La jueza que instruye la causa por el suceso en una pasarela de El Bocal en Santander, en el que el pasado 3 de marzo murieron seis jóvenes y resultó herida una séptima chica, recabará este viernes más testimonios en relación a las diligencias abiertas por el siniestro.

Las declaraciones ante la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que comenzarán a las 9.30 horas, se desarrollarán a puerta cerrada en la sala de vistas número 2 del complejo judicial de Las Salesas, situado en la capital cántabra.

Testificarán, en primer lugar, dos ciudadanos que frecuentan la zona y conocían la pasarela.

A las 10.00 horas será el turno de la jefa de obra del mantenimiento de la pasarela efectuado en 2024, a quien seguirán los operarios que llevaron a cabo esas labores, que están citados a declarar a las 10.30, 10.45 y 11.00.

Está previsto que declare a las 11.15 horas el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela, en calidad de testigo-perito. El Ayuntamiento de Santander solicitó que este ingeniero testificase como investigado, una petición rechazada por la jueza y, más tarde, recurrida por el Consistorio, según han indicado a EFE fuentes municipales.

La instructora también ha llamado a declarar, entre las 11.45 y las 12.15, al superior jerárquico de la policía local que cogió el aviso del 112 alertando del estado de la pasarela y a dos compañeros de esta agente.

En último lugar prestarán declaración el superior de la gestora del 112 que recibió dicho aviso -que pasó de testigo a investigada durante su declaración del pasado 27 de marzo- y dos compañeros suyos, unos testimonios que están señalados entre las 12.30 y las 13.00 horas.

En el auto notificado el 7 de abril, la magistrada explicó que el contenido de las declaraciones de “las dos personas directamente implicadas en la crucial llamada realizada el día antes del siniestro” -la gestora del 112 que recibió la llamada de un vecino alertando del estado de la pasarela y la agente de policía local que recibió el aviso de la anterior- “justifica, sin duda alguna, esclarecer la dinámica operativa ordinaria de ambos servicios cuando se reciben llamadas de tales características”.

Tres funcionarios de Costas investigados

La jueza investiga al jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, al actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y a su predecesor entre 2014 y 2023, que ya está jubilado, por seis posibles delitos de homicidio y uno de lesiones por imprudencia grave.

Los tres funcionarios de Costas declararán como investigados el 15 de mayo, en una sesión en la que se practicará además toda prueba pericial.

La rotura de la pasarela provocó la muerte de seis jóvenes, de entre 19 y 22 años, tres del País Vasco, una cántabra, una de la Guadalajara y una de Almería, y fue ingresada en el hospital otra chica de Álava, todos ellos compañeros de estudios.

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha exigido “dignidad y mejoras laborales reales” para acabar con la brecha salarial que sufre la plantilla de la Universidad de Cantabria (UC) ante el “desprecio” del consejero de Educación, Sergio Silva (PP), que según el sindicato se encuentra “en paradero desconocido” para este personal.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha exigido una “adecuación salarial inmediata” para los trabajadores de la UC, que explica que sufren una brecha salarial respecto a la enseñanza no universitaria.

Este es el eje central de la campaña que inicia ahora el sindicato en la institución académica, ya que considera “paradójico y profundamente injusto que, ante niveles de formación y responsabilidad equivalentes o incluso superiores en exigencia de acreditación, el personal de la UC vea sus retribuciones estancadas”.

Una reivindicación que “desoye el consejero”, según CCOO, que denuncia que sigue sin obtener respuesta a la petición formal de reunión que realizó el pasado 6 de abril para abordar este tema.

Para Sánchez, “es un gesto más del ninguneo sistemático y la falta de respeto de la Consejería a la mayor institución académica de Cantabria, ya que en lo que va de legislatura no se ha reunido ni una sola vez con la representación sindical de los y las profesionales de la UC”.

La situación “más sangrante”, a su juicio, es la que atraviesa el personal técnico de gestión y de administración y servicios (PTGAS), que “siendo la columna vertebral de la entidad, ni siquiera tienen ningún tipo de complemento autonómico y tienen la puerta cerrada a negociarlo, a pesar de que la LOSU les reconoce este derecho y, de hecho, es uno de los puntos que llevaba el equipo rectoral en su programa”.

Ante esta situación, el sindicato ha hecho un llamamiento a la organización y movilización de todo el personal de la UC, que tras años de “infrafinanciación”, se encuentra en una situación “de precariedad encubierta y de sobrecarga administrativa asfixiante”. En este sentido, Sánchez ha remarcado que “la excelencia de la UC no puede seguir construyéndose a costa de la salud y el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, que son quienes sostienen la educación pública superior de la comunidad”.

Como ya advirtió el sindicato el pasado 19 de marzo, tras la firma de la adecuación retributiva del personal docente no universitario, “la lucha por la adecuación en la UC es una prioridad absoluta e irrenunciable”. “Si el consejero piensa que el personal de la universidad va a permanecer de brazos cruzados mientras se ve relegado a un segundo plano, se equivoca”, ha sentenciado en un comunicado.

Cantabria ofertará un total de 154 títulos de Formación Profesional (FP) en el curso 2026-2027, cuatro más que este año, de 24 ramas profesionales, con novedades en municipios como Potes, Cabezón de la Sal, San Vicente de la Barquera, Torrelavega, Santander o Castro Urdiales.

En concreto, el próximo curso se impartirán en la región 21 grados básicos de FP, 45 medios, 69 superiores y 19 cursos de especialización, para los que se ofertarán más de 20.000 plazas.

Las solicitudes de inscripción permanecerán abiertas del 1 al 7 de julio para la modalidad presencial y del 8 al 15 de junio para la virtual, además del proceso extraordinario que tendrá lugar en septiembre.

Así lo han anunciado este jueves en rueda de prensa el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva; y la directora general de FP y Educación Permanente, Cristina Montes.

Según han detallado, entre las novedades se encuentran los grados básicos en Tapicería y Cortinaje (IES Foramontanos, Cabezón de la Sal), y Cocina y Restauración (IES Jesús de Monasterio, Potes); así como los grados medios en Sanidad Ambiental (CIFP La Granja, Heras) y Gestión Administrativa (CEPA Margarita Salas, Cabezón de la Sal).

También los grados superiores en Higiene Bucodental (IES José Hierro, San Vicente de la Barquera) y Administración y Finanzas (CEPA Margarita Salas, Cabezón de la Sal); y los cursos de especialización en Redacción de Contenidos Digitales (IES Las Llamas, Santander), Posicionamiento en Buscadores (IES Besaya, Torrelavega) y Modelado de la Información en la Construcción (IES Augusto González de Linares, Santander).

Mientras que en la modalidad virtual se impartirán CFGM Mantenimiento Electromecánico (IES Foramontanos, Cabezón de la Sal), CFGS Higiene Bucodental (IES Cantabria, Santander) y CFGS Automatización y Robótica Industrial (IES Dr Zapatero Domínguez, Castro Urdiales).

El consejero ha explicado que, a la hora de elaborar esta nueva oferta educativa de FP, la Consejería ha tenido en cuenta tanto las demandas de los centros como las necesidades de las empresas.

Además, se ha valorado la “coherencia” entre la formación y las comarcas y la “conexión” territorial, con el objetivo de retener talento y mantener la formación en zonas rurales.

Según ha indicado, las familias profesionales más demandadas tradicionalmente están relacionadas con las ramas sanitaria, la administración y gestión, la electrónica o la actividad física.

Silva ha vuelto a destacar la apuesta de la Consejería por la FP, que está experimentado un crecimiento “constante” en los últimos años y en el presente curso ya ha contado con unas 15.000 o 16.000 matriculaciones.

Asimismo, ha subrayado la “baja” tasa de abandono escolar de la región, gracias a su “buena” oferta educativa, ha indicado. En este punto, ha puesto en valor el aumento de la FP dual, que se ha incrementado de forma “exponencial” en los últimos años, y en 2026 sumó 250 alumnos.

Finalmente, ha informado que se ha puesto en marcha, en la página web de Educantabria, un buscador de FP en el mapa de Cantabria, en el que se está trabajando y se pondrá en marcha próximamente.

El refuerzo de ayudas sociales y la creación de una nueva línea de avales de 10 millones de euros a empresas para enfrentar el sobrecoste de la energía son algunas de las primeras medidas aprobadas por el Gobierno de Cantabria en su plan para paliar los efectos de la guerra de Irán, que prevé movilizar 48 millones de euros.

Los consejeros de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), y de Industria, Eduardo Arasti (PP), han presentado este jueves plan, aprobado en el Consejo de Gobierno, que cuenta con ocho ejes y 34 medidas, y que prevé movilizar ocho millones de euros más de los que en un principio había anunciado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP).

El plan, entre otras medidas, duplica la partida hasta el millón de euros para el complemento autonómico del Bono Social Térmico ante el incremento del coste de la energía, eleva el descuento en el transporte público para menores de 30 años al 70% y refuerza en más de dos millones de euros las ayudas al alquiler para familias vulnerables y jóvenes.

Para las empresas se van a movilizar líneas de financiación por ocho millones de euros a través de la sociedad pública Sodercan y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), que también pondrá en marcha una línea de avales de tres millones de euros.

Además, Iberaval firmará un acuerdo con Sodercan para crear una línea de avales de 10 millones de euros y un protocolo con el ICAF para poner a disposición de pymes y autónomos avales por 1,5 millones de euros.

“Cantabria ahora está mejor preparada que en crisis anteriores como la COVID o la guerra de Ucrania”, ha subrayado Agüeros, quien ha destacado las “bajadas de impuestos” que el Gobierno de Cantabria ha puesto ya en marcha y las que se van a entrar en vigor con el presupuestos de 2026, que se aprobaráN el próximo lunes 27 de abril en el Parlamento autonómico.

El consejero de Economía ha explicado que estas medidas no van a suponer ninguna modificación de ese presupuesto, sino que lo que ha hecho el Ejecutivo es “readaptar” las partidas. “Lo que hemos hecho es, con las herramientas que tenemos, readaptarlo”, ha aclarado. De esta forma, Agüeros ha explicado que algunas medidas ya se están aplicando, aunque la mayoría estarán vigentes a partir de la aprobación de las cuentas de este año.

Arasti ha precisado que se trata de un paquete de medidas “flexible” y que se irá adaptando a la situación en función de la evolución del conflicto y del impacto real que tenga en el tejido empresarial y en las familias de Cantabria.

El documento insiste, además, en reivindicaciones del Gobierno de Cantabria al Ejecutivo central para suspender la regla de gasto, actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica aprobado en 2023 y permitir la revisión de precios de contratos públicos para hacer frente al encarecimiento de los materiales.

Contempla también aplicar los mecanismos previstos en la normativa para facilitar a familias y empresas el pago de las tasas y los tributos de la administración cántabra, con aplazamientos, fraccionamientos o cualquier otro medio de pago.

Otras medidas

Entre el resto de medidas de carácter social también están el mantenimiento del incremento del 15% en la Renta Social Básica y la congelación del precio máximo del menú escolar hasta los 5,7 euros, de forma que el Gobierno asumirá su aumento por encima de esa cantidad derivado del incremento de los costes.

Además, se mejorarán los contratos de cátering social y el Gobierno se hará cargo de 4,55 euros de cada menú y se incrementa en 2,5 millones el plan concertado de Servicios Sociales de Atención Primaria a los municipios.

En el caso de las empresas, el plan contempla que las ayudas del decreto de promoción comercial pasen a ser directas y se incremente su intensidad hasta el 85% para empresas que exporten más de la mitad de su facturación.

Para paliar el incremento de los costes energéticos, el tejido empresarial cántabro dispondrá de 6,5 millones de euros del programa de ayudas a la eficiencia energética. Con ese mismo objetivo, el sector hostelería dispondrá de medio millón con el programa de ayudas para el fomento del ahorro energético en ese sector, y el comercio de una línea de ayudas de 1,3 millones de euros con la misma finalidad.

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves la concesión administrativa para la ocupación de los terrenos de montes de utilidad pública que serán necesarios para que Repsol ejecute la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo, un proyecto de más de 720 millones de euros.

En su reunión semanal, el Ejecutivo ha autorizado ese nuevo trámite, que se aprueba por 50 años, para la puesta en marcha de un actuación, que ha sido declarada de Proyecto Interés Común por la Comisión Europea.

La concesión autoriza a Repsol la ocupación de una superficie de 656.000 metros cuadrados correspondiente a distintos montes de utilidad pública, que, según informa el Gobierno en un comunicado, es necesaria para infraestructuras vinculadas al proyecto, como accesos, instalaciones hidroeléctricas, líneas eléctricas, servidumbres y elementos auxiliares.

El acuerdo establece, además, un régimen detallado de condiciones técnicas, ambientales y de seguridad, así como la obligación de restauración y revegetación de los terrenos afectados una vez finalizadas las obras, con el objetivo de minimizar el impacto paisajístico y ambiental.

También, este jueves, el Ejecutivo cántabro fijado las indemnizaciones económicas para las entidades locales propietarias de esos terrenos y las aportaciones al Fondo de Mejoras de los montes, garantizando la compensación correspondiente y el retorno ambiental al territorio.

“El Gobierno de Cantabria refuerza su compromiso con la transición energética, el desarrollo de infraestructuras estratégicas y la compatibilización del impulso a las energías renovables con la protección del dominio público forestal y del entorno natural”, añade el Ejecutivo en su comunicado.

El Gobierno de Cantabria ha dado el visto bueno este jueves a la renovación por dos años de los acuerdos con los ayuntamientos de Santander y Torrelavega para que sus bomberos apoyen en emergencias fuera de sus municipios y “fortalecer” así el sistema autonómico ante ese tipo de situaciones.

Los acuerdos, con una vigencia de dos años, suponen destinar 1,45 millones de euros a Santander y 900.000 a Torrelavega, en esos dos ejercicios, para que exista esa coordinación operativa entre administraciones y se garantice una respuesta eficaz y solidaria en todo el territorio de Cantabria, según explica el Ejecutivo en su comunicado de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno.

Además de aprobar varios decretos para ayudas directas a programas de diversas entidades sociales de inclusión social, protección de la infancia y la adolescencia, atención a persona con discapacidad o al apoyo de familiar vulnerables, el Gobierno ha autorizado, además, este jueves un protocolo con Amazon Web Services para “impulsar la Formación Profesional en el ámbito de la computación en la nube”.

“El objetivo de esa iniciativa es reforzar la posibilidad de los alumnos de FP de encontrar un empleo y adaptar el sistema educativo a las nuevas demandas tecnológicas del mercado laboral”, ha señalado el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP).

Por otra parte, el Gobierno ha autorizado un nuevo acuerdo para el suministro de medicamentos sin competencia para los hospitales del Servicio Cántabro de Salud por más de 22 millones de euros y los acuerdos del Instituto Cántabro de Servicios Sociales con ayuntamientos y mancomunidades para el desarrollo de los Servicios Sociales locales, a los que se destinan más de 24 millones.

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha opinado este jueves que el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, tiene que dimitir por el colapso de la pasarela de El Bocal el pasado 3 de marzo, un suceso en el que fallecieron seis jóvenes y una séptima víctima resultó herida de gravedad.

Quiñones, que se ha expresado así a preguntas de los periodistas, ha recordado que la Demarcación de Costas en Cantabria depende del Ministerio para la Transición Ecológica, por lo que ha añadido que corresponderá a ese departamento tomar la decisión de cesar a Osorio, investigado por la jueza que instruye la causa de El Bocal por seis posibles delitos de homicidio y uno de lesiones por imprudencia grave.

“Desde el PSOE siempre hemos mantenido el mismo criterio: hay que depurar todas las responsabilidades políticas y técnicas”, ha subrayado Quiñones. En concreto, ha apuntado al Ayuntamiento de Santander, liderado por Gema Igual (PP), que, según ha denunciado, “no vigiló la senda costera que ellos mismos encargaron que se hiciese”.

Ha incidido en que fue el Gobierno de España del Partido Popular el que realizó esta obra, que “se paralizó y el Ayuntamiento lo dejó ahí sin vigilar”, ha censurado. “Aquí no estamos hablando de echar la culpa a unos y eximir a otros, evidentemente todos los que tengan responsabilidad deberían asumirla, porque además es lo que hay que hacer para honrar a las víctimas y a sus familias”, ha enfatizado.

La jueza que lleva esta causa también investiga por los mismos delitos al actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y a su predecesor entre 2014 y 2023, que ya está jubilado. La rotura de la pasarela el pasado 3 de abril provocó la muerte de tres jóvenes de Euskadi, una de Guadalajara, una cántabra y una almeriense, así como heridas a una joven alavesa que fue la única superviviente de ese grupo de amigos.

El CSIF ha denunciado este jueves que existe un “criterio arbitrario” en el nombramiento de personal interino en el Ayuntamiento de Santander y acusa al interventor municipal de estar aplicándolo. A juicio del sindicato, esa situación que denuncia contribuye a “agravar la ya preocupante carencia de recursos humanos en la administración municipal, evidenciada recientemente por el elevado número de plazas vacantes”.

En un comunicado, el CSIF ha vuelto a insistir en la “escasez de personal” en el Ayuntamiento de Santander y, frente a ello, ha dicho que hay personal interino en bolsa de trabajo que han ido al desempleo, al cumplir tres años en su puesto, y no está cubriendo otras plazas vacantes por “el criterio subjetivo del interventor”.

El CSIF ha recordado que la ley del estatuto básico del empleado público indica que el personal interino debe ser cesado tras tres años en la misma plaza, pero “en ningún caso impide su participación en nuevas bolsas de trabajo ni su nombramiento interino para otras plazas”.

“De hecho, las normas de funcionamiento de las bolsas contemplan expresamente esta posibilidad, limitando únicamente el reingreso en la misma plaza previamente ocupada”, ha añadido el sindicato.

Por ello, ha insistido en que la interpretación que está realizando la Intervención General del Ayuntamiento de Santander “no solo carece de respaldo legal, sino que, además, está generando un grave perjuicio tanto a los trabajadores afectados como al propio funcionamiento del Ayuntamiento al impedir la cobertura de puestos vacantes y aumentar la sobrecarga de trabajo del personal en activo”.

El CSIF ha exigido que se revise ese criterio de forma “inmediata” y se permita la correcta gestión de las bolsas de empleo, además de que ha asegurado que no descarta emprender las acciones legales oportunas en defensa de los derechos de los trabajadores afectados.

Solo las 56 enmiendas parciales de PP y PRC al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de 2026 y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida como Ley de Acompañamiento, han recibido el visto bueno de la Comisión de Economía del Parlamento para su incorporación, mientras que todas las de PSOE, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han decaído.

En virtud del acuerdo presupuestario entre populares y regionalistas para sacar adelante las cuentas del Gobierno del PP en minoría, estos grupos han apoyado mutuamente sus iniciativas pero no las del resto, impidiendo que salieran adelante.

De este modo, en dos sesiones celebradas este martes y miércoles, la Comisión ha dado luz verde a un total de 55 enmiendas a los Presupuestos y una a la Ley de Acompañamiento, de un total de 429 presentadas a ambos proyectos legislativos.

En concreto, respecto a los PGC han salido adelante 24 enmiendas del PP, 28 del PRC -una transaccionada con los 'populares'- y tres conjuntas entre ambos. Así, solo han logrado superar el trámite estas 55 de todas las que presentaron los grupos.

En cuanto a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, se ha aprobado solo una de un total de 31, que es la presentada por el PRC para llevar un control parlamentario anual del convenio singular suscrito por el Gobierno de Cantabria con el Hospital Santa Clotilde de Santander.

Así, no se ha aprobado ninguna del PSOE, que planteó 233 (225 al Presupuesto y 8 a la Ley de Acompañamiento); ni de Vox, que impulsó otras 110 (99 y 11, respectivamente) y tampoco del diputado no adscrito, que registró 30 (19 y 11).

Respecto a las enmiendas de los socialistas, el PRC se ha abstenido explicando que comparte el “espíritu” y considera “razonables” muchas de ellas, pero cree que en algunos casos carecen de la dotación económica suficiente para llevar a cabo las actuaciones que plantean o que “irían en contra del pacto con el PP”.

En la primera jornada de debate, celebrada en la jornada del martes, los grupos aprobaron 27 enmiendas correspondientes a los capítulos de Economía, Presidencia, Fomento, Desarrollo Rural e Inclusión Social (12 del PP, 14 del PRC y una conjunta).

En la segunda jornada correspondiente a este miércoles, la Comisión de Economía ha aprobado otras 28 relativas a las áreas de Cultura, Educación, Salud e Industria (otras 12 del PP, 14 del PRC y dos conjuntas), además de la de la 'ley de acompañamiento' de los regionalistas.

Según el calendario previsto, una vez debatidas las enmiendas en comisión se publicará el dictamen correspondiente en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria (BOPCA) el viernes, día 24.

El trámite final será el Pleno del Parlamento del próximo lunes, 27 de abril, en el que previsiblemente PP y PRC aprobarán el presupuesto para que entre en vigor el 1 de mayo.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), no cree que, “en principio”, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que concluye que el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del Llano de La Pasiega, en Piélagos, no está en vigor vaya a tener “consecuencias” en el desarrollo de las obras en curso del futuro centro logístico.

El Ejecutivo regional mantiene su hoja de ruta en relación a La Pasiega, cuyas obras de la primera fase se encuentran en un “avanzado” estado de ejecución y continúan “con normalidad”.

Así lo ha afirmado este miércoles, a preguntas de la prensa, Buruaga al ser cuestionada en Argoños por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC conocida este martes, y contra la que no cabe recurso, en la que confirma que el PSIR de La Pasiega no está en vigor dado que no fue publicado su texto íntegro en el BOC tras la aprobación definitiva en abril de 2022. Y es que el tribunal considera que la publicación solamente de un vínculo o link que remita a una web no es suficiente para su entrada en vigor.

Buruaga ha asegurado que la sentencia “en ningún caso cuestiona la validez” del PSIR sino la “vigencia”. “Lo que se cuestiona es si entró en vigor, si es de aplicación y si se puede aplicar como consecuencia de la falta de su publicación íntegra”, ha indicado Buruaga, que también ha añadido que ello le hubiera correspondido al anterior Ejecutivo PRC-PSOE.

Estrategia jurídica

Buruaga ha señalado que se trata de una cuestión jurídica “muy compleja” y que hay que “analizar en profundidad”. Ha garantizado que el Gobierno no solo va a “reaccionar para defender la legalidad de la actuación” por parte de la Administración, sino también “para tratar de ”garantizar“ y ”apuntalar la seguridad jurídica“ del PSIR, así como de todas las actuaciones que ”cuelgan“ y derivan de él y ”proteger el desarrollo de este proyecto y con él el interés general de la comunidad“.

“Eso es lo que estamos haciendo en este momento, analizar jurídicamente esta cuestión para diseñar una estrategia jurídica con detenimiento, con rigor y con prudencia, ha dicho.

Buruaga ha avanzado que se trabaja “en dos vías”. Una pasa por pedir la nulidad de las actuaciones en este procedimiento, algo que no ha descartado, ya que el Ejecutivo ha resultado afectado “sin haber sido parte” (es un recurso del Ayuntamiento de Piélagos contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander en relación a la liquidación del IBI).

Y por otro lado, se está “valorando la oportunidad y la conveniencia de proceder a la publicación íntegra del PSIR” ya que “lo prioritario en este caso es reforzar la seguridad jurídica de este instrumento y salvaguardar las actuaciones pendientes”, como puede ser la firma del convenio de la estación intermodal de La Pasiega o el desarrollo de la segunda fase del PSIR, que además se pretendía anticipar. En estos momentos se están analizando esas dos vías y “probablemente” el Gobierno adoptará una decisión “antes de que termine la semana”.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) ostenta la jefatura de la Policía Local —como del resto de funcionarios públicos municipales— pero el conflicto que mantiene con el colectivo de 262 agentes de este cuerpo policial no ha hecho más que crecer desde septiembre de 2025, cuando los sindicatos comenzaron a hacer pública la falta de cumplimiento del equipo de gobierno del Partido Popular en compromisos salariales adquiridos previamente. Siete meses después, los policías se han manifestado esta misma semana frente al Parlamento de Cantabria, donde Igual ejerce como diputada, y ella les respondió en su siguiente comparecencia pública: “Me encantaría pagar mejor a la Policía, pero tendría que subir impuestos”. Tras esto, advierten ahora que habrá, por lo menos, cuatro protestas más en su contra.

La próxima concentración, anuncian fuentes sindicales, será el jueves 30 de abril en el pleno y en la plaza del Ayuntamiento de Santander. Después tienen previsto regresar al antiguo Hospital de San Rafael, sede del Legislativo, para protestar en el Día de los Funcionarios (22 de mayo), e incluso para la inauguración prevista de Faro Santander, el nuevo museo del Banco Santander, que será en septiembre.

La Policía Local de Santander representa, ahora mismo, un tercio de la plantilla en activo del Consistorio. Esta permite a los agentes cierta posición de poder como masa laboral que explicaría por qué la alcaldesa sistemáticamente responde a las declaraciones sindicales, protestas o medidas de presión impopulares, como el aumento de multas, que ella misma hizo público tras semanas de especulaciones.

El viernes pasado, la alcaldesa dijo, tras consultar, que la Intervención General del Estado considera que el incremento salarial de la Policía Local “no estaba bien justificado”, porque puede elevar la masa salarial de los funcionarios municipales hasta hacerla “excesiva”, cuando “el Ayuntamiento lleva trece años sin subir impuestos”, según su criterio. Tres días después, los integrantes de la Policía rpotestaron en el Parlamento y exigieron directamente la dimisión de Gema Igual. Ella reaccionó el martes ante los medios diciendo que prefería “volver a negociar”, antes que pagar un complemento pendiente.

El Ayuntamiento debería de tener una plantilla de 1.303 empleados públicos, pero los sindicatos calculan que hay 462 plazas sin cubrir actualmente. Esta situación convierte a la Policía Local en un colectivo con gran capacidad de presionar, hasta ahora con éxito relativo: este miércoles han empezado a cobrar atrasos correspondientes a 2025, según ha podido confirmar elDiario.es.

Dos meses para un acuerdo, dos años sin pagarse

El pago de un complemento que reivindican los agentes viene de hace dos años, en abril de 2024, que Ayuntamiento de Santander y sindicatos firmaron el cobro del complemento destino —que es un pago según nivel de responsabilidad— tras una negociación de dos meses. Ese trámite, aunque llevara años de demanda sindical, fue rápido. Pero no se hizo ni se ha hecho efectivo. Y tras año y medio de espera, a partir de septiembre de 2025, la tensión pública entre los agentes de la Policía Local y la alcaldesa se volvió evidente.

Junto con el complemento de destino, los agentes reclamaban el cobro del plus de Nochebuena y Nochevieja —aún sin abonar— y el pago de los atrasos que acaba de resolverse este miércoles. Entonces, los agentes arrancaron con las medidas de presión como la no ejecución de horas extraordinarias —que se mantiene por el retraso sistemático en su pago, defienden fuentes sindicales— , una protesta inédita en el brindis de Navidad y con un 'exceso de celo' en las multas, que la alcaldesa aseguró que se habrían multiplicado por ocho. En 2026, la Junta de Personal exigió la dimisión de dos altos cargos de Recursos Humanos, que el Ayuntamiento rechazó.

En marzo, el suceso de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes tras el colapso de una pasarela, provocó un efecto cascada: una agente de la Policía Local recibió un aviso del mal estado de la estructura el día antes, pero no transmitió la información y pasó a ser investigada por la jueza instructora; la alcaldesa cargó toda responsabilidad institucional en ella bajo la lógica de que “había fallado la cadena de respuesta” y esto exhibió el sistema informático básico con el que trabaja el Centro Coordinador de la Policía Local en Santander.

Después de la tragedia, mientras avanzaba el proceso judicial, los sindicatos de Policía Local abogaron por mantener un perfil bajo, hasta que en abril —dos años después del acuerdo del complemento de destino— han retomado las protestas, con la demanda de una policía unificada en Cantabria, con protocolos de actuación y coordinación conjuntos. Fuentes sindicales advierten ahora de que en Santander trabajan con chalecos antibalas “caducados” y que hay agentes que directamente carecen de ellos. Aseguran que, pese a haber cobrado los atrasos de 2025, “es de los últimos ayuntamientos en hacerlo efectivo”.

En la protesta del lunes frente al Parlamento, en la que no coincidieron con la diputada y alcaldesa Gema Igual, que demoró su llegada a la Cámara, los agentes recordaron, mientras pedían su dimisión, que tras obtener la mayoría absoluta en 2023, se aumentó el sueldo: “Llega a acuerdos en 2024 y en 2026 dice que no son legales, aunque los hayan firmado los concejales y el director de Recursos Humanos”, cuestionan fuentes sindicales respecto a un acuerdo al que ha tenido acceso elDiario.es “Después sale diciendo que ha quitado un 52% de deuda, pero a base de dejar la ciudad abandonada y a sus trabajadores también”, advierten para sintetizar un enfrentamiento inconcluso y del que se esperan nuevos episodios próximamente.

La protonterapia estará instalada a principios de 2027 en el búnker del hospital Valdecilla aunque no estará operativa hasta final de ese año, después de pasar las pruebas del Consejo Superior de Energía Nuclear, que tienen una duración de unos nueve meses.

Son los plazos que ha dado el consejero de Salud, César Pascual, a preguntas de los periodistas sobre la marcha del proyecto, tras presentar la memoria de 2025 de la Escuela Cántabra de Salud.

Según ha señalado, las obras “van en plazo”. La previsión es que para el verano esté excavado el búnker, después hay que introducir la maquinaria y finalmente cubrir con una losa, informa EFE.

Una vez que esté todo instalado, a comienzos de año se iniciarán las pruebas necesarias para obtener la acreditación del Consejo Superior de Energía Nuclear.

Pascual ha destacado que, aunque hasta final de año no se podrá empezar a tratar pacientes, sí será posible usar antes las instalaciones de la nueva unidad del hospital, que “es muy compleja, no es solo una máquina”.

“Lo que sí se van a poder utilizar son otras cosas que van al lado de la protonterapia”, ha dicho el consejero, quien ha explicado que en la unidad se instalará un quirófano híbrido y una resonancia y un TAC especial que necesitan los pacientes que serán tratados en este servicio.

Pascual ha recordado que están en funcionamiento los simuladores, dentro del trabajo previo para diseñar los tratamientos, a petición también de otras comunidades. 

La Policía Nacional ha detenido en Santander a un hombre por manipular con Inteligencia Artificial imágenes de mujeres, con las que había tenido alguna relación sentimental, a las que daba un contenido erótico y luego las difundía.

Según ha explicado este miércoles en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, la investigación se inició cuando una de las mujeres denunció en enero que en redes sociales y en un chat de una aplicación de mensajería instantánea, había imágenes suyas editadas con IA para añadirlas contenido erótico.

La Policía comprobó que el autor de esa manipulación de las imágenes era un hombre que seguía a la mujer en redes sociales.

Según informa EFE, tras analizar el móvil del hombre, la Policía localizó abundante material multimedia manipulado con una aplicación de IA que transforma las imágenes y las da contenido erótico.

Además, vio que había imágenes de otras cuatro mujeres, también manipuladas, y comprobó que todas habían sido parejas del hombre o tenían una relación de amistad con él.

En los dos domicilios del hombre, en Santander y Camargo -donde la Policía Nacional contó con el apoyo de la Local-, se comprobó que el hombre contaba con archivos de vídeo que obtuvo tras acceder a las cámaras de seguridad del comercio de una de las mujeres, con las que había mantenido una relación, y a la que controlaba su horario.

Por ello, se detuvo al hombre por delitos de acceso ilegal informático, malos tratos por violencia contra la mujer y descubrimiento y revelación de secretos, por los que, tras declarar ante el juez, fue puesto en libertad con cargos.

La Abogacía del Estado ha rebajado de dos años y medio a seis meses de prisión su petición para la antigua directiva de Sniace por los vertidos de la empresa al río Saja-Besaya entre 2008 y 2010, como ya hizo la Fiscalía en la primera sesión del juicio.

El abogado del Estado lo ha avanzado al inicio de la última jornada del juicio contra el expresidente de Sniace Blas Mezquita, otros seis exconsejeros y el entonces director de Operaciones de la empresa, acusados todos ellos de un delito contra el medio ambiente.

El juicio por los vertidos de esta empresa, afincada en Torrelavega y que cerró en 2020, se ha tenido que repetir después de que la Audiencia de Cantabria anulara parcialmente la vista y la sentencia de 2021 en la que se les condenó.

La Fiscalía ha confirmado hoy, como ya avanzó al comienzo del juicio, que rebaja su petición de dieciséis a seis meses de prisión y que solicita una multa de 12.000 euros e inhabilitación para cualquier actividad relacionada con la emisión de vertidos en un año.

También reclama que los acusados indemnicen al Estado en la cantidad que se fije en sentencia o en ejecución de la misma por el perjuicio causado al medio natural y que abonen los cánones por vertidos no autorizados que no pagó por la empresa.

La Abogacía del Estado solicita, además de los seis meses de cárcel, 4.800 euros de multa, un año de inhabilitación y que abonen de forma conjunta 49,8 millones a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por los daños.

Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular, se suma a las peticiones de la Fiscalía, salvo en la indemnización, que solicita la misma que el representante del Estado.

Por su parte, las defensas han solicitado la libre absolución para los ocho procesados, que se admita la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas -la jueza ya avanzó que se apreciará- y la prescripción de los hechos.

Acusaciones

La Confederación Hidrográfica del Norte revocó en 2006 la autorización que tenía la empresa para hacer vertidos en el río por “su carácter abusivo”.

En 2008 Sniace obtuvo la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consejería de Medio Ambiente para verter las aguas de su proceso industrial a la ría de San Martín, a través de un colector, mientras que al Saja Besaya solo podía verter aguas de refrigeración o pluviales.

La fiscal mantiene que, a sabiendas de que no tenía autorización, Sniace siguió haciendo vertidos que alteraron la calidad de las aguas, sin respetar los parámetros de la AAI.

Las tres acusaciones han aludido en varias ocasiones a la sentencia de 2010 del Tribunal Supremo en la que condenó el ex secretario de la empresa Miguel Gómez de Liaño, por unos vertidos al Saja Besaya en 2006, cuando ya había sido revocado el permiso de la Confederación, aunque desde la defensa ven “sustanciales diferencias” con esta causa.

“No cambia nada excepto la fecha. Si para el Supremo no había duda, para nosotros tampoco”, ha dicho la fiscal, quien ha rechazado que la defensa intente presentar a Gómez de Liaño, que ha declarado como testigo en esta causa, como el único encargado de lo ocurrido.

Además, ha recalcado que “no hay ni una sola muestra en todo el procedimiento en la que no se superen los valores límites”, mientras que la defensa ha apuntado a “deficiencias” en la toma de esas muestras y a que “no consta la gravedad” del vertido a la que aluden las acusaciones.

La Fiscalía acusa al que fuera jefe de operaciones como autor material del delito y a los miembros del consejo de administración les considera autores, al entender que lo cometieron por omisión. “Pudieron haber parado los vertidos y no lo hicieron, todos conocían la actividad contaminante”, ha señalado.

Para el abogado del Estado, queda probado que el vertido fue “continuo, caudaloso, ilícito y contaminante”.

Y ha negado, como se ha planteado desde la defensa, que hubiera “pasividad” en la administración a la hora de advertir sobre estos hechos.

El representante de Ecologistas en Acción ha destacado el daño producido al entorno: “el vertido roba el oxígeno del agua y asfixia la vida fluvial de forma inmediata”.

La defensa

Desde la defensa han sostenido que los acusados “no tenían contacto alguno con la fábrica” ni conocimientos en materia medioambiental.

También han defendido que la empresa actuó amparada en la Autorización Ambiental Integrada, hasta construirse las infraestructuras para conducirlos a la ría, y han asegurado que el retraso en la consecución de esas instalaciones no es imputable a Sniace, sino a las administraciones.

El juicio, a cargo del Tribunal de Instancia de Santander, se ha celebrado durante cinco sesiones.

Cantabristas ha instado al PRC, a través de un comunicado, a que prohíba en sus ayuntamientos la construcción de vivienda turística en suelo rústico. La formación ha expresado su sorpresa ante los nuevos posicionamientos anti masificación turística del PRC, teniendo en cuenta, han señalado, “la trayectoria política de los regionalistas, que incluye promover y apoyar la Ley del Suelo que ha flexibilizado el suelo facilitando la especulación urbanística y la turistificación allí donde gobierna”.

En opinión de la formación política, el PRC parece “más preocupado de disputar los votos a Cantabristas que de hacer valer su nueva postura política entre su propia gente”. Por ello, desde Cantabristas han pedido a los regionalistas que “prediquen con el ejemplo” y apliquen la cláusula de la Ley del Suelo que faculta a los ayuntamientos a prohibir la construcción de vivienda turística en suelo rústico para frenar la masificación turística y la proliferación de segundas residencias.

“En política, no valen solo las palabras. Si de verdad sus últimas declaraciones son fruto de la reflexión y autocrítica respecto a las políticas del hormigón que han caracterizado al PRC en las últimas décadas, que actúen y comiencen a cambiar las cosas desde los ayuntamientos en los que pueden hacerlo”, han declarado desde la formación cantabrista.

Por último Cantabristas, que ha dicho mantener desde sus orígenes “un posicionamiento muy crítico hacia el monocultivo del sector turístico y la promoción de la masificación turística”, han explicado que no terminan de creerse “este nuevo PRC” y tienen “poca confianza en que estas incoherentes nuevas posturas políticas se materialicen en algo plausible”.

La Consejería de Educación prevé 6.600 solicitudes de plaza para el curso 2026/ 2027 en el proceso ordinario de escolarización que ha abierto este miércoles, una cifra similar a la del año pasado.

El proceso ha comenzado con la apertura del plazo de entrega de solicitudes para Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que se extenderá hasta el 29 de abril. La tramitación se podrá realizar vía presencial en el centro de primera opción, o a través de la plataforma educativa www.cantabria.es/yedra, para quienes ya estén dados de alta.

El proceso ordinario de admisión está dirigido al alumnado que se matricula por primera vez en enseñanzas sostenidas con fondos públicos, los alumnos que voluntariamente deseen cambiar de centro, y los que, habiendo obtenido reserva de plaza en un centro en el proceso previo de adscripción, quieran optar por uno distinto.

La solicitud de plaza tiene carácter gratuito, puede recogerse en cualquier centro educativo sostenido con fondos públicos y debe ser entregada, exclusivamente, en el centro educativo elegido como primera opción, explica el Gobierno de Cantabria en un comunicado. Todos los centros están obligados a tramitar las solicitudes, aunque no tengan vacantes, siempre que se presenten dentro del plazo señalado.

Por cada alumno se podrá presentar una única solicitud de admisión y se pueden pedir varios centros, ya que la solicitud permite ordenar por preferencia hasta un máximo de 6 centros, aumentando con ello las posibilidades de obtener un puesto escolar de interés para la familia.

Si el alumno es menor de edad, el solicitante deberá aportar la documentación acreditativa de la filiación, custodia o guardia legal.

En caso de existir menos plazas que solicitudes para un centro, los criterios de baremación son que haya hermanos ya matriculados, la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de uno de los padres o tutores legales y una renta per cápita de la unidad familiar inferior o igual a 2.750 euros y superior a 2.750 euros e inferior o igual a 4.500 euros.

El sorteo para dilucidar los casos de empate se realizará el 12 de mayo.

La publicación de las listas provisionales del proceso ordinario de escolarización se efectuará en el tablón de anuncios del centro solicitado y en el apartado de escolarización del portal www.educantabria el 21 de mayo y las definitivas saldrán el 5 de junio, tras el plazo de reclamaciones.

El plazo de matrícula para el próximo curso en Infantil y Primaria será del 10 al 19 de junio, y en ESO y Bachillerato se podrá realizar entre los días 29 de junio y 10 de julio.

Para la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo el procedimiento se rige por los mismos trámites, aunque los plazos se amplían hasta el 8 de mayo para la presentación de solicitudes, en la sede de la Consejería.

Novedades respecto al curso anterior

Como novedad, en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato se adelantan un poco las fechas este curso con respecto al año pasado para facilitar las adjudicaciones y la matrícula antes del periodo estival, lo que facilita realizar la planificación del curso.

Además, los Deportistas de Alto Nivel y los Deportistas de Alta Rendimiento que opten por Bachillerato dispondrán de prioridad en la adjudicación de plazas en institutos seleccionados para este tipo de reservas de plaza.

También, según el Gobierno, se abre un capítulo propio para la Educación Especial en la que la Comisión de Escolarización específica analiza caso por caso antes de efectuar las adjudicaciones, “conscientes de las necesidades y recursos que este colectivo requiere”.

La Consejería de Educación insiste “en trasladar certidumbre y seguridad a las familias, ya que se cuenta con los recursos y plazas necesarias para escolarizar a todos los demandantes de plaza”, destaca.

Calendario escolar

La Consejería de Educación publicó esta martes en el Boletín Oficial de Cantabria el calendario escolar del próximo curso, tras ser respaldado por el Consejo Escolar.

Los centros docentes comenzarán sus actividades el 1 de septiembre de 2026 y finalizarán el 30 de junio de 2027

En las etapas de educación infantil y educación primaria, y en los centros de educación especial, las actividades lectivas se desarrollarán desde el 8 de septiembre de 2026 hasta el 23 de junio de 2027, ambos inclusive.

En educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional las actividades lectivas se desarrollarán desde el 9 de septiembre de 2026 hasta el 24 de junio de 2027, ambos inclusive.

En las enseñanzas elementales y profesionales de música y de danza, las actividades lectivas se desarrollarán desde el 16 de septiembre de 2026 hasta el 31 de mayo de 2027, ambos inclusive.

Los periodos no lectivos serán del 2 al 6 de noviembre de 2026, del 24 de diciembre al 8 de enero de 2027, del 10 al 12 de febrero, del 22 al 24 de marzo y el 3 y 4 de mayo.

La secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón, ha señalado como prioridad abordar la negociación colectiva caducada, que alcanza las 34.000 personas en Cantabria, con ocho convenios sectoriales y 48 de empresa pendientes de renovación, como el de hostelería y el de SEG Automotive.

Mantecón ha recordado que en la comunidad trabajan unas 235.000 personas, de las que aproximadamente la mitad están cubiertas por convenios negociados en la región, mientras que más de 6.200 carecen de cualquier cobertura, según informa EFE.

En una asamblea de delegados celebrada este martes en la sede del sindicato en Santander, donde también ha participado el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, la secretaria general de CCOO de Cantabria ha destacado la necesidad de dar un impulso a la negociación colectiva en un momento que ha calificado como “crucial para la clase trabajadora ante el desfase que hay entre el crecimiento económico y el salarial”.

Y ha remarcado además que la negociación colectiva es una cuestión de primer orden y atajarla será fundamental para contrarrestar el incremento de la inflación pero también para atacar la precariedad del empleo en la comunidad, con salarios medios unos 1.500 euros inferiores a la media estatal.

Por ello, ha defendido la necesidad de impulsar subidas salariales y la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, medida que beneficiaría a más de 100.000 personas.

“La buena situación de salud económica de los datos macro no se está trasladando suficientemente a la mayoría de la clase trabajadora”, ha asegurado Pacheco, quien ha denunciado un estancamiento salarial que afecta en España a 11 millones de personas desde 2018.

A su juicio, esta situación requiere “una corrección” a través de los convenios colectivos porque la negociación colectiva de base ya tiene un marco de desigualdad por cómo se distribuyen los beneficios empresariales.

Para Pacheco, la hoja de ruta pasa por reforzar la acción sindical y el papel de los delegados, impulsando una negociación colectiva más reivindicativa que permita mejorar salarios, reducir la jornada y modernizar las condiciones laborales. 

Vox duplicó el número de diputados en las últimas elecciones autonómicas al Parlamento de Cantabria. Pasó de dos a cuatro. Pero desde el primer momento hubo dos bandos: los partidarios de la nueva portavoz, Leticia Díaz, y los que estaban a favor del anterior, Cristóbal Palacio que, por razones que no se explicaron, no repitió como número uno de la formación en Cantabria. Ahí empezó un cisma que ha acabado en los tribunales.

Una asesora del grupo parlamentario denunció a la portavoz por acoso laboral -que estuvo suspendida de militancia durante seis meses-, otro asesor afín a ella presuntamente utilizó un bolígrafo espía para grabar convesaciones en el despacho de Vox, otros tres asistentes han dejado sus puestos, Cristóbal Palacio abandonó el grupo y mantiene su escaño como diputado no adscrito y hace casi un año la Polícia entró en el Parlamento para registrar los ordenadores de Vox.

Ahora, el juez de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander acaba de citar como investigado a un asesor de Vox por un posible delito contra la intimidad. La misma persona a la que dos diputados -Cristóbal Palacio y Armando Álvarez- denunciaron por grabar conversaciones privadas con un bolígrafo espía que activaba al salir del despacho. Un objeto que les pareció extraño y que desmontaron hallando en su interior un minúsculo dispositivo de grabación.

A la vez, una denuncia interna le acusa de acceder y grabar el correo electrónico de la trabajadora del partido que denunció por acoso laboral a la portavoz parlamentaria, Leticia Díaz.

El auto judicial señala que este asesor - un ingeniero informático que ha reconocido haber grabado un video del contenido del mail- ha podido realizar un acceso remoto al ordenador de la empleada del partido, usando sus claves, mientras grababa dicho vídeo para “apropiarse de correos y comunicaciones personales de WhatsApp”.

El objetivo de este acceso, apunta el juez, sería que la portavoz Leticia Díaz aportara esos documentos posteriormente para defenderse en el expediente abierto por el Comité de Garantías de Vox ante la denuncia de acoso de la trabajadora.

También señala que “ha quedado notablemente debilitada” la tesis de descargo ofrecida por Leticia Díaz, quien acusó a esta trabajadora de hacer “un borrado masivo de datos” del ordenador que no se observa, según el auto.

Sí aprecia el juez, a raíz del informe pericial del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial, “indicios de manipulación del vídeo aportado (por Leticia Díaz) para evitar que se vea que la persona que graba pueda estar al mismo tiempo utilizando el ordenador, lo que permite suponer que el acceso en remoto haya podido ser planificado por la investigada o por un tercero a su instancia, dado que consta que tenía acceso a las claves de la perjudicada”.

En su auto, contra el que cabe recurso, el juez cita a declarar al asesor de Vox el próximo 28 de mayo, a las 9.30 horas.

Fuentes judiciales han señalado a EFE que el titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander también investiga a este hombre por presuntas escuchas ilegales grabadas con un bolígrafo que tenía en su interior un dispositivo para grabar.

Denuncia hace un año

La asesora que denunció a la portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria por acoso laboral presentó hace un año una querella contra ella y contra el grupo parlamentario por un presunto delito contra la integridad moral.

La trabajadora empezó a prestar servicios para el grupo parlamentario como asesora financiera en septiembre de 2019, cuando su portavoz era Cristóbal Palacio, ahora diputado no adscrito.

La asesora estuvo de baja desde enero de 2024, con tratamiento psicológico y farmacológico.

Leticia Díaz fue sancionada el 16 de septiembre de 2024 por la dirección nacional del partido con seis meses de suspensión de sus derechos como afiliada, aunque posteriormente la sanción fue rebajada a dos meses por el Comité Ejecutivo Nacional, tras estimar parcialmente un recurso que interpuso la portavoz en octubre.

La atención al público del Servicio Cántabro de Salud se trasladará al Edificio Lagunilla, de Santander, donde se está reubicando a sus trabajadores para evitar las molestias que suponen las obras de derribo de la Residencia Cantabria, desde este jueves, 23 de abril, según informa EFE.

La decisión se toma veinticuatro horas después de que el sindicato UGT exigiese el traslado el personal “sin más demoras y en esta misma semana porque todavía permanecen allí el de las plantas baja, primera y tercera, pertenecientes a distintos servicios; entre ellos el de asistencia sanitaria, cuidados, informática, farmacia y de registro”.

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) respondió que los trabajadores no corren riesgos pero no obstante ha acelerado el traslado de los profesionales de la Gerencia del organismo, debido a las obras de desmantelamiento de la Residencia. Hasta ahora han sido trasladados 100 profesionales y aún quedan 81 en el edificio, del que irán saliendo “en los próximos días”.

La nueva sede de la Gerencia del SCS estará en el edificio Lagunilla, ubicado en la calle Gutiérrez Solana número 4 de Santander. Alli se atenderá al público en el horario habitual de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. 

El presidente del comité de empresa de Nestlé en La Penilla (Santa María de Cayón), Juan Miguel González, ha mostrado su preocupación ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la compañía, aunque ha precisado que se desconoce aún cómo afectará a la planta cántabra.

Lo único que se conoce es que afectaría a unas 301 personas en España, más del 7 por ciento de la plantilla.

En declaraciones a EFE, González (UGT) ha señalado que a no conocer cuántos serán los despidos en cada centro “la inquietud es general” y, en particular, los trabajadores de la planta cántabra se enfrentan al proceso con “muchísima incertidumbre”.

Según ha explicado, la información trasladada hasta el momento apunta a que el ajuste afectaría principalmente a puestos de carácter administrativo, cuyas funciones podrían ser sustituidas por Inteligencia Artificial o trasladadas a centros de trabajo centralizados a nivel global.

González ha advertido de que el impacto social de la medida es “igual de grave” con independencia de los puestos afectados y ha subrayado que no se trata de “una decisión aislada”, sino de un proceso que se enmarca en una estrategia de ámbito mundial y que actualmente se negocia a nivel europeo.

Ante esta situación, ha reclamado a la dirección diálogo, transparencia y la búsqueda real de alternativas al despido con el objetivo de proteger el empleo en la planta cántabra.

Nestlé cuenta en Cantabria con una plantilla media de unos 800 trabajadores y registró en 2025 una facturación en España de más de 97.000 millones de euros con un beneficio neto de algo más de 9.800 millones de euros.

La compañía, que ha anunciado este martes el ERE y que cuenta con una plantilla de 4.158 personas en todo el país, ha asegurado en un comunicado que aplica el despido colectivo ante un contexto “de cambio” en el sector del gran consumo, “marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábito en el consumidor y el avance de la marca de distribución”.

Además de UGT, CCOO y CSIF han rechazado este martes el expediente de regulación de empleo y han señalado que pondrán en marcha su maquinaria para defender los puestos de trabajo.

Los 301 puestos de trabajo de los que se prescindirá son de los centros de producción ubicados, además de en La Penilla, en Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.

En un comunicado, UGT ha calificado el ERE de “injustificado, desproporcionado y socialmente inaceptable”, ya que considera que la empresa mantiene una posición de liderazgo en el sector alimentario y “continúa generando beneficios multimillonarios”.

“Las personas trabajadoras no pueden ser la variable de ajuste de decisiones corporativas que responden exclusivamente a criterios financieros”, ha subrayado.

El sindicato ha criticado que los datos de negocio de Nestlé no justifican los despidos: “Las cifras demuestran con claridad que no estamos ante una empresa en crisis, sino ante una organización altamente rentable que ha optado por trasladar el coste de su estrategia a su plantilla”.

Por ello, ha exigido la retirada inmediata del plan de despidos colectivos y ha pedido que no se apliquen “medidas traumáticas” mientras la empresa continúe “obteniendo beneficios multimillonarios”.

Además, ha propuesto que se elabore un “plan alternativo basado en la reorganización interna sin destrucción de empleo”.

“Queremos trasladar un mensaje claro a toda la plantilla: no estáis solos. Vamos a defender cada puesto de trabajo, cada derecho y cada familia afectada”, han asegurado.

CSIF valora medidas de presión

Por su parte, el sindicado Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha considerado “desproporcionada” la cifra de despidos.

“Lucharemos para la reducción de la misma y por lograr las mejores condiciones de salida de los trabajadores mirando siempre por la reincorporación y continuidad en el mundo laboral”, ha añadido.

CSIF ha afirmado que valorarán medidas de presión contra el ERE, junto al resto de sindicatos, con quienes formará parte de una mesa negociadora que se constituirá el próximo 6 de mayo.

CCOO rechaza “cualquier recorte”

CCOO ha rechazado “cualquier recorte” de puestos de trabajo, cuando “la compañía se encuentra en una muy buena situación económica”.

La empresa “convocó ayer a una reunión, de manera precipitada y urgente, a la representación de sus cuatro mil trabajadores”, ha explicado el sindicato, que considera que la compañía lo ha hecho “mal, sin transparencia y sin margen de maniobra”.

CCOO considera que España será el país que más sufrirá, de entre aquellos que ya conocen el impacto de las medidas de reducción de la multinacional.