Las empresas operadoras de las lanchas que conectan Santander con El Puntal, Pedreña y Somo, junto con la Delegación del Gobierno de España en Cantabria, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tomarán medidas preventivas este viernes y sábado, 24 y 25 de julio, ante un posible botellón en la playa de El Puntal, en Ribamontán al Mar, tal como sucedió el 17 de agosto de 2025, coincidiendo con días enmarcados en las fiestas de la Semana Grande de Santander.

El objetivo es prevenir un “macrobotellón” en la playa de El Puntal que, ha recordado, forma parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Dunas del Puntal y el Estuario del Miera y está dentro de la Red Natura 2000.

La vigilancia estaba prevista para el sábado 25, pero la previsión meteorológica para el sábado prevé lluvias y chubascos en el litoral, por lo que la movilización juvenil para consumir alcohol en esa playa podría producirse el viernes 24. Por ello, las medidas preventivas se desplegarán durante las dos jornadas.

Las tres empresas de lanchas (Los Reginas, Tricio y Alsa) prohibirán embarcar con bebidas alcohólicas, igual que el pasado sábado 18 de julio. También habrá Policía Nacional en el muelle de Santander desde el que parten las embarcaciones.

Por otro lado, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cantabria estará presente con sus embarcaciones tanto en el muelle de Santander como en la zona habitual de fondeo de El Puntal. Además, la Guardia Civil intervendrá también en el dispositivo con el helicóptero y drones, efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y también de Seguridad Ciudadana.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil realizará los pertinentes controles de alcoholemia, aforos, titulación o seguros, entre otros. También se reforzarán los controles de alcoholemia en la zona de Somo, ha informado la Delegación en nota de prensa.

El acusado de agredir sexualmente a su hija desde que tenía doce años y hasta que cumplió la mayoría de edad se ha declarado no culpable y ha afirmado así que el relato de la víctima es “falso”. No obstante, ha abonado 30.000 euros para indemnizarla y el fiscal ha rebajado en dos años la pena de cárcel solicitada para él, que se queda ahora en trece.

Este jueves se ha celebrado el juicio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, en el que la chica -que ha declarado a puerta cerrada- se ha ratificado en la denuncia. Ejerce la acusación particular y su abogada se ha adherido a la solicitud del ministerio público.

Mientras, la defensa ha insistido en la libre absolución de su cliente pero ha interesado que si es condenado se le impongan cuatro años y medio de prisión al haber consignado la totalidad de la responsabilidad civil por las secuelas psicológicas que padece su hija.

Los hechos fueron denunciados por la joven y según el ministerio público el procesado residía en España por motivos laborales y cuando regresaba al país donde estaba la menor, Ghana, “aprovechándose de su condición de padre y con intención de satisfacer sus impulsos sexuales, en diversas ocasiones le realizó tocamientos y la besó en los pechos bajo la ropa, sin que la misma se opusiera a tales actos ni se los relatase posteriormente a nadie, dada su corta edad”.

En este contexto, cuando la chica ya tenía 17 años, se trasladó a vivir a España junto con su padre y hermanos. Entonces, el acusado “prevaliéndose de su relación paternal”, reiteró las conductas, con tocamientos y hasta penetración con los dedos, “pese a que la misma le dijo en todas las ocasiones que no quería realizar tales actos”.

“¿Por qué quiere venir a vivir conmigo?”

“Si mi hija dice que soy agresivo en África, ¿por qué quiere venir a vivir aquí conmigo?”, se ha preguntado el implicado en el plenario durante el ejercicio de su derecho a la última palabra. Y a lo largo del interrogatorio, en el que ha contestado a preguntas de todas las partes, ha asegurado que “nunca” se quedaba solo con la joven en casa y ha apuntado a la influencia que la hermana mayor ejerce sobre ella, con la que tiene una “mala” relación desde que volvió de Erasmus.

A esta última la ha acusado de querer “dominar a todos, incluso a su madre” y de enfadarse si quiere algo “y no se lo das”. En este punto, ha dicho que la pidió que se pusiera a trabajar porque el único sueldo que sustentaba a la familia era el suyo, ya que la mujer quería dinero para continuar estudiando.

El fiscal se ha referido a un mensaje de 'Whastapp' que la niña escribió al acusado para decirle que quería que cesaran “los abrazos”, “los tocamientos” y que quería “una relación sana”, así como que únicamente le diera “la mano”, mensaje que el hombre ha achacado a que la chica tenía “vergüenza” de abrazarle porque estaba saliendo con un chico.

Hacerle feliz

La hermana mayor de la víctima e hija del acusado, que ha declarado como testigo, ha sido cuestionada por la defensa acerca de la “mala” relación con su padre desde que éste le pidió que trabajara, pero ha asegurado que los problemas entre ambos empezaron cuando conoció los hechos denunciados.

Al respecto, ha relatado que su hermana pequeña le contó que cuando se quedaba sola con el hombre en la casa donde convivían juntos, éste le realizaba tocamientos, que comenzaron en Ghana cuando contaba con 12 años y siguieron en España, y que no se lo dijo antes “por miedo”. También ha señalado que cuando la niña le pedía al padre que parara, el procesado le decía que “tenía que hacerle feliz”.

Según ha manifestado esta testigo, cuando supo lo ocurrido intentó poner medidas para que la víctima no se quedara a solas con él en la vivienda y ha indicado que acudieron a un centro de atención a víctimas de delitos sexuales.

En la prueba pericial, tanto los forenses que examinaron a la joven como la psicóloga que la atendió han ratificado los informes aportados y han coincidido en que presentaba depresión, que padecía pesadillas y que tenía pensamientos suicidas. Además, la especialista ha afirmado que el relato de la joven era “coherente, estable y congruente”.

Practicada toda la prueba testifical y pericial, las partes han modificado sus conclusiones y el juicio ha quedado visto sentencia.

'Cantabria contra la tauromaquia' ha hecho un llamamiento para acudir a las concentraciones antitaurinas que ha convocado para los próximos viernes 24 y sábado 25 de julio, a las 17.30 horas, frente a la Plaza de Toros de Santander, para reivindicar la abolición de la tauromaquia y por unas “fiestas sin sangre”.

Ante la nueva campaña de actos taurinos que están teniendo lugar durante las Fiestas de Santiago, el colectivo vuelve a movilizarse para denunciar estos “bochornosos” actos que se vienen manteniendo con dinero público por parte del Ayuntamiento de Santander, ha indicado en nota de prensa.

Según ha señalado, este año la feria de “tortura taurina” ha sido organizada y difundida “ignorando” la resolución dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que hasta “apenas unos días antes de su comienzo, anulaba la prórroga del contrato de 2025 adjudicado a la empresa Lances de Futuro”, promotora de la feria que también elaboró y comercializó el cartel de 2026.

Además, ha censurado de nuevo la “lamentable promoción” de la asistencia de menores de edad con el 'Abono Joven', pese a las advertencias del Comité de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas sobre las “consecuencias negativas” de la asistencia de los menores a estos eventos.

En este punto, ha reclamado fijar la edad mínima de 18 años para participar en estos eventos y escuelas taurinas, así como realizar campañas de sensibilización sobre los “efectos negativos” que la tauromaquia puede tener en los menores.

El colectivo ha criticado que el Gobierno de Cantabria y muchos ayuntamientos como el de Santander apuesten “por estos actos de tortura, en lugar de fomentar la cultura”.

“Estos actos de tortura taurina son inmorales, pero además implican un derroche de dinero público que se deberían estar destinando a promover la cultura”, ha sentenciado.

Finalmente, ha instado a “no dejarse manipular” por el regalo de entradas o la promoción de bonos con precios reducidos y ha llamado a toda la sociedad cántabra a “reaccionar mostrando un rotundo rechazo”.

El Comité Comarcal del PRC en los Valles Pasiegos ha exigido este jueves al Gobierno de Cantabria (PP) que “cumpla” tras la licitación de la redacción de los proyectos para mejorar la carretera entre Entrambasmestas y Vega de Pas, que acumula “más de dos años de retrasos y reiterados incumplimientos de los plazos fijados por el consejero de Fomento, Roberto Media”, ha denunciado en un comunicado.

Aunque valoran el trámite que el Ejecutivo ha puesto finalmente en marcha, los regionalistas han recordado que la redacción del proyecto fue anunciada por Media en octubre de 2023 con una inversión de 18,5 millones de euros, pero en marzo de 2024 la redujo a 10 millones y comprometió el proyecto para 2025.

“Finalmente se ha licitado en julio de 2026 y nos parece una buena noticia para la comarca, por lo que estaremos vigilantes para que no se produzcan nuevos incumplimientos ni retrasos”, han anunciado.

El PRC ya exigió en marzo el desbloqueo de esta actuación, que ahora ha sido dividida en dos proyectos y dotada de la inversión de 18,5 millones prevista en un principio, con la previsión de licitar las obras en 2027. “Nos parece muy positivo que nuestra reclamación haya contribuido a impulsar unos trámites que llevaban demasiado tiempo pendientes”, han precisado.

Asimismo, han reivindicado una reforma integral que acabe con los estrechamientos, las curvas y los problemas de visibilidad y seguridad del trazado actual y contemple una senda peatonal y un carril bici para conectar con La Engaña.

En este sentido, han cuestionado que los proyectos anunciados por el Gobierno no incluyan referencia alguna a esas infraestructuras, una ausencia que consideran “difícil de justificar tras la reciente inauguración del acceso al túnel de La Engaña, presentado como vía verde y pieza fundamental de la estrategia turística para los Valles Pasiegos”.

A su juicio, si el Gobierno quiere convertir La Engaña en un referente turístico y atraer visitantes vinculados al cicloturismo y al disfrute de la naturaleza, “debe garantizar también una conexión segura y continua para llegar hasta allí”. “No basta con pintar de verde el asfalto y llamarlo vía verde si después no existe una red ciclista que permita acceder al entorno con seguridad”, han afirmado.

Por ello, propone aprovechar la mejora de la carretera para “estudiar soluciones que contribuyan a la movilidad sostenible y conecten los recursos turísticos de la comarca, sin olvidar que la carretera debe responder, ante todo, a las necesidades de seguridad y comunicación de los vecinos”.

A este respecto, el PRC ha recordado que ya propuso hace tiempo estudiar la conexión entre la Vía Verde del Pas y el túnel de La Engaña para crear una gran red destinada a ciclistas y senderistas, propuesta que fue descartada por su coste.

“Resulta contradictorio que se descarte por su coste el estudio de una conexión estratégica para toda la comarca y, al mismo tiempo, se asuma un sobrecoste de alrededor de 1,5 millones de euros en una actuación que parece una autopista, por más que el Gobierno se empeñe en presentarla como una vía verde y un referente de turismo sostenible”, han concluido.

La Guardia Civil ha instruido diligencias este jueves, en calidad de investigado, al responsable de una explotación ganadera del municipio de Saro como responsable del vertido de purines a un arroyo que se produjo la semana pasada y que posteriormente se extendió a los ríos Llerana y Pisueña, que afectó al ecosistema y causó gran mortandad de peces, más de 2.100 en una primera valoración.

Por estos hechos, el hombre ha sido investigado como presunto autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La investigación realizada por el Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) ha descubierto la existencia de una red de tuberías ocultas bajo tierra que, partiendo de un estercolero de la explotación ganadera, finaliza en el mencionado arroyo. Las tuberías podían tener como función aliviar el estercolero ante un límite alto de purines.

Los ríos Pisueña y Llerana se consideran de especial protección por la Red Natura 2.000, el primero por ser un Lugar de Interés Comunitario, y el segundo, por ser una zona periférica de protección del Pisueña.

La semana pasada, el SEPRONA comenzó una investigación por un posible vertido que, en un primer momento afectaba al río Llerana en Saro, sin mortandad piscícola, y que posteriormente se extendió al Pisueña, donde ya se hallaron gran cantidad de peces muertos.

También acudieron al lugar Agentes del Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural y ambas instituciones colaboraron en la investigación.

El SEPRONA, además de recoger muestras del agua y peces muertos para su análisis, realizó una inspección aguas arriba que determinó que el vertido comenzaba en un arroyo afluente del río Llerana. Cerca del mismo se encuentra una estabulación ganadera, por lo que los agentes centraron la investigación sobre este lugar.

Tras varios días de indagaciones e inspecciones tanto en la propia explotación como en las zonas cercanas, lo que en principio parecía ser la rotura de una tubería de la explotación que había arrastrado los purines de la estabulación al arroyo acabó descartándose al descubrir un conducto subterráneo de tuberías que unían el estercolero principal con el arroyo.

Los agentes tuvieron que realizar movimientos de tierras para descubrir la conducción, que podría entrar en funcionamiento cuando el estercolero llegara a un nivel alto de purines y de esta forma evitar que rebosara.

Ante los hallazgos descubiertos y otras pruebas conseguidas, esta mañana, en dependencias del SEPRONA en Santander, se ha procedido a instruir diligencias en calidad de investigado al responsable de la estabulación como presunto autor de un delito, ante la existencia de un vertido con afección al ecosistema y que tardará años en recuperarse.

Esta investigación del SEPRONA está contando con la colaboración de Agentes del Medio Natural, que elaborarán un informe de estimación de daños medioambientales que se unirán a las diligencias que instruye la Guardia Civil.

Además, las muestras recogidas por el SEPRONA serán analizadas por el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) en cuanto a las pruebas líquidas, y en el Centro de Conservación de Cabárceno respecto a la fauna piscícola.

La Junta de Personal Docente ha presentado este jueves la campaña “Por la Pública”, una iniciativa que busca canalizar “el malestar creciente de familias, estudiantes y docentes de Cantabria” ante una gestión de la Consejería de Educación marcada por los recortes y la falta de diálogo.

Esta movilización se produce como una respuesta a las demandas ya planteadas por el profesorado de los centros; de hecho, la cifra de apoyos sigue creciendo y ya son 92 los claustros de toda la red educativa pública que han suscrito el documento reivindicativo conjunto.

Uno de los ejes de la denuncia sindical se sitúa en la gestión de los datos de escolarización, donde acusan a la Consejería de ejercer “una absoluta falta de transparencia con el objetivo de manipular la percepción pública y justificar la supresión de unidades”. Según han detallado los portavoces Conchi Sánchez (CCOO), Diegu San Gabriel (STEC) y Rus Trueba (ANPE Cantabria), mientras que en el proceso ordinario de matriculación se publican listas de admitidos y no admitidos en plataformas como EduCantabria, en el proceso extraordinario esta información se oculta sistemáticamente.

Los equipos directivos y las familias se encuentran ante un muro informativo que les impide conocer cuántas solicitudes reales existen para cada centro y dónde se están denegando plazas. Esta opacidad es calificada por la Junta como “inédita”, ya que nunca antes se había negado la matriculación en centros públicos en periodo extraordinario bajo el argumento de suprimir líneas en la propia localidad.

Los sindicatos denuncian que se está enviando a las familias el mensaje de que “no pueden matricularse ahora y deben esperar a septiembre”, lo que genera una incertidumbre deliberada que empuja a los padres a buscar alternativas fuera de la red pública, principalmente en centros privados-concertados.

Emplazamiento urgente al consejero Sergio Silva

Ante lo que consideran una situación límite, la Junta de Personal Docente ha lanzado un mensaje directo al responsable de Educación, Sergio Silva. Los representantes sindicales le han convocado públicamente para el próximo miércoles 29 de julio a las 10:30 horas en la sede de la Consejería. El objetivo de este encuentro es forzar el inicio de unas negociaciones que “llevan estancadas más de un año y medio”, según los docecntes.

El dato esgrimido por los sindicatos es contundente: se cumplen 548 días desde la última reunión mantenida para negociar la extensión de la bajada de ratios, celebrada el 21 de enero de 2025. Durante este tiempo, la administración no ha dado respuesta a las constantes propuestas e invitaciones para retomar el diálogo, a pesar de que la bajada de ratios en todas las etapas educativas fue un compromiso de legislatura del actual Ejecutivo, ha recordado Diegu San Gabriel.

Los portavoces de la Junta han advertido que, si el consejero no acude a la cita o no ofrece soluciones concretas, se procederá a anunciar el calendario de movilizaciones.

Recortes políticos: 94 grupos y 100 docentes menos

La campaña 'Por la Pública' pretende denunciar que los recortes previstos por la Consejería para el próximo curso no responden a causas demográficas naturales, sino a decisiones políticas deliberadas. A falta de conocer la propuesta definitiva de cupos, la administración pretendería suprimir 94 grupos escolares y más de un centenar de plazas de profesorado entre centros de Primaria, ESO y Bachillerato en toda la región.

Para los sindicatos, el argumento de la bajada de la natalidad es una “excusa” que se aplica de forma discriminatoria. Mientras se cierran líneas en la red pública bajo este pretexto, se mantienen intactos los conciertos con la educación privada, incluso en centros que presentan cifras de matriculación con las que se están eliminando unidades en la pública.

Este “doble rasero” está afectando gravemente a localidades como Colindres, Laredo, Barreda y Torrelavega (Sierrapando), donde las AMPAS ya han iniciado recogidas de firmas y movilizaciones para defender sus colegios, han recordado.

La “secundarización” de la Primaria

Otro de los puntos más alarmantes señalados durante la presentación de la campaña ha sido el impacto pedagógico de estos recortes, especialmente en los cursos de primero y segundo de Primaria. Los sindicatos alertan de un fenómeno que denominan la “secundarización” de la Primaria: debido a la falta de personal y a la supresión de puestos, se está privando a los alumnos más pequeños de una figura de tutor de referencia fija, según ha explicado la portavoz de CCOO, Conchi Sánchez.

“En lugar de contar con un docente que lidere el proceso de transición desde Infantil, los niños de apenas seis años se encuentran con aulas por las que pasan hasta siete docentes diferentes”, ha detallado. Especialistas de música, inglés o educación física, junto a otros profesores con “horas sueltas”, asumen funciones tutoriales de forma fragmentada. Esta situación, que ya comenzó a detectarse el curso pasado, se agravará considerablemente si se mantienen los cupos actuales, suponiendo lo que la Junta define como una “absoluta bajada de la calidad educativa” y un perjuicio directo para el alumnado más vulnerable, ha incidido Sánchez.

Burocracia y extraescolares: compromisos incumplidos

La campaña no solo se centra en las ratios y los recortes, sino que exige además el cumplimiento de los acuerdos firmados anteriormente. Los sindicatos denuncian que han pasado dos años desde que se fijó en el cronograma oficial la negociación para la reducción de la burocracia docente, sin que se haya celebrado ni una sola reunión al respecto. Los docentes se ven “sepultados por tareas administrativas” que les restan tiempo para la atención directa al alumnado.

Asimismo, la regulación de las actividades extraescolares sigue siendo una asignatura pendiente. A pesar de haber registrado cerca de 3.000 firmas de docentes en marzo de 2025 reclamando un marco jurídico que aporte seguridad a profesores y alumnos, la Consejería no ha mostrado voluntad de avance tras 16 meses de espera, han lamentado.

Para la Junta, es una cuestión de voluntad política, ya que muchas de estas regulaciones no dependen de partidas presupuestarias, sino de la disposición al diálogo del consejero Silva, a quien han acusado de ser “incapaz de llegar a acuerdos”.

El “doble rasero” de las aulas con pocos alumnos

De otro lado, la Junta de Personal Docente ha cuestionado la supuesta insostenibilidad de las aulas con diez alumnos, denunciando que este argumento varía arbitrariamente según se trate de la red pública o la concertada.

Mientras la Consejería justifica la supresión de unidades en centros públicos alegando falta de demanda, mantiene vigentes conciertos educativos en centros privados con cifras similares -como ocurre en el caso de La Salle en Los Corrales-, lo que evidencia un “doble rasero” en la gestión de recursos, han argumentado.

“Hay muchos factores a la hora de proponer la supresión de unidades de la escuela pública. En un colegio de una localidad rural, alejada de entornos urbanos, ¿hacemos a esas familias trasladarse a un núcleo urbano?”, ha cuestionado Rus Trueba (ANPE). “No se nos olvide que la escuela pública es la garante de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas. Es nuestro deber y nuestra obligación que esa red se mantenga y en las mejores condiciones posibles. No se trata únicamente de hacer matemáticas”, ha añadido.

Hacia una nueva “marea verde”

La Junta de Personal Docente ha concluido con un llamamiento a toda la sociedad cántabra para que se sume a esta nueva “marea verde”. El objetivo es hacer confluir las protestas de las AMPAS, los equipos directivos y los sindicatos en un frente común que exija “aulas con menos alumnos, docentes con mayor dedicación” y una defensa firme de los recursos públicos.

“Es hora de demostrar con hechos la disposición al diálogo que se pregona”, han sentenciado los representantes de STEC, ANPE y CCOO, recordando que el papel del consejero es, ante todo, velar por la enseñanza pública de su comunidad. La cita del próximo miércoles 29 de julio se presenta para ellos como decisiva en un conflicto que amenaza con enturbiar el inicio del próximo curso escolar si no se producen avances reales en las demandas de los 92 centros que ya se han sumado a las reivindicaciones.

Los sindicatos de la Policía Local de Santander (APLB-USO, CCOO, CSIF, SIEP Y UGT) han denunciado el “absoluto fracaso” del dispositivo de seguridad diseñado por el Ayuntamiento de Santander para el chupinazo y el arranque de las Fiestas de la Semana Grande, y han exigido la dimisión de los responsables políticos.

“Lo que el equipo de Gobierno (PP) pretendía vender como una jornada festiva idílica se ha convertido en un escenario de caos, desprotección ciudadana y un riesgo inaceptable para los trabajadores públicos”, han aseverado las organizaciones sindicales este miércoles en nota de prensa.

Según han señalado, la “escasez” de efectivos obligó a desplegar un operativo “ínfimo” de tan solo siete agentes para cubrir los complejos cortes de tráfico de un evento que congrega a miles de personas. Como consecuencia directa de esta “nefasta” planificación, “se rompió sistemáticamente el principio básico de seguridad del binomio policial”.

Y es que, según han indicado, los agentes que estaban realizando estos cortes de tráfico, en un servicio “totalmente unipersonal”, se vieron obligados a intervenir en peleas y realizar identificaciones de individuos para prevenir la comisión de delitos graves, “viéndose completamente desamparados, sin apoyo cercano y poniendo en riesgo su propia integridad física”.

Mientras tanto, la sala del 092 se vio “desbordada”, teniendo que “dejar sin atender una multitud de llamadas y quejas vecinales por la absoluta falta de patrullas disponibles en el resto de la ciudad”.

Han destacado que “el momento más crítico y dramático” de la jornada se vivió tras el aviso del Servicio de Emergencias 112 sobre el hombre que murió en Ojáiz tras ser arrollado por un tren de Cercanías.

Ante la gravedad de este incidente, la Policía Local de Santander se encontró ante la “dramática tesitura” de no disponer de una dotación para enviar al lugar, teniendo que acudir al siniestro únicamente el Cuerpo de Bomberos.

Los sindicatos han criticado que, a pesar de que la jornada registró un “reguero” de accidentes de vehículos, atropellos, comas etílicos y múltiples peleas, donde la Policía Local “tuvo que actuar como pudo”, la “única prioridad” del equipo de Gobierno ha sido “que las fiestas salieran adelante a cualquier precio, ignorando la realidad del colapso del servicio”.

Ante este “preocupante” escenario, las organizaciones sindicales ven “inadmisibles” las últimas declaraciones de la alcaldesa, Gema Igual, en las que ha afirmado que la “responsabilidad” de garantizar la seguridad en la Semana Grande es del jefe de la Policía Local.

Según han señalado, las funciones y competencias de los alcaldes en España se encuentran reguladas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases del Régimen Local (LRBRL), cuyo artículo 21.1.i establece que es atribución del alcalde “ejercer la Jefatura de la Policía municipal”.

“Intentar parapetarse detrás de los mandos policiales para eludir una crisis de gestión política no solo es un acto de cobardía institucional, sino una flagrante distorsión de la legalidad vigente”, han valorado los sindicatos, que han afirmado que “la competencia última e irrenunciable sobre la seguridad de Santander es de la alcaldesa”.

Además, las organizaciones sindicales califican de “insultante” que la regidora apele a la supuesta “responsabilidad” de los agentes para que realicen horas extras, las cuales “no están obligados”, han apostillado, mientras que “por puro orgullo y dejadez política se niega en rotundo a sentarse en una mesa a negociar”.

“Los policías de Santander no piden privilegios, únicamente solicitan que se cumplan los acuerdos que el propio Ayuntamiento ya dejó firmados”, han manifestado los sindicatos, que han denunciado que “la situación de precariedad material ha llegado a un extremo insostenible”.

En este punto, han subrayado que la plantilla acumula dos años sin reposición de material básico, careciendo de pantalones, uniformidad general, cascos de seguridad actualizados y chalecos antibalas operativo.

Por todo ello, las organizaciones sindicales han anunciado que emprenderán “todas las medidas legales necesarias” y han reclamado una rectificación inmediata, “antes de que la falta de medios humanos y materiales provoque una tragedia aún mayor durante el resto de la semana festiva”.

Cantabria registró en los seis primeros meses de este año 3.492 accidentes de trabajo, un 3,5 por ciento más que los contabilizados en el mismo período de 2025, según el informe del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).

Además, la encuesta revela que en los primeros seis meses del año ha habido 7 accidentes mortales, 6 de ellos en jornada laboral y otro in itinere, es decir, en un desplazamiento a o desde el trabajo, mientras que el ejercicio pasado hasta junio no había habido fallecidos.

De los 3.492 accidentes, 3.032 fueron en jornada laboral, que se incrementan en un 1,4% en comparación a los 2.990 de 2025 en las mismas fechas, y los 460 restantes fueron in itinere, un 20,7% más que los 381 de 2025.

En lo que respecta solo a junio, en Cantabria se registraron 588 accidentes de trabajo, 17 menos que en el mismo mes de 2025. Entre ellos, no hubo ninguno mortal pero sí cuatro graves.

Del total, 508 fueron durante la jornada laboral y 80 in itinere. A estos 588 accidentes con baja hay que sumar otros 535 sin baja, lo que hacen un global de 1.043 accidentes el mes.

Valoración de UGT

UGT ha subrayado que estas cifras de siniestralidad reflejan “el camino que queda aún por recorrer para alcanzar una prevención de riesgos que realmente se integre en los centros y en los puestos de trabajo y vaya más allá que una justificación en papel”.

“Son datos de accidentes de trabajo intolerables, tan intolerable como la campaña de CEOE-Cepyme en Cantabria contra el absentismo, que se ha centrado en criminalizar a las personas trabajadoras, obviando la ineludible responsabilidad de las empresas en garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores y trabajadoras”, ha criticado la responsable de Salud Laboral del sindicato, Lara Pérez.

El Ayuntamiento de Torrelavega ha acordado el cierre “inmediato” al tránsito peatonal de la pasarela colgante del Parque de La Viesca “por motivos de seguridad”, mientras mantiene las restricciones de uso establecidas en mayo en la metálica de La Barquera, ubicada también en el entorno de este mismo área recreativa.

Así lo ha anunciado este miércoles en un comunicado el Ayuntamiento, que ha explicado que la decisión se adopta tras recibir el informe técnico que se encargó para evaluar el estado de estas dos pasarelas peatonales sobre el río Besaya.

Dicho informe aconseja clausurar la pasarela colgante “hasta que se ejecuten, como mínimo, las actuaciones urgentes previstas” y mantener las restricciones de acceso sobre la otra.

Además, y a la vista de las conclusiones de este documento, el Ayuntamiento iniciará “de manera inmediata” la redacción y tramitación del proyecto de rehabilitación integral de ambas pasarelas.

Problemas desde mayo

El pasado mayo, el Ayuntamiento adoptó una serie de limitaciones de uso en ambas pasarelas mientras se completaba el estudio técnico con el que ahora ya se cuenta.

Entre ellas, se limitó el acceso a una única persona de forma simultánea, se prohibió correr o saltar sobre las estructuras, así como el paso de bicicletas, patinetes y otros elementos de movilidad y se desaconsejó su utilización en condiciones meteorológicas adversas.

Ahora estas restricciones continuarán vigentes en la pasarela de La Barquera, si bien la colgante de La Viesca se ha decidido cerrar por completo.

Deterioros relevantes en la pasarela colgante

El informe realizado es el resultado de una inspección visual de ambas estructuras y a través de dron en las zonas no accesibles y se encargó para disponer de una valoración objetiva de su estado de conservación y definir las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas usuarias.

En el caso de la pasarela colgante de La Viesca, el informe concluye que, aunque los principales elementos estructurales, como los cables principales, los pilonos y sus anclajes, presentan, “con carácter general, un estado de conservación aceptable, se han detectado ”deterioros de especial relevancia, especialmente en el sistema de apoyo del tablero sobre las péndolas, además de deficiencias en otros elementos de seguridad, como la barandilla y la malla de cerramiento“.

A la vista de estos daños, los técnicos consideran necesario cerrar la infraestructura al tránsito peatonal hasta ejecutar las actuaciones urgentes previstas, que, entre otras medidas, incluyen la revisión y reparación sistemática de las uniones entre el tablero y las péndolas, la reparación de las uniones entre los distintos segmentos del tablero, la reposición del recubrimiento antideslizante, la sustitución de la tornillería deteriorada, la reparación de la barandilla y de la malla de cerramiento y la renovación de la señalización de seguridad.

Posteriormente, el informe plantea actuaciones de mantenimiento y reparación a medio plazo, como recuperar el diseño original de las uniones entre las péndolas y los largueros longitudinales, eliminando las soldaduras incorporadas con posterioridad a la construcción de la pasarela y restituyendo las uniones atornilladas originales.

Pasarela metálica de La Barquera

Respecto a la pasarela metálica de La Barquera, el informe concluye que el principal riesgo para la seguridad de las personas usuarias se concentra en el estado del tablero de madera, mientras que el resto de la estructura presenta “un comportamiento compatible con el mantenimiento del servicio siempre que se respeten las restricciones de uso implantadas de forma preventiva el pasado mes de mayo y se acometan las actuaciones recomendadas”.

El informe establece como actuación prioritaria la sustitución completa del tablero de madera y de sus elementos de fijación, utilizando materiales adecuados para las condiciones ambientales de la estructura.

Asimismo, recomienda ejecutar posteriormente distintas actuaciones de mantenimiento y reparación sobre la estructura metálica, orientadas a corregir los procesos de corrosión detectados, reparar o sustituir los elementos deteriorados y reforzar las labores periódicas de conservación e inspección.

El Ayuntamiento ha agradecido la “comprensión” de la ciudadanía y ha pedido respetar tanto el cierre de la pasarela colgante de La Viesca como las restricciones de uso que continúan vigentes en la de La Barquera mientras se desarrollan los trabajos técnicos y administrativos necesarios para la rehabilitación de ambas infraestructuras.

La ciudad de Santander ha vuelto a ser escenario de la crudeza de la crisis de la vivienda. A primera hora de este miércoles, alrededor de las 7.15 horas, un despliegue de la Policía Nacional de dos furgones y siete agentes ha procedido a acordonar un perímetro de unos metros en torno al portal número 20 de la calle Antonio López en el centro de la ciudad.

Algo, al parecer, “habitual”, según ha justificado pasadas las 8.30 horas a elDiario.es uno de los efectivos, para que posteriormente la comisión judicial pudiera realizar su trabajo. El agente se refería al desalojo de Blanca, su hija y su perro de la vivienda que esta ciudadana santanderina sexagenaria habita desde que tenía 12 años.

A pesar de la resistencia civil pacífica convocada por el Sindicato de Vivienda de Cantabria, en cuya concentración se han escuchado proclamas como “todas bajo techo, la vivienda es un derecho” o “ no nos va a callar la violencia policial”, el desalojo se ha consumado pasadas las 10.30 horas, dejando a la familia en una situación que Blanca define como de “indefensión total”. De nada ha servido la conversación previa de Yolanda Ceballos, portavoz del Sindicato, con los miembros de la Comisión Judicial, para tratar de explicar la falta de solución habitacional de esta familia que se ve abocada a una situación de calle.

La jornada de este miércoles ha dejado un sabor amargo en el movimiento por la vivienda en Cantabria, entre los que había también miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). A la ejecución del desahucio se suma la denuncia del Sindicato de Vivienda sobre la agresión sufrida por una de sus activistas durante la carga policial para despejar la entrada del edificio que se ha producido a primera hora.

El sindicato ha querido dejar claro que lo ocurrido trasciende el caso individual de Blanca. “Nosotras desde el Sindicato de Vivienda lo único que podemos decir es que es una derrota para todas, tanto para Blanca y su hija, como para quienes han puesto el cuerpo hoy para intentar evitar el desalojo”, han valorado.

A pesar del golpe anímico que supone no haber podido frenar el lanzamiento y de ver cómo la familia queda hoy sin techo, la organización mantiene su compromiso de lucha: “La violencia policial no va a impedir que sigamos defendiendo el derecho de protesta y el derecho a una vivienda digna frente a la libertad para especular y hacer negocio de la miseria de otras”.

“Se han reído en mi cara”

Visiblemente afectada y tras presenciar cómo su hija sufría un ataque de ansiedad durante el proceso, Blanca ha denunciado ante los medios de comunicación y decenas de activistas presentes lo que considera una traición por parte de las instituciones que debían protegerla.

Su crítica más feroz ha ido dirigida a su representación legal de oficio: “La abogada ha sido cobarde, no está aquí. Se ha vendido al propietario de esta vivienda”, ha lamentado. Según Blanca, esta ausencia ha sido determinante, ya que la letrada no habría tramitado la renovación de su certificado de vulnerabilidad, un documento clave para frenar el lanzamiento.

La inquilina sostiene que tanto los Servicios Sociales como la Consejería de Vivienda han “ignorado” sistemáticamente sus recursos. Ambas subsisten con el Ingreso Mínimo Vital, ya que su hija está en situación de desempleo. “Se me ha ninguneado, no se me ha hecho ningún caso. Los Servicios Sociales se han reído en mi cara”, ha relatado con indignación, subrayando que mientras le dicen que no hay parque público disponible, ella tiene constancia de la existencia de “2000 viviendas cerradas para gente como yo”, ha clamado Blanca tras ser expulsada de su hogar. “La Constitución dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna, ¿dónde están la mía y la de mi hija? Y la de mucha gente que está en esta condición como yo”.

“Para fiestas sí tenemos dinero”

La desesperación de Blanca se acrecienta ante los plazos administrativos que no coinciden con la urgencia de quien se queda en la calle. Según su testimonio, dispone de una calificación habitacional desde el pasado 28 de abril, pero la respuesta institucional sigue estancada. “La contestación ha sido: espérate porque todavía estamos calificando a los de febrero. O sea, me tendré que esperar al año que viene, si llego”, ha lamentado la afectada frente al portal de la que hasta hoy era su casa.

Blanca ha cargado duramente contra la gestión del Ayuntamiento de Santander, acusando al consistorio de “lavarse las manos” y priorizar el gasto en festejos sobre la necesidad de sus ciudadanos. “Lo gastamos en fiestas; para eso sí tenemos dinero, pero no para dar casa a quien se lo merece”, ha criticado. La sensación de ser tratada como ciudadana de segunda categoría ha sido una constante en su discurso, llegando a cuestionar si sus derechos como española están siendo vulnerados frente a otros colectivos, en un momento de máxima tensión emocional.

La alternativa: el albergue municipal

La alternativa habitacional ofrecida por el Ayuntamiento de Santander para Blanca y su hija ha sido el Centro de Acogida Princesa Letizia, una opción que la familia ha rechazado. Blanca alega que no es un entorno “seguro” para dos mujeres solas, citando supuestos incidentes recientes de violencia y delincuencia en el centro.

Tras el desalojo, Blanca y representantes del Sindicato de Vivienda han acudido a las dependencias municipales para pedir una solución de emergencia que no pasara por el centro Princesa Letizia. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido inflexible. Javier San Millán, del Sindicato de Vivienda, ha explicado que los responsables municipales “han dado largas” y finalmente han dado una respuesta negativa alegando que la solución no dependía directamente de ellos.

En los Servicios Sociales, la respuesta ha sido un ultimátum: o aceptan el ingreso en el Princesa Letizia o deberán dormir en la calle. La opción de RedEnlace, otro recurso habitacional, ha quedado descartada por criterios técnicos, ya que la prioridad de dicho programa son mujeres con hijos menores de edad, y al ser la hija de Blanca mayor de edad, el sistema las excluye.

Al cierre de esta información, Blanca, su hija y su perro se encuentran en la calle, sin una alternativa habitacional. El sindicato reconoce “haber agotado todas las vías institucionales posibles” y la administración, por ahora, solo ofrece un centro de acogida temporal, durante solo cuatro días, que la familia no considera una solución digna.

Los nacimientos en Cantabria han caído en los cinco primeros meses del año un 1,16 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, la cuarta mayor caída de las comunidades autónomas y que se contrapone con el incremento nacional del 0,84%, según las estimaciones publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, Cantabria continúa con la tendencia descendente experimentada en 2025 --ejercicio que cerró como la tercera CCAA con mayor caída de nacimientos-- tras haber liderado en 2024 el crecimiento en natalicios.

En mayo se registraron en Cantabria 267 nacimientos, dos más que en el mismo mes del año pasado. Hasta mayo la cifra de alumbramientos en la comunidad asciende a 1.225, que son 14 menos que en igual periodo de 2025.

En lo que va de año, solo tres comunidades han registrado descensos superiores al de Cantabria: Galicia (-3,73%); Canarias (-1,48%) y Extremadura (-1,34%), además de la ciudad autónoma de Melilla (-8,76%).

Y en cuanto a las edades de las madres, el arco de aquellas entre 30 y 39 años es el que acumula mayor número de nacimientos hasta mayo, un total de 793, que suponen 57 menos que en los cinco primeros meses del año pasado. De ese total, 174 se produjeron en mayo, los mismos que en el mismo mes de 2025.

Por otra parte, las madres de 20 a 29 años han acumulado en lo que va de año un total de 267 nacimientos, 60 de ellos en mayo.

Mientras, las mujeres de 40 a 44 han sumado 141 --31 más que en el acumulado de los cinco primeros meses de 2025--, de los que 26 fueron en mayo.

Por otro lado, el rango de edad de 15 a 19 años ha registrado hasta mayo 11 nacimientos, dos de ellos en ese último mes. Y en lo que va de año no ha habido ningún nacimiento de mujer menor de 15 años y solo dos de una mayor de 50 --uno de ellos en mayo--. Además, ha habido 11 de mujeres de 45 a 49 años, cuatro de ellos en el quinto mes del año.

Por otro lado, Cantabria ha registrado 3.195 defunciones hasta la semana 26 del año (que abarca del 29 de junio al 5 de julio), lo que supone un 3,06% menos que en el mismo periodo del año anterior, un descenso mayor que el registrado a nivel nacional, que es del 1,08%, y el segundo más acusado por CCAA tras el de Cataluña (-5,34%).

El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha denunciado la agresión a una activista que milita en este colectivo durante una concentración convocada este miércoles en el número 20 de la Calle Antonio López de Santander para intentar parar un desahucio de una mujer y su hija, además de cuestionar la “vulneración del derecho a la protesta” por parte de la Policía Nacional, que ha impedido el paso a las personas que “voluntaria y pacíficamente” iban a manifestarse.

Según ha relatado esta organización sindical a través de una nota de prensa, dos horas antes de que llegara la comisión judicial encargada de realizar el lanzamiento de la vivienda en la que Blanca y su hija viven desde hace años, convocada para las 9.00 horas, dos furgones de la Policía Nacional con siete agentes han acudido de “forma violenta” al portal del domicilio.

“La agente responsable del dispositivo judicial ha agredido físicamente a una militante del Sindicato de Vivienda a pesar de que ningún miembro de la asamblea había ejercido violencia ni opuesto resistencia frente a los agentes: Han llegado con los furgones, han salido todos rápidamente y directamente nos han agredido. La agente me ha cogido del pelo y ha tirado intentando quitarme a la fuerza del portal de la vivienda”, ha denunciado la activista del Sindicato de la Vivienda.

“Pedro Casares dijo que quería 'limpiar las calles de toda persona que quiera alterar el orden' y parece que ya ha empezado. A mí no se me ocurre nada que altere más el orden que echar a una familia de su casa y dejarla en la calle, o que por defender el derecho fundamental a una vivienda digna te echen a palos”, ha explicado la militante afectada por esta situación que denuncia.

“Hemos informado a Delegación de Gobierno, tanto de la flagrante vulneración del derecho a protesta como de la agresión a nuestra compañera, y nos han animado a denunciarlo pero tampoco nos han dado ninguna solución”, ha apuntado otro militante del sindicato cántabro. “La agente que ha agredido a la militante ha reconocido la agresión frente a los miembros de la asamblea, pero ha retirado su número de placa del uniforme para continuar con el operativo policial”, han advertido los miembros del Sindicato de Vivienda.

“La vulneración del derecho a la protesta que se está efectuando contribuye a desplazar el foco de lo realmente importante en el dia hoy: una familia en situación de vulnerabilidad está a punto ser desahuciada de su casa sin alternativa habitacional, y sin que las instituciones sean capaces de dar una respuesta más allá de la violencia”, han señalado los participantes en la concentración convocada junto al portal del edificio.

La Red Cántabra de Desarrollo Rural ha abogado este martes por fomentar oportunidades que fijen población en los pueblos más allá del verano: “Hay que generar un atractivo para que la gente se plantee vivir en el medio rural”, ha apostado, para advertir del riesgo de que muchos municipios tengan una intensa actividad durante el estío pero permanezcan prácticamente vacíos el resto del año.

Así se ha expresado el gerente de la entidad sin ánimo de lucro, Fernando Isasi, este martes en La Casona de Reinosa durante la inauguración de la jornada 'La Red Cántabra de Desarrollo Rural y su impacto en el territorio' dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), apertura en la que también ha participado la consejera de Desarrollo Rural del Gobierno regional, (PP) María Jesús Susinos, y para quien invertir en el medio rural no es “un gasto”, sino “una inversión estratégica para toda Cantabria”.

La sesión se ha centrado en que la lucha contra la despoblación pasa por crear oportunidades, fortalecer los servicios y hacer del medio rural “un lugar atractivo para vivir durante todo el año”. En su intervención, Isasi ha afirmado que la Red “genera comunidad y ayuda a reducir la diferencia entre el medio urbano y el rural”.

En este sentido, ha destacado que no solo coordina los Grupos de Acción Local encargados de gestionar los fondos Leader, sino que impulsa proyectos propios para dinamizar los municipios rurales, especialmente aquellos con mayor riesgo de despoblamiento. “Intentamos que el medio rural esté más vivo”, ha expresado.

El gerente ha explicado que la entidad trabaja junto a 74 ayuntamientos rurales de Cantabria para acercar oportunidades, servicios y actividad a territorios que, en muchas ocasiones, disponen de menos recursos que los grandes núcleos urbanos.

Por su parte, Susinos se ha referido a los desafíos del medio rural, entre los que ha citado el envejecimiento de la población, el relevo generacional, el acceso a la vivienda, la prestación de servicios, la digitalización y la necesidad de crear nuevas oportunidades económicas que permitan a los jóvenes desarrollar allí su proyecto de vida.

A su juicio, estas son las razones por las que se requiere una visión “amplia, integradora y también participativa” del mundo rural y sus necesidades, “que vaya más allá de políticas sectoriales y que sitúe a las personas en el centro”.

Izquierda Unida (IU) ha denunciado este martes el reciente derrumbe parcial del tejado de un edificio, en la calle San Pedro, en el Cabildo de Arriba de Santander, que ha obligado a cortar una de sus calles. El desprendimiento fue conocido por la formación tras el aviso de un vecino el 31 de mayo que aseguró haber alertado “en varias ocasiones” del estado del inmueble mediante escritos dirigidos al Ayuntamiento (PP).

“Este episodio refleja la necesidad de reforzar las labores de prevención y seguimiento en una zona que continúa acumulando edificios deteriorados y problemas de conservación”, ha insistido el concejal de la formación, Keruin Martínez.

El edil ha recordado que hace dos meses llevó al Pleno una moción para reactivar la Comisión Mixta para la Recuperación Integral del Cabildo de Arriba, con el fin de contar con documentación técnica suficiente y elaborar una hoja de ruta “real, pública y verificable” para el futuro del barrio, pero que fue desestimada, ante el rechazo del equipo de Gobierno (PP) y la abstención del PSOE.

“Lo que ha ocurrido estos días demuestra precisamente por qué llevamos esa propuesta, y es que no podemos seguir esperando a que haya un nuevo derrumbe, un nuevo vallado o una nueva emergencia para actuar. Un barrio histórico necesita planificación, seguimiento y coordinación entre administraciones, no respuestas improvisadas cuando el problema ya es visible”, ha apostillado.

Un acusado de maltratar habitualmente y abusar sexualmente de su hija menor de edad con la que convivía en fines de semana alternos ha negado los hechos este martes en el juicio contra él, en el que ha explicado que solo le puso normas de convivencia.

“Le puse unas normas y nada más”, ha manifestado en la vista oral, celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, en la que la víctima ha declarado a puerta cerrada y las partes han elevado a definitivas sus conclusiones.

Así, el fiscal mantiene su petición de más de nueve años y cuatro meses de prisión por un delito de maltrato habitual, otro continuado de abuso sexual a menor y un tercero de maltrato físico de violencia doméstica. También reclama que indemnice a la joven en 7.000 euros por las secuelas psicológicas que padece.

Durante el interrogatorio, el enjuiciado ha explicado a preguntas de todas las partes que mantenía una “buena relación” con su hija y ha negado proferir insultos hacia ella ni que tuvieran discusiones, punto en el que ha alegado que solo le puso normas de convivencia.

También ha negado que entrara al baño mientras ella se duchaba o que le quitara la toalla, y a cuestiones concretas sobre la forma de vestir de la chica, ha manifestado que no le parecía “la correcta” en determinas ocasiones, pero ha rechazado que le llegara a romper la ropa.

Los hechos fueron denunciados por la madre de la menor y según el ministerio público el hombre se aprovechó de la “relación de confianza” que tenía con su hija para actuar “de forma habitual” y durante seis años “con ánimo de sumergir a la menor en un estado de temor, angustia, humillación y ansiedad permanente, cercenando su derecho a la libertad y a la seguridad”.

En este marco, sostiene el fiscal, llevó a cabo “de forma sistemática y reiterativa una conducta vejatoria, humillante y agresiva respecto de la menor, afectando a su integridad física y psíquica, y libertad e indemnidad sexual”.

Pero según el implicado, que durante el periodo de los hechos denunciados convivía con su madre y su hermana, la menor tenía problemas en el instituto, faltaba “muchísimo” a las clases, “le gustaba salir” e, incluso, le “quitaba” dinero a su madre “a escondidas”.

El procesado también ha argumentado que tenía problemas económicos y que tras divorciarse de su mujer no le podía pasar la pensión de manutención establecida.

Conocimiento por los Servicios Sociales

Por su parte, la madre de la chica y denunciante de los hechos ha asegurado haber presenciado agresiones del padre a la menor cuando se enfadaba y ha especificado que le daba “bofetadas, patadas... donde cuadraba”. Al respecto, ha relatado que en alguna ocasión la niña volvía a casa con moratones que justificaba en que “habían ido al río o habían estado con la bicicleta”.

También ha referido insultos del padre a las dos hijas, a las que según ha dicho llamaba “putas” o “guarras”, y ha afirmado de él que consumía cocaína.

La mujer ha relatado que tuvo conocimiento de los tocamientos denunciados por los Servicios Sociales ya que la menor había contado los hechos en el instituto. Ha afirmado que actuó siguiendo las recomendaciones de estos servicios y ha negado influir en su hija, que no le había dicho nada por “miedo” al pensar que “no la iba a creer”.

Asimismo, ha reconocido que la chica faltaba al centro educativo, que sufría bullying y que desapareció dos o tres días, por lo que interpuso la correspondiente denuncia.

En el plenario también han testificado la trabajadora social, el educador social y una psicóloga que atendieron a la menor, así como su jefa de estudios. Todos han coincidido en que la joven tenía dificultad para expresarse, que emocionalmente estaba “mal” y “muy afectada” y que “no había posibilidad de estar fingiendo”. “Me parece que decía la verdad. Eso no se lo inventan así gratuitamente los alumnos: es muy complicado”, ha expresado la docente.

Esta última ha detallado que vio marcas de heridas en la nariz y brazos de la víctima, y ha indicado que si bien en su momento le manifestó que se las había hecho con la bici, luego le confesó que la había “pegado” su padre.

La abuela: “No le voy a echar de casa”

Por la defensa han comparecido la madre y dos hermanas del enjuiciado, que han negado los golpes, insultos o maltratos del padre a su hija, aunque la abuela de la víctima ha apuntado que en su casa “tenía unas normas” y se ha referido la forma de vestir de la menor, que a veces iba “en sujetador y con el pantalón roto”.

Esta testigo ha relatado que a raíz de la denuncia preguntó a su nieta qué había pasado, y ha asegurado que le contestó que “nada”, que eran “cosas” de su “mamá”.

Para finalizar, ha señalado que pese a la orden de alejamiento establecida la niña siguió yendo a su casa, punto en el que ha indicado que la llevaba y recogía su madre y que en la vivienda estaba el padre. “Por allí andaba, en casa, no le voy a echar”, se ha justificado.

Practicada toda la prueba testifical y pericial, las partes han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales -el fiscal ha introducido pequeños cambios en cuanto a las peticiones de prohibición de comunicación y aproximación- y el juicio ha quedado visto para sentencia.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha inaugurado este martes las 19 viviendas protegidas de alquiler asequible que el Gobierno autonómico ha construido en Reinosa, en el sector 'Las Fuentes', tras una inversión cercana a los 2,9 millones de euros, 830.000 procedentes de fondos europeos.

Se trata de las primeras viviendas protegidas que se hacen en Campoo desde el año 2016, “una fecha para recordar” y “otro paso adelante” hacia el objetivo “irrenunciable” de duplicar esta legislatura el parque público de vivienda en Cantabria, ha dicho la presidenta.

Además, tal y como ha señalado en su intervención, de la que ha informado el Ejecutivo en nota de prensa, son una muestra más de que el Gobierno de Cantabria tiene “rumbo, compromiso y una hoja de ruta clara” para esta comarca, que “nadie va a frenar”. Y también, de que esta comarca “importa, cuenta y tiene futuro”.

Buruaga ha explicado que se trata de 19 viviendas de dos dormitorios, de entre 60 y 63 metros cuadrados, distribuidas en un “magnífico” edificio de cinco plantas más el semisótano, dotadas de plaza de garaje y trastero, con un “acabado excelente” y “máxima calificación energética”.

La jefa del Ejecutivo ha detallado que el siguiente paso será la entrega de las viviendas a jóvenes y familias que quieran desarrollar en Reinosa su proyecto de vida. “Porque eso es lo que suponen estas viviendas: oportunidades, arraigo y futuro”, ha señalado.

En este sentido, ha avanzado que el 31 de julio concluirá el plazo de presentación de solicitudes abierto por Gesvican el pasado 15 de junio y que todas aquellas personas que cumplan los requisitos -no disponer de otra vivienda en propiedad y no tener ingresos superiores a 4,5 veces el IPREM- entrarán en el sorteo para acceder a uno de estos alquileres, a un precio de 400 euros mensuales.

Al respecto, ha adelantado que el interés por estas viviendas está siendo “extraordinario”, puesto que las solicitudes, a día de hoy, ascienden a 123, multiplicando por seis la oferta y la disponibilidad, lo que evidencia “la realidad” del mercado de la vivienda en Cantabria: “hay demanda, pero sigue faltando oferta”.

También ha recordado que estas de Reinosa son las primeras que se empezaron a construir de las 285 destinadas al alquiler asequible que el Gobierno está levantando por toda la comunidad, dentro del primer plan autonómico de vivienda. De ese total, están concluidas otras 30 en Orejo, Santillana del Mar y estas 19 de Reinosa. Además, 97 se encuentran en ejecución y “muy pronto” arrancarán las restantes promociones en Piélagos, Santoña, Laredo, Bezana, Reinosa “nuevamente” y Torrelavega.

Al mismo tiempo, ha reiterado que la Consejería de Vivienda trabaja ya en un segundo plan que contempla al menos 550 viviendas más en las modalidades de compra y alquiler.

Buruaga pide “agilidad” al alcalde Balbotín

Aprovechando su presencia en la capital campurriana, Buruaga ha solicitado al alcalde, Sergio Balbontín (PSOE), “la máxima implicación y agilidad posible” para que el Ayuntamiento cumpla el acuerdo firmado en marzo y ceda a Gesvican las cinco viviendas de la Casa de los Maestros, que se destinarán al alquiler asequible y conceda la licencia municipal para poder construir otras 39 viviendas “ya adjudicadas” en la parcela de la antigua clínica de Reinosa, mediante la fórmula de la colaboración público-privada.

“Estamos hablando de una inversión adicional de 3,9 millones, únicamente pendiente de licencia municipal”, ya que “son otras 44 viviendas que Reinosa necesita desbloquear ya”, puesto que, además, según la presidenta tienen “gran valor” a la hora de fijar población en ese territorio. Por parte del Gobierno, tienes mi compromiso de máxima colaboración para dar respuesta a las necesidades de todos los reinosanos“, ha dicho al alcalde.

La presidenta ha manifestado su voluntad de “actuar en todos los frentes” para solucionar el problema de la vivienda en Cantabria, bajando los impuestos, mejorando las ayudas a la compra y al alquiler, incentivando la salida al mercado de viviendas vacías y, sobre todo, construyendo más viviendas y más viviendas protegidas.

La magistrada Mercedes Compostizo, encargada de la instrucción del ataque con artefactos explosivos contra la sede del PSOE de Cantabria -ubicada en la calle Vargas 45 de Santander- ha dado por concluida la investigación y considera que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo a Miguel Toribio y René Odriozola, a quienes atribuye la planificación y ejecución del asalto ocurrido el 25 de abril de 2025, durante un acto sobre memoria democrática.

Según ha adelantado este martes el diario El País, la magistrada sostiene en su resolución que ambos actuaron impulsados por una ideología “radical” y que el objetivo de la acción era alterar el desarrollo de una reunión política en la que participaban más de medio centenar de personas.

La resolución judicial da un paso más respecto a las primeras fases de la investigación al incorporar de forma expresa el posible móvil ideológico de los hechos. Según la instructora, los dos investigados actuaron de común acuerdo y las diligencias practicadas apuntan a su vinculación con La Falange, extremo que también sostiene la acusación particular ejercida por el PSOE.

Uno de los procesados es hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez (PP), circunstancia que trascendió meses después de las detenciones. La regidora remitió un comunicado a los medios en el se desvinculaba de la actuación de su hijo “mayor de edad” y que calificaba lo ocurrido como “un hecho deleznable” que “debía ser rechazado sin matices”, aludiendo igualmente a la acción de la justicia para depurar responsabilidades pese al “profundo dolor” que la situación le causaba “como madre”.

Los hechos se produjeron mientras la sede socialista acogía una conferencia dedicada a explicar el cambio de denominación de varias calles de Santander, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Según el relato que recoge el auto, uno de los acusados accedió al interior del local con el rostro cubierto y dejó dos garrafas que contenían explosivos de fabricación casera elaborados con ácido clorhídrico y aluminio. Los dispositivos fueron activados pocos segundos después desde el exterior, aunque una asistente consiguió sacarlos del edificio antes de que explosionaran.

La magistrada destaca que la rápida intervención de esa mujer evitó consecuencias mucho más graves. Tanto el auto como el escrito de acusación del PSOE inciden en que, de haber detonado los artefactos en el interior del local, se habría generado un importante riesgo para los asistentes, no solo por el carácter corrosivo de las sustancias empleadas, sino también por la posible situación de pánico que podría haberse desencadenado en un espacio cerrado y concurrido. El PSOE sostiene que la mujer que retiró las garrafas sufrió posteriormente lesiones psicológicas por las que precisó tratamiento.

La investigación policial reconstruyó la preparación del ataque mediante distintos indicios. Entre ellos figuran las grabaciones de cámaras de seguridad de un hotel cercano que muestran a los dos investigados transportando bolsas con los componentes utilizados para fabricar los explosivos, el posicionamiento de sus teléfonos móviles en las inmediaciones de la sede socialista y las pesquisas sobre la elaboración de los artefactos. Además, una de las garrafas contenía una nota con el mensaje “Frente a mentiras revanchistas, PSOE Satanás”, elemento que tanto la jueza como la acusación consideran revelador de la motivación política del ataque.

Concluida la instrucción, la Fiscalía y las acusaciones deberán formalizar sus escritos antes de la apertura del juicio oral. El PSOE solicita para ambos acusados una condena de 14 años y nueve meses de prisión al apreciar delitos de fabricación de explosivos, atentado contra la autoridad, lesiones, delito de odio y tentativa de impedir el ejercicio del derecho de reunión. La jueza, por su parte, aprecia indicios de fabricación de explosivos, alteración del derecho de reunión en grado de tentativa y lesiones.

El ataque provocó una amplia condena institucional cuando se produjo hace más de un año y fue considerado por los socialistas como uno de los episodios más graves de violencia política registrados en Cantabria en las últimas décadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó entonces su apoyo al PSOE cántabro y defendió que la respuesta frente al odio debía ser “memoria, respeto y justicia”, mientras que dirigentes de distintos partidos expresaron su rechazo a una acción que estuvo a punto de tener consecuencias personales entre los asistentes al acto.

La jueza que investiga el suceso de El Bocal, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida de gravedad tras desplomarse una pasarela de la senda costera en una zona rocosa de la costa norte de Santander, ha estimado el recurso presentado por una acusación particular y, el próximo 31 de julio, tomará declaración como investigado al representante legal de Dragados, la empresa contratista que ejecutó la obra.

En un auto dado a conocer este martes, la magistrada resuelve así el recurso contra su inicial decisión de llamarle como testigo, y declara además la responsabilidad civil de Dragados, después de que originalmente rechazase investigarlo.

La instructora ha decidido iniciar la acción penal contra el responsable de la contratista a raíz de las declaraciones prestadas el pasado 19 de junio por los peritos propuestos por dos de los investigados -el jefe de Servicio de Proyectos y Obras en Costas hasta el año 2023 y el ingeniero de Fronda que firmó el proyecto de la pasarela-.

En su resolución, explica que ambos peritos incidieron en un aspecto ya recogido por el judicial, quien apreció una diferencia entre el diseño elaborado por Fronda y la ejecución llevada a cabo por Dragados.

Y es que en el proyecto, explica técnicamente que los rastreles -listones alargados- y durmientes -traviesas- “aparentan continuidad en toda la longitud del puente, mientras que en la pasarela ejecutada cada elemento se ha dividido en dos piezas de la mitad de longitud”, señalaba entonces el perito judicial, para quien la variación “no resulta significativa desde el punto de vista del comportamiento estructural global”.

“Efecto trampilla”

Sin embargo, los dos peritos citados “resultan más contundentes al respecto”. Para uno, la decisión de dividir en dos segmentos iguales cada rastrel “debilitó la robustez del conjunto”, mientras que para el otro “supuso un incremento notable de la vulnerabilidad de la solución”.

A la luz de sendas periciales, la magistrada aprecia que, si bien la diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado “no parece presentarse como causa inmediata del colapso de la pasarela, sí concurren suficientes indicios para entender que condicionó la particular forma de la rotura (más brusca) del tablero”, dando lugar a un “efecto trampilla”.

Por todo ello, concluye que “tal posible negligente hacer imputable a la empresa constructora pudo tener alguna incidencia en el resultado final del siniestro, lo que justifica la declaración del representante de la contratista en calidad de investigado y la declaración de la responsabilidad civil” de Dragados.

El auto que resuelve el recurso de reforma no es firme y contra el mismo cabe presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

La instrucción por el accidente de El Bocal arrancó el 3 de marzo de este año, cuando seis personas fallecieron y otra resultó herida de gravedad al romperse la pasarela en la que se encontraban, en la senda costera de Santander.

Desde entonces, la magistrada ha practicado diligencias tendentes a esclarecer los hechos y ha iniciado la acción penal frente a siete personas: la gestora del 112 que recibió la llamada de un vecino el día anterior avisando del estado de la pasarela; la agente de la policía local que recibió el aviso de la anterior; el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y director facultativo de la obra de la senda costera; los dos funcionarios que han sido jefes de Servicio de Proyectos y Obras desde la construcción de la senda; el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela de madera, y ahora el representante de la empresa contratista que construyó la infraestructura. Además, la magistrada ha declarado como posibles responsables civiles al Ayuntamiento de Santander, a la Demarcación de Costas en Cantabria y a la empresa Dragados.

El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha vuelto a convocar una concentración este miércoles 22 de julio a las puertas de una vivienda en la calle Antonio López número 20 de Santander, a partir de las 8.00 horas,con el objetivo de frenar de forma pacífica el segundo intento de desahucio de una mujer y su hija, quienes se enfrentan a un lanzamiento inminente tras la derogación de la moratoria estatal que protegía temporalmente a familias vulnerables.

Aunque se logró aplazar el lanzamiento el pasado 29 de junio, la mujer y su hija vuelven a estar en riesgo de desahucio inminente “sin ninguna alternativa habitacional”, ha denunciado el sindicato cántabro, que ha realizado un llamamiento a la ciudadanía de la zona y de toda Cantabria para que acuda a las puertas del domicilio para intentar frenarlo de manera pacífica.

Según ha explicado el Sindicato de Vivienda, “el propietario es un gran tenedor de viviendas en Cantabria y Cataluña” y “pretende el desalojo de la familia con vocación lucrativa”.

“Conseguimos el breve aplazamiento, pero nuestras predicciones se han cumplido: Blanca y su hija vuelven a estar a punto de quedarse en la calle tras una vida entera viviendo en esa casa y el único motivo es el afán lucrativo del propietario. Pedimos a las vecinas y vecinos de Santander y alrededores que vengan a defender el hogar de Blanca. Por decencia, por dignidad, porque es de justicia social, por solidaridad y porque mañana podemos ser cualquiera de nosotras. No puede ser que la libertad de unos para hacer de sus propiedades un negocio pase por encima de los derechos fundamentales”, han sostenido desde la organización sindical.

La Feria del Libro Viejo de Santander, que se celebrará del 1 al 23 de agosto en la Plaza Alfonso XIII, ofrecerá lecturas dramatizadas y un concierto de guitarra clásica como propuestas que se suman al resto de actividades diseñadas en torno a la temática general 'Los otros del 27', con el apoyo del Ayuntamiento de Santander, la Consejería de Cultura y la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

Cristina Samaniego y Miguel Meca, de Espacio Espiral, regresarán a la Plaza Alfonso XIII acompañados por Juanjo Paredes, de Callejón Teatro, para representar los Diálogos del 27, una suerte de ficción basada en una dramaturgia de Inés Fonseca, con diálogos entre poetas y artistas del 27, creados por y para la ocasión, a partir de extractos de cartas de los protagonistas, según ha explicado Meca.

Esta reinterpretación del legado epistolar de figuras como Vicente Aleixandre, Carmen Conde, Manuel Altolaguirre, Concha Méndez, Lorca o María Zambrano estará dirigida a un público adulto y podrá verse los días 4, 6, 11, 13, 18 y 20 de agosto a las 20.00 horas.

Para el público familiar e infantil, la Feria ha programado los Cuentos del 27, en los que Samaniego, Paredes y Meca representarán una selección de relatos de corte marcadamente surrealista inspirados en textos de María Teresa León como 'El lobito de Sierra Morena', 'La tortuga 427' o 'Rosa Fría, patinadora de las estrellas'. Estas representaciones tendrán lugar los días 5, 7, 12, 17, 19 y 21 de agosto a las 12.30 horas.

El músico y compositor Jaime Velasco propone un recorrido por la música para guitarra surgida en torno al contexto cultural de la Generación del 27 en el concierto titulado 'La guitarra y la Generación del 27'. Tomando como punto de partida la influencia de Manuel de Falla y su Homenaje. Le Tombeau de Debussy, el programa explora las conexiones estéticas entre los compositores del Grupo de los Ocho, así como la aportación de otras figuras esenciales de la época, como Joaquín Rodrigo, Federico Mompou y Antonio José, ha explicado el guitarrista.

Velasco, ganador de diversos concursos internacionales entre ellos el Festival Internacional de Guitarra José Tomás, ha integrado en su trabajo artístico la tradición de la guitarra clásica con influencias procedentes de la música popular y la creación contemporánea. La actuación tendrá lugar el sábado 15, a las 20.00 horas.