El Gobierno de Cantabria destina 105.000 euros para contratar personal en la Cátedra de Vivienda y 70.000 a erradicar el chabolismo

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado una subvención de 105.000 euros -15.000 más de lo anunciado inicialmente- para contratar personal en la Cátedra de la Vivienda vinculada al Banco Santander que creó hace unos meses la Universidad de Cantabria. En la misma sesión, ha decidido destinar 70.000 euros para erradicar el chabolismo en Cueto (Santander), dinero público que contribuirá en parte a ayudar a los afectados -a través del Centro Social Bellavista- a pagar el alquiler de las viviendas en las que sean realojados.

La 'Cátedra Cantabria Vivienda' -su denominación oficial- será un observatorio sobre vivienda que dependerá del Santander Financial Institute (SANFI) para hacer investigar y hacer informes sobre el sector. Tendrá también participación del grupo de investigación 'Derecho e Innovación' de la UC.

SANFI es un centro especializado en la formación, investigación y transferencia en el sector financiero, creado en 2012, fruto de la alianza entre Banco Santander, la Universidad de Cantabria y la Fundación UCEIF, que también es un órgano mixto entre ambas instituciones.

La actividad de la Cátedra llega con cierto retraso respecto a la tramitación de una normativa fundamental para el sector objeto de análisis: la ley de Vivienda que ha impulsado el Gobiero del PP en Cantabria y que ya está tramitando el Parlamento autonómico sin los informes o el trabajo analítico de un foro académico que podría haber sido relevante a la hora de desarrollar el articulado.

En la firma de creación de la cátedra, el diciembre de 2025, el consejero de Fomento Roberto Media anunció que se financiaría con 90.000 euros de dinero público. Ahora, ocho meses después se destinarán quince mil más para contratar personal técnico e investigador que de inicio a los trabajos sobre la situación de la vivienda en Cantabria que atraviesa un momento especialmente complicado por los elevados precios y la insuficiencia de un mercado de alquiler acorde con las necesidades de los ciudadanos.

La presión turística, que interviene sustancialmente en el mercado inmobiliario, y la falta de regulación sobre la proliferación de pisos turísticos, junto a un mercado inmobiliario dominado por segundas residencias y alojamientos vacacionales, configuran un contexto complicado para la comunidad cántabra.

El Gobierno de Cantabria impulsó la cátedra tras el informe -cuyo importe no ha trascendido- elaborado en julio de 2024 por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Enrique Varona y la profesora Consuelo Arranz de la Universidad de Cantabria (UC), que avala la decisión del gobierno autonómico del PP de no declarar “zonas tensionadas” en el mercado de alquiler, argumentando que limitar el alquiler podría reducir la oferta de vivienda.

En la presentación pública de este foro académico de análisis de la vivienda, tanto el consejero como la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, explicaron que querían dar una utilidad práctica al organismo en el sentido de que aporte soluciones “innovadoras y efectivas” para garantizar el acceso a la vivienda en condiciones “dignas y asequibles”.

En cualquier caso, la actividad de la Cátedra tendrá una duración de cinco años y estará gestionada por una Comisión de Seguimiento formada por representantes del Gobierno de Cantabria y de la Universidad de Cantabria.

Recientemente, en el foro 'Diálogo Joven Europa' el director del Departamento de Derecho Privado de la UC, Eduardo Vázquez de Castro, subrayó que nace para “contribuir a comprender mejor la realidad del mercado residencial en nuestra comunidad” y ayudar a diseñar soluciones eficaces, especialmente en relación con los jóvenes, “que son quienes sufren con mayor intensidad las dificultades de acceso a la vivienda”, precisó.

Al tiempo, añadió que en España ya existen experiencias relevantes “que han demostrado que estas estructuras pueden convertirse en verdaderos laboratorios de políticas públicas, capaces de influir en la regulación, en la innovación urbana o en la formación de profesionales especializados”.

La financiación aprobada por el Gobierno de Cantabria este mes de agosto permitirá contratar investigadores e iniciar los trabajos de este nuevo observatorio tras los ocho meses transcurridos desde su creación.