El consejero de Salud de Cantabria dice que fue “un funcionario” quien ordenó derivar pacientes a la sanidad privada

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha dicho que fue “un funcionario” quien ordenó desviar a pacientes de la sanidad pública a la privada, a través de un correo electrónico difundido a varios directivos y personal de admisión.

En este sentido, ha negado categóricamente que se trate de una directriz oficial emitida por la cúpula directiva. “Decir que un alto cargo dio una instrucción es rotundamente falso”, ha apostillado.

Pascual ha explicado que las instrucciones fueron redactadas por un trabajador del área de admisión que “confundió el alcance del convenio singular con el hospital concertado y las reglas aplicables a la sanidad pública”.

Según su versión, el correo electrónico se envió “hace dos o tres semanas” y el protocolo interno del Hospital Valdecilla -en el que se ordenaba retirar la cita o mandar al final de la cola a los usuarios que rechazaran ser derivados a la sanidad privada- fue “rápidamente anulado por las gerencias” en cuanto se detectó.

A preguntas de los periodistas tras la rueda de prensa de presentación de la Ley de Salud Digital, el responsable de la sanidad autonómica ha respaldado las explicaciones previas de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y ha insistido en que “no hay constancia de que nadie se haya quitado de la lista de espera” y que la opción de derivación hacia centros concertados como el Hospital Santa Clotilde sigue siendo un procedimiento voluntario.

“Un correo no es una instrucción legal”

Durante su comparecencia, el consejero ha hecho hincapié en la diferencia entre un mensaje informal de gestión y un acto administrativo regulado.

Según ha argumentado, lo difundido a varios directivos y áreas de admisión no constituye en ningún caso una instrucción formal de la Consejería. “Una instrucción es una cuestión absolutamente legal que tiene validez y rango normativo; decir que se mandó una instrucción no es lo mismo que se envíe un correo interpretando lo que sea”, ha remarcado el titular de Salud.

Sin sanciones ni cese para el empleado de admisión

Cuestionado sobre si la Consejería o el SCS prevén la apertura de un expediente o el cese del responsable que remitió la indicación, Pascual ha descartado adoptar medidas disciplinarias de calado.

“Errores se pueden cometer y un error no es motivo de cese”, ha aseverado. También ha explicado que no ha considerado necesario solicitar explicaciones personales de forma directa al trabajador involucrado.

A juicio del consejero, el fallo humano debe contextualizarse en el escenario de sobrecarga que atraviesa la atención sanitaria en la comunidad tras los paros laborales. “Hemos perdido 169.000 consultas o pruebas y tenemos mucha tensión asistencial y mucha presión por recuperar” -ha justificado Pascual- dando a entender que el empleado actuó guiado por el afán de “agilizar citaciones y maximizar huecos en las agendas”.

En su opinión, la gestión del incidente ha quedado acotada al ámbito de los gerentes del Servicio Cántabro de Salud y del propio centro hospitalario.

“Dos únicas quejas por el tono”

En relación con el malestar social y las denuncias acumuladas por colectivos de usuarios y representaciones sindicales, el consejero ha replicado que solo se hn registrado “dos quejas de dos personas que se han sentido presionadas”.

Pascual ha aclarado que, tras investigar ambos expedientes, las reclamaciones no obedecen a exclusiones reales de la lista, sino a discrepancias con el “tono” empleado por el personal administrativo encargado de realizar las llamadas. Es más, el consejero ha argumentado que una de las usuarias que ha protestado “finalmente se hizo la prueba” en el hospital Santa Clotilde, ejerciendo su derecho a reclamar pero sin perder la atención sanitaria.

Protocolo de derivación: “El paciente no sale del sistema”

Para disipar las dudas sobre la “demora voluntaria” planteadas por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, Pascual ha detallado cómo actúa el protocolo cuando un ciudadano rechaza la oferta de acudir al centro privado.

La propuesta de derivación a Santa Clotilde se realiza únicamente para “adelantar los plazos” previstos en el hospital público. Si el paciente prefiere mantenerse en Valdecilla, “no pasa nada: no se modifica en absoluto su cita y se queda exactamente donde estaba para la fecha programada”.

En el caso de rechazos expresos, la normativa congela temporalmente el cómputo de los plazos de demora garantizada porque la decisión parte del usuario, pero en ningún caso implica perder la plaza ni ser relegado al último lugar de la lista.

“No tenemos ningún tipo de instrucción para pasar a nadie al último lugar; el paciente sigue en la lista y pasa a la siguiente ronda de llamadas, un mes o dos depués”, ha concluido el consejero.