El portavoz parlamentario y coordinador del PP en Cantabria, Juan José Alonso, ha reiterado este jueves los argumentos esgrimidos en las últimas horas por su partido respecto al posible incumplimiento de las leyes de Régimen Jurídico e Igualdad en el que el Gobierno autonómico incurriría al nombrar a Juan Ignacio Sáez Bereciartu como consejero de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplicación Administrativa en sustitución de Isabel Urrutia. Esto supondría reducir la presencia femenina en el Consejo de Gobierno del Ejecutivo por debajo del 40 por ciento que exige la ley.

Alonso ha incidido en que “el Partido Popular demuestra la igualdad con hechos, no con declaraciones vacías” y que “la igualdad y la capacidad, el mérito y la responsabilidad de las mujeres en el Partido Popular es algo que está fuera de toda duda”. El portavoz popular ha insistido en que “no hay ninguna duda que en el Partido Popular y en el PP de Cantabria valoramos y colocamos a la mujer, evidentemente, en el puesto que merece por su valía, por su capacidad y por el mérito”.

A la pregunta de cómo el Ejecutivo autonómico que preside María José Sáenz de Buruaga prevé sortear la presunta ilegalidad que supondría el nombramiento del sustituto de la consejera Urrutia anunciado este miércole, el portavoz de los populares cántabros ha asegurado: “Yo lo único que puedo decir es que con respecto a la igualdad y al respeto a la mujer, este Gobierno y el Partido Popular de Cantabria es el más feminista de la historia de Cantabria. Repito, presidenta del Gobierno, secretaria general, presidenta del Parlamento...”.

A preguntas de los periodistas estrictamente por el aspecto legal, Juan José Alonso ha reiterado que “la posición del PP con respecto a la mujer es indiscutible y los aspectos legales los resolverán los técnicos a los que les corresponde”.

“Es una cuestión de legalidad”

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha comparecido minutos después para repetir igualmente la denuncia realizada por su formación en la jornada precedente. “Yo pensé que hoy iba a ser un día para la rectificación y del reconocimiento de los errores por parte del Partido Popular y me temo que no ha sido así”, ha comenzado.

“Esto no es una cuestión de igualdad, que también, es una cuestión de legalidad”, ha subrayado. “La señora Urrutia no se puede presentar a las elecciones siendo consejera por una cuestión de legalidad, una ley lo dice así. Se la podía haber saltado a la torera, pero no se podría presentar. Ocurre lo mismo con esto”, ha ironizado.

“La Ley de Régimen Jurídico establece que tiene que existir una paridad en todos los órganos de gobierno y el Consejo de Gobierno de Cantabria lo es, una paridad de 40-60 y 3 de 7 no lo cumple”. Hernando ha insisitido en que “si no les gusta la ley, que la cambien, pero si esa ley está en vigor, que lo está, que la cumplan”.

“Si vamos a tener un consejero que el primer hecho que va a hacer es incumplir la ley en su nombramiento, que nos avisen qué más leyes van a incumplir”, ha remarcado el portavoz regionalista. Para Hernando, “Juan Ignacio Sáez Bereciartu es un hombre con una trayectoria impecable, que tiene unos conocimientos jurídicos suficientemente demostrados, que es una persona que conoce perfectamente la Administración y estoy convencido que sería mejor consejero que la actual, pero hay un problema de legalidad”.

Posible delito de prevaricación

Preguntado por qué va a hacer el PRC al respecto, el portavoz ha explicado que “cualquier asociación, ciudadano, partido puede ir a los tribunales a determinar la legalidad o ilegalidad de la medida” Igualmente ha recordado que la fase de nombramiento consta de dos fases y que “habrá un control político sobre el mismo si los tribunales determinaran que ese nombramiento es ilegal porque no ha cumplido el artículo 19 de la Ley de Régimen Jurídico”.

“Se abrirían después otras vías como las penales. Todos sabemos qué dice el 404 del Código Penal -referente al delito de prevaricación-. Quien dicta a sabiendas una resolución injusta está cometiendo un delito, pero eso sería después del contencioso” ha explicado. “Yo espero que se imponga la racionalidad, que se imponga el criterio y la pausa en estas decisiones”, ha añadido.

“Ha sido una decisión muy precipitada. Yo no entiendo tampoco por qué ayer se anunció el nombramiento de un miembro del Gobierno en la sede del Partido Popular. Creo que lo razonable sería pausar, tomar decisiones y adecuarlas a la ley”, ha argumentado.

Parece llamativo que un letrado prestigioso, de largo recorrido, con un fuerte conocimiento de la Administración como es el señor Sáez Bereciartu, vaya a iniciar su recorrido político como consejero con un asunto de este tipo

Pedro Hernando — Portavoz parlamentario del PRC

“Parece llamativo que un letrado prestigioso, de largo recorrido, con un fuerte conocimiento de la Administración como es el señor Sáez Bereciartu, vaya a iniciar su recorrido político como consejero con un asunto de este tipo. Tengo serias dudas porque, además, creo que es una persona con una valía en lo personal, en lo jurídico y en lo administrativo muy importante”, ha apostillado Hernando, confiando en que se produzca una reconsideranción por parte del Ejecutivo que preside Buruaga.

“Va a tener que rectificar”

También se ha pronunciado al respecto el secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, que ha sido cuestionado en una rueda de prensa sobre el nombramiento de Juan Ignacio Sáez Bereciartu como sustituto de Isabel Urrutia en la Consejería de Presidencia, una designación que rompe la paridad exigida por ley en el seno del Consejo de Gobierno de Cantabria.

En este sentido, Casares ha pedido “una reflexión general” y ha vaticinado que Buruaga “va a tener que rectificar” porque “no va a poder nombrar a ese nuevo consejero”, puesto que “incumpliría” con el 40% mínimo de mujeres que establece la ley. Al respecto, ha apuntando que cree, “sinceramente”, que se trata de un “desconocimiento” de la legislación ya que “lo que no puede ser es que el Partido Popular abiertamente diga que va a incumplir una ley”.

PSOE y Frente Amplio han cerrado ya el acuerdo en Cantabria para concurrir juntos al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre.

La papeleta de Senado de Progreso, como se denomina esta alianza, estará encabezada por la socialista Paz de la Cuesta y llevará de número 2 a Israel Ruiz Salmón (Frente Amplio), que es coordinador general de IU en la comunidad, y a Paloma Palacio (PSOE) en el tercer puesto.

El acuerdo alcanzado y el hecho de que sea 'lista cremallera' -esto es que debe haber alternancia por género- deja fuera a José Luis Urraca, que iba a ir en el puesto número 2 de la candidatura del PSOE.

Sobre este acuerdo, el secretario general del PSOE en la comunidad, Pedro Casares, ha resaltado la “altura de miras” demostrada por los socialistas al firmar un acuerdo a nivel nacional con Frente Amplio (que integra a diversos partidos) para una candidatura conjunta con el objetivo de que “no se pierda ningún voto de progreso en Cantabria y que esos votos finalmente tengan representación”.

Ha asegurado que están “muy esperanzados de que eso se traduzca en un buen resultado electoral” y permita que desde Cantabria se aporten tres senadores progresistas.

“Si todos los progresistas de esta tierra votan a esa candidatura de progreso en el Senado, hoy Cantabria tendrá tres senadores progresistas y, por tanto, es una buena noticia”, ha afirmado.

Casares ha justificado el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Frente Amplio a nivel nacional, y que también tiene traslado en Cantabria, en lo “trascendental” de las elecciones del 29N porque, según ha dicho, “nos jugamos el seguir avanzando” y tener “cuatro años más de progresos” en derechos sociales, laborales y también continuar siendo “la economía que más empleo genera de toda Europa, la que más crece” y seguir apostando por los servicios públicos “o que todo eso se pare de golpe, si llegan el PP y Vox a gobernar”.

Así lo ha dicho, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa para anunciar una iniciativa parlamentaria del PSOE para pedir la declaración de zonas tensionadas en Cantabria.

Carmen Martín, cabeza de lista de Frente Amplio

Por su parte, Frente Amplio ha anunciado en un comunicado que Carmen Martín, que también forma parte de la actual Dirección de IU en la comunidad, será su cabeza de lista al Congreso en Cantabria.

Martín, santanderina implicada en el movimiento feminista y la incidencia política en los sectores más vulnerables, es coordinadora de la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS) y ha sido presidenta de la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Cantabria). Actualmente, es presidenta de CESIDA, la coordinadora estatal de VIH y sida que engloba a 80 entidades de todo el país.

Frente Amplio ha afirmado que Carmen Martín e Israel Ruiz Salmón son “dos perfiles complementarios y que representan el sentir de mucha gente”.

La coalición electoral, que en los próximos días anunciará su candidatura completa en Cantabria, ha defendido “la necesidad de trasladar la voz del activismo y de la institución cántabra al Congreso de los Diputados y al Senado”.

“Queremos articular una propuesta política centrada en las necesidades reales de los cerca de 600.000 cántabros y cántabras y de nuestros 102 municipios”, han señalado ambos candidatos.

Además, han indicado que Frente Amplio tendrá una papeleta en Cantabria “para canalizar la indignación de quien ve cómo su salario no le alcanza para el alquiler de casa, la cesta de la compra o la gasolina” y también para “revalidar un gobierno de progreso, centrado en seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones y avanzar en los derechos y las libertades que la derecha y la extrema derecha nos quieren recortar”.

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha enviado una carta abierta al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, para pedir que vuelva el personal a la estación de tren del municipio.

La petición llega tras la reunión mantenida con Renfe, en la que se abordó la supresión del personal. El alcalde considera necesario seguir reclamando que se mantenga este servicio en una estación por la que pasan alrededor de 1.000 viajeros al día, ha informado este jueves el Ayuntamiento.

En la carta, Soberón advierte de que la medida perjudicaría especialmente a las personas mayores y a quienes tienen problemas de movilidad, dadas las “carencias de accesibilidad” de las instalaciones.

“La supresión del personal de la estación supone un grave perjuicio para los viajeros, principalmente los más vulnerables, como son las personas mayores o los que tienen problemas de movilidad”, señala el alcalde.

El escrito reclama a los responsables que reconsideren la decisión y vuelvan a dotar de personal la estación de Astillero.

La Guardia Civil ha intervenido 93 juguetes (figuras blandas y estrujables) en un puesto ambulante de Rionansa que figuraban en la Red de Alertas Nacional de Consumo y al comprobar diferentes infracciones en materia de consumo y contrabando.

Una patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil vio que en un puesto ambulante instalado en Rionansa se vendían una serie de juguetes que llamaron la atención de los agentes por falta o ausencia de información o etiquetado exigible.

En concreto, carecían de identificación del fabricante, nombre comercial o marca registrada y dirección del fabricante, y tampoco constaban advertencias e información de seguridad redactadas en castellano, tal como se exige en el Real Decreto que regula la seguridad de los juguetes.

En cuanto a la normativa relacionada con la protección de los consumidores, observaron deficiencias en relación a la información que debe facilitarse a los consumidores sobre las características esenciales de estos productos y del cumplimiento de los requisitos del etiquetado.

Por otro lado, teniendo en cuenta que los juguetes carecían de identificación de fabricante e importador, por lo que podrían proceder de terceros países, supondrían una posible infracción de contrabando.

Por estos hechos, los guardias formularon las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria y a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Santander.

Por otro lado, se pudo comprobar que los juguetes se encontraban en la mencionada Red de Alertas, que tiene como objetivo evitar que los productos no alimenticios peligrosos lleguen a los consumidores, en este caso, por existir riesgos para los niños. La alerta sobre estos productos pedía su retirada del mercado, lo que se hizo.

La Guardia Civil aconseja, que, si se observa la venta de este tipo de productos, carentes del etiquetado exigible, sin advertencias e información de seguridad redactadas en castellano, se avise al Cuerpo para su inspección y en su caso retirada del mercado. Si ya se hubiera adquirido algún juguete como los intervenidos, recomienda que no se usen ni entregen a menores.

La Consejería de Turismo ha convocado una consulta previa de cara a la elaboración de un nuevo decreto para regular los establecimientos hoteleros en la comunidad autónoma.

El plazo para recabar la opinión “de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma” es de 10 días hábiles a contar desde este viernes, 23 de octubre.

Así se recoge en la resolución del departamento que dirige Luis Martínez Abad publicada este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

En ella, se expone que se considera necesaria una nueva norma que sustituya a la que está en vigor --que data de 2010 y que fue modificada en 2013-- para “atender la realidad cambiante del sector”, garantizando “no sólo la adaptación al contexto actual” de Cantabria sino también “la unificación de los criterios en un único documento”.

Desde la Consejería se argumenta que el tiempo transcurrido desde la aprobación de la normativa en vigor que regula los establecimientos hoteleros (hoteles, hoteles-apartamentos y pensiones) “hace necesario una revisión para la adaptación a las nuevas realidades del sector turístico”.

“La ordenación de los establecimientos hoteleros debe realizarse de acuerdo con una regulación que facilite la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, teniendo en cuenta la relevancia del sector dentro del producto turístico que ofrece la región, y siempre garantizando la protección de los consumidores y usuarios”, ha indicado.

Para la Consejería, es “innegable la realidad cambiante que experimenta el sector y la necesidad de revisar los requisitos mínimos de infraestructura exigibles a cada una de las modalidades y categorías, garantizando mantener el nivel de calidad que hasta ahora se venía exigiendo”.

Detalla que el nivel de calidad que se ha de exigir se compone de dos factores: el cumplimiento de los requisitos de infraestructura y la prestación de servicios, “ambos factores acordes para cada modalidad y categoría del establecimiento hotelero, evitando que únicamente se pueda clasificar un establecimiento por uno de los dos factores”.

Y ello teniendo en cuenta que debe haber una “distinción” entre los requisitos a cumplir por establecimientos de nueva planta de los que acometen reformas en construcciones existentes para dotarlos de una actividad turística.

Según indica, en este último caso se ha de ponderar, entre otros aspectos, la viabilidad de la solución constructiva, el número de plazas a ofertar o la permisibilidad del planeamiento urbanístico, y ello “en aras a dotar de un uso que resulte económicamente viable a la reforma de las edificaciones existentes, tanto si están ubicadas en casco urbano como si se trata de edificaciones con algún grado de protección”.

Se pretende con ello “abrir un nicho de mercado en los cascos históricos de las localidades o en los núcleos poblaciones que disponen de edificios con cierto grado de protección, o incluso para edificaciones en inmuebles exentos o sitas entre medianeras cuyas características estructurales de edificación condicionan el cumplimiento de los requisitos exigidos, y por ende concluyen en una no viabilidad económica del negocio que se proyecta”.

Además, considera que hay que analizar la eliminación de determinadas exigencias presentes en la normativa y que “carecen de sentido con los nuevos avances tecnológicos existentes”, tales como la exigencia de listas de precios selladas por la administración turística.

El Gobierno sostiene que “no se pretende implantar un nuevo sistema de clasificación hotelera sino una revisión y adaptación de los requisitos existentes, y sí mantener, tal y como consta en la actual normativa el nivel de calidad de los criterios del sistema de clasificación hotelera adoptado por la Hotel Stars Union, seguido ya por algunos países europeos, con el fin de buscar una solución a la problemática que plantean las divergencias entre las regulaciones hoteleras de las diferentes comunidades autónomas”.

Además, argumenta que se ha de acometer administrativamente una simplificación de los trámites y definir y acotar los criterios que pueden o no gozar de una dispensa, tanto en la fase de anteproyecto con carácter previo a la ejecución de las obras como en la de inscripción después de la pertinente visita de inspección ante la declaración de inicio de actividad.

La actuación implica la modificación de un considerable número de preceptos del decreto de 2010, por lo que se ha optado por redactar uno nuevo que sustituya al anterior.

“El fomento de un turismo de calidad en nuestra comunidad autónoma hace preciso adecuar la regulación actual al objeto de poder ofrecer servicios turísticos de acuerdo a las necesidades que actualmente plantean las actividades reguladas”, ha insistido.

Cómo participar en la consulta

Quienes participen en la consulta pública deben dirigir sus opiniones a la Dirección General de Turismo y Hostelería, ubicada en la calle Albert Einstein, 4, 1ª planta, de Santander (en el Parque Científico y Tecnológico).

También podrán presentarse en el Registro General de la Administración de la comunidad autónoma, así como en otros registros u oficinas establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Igualmente podrán presentarse las alegaciones a través del Portal de Transparencia.

El titular de la Plaza de Instrucción n.º 4 del Tribunal de Instancia de Santander ha abierto juicio oral a un policía local de la ciudad por acceder repetidamente al sistema VioGén para conocer el nivel de riesgo de una víctima a la que no protegía.

Según se desprende de las diligencias practicadas, recabada esa información, el investigado presuntamente se dirigió al agente de la Policía Nacional que sí tenía asignada la protección de la mujer para que rebajara el nivel que VioGén había determinado de medio a bajo.

Con este auto, recientemente notificado, el magistrado da un paso más hacia el enjuiciamiento del agente, una vez que tanto la fiscalía como la acusación particular que ejerce la mujer han formalizado sus acusaciones, ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Para el ministerio público, el acusado es autor de un delito contra la intimidad, merecedor de una pena de cuatro años y medio de prisión, diez años de inhabilitación absoluta y el pago de una indemnización de 3.000 euros por el daño moral causado.

Por su parte, la acusación particular pide tres años de prisión, 8.100 euros de multa, inhabilitación absoluta durante seis años y 6.000 euros de indemnización.

El auto declara competente a la Audiencia Provincial de Cantabria para el enjuiciamiento de este caso y emplaza a la representación legal del acusado para que presente su escrito de defensa.

Asimismo, acuerda que éste preste una fianza de 4.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele, y declara al Ayuntamiento de Santander responsable civil subsidiario.

El Consistorio deberá comparecer en un plazo de diez días con abogado y procurador y tendrá asimismo que formular escrito de defensa en su nueva condición.

Según recogió el instructor en otra resolución -el auto que puso fin a la instrucción y transformó las diligencias en procedimiento abreviado- existen indicios de que el agente de la Policía Local, destinado en la Oficina de Protección de Víctimas, presuntamente “abusando de su condición de funcionario con acceso al Sistema de Seguimiento Integral para Víctimas de Violencia de Género, accedió repetidamente a los datos almacenados en el sistema en relación a una mujer”.

En concreto, el agente habría accedido a los datos relacionados con el nivel de riesgo -medio en aquel momento-, “pese a que el citado funcionario no tenía encomendada la protección de esa víctima y sí únicamente la de su agresor”, ya que éste tenía la condición de víctima protegida a raíz de una denuncia que había presentado contra ella.

Relación entre acusado y presunto agresor

Señala el auto que entre el acusado y el presunto agresor existía “una relación personal, porque el segundo era arrendador del primero”.

Tras acceder al sistema, recoge el auto que el acusado habría hablado con el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que estaba encargado de la protección de la mujer y habría conseguido “que se reevaluara el riesgo apreciado por el sistema” pasando a ser bajo.

En su auto, el magistrado rechazó la petición de sobreseimiento pedida por la defensa del agente y consideró que “el acceso al fichero no es delito, pero a los datos contenidos en el mismo sí”, en concreto, a la valoración del riesgo que el sistema VioGén arrojaba.

A su juicio, “maniobrar para intentar rebajar el nivel de riesgo a una víctima a la que el funcionario policial no está protegiendo, porque la lleva otro cuerpo policial, tras acceder repetidamente al sistema VioGén en pos de ese dato, debe considerarse que colma las exigencias del tipo penal, al menos a priori, pues se accede a un dato protegido con la finalidad de perjudicar a su titular sin estar autorizado a ello”.

La instrucción fue confirmada por la Audiencia, después de que el recurso de apelación contra el auto que transformó las diligencias en procedimiento abreviado y que fue promovido por el policía local acusado no prosperara.

Tras la firmeza de la decisión del magistrado, las acusaciones presentaron sus escritos y ahora es el instructor el que abre juicio oral, paso previo al enjuiciamiento del agente.

El candidato del PRC a la Alcaldía de Santander, Felipe Piña, se ha comprometido este miércoles, en su presentación oficial como candidato a las elecciones municipales, a “reconstruir” Santander y ha pedido el apoyo de todos los vecinos para “recuperar” un Ayuntamiento “roto, abandonado y físicamente apuntalado”. “Creen que Santander les pertenece, pero os pertenece a vosotros, a todos los vecinos que vivís y hacéis ciudad”, ha resaltado.

En el acto, que se ha celebrado en el Gran Casino Sardinero con la asistencia de cerca de 450 personas, entre las que se encontraban numerosos vecinos y representantes de colectivos e instituciones, ha comenzado con un vídeo con testimonios de quince santanderinos que han expuesto los principales problemas de sus barrios, así como un coloquio con tres de ellos que han expuesto sus preocupaciones y cómo podría solucionarse esta situación.

En su intervención, Piña ha defendido un proyecto centrado en las necesidades reales de los barrios y sus vecinos que debe pivotar en la “ilusión” y un Plan de Choque “urgente” con cuatro ejes: vivienda, movilidad, limpieza y mantenimiento y familia.

Así, el regionalista se ha reivindicado como un “vecino más”, que ha nacido y ha desarrollado toda su vida en Santander y ha destacado el aprendizaje acumulado en su etapa profesional antes de su salto a la política como concejal en el año 2023, la cual ha definido como la “más maravillosa” de todas.

Sobre la legislatura actual, Piña ha señalado que ha sido “difícil” y ha estado marcado por el “rodillo” y la “soberbia” por parte de quien gobierna. Ante esta situación, el portavoz municipal de los regionalistas ha explicado que entendió que la manera de canalizar las necesidades de los vecinos era a través de las redes sociales, una herramienta que le ha permitido criticar y abrir un canal de comunicación directa con los vecinos, que se ha traducido en cerca de 250 propuestas a lo largo de estos tres años, aunque prácticamente el 95% han sido rechazadas por el equipo de gobierno.

Sobre la designación de Gema Igual como cabeza de lista para el Senado en las elecciones generales del 29N, ha señalado que “Madrid siempre premia al que destroza la ciudad” y ha calificado esta noticia como el “mayor desprecio” hacia los vecinos.

Asimismo, ha enumerado alguno de los grandes problemas que tiene que afrontar en el futuro la ciudad como la suciedad, la falta de mantenimiento, la pérdida de identidad y destrucción del patrimonio, la dificultad para acceder a una vivienda, la falta de aparcamiento y los problemas de movilidad y la inseguridad en diferentes zonas, y ha calificado como “inaudito” que de cada diez euros del presupuesto municipal apenas se gasten tres en el capítulo de inversiones.

Ante este escenario crítico, ha defendido que la “reconstrucción” de Santander exige “ilusión” y un Plan de Choque articulado en cuatro ejes prioritarios (vivienda, movilidad y aparcamiento, limpieza y mantenimiento y familias), que debe involucrar a todas las administraciones: Estado, Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento, quien primero tendrá que resolver problemas internos en la plantilla municipal, Policía Local y Bomberos.

En primer lugar, ha denunciado los problemas de acceso a la vivienda debido, en gran medida, al encarecimiento de los alquileres por la proliferación de pisos turísticos ilegales. En este sentido, ha criticado que el Consistorio priorice el “sarao” frente a la gestión municipal y ha lamentado su “inacción” ante los 480 solares vacíos del centro. Por ello, ha apostado por potenciar el papel de la Sociedad de Vivienda y Suelo para ofrecer “alternativas reales” y desechar los “megaproyectos que agotan suelo” y ha anunciado que en el próximo Pleno los regionalistas presentarán una propuesta “real”.

En movilidad, Piña ha tildado la situación como un “auténtico caos circulatorio” ante la falta de alternativas reales y ha destacado la deficiencia de frecuencias de autobús en zonas como Peñacastillo, San Román, Monte o Cueto o los carriles bici “pensados para el turista”. Para solucionarlo, ha defendido resolver las conexiones Norte-Sur, impulsar el parking de Varadero en Castilla-Hermida, garantizar el mantenimiento de las rampas y escaleras mecánicas y abordar la comarcalización del transporte en el Arco de la Bahía.

También ha reafirmado su compromiso con las familias santanderinas para frenar el éxodo de jóvenes y eliminar las barreras de los mayores en los barrios. Así, ha prometido cubrir los parques infantiles de la ciudad, empezando por los de Peñacastillo y Mendicouague, ha reivindicado el mantenimiento continuo de los itinerarios mecánicos y ha reiterado la propuesta de crear un aula de estudio 24 horas.

Por último, ha denunciado que Santander está “más sucia que nunca” y ha exigido auditar la recogida neumática en Castilla-Hermida y la calle Alta y llevar a cabo un mantenimiento diario que devuelva el cuidado a todos los barrios.

José Lavín Cobo, conocido como Pin 'El Cariñoso', tenía 31 años cuando fue abatido a tiros en la escalera de un edificio de la calle Santa Lucía de Santander en 1941. Justo cuando iba a huir a Francia para escapar de la represión franquista con su compañera María Solano, embarazada de Josefina. La hija que nació presa y que no recuperó su apellido paterno hasta que cumplió los 70 años.

'El Cariñoso' fue uno de los emboscados de la zona de Miera más conocidos de Cantabria, uno de los guerrilleros que siguieron combatiendo la dictadura después de la Guerra Civil.

Este sábado 24 de octubre, a las 12.00 horas, la Asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE) y la Unión de Trabajadores Anarcosindicalistas de Cantabria celebran un acto de recuerdo y homenaje a 'Pin El Cariñoso' en la zona de la fosa común del cementerio de Ciriego de Santander donde fue enterrado hace ahora 85 años.

'El Cariñoso' heredó el mote de su abuelo, a quien una novia bautizó con ese apelativo, y fue un militante de la CNT que se echó al monte en 1937. Lideraba una brigada antifranquista que mantuvo en jaque a la Guardia Civil en aquella primera posguerra en la zona del Miera y del Pas.

Junto a él estuvieron Belisario Lavín Cobo, Nemesio Hazas Arce, su hermano Rafael 'El Ferroviario', Constantino 'El Madrileño', Ramiro Agudo, Andrés 'El de la Valienta', Plácido, Manuel, Raimundo Casar Acebo 'Tampa', Domingo Samperio 'Rada', Marcos Lavín Cobo 'Cenizo', su primo Pedro Lavín 'Melenas' y Orestes García.

José Lavín acabó por decidirse a echarse al monte cuando fusilaron a su hermano, que se entregó a las autoridades de la dictadura confiando en lo que pregonaban los falangistas, que no habría represalias. Eso le hizo crear su propia brigada y resultó tan esquivo para la Guardia Civil que se llegó a evacuar toda una comarca durante nueve meses aunque no consiguieron capturarle allí, en los bosques de Miera. Se había escondido en una casa del pueblo de Orejo y desde allí viajó a Santander en un carro de hierba vestido de mujer.

En la capital de Cantabria se alojó en la buhardilla de su suegra, en el número 44 de la céntrica calle Santa Lucía. Cuentan que, en la espera para huir a Francia, salía disfrazado de cura o de militar y que jugaba a las cartas a diario en un bar del Alto de Miranda.

La policía llegó hasta él tras torturar a un hombre que hacía de enlace. 'El Cariñoso' murió a tiros, mientras bajaba por la escalera. A su suegra la fusilaron tres días después contra la tapia del cementerio de Ciriego. Su compañera María se salvó porque estaba embarazada, aunque la encarcelaron y la torturaban con patadas en el vientre intentando que abortase. Contra todo pronóstico, la niña resistió y nació a los tres meses de la muerte de su padre como hija de madre soltera.

La historia la relató por primera vez en 1978 el escritor Isidro Cicero en el libro 'El Cariñoso, los emboscados del Miera', y será recordada de nuevo en Santander este sábado en un homenaje que pretende mantener vivo su recuerdo en honor a la lucha antifranquista.

El PSOE de Cantabria ha denunciado los “pelotazos urbanísticos privados” que está promoviendo el Gobierno autonómico (PP), utilizando la herramienta del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) como “atajo”, y ha exigido la retirada de los proyectos del “complejo hotelero con piscina de olas” Olucas Surf Center en Villaverde de Pontones y el “macrodesarrollo urbanístico” Bosques de Santander.

“Buruaga se ha convertido en una especie de agente inmobiliaria que vende públicamente en la sede del Gobierno los proyectos que terceros quieren hacer en Cantabria”, ha criticado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, este miércoles en una rueda de prensa.

Quiñones ha lamentado que la actual presidenta regional esté “regalando el suelo” de los cántabros recurriendo al uso de “instrumentos excepcionales” como son los PSIR para “grandes operaciones promovidas por intereses privados”.

En concreto, la portavoz del PSOE se ha referido a dos “pelotazos urbanísticos” que “carecen de interés regional”, van a “destrozar” los entornos naturales y “pasan por encima de las vivienda y las vidas de muchos vecinos de Cantabria”, como son la piscina de olas de Ribamontán al Monte o el proyecto inmobiliario en el barrio de Rucandial.

Para Quiñones, estas dos iniciativas privadas promovidas desde el Gobierno del PP de Buruaga obligan a preguntarse “dónde termina el interés general y dónde empieza el interés particular de quienes quieren hacer negocio con el suelo de Cantabria”.

La dirigente socialista ha señalado que el Gobierno tiene “la obligación de defender el interés de todos los cántabros y no de poner las instituciones y la legislación al servicio de operaciones privadas” en las que, además, la utilidad pública debe justificarse con transparencia y con datos, algo que “no está haciendo” en estos dos proyectos de los que “no tenemos ni transparencia ni dato alguno que justifique estos despropósitos”.

“Un proyecto no se convierte en estratégico para Cantabria simplemente porque lo anuncie la presidenta”, ha trasladado Quiñones, que ha remarcado que “tampoco se convierten en iniciativas de interés general por el mero hecho de tramitarse mediante un PSIR”.

De esta manera, los socialistas rechazan “que se confunda inversión privada con interés general” y “que la declaración de un proyecto como estratégico sustituya la obligación de justificar sus beneficios colectivos”.

“El Gobierno de Buruaga se salta la autonomía municipal, legisla a golpe de improvisación promovida por promotores privados, pasando por encima de los vecinos y de los ayuntamientos”, ha manifestado Quiñones, que ha apuntado que en el caso de Santander “ni se les ha escuchado, como ha demostrado Gema Igual, que el día del anuncio a bombo y platillo del proyecto Bosques de Santander dijo no conocer el proyecto ni su alcance y que lo estudiaría.

La portavoz del PSOE ha insistido en que el “megaproyecto” del complejo turístico con piscina de olas en Villaverde de Pontones “no tiene ningún beneficio concreto” para la ciudadanía“ y, pese a ello, el Gobierno ha iniciado la tramitación de un PSIR.

“No podemos aceptar que la transformación del suelo rústico se convierta en la vía habitual para hacer viables proyectos que deben someterse a una evaluación rigurosa de su impacto ambiental, territorial y económico”, ha reiterado.

En cuanto al “macrodesarrollo urbanístico” de Bosques de Santander entre la capital y Santa Cruz de Bezana, ha valorado que se trata del anuncio de “un pelotazo urbanístico que evidencia que el PP vende Cantabria al mejor postor”.

Quiñones ha valorado que se trata de un proyecto de “enorme dimensión territorial que puede condicionar el futuro de la ciudad y su entorno durante décadas” y ha sostenido que el PSIR no puede ser “un atajo” para sustituir el debate necesario que requiere una actuación de este calado ni eludir las “garantías necesarias”.

En este punto, ha censurado que el Gobierno “no haya informado con detalle” del interés general que puede tener este desarrollo urbanístico ni cómo encaja en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander de 1997, que es el que está vigente tras la anulación del planeamiento de 2012, o sobre aspectos básicos como las consecuencias que tendrá en las infraestructuras, la movilidad, los servicios públicos o el medioambiente.

Así, Quiñones ha criticado que el PP de Buruaga esté decidiendo “el futuro de Cantabria a golpe de pelotazos urbanísticos”, mientras no hace “nada” para afrontar las necesidades reales de la comunidad autónoma, que son más vivienda asequible, reforzar la sanidad y la educación públicas, cuidar del patrimonio natural, mejorar las comunicaciones y ofrecer oportunidades y empleo de calidad.

El Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar en los centros educativos de Cantabria irá al Pleno del Parlamento de este próximo lunes, 26 de octubre, para su debate y aprobación, tras la incorporación, este miércoles, de un total de 19 enmiendas parciales presentadas por PP (4) y Vox (10) cinco de ellas de forma conjunta.

Ha sido en la Comisión de Educación, en la que se han rechazado en cambio las registradas por el PRC (34), el PSOE (8) y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio. Según el portavoz 'popular' en la misma, Álvaro Aguirre, el texto elaborado por el Gobierno autonómico (PP) --estructurado en 20 artículos-- es “bueno”, aunque hay “pequeñas cosas” a mejorar y matizar, de ahí las enmiendas presentadas y aprobadas.

Entre las que han salido adelante, figuran algunas orientadas a reconocer el derecho a la desconexión digital de los docentes, acotar la suspensión del derecho a asistencia cuando se trata de una medida provisional hasta un máximo de cinco días, puntualizar las conductas que dificulten o impidan el derecho a aprender o el deber de estudiar y que se tipifiquen específicamente como perjudiciales para la convivencia.

Además, fruto del acuerdo con Vox y que permitirá al PP, en minoría parlamentaria, sacar adelante la norma, ambos grupos han registrado cinco enmiendas adicionales conjuntas, una de ellas para especificar, dentro de esas conductas perjudiciales para la convivencia, la captación y difusión de imágenes o audios.

El resto de las consensuadas servirá para precisar, en el ámbito del acoso escolar, que se priorizará la separación del grupo de la persona o personas a las que se atribuyan esas conductas; precisar qué ocurrirá cuando se produzcan daños a través de medios digitales; o reconocer programas específicos de mediación dentro de las medidas educativas cuando exista un conflicto.

El parlamentario 'popular' ha defendido que el profesorado necesita autoridad jurídica en sus funciones, como la que otorgará este ley, y ha considerado que dicha condición “no es un privilegio”, sino “la garantía de que pueda desarrollar su labor con el respeto que merece, porque sin autoridad no hay aprendizaje posible”, ha sentenciado.

A su juicio, la autoridad docente y pedagógica “es la mejor garantía de la convivencia” y ambos conceptos -ha añadido Aguirre- van unidos en la norma que se va a aprobar porque “en la práctica son inseparables”. “Esta ley construye un triple enfoque muy importante para las aulas de Cantabria: el preventivo, el disciplinario y el resolutivo. Busca anticiparse a los conflictos, ordenarlos cuando surgen y resolverlos con eficacia”, ha resumido el diputado del PP.

En cuanto a la postura del PP, ha justificado el voto a favor de las enmiendas de Vox porque “enriquecen” el texto en aspectos “altamente positivos”, como los derechos del profesorado y el ejercicio de la función docente, la mejora de los protocolos de convivencia o el reconocimiento de todas las modalidades de acoso y violencia. Y aunque los 'populares' ven algunas de las presentadas por Palacio “francamente interesantes”, no las han aceptado porque “no tienen encaje” en el texto del Gobierno.

Mientras, se han opuesto a las del PSOE porque “están muy poco trabajadas, no casan con el modelo de ley que defendemos, son antagónicas o pisan” otras enmiendas, del PP y PRC. Y han rechazado las de este último partido porque son “un volcado” de la enmienda a la totalidad que presentaron, como también hicieron los socialistas, y que fueron tumbadas ambas.

Por su parte, el diputado de Vox Armando Blanco ha indicado que han votado 'no' a las de Palacio, PSOE y PRC por “no aportar nada al texto, ser reiterativas, no guardar los mínimos de calidad técnica” o ser “contrarias al objetivo de la norma”.

Desde el PSOE, el parlamentario Jorge Gutiérrez ha explicado que las propuestas de su grupo no son “un obstáculo” a la ley, sino “una oportunidad para mejorarla” y convertirla en una “herramienta verdaderamente útil”.

Así, ha explicado que persiguen una norma “más clara, garantista y eficaz”, que proteja al profesorado sin renunciar a los derechos del alumnado y que combine la corrección de las conductas con la prevención, la reparación y la educación.

Finalmente, la regionalista Teresa Noceda ha negado que con las 34 enmiendas de su grupo reproduzcan el texto alternativo que ya presentaron y fue tumbado, sino que se orientan a “corregir las carencias reales” que han encontrado y para que Cantabria tenga una norma que “no se limite a reconocer la autoridad del profesorado, sino que garantice su protección y proporcione a los centros herramientas para mejorar la convivencia”, pues esta es “una responsabilidad compartida”.

Así, el PRC se ha opuesto a las enmiendas de PP y Vox al entender que la ley que han pactado “debería dar bastante más espacio a la prevención, a la protección efectiva y a las obligaciones de la Administración”.

Los juzgados y tribunales de Cantabria ingresaron en el segundo trimestre de este año un total de 22.154 nuevos asuntos, que suponen un 7,4 por ciento más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, aunque bajó un 11,8% el número de resueltos, hasta los 20.429.

La relación entre unos y otros arroja una tasa de resolución del 0,92 en la comunidad, es decir, los tribunales cántabros resolvieron un número de asuntos que representan el 92 por ciento de todos los que entraron.

A fecha de 30 de junio permanecían en trámite 41.312, un 5,5% más que en 2025. Mientras, en España, la pendencia aumentó un 3,4 por ciento.

El número de asuntos registrados en los tribunales cántabros durante el segundo trimestre fue superior en todas las jurisdicciones.

No obstante, se observa un aumento mayor en la jurisdicción contencioso-administrativa, que crecieron un 34,9%, y en la social, un 19,9%.

En civil, los asuntos aumentaron un 6,3%, si bien dentro de esta jurisdicción se observa un incremento del 44% en los procedimientos registrados por la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Santander.

Finalmente, en la jurisdicción penal los asuntos aumentaron un 5 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

El peso de los asuntos por jurisdicciones es el siguiente: el mayor porcentaje de procedimientos son civiles (el 45,56%), seguidos de los penales (el 42,55%). Los asuntos laborales representan el 9,45% y los contencioso-administrativos, el 2,44.

Estos y otros datos se desprenden del Informe sobre la situación de los órganos judiciales que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que este miércoles ha dado a conocer con información del segundo trimestre de 2026.

En ese periodo, la tasa de litigiosidad se situó en la comunidad autónoma en 37,32 asuntos registrados por cada mil habitantes, inferior a la media del país (39,35). Pero el nivel autonómico rebasa el nacional en la jurisdicción social, con una tasa de 3,53 nuevos procedimientos.

En términos generales, la comunidad con mayor tasa de litigiosidad fue Canarias (51,49), seguida por Asturias (43,32) y Madrid (43,05).

En el segundo trimestre se dictaron en Cantabria un total de 6.042 sentencias, 9.009 autos y 5.102 decretos.

Por otro lado, al poner en relación los asuntos por resolver -los que ya estaban en el juzgado al comienzo del año y los nuevos que entraron- con los que se resuelven, la tasa de congestión en Cantabria se sitúa en 3, frente a una media nacional de 3,62.

En todas las jurisdicciones, la congestión es inferior a la de la media del país salvo en la social: en civil, 3,51 frente a 4,57; en penal 1,07 frente a 2,47; en contencioso-administrativo 3,51 frente a 5,04; y en social, 5,45, frente a 5,28.

La tasa de pendencia -que pone en relación los asuntos que permanecen en trámite al final del periodo con los que salieron del juzgado- está en el 2,02 en Cantabria, es decir, por debajo de la media (2,63).

Nuevamente, la tasa de pendencia es menor que la media del país, salvo en la social: en civil, 2,54 frente a 3,58; en penal 0,99 frente a 1,48; en contencioso-administrativo 2,51 frente a 4,07; y en social, 4,44, frente a 4,28.

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega ha aprobado provisionalmente este miércoles, en sesión extraordinaria, la modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2027 que conlleva la congelación de los principales impuestos y de las tasas del agua y la basura.

Mientras, determinadas tasas y precios públicos por servicios y aprovechamientos concretos, entre ellos servicios administrativos de uso no generalizado, subirán según el IPC al 3,6 por ciento y afectarán a quienes los utilicen.

También se ha dado luz verde al aumento de la tarifa del servicio de trasporte urbano, el Torrebus, que se incrementa igualmente según el IPC, pasando a costar el billete de 1,15 a 1,20 euros.

El plenario ha aprobado así la congelación de impuestos con los votos a favor del PRC y PSOE --que sustentan al equipo de Gobierno-- y en contra del PP, Vox, IU-Podemos y Torrelavega Sí. Este último grupo municipal ha cambiado su sentido en la votación de la tarifa del Torrebus, que por el resto ha sido igual a la anterior.

Según ha expuesto el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC), para el próximo año se congelarán los impuestos del IBI, el de circulación, la plusvalía y el de actividades económicas que pagan aquellas empresas que superan una facturación determinada.

En cuanto a las tasas, ha distinguido aquellas que son “básicamente administrativas” --como la expedición de documentos administrativos, la retirada de vehículos, la instalación de terrazas, la celebración de matrimonios civiles o el transporte escolar-- y que suben según el IPC.

Lo ha justificado en que el equipo de Gobierno cree que, aunque se estima que la evolución del IPC repercuta más hasta final de año, el incremento del 3,6 “recupera” parte de la inflación que “sufren” los ayuntamientos.

Entre estas tasas, no llevarán ningún tipo de actualización la que se cobra en el matadero municipal, al igual que la del mercado de los jueves y el mercado ecológico y las de los servicios deportivos vinculados al Consistorio.

A lo que se refiere a la tasa del agua y la recogida de basura, el concejal ha explicado que se congelarán. En concreto, ha destacado que la del agua ya se subió con un importe “suficientemente alto” y que este no es el momento de aplicar “una nueva subida”.

En el caso del Torrebus, ha señalado que, partiendo de que la tarifa es “bastante baja”, su incremento es “prácticamente redondeos”. A ello ha añadido que se han producido mejoras en el servicio, con una inversión “bastante más alta” que en años anteriores.

De este modo, el billete ordinario pasa de 1,15 a 1,20 euros, 5 céntimos más por viaje. El bono de diez viajes aumenta 15 céntimos, de 5,25 a 5,40 euros; el mensual, 55 céntimos, de 15,75 a 16,30 euros; y el abono joven para menores de 30 años, 1,10 euros por trimestre, de 31,50 a 32,60 euros, con viajes ilimitados.

Estas tarifas se establecen sin perjuicio de las bonificaciones y reducciones aplicables a los abonos y títulos multiviaje. Se mantiene, asimismo, la gratuidad para menores de seis años.

Además, Pérez Noriega ha recalcado que dentro del IBI se ampliará de uno a tres años las bonificaciones del 50% del IBI para las viviendas que instalen sistemas de aprovechamiento térmico de energía solar para autoconsumo.

Finalmente, ha afirmado que el incremento en las cuentas municipales por estas tasas es de unos 70.000 euros, que “para nada tienen un impacto importante”. Sin embargo, ha asegurado que no realizar las subidas acarretaría que los servicios empezaran a ser “deficitarios” y que, “por responsabilidad”, se debe mantener aproximadamente su coste.

Ambos expedientes se someterán a exposición pública durante treinta días para que las personas interesadas puedan examinarlos y presentar reclamaciones. Si no se presentan, los acuerdos quedarán elevados a definitivos.

Congelación 'electoralista'

Desde IU-Podemos han votado en contra de la propuesta del equipo de Gobierno al entender que “no se puede seguir trasladando a las familias el coste de una situación económica que ellas no han provocado” y han solicitado al PRC y PSOE que “no conviertan la inflación en una excusa para trasladar automáticamente nuevas cargas a la ciudadanía”.

Su concejal, Borja Peláez, ha pedido que se revise el coeficiente de situación de las calles para corregir desigualdades en la fiscalía municipal, porque “no todas las zonas de Torrelavega tienen las mismas características”, ha subrayado.

Mientras, el Grupo Municipal Torrelavega Sí ha calificado esta propuesta como “electoralista, arbitraria e injusta fiscalmente”.

El edil Arturo Roiz se ha preguntado cuál es el motivo de congelar los impuestos. “Estamos en año electoral y queda muy bien”, ha enfatizado, a la par que ha lamentado que el Ayuntamiento dispondrá de menor disponibilidad económica para llevar a cabo ciertos proyectos o deberá posponerlos, como ha pasado con el servicios de bicicletas, ha ejemplificado.

Sin embargo, Torrelavega Sí ha votado a favor de la subida de la tarifa del Torrebus, ya que ha valorado que ha cambiado la flota y está funcionando con más paradas, algo que “está requiriendo unos gastos”.

Por su parte, Antonio de la Riva, por Vox, ha profundizado en que la congelación de los impuestos “rompe una tendencia” de subida que ha tenido el equipo de Gobierno “durante toda la legislatura”, y ha lamentado que para el año que viene sí incremente “19 tasas que repercutirán en el ciudadano”.

Por el PSOE, José Luis Urraca ha defendido que en la propuesta del equipo de Gobierno “no existe ningún impuesto” que vaya a experimentar subidas, ni tampoco ninguna tasa de repercusión general. Por tanto, “no se pone en peligro a ninguna economía familiar”, ha remarcado.

Sin embargo, ha hecho hincapié en que el Gobierno de Cantabria del PP ha subido este año, a través de MARE, un 30 por ciento el recibo a los ayuntamientos por la gestión de las basuras. En concreto, ha señalado que a Torralavega lo ha incrementado en un 57% “en tan sólo dos años”; un “tasazo” que va a suponer 900.000 euros más que deberá asumir el Consistorio.

En respuesta a esto, el concejal 'popular' Miguel Ángel Vargas ha indicado que la tasa de basuras es aplicación de la nueva Ley de Economía Circular que aprobó el PSOE. “Que se llame 'tasazo Sánchéz' es por algo”, ha ironizado.

Ha justificado el voto en contra de su grupo en que “nuevamente” el equipo de Gobierno “quiere tomar por tontos a los ciudadanos” de Torrelavega al pensar que congelando el IBI el último año antes de las elecciones “se van a olvidar que llevan ocho años sistemáticamente subiendo todos los impuestos”.

Además, le ha reprochado que suban 19 tasas y que digan que ninguna tiene carácter general. Al respecto, ha enfatizado si la tasa para los 82.000 viajeros mensuales que tiene el Torrebus “¿es excepcional o es general?”.

“Dejen de sangrar a los torrelaveguenses (...) cuando no mejoran los servicios públicos”, ha afeado al PRC y PSOE, a los que ha acusado de hacer “una mala gestión económica”.

“Este Ayuntamiento ha pasado de tener millones y millones de ahorro a tener un endeudamiento cuando tenía una deuda cero”, ha dicho el 'popular', que también ha añadido que el equipo de Gobierno “engaña a conciencia” ya que “no dice” que ha subido los ingresos del Consistorio a través del incremento de un 5% de la aportación del fondo del Gobierno de Cantabria y un 9% el del Estado.

Precisamente Pérez Noriega ha señalado que la congelación tiene en cuenta estos dos aportaciones gubernamentales y ha rechazado que el concejal del PP hable de “engaño o de que se tome a los ciudadanos por tontos”. “Los ciudadanos de Torrelavega son lo suficientemente inteligentes como para saber lo que se les propone”, ha dicho.

El PSOE considera que “Santander no puede tener una alcaldesa a tiempo parcial”, tras el anuncio de la candidatura de Gema Igual (PP) al Senado en las elecciones del 29 de noviembre.

Así lo ha manifestado en un comunicado el secretario general de la agrupación santanderina, portavoz municipal y candidato a la Alcaldía, Daniel Fernández, quien ha opinado que si la regidora “está siete días de la semana ahora aquí y tiene Santander como lo tiene, cómo lo tendrá cuando pase tres días a la semana en el Senado”.

En este sentido, ha exigido que explique cómo piensa compatibilizar sus responsabilidades como alcaldesa con su candidatura a la Cámara Alta por el Partido Popular. “Si en Santander ahora todo va peor que mal, con Gema Igual en el Senado, todo solo puede ir a peor”, ha remarcado.

Para Fernández, la presencia de Igual en las listas al Senado indica “que ya está buscando una salida a la crónica de una derrota anunciada en mayo de 2027 en las elecciones municipales”.

Al respecto, ha asegurado que la regidora “sabe que no va a volver a ser alcaldesa de Santander tras 10 años en las que ha dejado una ciudad peor de la que se encontró en 2016, en la que todos los servicios públicos funcionan peor pagando más impuestos que nunca, en la que las calles están más sucias y con más ratas que nunca y en la que todo funciona peor que nunca”, ha subrayado.

A su juicio, representa un “modelo de fracaso demostrado” y ha señalado que “parece que el Partido Popular no aprende la lección”.

Además, ha sumado al “fracaso” de Gema Igual en Santander “su nula participación como diputada en el Parlamento de Cantabria”.

En su opinión, “los cántabros merecen senadores que vayan a trabajar para defender los intereses de Cantabria y Santander en Madrid y Gema Igual es ejemplo de todo lo contrario, como ha demostrado en el Parlamento regional”, ha indicado.

Más cargos acumulados, más abandonada Santander

El dirigente socialista ha insistido en que “cuantos más cargos acumula Gema Igual, más abandonada tiene Santander, donde quiere repetir como candidata”.

En este sentido, ha apuntado que además de diputada autonómica, es vicepresidenta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

“Acumula tantos cargos y responsabilidades como incompetencia y ausencia de trabajo eficaz en todos ellos”, ha afirmado, para subrayar que “los resultados de su gestión municipal no justifican ningún reconocimiento”.

Al hilo, Fernández se ha referido a “graves dificultades de acceso a la vivienda” y a problemas como “la limpieza en muchos barrios, una movilidad sin planificación, un Plan General de Ordenación Urbana pendiente desde hace 10 años y una larga lista de proyectos que acumulan retrasos e incumplimientos”.

“Mientras miles de santanderinos tienen dificultades para acceder a una vivienda, mientras los vecinos siguen reclamando mejoras en sus barrios y mientras los grandes proyectos de la ciudad no avanzan, el Partido Popular está preocupado por encontrarle un nuevo destino político a Gema Igual”, ha concluido.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha asistido este miércoles al sorteo de tres nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler asequible en Laredo, a las que optaban 135 personas.

Estas tres viviendas se ubican en dos locales comerciales, propiedad de la empresa pública GESVICAN, con acceso desde las calles Revellón y Ruayusera, que llevaban más de una década vacíos y sin uso.

Ahora, tras una inversión del Gobierno de 242.987 euros, esos bajos se han convertido en viviendas de 48, 50 y 57 metros cuadrados de superficie útil, con uno y dos dormitorios, para tres familias, cuyos alquileres oscilarán entre los 362 y los 425 euros mensuales, en función de las dimensiones, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

“Espero que las tres familias a las que les haya tocado puedan disfrutar de estas viviendas todo el tiempo que quieran y que puedan iniciar un proyecto de vida gracias a la colaboración que ha mantenido el Ayuntamiento con la Consejería para llevar a cabo esta obra”, ha manifestado el consejero, que ha destacado que el precio de los alquileres “son muy bajos, para ser Laredo y esta comarca”.

Desde que se abrió el plazo para aspirar a estas viviendas, el pasado 18 de agosto, y hasta que se cerró un mes después se presentaron un total de 135 solicitudes.

Para optar a las viviendas no ha sido necesario estar empadronado en Laredo, aunque los adjudicatarios deberán hacerlo durante la vigencia de los contratos de alquiler.

Acompañado por el alcalde de Laredo, Miguel Rodríguez, y por el director general de Vivienda, Carlos Montes, Media ha indicado que el Gobierno de Cantabria está impulsando casi 70 viviendas públicas en el municipio.

Así, a las tres sorteadas hoy se suman las 37 que actualmente se están ejecutando “a muy buen ritmo” junto al Hospital de Laredo, con una inversión cercana a los 5 millones de euros; y otras 27 que se construirán en una parcela adquirida por GESVICAN en la calle San Francisco, con un presupuesto que superará los 3 millones de euros y cuyo proyecto estará listo en los próximos meses.

Por ultimo, ha subrayado que en los últimos meses, sumando estas tres viviendas de Laredo, se han sorteado un total de 33 viviendas públicas en Orejo, Santillana del Mar, Reinosa y Laredo.

Además, próximamente se procederá al sorteo de otras nueve viviendas en Reinosa, Lamasón, Polaciones, Tudanca y Vega de Liébana, ha apuntado.

La Mesa Sectorial de Educación ha aprobado este miércoles una oferta de 453 plazas para las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos docentes en Cantabria en 2027, por lo que la Consejería mantiene el número total de plazas, aunque modifica su reparto entre especialidades.

En un comunicado, el sindicato ANPE, que ha rechazado esta oferta, ha subrayado que esta nueva propuesta incorpora Intervención Sociocomunitaria y añade plazas de SIF, mientras que elimina las correspondientes a Saxofón, Artes Gráficas, Flauta Travesera y MSP.

“La Consejería justifica esta oferta, una de las más importantes de los últimos años, por su objetivo de incrementar el número de funcionarios de carrera y avanzar hacia unas plantillas tipo en los centros educativos”, ha señalado.

El sindicato ha valorado positivamente esta nueva convocatoria de plazas, aunque no puede aprobar la propuesta en los términos planteados.

ANPE ha condicionado su apoyo a la recuperación del acuerdo anterior y a que no se eliminen especialidades que ya estaba previsto convocar.

Asimismo, ha considerado necesario conocer la tasa de interinidad resultante en cada especialidad, la temporalización y el desarrollo de las pruebas, así como las previsiones de convocatoria de cátedras.

“La Administración ha señalado que el nombramiento se producirá, al igual que este año para las oposiciones del Cuerpo de Maestros, un año más tarde, incluso en los casos en que algunos aspirantes finalicen la oposición en julio. Este retraso es inasumible e injustificado”, ha lamentado.

IU ha reclamado a la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos (PP), que “rectifique” y establezca una “veda total” del salmón atlántico en Cantabria como hacen el resto de comunidades.

Así lo ha reclamado la formación después de que el Gobierno regional (PP) haya decidido no vedar para 2027 la pesca del salmón, aunque sí introduce medidas más restrictivas respecto a este año, como el establecimiento de cupos máximos de cinco ejemplares por cada río salmonero -20 ejemplares en total-, la concentración de la actividad en tres días por semana y la supresión de la comercialización del 'campanu'.

Tras esta decisión, IU ha acusado al Gobierno del PP de “dar la espalda a la evidencia científica” e “ignorar” las advertencias realizadas durante años por especialistas y por la propia administración autonómica sobre el “grave declive” de las poblaciones salmoneras cántabras.

Su líder regional, Israel Ruiz Salmón, ha indicado que hace justo un año solicitó la prohibición inmediata de la pesca del salmón ante la “situación límite” de la especie y reclamó que la Consejería aplicase las recomendaciones recogidas en estudios técnicos elaborados desde la propia Dirección General de Montes y Biodiversidad y por el actual titular del departamento, Ángel Serdio, “con una postura como alto cargo del gobierno profundamente incoherente con respecto a su actuación como técnico”.

En este sentido, la organización ha señalado que publicaciones científicas impulsadas por técnicos de la Administración advertían de que tres de las siete poblaciones históricas de salmón en Cantabria estaban extinguidas, mientras que las restantes presentaban estados de conservación muy desfavorables, además de identificar la sobreexplotación entre las amenazas para la especie.

“Resulta incomprensible que, mientras otros territorios han optado por la protección total del salmón atlántico ante su retroceso, Cantabria continúe autorizando capturas. No se puede presumir de defender el medio natural y, al mismo tiempo, mantener decisiones que contradicen las recomendaciones científicas”, han recriminado desde IU.

A su juicio, reducir los cupos resulta “insuficiente si el objetivo es garantizar la recuperación de la especie”.

Ruiz Salmón considera que la decisión del Ejecutivo de reducir el número de capturas permitidas supone un “reconocimiento implícito de la gravedad del problema, pero no responde a la magnitud de la amenaza que pesa sobre el salmón atlántico”.

IU ha insistido en que la conservación de esta especie emblemática “exige priorizar” la recuperación de las poblaciones reproductoras, la mejora de los hábitats fluviales, la eliminación de obstáculos a la migración y una gestión basada en criterios científicos y de precaución.

“Cuando una especie presenta un deterioro tan evidente, la responsabilidad de las administraciones es protegerla, no seguir permitiendo su explotación. La ciencia lleva años alertando de esta situación y el Gobierno de Cantabria no puede seguir actuando como si nada ocurriera porque cuando no quede ningún salmón que pescar no habrá tradición que mantener”, ha advertido.

Por ello, IU ha instado a Susinos a “abandonar posiciones ideológicas o electoralistas” y adoptar las mismas medidas de protección que ya aplican el resto de comunidades autónomas con presencia histórica de salmón atlántico.

“Si Cantabria termina siendo la única comunidad que permite pescar salmones salvajes, el Gobierno tendrá que explicar por qué considera que aquí la ciencia vale menos que en el resto del país”, ha concluido.

PRC y PSOE han advertido a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), de que la sustitución de Isabel Urrutia por Juan Ignacio Sáez Bereciartu al frente de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplicación Administrativa supondrá un incumplimiento de las leyes de Régimen Jurídico e Igualdad, al reducir la presencia femenina en el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico por debajo del 40 por ciento.

El PRC ha recordado que el artículo 19.4 de la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno establece expresamente dicho porcentaje como mínimo de representación de cada sexo, en cumplimiento de la Ley de Igualdad de 2019. Sin embargo, el relevo anunciado en las últimas horas por la presidenta, como consecuencia de la incorporación de Urrutia a la candidatura del PP al Congreso de los Diputados, rompe esa proporción y reduce la presencia femenina en el Consejo de Gobierno al 30%.

Por ello, los regionalistas han instado a Buruaga a “revisar su decisión” antes de formalizar el nombramiento para garantizar que la nueva composición del Ejecutivo respete la legislación vigente.

Desde el PRC consideran que el cumplimiento de la Ley de Igualdad “no puede quedar supeditado a las decisiones y los intereses electorales de los partidos políticos”. “Estamos ante una obligación legal que vincula a todas las administraciones públicas, por lo que su cumplimiento debe ser prioritario”, han precisado.

En este sentido, han agregado que la legislación cántabra no se limita a recomendar una presencia equilibrada de mujeres y hombres, sino que establece expresamente un porcentaje mínimo de representación de ambos sexos en el Gobierno autonómico.

Por todo ello, el PRC ha instado a la presidenta a adoptar las decisiones necesarias para garantizar que la composición del Ejecutivo se ajuste a la ley y evitar que el relevo en la Consejería de Presidencia, “decidido por interés del Partido Popular, derive en el incumplimiento de la legislación concebida para impulsar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”.

También desde la oposición, los socialistas han advertido a Buruaga de que con esta modificación, que implica que haya seis consejeros y dos consejeras, “no se cumple la normativa”, pues la presencia de mujeres en el Ejecutivo “no llega al 30 por ciento”. Sabíamos que en el PP no son feministas, pero saltarse las propias leyes aprobadas en Cantabria siendo la presidenta una mujer es la demostración de que poco luchan por la igualdad real y efectiva de todas las mujeres“, ha expresado la portavoz del PSOE, Ainoa Quiñones.

En un comunicado, ha considerado que la decisión de relevar a Urrutia por un hombre es “la evidencia de que hay mujeres que nunca hacen políticas activas para lograr la igualdad real, como Buruaga”. “Una presidenta con dos consejeras y seis consejeros demuestra que no tiene ningún interés en impulsar las capacidades, el conocimiento, la vocación pública y el talento de las mujeres”, ha enfatizado.

Quiñones ha contrapuesto que, mientras Buruaga afirma que la alcaldesa de Santander y candidata al Senado, Gema Igual, “es sinónimo de solvencia y eficacia”, “no cuenta con mujeres para gobernar Cantabria”.

Respuesta del PP

Como respuesta a estas denuncias, el coordinador general y portavoz del Partido Popular de Cantabria, Juan José Alonso, ha pedido al PRC y al PSOE que “revisen su propia trayectoria antes de utilizar la igualdad como arma contra el PP. ”De las polémicas de Ábalos -que colocaba a sus amantes en las empresas públicas- a la declaración de Revilla sobre la prostitución en los años 60. Socialistas y regionalistas tienen mucho que explicar antes de dar lecciones de igualdad“, ha señalado el parlamentario en un comunicado, en el que ha respondido a los difundidos por ambos partidos para denunciar que con el relevo en la Consejería de Presidencia y Justicia el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga incumple la ley de paridad en la administración.

En opinión de Alonso, “hay que tener la cara muy dura para cuestionar el compromiso del PP con las mujeres cuando ”tenemos a la primera mujer al frente del Gobierno de Cantabria y del partido, a otra mujer como presidenta del Parlamento y secretaria general del PP (María José González Revuelta), a una consejera de Presidencia que da el paso de presentarse al Congreso (Isabel Urrutia) y a una alcaldesa que encabeza la candidatura al Senado“, ha afirmado, refiriéndose en este último caso a la regidora de Santander, Gema Igual.

Alonso ha destacado, además, que las mujeres que han ocupado la Consejería de Medio Rural en Cantabria pertenecen al PP, partido que también situó a a la primera mujer al frente de la Dirección General de Igualdad de la comunidad autónoma. “Mientras el PP demuestra con hechos que las mujeres pueden llegar a las máximas responsabilidades, el PSOE y el PRC pretenden darnos lecciones. Antes de hablar de igualdad, deberían mirarse al espejo y repasar su propia historia”, ha señalado.

En este sentido, ha advertido a socialistas y regionalistas que “el PP no va a aceptar que quienes tienen mucho que explicar sobre su propia trayectoria se arroguen el monopolio del feminismo. La igualdad se demuestra con oportunidades, responsabilidad y mujeres ocupando puestos de decisión”.

El coordinador general del PP ha señalado a los regionalistas que, durante los 19 primeros años de Miguel Ángel Revilla al frente del Gobierno de Cantabria, “no incorporó a ninguna mujer” a las consejerías designadas por su partido, “porque no creía en ellas”, ha apostillado. “Y la primera que puso fue por una carambola del destino”, en referencia Paula Fernández, que ocupó Presidencia y Justicia cuando falleció Rafael de la Sierra.

Además, ha dicho a los regionalistas que fue precisamente su secretario general quien reconoció en un programa de televisión que su primera relación sexual fue con una prostituta. “No se puede utilizar la igualdad como una vara de medir que solo se aplica al adversario. Si vamos a hablar de feminismo, hablemos de todo: de los hechos y de las declaraciones”, ha señalado.

Alonso también ha exigido coherencia al secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares. “El PSOE no puede presumir de feminismo cuando su secretario de Organización y ministro de Fomento colocaba a sus amantes en las empresas públicas del Gobierno de España”.

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha mantenido una reunión con el alcalde de Santa María de Cayón, Francisco Viar, en la que han abordado diferentes necesidades educativas del municipio, especialmente la dotación de mobiliario del salón de actos del IES Lope de Vega y las posibles alternativas para mejorar el transporte de los estudiantes que se desplazan a Santander para cursar estudios universitarios, una necesidad que también afecta a otros municipios de los Valles Pasiegos.

En este sentido, Silva ha explicado que la Consejería estudiará, junto con los ayuntamientos afectados y la Universidad de Cantabria (UC), posibles soluciones compartidas que faciliten los desplazamientos de estos alumnos, ha informado el Gobierno.

Para avanzar en esta cuestión, el Ayuntamiento de Santa María de Cayón se ha comprometido a facilitar información sobre el número de estudiantes que se encuentran en esta situación, mientras que Educación analizará las posibles alternativas en colaboración con la Universidad.

“Si aquí hay una necesidad, lo tenemos que estudiar”, ha afirmado el consejero, quien ha planteado también la posibilidad de incorporar a este trabajo a la Dirección General de Transportes, teniendo en cuenta la elaboración del nuevo mapa concesional de transporte urbano.

Por su parte, Viar ha expresado su voluntad de colaborar en la búsqueda de soluciones para el transporte universitario. “Nos toca trabajar en equipo, como no puede ser de otra manera”, ha señalado el regidor.

Silva ha confirmado que la Consejería tiene en marcha la licitación para suministrar el mobiliario del salón de actos del instituto.

El consejero ha reconocido que esta actuación debería haberse completado anteriormente y ha explicado que las dificultades administrativas relacionadas con la contratación, así como las características específicas del mobiliario requerido, han retrasado su ejecución.

“Ya tenemos esa licitación en marcha y nuestro objetivo y nuestro compromiso es tener dotado ese salón de actos antes de que acabe el año 2026”, ha señalado Silva.

El titular de Educación ha recordado que el IES Lope de Vega, que cuenta con cerca de un millar de alumnos, ha sido objeto de una importante actuación de ampliación, y ha agradecido al Ayuntamiento su interés y colaboración para atender las necesidades de los centros educativos del municipio.

Una vez anunciada la designación de Isabel Urrutia, hasta este martes consejera de la Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, como candidata al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales del 29N por el Partido Popular, la presidenta del Ejecutivo cántabro, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado en la misma rueda de prensa quién será su sustituto.

Se trata de Juan Ignacio Sáez Bereciartu, actual director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Cantabria. Nacido en San Sebastián en 1962, es licenciado en Derecho por la UNED de Cantabria. Ejerció como abogado desde 1989 hasta 1990, posteriormente ingresó en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria como funcionario de carrera del cuerpo de Letrados, puesto que ocupó desde 1990 hasta 1998.

En octubre de 1998 fue nombrado secretario general de la Consejería de Presidencia y ocupó dicho puesto hasta su nombramiento como director general de Función Pública en marzo de 2002. En julio de 2003 se reincorporó a su puesto de letrado tras las elecciones autonómicas, y en diciembre de 2011 fue nombrado subdirector general del Servicio Jurídico hasta julio de 2015. Posteriormente volvió a incorporarse a su puesto de Letrado hasta su nombramiento como director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo en la presente legislatura.

Además, según figura en el Portal de Transparencia de Cantabria, Juan Ignacio Sáez Bereciartu ha sido profesor asociado de Derecho Romano en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria entre 1990 y 1994 y profesor y director de cursos en el Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria, además de docente de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria desde el año 2000 al año 2004.

Además, desde el año 1990, ha sido letrado asesor/secretario del Consejo de Administración de diversas sociedades públicas del Gobierno de Cantabria, como la Sociedad Regional para la Promoción de Actividades Culturales del Palacio de Festivales de Santander o la Sociedad de Emergencias de Cantabria, entre otras.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, encabezarán las listas del Partido Popular al Senado y al Congreso de los Diputados, respectivamente, en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

“Dos mujeres muy valientes a las que no se les pone nada por delante” y que “son dos de los mejores activos” del partido, ha dicho la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en una rueda de prensa convocada de urgencia en la sede del PP para presentar las candidaturas. “Dos mujeres que nos tienen a todos detrás unidos, implicados al máximo y con el buzo de trabajo puesto”, ha remachado.

El resto de las listas, que van a ser cremallera alternando nombres de mujeres y hombres, se conocerá más adelante. La propuesta de las candidaturas cántabras se trasladará al aparato del partido en Génova para que sean refrendadas por el comité electoral nacional. “Ese será el momento en el que nosotros desvelaremos las candidaturas completas”, ha señalado. Únicamente ha desvelado que permanecerán en la lista algunos de los actuales cargos públicos del PP en ambas cámaras por “su valor” y por “su experiencia”.

Los dos diputados cántabros del PP actualmente son Félix de las Cuevas y Javier Noriega, dos hombres entre los cuáles -de mantenerse en la lista- se colaría otra mujer por el efecto cremallera. Los tres senadores populares elegidos por las urnas de esta legislatura son Elena Castillo, Severiano Cuesta y Juan Carlos García Diego, alcalde de Vega de Pas. El cuarto es el senador autonómico que elige el Parlamento de Cantabria, representado por Íñigo Fernández.

Gema Igual: “Contenta y comprometida”

Gema Igual ha desvelado que la llamó el presidente Alberto Núñez Feijóo para cubrir el puesto. “Es momento de decir que sí, de estar a disposición del partido y de España”, ha explicado. La alcaldesa de Santander -que no está obligada a dimitir y puede compaginar ambos cargos- ha confirmado que será candidata a la reelección en las próximas elecciones municipales del mes de mayo de 2027 y ha dicho que se siente “contenta y comprometida”.

La única incompatibilidad es con su cargo de diputada autonómica en el Parlamento de Cantabria, que dejará en el momento que sea preciso. “Es momento de estar al lado no del partido, sino de España”, ha proclamado. 

Sin embargo, en el caso de Isabel Urrutia, su cargo actual en el Gobierno de Cantabria es incompatible con la candidatura como cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados, lo que implica el cese inmediato de su cargo en el Ejecutivo autonómico. Un puesto en el que será relevada por el perfil técnico de Juan Ignacio Sáenz Bereciartu, un funcionario del cuerpo de letrados de la Administración autonómica, que hasta ahora ejercía como director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo.

“Vamos a echar el resto, se ve y se nota”, ha proclamado Buruaga sobre el perfil de las aspirantes cántabras a las elecciones generales. La presidenta se ha prodigado en elogios hacia su compañera de partido Isabel Urrutia, que competirá por convertirse en diputada nacional en las elecciones generales de noviembre. Una persona “de mi máxima confianza y uno de mis principales apoyos a nivel personal”, ha expresado. “No ha sido una decisión fácil, hay que romper un cordón umbilical muy fuerte”, ha explicado entre lágrimas de emoción.

Urrutia: “Inmenso honor y una gran oportunidad”

La actual consejera de Presidencia ha dicho que “es inmenso honor y una gran oportunidad” encabezar la candidatura al Congreso y ha agradecido la confianza que “sin fisuras” que ha depositado en ella la presidenta Buruaga. “Gracias por entender y creer que soy la persona idónea para esto”, ha dicho sin poder contener la emoción.

Urrutia ha añadido que va a intentar con todas sus fuerzas estar a la altura del reto y que tiene “el corazón partido” porque aunque va a estar donde se la necesita -“como siempre he hecho”, ha puntualizado- tiene que cortar “ese gran vínculo que me une a mis compañeros de Consejo Gobierno y al grandísimo equipo que he tenido en la Consejería de Presidencia”. “Dejo un equipo perfectamente engrasado”, ha enfatizado.

Buruaga: “No hay nada más importante que salvar a España”

Durante su intervención para presentar a las cabezas de lista, Buruaga ha dicho que “nos jugamos mucho en las elecciones” y que “es la oportunidad de reconstruir este país, abrir un nuevo tiempo de respeto a las instituciones, de tener la certeza de que gobernar significa servir y no servirse”, ha apuntado. Ha insistido en que va a ser una campaña “muy dura, muy sucia y absolutamente populista”. “No hay nada más importante que salvar a España”, ha subrayado.

“Tenemos la enorme responsabilidad de hacer las cosas todavía mejor para superar el magnífico resultado que tuvimos en Cantabria” -ha considerado- porque las elecciones “no las ganan el ambiente, ni las encuestas, ni las individualidades”.

La presidenta Buruaga ha explicado, además, que en Cantabria no se ha planteado la posibilidad de una lista conjunta del PP y Vox al Senado “porque la suma de las izquierdas no tiene ninguna posibilidad de disputar la mayoría al PP en el Senado”. El que gana las elecciones saca tres senadores -ha precisado- y el siguiente partido el cuarto. “Eso es muy difcil de alterar y no tiene sentido hacer una coalición con Vox para reafirmar esa mayoría”, ha zanjado.