual encontrar en prisión a personas que no han cometido delitos graves, sino delitos leves contra la propiedad, asociados además a graves situaciones de precariedad.

Las entidades que trabajamos en el entorno penitenciario conocemos de primera mano la vulnerabilidad judicial a la que se enfrentan; conocemos la dureza del paso por prisión de las personas migrantes, solas, sin redes de apoyo y en muchas ocasiones sin hablar ni siquiera nuestro idioma. Nadie a quien pedir ayuda o no saber cómo pedirla. Estar lejos de todo y de todos

Son los que padecen la necesidad extrema de sobrevivir, Los nadies, como escribió Eduardo Galeano, los que acaban llenando nuestras cárceles. Cabe señalar, por ejemplo, la tragedia de las mujeres latinoamericanas detenidas en los aeropuertos y condenadas por actuar en estado de necesidad. Son mujeres que provienen de la necesidad extrema. Mujeres que han tenido que separarse de su familia, dejando incluso a sus hijos al cuidado de otros familiares. No son delincuentes, en la mayoría de los casos se trata de su primer delito y su paso por la cárcel sólo empeora la situación de la que partían.

O la tragedia de los “patrones de embarcación”, que, como describe Samuel Huesca, jurista y miembro de Pastoral Penitenciaria de Salamanca y que conoce de primera mano la realidad penitenciaria, son: “Jóvenes migrantes, muchas veces los más pobres entre los pobres, los más vulnerables entre los vulnerables, que terminan condenados a penas altísimas bajo la acusación de dirigir o pilotar una patera. Jóvenes que no eran mafias. Jóvenes que no eran traficantes. Jóvenes que simplemente estaban en el lugar donde el sistema necesitaba un responsable. Jóvenes que quizá tocaron un timón unos minutos. Jóvenes que quizá fueron obligados. Jóvenes que quizá solo intentaban llegar vivos. Jóvenes que buscaban una vida mejor, un futuro posible, un lugar donde respirar. A esas personas se les ha impuesto cárcel. Se les ha impuesto estigma. Se les ha impuesto una pena desproporcionada”.

Otra cuestión que explica la estadística de personas extranjeras en prisión es que tienen más posibilidades de entrar en la cárcel, pues el porcentaje de prisiones preventivas se dispara; la falta de arraigo en el país, en la mayoría de los casos, inclina la balanza hacia la prisión provisional en lugar de hacia la libertad provisional, lo que contribuye a engrosar las cifras.

La misma lógica opera con la administración penitenciaria, pues las personas en situación administrativa irregular tienen muchas dificultades a la hora de obtener permisos de salida y, por tanto, de acceder a mayores cotas de libertad y ello pese a que en muchas ocasiones disponen de los mismos avales o incluso más cualificados. En definitiva, con la misma pena que un nacional, sufren más años efectivos de privación de libertad.

Las entidades que trabajamos en el entorno penitenciario conocemos de primera mano la vulnerabilidad judicial a la que se enfrentan; conocemos la dureza del paso por prisión de las personas migrantes, solas, sin redes de apoyo y en muchas ocasiones sin hablar ni siquiera nuestro idioma. Nadie a quien pedir ayuda o no saber cómo pedirla. Estar lejos de todo y de todos. El pasado 21 de diciembre de 2025 falleció una persona presa de origen nigeriano en el Centro Penitenciario de Tenerife II, en circunstancias que aún hay que esclarecer. Gracias a la Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia, se ha interpuesto una queja ante del Defensor del Pueblo para solicitar que se investigue y se averigüen las circunstancias de esta muerte y el grado de cumplimiento del Protocolo de Minessota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas, de Naciones Unidas.

Porque la vida de las personas presas también nos importan.

La pasada semana se anunció la próxima apertura de un proceso de regularización extraordinaria para las personas extranjeras que se encuentran irregularmente en España. El anuncio, realizado por los representantes de Podemos y refrendado, al día siguiente, por la aprobación en el Consejo de Ministros, supone un éxito de los movimientos sociales que, desde el año 2020, abogamos por la regularización extraordinaria e impulsamos la Iniciativa Legislativa Popular que, sin embargo, quedó bloqueada en el Congreso de los Diputados.

Quizá cabe lamentarse por el tiempo perdido, porque la fórmula que plantea el Gobierno para la regularización, la de modificar el Reglamento de Extranjería, podría haberse utilizado desde el primer momento. Bastaba, como en este caso, la decisión por parte del Ejecutivo que, de hecho, desaprovechó la reforma del Reglamento de Extranjería que se aprobó el pasado año.

En todo caso, bien está lo que bien acaba, y más aún cuando la Iniciativa Legislativa Popular ha permitido mostrar la fuerza de los colectivos de migrantes y racializados y del resto de organizaciones sociales que acompañamos en el proceso de recogida de firmas; y también que se debata en el Parlamento español sobre irregularidad hasta el punto de que el Partido Popular se vio obligado a votar a favor de la toma de consideración de la ILP.

Porque ciertamente, la irregularidad no beneficia ni al Estado ni a las personas que la padecen. La irregularidad únicamente es buena para una parte del poder económico, para esos empresarios que utilizan a las personas en situación irregular como mano de obra en condiciones de semiesclavitud. Porque las personas en situación irregular, además de vivir con el miedo de poder ser expulsadas y deshacer el camino de ida que con tanto esfuerzo recorrieron, soportan el peso de ser la víctima propiciatoria de la explotación, ya sea laboral, ya sea de otro tipo.

La irregularidad es una lacra que hay que eliminar. Esta es una frase que firmaría casi la totalidad de la sociedad. La cuestión es cómo se acaba con la irregularidad. Para la derecha y la ultraderecha la receta es la expulsión, sin valorar el coste humano, el sufrimiento y, también, sin tener en cuenta que esta expulsión en muchos casos no es posible, viable ni ejecutable.

Por tanto, la alternativa más lógica desde todas las perspectivas es la regularización. Desde nuestra perspectiva pro derechos, lograr que estas personas, que ya viven en el territorio, dejen de ser víctimas del sistema para ser sujetos de derechos es esencial en la construcción de una sociedad más inclusiva y más respetuosa.

Ni pueden votar (el voto está reservado para quienes tienen la nacionalidad española y las personas que se regularicen solo obtendrán el derecho a la residencia), ni va a provocar un efecto llamada. Sobre esta última afirmación, un dato muy claro: ninguna de las regularizaciones extraordinarias anteriores provocó un incremento de las llegadas

Los discursos que plantean esta regularización como un apocalipsis destilan racismo. Curiosamente, vienen también desde sectores supuestamente progresistas que destacan el interés de la patronal por esta regularización, para mantener condiciones laborales precarias. Sin embargo, la regularización tiene el efecto contrario, puesto que las personas que ya se encuentran en España, muchas de ellas siendo explotadas irregularmente, pueden pasar a exigir sus derechos laborales; si no en condiciones de igualdad con quienes tienen nacionalidad española, sí con una mayor garantía que la que le da, en este momento, una absoluta indefensión derivada de su situación irregular.

Con respecto a los discursos de la ultraderecha sobre esta cuestión poco cabe decir. Ni pueden votar (el voto está reservado para quienes tienen la nacionalidad española y las personas que se regularicen solo obtendrán el derecho a la residencia), ni va a provocar un efecto llamada. Sobre esta última afirmación, un dato muy claro: ninguna de las regularizaciones extraordinarias anteriores provocó un incremento de las llegadas.

Con todo, no se puede cerrar esta reflexión sobre la regularización sin plantear algunas exigencias al Gobierno. La primera, que se agilicen los trámites y el diseño del proceso permita la máxima amplitud para la regularización, algo que ciertamente ya parece que tiene cabida en el borrador de reforma que se ha filtrado. La segunda, que ese incremento en las cotizaciones y los impuestos del que tanto se habla como justificación materialista de la regularización se invierta, realmente, en mejorar aspectos sociales: ampliar el mercado público de vivienda, mejorar la educación pública, fortalecer la sanidad pública, reforzar los servicios sociales. Y, por último, que no haya que hacer más regularizaciones extraordinarias porque el diseño de las políticas migratorias estatales contemple la apertura de vías legales y seguras para la migración que eviten que las personas migrantes tengan que padecer todo el camino que supone la irregularidad.

Porque, no lo olvidemos, lo que ahora se contempla como un éxito, porque estas personas acceden al ejercicio de derechos, les ha supuesto en la mayoría de los casos un calvario de peligros, precariedad y temores.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el escenario geopolítico actual representa una de las amenazas más graves para el orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de etapas anteriores, en las que las intervenciones militares solían justificarse retóricamente en nombre de la democracia o los derechos humanos, el discurso impulsado por Donald Trump prescinde incluso de esa legitimación simbólica. La apelación directa al poder, a la fuerza y al interés nacional desnudo, acompañada del desprecio abierto por los acuerdos multilaterales y el derecho internacional, configura un contexto profundamente alarmante para la paz, la autodeterminación de los pueblos y la protección de las poblaciones civiles.

El sistema internacional, sustentado en la Carta de las Naciones Unidas y en el principio de resolución pacífica de los conflictos, atraviesa una crisis estructural. Durante décadas, incluso las acciones más cuestionables de las grandes potencias se envolvían en un lenguaje normativo que apelaba a valores universales. Hoy asistimos a una ruptura clara de ese marco: el unilateralismo ya no se disfraza, sino que se presenta como virtud política. Esta mutación del discurso marca un punto de inflexión histórico que debilita gravemente la arquitectura jurídica internacional.

En este contexto, las acciones impulsadas por la administración Trump constituyen un ejemplo paradigmático. La intervención militar en Venezuela, que incluyó bombardeos en Caracas, otras zonas estratégicas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, sumada a amenazas explícitas o implícitas hacia otros países y territorios como México, Colombia, Cuba, Groenlandia o Irán, evidencia una concepción del poder que se sitúa por encima de la legalidad internacional. Desde la óptica del derecho internacional, el uso de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o sin una legítima defensa demostrable constituye una violación grave de la Carta de las Naciones Unidas, con consecuencias directas sobre los derechos humanos de las poblaciones afectadas.

Estas estrategias discursivas reproducen patrones ampliamente documentados por la historiografía del siglo XX, incluidas las nazis: glorificación del líder, construcción de enemigos absolutos, deslegitimación de toda crítica y apelación constante al miedo o a la salvación

América Latina ocupa un lugar central en este escenario. La persistente visión de la región como un espacio subordinado, frecuentemente descrito como el “patio trasero” de Estados Unidos, continúa influyendo en prácticas de injerencia política, económica y militar. Esta concepción, heredera de una larga historia de colonialismo y dominación, reduce la soberanía de los pueblos latinoamericanos a una variable secundaria frente a intereses estratégicos externos, negándoles su condición de sujetos políticos plenos.

La cuestión de los recursos naturales refuerza esta lógica. El control de petróleo, minerales estratégicos y territorios geopolíticamente clave se presenta como una necesidad de seguridad nacional o como una prerrogativa del poder hegemónico. Sin embargo, la explotación de recursos mediante la coerción militar o la amenaza de la fuerza contradicen los principios fundamentales del derecho internacional y del derecho de los pueblos a decidir sobre su propio desarrollo. Estas prácticas reproducen dinámicas históricas de despojo que han marcado profundamente a la región.

Un elemento central de este nuevo escenario es la guerra cognitiva. El ejercicio del poder ya no se limita al ámbito militar o económico, sino que se despliega de manera sistemática en el terreno simbólico. A través de narrativas simplificadas, emocionalmente cargadas y repetitivas, se construyen discursos que normalizan la violencia, deshumanizan al adversario y exaltan la figura de un líder fuerte presentado como única solución posible. En este punto, la democracia no solo deja de ser un objetivo, sino que desaparece del lenguaje político como valor relevante.

Estas estrategias discursivas reproducen patrones ampliamente documentados por la historiografía del siglo XX, incluidas las nazis: glorificación del líder, construcción de enemigos absolutos, deslegitimación de toda crítica y apelación constante al miedo o a la salvación. En el ecosistema digital contemporáneo, las redes sociales actúan como amplificadores de estas narrativas, facilitando su difusión masiva y debilitando la capacidad de análisis crítico.

El papel de las Naciones Unidas en este escenario resulta profundamente cuestionado. La incapacidad del organismo para prevenir o sancionar eficazmente acciones unilaterales de grandes potencias ha debilitado su autoridad moral y su legitimidad

Resulta especialmente inquietante observar cómo estos discursos han sido internalizados y reproducidos por sectores de la diáspora venezolana. Las plataformas digitales se encuentran inundadas de mensajes que replican casi de forma literal la retórica de Trump, presentándolo como un salvador de Venezuela e incluso como una figura destinada a imponer un nuevo orden mundial. Este fenómeno no puede comprenderse únicamente como una elección ideológica individual, sino como el resultado de procesos prolongados de manipulación cognitiva en contextos de crisis profunda, trauma social y desesperanza colectiva.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, esta situación plantea una doble amenaza: por un lado, la normalización del militarismo y la violación de la soberanía estatal; por otro, la erosión de la capacidad crítica de las sociedades, debilitadas por narrativas que justifican la violencia y trivializan sus consecuencias humanas. Cuando la fuerza sustituye al derecho y la propaganda reemplaza al debate democrático, los derechos humanos se convierten en las primeras víctimas.

El papel de las Naciones Unidas en este escenario resulta profundamente cuestionado. La incapacidad del organismo para prevenir o sancionar eficazmente acciones unilaterales de grandes potencias ha debilitado su autoridad moral y su legitimidad. Esta parálisis refuerza la percepción de que el orden internacional basado en normas está siendo reemplazado por una lógica en la que el poder impone sus propias reglas.

Un llamado desde los derechos humanos

Desde las organizaciones de derechos humanos advertimos que este rumbo representa un grave retroceso histórico. La defensa de la soberanía, del derecho internacional y de la dignidad humana no es una postura ideológica, sino una obligación ética y jurídica. En un mundo donde la democracia ha sido expulsada incluso del discurso que justifica la guerra, reafirmar los derechos humanos es hoy un acto de resistencia y de responsabilidad colectiva.

Hay una sensación cada vez más generalizada de que hemos entrado en una fase en la que ya da igual todo. Da igual vulnerar derechos humanos a gran escala o banalizar siglos de opresión en un gesto público.

El lunes asistimos, pese a las numerosas voces que le venían aconsejando lo contrario, al blackface del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. El blackface no es un disfraz inocente: arrastra una historia de burla, deshumanización y negación de la dignidad de las personas negras. Reducirlo a una broma o a una tradición es ignorar deliberadamente esa carga histórica y enviar un mensaje claro: hay heridas que pueden tomarse a la ligera, hay andaluces y personas extranjeras que aquí residen que, para no aguar la fiesta, deben resignarse y callarse.

Quienes señalamos el racismo del blackface somos acusados de exagerar, de no tener sentido del humor, de importar conflictos ajenos. El mensaje implícito es claro: mejor no molestar, mejor aceptar la broma, mejor asumir que hay celebraciones en las que algunas dignidades sobran. Pero esto va de quién paga el precio del silencio. Cuando se exige a unos que callen para no estropear el ambiente y a otros que relativicen porque “hay cosas más importantes”, lo que se está protegiendo no es la convivencia, sino el privilegio de no tener que rendir cuentas.

Es la misma lógica con la que durante años se ha normalizado reír las astracanadas de Donald Trump. Se presentaban como extravagancias, provocaciones de alguien un poco maleducado o infantil pero genuino, natural, sin consecuencias reales. Se pedía paciencia, distancia, sentido del humor. Y mientras tanto, el discurso del odio se institucionalizaba, se desplazaban los límites de lo decible y se acostumbraba a la sociedad a convivir con lo inaceptable.

Que este episodio de la Cabalgata de Reyes Magos con poca magia y menos ángel se diluya en la indolencia en la que chapoteamos últimamente refuerza una idea peligrosa: que la dignidad también es negociable, que depende del contexto, del cargo o del clima mediático. Y cuando se acepta eso en lo simbólico, en lo estructural encuentra un terreno fértil para avanzar sin resistencia.

La normalización de que el poder pueda dañar sin asumir el daño, que la incomodidad recaiga en quien protesta o defiende a los vulnerables, no llega como ruptura, sino lentamente, por sedimentación, generando la indiferencia moral de la sociedad

Aunque a priori, las hechuras de nuestro presidente y el de los Estados Unidos de América puedan parecer antagónicas, ambos son pertinaces compartiendo un mismo objetivo: la conversión del daño en espectáculo y del abuso en algo asumible. Primero se presenta como provocación, luego como costumbre y finalmente como paisaje. Así, se desplaza el umbral de lo intolerable hasta que reclamar derechos parece exagerado y exigir respeto, molesto. La probadura de los límites simbólicos prepara la normalización de abusos más graves, como amenazar, intervenir y apropiarse de recursos estratégicos de otros países.

La normalización de que el poder pueda dañar sin asumir el daño, que la incomodidad recaiga en quien protesta o defiende a los vulnerables, no llega como ruptura, sino lentamente, por sedimentación, generando la indiferencia moral de la sociedad. Desde el enfoque de derechos humanos, esta indiferencia lejos de ser neutral es profundamente política. La universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos no significan que todo sea igual, sino que todo importa. Pero esa lógica se resquebraja cuando el relativismo cultural y político deja de servir para comprender la diversidad y pasa a funcionar como coartada: se diluye la responsabilidad hasta que ya no queda nadie a quien exigirle nada.

En paralelo, se ha desacreditado la validez del multilateralismo y de los organismos internacionales, privándolos de recursos y autoridad. No porque no funcionen, sino porque aún funcionan lo suficiente como para incomodar: para recordar que existen reglas comunes, responsabilidades compartidas y límites que Trump, Milei o Putin y sus aliados prefieren ignorar. Al mismo tiempo, hemos cedido el poder colectivo –que antes confiábamos a partidos y estructuras colegiadas– a individuos, confundiendo su bisoñez con nuevos liderazgos disruptivos y sus gestos provocadores con audacia. Hemos premiado la estridencia y permitido que instrumentalicen el derecho para su beneficio empresarial o personal, normalizando la concentración del poder y debilitando las estructuras que antes contenían los abusos.

Aunque individualmente no estamos cómodos con este ruido constante, refugiarse en nuevas espiritualidades de escaparate o volver a dios como gesto estético no lo va a acallar: no se trata de consuelo, sino de asumir responsabilidad. Los derechos humanos no son fe ni emoción: son una ética universal construida en común para cuando el mundo parece desorientado. Quizás, el verdadero desafío no sea inventar nuevos relatos, sino sostener esta ética mínima, respetando los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando todo invita a abandonarla. Esta ética no exige creencias, sino coherencia, y obliga a mirar el racismo banalizado, el autoritarismo justificado y la normalización de ilegalidad internacional con el mismo criterio: el de la dignidad humana.

Trump no necesita disimular ni guardar las formas, porque llevamos tiempo aplaudiéndoselo, y ya no oculta que todo lo hace en beneficio de quienes sí le importan, los ultrarricos

Maduro ha cometido graves violaciones de derechos humanos, con represión, persecución de la disidencia y degradación institucional que no pueden justificarse ni ignorarse. Pero denunciar esos abusos no significa que el Derecho Internacional pueda ser ignorado: el secuestro de Maduro y su esposa, Cilia Flores, junto con las sanciones unilaterales y las operaciones militares recientes de Estados Unidos sobre Venezuela, vulnera flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, ignora la soberanía y la dignidad de un pueblo y sienta un precedente muy grave que amenaza la estabilidad internacional.

Trump, primero con Ucrania, luego con Gaza, Siria y ahora con toda América Latina, ha ido jactándose con cada vez menos reparo de poder desplegar gobiernos paralelos allí donde quiere, de apropiarse de recursos estratégicos y violar normas nacionales e internacionales. En esta última comparecencia, tras la captura de Maduro, no ha mencionado las palabras “derechos humanos” o “democracia”, ni el supuesto beneficio que toda esta política de asedio pudiera, hipotéticamente, reportar al mundo, ni tan siquiera al estadounidense medio. No necesita disimular ni guardar las formas, porque llevamos tiempo aplaudiéndoselo, y ya no oculta que todo lo hace en beneficio de quienes sí le importan, los ultrarricos. Ese silencio impuesto sobre la democracia, sobre la vigencia de las leyes y sobre la protección de los intereses públicos –la dignidad colectiva, la igualdad como pueblo y como personas– se refleja, a menor escala, en el silencio que se exige a quienes sufren racismo, para que la incomodidad no rompa la ilusión –la de algunos más que la de otros–.

Los derechos humanos no se erosionan solo cuando se violan, sino cuando se relativizan hasta volverse irrelevantes: cuando se acepta que algunas dignidades pueden sacrificarse, que ciertos daños son asumibles y, al final, que ya da igual todo.

Durante años Sevilla ha tolerado que cientos de personas vivan y duerman en la calle sin garantizarles derechos básicos. Durante años ha carecido de una estrategia seria para erradicar el sinhogarismo, ha infradotado los recursos, se ha instalado en el asistencialismo y ha mirado hacia otro lado mientras la vivienda se convertía en un lujo inalcanzable para una parte creciente de la población. Ahora, cuando la pobreza ya no puede esconderse bajo las alfombras del centro turístico, se finge sorpresa. No estamos ante una novedad inquietante, sino ante la consecuencia lógica de un abandono institucional prolongado.

Nos preocupa que comiencen a proliferar relatos mediáticos que contribuyen a normalizar esta situación, desplazar responsabilidades políticas y, lo que es más grave, que sirva de coartada para preparar el terreno de nuevas medidas de exclusión, presentadas como inevitables o necesarias para preservar la “convivencia” o la “imagen de la ciudad”.

El reciente artículo publicado en Diario de Sevilla bajo el título “Los caídos al raso de Sevilla” es un ejemplo claro de este giro preocupante. Bajo una aparente mirada descriptiva, el titular y su entradilla construyen un marco profundamente peligroso. Presentan la presencia de personas sin hogar en el centro de la ciudad como una novedad inquietante, casi como una anomalía urbana creciente, cuando en realidad se trata de una realidad estructural, conocida y denunciada desde hace años por las entidades sociales. La única novedad es que son ya tantas que no pueden ocultarse con facilidad.

Nombrar como "indigentes" a las personas sin hogar las despoja de su condición de ciudadanas y de sujetos de derechos, reduciéndolas a un problema urbano

Resulta especialmente grave que el artículo anticipe el próximo conteo municipal desde el temor, hablando de un posible “repunte” y afirmando que este demostrará que “hay nuevas calles del centro que son tomadas cada noche”. Ese lenguaje no es neutro ni casual. Hablar de calles “tomadas” introduce deliberadamente un marco de ocupación y amenaza, propio del discurso securitario, como si estuviéramos ante un problema de orden público y no ante personas a las que se les ha negado el derecho más básico: tener un hogar. Y aunque se hable de sus derechos en el texto del artículo, la elección de la entrada no puede ser más desafortunada. 

A ello se suma el uso reiterado del término “indigentes”, una palabra cargada de connotaciones históricas y sociales que deshumaniza, estigmatiza y expresa una forma clara de aporofobia. No es una cuestión semántica menor: nombrar así a las personas sin hogar las despoja de su condición de ciudadanas y de sujetos de derechos, reduciéndolas a un problema urbano. El lenguaje construye realidad, y cuando se habla de “indigentes” que “toman calles”, se legitima la idea de que el problema no es la exclusión social, sino su visibilidad.

Este marco discursivo conecta directamente con lo que venimos denunciando desde hace años: la violencia institucional que se expresa en la falta de políticas de vivienda, en la infradotación crónica de recursos, en las trabas al empadronamiento y en la tendencia a gestionar la pobreza como algo que hay que esconder, desplazar o contener en lugar de erradicarla desde los derechos. El miedo y la estigmatización sustituyen así la responsabilidad política.

Se ha consolidado una lógica de profunda injusticia: expulsar la pobreza del centro turístico y concentrarla en barrios ya empobrecidos, cargando sobre ellos el coste social de la exclusión

Desde hace lustros Sevilla ha carecido de una estrategia municipal seria contra el sinhogarismo. Los recursos han sido insuficientes, fragmentados y centrados en un modelo asistencialista que cronifica la exclusión. La vivienda pública ha brillado por su ausencia como eje central de la política social. Y, paralelamente, se ha consolidado una lógica de profunda injusticia: expulsar la pobreza del centro turístico y concentrarla en barrios ya empobrecidos, cargando sobre ellos el coste social de la exclusión.

En este contexto, la ausencia de datos públicos rigurosos durante años por parte del Ayuntamiento de Sevilla no es casualidad, sino una forma de gobernar sin rendir cuentas. Es relevante que el anuncio de un nuevo conteo llegue solo después de las denuncias públicas realizadas por los colectivos sociales, coincidiendo con fechas tan significativas como el Día de las Personas Sin Hogar y el Día Internacional de los Derechos Humanos. No se trata de iniciativa política, sino de reacción tardía ante la presión social.

Que ahora se pretenda presentar ese conteo como un gesto de diligencia resulta difícil de sostener cuando Sevilla llevaba años sin datos públicos y rigurosos actualizados, mientras que desde entidades como APDHA, Cáritas u HOGAR SÍ advertíamos reiteradamente de un aumento sostenido de personas viviendo en la calle. 

Sin embargo, la política de parches, invisibilización y gestión punitivista del sinhogarismo no es una excepción sevillana, sino una práctica extendida en el resto de Andalucía y en buena parte del Estado. Las consecuencias de este abandono institucional no son abstractas. Un ejemplo concreto podemos verlo en Granada, donde, desde el año pasado, 14 personas sin hogar han fallecido mientras dormían en la calle, recordándonos de forma brutal que el sinhogarismo no es solo exclusión, sino también riesgo vital. Cuando las instituciones normalizan que alguien viva a la intemperie, también normalizan que se pueda morir en ella.

Frente a la narrativa del miedo y de la criminalización de la pobreza, reclamamos políticas de dignidad

Los datos que manejamos son, además, alarmantes: más de 700 personas sin hogar, centenares durmiendo en la calle cada noche, recursos estructurales insuficientes y saturados. Según el INE, una media diaria de 34.145 personas se alojó en centros de atención a personas sin hogar, un 57,5% más que en 2022 como refleja la Encuesta de Centros y Servicios de Atención a las Personas Sin Hogar 2024.

Existen alternativas conocidas y avaladas por la experiencia como el modelo Housing First, la vivienda pública en alquiler social, el empadronamiento sin trabas, la distribución equitativa de recursos por toda la ciudad, la remunicipalización de servicios y la participación real de las personas sin hogar en el diseño de las políticas que les afectan, porque frente a la narrativa del miedo y de la criminalización de la pobreza, reclamamos políticas de dignidad.

No hay nada “inquietante” en que el conteo vaya a mostrar más personas sin hogar. Lo inquietante es otra cosa, que llevemos años aceptando como normal lo que es una emergencia de derechos humanos. Y que, en lugar de hablar de vivienda, se hable de “indigentes”, en lugar de hablar de responsabilidades, se hable de “calles tomadas” y en lugar de políticas públicas, se ofrezca miedo.

Si Sevilla se mira al espejo después de Navidad, que no se engañe. Lo que verá no es un “repunte” inesperado, sino el resultado de decisiones políticas sostenidas en el tiempo. Porque una ciudad que convierte a las personas sin hogar en un problema de imagen para el centro, ya ha perdido el centro, el centro moral.

La llegada del 10 de diciembre, conmemoración del Día Universal de los Derechos Humanos, supone para la APDHA la ocasión anual para reflexionar sobre la situación de los derechos humanos y el trabajo que desde nuestra organización venimos haciendo, desde 1990, en defensa de los derechos de las personas excluidas que sufren situaciones de vulnerabilidad muy grave.

Este año, como ya viene siendo casi una tradición en la última década, lo hacemos en un entorno cada vez más complicado, entre otras muchas razones, por el impacto de los discursos de odio que viene cultivando la extrema derecha y que afecta especialmente a los jóvenes. Los mismos jóvenes con los que la APDHA trabaja en colegios e institutos para desmontar estos mensajes y volver a prender la llama de la defensa de los derechos humanos en las generaciones del futuro.

Podríamos reiterar algunas de las advertencias que venimos haciendo sobre el peligro de la ultraderecha y estos discursos de odio en la convivencia social, porque trabajamos intensamente para erradicar de nuestra tierra la xenofobia, la aporofobia y el machismo que se cultivan en esos espacios y que impactan en una parte relevante del tejido social.

Sin embargo, este año tenemos motivos para transmitir un mensaje optimista: una vez más se ha demostrado que cuando la sociedad se organiza y se manifiesta, logra avances relevantes. Sin lugar a dudas, el mejor ejemplo han sido las movilizaciones contra el genocidio que el Estado sionista de Israel está perpetrando en Gaza.

La movilización es imprescindible para la lucha por los derechos. Es la única vía para alcanzar resultados tangibles que, aunque de momento sean parciales o no plenamente satisfactorios, nos muestran el camino a quienes buscamos construir un mundo mejor

Las manifestaciones, concentraciones y movilizaciones que se han llevado a cabo en las calles de Andalucía, del resto del Estado y de otros países del mundo, unidas a otras acciones como la de la Flotilla de la Libertad o el rechazo de la participación del equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España, han visibilizado el rechazo de la mayor parte de la humanidad frente a estos gravísimos crímenes y han provocado que gobiernos como el español adoptasen una postura más clara contra los autores de esta masacre. Y aunque la situación en Palestina sigue sin respetar los derechos de los habitantes de la Franja de Gaza y Cisjordania y el ejército sionista continúa atacando a ciudadanos palestinos indefensos, es evidente que las movilizaciones sociales llevaron a muchos Estados como el nuestro a intensificar sus posiciones contra el genocidio y forzaron al Estado sionista de Israel a aceptar el plan de paz.

En un ámbito más cercano, podemos ver otro ejemplo de movilizaciones que ha logrado influir de forma determinante, aunque aún insuficiente, en las decisiones políticas. Nos estamos refiriendo a la respuesta social frente a la denominada crisis de los cribados. Las calles andaluzas se llenaron de personas que quisieron apoyar el dolor de las mujeres afectadas y mostrar su rechazo frente a las políticas de recortes sanitarios y privatización que la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla viene implementando desde su llegada al Palacio de San Telmo. Una realidad que las movilizaciones de la marea blanca venían poniendo de relieve desde hace años y que con la revelación de la desastrosa gestión de los cribados del cáncer de mamá provocó una reacción inmediata de gran parte de la ciudadanía andaluza, hasta el punto de que la consejera de Salud, Rocío Hernández, no tuvo otra opción que dimitir.

Tan importante es la movilización social que Moreno Bonilla ha nombrado como consejero a una persona que ha estado más preocupada en dinamitar las movilizaciones y las asociaciones que las impulsaban que en solucionar el problema de la sanidad en Andalucía.

Ante la ola de pesimismo que nos sacude podríamos centrarnos en que en ambos casos no se ha alcanzado la solución que mejor garantiza los derechos de las personas. Es cierto, pero también podemos albergar la esperanza porque la evidencia que nos ofrece estos ejemplos es que la movilización es imprescindible para la lucha por los derechos. Es la única vía para alcanzar resultados tangibles que, aunque de momento sean parciales o no plenamente satisfactorios, nos muestran el camino a quienes buscamos construir un mundo mejor. Por eso, este 10 de diciembre, desde la APDHA volvemos a reclamar una sociedad movilizada, una sociedad que salga a la calle a defender los derechos humanos.

El 25 de noviembre, el movimiento feminista vuelve a organizarse para reivindicar, como cada año, una vida libre de violencias machistas. Una jornada que llega una vez más marcada por el incumplimiento sistemático, por parte de las instituciones y entidades públicas, de su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, generando múltiples violencias machistas que repercuten en la vida de miles de personas.

Hace unas semanas, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA) denunció el fallo masivo en los cribados de prevención del cáncer de mama realizados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Miles de mujeres andaluzas no fueron informadas de que sus resultados eran sospechosos o incluso positivos. Con el paso del tiempo, muchas desarrollaron cánceres más graves, metastásicos, e incluso algunas fallecieron. La asociación cifra en más de 3.000 las mujeres afectadas.

Estos cribados forman parte esencial de las políticas públicas de salud que las administraciones deben garantizar dentro de un sistema sanitario público, gratuito y universal. Sin embargo, no son las únicas violencias que enfrentamos. La imposibilidad de ejercer plenamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo también constituye una violencia institucional. Esto se debe a la externalización del servicio, las desigualdades territoriales entre comunidades, la falta de protocolos homogéneos, la insuficiente formación de profesionales, la ausencia de una regulación clara sobre la objeción de conciencia y el estigma que aún pesa sobre este derecho, tal como señala el informe El aborto en España, 2025, del Instituto de las Mujeres.

Y, por otro lado, ¿qué ocurre con todas las personas que deciden llevar a término su embarazo? También ellas se enfrentan a tratos degradantes, irrespetuosos y violentos. La violencia obstétrica es una vulneración sistemática de derechos que afecta de lleno a su salud física y emocional. Episiotomías innecesarias, falta de anestesia, cesáreas injustificadas o maniobras agresivas no son “prácticas médicas aisladas”, son la expresión de un modelo jerárquico y autoritario, donde no todos los cuerpos son escuchados, respetados ni considerados.

No solo en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos se pueden encontrar esta violencia ejercida por las instituciones. Andalucía también encabeza las listas de espera de la dependencia. Más de 51.000 personas esperan una valoración y más de 5.200 han muerto sin recibir ningún tipo de ayuda, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. ¿En qué centran sus políticas las instituciones andaluzas? Si el objetivo no es el cuidado y la vida digna de las personas dependientes y de sus cuidadoras, ¿cuál es entonces?

En el ámbito municipal, también encontramos violencias. Recientemente, el Ayuntamiento de Sevilla, con el beneplácito de la extrema derecha, retiró de los centros educativos unos cuadernillos de educación “afectivo-sexual” que, desde una perspectiva integral adecuada a la edad de niñas y niños, abordaban el conocimiento del cuerpo, la diversidad sexual, la prevención de infecciones de transmisión sexual y el fomento de la igualdad de género.

A esto se suma la creación de la llamada “oficina de ayuda a la maternidad”, una iniciativa impulsada bajo el mismo pacto político que responde más a una agenda antiabortista que a una verdadera política de apoyo a las personas gestantes. Ni escucha sus demandas reales, ni atiende sus condiciones materiales, sociales y habitacionales. Ambas medidas suponen un retroceso en nuestros derechos sexuales y reproductivos.

Porque cuando se habla de cribar, lo que realmente se está haciendo es poner en uso su otro significado: discriminar. Seleccionar excluyendo, segregar, dar un trato desigual por motivos políticos, de edad, condición física o mental, o de sexo. Las violencias institucionales de género se expresan también en el maltrato que ejercen las administraciones hacia las personas trans y/o no binarias, al excluirlas de los cribados sanitarios y de las políticas de prevención específicas. Son las mismas violencias que enfrentan miles de mujeres migrantes en el acceso a la sanidad pública, especialmente al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sintiéndose culpables, obligadas a desplazarse fuera de sus comunidades autónomas, no informadas de sus derechos y cuestionadas al requerirles documentos legales sin motivo.

La privatización de la sanidad y la educación, el inaccesible mercado de la vivienda, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, la precariedad en la atención a la dependencia y el desprecio hacia la diversidad son expresiones de un sistema patriarcal que jerarquiza unas vidas sobre otras. Un sistema que considera prescindibles las vidas de las mujeres, de las personas trans, no binarias, migrantes y pobres.

Por eso, este 25 de noviembre, día internacional contra las violencias machistas, nos juntamos para reivindicar derechos sociales feministas, exigir responsabilidad institucional y defender el derecho a vivir vidas dignas, libres y plenas. Porque nos va la vida en ello. 

El presente artículo tiene como objeto confrontar de forma rigurosa el publicado recientemente por El Mundo en el que se vincula una supuesta política de Instituciones Penitenciarias para reducir la aplicación del primer grado, el régimen de aislamiento más severo para el cumplimiento de las penas privativas de libertad, con el aumento de agresiones al personal de esta institución.

El artículo se hace eco de una directriz realizada por la Secretaría General a las direcciones de las prisiones para reducir el número de personas privadas de libertad que se encuentran en alguna de las distintas situaciones de aislamiento penitenciario. Si de restringir al máximo el número de personas clasificadas en primer grado se tratase, es preciso señalar que la resolución administrativa definitiva corresponde a dicha Secretaría, es decir, que dicha instancia podría no estimar las clasificaciones de primer grado propuestas por las Juntas de Tratamiento si realmente considerase que el aislamiento extremo genera muchos más problemas de los que resuelve.

Como mencionamos, el artículo publicado en El Mundo trata de vincular la supuesta reducción del aislamiento penitenciario con una serie de sucesos en los que trabajadores y trabajadoras de las prisiones han resultado agredidas. Sin embargo, esta relación no soporta el análisis exhaustivo de la realidad carcelaria, tal y como pretendemos demostrar.

El análisis de los datos disponibles sobre resoluciones de clasificación en primer grado (excluyendo los mantenimientos), desde 2009 hasta la fecha, con gobiernos de diferente signo político, muestran que el porcentaje de dichas resoluciones ha aumentado. Mientras que el porcentaje más bajo se produjo en el año 2011, cuando dichas resoluciones representaban un 1,2 %, el porcentaje más alto se produjo en el año 2023, en el que representaban un 2,1%.

Dado que porcentualmente ha aumentado el número de resoluciones de clasificación en primer grado, es obvio que no es cierta la “acusación” que lanzan determinados sindicatos a la actual administración penitenciaria de haber reducido la aplicación del aislamiento

En los años de gobierno del último equipo de Instituciones Penitenciarias nombrado por el PP, los porcentajes de resoluciones de clasificación en primer grado oscilaron entre el 1,5 y el 1,9%; y, en los años que lleva el actual equipo, nombrado por el PSOE en coalición, dichos porcentajes oscilan entre el 1,4 y el 2,1 %. Por tanto, dado que porcentualmente ha aumentado el número de resoluciones de clasificación en primer grado, es obvio que no es cierta la “acusación” que lanzan determinados sindicatos a la actual administración penitenciaria de haber reducido la aplicación del aislamiento.

En cuanto al supuesto aumento de agresiones al funcionariado de prisiones por parte de personas presas, el análisis de las cifras de infracciones disciplinarias muy graves —entre las que se encontrarán, en su caso, dichas agresiones— de los últimos cinco años evidencia su descenso consecutivo en los años 2023 y 2024; durante los años 2020, 2021 y 2022, se mantuvieron cifras similares, pero en 2023 se redujeron en un 5,2% y en 2024 en torno a un 30%. Además, resulta conveniente discriminar qué se entiende por agresiones al funcionariado en el medio penitenciario.

La inmensa mayoría de las agresiones se producen entre la propia población reclusa, normalmente por deudas asociadas a diferentes adicciones

El asesinato en marzo de la cocinera de Mas d’Enric (Tarragona), el violento ataque sufrido por una psicóloga el pasado mes de julio en Morón de la Frontera (Sevilla) o la agresión física, hace escasas semanas, a la funcionaria de Topas (Salamanca) no son representativas del grueso de las agresiones registradas: la inmensa mayoría de ellas se producen entre la propia población reclusa, normalmente por deudas asociadas a diferentes adicciones; cuando se trata de personal penitenciario (un porcentaje muy reducido del total), suelen consistir en agresiones verbales y, en caso de generar daños físicos, lo más habitual es que se produzcan en el ejercicio de una contención (lo que constituye un riesgo laboral), o bien, cuando el funcionario o funcionaria media en una pelea, de forma que la agresión no está dirigida al trabajador/a.

En definitiva, los datos disponibles no permiten afirmar ni que se haya producido una reducción significativa del aislamiento ni que hayan aumentado las agresiones. Asimismo, la relación que pretende establecerse entre la supuesta reducción del aislamiento y el también supuesto aumento de las agresiones constituye una correlación espuria, que establece una relación causal no probada entre dos variables al no considerar un tercer factor de gran relevancia para captar la complejidad del asunto, a saber, la deriva securitaria del tratamiento penitenciario. En lugar de proponer “soluciones” simples —si no directamente contraproducentes— a problemas complejos, debería intentar atajar el problema de raíz desde la perspectiva del respeto a los derechos de las personas privadas de libertad y el favorecimiento de su progresión hacia vidas en libertad.

El aislamiento penitenciario constituye una práctica carcelaria que únicamente provoca problemas de salud física y mental a las personas que las sufren.

Lejos de ser una posible solución a las problemáticas de la prisión, el aislamiento penitenciario constituye una práctica carcelaria que únicamente provoca problemas de salud física y mental a las personas que las sufren. Cuando se habla de aislamiento penitenciario, es necesario saber que este implica una reclusión social y física, con una reducida estimulación sensorial y ambiental (tanto cuantitativa como cualitativa).

En esta situación, los estímulos disponibles y los contactos sociales ocasionales rara vez se eligen libremente, suelen ser monótonos y, a menudo, no son empáticos. Todo ello hace que sea psicológicamente muy difícil de aguantar, sobre todo en una sociedad como la actual, caracterizada por un exceso de estímulos. También conlleva la pérdida del control sobre todos los aspectos de la vida, con una pérdida absoluta de la autonomía personal, y el sometimiento a una vigilancia extrema.

Los daños que provoca el aislamiento penitenciario han sido ampliamente estudiados y documentados científicamente. Estos van desde reacciones psicológicas, síntomas físicos, trastornos psiquiátricos, suicidios y autolesiones que pueden producirse cuando se experimenta esta medida, incluso por periodos cortos.

Estar en aislamiento aumenta las situaciones de violencia en vez de reducirla y supone un factor que incrementa el riesgo de suicidio

Estar en aislamiento aumenta las situaciones de violencia en vez de reducirla y supone un factor que incrementa el riesgo de suicidio. Por todo ello Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) con respecto al estado español ha indicado que el período máximo de la sanción de aislamiento no dure más de 14 días. De la misma forma las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos prohíbe el aislamiento indefinido y el aislamiento prolongado (aquel que dura más de 15 días y que suponga 22 horas diarias sin contacto humano significativo).

De igual manera el Comité contra la tortura en sus recomendaciones a nuestro país ha dicho que una aplicación excesiva del régimen de aislamiento constituye un trato o pena cruel, inhumano o degradante, e incluso la tortura en algunos casos (art. 11) e insta a prohibir de forma absoluta el régimen de aislamiento que exceda 15 días. Además, el Estado parte debería asegurar que la reclusión en régimen de aislamiento solo sea utilizada como medida de último recurso, por el periodo más breve posible, bajo estrictas condiciones de supervisión y control judicial. También los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas indican que se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria y se alentará su abolición o restricción.

La perspectiva comunitaria es la única medida que contribuirá a reducir los riesgos evidentes que genera una institución como la prisión, un lugar cargado de violencia

Ante situaciones críticas la administración penitenciaria usa también el aislamiento a través de la aplicación del art. 75, previo a la clasificación en primer grado, lo que no hace sino ocultar las causas y, en consecuencia, agrava la situación. A pesar de los programas pensados para tratar adicciones, psicosis y discapacidad intelectual, las personas aquejadas más gravemente por estas problemáticas no encuentran respuesta en el tratamiento penitenciario.

Es más, al no conseguir cumplir los exigentes requisitos regimentales, habitualmente, acaban siendo expulsadas a entornos más hostiles, protagonizan alteraciones del orden por las que se les aplican múltiples sanciones y, con ello, son las principales candidatas al aislamiento. Si se obvia la dimensión comunitaria en los trastornos de personalidad, el personal penitenciario que custodia acaba por sufrir las consecuencias de un abandono tratamental que, reducido a mera gestión de riesgos, no sirve para orientar ni para acompañar, y, en definitiva, solo clasifica y destina a los módulos más conflictivos y peligrosos a determinadas personas.

Proteger a la población reclusa y, con ello, también a los trabajadores y trabajadoras del ámbito penitenciario, pasa por no esperar de los técnicos pronósticos imposibles, pero sí el diseño de itinerarios de inserción y perspectiva comunitaria, sepultada en la práctica por la prevención especial y la dimensión retributiva de la pena.

Esa perspectiva comunitaria debería ser la exigencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, puesto que se trata de la única medida que contribuirá a reducir los riesgos evidentes que genera una institución como la prisión, un lugar cargado de violencia.

Forman parte de la campaña: ALA (Asociación Libre de Abogacía), APDHA (Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía), ASDECOBA (Asociación de Desarrollo Comunitario de Buenos Aires), ASDEPRES (Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia), CDCT (Centros de Documentación contra la Tortura), Coordinación Baladre, Esculca (Observatorio para a defensa dos direitos e liberdades), IACTA (Coop. Jurídica), Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Oteando (Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades), Salhaketa-Araba, Salhaketa-Nafarroa (Asociación anticarcelaria y antipunitivista, de apoyo a personas presas, expresas y sus familiares), SampAEN (Grupo Salud Mental en Prisiones de la Asociación Española de Neuropsiquiatría).

En los últimos años, el océano Atlántico ha sido escenario de un aumento significativo de la migración precaria, con cada vez más embarcaciones que zarpan de las costas de Senegal, Mauritania o Marruecos para intentar llegar a las Islas Canarias. Este incremento en el número de personas que intentan esta travesía ha ido acompañado de un crecimiento sin precedentes en las cifras de muertes y desapariciones en el mar. Sin embargo, el número real de víctimas sigue siendo incierto. Como ni los Estados en el lado africano ni en el europeo llevan un registro sistemático de las personas migrantes fallecidas o desaparecidas en el mar, organismos internacionales y de la sociedad civil se han propuesto cubrir este vacío de información mediante sus propios recuentos.

Es el caso de la APDHA, que desde el año 2003, en el Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur, viene recogiendo estas cifras. No obstante, los datos suelen diferir considerablemente, lo que da lugar a realidades contradictorias sobre la pérdida de vidas en el mar y plantea preguntas clave, no sólo sobre cómo se recopilan estos datos, sino también sobre lo que estas discrepancias pueden significar para las respuestas humanitarias y la formulación de políticas migratorias.

Documentar muertes y desapariciones en el mar es una tarea sumamente compleja, dado que muchas embarcaciones desaparecen sin dejar rastro en lo que se ha denominado 'naufragios invisibles'. Reconstruir estas travesías implica reunir fragmentos de información procedentes de familiares y amigos de los desaparecidos, medios de comunicación, redes de activistas, testigos locales o autoridades estatales. Quienes se encargan de llevar un recuento de muertes y desapariciones deben verificar relatos diversos, a veces contradictorios, sobre embarcaciones que partieron de lugares concretos con un número determinado de personas a bordo y que nunca llegaron a su destino.

Dada la dificultad de esta labor, no es de extrañar que los intentos existentes de llevar un recuento de muertes y desapariciones en el mar lleguen a conclusiones diferentes. Lo que sí resulta llamativo es la magnitud de las discrepancias en los datos. En nuestro proyecto de investigación en la Universidad de Osnabrück hemos analizado a distintos actores que llevan un registro sobre muertes y desapariciones de personas migrantes en la ruta a Canarias. Sus cifras revelan una creciente disparidad en las estimaciones del número de fallecidos y desaparecidos en esta ruta.

Desde que Caminando Fronteras publicó su último informe en diciembre de 2024, sus impactantes conclusiones han circulado ampliamente en medios españoles e internacionales suscitando reacciones diversas

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que empezó su recuento de “migrantes desaparecidos” en 2014, ha documentado un aumento alarmante de las muertes en la ruta migratoria a Canarias. Según sus datos, el número de fallecidos y desaparecidos pasó de 202 en 2019 a 877 en 2020. En 2021, la OIM documentó 1.126 muertes y en 2024, 1.142, la cifra más alta registrada hasta la fecha por este organismo. Sin embargo, otros recuentos disponibles dibujan un panorama mucho más letal.

Los datos de APDHA en sus Informes de Derechos Humanos en la Frontera Sur recogían 1.239 personas muertas o desaparecidas en el año 2020 y 1.332 en 2021. Cifras que se elevaron hasta las 1.907 personas en 2023 y las 1.866 en 2024.

Caminando Fronteras habla de 1.832 muertes en la ruta a Canarias en 2020, cifra que aumentó a 3.939 el año siguiente y llegó al escalofriante total de 9.757 en 2024. En comparación, la cifra de la OIM de 1.142 muertes en 2024 marca una diferencia abismal de 8.615 vidas perdidas. Hasta cierto punto, esta contradicción refleja las diferentes metodologías empleadas por estas organizaciones. Mientras que la OIM se basa principalmente en noticias de los medios de comunicación para documentar muertes y desapariciones en esta ruta, Caminando Fronteras recopila información de testimonios de supervivientes o de familiares y comunidades en los países de origen y tránsito.

Desde que Caminando Fronteras publicó su último informe en diciembre de 2024, sus impactantes conclusiones han circulado ampliamente en medios españoles e internacionales suscitando reacciones diversas. Un día después de su publicación, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, envió una carta a la Comisión Europea para llamar la atención sobre la “emergencia humanitaria” sin precedentes a la que se enfrenta el archipiélago. En la carta, citaba los datos de Caminando Fronteras e instaba a la UE a colocar a la ruta atlántica entre sus prioridades en política migratoria en 2025. En una reciente reunión con el Comisario de Interior de la UE en Estrasburgo, Clavijo volvió a hacer referencia a los datos de Caminando Fronteras y pidió un mayor despliegue de Frontex en las costas de Senegal, Gambia y Mauritania para “salvar vidas”.

Las cifras de Caminando Fronteras también han creado una mayor sensación de urgencia entre las ONG dedicadas a tareas de búsqueda y rescate. Aunque durante la última década los esfuerzos de la llamada 'flota civil' se han centrado en el Mar Egeo y en el Mediterráneo central, el presunto aumento drástico de víctimas mortales en el Atlántico ha llevado a algunas de ellas a explorar posibilidades de intervención en esta región.

Dada la amplitud de la ruta atlántica, en la que se puede tardar hasta diez días en llegar a Canarias, ¿dónde deben concentrarse los medios de rescate o vigilancia y qué zonas marítimas deben priorizarse?

Una de ellas es Humanitarian Pilots Initiative, una ONG suiza que ya ha realizado vuelos de vigilancia en el Mediterráneo central. En colaboración con Sea-Watch, este proyecto ha avistado más de 1.000 embarcaciones en peligro entre las costas de Libia e Italia desde 2017. Ahora, ante la creciente mortalidad en el Atlántico, la organización ha decidido lanzar una misión exploratoria con una aeronave ligera bimotor para detectar embarcaciones en riesgo de naufragar o desaparecer en la inmensidad del océano.

Al ampliar sus operaciones a la costa de África Occidental, al sur de la zona operativa de Salvamento Marítimo, los pilotos humanitarios abren un nuevo capítulo en los esfuerzos de la sociedad civil para evitar muertes en las fronteras marítimas de Europa. Sin embargo, las profundas discrepancias en los recuentos de muertes y desapariciones existentes plantean interrogantes clave para la planificación operativa: dada la amplitud de la ruta atlántica, en la que se puede tardar hasta diez días en llegar a Canarias, ¿dónde deben concentrarse los medios de rescate o vigilancia y qué zonas marítimas deben priorizarse?

Las prácticas actuales de recopilación de datos no ofrecen muchas respuestas. Aunque el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM registra cada presunto naufragio en su base de datos pública, las ubicaciones de los naufragios mostradas en sus mapas son, como reconoce el propio proyecto, meras aproximaciones. Y aunque Caminando Fronteras señala áreas generales donde sugiere que se han producido la mayoría de los naufragios, la ONG no ofrece información más detallada sobre sus prácticas y metodologías de datos, lo que dificulta los intentos de comprender o corroborar sus datos.

Aunque estas organizaciones buscan visibilizar lo que suele quedar fuera del radar público –los 'naufragios invisibles' y las muertes no registradas–, sus propios datos generan una incertidumbre considerable. En nuestra investigación, hemos hablado con actores clave en Senegal, España y Alemania que intentan entender las diferencias en los datos y lo que pueden significar para su trabajo. Mientras que algunos sacuden la cabeza con incredulidad ante la posibilidad de que la cifra anual de muertes se acerque a los 10.000, otros consideran esta cifra plausible.

Resulta paradójico que no sea la ausencia de datos, sino la existencia de recuentos contradictorios, lo que haya motivado a los pilotos humanitarios a plantear su intervención también como una misión de "investigación"

Cuando preguntamos a Ruben Neugebauer, miembro de Humanitarian Pilots Initiative, qué opinaba de los recuentos de muertes y desapariciones existentes, subrayó que las discrepancias en los datos suponen, efectivamente, un desafío operativo: “Sin duda, nos preguntamos por qué las cifras sobre el número de fallecidos y desaparecidos difieren tanto. La metodología de la OIM es clara, sólo cuentan los casos claramente documentados, por lo que podemos suponer que el número real de víctimas mortales es mayor. Al mismo tiempo, los datos de Caminando Fronteras son inquietantemente altos. Por eso, consideramos nuestro primer despliegue también como una operación de evaluación para obtener más información y datos”.

Resulta paradójico que no sea la ausencia de datos, sino la existencia de recuentos contradictorios, lo que haya motivado a los pilotos humanitarios a plantear su intervención también como una misión de “investigación”.

Entonces, ¿cómo deberíamos abordar estas discrepancias? Si bien no tenemos respuestas definitivas, el primer paso es reconocer el carácter controvertido de los datos. Aunque suelen presentarse como objetivos o neutros, los datos y las estadísticas no son inocentes. De hecho, como muestran los distintos recuentos de muertes en el Atlántico, los datos no describen una única realidad coherente, sino que producen múltiples realidades, a menudo contradictorias.

Según qué cifras se consideren válidas, diferentes fronteras se convierten en las más mortíferas del mundo. Para la OIM, sus estadísticas confirman que el Mediterráneo central es la frontera más mortífera del mundo, mientras que los datos de Caminando Fronteras elevan la ruta atlántica a esta posición. 

Además, los datos tienen consecuencias, ya que pueden determinar qué espacios fronterizos se convierten en lugares de intervención urgente. En el caso de Caminando Fronteras, sus cifras han desempeñado un papel crucial a la hora de crear una sensación de urgencia entre actores estatales y humanitarios para intervenir en la región atlántica.

La disparidad en los recuentos de muertes y desapariciones en la ruta atlántica nos deja con muchas preguntas abiertas: ¿cómo interpretamos las distintas realidades que construyen estos datos? ¿Cómo debemos lidiar con estas cifras contradictorias a la hora de diseñar intervenciones para prevenir y responder a la pérdida de vidas en trayectos migratorios? Y, si los datos nunca son neutros, ¿qué responsabilidad conlleva la elaboración de estadísticas sobre estas tragedias y todo lo que pueden desencadenar?

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Bios

Maurice Stierl es investigador sénior en el Instituto de Investigación sobre Migración y Estudios Interculturales de la Universidad de Osnabrück. Su libro Migrant Resistance in Contemporary Europe fue publicado por Routledge en 2019.

Marta Sánchez Dionis es investigadora especializada en migraciones y derechos humanos y actualmente trabaja como responsable de Incidencia Política en SOS MEDITERRANEE. Las opiniones expresadas en este artículo son propias y no reflejan necesariamente las de SOS MEDITERRANEE.

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Financiación

Maurice Stierl ha recibido financiación de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Fundación Alemana de Investigación) - SFB 1604 - 501120656.

A finales de los noventa, cuando comencé mi formación universitaria, eran comunes las referencias a El fin de la historia y el último hombre (1992), un ensayo de Francis Fukuyama, un funcionario del Departamento de Estado norteamericano. Su tesis principal era que la disolución de la URSS y el fin del bloque socialista y de la Guerra Fría suponían el triunfo de las democracias liberales, lo que venía a suponer el fin de la historia, de las guerras y de los conflictos violentos, abriéndose así una nueva era de prosperidad global en la que los seres humanos veríamos encauzadas nuestras necesidades, anhelos y esperanzas únicamente a través de la economía. No hace falta precisar, por supuesto, que Fukuyama se refería al modelo económico neoliberal y capitalista. Fukuyama, con aquella obra, se convirtió en uno de los intelectuales de cabecera del Partido Republicano y, más concretamente de los denominados neocon.

En 2007 Fukuyama publicaría un nuevo ensayo titulado Después de los neocons: América en la encrucijada, en el que aseguraba que “el neoconservadurismo ha evolucionado en algo que ya no puedo apoyar” y, unos años después, ya en 2018, afirmaba en una entrevista para The Guardian que era partidario de ciertos “programas redistributivos” para intentar “corregir el gran desequilibrio tanto en los ingresos como en la riqueza que ha surgido”. Concluía aquella entrevista reconociendo que “ciertas cosas que dijo Karl Marx están resultando ser ciertas”.

Las últimas tres décadas no solo han confirmado el error de Fukuyama en sus predicciones, sino también que la implantación a escala global del neoliberalismo nos ha conducido a un escenario al que podríamos definir como preapocalíptico o distópico. Decía Marx que “la historia se repite siempre dos veces: primero como tragedia y después como farsa”. Y, aunque no se equivocaba, lo cierto es que la historia, apenas 100 años después, efectivamente se repite, pero de una manera tanto o más atroz que hace justo un siglo. Habitamos una época en la que podemos asistir en directo a la retransmisión de un auténtico genocidio, como el que se perpetra contra el pueblo palestino, y ya nadie puede, por tanto, alegar en su descargo que desconocía lo que está sucediendo en Gaza.

La paradoja de la época actual es que, a pesar de tener acceso a toda suerte de contenidos y de poder conectarnos al instante con quienes se ubican a miles de kilómetros, no solo estamos más pobremente informados de cuanto sucede en el mundo y a nuestro alrededor, sino que hemos perdido parte importante de nuestra humanidad. La tempestuosa sucesión de imágenes que nos llega a través de medios de comunicación y redes sociales parece haber destruido por el camino nuestra capacidad de reflexión y creado un ecosistema en el que los discursos autoritarios del pasado han resurgido con virulencia.

El bulo no sirve solo como un instrumento para ganar elecciones, sino también como un mecanismo para, una vez se llega al poder, justificar políticas que hace tan solo unos años consideraríamos inconcebibles

Redes sociales como X o panfletos digitales creados ad hoc son el lugar donde nacen bulos y discursos de odio que terminan por viralizarse para emponzoñar la convivencia social. Los objetivos de estos ataques son personas migrantes, el movimiento feminista, el colectivo LGTBQ+ o, en general, cualquier persona que profese ideas progresistas y de izquierda. Tenemos múltiples ejemplos de cómo funcionan estas campañas de desinformación y manipulación, pero este resulta muy significativo: el accidente sufrido por una joven de 17 años fue aprovechado para acusar de intento de asesinato a un joven magrebí.

Pero el bulo no sirve solo como un instrumento para ganar elecciones, sino también como un mecanismo para, una vez se llega al poder, justificar políticas que hace tan solo unos años consideraríamos inconcebibles. Y así es posible que Trump, por ejemplo, haya convertido a las agencias federales norteamericanas en una especie de Gestapo que persigue a la población migrante o que se haya atrevido a ocupar ciudades como Washington o Los Angeles con tropas militares. El asesinato de Charlie Kirk, un influencer de extrema derecha, le servirá a Trump como su particular incendio del Reichstag: una excusa para desatar una purga contra todo aquel que considere su enemigo. El presidente norteamericano, sin ir más lejos, ya ha confirmado que declarará al movimiento antifascista como terrorista.

Es necesario pensar en común las estrategias que nos permitan combatir ese fascismo 2.0 que nos amenaza. Y, como la historia nos enseñó, frente a ello no cabe ninguna política de apaciguamiento. El genocidio, los bulos y el odio deben ser combatidos en todos los ámbitos

Pero, ¿podemos hablar propiamente de fascismo cuando nos referimos a Trump, Abascal, Milei, Meloni, Le Pen, Bukele y al resto de personajes que lideran la nueva ola reaccionaria? En 1995 Umberto Eco escribía El fascismo eterno, un ensayo en el que aportaba hasta 14 características definitorias o síntomas del fascismo. Todas y cada una de ellas les son perfectamente aplicables y definitorias. Y, sin embargo, sus ideas calan en nuestras sociedades. Porque, como apuntaba al inicio de este artículo, las tres últimas décadas han servido para constatar el fracaso de quienes no solo no han sido capaces de extender la prosperidad a todos los rincones del globo, sino que han propiciado una significativa pérdida en el nivel de vida de las sociedades occidentales, en las que ahora asoma el viejo monstruo.

Es necesario pensar en común las estrategias que nos permitan combatir ese fascismo 2.0 que nos amenaza. Y, como la historia nos enseñó, frente a ello no cabe ninguna política de apaciguamiento. El genocidio, los bulos y el odio deben ser combatidos en todos los ámbitos: en las redes sociales, en las escuelas, en el ámbito laboral, en nuestros contextos cotidianos de socialización, en cada calle, en cada esquina. Pero tanto o más necesario es proyectar alternativas, nuevos horizontes de futuro para todos aquellos sectores de la población que sobreviven al margen de la esperanza, que carecen de un proyecto vital realizable en el mundo que nos ha tocado vivir y que, por tanto, miran al futuro con desazón y frustración.

Porque a día de hoy llega a ser una tortura encender la televisión y contemplar la devastación y la muerte que las bombas israelíes dejan en Gaza. Porque las redes sociales se han convertido en un balcón con vistas al abismo. Porque ya en cualquier bar o en cualquier espacio cotidiano afloran los mismos mensajes xenófobos e intolerantes. Porque todo ello sucede, además, sin que tengamos claves o recetas para detener esa podredumbre. Porque ahora como nunca antes, quienes creemos en la justicia, en la igualdad, quienes pensamos que otro mundo es posible y enarbolamos la bandera de los derechos humanos, necesitamos una hoja de ruta para revertir la deriva que, más temprano que tarde, puede llevarnos al desastre. Es ahora o nunca. Mañana puede ser demasiado tarde.

No son exabruptos ultras ni ocurrencias tertulianas. Son estrategias calculadas. Desde los bombardeos de Trump en aguas internacionales hasta el “confiscar y hundir” barcos de rescate en el Mediterráneo, pasando por las campañas de “okupación desbocada”, la ultraderecha y sus aliados pretenden normalizar un estado de excepción para proteger intereses de los de arriba.

En septiembre de 2025 Trump ha perpetrado al menos tres ataques letales contra lanchas venezolanas con el resultado de unos catorce ejecutados, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico. El Pentágono advertía que la operación “roza” la ilegalidad internacional. La imagen es muy potente: la fuerza por encima de la ley. Ese mismo principio se replica en Europa y España.

PP y Vox han votado para restringir el arraigo, ampliar internamientos en los CIE a 180 días y endurecer las expulsiones. Feijóo ha llegado a proponer deportaciones de migrantes con residencia legal que cometan delitos menores o que, aunque cumplan escrupulosamente la ley no estén “integrados”. Vox habla abiertamente de “remigración” (deportar a millones de personas).

Sin embargo, los datos desmienten cualquier alarma. El 79% de los delitos los cometen españoles y los delitos de ocupación suponen menos del 0, 1% de las denuncias. Las personas extranjeras son un 12,6% de la población y su tasa de criminalidad es ligeramente inferior a la media en la mayoría de delitos.

La estrategia se apoya paralelamente en criminalizar e intentar silenciar la disidencia. En España, para ello, es de gran ayuda la Ley Mordaza (que recordemos, el Gobierno más progresista de la historia sigue sin derogar), que supone un riesgo permanente de multas, identificaciones arbitrarias y un gran efecto disuasorio. El ejemplo de La Vuelta es ilustrativo. Manifestantes propalestinos contra el genocidio fueron descalificados como “kale borroka”, “yihadistas” y “gentuza” por dirigentes de la derecha, aunque el Ministerio del Interior desmintiera cualquier vínculo.

Esta hoja de ruta no es propia, es importada de fuera. En Estados Unidos, Trump intenta convertir el disenso en amenaza, etiquetando al movimiento antifascista como terrorista y ordenando arrestos masivos de activistas e incluso impulsando deportaciones de manifestantes o el despido de periodistas que le critican

También el movimiento por la vivienda conoce bien esta criminalización. En 2024 fue el segundo colectivo más multado de España, siendo penalizados piquetes y mediaciones que evitan desahucios. Mientras, por ejemplo, los grandes tenedores siguen sin obligación de ofrecer alquiler social. Si se habla de lo primero, no se habla de lo segundo.

Tampoco podemos olvidar los ataques al feminismo y al colectivo LGTBIQ+, que no son accidentales, sino que son parte de la misma guerra cultural. A través de estos se busca restaurar jerarquías, dividir a la mayoría social y desviar la atención de los privilegios económicos. Por ello, en cada batalla cultural hay que preguntarse a quién benefician los bulos y qué tapan, ya que son el combustible de la maquinaria.

Los bulos se siembran en redes y medios afines, los amplifican los líderes políticos y acaban convirtiéndose en “sentido común”. Ejemplos sobran: el mito de la “okupación desbocada”, la etiqueta “inquiokupa”, las falsas “pagas” a menores no acompañados o el más reciente, el de la criminalización de las ONG de rescate como “traficantes”. Su función es clara: desviar el debate, justificar políticas punitivas y acostumbrar a la sociedad a que la excepción sea la norma.

Pero esta hoja de ruta no es propia, es importada de fuera. En Estados Unidos, Trump intenta convertir el disenso en amenaza, etiquetando al movimiento antifascista como terrorista y ordenando arrestos masivos de activistas e incluso impulsando deportaciones de manifestantes o el despido de periodistas que le critican.

En Europa, la lista es larga. Por un lado, tenemos al partido Democracia Alternativa Para Alemania (AfD ) debatiendo planes de “remigración” en Alemania, Italia restringiendo rescates marítimos y confiscando barcos de ONG, Países Bajos restringiendo el derecho de asilo, Francia normalizando la retórica de “submersión migratoria”, Hungría aprobando leyes anti‑LGTBIQ+ -condenadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)- y Eslovaquia tramitando leyes para registrar a ONG como “agentes extranjeros”.

El próximo sábado, 4 de octubre, de 9h a 14.30h en la Facultad de Enfermería de Cádiz, la APDHA ha organizado la Jornada ‘Bulos y discursos de odio contra la democracia y los derechos humanos’

El patrón es idéntico: primero normalizar discursos de odio, luego proponen medidas punitivas que antes eran tabú hasta que parezca de sentido común aceptarlas. Usar el miedo y el pánico moral para mover la ventana de Overton hacia la restricción de derechos y legitimar políticas cada vez más duras que garanticen los privilegios de una minoría.

Detrás hay redes que comparten tácticas, desde Steve Bannon hasta think tanks europeos, con el mismo objetivo de debilitar las instituciones democráticas y llegar al autoritarismo como herramienta de defensa de sus propios intereses.

Por eso desmontar bulos y disputar el relato no es sólo una cuestión de verdad, sino de evitar que la ventana se mueva hacia el autoritarismo. Esta tarea es necesaria y urgente porque cada bulo desmontado es un paso para ganar terreno para la justicia social, la democracia, los derechos humanos y transitar nuestra “agenda de orden” que acabe con los privilegios que los agentes de la derecha y ultra derecha pretenden blindar.

Para ello, el próximo sábado, 4 de octubre, de 9h a 14.30h en la Facultad de Enfermería de Cádiz, la APDHA ha organizado la Jornada ‘Bulos y discursos de odio contra la democracia y los derechos humanos’. En esta jornada, periodistas, juristas y politólogos de reconocida trayectoria analizarán este fenómeno y situarán el debate para que la ciudadanía nos blindemos de caer en la trampa de los bulos y nos formemos sobre las diferentes herramientas que podemos usar para ganarle terreno al odio y blindar los derechos humanos. Aún hay plazas disponibles a través de la inscripción en este enlace.

El día que comienza el curso escolar es siempre especial, lleno de ilusión y muchas emociones encontradas. El comienzo del curso siempre trae algo nuevo para los niños y niñas: nuevas asignaturas y materias, nuevos horarios, nuevo profesorado e incluso cambios legislativos… pero, sobre todo, nuevos alumnos y alumnas que pronto se convertirán en compañeros y compañeras de aventuras.

También para los profesores y profesoras supone un momento especial, pues, aunque se haya trabajado previamente con el alumnado con el que se reencontrarán, la realidad es que el paso de los meses de verano habrá hecho diferentes a esos niños y niñas. Nunca dejarán de sorprendernos los rápidos cambios a estas edades.

Desde la APDHA queremos saludar el inicio del curso escolar recordando la situación de los niños y niñas palestinas que este año tampoco vivirán el inicio de un nuevo curso escolar, ya que sus escuelas han sido destruidas por el ejército israelí, al igual que la mayoría de sus hogares. Los niños y niñas de Gaza que aún sobreviven al genocidio que perpetra Israel vagan con sus familias -o con lo que queda de ellas- de un lugar a otro buscando un precario refugio donde no caigan las bombas. Anhelan un pequeño remanso de paz que no encuentran, porque en Gaza no hay un solo lugar seguro para la infancia.

Las cifras oficiales apuntan a que al menos 70.000 palestinos han perdido la vida, entre ellos en torno a 20.000 son niños y niñas. En los últimos meses muere cada día una media de 28 menores de edad, según las estimaciones de UNICEF. Es como si diariamente desapareciera ante nuestros ojos una clase entera de escolares. Muchos fallecen como consecuencia de las bombas, otros mueren por desnutrición, que es la política de hambre impuesta por Netanyahu que bloquea la llegada de alimentos y ayuda humanitaria a la población.

La población del Estado español ha dado cuenta de su solidaridad con la causa palestina durante las últimas semanas señalando la participación del equipo Israel Pro Tech en La Vuelta ciclista a España y para denunciar la pasividad de la comunidad internacional ante un holocausto que se está retransmitiendo en directo.

A pesar de tantas y tantas muestras de solidaridad, la realidad es que la mayoría de gobiernos occidentales son cómplices por acción u omisión del genocidio que está perpetrando Israel

Sin embargo, a pesar de tantas y tantas muestras de solidaridad, la realidad es que la mayoría de gobiernos occidentales son cómplices por acción u omisión del genocidio que está perpetrando Israel. El ente sionista sigue asesinando cada día a civiles inocentes, a niños y a niñas, sin sufrir ningún tipo de sanción y participando en competiciones deportivas, en certámenes musicales y en foros internacionales como si nada, absolutamente nada, estuviera pasando.

Por ello, desde la APDHA hemos lanzado una campaña que propone a los docentes iniciar este nuevo curso escolar de una manera diferente: hablando a nuestros escolares del horror que están viviendo los niños y niñas de Gaza. Porque hay niños y niñas que este año no volverán a las escuelas, ya que estas han sido destruidas. Algunos y algunas ni siquiera podrán vivir un primer día de clases, porque fueron asesinados aún siendo bebés. Porque hay niños y niñas que no tienen qué comer ni beber, porque se les pretende matar de hambre, literalmente. Y porque aquellos niños y niñas gazatíes que sobrevivan a este genocidio tendrán de por vida secuelas físicas y psíquicas imborrables.

Queremos también denunciar la actitud y la forma de proceder de la Junta de Andalucía, que ha obligado al IES Columela de Cádiz a retirar una bandera en solidaridad con Palestina que colgaba de su fachada desde el pasado mes de marzo. La dirección del Instituto recibió el pasado 1 de agosto una carta anónima en la que se les exigía que retiraran dicha bandera bajo amenaza de denunciar ante la Inspección Educativa e incluso pedir a Vox que interviniese. Sin embargo, ha sido el propio ejecutivo andaluz, presidido por Moreno Bonilla, quien exigió al centro escolar que retirara la bandera. Los y las docentes han tenido que retirar la bandera, aunque la han sustituido por una pancarta en la que, con colores de la bandera palestina, se puede leer “Stop Genocidio”.

No permanezcamos en silencio. No nos convirtamos en cómplices y exijamos cada día a nuestros gobernantes que no miren hacia otro lado y que rompan relaciones políticas, económicas, comerciales y culturales con el estado genocida de Israel.

Asistimos a la expansión de una oleada reaccionaria, que no es nueva, sino que viene gestándose durante décadas con diferentes etapas y actores, aglutinando organizaciones de todo tipo (partidos, instituciones públicas y privadas, religiosas…), de ámbitos muy variados (político, jurídico, académico o educativo). Un entramado con múltiples interconexiones que, pese a la diversidad existente en los distintos países y regiones, ha conseguido una notable difusión e internacionalización de sus discursos y propuestas, en los que la lucha contra la llamada ideología de género ocupa un lugar fundamental, cuestionando los avances feministas en igualdad; los logros en derechos sexuales y reproductivos, oponiéndose al aborto; en educación y diversidad sexo-genérica; o negando la violencia machista, atribuyéndosela solo a los migrantes. Cuestiones que cada vez vinculan más con otros discursos y propuestas antimigratorias, absolutamente racistas.

J. Butler se pregunta ¿Quién teme al género? (2024), elaborando una cartografía de quienes, desde una retórica alarmista, apelando al ataque a la identidad de hombres y mujeres, la familia y la infancia, intentan retrotraernos al régimen patriarcal tradicional, con identidad sexual inmutable, binaria y jerarquizada, naturalmente. Una cartografía que abarcaría, desde los 90, las Iglesias Evangélicas de Latinoamérica, cada vez con mayor influencia en África, y al propio Vaticano, de Juan Pablo II al Papa Francisco. Apoyos claves para que Bolsonaro pudiera gobernar Brasil y Milei Argentina… En EEUU esa ola iría de Reagan a Trump, criticando los derechos por la igualdad y la diversidad sexual por su elitismo y “europeidad”, llamándolo despectivamente feminismo woke. A ello se añade la influencia que la Iglesia Ortodoxa ha ido tomando tras la caída de la URSS, apoyando a Putin en Rusia, Orban en Hungría o Nawrocki en Polonia, contra los derechos por la igualdad de género, la diversidad sexual o la interculturalidad, apelando a sus propias tradiciones y soberanía nacional. Butler se refiere también al avance del lepenismo en Francia, al éxito electoral de Meloni en Italia, a Hazte Oir (2001), su plataforma internacional CitizenGo y la aparición de VOX (2013) en España, destacando que las interconexiones entre unos y otros son numerosas, uniendo como hemos visto, género, familia, migración, raza y nación.

N. Alabao examina también el escenario global de las políticas antigénero, compartiendo con Butler qué actores (del Norte y Sur Global), conexiones internacionales y pluralidad de protagonistas de distinta naturaleza, estarían impulsando esas ofensivas antifeministas,  confluyendo incluso con el feminismo más trans-excluyente (TERF), en Inglaterra y España. Alabao, partiendo además de la revolución sexual de los 60, la nueva izquierda, movimientos sociales del 68 y los 70, da mayor alcance temporal al proceso de configuración de las derechas, como reacción al éxito social del discurso progresista y liberador de esos años. Toda una contrarrevolución en los años 80 y 90, con sus discursos y propuestas liberales y neoliberales, hasta la contrarrevolución actual de las derechas radicales, Alabao (2025) (“Las guerras de género. La política sexual de las derechas radicales”), con su contradictoria diversidad y sus límites políticos. Estaríamos entonces ante una oleada reaccionaria bien interconectada internacionalmente, defendiendo un retroceso en políticas sexuales para el que no tienen en muchos casos mayorías suficientes, conformando alianzas y coaliciones en las que poder incluir parte de su ideario y algunas de sus propuestas, intentando ganar apoyos. Las consecuencias, por tanto, de esa oleada en cada sitio serían desiguales, presionando para eliminar o frenar ciertos avances, limitar la financiación o el acceso a los recursos necesarios, etc. Pero sus discursos de odio generan malestar social, antifeminismo e incremento de la violencia hacia los colectivos más empobrecidos, racializados y estigmatizados.

Hay que seguir debatiendo y respondiendo a los discursos del miedo de las derechas, agudizando también el enfrentamiento entre mujeres y hombres, considerándoles damnificados, tratando de distanciar a los más jóvenes del feminismo

Pretenden ir ganando apoyos, con un discurso de derechas alternativo y competitivo en plena crisis neoliberal, desviando la atención de las fracturas sociales ocasionadas por los recortes al estado de bienestar, la recesión de 2008, la pandemia del 2021, la guerra de Ucrania y la inhumanidad del genocidio en Palestina. Desviar la atención de los miedos reales a perder derechos en Sanidad y Educación, a la precariedad, la falta de vivienda, la pobreza y la exclusión, a la guerra y a tantas muertes injustas en las fronteras, generando otros pánicos morales (pérdida de roles identitarios tradicionales, respaldo familiar, creencias..), creando un enemigo interno (feministas, minorías sexuales…) y externo (migrantes, musulmanes,..) al que dirigir la rabia y la inseguridad, en vez de enfocarlas hacia quienes nos arrebatan nuestros derechos.

Estas guerras de género venimos sufriéndolas desde hace tiempo el feminismo de base andaluz, liderado por una perspectiva feminista menos identitaria y más inclusiva, tratando de articularse cada vez más  interseccionalmente, uniendo las luchas por los derechos sexuales con las de otros derechos fundamentales (educación, sanidad, trabajo digno, vivienda,..) y la libertad sexual con otras libertades (de circulación, opinión, manifestación, organización,...), hacia una sociedad radicalmente más justa y democrática, mostrando que el feminismo, la igualdad sexo-genérica, debe ser para todes y no solo para quienes se perciben clases medias, con acceso a ciertos recursos sociales, económicos y/o políticos.

Desde APDH-A apostamos por un feminismo inclusivo, con amplias alianzas interseccionales, que vaya desmontando la retórica alarmista de las derechas, contra los derechos sexuales y reproductivos, apelando ahora a las bajas tasas de natalidad; contra la población migrante, temiendo que pudiera llegar a sustituirnos y de quien dicen habría que proteger las mujeres, o contra las disidencias sexuales, sospechosas de pervertir menores. Hay que seguir debatiendo y respondiendo a los discursos del miedo de las derechas, agudizando también el enfrentamiento entre mujeres y hombres, considerándoles damnificados, tratando de distanciar a los más jóvenes del feminismo.

Según datos oficiales, en el año 2023 fallecieron un total de 212 personas que se encontraban bajo custodia de la Administración Penitenciaria, de las cuales 169 personas dependían de la Administración General del Estado, 33 de la de Cataluña y 10 de la del País Vasco. A finales del mes de noviembre de 2024 aún estaba pendiente determinar la causa del 36% de esas muertes (76 personas).

La doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de investigación de muertes bajo custodia es clara: «la investigación ha de ser exigente, suficiente y efectiva, debido a la existencia de una situación de especial vulnerabilidad».

Según los informes de mortalidad de Instituciones Penitenciarias, la principal causa de muerte violenta es el suicidio. Las entidades que trabajamos en el ámbito penitenciario llevamos años denunciando la conexión directa entre el uso del aislamiento y medios coercitivos y el riesgo de suicidio.

Por su parte, los organismos nacionales e internacionales alertan al Estado Español para corregir sus deficiencias en materia de prevención de suicidios. A modo de ejemplo: en el año 2022, el Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo de Prevención de la Tortura, formulaba una Recomendación sobre la “conveniencia de suspender toda situación que implique el aislamiento de una persona cuando se detecta riesgo de suicidio”.

Otro ejemplo lo tenemos con la Recomendación formulada por la misma institución en 2024, relacionada con “la importancia de mantener el seguimiento de las personas cuando cursan baja en el programa de prevención de suicidios, tratando de evitar que vuelvan a retornar a una situación de aislamiento, especialmente cuando se trata de personas que estaban en régimen cerrado” o la Recomendación formulada ese mismo año para “garantizar un reparto adecuado de la medicación cuando se haya detectado una situación de riesgo que haya determinado la inclusión de la persona en un programa o protocolo específico, como podría ser el de prevención de suicidios o sobredosis”.

El pasado 6 de julio la Coordinadora de Familias y pres@s nos trasladaba la fatal noticia del fallecimiento de J.R, preso en la cárcel de Huelva, tras sufrir un prolongado aislamiento

Sin embargo, los posicionamientos de los organismos nacionales e internacionales en la materia se limitan a meras recomendaciones o sugerencias, carentes de fuerza coactiva frente al no acatamiento de sus resoluciones.

Algo está fallando si el 93,5 % de las personas que se suicidaron en 2023 no se encontraban incluidas en el programa de prevención de suicidios y un 41,9 % habían estado en algún momento anterior en dicho programa, pero ya no lo estaban en el momento en que se quitaron la vida.

El pasado 6 de julio la Coordinadora de Familias y pres@s nos trasladaba la fatal noticia del fallecimiento de J.R, preso en la cárcel de Huelva, tras sufrir un prolongado aislamiento. Un preso que padecía patologías mentales y que había tenido aplicado el protocolo de prevención de suicidios. Una vez más, el aislamiento tuvo consecuencias irreversibles a pesar de los esfuerzos realizados para alertar a la Administración de la desesperada situación en que se encontraba J.R.

La Coordinadora de Familias y pres@s, que actúa a nivel nacional, junto con el apoyo de diversas entidades del entorno penitenciario ha solicitado al Defensor del Pueblo Español que abra una investigación urgente e independiente para aclarar lo sucedido, así como la revisión del cumplimiento efectivo de los protocolos de prevención del suicidio en dicho centro penitenciario.

Es necesario acabar con el aislamiento penitenciario porque contribuye directamente al riesgo de suicidio y porque es contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Mientras tanto, es urgente revisar y limitar su uso especialmente en personas con riesgo de suicidio o con patologías mentales, como recomiendan los organismos nacionales e internacionales como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa o el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos Naciones Unidas, encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes vuelve a pedir a España la revisión del régimen cerrado.[3]

El pasado 17 de junio, Abderrahim murió asfixiado en Torrejón de Ardoz a manos de un agente de policía fuera de servicio. El agente le aplicó una técnica de estrangulamiento —el conocido “mataleón”— expresamente prohibida en numerosos países por su letalidad y desproporción. Lo hizo mientras acusaba a la víctima de haberle robado el móvil. Según testigos presenciales, el agente inmovilizó al joven durante varios minutos, ignorando las súplicas de quienes le advertían que lo estaba matando. La víctima murió esa misma tarde.

Este caso no es una excepción. En diciembre del año pasado, Mamouth Bakhoum perdió la vida en Sevilla tras una persecución policial de casi dos kilómetros que culminó con un cercamiento. Ante el acoso policial, la víctima se arrojó al río en un intento desesperado de huida. Se ahogó. El caso, como tantos otros, fue rápidamente archivado por los tribunales y clasificado como una “desgracia” puntual.

Pero las desgracias puntuales, cuando se repiten con un patrón racializado, dejan de ser casuales. Son síntomas. En marzo de 2018, en el barrio de Lavapiés, Mame Mbaye murió de un ataque al corazón tras una persecución policial. Su muerte se produjo en el marco de las redadas racistas habituales en las zonas próximas a la Puerta del Sol, donde las autoridades perseguían sistemáticamente a vendedores ambulantes.

Desde la APDHA denunciamos con firmeza la violencia policial sistemática que se ejerce contra las personas migrantes y racializadas en el Estado español. Esta violencia no es solamente física, es también simbólica y administrativa y se manifiesta en los controles de identidad por perfil étnico en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en las redadas selectivas, en las devoluciones en caliente, en la criminalización de la venta ambulante y en la desprotección deliberada de quienes viven en la frontera de la legalidad y la exclusión.

Cabe preguntarse ante esta situación cuántas muertes más serán necesarias para que el Estado asuma su responsabilidad institucional. Durante demasiado tiempo, ciertos agentes han actuado como si estuvieran por encima de la ley, mientras se ha normalizado el uso excesivo de la fuerza y se ha legitimado la persecución de quienes simplemente intentan sobrevivir.

El racismo institucional mata y cuando quienes tienen el deber de proteger actúan como verdugos, el problema trasciende lo individual: se vuelve estructural. No basta con detener al policía implicado ni con anunciar investigaciones que rara vez derivan en sanciones efectivas. Resulta imprescindible establecer mecanismos reales y externos de control sobre las fuerzas de seguridad, prohibir de manera definitiva y vinculante el uso de técnicas policiales peligrosas, garantizar una formación antirracista obligatoria y continuada para todo el personal policial.

Desde la APDHA exigimos justicia para todas las víctimas de violencia policial y una transformación profunda de los cuerpos policiales. En un Estado de Derecho no puede tolerarse que las fuerzas de seguridad operen al margen de los derechos humanos, ni que determinadas vidas sigan siendo tratadas como prescindibles.

En el refranero popular podemos encontrar varios ejemplos que resumen a la perfección el contenido de este artículo, como “quien siembra vientos, recoge tempestades” o “cría cuervos y te sacarán los ojos”, entre tantos otros. Los saberes populares indican algo que también corroboran estudios mucho más sesudos en el ámbito de la paz y la seguridad: si inviertes en armas, tendrás violencia.

Diversas investigaciones demuestran que el incremento del gasto militar lleva parejos periodos de mayor inestabilidad. Estos análisis cuestionan un concepto de seguridad militarizado que se ha impuesto como el único modelo de seguridad posible. La realidad es que, más allá de los tanques, las fronteras y las alambradas, hay otras maneras de entender la seguridad. La seguridad humana, la del día a día, se garantiza reforzando los derechos y atendiendo las preocupaciones de las personas que se enfrentan cada mañana al inmenso reto de sostener la vida.

Sin embargo, según el CIS, las amenazas terroristas o la inseguridad están lejos de ser las principales preocupaciones de quiénes vivimos en el Estado español. Esta lista la encabezan aspectos como la vivienda, el paro o la enquistada crisis de la política institucional. A pesar de esto, los recursos y esfuerzos que se destinan a aliviar estos temores están muy por debajo de los que se destinan a garantizar la llamada “seguridad nacional”.

El nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa presentado por el Gobierno cuenta con un presupuesto de 10.471 millones de euros, y servirá para “proteger sus fronteras, su territorio y sus Fuerzas Armadas con una perspectiva integral de 360º”. Puede que este plan sirva para proteger las fronteras (sic) pero, ¿sirve este plan para proteger a las personas que habitamos este territorio? ¿o para garantizar la seguridad de quiénes lo transitan en busca de una vida mejor?

A lo largo de las 21 páginas que tiene el documento, que hace verdaderos equilibrios para justificar lo injustificable, no hay ni una sola referencia a conceptos como democracia o derechos humanos. Hemos normalizado que hablar de seguridad sea hablar de tanques y misiles y que el discurso de los derechos quede fuera de esta esfera. Hemos aceptado la deshumanización de la seguridad como un mal menor.

Si miramos más allá de nuestra fronteras, las principales amenazas contra la vida son la pobreza y la emergencia climática. No obstante, el avance del autoritarismo y las desigualdades, así como las respuestas militarizadas a problemas ambientales, políticos, sociales o económicos son las causas estructurales sobre las que se erigen las mayores amenazas para la paz y la seguridad a nivel global.

Invertir en armas no es invertir en seguridad, es reforzar un negocio sangriento que se lucra con la muerte de miles de personas y que contribuye de manera directa a acelerar la emergencia climática

La industria de la guerra es responsable del 5% de las emisiones globales de CO2. Invertir en armas no es invertir en seguridad, es reforzar un negocio sangriento que se lucra con la muerte de miles de personas y que contribuye de manera directa a acelerar la emergencia climática. Una industria que se nutre de los combustibles fósiles y que reproduce las estructuras más violentas del patriarcado, el miedo como herramienta de control y el uso de la fuerza como única forma de relacionarnos.

¿Cómo vamos a sentirnos seguras en un mundo liderado por estados que están sosteniendo y facilitando el genocidio en Palestina? ¿Cómo vamos a sentirnos protegidas por un sistema que prioriza el beneficio de las empresas sobre los derechos de las personas o del planeta? Más armas no van a detener a fascistas y criminales como Putin, Trump o Netanyahu.

Necesitamos abrir un espacio de diálogo que sea capaz de identificar de manera honesta cuáles son las amenazas reales que ponen en peligro la vida y la sostenibilidad de nuestro planeta y dibuje colectivamente un nuevo modelo de seguridad y de gobernanza global. El fortalecimiento de las democracias participativas, la democratización del derecho, la descolonización de los sistemas de internacionales protección y una transición ecológica justa, son algunos de los mecanismos que ayudarán a contener las amenazas actuales, forjando al mismo tiempo las bases para un nuevo modelo de seguridad que garantice el derecho a una vida digna, libre de miedo, miseria y violencias.

No podemos buscar la paz haciendo la guerra, porque volviendo al refranero popular, esto será pan para hoy, y hambre para mañana.