Una ‘Agenda de Acción por la Vivienda’ con horizonte en el año 2030. Con este nombre ha decidido bautizar el Gobierno de Castilla-La Mancha las más de una treintena de medidas que va a adoptar (aunque algunas ya están en marcha) para buscar soluciones a lo que considera “una de las mayores preocupaciones” de la sociedad: la demanda habitacional.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, de 2015 a 2019, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el proyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, que se quedó para siempre en un cajón. Ahí lleva ocho años. Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma.

El propio Gobierno regional reconoce en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y hoy Page no ha ha hecho referencia a ninguna futura norma autonómica en este sentido. De hecho, en la mencionada web, este compromiso aparece con tan solo un 5% de objetivo cumplido.  

De esta forma, Castilla-La Mancha es, junto con la Comunidad de Madrid, las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Únicamente cuenta con una sobre vivienda protegida, que data de 2002. Asturias, Cantabria y Aragón tienen proyectos en trámite parlamentario muy avanzados.

En su lugar, el Gobierno de Page sigue apostando por planificaciones como la 'Agenda' presentada hoy. Son más de una treintena de medidas que suponen la movilización de unos 500 millones de euros en los próximos cuatro años, para más de una treintena de medidas, algunas ya puestas en marcha, centradas en cuatro pilares: más oferta de vivienda, más ayudas públicas, impuso a la rehabilitación del parque residencial y modificaciones de normativas e instrumentos urbanísticos para disponer de más suelo.

Un reto “estructural” por falta de oferta

Los detalles los ha desgranado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha comenzado afirmando que, aunque “no hay varita mágica” para dar soluciones plenas, en el Gobierno regional sí existe “sensibilidad” para dar respuestas al acceso a la vivienda, resaltando, como es la tónica habitual del Gobierno autonómica, la colaboración público-privada.

“El reto es estructural”, ha dicho, pero ha determinado que la causa principal es un problema de falta de oferta. “Durante más de 15 años no se han construido apenas viviendas y los precios se han disparado. España no puede construir más de 100.000 viviendas al año cuando debería construir más de medio millón. La banca privada no puede asumir este reto en solitario y también debemos dar seguridad jurídica a los pequeños propietarios”, ha argumentado.

Dicho esto, ha informado de que la Agenda estará financiada con fondos propios de la comunidad autónoma, que, según afirma, están ya “por encima” del 40% obligado, y con los contemplados en el Plan Estatal de Vivienda.

Así, en cuanto al primer bloque, ha anunciado un total de 135 millones para la construcción de 500 viviendas en la región. En este punto, ha recordado el Plan 10.000 del Gobierno regional firmado con las constructoras: ya se han tramitado más de 18.000 visados de obra nueva, de los cuales un 20% con viviendas con algún tipo de protección pública, como exige la Unión Europea.

Asimismo, el Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado poner a disposición de la empresa pública GICAMAN dos parcelas en Toledo para la construcción de otras 231 viviendas en el barrio de Polígono.

Esta iniciativa, unida a las conversaciones con el Ayuntamiento de Toledo para recuperar la antigua “L” de este mismo barrio, harán que el Gobierno regional sea “el mayor promotor de vivienda en Toledo”, con 1.150 viviendas en total. No obstante, como promotor, no ha detallado qué tipo de viviendas va a fomentar y si tendrán algún tipo de protección pública o serán promociones privadas.

Además, ha anunciado que la Consejería de Hacienda ha reasignado una parte de los Fondos FEDER  para “redirigirlos” a políticas de vivienda. En total, serán 68 millones de euros para fomentar la construcción de más de 1.000 viviendas en Castilla-La Mancha.

El consejero de Fomento ha hecho especial hincapié en la rehabilitación del parque residencial, el segundo pilar de esta ‘Agenda de Acción’, remarcando que no solo se trata de impulsarla con “fines energéticos”, sino que  también debe estar vinculada a la accesibilidad. Para ello, el Ejecutivo regional va a habilitar una línea de siete millones e euros para actuaciones en viviendas de Castilla-La Mancha.

De igual forma, se habilitarán ayudas para rehabilitar viviendas vacías en núcleos rurales y otras adicionales para edificios en zonas con protección patrimonial, como Toledo, Cuenca o Sigënza, junto con las ya existentes para regeneración urbana, donde la región, ha señalado, ha sido “pionera”.

En paralelo, y a la espera de la resolución que la Comisión Europea haga sobre los fondos comunitarios, como el Fondo Social del Clima y su traducción en materia de vivienda, Castilla-La Mancha habilitará una línea propia por 5 millones de euros para ayudas destinadas al alquiler. Estas subvenciones serán variables en ciudades donde el precio de la vivienda sea más alto o más bajo, y según las rentas personales.

Nacho Hernando se ha referido a otras ayudas ya en marcha, como las deducciones para adquisición de vivienda y los préstamos ‘tipo cero’: el uso del fondo de fianzas, entre otras cosas para asumir el prometido aval del 20% a la compra. Es decir, la Consejería de Fomento podrá disponer de hasta el 80% del importe total de los depósitos y reservará, al menos, el 20% las devoluciones que procedan.

Cambios en la LOTAU

En cuanto al último bloque, se ha referido a la modificación de la LOTAU para agilizar trámites urbanísticos o los planes especiales de reclasificación de suelo rústico en zonas aledañas a los casco urbanos para construir viviendas “en un único acto administrativo”.

En esta línea se enmarca la modificación de la mencionada ley que este jueves se debate en el pleno de las Cortes regionales y que supone dar vivienda pública, no solo a colectivos en situación de vulnerabilidad, sino también a personas con rentas bajas.

Además, para ayudar a los pequeños municipios, el Ejecutivo “flexibilizará” las normas subsidiarias para ayudar en los trámites urbanísticos de los pueblos más pequeños, donde la LOTAU no sirve, por estár “pensada más para grandes ciudades”.

Finalmente, y ante la falta de mano de obra cualificada, el consejero de Fomento ha anunciado que el Gobierno también va a ceder una parcela en el barrio del Polígono de Toledo a favor de la Fundación Laboral de la Construcción, para un futuro centro de formación en oficios relacionados con este ámbito, con el objetivo de llegar a 2.500 jóvenes al año.

España lleva acomplejada con el problema del urbanismo muchísimo tiempo, no se está haciendo lo que hay que hacer, que es, en vez de planes de choque de construcción masiva, hacerlo de forma sostenida y permanente, abordarlo cada año en función de la demanda

Emiliano García-Page

Posteriormente, Emiliano García-Page, ha enmarcado este proyecto en un contexto de “debate colapsado”, con la vivienda como “víctima de la precariedad política que vive en España” y de “mayorías imposibles” en el Congreso. “España lleva acomplejada con el problema del urbanismo muchísimo tiempo, no se está haciendo lo que hay que hacer, que es, en vez de planes de choque de construcción masiva, hacerlo de forma sostenida y permanente, abordarlo cada año en función de la demanda”, ha resaltado.

El presidente de Castilla-La Mancha ha insistido así en un “pacto de país” sobre vivienda. “La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado y contraponer las dos cosas no conduce a nada. No podemos pensar que esto es un régimen soviético donde toda la vivienda tiene que hacerla el Estado, y darla por orden de lista”.

Finalmente, ha destacado que esta 'Agenda' es “posibilista” y podrá salir adelante aunque no haya Presupuestos del Estado, anque ha reconocido que algunas medidas sí dependen en algunas líneas del Plan Estatal de Vivienda. “Si hubiera otra dinámica global, las medidas serían mucho mayores”, ha concluido.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva años realizando una política de vivienda propia que no termina de asumir del todo los postulados del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero que tampoco se desvincula ni confronta con el Estado de manera absoluta. Ahora, ha decidido sumarse al nuevo Plan Estatal de Vivienda para recibir los 280 millones que le corresponden, pero para ello debe modificar sus políticas en vivienda pública.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el proyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, que se quedó para siempre en un cajón. Ahí lleva ocho años. Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma.

De esta forma, Castilla-La Mancha es, junto con la Comunidad de Madrid, las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Únicamente cuenta con una sobre vivienda protegida, que data de 2002. Asturias, Cantabria y Aragón tienen proyectos en trámite parlamentario muy avanzados. Pero el Gobierno de Page sigue sin mencionar normativa propia.

De hecho, el presidente castellanomanchego ha apostado por la tibieza en este sentido. Ha defendido fórmulas mixtas de colaboración entre el sector público y privado con proyectos como el 'Plan 10.000' y nunca ha llegado a ‘topar’ el precio de la vivienda en la comunidad autónoma. Sí ha gestionado todas las ayudas públicas del Gobierno de España destinadas a mejorar al acceso a la vivienda, con especial incidencia a las destinadas al alquiler para jóvenes.

Castilla-La Mancha no es de las comunidades autónomas con los precios más altos de alquiler y vivienda en España, pero hace un par de años que ya comienza a notar la escalada de precios, sobre todo en Toledo, Talavera de la Reina, Guadalajara y Albacete.

El último dato es muy reciente: el precio de la vivienda subió un 19% en esta región en el primer trimestre del presente año, hasta los 1.987 euros por metro cuadrado, según las tasaciones realizadas por la empresa de valoración inmobiliaria Tinsa. Y además, hay otro fenómeno creciente: los madrileños emigran a Castilla-La Mancha. Lo indican los datos relacionados con el padrón, la demanda de vivienda e incluso el incremento de la población escolar. Un ‘exilio’ que se concentra en particular en los dos grandes corredores en Toledo y Guadalajara, al límite con la Comunidad de Madrid.

Con todo este contexto, el pasado mes de abril, el Gobierno castellanomanchego confirmó que se sumará al recién presentado Plan Estatal de Vivienda aprobado del Ejecutivo central. Y al mismo tiempo, esta semana va a presentar su propia Estrategia regional de Vivienda. Ni rastro ni mención a una ley propia, como se intentó hace ocho años.

Resulta, por tanto, muy llamativo que ahora el Gobierno dé un giro a su política de vivienda pública. El Grupo Parlamentario Socialista, que tiene mayoría absoluta en las Cortes regionales, ha presentado una proposición de ley de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda y suelo de Castilla-La Mancha. Responde a la “necesidad de reforzar los instrumentos de intervención pública” en materia de vivienda “optimizando recursos ya existentes y orientándolos a garantizar el acceso”.

La propuesta incluye la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) de la región de manera que se modifica el uso dotacional del suelo público residencial, destinado a satisfacer las necesidades temporales de vivienda.  

En la norma urbanística vigente, las viviendas dotacionales públicas están destinadas a demandantes con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre, es decir, a colectivos vulnerables.

Ingresos que no permiten “una vivienda a precio de mercado”

La propuesta socialista abre ahora el abanico: cambia esa frase incorporando que se destinarán, mediante alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal, a residencia habitual de personas “cuyo nivel de ingresos no les permita acceder a una vivienda a precio de mercado”. Es decir, va más allá de la situación de vulnerabilidad y contempla el acceso a vivienda pública para personas con rentas bajas.

Hay varias circunstancias determinantes para este cambio. El Plan Estatal de Vivienda contempla que Castilla-La Mancha reciba 280 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Esta cifra supone 205 millones más que la recibida en el plan 2022-2025. Pero para recibir esa cantidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez impone tres condiciones.

La primera es que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. La segunda es que deberá compartir más datos sobre vivienda y facilitar información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real.

Además, el Gobierno de Sánchez exigirá a las comunidades que cofinancien en un 40% este plan. Las comunidades podrán hacer frente a dicha aportación autonómica con los fondos europeos que reciban para las políticas de vivienda.

Otro factor determinante es que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es castellanomanchega y mantiene muy buenas relaciones con el Gobierno de Page. Fue portavoz del Ejecutivo regional con José María Barreda y posteriormente alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real). Pese las tensas relaciones entre Page y Pedro Sánchez, siempre ha recibido alabanzas por parte de ambos, y viceversa.

Es más, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha la ha eximido de toda responsabilidad en el fracaso del decreto de prórroga de los alquileres en el Congreso, responsabilizando a Sumar de forzar la votación sin contar con el respaldo de Junts.

Ahora, la colaboración del Ejecutivo de Page con el Ministerio de Vivienda parece tomar más fuerza. La mencionada ampliación del uso de vivienda pública más allá de los colectivos vulnerables, que previsiblemente aprobarán esta semana las Cortes regionales, es un guiño de la comunidad autónoma en ese sentido.

También lo es el hecho de que la propuesta de los socialistas castellanomanchegos incorpore el uso del fondo de fianzas, entre otras cosas para asumir el prometido aval del 20% a la compra. Es decir, Consejería de Fomento podrá disponer de hasta el 80% del importe total de los depósitos y reservará, al menos, el 20% las devoluciones que procedan.

El gasto con cargo al importe de las fianzas depositadas se destinará a inversiones para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas protegidas; a actuaciones directas en núcleos de población sujetos a un proceso de regeneración o renovación urbana; a actuaciones de fomento de la adquisición y de la promoción de vivienda de nueva construcción; y a medidas de fomento del alquiler y políticas de fomento del derecho de acceso a la vivienda.

Castilla-La Mancha, sin zonas tensionadas

De momento, y a la espera de la Estrategia Regional de Vivienda que el Gobierno castellanomanchego presenta este martes, la situación de la vivienda en la región tan solo cuenta con estos giros en las medidas autonómicas. No hay nada o casi nada a nivel local: ningún ayuntamiento de la comunidad autónoma ha pedido la declaración de 'zonas tensionadas' aunque la Consejería Fomento se ha mostrado dispuesta a estudiarlas.

Sí hay mociones aprobadas en los ayuntamientos de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y en Cuenca para aprobar que se instauren estas zonas, pero aún no han cursado formalmente las solicitudes. En Cuenca, donde gobierna el PSOE, el Ayuntamiento ya cuenta con un informe de apoyo que detecta un riesgo “especial” de insuficiencia de oferta de vivienda para la población y que respalda la declaración de la localidad como zona de mercado residencial tensionado.

En Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Talavera de la Reina gobiernan el PP y Vox, y en Albacete lo hace el PP en solitario. Ninguno de sus ayuntamientos ha manifestado intención alguna de realizar esta petición.

Centenares de personas han salido a las calles este viernes, Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, en varias ciudades de Castilla-La Mancha, convocadas por CCOO y UGT, para reivindicar “derechos, no trincheras”, plantar clara a quienes defienden los discursos de odio desde la ultraderecha, pedir un acceso digno a la vivienda, defender los derechos humanos y solicitar “mejores salarios y democracia”.

La de Toledo ha sido una de las movilizaciones más numerosas y también la que primero ha arrancado en toda Castilla-La Mancha. Alrededor de un millar de personas han recorrido el trayecto desde el Paseo de Recaredo hasta la Plaza de Zocodover, encabezadas por la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT, Isabel Carrascosa; y el dirigente provincial de CCOO, Federico Pérez.

Tradicionalmente, este recorrido se realizaba desde la Plaza de Toros, pero este año el itinerario se ha modificado debido a las obras en el Paseo de la Vega, colindante con la Puerta de Bisagra. Esto no ha impedido que la movilización toledana se haya convertido en un crisol de reivindicaciones.

Tras la cabecera sindical, se ha unido a la protesta una representación de las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años de Castilla-La Mancha, quienes tienen previsto unirse a la huelga general y movilizaciones estatales el próximo 7 de mayo. El paro afectará al personal laboral de los centros del primer ciclo de educación infantil en toda España y está convocado por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) con el respaldo jurídico de la Confederación General Del Trabajo (CGT).

Exigen que se consolide una red pública, gratuita y unificada de escuelas infantiles “para universalizar la educación temprana, garantizando plazas accesibles y de calidad”. La plataforma pide integrar centros bajo un mismo marco, con gratuidad total o subvenciones altas por parte del estado, promoviendo la igualdad de oportunidades desde el nacimiento.

Tras este colectivo también se ha manifestado la Unión Popular de Estudiantes (UPE), uno de los bloques más numerosos de la protesta, que ha coreado lemas como: “Ni recortes, ni precariedad. El hijo del obrero, a la universidad”.

De igual forma, se han unido a la movilización de Toledo asociaciones por una vivienda digna, así como plataformas contra la guerra en Irán, contra el genocidio en Gaza (con numerosas banderas palestinas) y en defensa de los derechos humanos o contra el bloqueo de Estados Unidos en Cuba.

En la provincia de Ciudad Real, los sindicatos han decidido ceder el protagonismo a otras dos grandes ciudades, en vez realizar la protesta en la capital. Así, en Puertollano, localidad con una dilatada historia obrera, se ha celebrado la manifestación autonómica desde la glorieta Virgen de Gracia hasta la Concha de la Música.

En esta movilización han estado presentes la secretaria regional de UGT, Lola Alcónez, y el secretario regional de CCOO, Javier Ortega. También ha asistido la ministra de Vivienda y ex alcaldesa de esta localidad, Isabel Rodríguez.

Por su parte, en Alcázar de San Juan, la gente también ha tomado las calles desde la calle Cruz Verde hasta la histórica estación de ferrocarril de la ciudad.

La participación en Albacete también ha sido muy numerosa y se ha llevado a cabo desde el Molino de la Feria hasta el Parque Abelardo Sánchez, con una amplia representación del colectivo feminista de la ciudad.

En Cuenca, la manifestación convocada por ambos sindicatos ha partido desde la estación de ferrocarril hasta la Plaza de España.

Finalmente, en Guadalajara, la manifestación ha transcurrido desde la Plaza del Infantado a la Plaza de la Concordia. En este caso se han sumado colectivos LGTBOQ+ y por la defensa de los servicios públicos.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado que la semana que viene el Gobierno autonómico liberará, a través de Gicaman, al menos dos parcelas en el barrio toledano del Polígono para la construcción de 261 viviendas “de promoción y accesibles”.

García-Page, que ha participado este jueves en la inauguración del Centro de Talento y Tecnología de Telefónica en Toledo, ha planteado este “compromiso” en el ámbito de la vivienda, que será, ha dicho, con carácter “inmediato”.

La semana que viene se aprueba el Plan Regional de Vivienda

El presidente autonómico ha enmarcado esta acción en la futura aprobación del Plan Regional de Vivienda, una estrategia autonómica que, ha recordado, va a significar 500 millones de inversión en los próximos tres años y que se aprobará, también, la próxima semana.

“La verdad es que es uno de los grandes retos que tienen arreglo”, ha dicho, porque es “un problema de ley y de dinero”. “Pero nos tenemos que poner manos a la obra”, ha añadido.

En este sentido, ha reconocido que hay empresas “importantísimas” que quieren instalarse en Castilla-La Mancha y que plantean como principales problemas la falta de mano de obra y de vivienda, por lo que este aspecto no puede ser “un tapón” para el desarrollo de la región.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido la labor de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la castellanomanchega Isabel Rodríguez. La ha eximido de responsabilidad de la derogación, con los votos de PP, Vox y Junts, del decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027, achacando esa responsabilidad al “empeño” de Sumar en llevar el decreto al Congreso “sabiendo que no iba a salir”.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha manifestado, que Isabel Rodríguez está haciendo “una buena labor” junto con su equipo y es conocedora, “como buena responsable política que es”, de que las mayorías en el Congreso “son las que son”.

“Ahora mismo hay una mayoría de derechas que impide que se aprueben determinadas actuaciones”, ha insistido, asegurando que el hecho de que Sumar se “empeñara” en llevar este decreto al Congreso “no quiere decir que la ministra de Vivienda, ni mucho menos esté haciendo una mala labor”.

“Al contrario, yo creo que está liderando, con todas las dificultades que tiene, la política de vivienda en España. Lo que tiene que saber Sumar es que no tiene mayoría”, ha insistido.

Así, ha reiterado la idea de que ha ocurrido “lo que sabíamos que iba a ocurrir” y ha lamentado que Sumar llevara el decreto al Congreso buscando “el conflicto político o coger determinado protagonismo político”.

La historia de Laura es un buen resumen la tensión creciente entre grandes tenedores y familias vulnerables en el mercado de la vivienda.

Vecina de Camarena (Toledo) y madre de dos hijas menores -de 17 y 13 años, respectivamente-, lleva más de dos décadas viviendo en la misma casa, pero todavía hoy tiene que luchar para conservarla frente a los intentos de desahucio del propietario actual, Living Center, un fondo gran tenedor en el que ha terminado el inmueble.

Laura compró la vivienda junto a su ahora expareja en 2005, pero no pudieron hacer frente a la hipoteca tras la quiebra del negocio que ambos tenían.

“Estuvimos 10 años pagándola, pero teníamos un negocio que no iba muy bien y, además, nos separamos. La casa se acabó subastando, pero no la compró nadie, y como me quedé sola con las dos niñas, pues me dejaron quedarme aquí a cambio de un alquiler social”, relata.

Del alquiler social a la prórroga del real decreto

Tras la subasta fallida de la vivienda en 2015, la entidad propietaria le ofreció un alquiler social que comenzó en 2018. “En principio el contrato era de tres años, renovable un año más, o sea que desde el 2018 hasta el 2022 yo seguí pagando”, explica.

Sin embargo, a partir de ese momento la situación comenzó a complicarse. Ya bajo la propiedad de Living Center, Laura asegura que dejaron de pasarle el recibo con el cobro del alquiler.

 “Empecé a hacer por transferencias, Yo intenté pagarlo, pero me los devolvían. Y en el 2024 recibí una demanda de desahucio por impago”.

El juicio se celebró en marzo de 2025 y lo ganó Laura, por lo que Living Center le tuvo que dejar seguir en la casa otro año más tras ponerse ella al día de la deuda generada por las transferencias que el propietario había devuelto.

Pese a la victoria, el conflicto no terminó ahí y Laura recibió un nuevo golpe: la negativa del propietario a renovar el contrato. “Me llegó un burofax diciendo que no querían renovarme el contrato que me vencía el 1 de abril del 2026”.

A partir de ese momento, trató de negociar distintas alternativas para permanecer en la vivienda: “Intenté de muchas maneras que me dejaran quedarme aquí, pagando más alquiler del que estaba pagando, o alquiler con opción a compra, o compra. Pero denegaban mis ofrecimientos, sin dar motivos”.

Años después, la posibilidad de un desahucio volvía a planear sobre la familia. Un drama que se produciría en un momento en el que la falta de vivienda disponible es notoria.

El acceso a una alternativa habitacional en la zona es, según describe, prácticamente imposible. “Hay muy poquitos alquileres en Camarena. Y los que hay, son chalés individuales que cuestan de 1.100 euros para arriba, que para mí y mis hijas es inviable ese precio…”, lamenta.

La otra opción sería abandonar el municipio, algo que quiere evitar a toda costa debido al arraigo que tienen tanto ella como sus dos hijas. Y es que en Camarena es donde sus niñas han nacido, donde van al instituto, donde tienen sus amigas... “Toda su vida la han pasado aquí. Y claro, para ellas tenerse que ir de aquí, no es nada fácil”.

La situación dio un giro reciente gracias a la aplicación del real decreto extraordinario que permite prorrogar durante dos años los contratos vencidos. Laura envió el burofax con dicha solicitud de prórroga a Living Center. Aunque al principio el fondo no se mostró favorable a aceptarlo y le devolvió el último ingreso por el alquiler, finalmente Laura nos cuenta que ha conseguido la orden de pago para poder pagar el alquiler de abril. “Con lo cual ya creo que sí que ya han tenido en cuenta el real decreto”, explica.

Este medio se ha puesto en contacto con Living Center para conocer su versión de los hechos, pero ha declinado hacer comentarios. No los hace, explica, sobre ninguno de sus clientes.

Un caso que no es aislado

La suya es una buena noticia que concede a Laura un margen de dos años más para poder encontrar otra solución. Aun así, la incertidumbre continúa debido a la dificultad de negociar con un gran propietario. Asegura que a ellos no les cuesta nada judicializar estos casos al tener presupuesto de sobra para poder costearlos. “A quien le cuesta es a la persona normal y corriente”, afirma Laura, quien todavía no ha cobrado las costas del juicio que ganó en marzo de 2025.

Asegura que sus hijas están viviendo esta situación con “preocupación”. “Ahora están muy contentas por lo del real decreto, pero me han visto preocupada porque me lo estaban poniendo todo lo difícil que podían, y más”.

Su caso, nos cuenta, no es aislado. Laura participa en el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, por lo que conoce multitud de historias similares a la suya en la zona de contacto entre las provincias de Madrid y Toledo. “Hay comunidades enteras en las que el propietario quiere desahuciar a todos los vecinos. Aquí está todo muy caro, una persona sola es casi inviable que se pueda comprar algo por aquí”.

Mientras tanto, sigue aferrándose a la vivienda en la que ha construido su vida y la de sus hijas, con la esperanza de que la negociación abierta permita una solución definitiva.

Castilla-La Mancha se sumará al recién presentado Plan Estatal de Vivienda aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Así lo ha confirmado este miércoles en rueda de prensa la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, que ha asegurado que no puede concretar más detalles hasta el próximo 28 de abril, cuando se mantenga la primera reunión preparatoria entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

Claves del plan nacional

El Plan Estatal de Vivienda aprobado este martes contempla una inversión en todas las comunidades autónomas de 7.000 millones de euros en el periodo 2026-2030, el triple que en el lapso anterior, tal y como informa elDiario.es. Al sumarse a este plan gubernamental, la región recibiría 280 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Esta cifra supone 205 millones más que la recibida en el plan 2022-2025.

Para recibir tal cantidad de dinero, el Ejecutivo nacional impondrá a Castilla-La Mancha tres condiciones.

La primera es que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. La segunda es que deberá compartir más datos sobre vivienda y facilitar información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real.

Además, el Gobierno de Sánchez exigirá a las comunidades que cofinancien en un 40% este plan. Las comunidades podrán hacer frente a dicha aportación autonómica con los fondos europeos que reciban para las políticas de vivienda, según ha confirmado Padilla.

Por último, el plan también incluye una cláusula antifraude para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante.

La consejera ha apuntado que el Plan Estatal “tiene que dar respuesta a realidades muy diversas del conjunto del país”, y que en Castilla-La Mancha se refleja en zonas urbanas, pero también en zonas rurales.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) celebra desde este miércoles, 22 de abril, al viernes, día 24, el XIX Encuentro Estatal de Participación en el Institución Ferial de Ciudad Real (Ifedi), junto a su red territorial de Castilla-La Mancha.

La presente edición reunirá a un centenar de personas con experiencia en pobreza de todo el país, con el objetivo de trabajar en propuestas políticas en materia de acceso a la vivienda y de transición justa, en un contexto de “emergencia habitacional que está abocando a miles de personas a situaciones de pobreza y exclusión social”, según apunta la organización.

En la inauguración del evento, que tendrá lugar el 22 de abril a las 16.30 horas, está previsto que participen Inés Sandoval, directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real; Rocío Zarco, diputada de la Diputación Provincial de Ciudad Real; Mar González, presidenta de EAPN Castilla-La Mancha; y Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa.

El programa del primer día concluirá con la grabación en directo del vídeo podcast 'Sin derechos estamos apañaos', un proyecto desarrollado por el Grupo de Participación de EAPN Castilla-La Mancha. Se trata de una iniciativa donde personas con experiencia en pobreza dialogan con referentes de ámbitos culturales, políticos, científicos o sociales sobre temas de interés social. En esta ocasión, se realizará una entrevista a Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y reconocido divulgador científico.

Por su parte, en la jornada de clausura el viernes 24 de abril está prevista la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con la Comunicación 'Los rostros y el lenguaje de la pobreza'.

Previa a la intervención de Gabilondo, se llevará a cabo un encuentro con las instituciones, donde representantes de las diferentes delegaciones territoriales de EAPN España trasladarán las propuestas en materia de derecho a la vivienda trabajadas en las jornadas a representantes institucionales, entre ellos Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; y Santiago Vera, director general de Acción Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La presente edición del encuentro coincide, además, con la celebración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril. En este contexto, el miércoles 22 de abril se realizará el acto simbólico 'Lecturas por una vivienda digna', una lectura pública de fragmentos de obras centradas en la defensa del derecho a la vivienda y la denuncia de la pobreza y la exclusión social.

EAPN España tiene una larga trayectoria en la celebración de Encuentros y Congreso de Participación tanto a nivel europeo, estatal y autonómico. Gracias a estos espacios se potencia el reconocimiento de las personas en situación de pobreza o exclusión y se facilita que representantes institucionales se acerquen a problemáticas y realidades a las que, sin estas iniciativas, no tendrían acceso.

A finales del pasado mes de marzo, el Gobierno de Castilla-La Mancha sacaba adelante el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida como la ley de acompañamiento a los presupuestos de la comunidad autónoma. Un texto muy esperado debido a que incluía en su articulado, entre otras medidas, un conjunto de soluciones destinadas a hacer “más asequible” el acceso de las personas jóvenes de la región a su primera vivienda.

Sin embargo, una de esas medidas todavía no está en marcha. Se trata de la que contemplaba la concesión de préstamos a tipo cero para cubrir la parte que no financiada por las entidades bancarias cuando se compra una vivienda -lo que se conoce comúnmente como 'la entrada'-. ¿A qué se debe ese retraso?

Negativa de los bancos

En declaraciones concedidas a elDiario.es Castilla-La Mancha, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, detalla que, durante las negociaciones para definir la medida antes de aprobar la ley, las entidades financieras mostraron su rechazo a estos préstamos tipo 0 porque tenían “muy mala experiencia” con los avales del ICO. Esta es una línea de ayudas estatales para la compra de una vivienda en la que el Gobierno de España aporta hasta el 20% del valor del inmueble, pero, según el consejero, les supuso a los bancos una “enorme carga burocrática”, por lo que se mostraron reticentes a la propuesta regional.

“Cuando convencimos a las entidades financieras de que los requisitos que íbamos a exigir eran mucho menos burocráticos que los que pedía el ICO, la ley ya estaba tramitándose”, apunta Ruiz Molina. Una situación que impedía introducir cambios en el texto o añadir nuevas enmiendas ordinarias. Por ello, asegura que el Gobierno regional intentó, durante el debate del texto en las Cortes regionales, sacar adelante una enmienda transaccional a una del Partido Popular que permitiera que “no solamente pudiéramos conceder préstamos, sino también dar ayudas o garantías”.

Dicha enmienda no salió adelante debido al rechazo del PP, por lo que la Ley se aprobó, pero sin incluir las garantías exigidas por las entidades financieras para conceder préstamos tipo 0.

Espera que la nueva vía esté lista en un mes

Por ello, este aspecto de las ayudas se vio retrasado y ahora se opta por una nueva vía. “Vamos a presentar una proposición de ley precisamente para modificar ese artículo, de tal manera que con ese dinero podamos no solamente otorgar préstamos, sino también avales. El convenio que vamos a firmar con las entidades financieras es de aval, mientras que a la persona interesada le daremos una subvención equivalente a los intereses que tendría que pagar por esa parte no financiada por los bancos”, detalla Ruiz Molina.

El consejero espera que dicha ley esté aprobada en el plazo de un mes, un periodo de tiempo en el que seguirán ultimando con las entidades financieras el convenio de colaboración. De momento, la Junta está hablando con algunos bancos, entre los que ha mencionado al Santander, Eurocaja Rural, Globalcaja o Caixabank, pero explica que podrá adherirse cualquier entidad que lo solicite.

Sobre la compatibilidad de esta ayuda regional para la entrada de una vivienda con la subvención para el mismo fin que otorga el Gobierno de España a través del ICO, Ruiz Molina asegura que “no tiene sentido” porque al banco “le interesa conceder la mayor cuantía posible”, por lo que la persona interesada tendría que optar por una de las dos opciones. “No vamos a hablar de exclusión porque son dos caminos diferentes, pero yo creo que funciona uno o funciona otro”, aclara.

Las condiciones de aplicación de estos préstamos tipo 0 regionales son las siguientes: irán dirigidos a jóvenes menores de 36 años y familias con hijos/as para cubrir el 20% de la entrada inicial para la compra de la primera vivienda habitual. La ayuda máxima será de 48.000 euros y se aplicará a viviendas con un precio máximo de 240.000 euros, siendo preciso un empadronamiento previo de 2 años -salvo en municipios que estén situados en zonas de extrema despoblación-. El programa se desarrollará entre 2026 y 2030.

Las otras ayudas del Gobierno regional para la vivienda

Por otra parte, el consejero ha asegurado que el resto de medidas para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes de Castila-La Mancha que se incluían en la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha sí están ya vigentes. Son estas:

En el municipio de Cuenca existe un riesgo “especial” de insuficiencia de oferta de vivienda para la población residente en condiciones que la hagan asequible. Así lo asegura el informe de apoyo para la declaración de la localidad como zona de mercado residencial tensionado.

Publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cuenca, esta es una de las conclusiones que determina el estudio previo para realizar dicha declaración, para lo cual es necesario cumplir uno de los dos criterios de la Ley por el Derecho a la Vivienda en su artículo 18.

En este sentido, el artículo determina que podrán ser declaradas como tales aquellas áreas en las que concurra al menos una de las siguientes condiciones: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el treinta por ciento de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.

Asimismo, también es una condición que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo (IPC) de la comunidad autónoma correspondiente.

En cuanto al criterio uno sobre el esfuerzo económico para comprar o alquilar una vivienda en relación a la renta de los hogares, se comprueba que, aunque no se supera el 30 % requerido, la presión es “muy alta, con bastantes secciones igual o superior al 20 %”.

Asimismo, el informe ha determinado que más del 50 % de las secciones censales cumplen los requisitos contemplados en el segundo criterio y estos datos permiten considerar la “posible idoneidad” de extender la declaración de zona tensionada a todo el municipio.

Las secciones periféricas soportan una mayor inflación

Las secciones periféricas son, en su mayoría, las que han soportado una mayor inflación en los precios de compra, según ha señalado el informe, que ha destacado que son las zonas que “mejor estado de conservación de la vivienda presentan -probablemente por el año de construcción-, así como en las que se han ofertado obras de nueva construcción”.

Por su parte, el Casco Antiguo, barrio de Princesa Zaida (por la mayoría de pisos para estudiantes), zonas del centro de la ciudad (calle Colón y alrededores) y el distrito de Buenavista-Fuensanta son las más afectadas por el incremento del valor del alquiler superiores al 3 % respecto al IPC autonómico en los últimos cinco años.

En este caso, al contrario de lo que ocurre con los precios de la vivienda, son las secciones del centro y la zona universitaria las más tensionadas.

Además, el estudio de mercado ha determinado el déficit detectado en la oferta de alquiler, en especial en las secciones periféricas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha plantea a la Unión Europea la reconfiguración de 75 millones del FEDER para la construcción de vivienda destinada a alquiler con precio por debajo de mercado. Así lo ha avanzado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha asegurado que el Gobierno regional está terminando de reprogramar 75 millones de fondos FEDER europeos “para adelantarnos a lo que tenga que ser; a los fondos que vengan más adelante ya que no podemos esperar y estos 75 millones de euros serán para obra nueva destinada a alquiler asequible en Castilla-La Mancha”.

Asimismo, Hernando ha destacado que “esto se suma al hecho de que, en los próximos días, se va a presentar una proposición de ley en las Cortes de Castilla-La Mancha que nos permita por fin desbloquear el mecanismo que hemos venido diseñando con las entidades financieras de nuestra región para poner en marcha los préstamos a tipo cero para ese 20% que el banco no nos presta para comprar una vivienda, que se ha aparejado a la ya publicación y entrada en vigor de la reducción del impuesto de transmisión patrimonial y del impuesto de actos jurídicos documentados”.

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros cayó un 4,4 % interanual en la segunda mitad de 2025, pero no es una tendencia que se haya producido en Castilla-La Mancha, donde este tipo de compras aumentó un 21,5%, frene a la tendencia descendente en el conjunto de España.

De hecho, la compraventa de este tipo de vivienda aumentó en nueve comunidades autónomas y retrocedió en ocho de ellas. Cayó la cifra de las compraventas de extranjeros en la Comunidad de Madrid (-20,3 %); Islas Canarias (-10,8 %) e Islas Baleares (-10,2 %). Por su parte, los crecimientos más intensos se dieron en Castilla-La Mancha (21,5 %); Extremadura (13,8 %); Aragón (11 %) y Castilla y León (10,4 %).

En el segundo semestre del pasado año los extranjeros compraron 66.629 viviendas libres en España, el 18,4 % del total, frente al 19,5 % que se registró en el mismo periodo de 2024 y al 20,9 % de 2023, según el Consejo General del Notariado.

Los extranjeros residentes copan casi el 63% de las operaciones

Los extranjeros residentes concentraron el 62,8 % de las operaciones, el 3,3 % más. Sin embargo, las de los no residentes cayeron un 15,1 % y concentraron el 37,2 % restante en un contexto marcado por el fin de los visado de oro (golden visa) y el anuncio del Gobierno de penalizar fiscalmente las adquisiciones de los extracomunitarios no residentes.

Según los notarios, el volumen de compraventas de extranjeros cayó en el segundo semestre respecto al previo, tanto entre residentes como no residentes. En estos últimos, el ajuste se produce tras el fuerte crecimiento post pandemia, con un máximo en 2022.

Entre los extranjeros residentes, pese al leve retroceso frente a la primera mitad de 2025, alcanzaron el segundo mayor volumen histórico.

Además, en el segundo semestre de 2025, las compraventas realizadas por extranjeros no residentes se concentraron en Comunidad Valenciana, con 9.926 operaciones (40 % del total); Andalucía con 6.263 compraventas (25,3 %); Cataluña (2.151; 8,7 %); Murcia (1.933; 7,8 %) o Canarias (1.843; 7,4 %).

Pagan un 5 % más y los extranjeros no residentes 3.242 euros/m2

Las viviendas adquiridas por extranjeros tuvieron un precio medio de 2.479 euros/m², un 5 % más. Los no residentes desembolsaron los importes más elevados, 3.242 euros/m², frente a los 1.963 euros/m² de los extranjeros residentes y los 1.839 euros/m² de los españoles.

El precio medio pagado por los extranjeros no residentes aumentó un 5,8 %, el de extranjeros residentes lo hizo un 9,4 % y el de los españoles un 7,4 %.

Por comunidades, los precios crecieron en 16, especialmente en Cantabria (17,2 %); Murcia (14,1 %); La Rioja (13,4 %); Navarra (12,6 %); Comunidad de Madrid (11,6 %); Asturias (10,5 %) y Extremadura (10,3 %). Solo se redujeron en Galicia (-4,9 %).

Reino Unido y Marruecos lideran la demanda extranjera en España

El mayor número de operaciones correspondió a Reino Unido, 5.178, el 7,8 % del total, seguido de Marruecos con 5.154 (7,7 %); Italia (4.397; 6,6 %); Alemania (4.351; 6,5 %) y Rumanía (4.339; 6,5 %). El resto de compradores extracomunitarios realizó 8.213 operaciones, el 12,3 % del total.

Entre los extranjeros residentes, los marroquíes encabezaron las compraventas (12,1 % del total), seguidos de italianos y rumanos, mientras que entre los no residentes fueron los más destacados los de Países Bajos (12,6 %), Alemania (11,9 %) y Reino Unido (11,5 %).

Este martes, 31 de marzo, más de tres meses después de la aprobación de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 y en plena Semana Santa, entran en vigor más de una veintena de novedades de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de la comunidad autónoma, la conocida popularmente como ‘Ley de Acompañamiento’ de las cuentas públicas, que se aprobó en el pleno parlamentario de la semana pasada solo con los votos de la mayoría absoluta del PSOE. Todos los años incorpora multitud de novedades, convirtiéndose en una especie de ley ómnibus o cajón de sastre que, de forma exprés, realiza cambios relevantes legislativos, sin apenas debate parlamentario, lo que ha sido ya criticado en varias ocasiones por la oposición.

Sin embargo, el Gobierno regional asegura que hacerlo así permite la “dinamización de la economía, el incremento de la eficiencia y la eficacia” en la prestación de servicios de la Administración Pública o la mejora de la “distribución más equitativa” de las obligaciones tributarias que son competencia de la comunidad autónoma.

Una de las principales novedades ha sido precisamente la más polémica. El Gobierno modifica la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, concretamente su artículo 121. Este cambio supone que se elimine la posibilidad de que el funcionariado interino o temporal pueda acogerse a una “excedencia voluntaria”. Su tramitación coincidió con una protesta de todos los sindicatos de la función pública, que consideran que suprimir esta posibilidad impide al personal temporal desarrollar una carrera administrativa.

Pero al margen de ello, hay otros muchos cambios. Por ejemplo, se modifica la normativa autonómica sobre vivienda protegida para regular un nuevo sistema de depósito de fianzas en materia de vivienda. Las personas que alquilen una vivienda están obligadas a depositar la fianza legal ante la Administración regional y eso tendrá consideración de ingreso de Derecho Público para la Hacienda de Castilla-La Mancha.

El Gobierno regional podrá usar el 80% de estos depósitos para inversiones públicas, reservando el 20% siempre para garantizar que las devoluciones a los ciudadanos se realicen sin retrasos cuando finalicen los contratos.

Los cambios se articulan también en torno a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU). Si un ayuntamiento quiere cambiar el uso de las parcelas destinadas a equipamientos públicos eso no se considerará “innovación de planeamiento”, lo que permitirá agilizar el proceso si lo que se quiere es disponer de suelo para otros fines, por ejemplo, para vivienda.

Transporte bajo demanda, servicios sociales y caza

Otras de las normas que se modifican es la que regula el transporte de personas por carretera en la región, en este caso en una doble vertiente: en primer lugar se incluye dentro de los servicios prestados a demanda aquellos sin horario ni itinerario fijo, “sensible a las necesidades de movilidad de la población, especialmente en zonas rurales”, es decir, el denominado “transporte sensible a la demanda”. A la hora de adjudicar este servicio, ahora no será necesaria una habilitación previa administrativa: bastará con una declaración responsable por parte de quien o quienes vayan a prestar el servicio.

Es algo que también se aplicará en materia de servicios sociales. El Gobierno regional modifica la normativa en este ámbito para incluir las declaraciones responsables y comunicaciones como instrumentos que permiten la prestación de servicios por parte de las entidades de iniciativa privada. Por otro lado, se modifica la denominación del Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales que pasa a denominarse Registro de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma, “dotándolo de mayor amplitud”.

Se cambian también las medidas para la aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, extendiendo el control de los gastos de personal a la totalidad de los supuestos de incorporación de personal temporal en puestos de trabajo que no están vinculados a plazas existentes en las plantillas.

Otra modificación tiene que ver con la Ley de Conservación de la Naturaleza, porque, según el Gobierno, la redacción actual de esta norma no define con claridad los mecanismos que acreditan el cumplimiento de la obligación de evitar la colocación de cebos envenenados, lo que genera “inseguridad jurídica” tanto para los titulares cinegéticos como para la Administración.

Cambios en la ley de caza relativos a los cotos

Precisamente, también se cambia la Ley de Caza en línea “con los objetivos de conservación y desarrollo rural sostenible”. Las modificaciones afectan especialmente a los cotos. Así, establece que su constitución y cambios de titularidad se efectuarán mediante resolución administrativa, a petición de los propietarios de los terrenos. Cuando los titulares sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, no se hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante la publicación de la misma en el tablón de anuncios del ayuntamiento del término municipal en el que se encuentren los terrenos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, para la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de los derechos cinegéticos.

Por otro lado, establece que cuando en la constitución de un coto existan terrenos que “puedan lesionar intereses públicos o privados”, previa consulta de las entidades y personas afectadas, el órgano provincial podrá denegar incluir la superficie en el coto o en su caso, su constitución.

Y en segregaciones de terrenos de cotos, la modificación incluye que cuando existan documentos formales de cesión o arrendamiento de derechos cinegéticos en vigor, válidos en derecho y una de las partes manifieste su disconformidad a la segregación, el órgano provincial no podrá resolver “en tanto no exista acuerdo entre las partes o se dicte, en su caso, sentencia judicial firme que lo permita”.

Avanza la administración electrónica

Hay igualmente una serie de medidas que afectan fundamentalmente al personal que presta servicio en las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Por ejemplo, se establece la obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos en los procesos selectivos convocados y la reducción de plazos para la presentación de determinada documentación, algo que ha generado dudas sobre si es eficaz para cierta parte de la población, como las personas más mayores.

También se habilita a la Consejería de Sanidad a regular las funciones, el sistema de selección y provisión, jornadas, permisos y demás condiciones de trabajo que afecten al personal estatutario para la atención continuada en la Atención Primaria; y al objeto de garantizar “una mejora de la calidad de la formación sanitaria especializada”, recoge unos requisitos mínimos de acceso a plazas vinculadas a las unidades docentes acreditadas, cuando se oferten en los procedimientos de selección o de provisión del SESCAM.

En cuanto las jefaturas de carácter asistencial del SESCAM, se reduce el plazo de presentación de solicitudes, la composición de la comisión de valoración y, por último, y se permite que la secretaría de la comisión de valoración pueda ser ocupada por cualquier personal funcionario de carrera o estatutario.

Otro cambio significativo es que se modifica la Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, que data de 1990, para sustituir la previa autorización administrativa por la presentación de declaración responsable cuando se trate de la realización de obras, instalaciones o usos en las zonas de servidumbre o protección de las carreteras. El objetivo es también la agilización administrativa.

Cambios en tasas e impuestos

En otro orden de cosas, se modifican dos tasas.  En primer lugar, se establece la exención de la tasa por inspección de instalaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) a las personas titulares de una licencia de autotaxi. El Ejecutivo busca “fortalecer” el sector del taxi ante el aumento de la demanda de servicios discrecionales, especialmente en ámbitos como el turismo, los eventos corporativos, el transporte escolar y sanitario, así como en desplazamientos personalizados de media y larga distancia.

También se suprime la tasa por prestación de los servicios técnicos de asesoramiento y evaluación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. El objetivo es dotar de mayor agilidad al procedimiento de acreditación de competencias adquiridas mediante experiencia laboral.

En cuanto a los impuestos, también hay dos cambios sustanciales. Sube de 450 a 500 euros el límite máximo de las deducciones por alquiler de vivienda habitual a menores de 36 años, familias numerosas, familias monoparentales y personas con discapacidad.  

También en el IRPF se introducen dos nuevos incentivos fiscales. El primero de ellos dirigido a los contribuyentes menores de 36 años para fomentar el ahorro y disponer de los importes precisos para hacer frente a los gastos que originan la adquisición de una vivienda. Este incentivo consiste en una deducción del 15 por ciento en la cuota íntegra autonómica por las aportaciones a cuentas de entidades de crédito siempre que el importe depositado que haya generado el derecho a la deducción se destine, antes del transcurso de seis años, a partir de la fecha de apertura de la cuenta, a la adquisición de la vivienda habitual. La deducción máxima total será de 3.000 euros.

El segundo de los incentivos consiste en una deducción en la cuota íntegra autonómica del 30 por ciento por los gastos derivados de controles veterinarios y vacunación por la tenencia de perros de asistencia, con un máximo de 100 euros por contribuyente en el periodo impositivo.

Por otro lado, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se recogen modificaciones tanto en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) como en la de actos jurídicos documentados (AJD), en cuanto a los tipos reducidos. En ambos casos dicha modificación afecta a la transmisión de inmuebles que tengan por objeto la primera vivienda habitual.

Así, el requisito del valor de la vivienda establecido hasta ahora en 180.000 euros se incrementa a 240.000 euros, debido principalmente al encarecimiento de la vivienda, ofreciendo al mismo tiempo la posibilidad de la aplicación de un tipo más ventajoso a más contribuyentes.

Asimismo, se disminuye el tipo impositivo del 5 al 3 por ciento en las transmisiones de inmuebles que tengan por objeto la adquisición de la primera vivienda habitual del sujeto pasivo cuando el contribuyente sea menor de 36 años, en la modalidad de TPO y del 0,50 al 0,25 por ciento en la modalidad de AJD para el mismo colectivo. También se flexibilizan los requisitos para la aplicación de los tipos reducidos ambas figuras impositivas.

El polémico canon del agua también cambia

El Gobierno de Emiliano García-Page también modifica la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha en varios aspectos sobre el polémico canon de la Directiva Marco del Agua (DMA). Establece su no aplicación en el consumo de agua realizado con la utilización de los elementos de protección contra incendios y de las Bocas de Incendio Equipadas (BIE).

Y en lo relativo a las bonificaciones de la cuota para usos domésticos, se clarifica la redacción de la bonificación para familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia de género, para regularlos como supuestos de bonificación diferenciados.

Por otro lado, se incluye para los usuarios en situación de riesgo de exclusión social una bonificación del 50% en los casos en que la ordenanza municipal del ayuntamiento no recoja la bonificación del 100%. Finalmente, se incluye una bonificación del 100% para las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

En lo relativo a la cuota del canon para el caso de contadores colectivos, incluye en su apartado a los centros que alberguen plazas de residencias educativas o sociosanitarias para que puedan beneficiarse de la reducción de la cuota; y finalmente, se establece un régimen transitorio hasta el 20 de marzo de 2028 de exención del pago del canon por las pérdidas de agua que se produzcan en las redes de abastecimiento.

La Ley de Acompañamiento recoge, por otro lado, la supresión del organismo autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que se integra en la Consejería competente en materia de agua. La reorganización propuesta contribuye a mejorar la eficacia de las políticas públicas en materia de agua y a reforzar la sostenibilidad financiera del sector público autonómico.

Sin límite de mandatos en la Presidencia de las Cámaras de Comercio

También se suprime la limitación de mandatos de las personas que ostentan la presidencia de las Cámaras de Comercio, a fin de que las rotaciones obligadas no comprometan la continuidad de los planes y programas que llevan a cabo desde estos organismos.  

Por otro lado, se cambia el nombre al Consejo Regional de Estadística, para pasar a llamarse Consejo Regional de Estadística y Datos, dando respuesta una visión “transversal” que incorpore el uso, promoción y aprovechamiento de los datos en el ámbito de toda la sociedad, de acuerdo a las estrategias europeas que persiguen impulsar la economía del dato, así como a la Estrategia de Especialización Inteligente de la Región.

Hay cambios igualmente en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. En este caso, se modifica la composición del Consejo Regional de Transparencia, que pasa a estar compuesto por una Presidencia y las Adjuntías que se determinen en su reglamento, que debe ser aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha.

Finalmente, la Ley de Acompañamiento cambia también la normativa sobre artesanía para eliminar la necesidad del informe previo y preceptivo de la Comisión de Artesanía para la concesión del Título de Empresa Artesana.

La crisis de la vivienda sigue golpeando nuestro país. Jóvenes que no pueden emanciparse, personas de mediana edad que siguen haciendo números cada mes para afrontar los alquileres y, en definitiva, hogares cada vez más empobrecidos por hacer frente a una problemática que para el CIS “era el principal problema para el 42,6% de los españoles y españolas”, según el Barómetro de enero de 2026.

A partir del Informe de Vivienda y Bienestar 2025, elaborado por CCOO Castilla-La Mancha, conocemos que el parque total de vivienda en la región se sitúa en más de un millón (1.347.273), de las cuales 303.226 se encuentran vacías -el 8% de todas las que existen en España- y 135.783 son viviendas de uso esporádico, teniendo en cuenta datos de 2024.

La provincia de Toledo tiene casi 90.000 viviendas vacías

El mayor parque de viviendas a nivel provincial se encuentra en Toledo, con 439.385 viviendas, de las cuales 88.866 están vacías. Cuenca es la provincia con menor parque de viviendas, con 165.616, de las que 41.000 se encuentran vacías. Por otro lado, en lo que respecta a viviendas vacías, Ciudad Real se sitúa a la cabeza de provincias con mayor porcentaje, el 29% de su parque de viviendas.

En el caso de la provincia de Albacete, la capital provincial es la que cuenta con más viviendas vacías, más de 5.400. Seguidamente, Villarrobledo (2.735 viviendas vacías), Hellín (2.643) y Tobarra (1.448), entre otros.

Después, en la provincia de Ciudad Real, la capital provincial es la que cuenta con más viviendas vacías (6.384), seguida de cerca por Puertollano (6.380), Tomelloso (5.304) y Valdepeñas (4.354), entre otros.

En la provincia de Cuenca, la capital conquense es la que posee más viviendas vacías (3.240), Tarancón (844), Mota del Cuervo (561) y San Clemente (510), entre otros.

En la provincia de Guadalajara, la capital alcarreña cuenta con 3.232 viviendas vacías, seguida por Azuqueca de Henares (596), Marchamalo (385) y El Casar (382), entre otros.

Por último la provincia de Toledo, la localidad de Talavera de la Reina es la que cuenta con más viviendas vacías (5.049), seguida por Toledo (2.672), Fuensalida (2.089) y Ocaña (2.054).

Pocas viviendas de protección oficial

En Castilla-La Mancha, además de la “escasa producción de vivienda”, también destacan la escasez de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Mientras que en 2008, previamente al estallido de la burbuja inmobiliaria, el peso de la VPO era del 8,63% construido, una “tasa insignificante”, en 2024 se construyeron 4.003 viviendas, de las cuales 159 eran VPO.

Desde CCOO Castilla-La Mancha apuntan que el problema de “la baja capacidad de generar vivienda protegida ha existido siempre, incluso en los años en los que la VPO alcanza sus porcentajes más altos, ese aumento no se debe a un impulso real de las políticas públicas, sino que coincide con el hundimiento de la vivienda libre por la desaparición del crédito”.

El 57,64% de titulares de vivienda tenían una única propiedad, donde los grandes tenedores (con más de 10 viviendas) representaban el 0,62%

Por otro lado, en Castilla-La Mancha la compraventa de vivienda es un fenómeno en ascenso. Esta tendencia, que se mantiene a la alza en los últimos diez años, refleja en septiembre de 2025 que a lo largo del año se compraron un total de 26.397 viviendas, de las cuales más de 25.000 fueron libres y 1.372 protegidas. El patrón provincial es homogéneo: Toledo, muy por encima de los demás, presenta la mayor parte de las operaciones, mientras Cuenca se mantiene como el mercado más reducido.

Por lo que respecta a la concentración de la vivienda en Castilla-La Mancha, en 2025 el 57,64% de titulares de vivienda tenían una única propiedad, donde los grandes tenedores (con más de 10 viviendas) representaban el 0,62%.

En este caso, los grandes tenedores con más viviendas por provincias se concentran en Albacete en la capital albaceteña, Hellín, Almansa y La Roda. Para la provincia de Ciudad Real, principalmente en la capital, Puertollano, Valdepeñas y Tomelloso.

Con respecto a la provincia de Cuenca, en la capital conquense, Tarancón, Las Pedroñeras y San Clemente. En Guadalajara, la propia capital alcarreña, Azuqueca de Henares, Alovera y Cabanillas del Campo. Por último, en la provincia de Toledo radican en la capital toledana, Talavera de la Reina, Ocaña y Seseña.

Baja el stock de vivienda nueva y se dispara el precio del suelo

Castilla-La Mancha poseía en stock, en el año 2024 y según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, más de 37.000 viviendas nuevas. La oferta de nueva vivienda está cayendo cada año, una tendencia que se observa desde 2011. El stock baja porque cada año se ofrecen menos viviendas nuevas, mientras que las disponibles se van vendiendo. Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo muestran caidas de entre el 20% y el 46%, lo que refleja una disminución continua del stock de vivienda nueva disponible. Un fenómeno llamativo es Guadalajara, donde su caída es cercana al 99%, y en 2024 solo poseía 35 viviendas nuevas disponibles.

El precio del metro cuadrado en Castilla-La Mancha se ha ido encareciendo en la última década, pasando en 2014 de 82,6 euros a 109,7 euros en 2025 -en este caso más de 66 euros por debajo de la media nacional-.

Si desglosamos este dato por provincias, los precios más altos de suelo urbano se dan en Ciudad Real (126,9 euros/m²), Toledo (118,2 euros/m²) y Albacete (108,8 euros/m²). Las provincias más económicas son Cuenca (108,9 euros/m²) -a pesar del fuerte crecimiento desde 2020- y Guadalajara (85,5 euros/m²).

¿Quién accede a la vivienda?

A partir del estudio realizado por CCOO Castilla-La Mancha, la distribución del régimen de la vivienda en la región por tramos de ingreso refleja que está concentrada en los niveles de renta media-baja.

De los 793.438 hogares existentes en la región, más de 67% se encuentra por debajo de los 2.000 euros mensuales, concentrándose en tramos de 500 a 1.000 euros. Una pauta que se repite igualmente en términos poblacionales, ya que más de 63% de las personas reside en hogares con ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales.

El régimen de tenencia de la vivienda en Castilla-La Mancha presenta un marcado predominio de la propiedad, hasta el 78,9%, que radica en diferentes modalidades como: herencia, compra pagada al contado y la compra con hipoteca. Todo ello frente al alquiler estructuralmente minoritario, 11,5%.

Por lo que respecta a los alquileres, el 37% de los hogares inquilinos dispone de menos de 1.000 mensuales y casi un 29% se sitúa entre los 1.000 y 1.500 euros.

Las provincias de Guadalajara y Toledo lideran las zonas tensionadas donde la ciudadanía dedica el 50% de los ingresos al pago del alquiler

Más esfuerzo para hacer frente al alquiler

Si tomamos datos de octubre de 2025, el precio medio de alquiler por metro cuadrado en Castilla-La Mancha era de 8 euros: un piso de 90 metros cuadrados costaría alquilarlo alrededor de 720 euros mensuales.

La provincia de Guadalajara está a la cabeza en lo que se refiere al precio del alquiler: 9,6 euros el metro cuadrado, seguida de Toledo (8,4 euros), Albacete (7,9 euros), Cuenca (7,4 euros) y Ciudad Real (6,4 euros).

En el caso del esfuerzo por parte de la ciudadanía castellanomanchega para alquilar una vivienda se muestra un patrón claro en el periodo de 2010 a 2024, tomando como ejemplo un domicilio de 90 metros cuadrados. Castilla-La Mancha pasa de valores cercanos al 30% a superar el 40% de sus ingresos en 2024, superando el umbral que la Ley de Vivienda utiliza para definir zonas tensionadas, según CCOO.

Guadalajara y Toledo lideran la tensión, alcanzando ratios superiores al 50% de los ingresos del arrendatario, con un crecimiento muy fuerte a partir de 2021.

Vivienda turística y gentrificación con Toledo a la cabeza

Castilla-La Mancha poseía en mayo de 2025 más de 5.200 viviendas turísticas registradas. La provincia de Toledo representa el 31,93% de esas viviendas turísticas, Albacete (21,29%), Cuenca (18,20%) Ciudad Real (15.58%) y Guadalajara (13%).

¿Cómo hacer frente a la crisis de vivienda?

CCOO Castilla-La Mancha sigue defendiendo la intervención de los precios del alquiler a nivel regional. Aseguran que el modelo de Viena, “con más de 120 años es el único que ha sido capaz de generar unos precios a la baja en su zona de influencia, mantiene alquileres moderados pese a las subidas de las urbes más desarrolladas de Europa”.

Apunta el sindicato que el 43% de las viviendas son públicas y con carácter permanente, pertenecientes a las administraciones o a promotores sociales de vivienda sin ánimo de lucro o con lucro limitado. En este caso han conseguido precios accesibles y un mercado estable, donde a los inquilinos el alquiler les supone el 26% de sus ingresos de media.

Estas medidas de intervención también han llegado a otros lugares como Países Bajos, ciudades como París, Lille o Berlín.

Desde CCOO Castilla-La Mancha consideran que, a través de lo expuesto en este análisis, la región no cuenta con la suficiencia para la generación de vivienda nueva, y “hay que apostar por rehabilitar el parque más antiguo con el requisito de ponerla en alquiler a precios razonables”.

Aseguran que ante la “situación límite” de los jóvenes de entre 20 y 30 años la medida “más drástica sería intervenir el precio de la vivienda, sobre todo los alquileres que no deberían superar el 30% del salario de una familia, porque si no es imposible afrontarlo”.

El sindicato critica que las líneas puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha “no sirven para abordar la crisis del precio y acceso a la vivienda ni a corto, medio ni largo plazo”. Sin embargo, señalan medidas que pueden aportar soluciones y que pasan por la constitución de forma “inmediata” del Fondo de Inversión Público para la Vivienda Asequible (FIVA), destinado a la financiación de políticas públicas en material de vivienda a nivel estatal.

Por otro lado, piden la promulgación de la ley de vivienda regional, así como constituir las empresas municipales de vivienda en las principales capitales de provincia, con contratos de alquileres a 75 años y con financiación vía impuestos especiales en materias de turismo, aplicando una carga impositiva a la vivienda vacía vía IBI.

Otra medida que proponen es generar junto a la empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) y las diferentes diputaciones provinciales un programa de vivienda rural con un tipo cualificado de protección oficial. También hablan de opciones como modificar la tipología de vivienda, vía ley de vivienda regional, eliminando la figura de vivienda protegida de iniciativa público-privada.

Por otra parte, sugieren la creación de un órgano conjunto en materia sancionadora que coordine las competencias de turismo en materia de vivienda turística, las de consumo en materia de contratos y las de vivienda o la creación de un cuerpo inspector de vivienda y suelo, fomentando también la coordinación con los ayuntamientos para que las policías municipales puedan sancionar.

Apuntan también a restringir temporalmente las bonificaciones en materia de IRPF y por renta, así como vehicular dichas cuantías a un programa de promoción de VPO y alientan a desarrollar un programa de bolsa de alquiler de vivienda asequible y desarrollar un modelo urbanístico más eficiente para Castilla-La Mancha, centrado en la movilidad eficiente dentro de las ciudades.

Por último, desarrollar un modelo profesional del sector de la construcción e inmobiliario, que esté ligado con la Fundación Laboral de la Construcción, que dote de soluciones a los problemas de falta de relevo y profesionalización de la construcción y rehabilitación.

La situación puede ser de lo más común. Vives de alquiler, pero necesitas mudarte por necesidades del trabajo, porque te han aumentado la renta o porque el propietario ha decidido poner en venta la vivienda y no puedes afrontar una hipoteca. La tesitura se vuelve urgente porque hay poco tiempo y no dispones de dinero suficiente para afrontar dos alquileres. Debes mudarte de un día para otro. Acudes a una agencia inmobiliaria, les cuentas tu situación y rápidamente te ofrecen un inmueble en alquiler. Te gusta, aceptas, vas a firmar el contrato. Y sorpresa. Hay un gasto adicional con el que no contabas y que la inmobiliaria atribuye a un “servicio profesional”.

No es un hecho abstracto. Es lo que un particular, que pide permanecer en el anonimato, ha denunciado ante la Dirección General de Consumo y el Sindicato de Inquilinas. Le ha sucedido en Ciudad Real capital, precisamente una de las ciudades de España donde los precios son más asequibles, pero con menor oferta de alquiler, según el Índice de Precios de Consumo y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El afectado ha relatado a este medio su situación: recientemente tuvo la necesidad urgente de cambiarse de vivienda y ante la falta de oferta, acudió a la inmobiliaria Kampus de la ciudad para agilizar los trámites. En esta oficina, una de las agencias de referencia en Ciudad Real, encontró un piso conforme a sus necesidades por 600 euros al mes.

Aceptó de inmediato y para formalizar el alquiler tuvo que aportar un aval, en este caso de su padre, y depositar el primer mes de alquiler como fianza para el propietario, en concepto de arrendamiento. Hasta ahí todo normal y legal. Pero en un momento determinado le comunicaron que debía realizar un pago adicional: 300 euros (la mitad de una mensualidad) en efectivo y como “gasto aparte”.    

Les hice ver que era algo ilegal. Les pedí un recibo y me lo negaron. Era muy urgente para mí

“Les hice ver que eso era ilegal, a lo que me contestaron que ellos tenían que 'sacar algo' y que si no me quedaba con el piso, había otra gente esperándolo. Les pedí un recibo y me lo negaron. Era muy urgente para mí, así que decidí acudir a un cajero y les entregué el dinero”, detalla.

Es consciente de que ahora está realizando una acusación de la que no tiene pruebas, pero considera que se encuentra en “una situación de indefensión total” y “absolutamente indignado”. “Sé que es ilegal y que me han estafado, así que no puedo quedarme de brazos cruzados”, añade.

Efectivamente, con la legislación actual en España, una inmobiliaria no puede cobrar honorarios ni gastos de gestión al inquilino por el alquiler de una vivienda habitual. Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato deben ser asumidos siempre por el propietario, sea persona física o jurídica. Concretamente, es ilegal cobrar comisiones asociadas a la mensualidad del alquiler (como esa “mitad aparte” de la que habla el afectado). También está prohibido que se exijan “cargos extra” como visitas al inmueble o “trámites”.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recuerda que hay algunas excepciones, pero ninguna se aplica a la vivienda habitual. Por ejemplo, pueden cobrarse comisiones para alquileres de temporada (para estudios o meses de verano), pero incluso en estos casos la normativa es más difusa y algunas agencias intentan seguir cobrando al inquilino, aunque el criterio general de Consumo es que no debe cobrarse.

De cualquier manera, la “indefensión” a la que alude el afectado y a la que llevó su apremiante situación, es total. Para corroborar el testimonio de este afectado, personal de este medio se puso en contacto con la inmobiliaria Kampus de Ciudad Real para interesarse por uno de sus apartamentos.

Habló con su propietario sobre los trámites para alquilar un estudio con un dormitorio, por 550 euros al mes. Tras corroborar su disponibilidad, el propietario de la agencia informó de los trámites a seguir: la firma de un contrato de alquiler, con un aval y depositando el primer mes de fianza.

Después llegó la constatación de un presunto cobro irregular: “¿Tengo que pagar algo más?”, le preguntamos. “Sí, claro, media mensualidad más”, nos dice. Es decir, 275 euros. “Pero, ¿eso ya constaría como que he pagado, además de la fianza, otra media mensualidad del alquiler?”, preguntamos. “No, no, no. Eso es un servicio profesional que nosotros cobramos al propietario y a usted. Es aparte, una sola vez”, afirma.

Esa es la presunta comisión ilegal. No especifica a qué tipo de servicio profesional se refiere y al interesarnos por cómo se realizaría ese pago, nos informa de que sería en efectivo y “con una factura, con o sin IVA”. Al preguntarle después cómo se justifica ese pago, nos remite a una entrevista personal y “presencial” donde “detallar todos los pormenores”.

De manera posterior a esta llamada, nos ponemos en contacto de nuevo con la inmobiliaria, identificándonos como elDiario.es de Castilla-La Mancha, para preguntarle por el supuesto cobro de estas comisiones ilegales. “No voy a hacer ningún comentario al respecto”, se limita a contestar su gerente.

¿Hay solución?

Ante la constatación de estos hechos, el afectado que ha denunciado la situación ha decidido ponerse en contacto con el Sindicato de Inquilinas. Le han contestado que efectivamente esa comisión de 300 euros es “ilegal” y le conminan a comunicárselo oficialmente a la inmobiliaria.

Este colectivo dice tener conocimiento de muchos conflictos similares al suyo y que, en muchos casos han conseguido recuperar el dinero “que estafan”. “Desde el sindicato creemos que la única manera de poner freno a los abusos de las inmobiliarias y conseguir alquileres dignos y estables es visibilizar todo este tipo de problemáticas y tratar de hacerlas frente”, le han informado.  

Le invitan a realizar una comunicación a la inmobiliaria en nombre del sindicato, de manera gratuita, y posteriormente, preparar la demanda que puede presentarse sin abogado y procurador. Pero vuelve a chocar contra el mismo muro: no hay recibo ni prueba y le remiten a resolver sus dudas en este enlace y a acudir a la próxima ‘Bienvenida’ del Sindicato de Inquilinas de Madrid, donde puede exponer su situación de forma detallada y le informarán de las herramientas para hacer frente a este tipo de situaciones.

Aparte, sobre la situación de este afectado se ha pronunciado también la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Ileana Izverniceanu, responsable de Comunicación, detalla a este medio que efectivamente es “una práctica contraria a la ley” y que puede denunciarla de varias formas.

Algunos jueces han dado valor a que el afectado pruebe que en esa fecha hizo una disposición de efectivo

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

En primer lugar, ante el departamento de Consumo de Castilla-La Mancha, para que lo investiguen. “Y llegado el caso para que sancionen a la agencia”. Este paso sería una acción puramente administrativa que no tendría beneficios directos para el denunciante.

Precisamente, este departamento autonómico, adscrito a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno regional, ha indicado a este medio que lo más efectivo es que los afectados se dirijan con toda la documentación de la que dispongan a la Delegación provincial de Ciudad Real y que presenten una reclamación, o al menos, una denuncia al no tener recibo ni factura.

El objetivo en este caso es que se lleve a cabo una “actuación inspectora” que, al menos, pueda resultar “disuasoria”. “Si tienen documentación, se podrá hacer una mediación y exigirles la entrega de un justificante de pago, en su caso, ya que si existe alguna irregularidad también se podria iniciar un expediente sancionador”, comentan fuentes del departamento regional de Consumo.

Otra posibilidad sería denunciar ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Ciudad Real. “Intentará una intermediación con la agencia y eso sirve ya como una reclamación extrajudicial si quiere seguir luego por la vía judicial”, apunta la Organización de Consumidores.

En tercer lugar, ante los juzgados, al no tener pruebas del pago, la OCU reconoce que sería “complicado”. “Algunos jueces han dado valor a que el afectado pruebe que en esa fecha hizo una disposición de efectivo por la cantidad implicada, pero no hay ninguna seguridad de que un juez concreto lo considere prueba suficiente. Debería ir como añadido a otros indicios, como testigos y otros afectados”.

Subterfugios, denuncias y multas

El cobro de una comisión a los inquilinos se prohibió con la nueva Ley Estatal de Vivienda, pero varias empresas utilizan subterfugios para trampear la norma.

Varias sentencias han declarado ya la nulidad de estos supuestos. Desde el Ministerio recuerdan que “trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato es una práctica prohibida expresamente”.

En concreto, la imposición de comisiones o cobros por servicios no solicitados, así como el uso de prácticas comerciales desleales acarrean multas de hasta 100.000 euros. Y la introducción de cláusulas abusivas puede llevar al millón.

El sindicato CCOO ha abogado este jueves por establecer una ley regional de vivienda que esté dotada de partidas presupuestarias, así como por intervenir el mercado de la vivienda con políticas públicas, para regular tanto el precio de los inmuebles como su alquiler.

Así lo han indicado en rueda de prensa el secretario regional de CCOO, Javier Ortega, y el secretario regional de Políticas Institucionales y Desarrollo Territorial de CCOO, José Manuel Muñoz, que han presentado el informe 'Vivienda y bienestar' elaborado por el sindicato.

Los datos que ofrece el informe, que han sido recogidos de fuentes y estadísticas oficiales publicadas en el último año, llevan al sindicato a concluir que “hay vivienda, pero no capacidad adquisitiva para adquirirla”. “Se construye pocas unidades nuevas; la VPO prácticamente es inexistente y la usada cambia de manos a precio de mercado; cada vez hay una concentración mayor de vivienda en menos manos y el número de las que están vacías va en aumento”, asegura CCOO CLM en un comunicado.

Una situación que su secretario general, Javier Ortega, resume de la siguiente manera: “La vivienda ha dejado de ser un derecho básico y se ha convertido en un activo financiero porque siempre se ha hecho política inmobiliaria, no política de vivienda”.

José Manuel Muñoz, responsable del informe, ha detallado que entre las conclusiones a las que han llegado se encuentra la necesidad de intervenir la vivienda con políticas públicas para limitar los precios ante el hecho de que el mercado “haya fracasado” al no permitir el acceso a la vivienda de una forma “fácil”.

Por otra parte, ha dicho CCOO ve “muy importante” que Castilla-La Mancha se dote de una ley de vivienda que contenga unas partidas presupuestarias. “Si no existen presupuestos no se puede hacer políticas de vivienda y quizá ese ha sido el error que se ha mantenido durante todos estos años, no solo en la región sino en el conjunto del país”.

También propone CCOO vigilar y legislar sobre las viviendas turísticas aplicando presión fiscal a aquellos que utilizan la vivienda como rentismo y especulación, para ayudar, por contra, al alquiler hasta que se construya vivienda, ha apuntado también el secretario regional de Políticas Institucionales y Desarrollo Territorial de CCOO.

Otra de las propuestas pasa por más suelo a través de concesiones administrativas y creando fondos que capten inversión de particulares. “Vemos que la banca no está dando rentabilidad por los ahorros y percibimos que hay mucha gente que se refugia en la deuda pública por lo que sería el momento ideal para hacer esos fondos que tuviesen una seguridad de retorno”.

“Dejadez, olvido y abandono” de la VPO

Muñoz ha desgranado el estudio para apuntar que la conclusión principal del mismo es que la vivienda en Castilla-La Mancha ha pasado de ser un derecho constitucional a un activo especulativo, “configurándose un modelo rentista que además supone el principal lastre del consumo y del ahorro, poniéndose en peligro también el empleo”.

En cuanto a datos del informe, ha destacado que las viviendas vacías suponen el 23% del total situándose así la región nueve puntos por encima de la media nacional que está en el 14%. A lo que ha unido que en el 2024 se terminaron 4.003 viviendas en Castilla-La Mancha de las que “tan solo 159” son de protección oficial, lo que supone un 3%.

Así, ha lamentado “la dejadez, el olvido y el abandono” de la vivienda de protección oficial considerándolo “un error que nos lleva a la situación que estamos viviendo actualmente”, unido a la escasez de oferta pública y la concentración progresiva de la vivienda en pocas manos.

“Los datos de 2008 nos decían que en Castilla-La Mancha las personas propietarias de una sola vivienda eran el 68% y ya actualmente estamos en el 57%”, ha indicado, para agregar que “casi la mitad de la población tiene más de una vivienda” y que “la gente sigue invirtiendo en vivienda como un activo financiero”, por lo que el mercado “está dopado y es inalcanzable”.

Respecto a los precios, el del alquiler ha subido un 11,8% anual, “muy por encima” del IPC (3,1%) y en las capitales, el esfuerzo para pagar el alquiler ya supera el 50% del salario neto y los jóvenes menores de 25 años ya dedican entre 5 y 7 puntos más de salario para afrontarlo.

Otro de los temas que trata el informe es el problema de la vivienda turística, por lo que indica que ya son 5.200 las unidades que hay en la región, concentradas sobre todo en Toledo y Albacete, y con un aumento “significativo” desde 2020 a la actualidad de más de un 60%.

“Esto tiene que controlarlo el Gobierno, de alguna manera, imponiéndoles cargas impositivas e imponiéndoles también una legislación que regule de alguna manera esto”, ha manifestado el secretario regional de Políticas Institucionales y Desarrollo Territorial de CCOO.

Sin capacidad para comprar

De su lado, el secretario regional de CCOO ha puesto de manifiesto que informe señala que en Castilla-La Mancha hay 660 viviendas por cada mil habitantes, “pero lo que no hay es capacidad para que todo el mundo pueda comprarla”. Además, apunta que se construye poca vivienda nueva y que la vivienda de protección oficial ha desaparecido y es usada.

“Cuando se cambia de manos, se cambia a precio de mercado y eso lo que genera nuevamente es una burbuja especulativa”, ha lamentado Ortega, para añadir que otro problema es que el pago de la renta genera un esfuerzo que oscila entre el 30% y el 60% de la renta familiar por lo que los avances de la negociación colectiva en materia salarial “quedan absorbidos por completo”.

También ha destacado que la brecha entre el arrendador y el arrendatario se ha incrementado, por lo que CCOO propone “dar un impulso importante” a la vivienda protegida de alquiler por parte de la Administración regional o que afloren las viviendas vacías aplicando medidas impositivas a sus propietarios.

“Apostamos también por la rehabilitación para poner en el alquiler el parque más antiguo de viviendas y, sobre todo, por contener los precios con la declaración de las zonas tensionadas, que en Castilla-La Mancha son prácticamente el corredor del Henares y La Sagra, con el fin de ofrecer suelo público para construir”, ha concluido.

Movimiento Sumar Toledo ha pedido al Ayuntamiento que las nuevas promociones de vivienda impulsadas por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) se destinen prioritariamente al alquiler asequible y no a la venta.

La formación ha reaccionado así tras los dos anuncios realizados la semana pasada por el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, en los que planteaba la creación de nuevas viviendas en el edificio municipal del Paseo de San Cristóbal que albergaba las antiguas instalaciones de Radio Nacional, sin concretar más detalles, y una nueva promoción de 13 viviendas protegidas prevista en la avenida de Santa Bárbara que se destinará a la venta, aunque todavía no se ha aclarado en qué régimen de protección.

Desde Movimiento Sumar consideran que la prioridad de la promoción pública debe ser el alquiler asequible. “Si se construye vivienda con dinero público debe servir para garantizar alquiler asequible, no para venderla y perder ese patrimonio público”, ha señalado el portavoz de la formación en Toledo, José Luis Resuela. Una modalidad que, según la formación política, tiene una “fuerte demanda” en la ciudad.

“La reciente adjudicación de cinco viviendas en alquiler en el Corral de Don Diego recibió cerca de 200 solicitudes, mientras que más de 700 personas se han dirigido a la EMV como demandantes de vivienda”, aseguran en el comunicado. Además, desde Movimiento Sumar consideran esta modalidad como “más adecuada” para la situación actual del mercado inmobiliario.

Más alquileres turísticos que residenciales

La formación también advierte de que la presión del turismo está reduciendo la oferta de vivienda residencial en la ciudad, asegurando que existe cinco veces más oferta de viviendas turísticas que de alquiler residencial, una situación que, a su juicio, dificulta aún más el acceso a la vivienda.

“Mientras el Ayuntamiento habla de que el futuro Plan de Ordenación Municipal debe facilitar que quienes trabajan en Toledo puedan vivir en Toledo, sus políticas están contribuyendo a expulsar población hacia los municipios del entorno en busca de vivienda asequible”, ha señalado Resuela.

Desde Movimiento Sumar critican además las declaraciones del alcalde defendiendo la conversión de viviendas en apartamentos turísticos como incentivo para la rehabilitación. A su juicio, esta posición demuestra “escasa sensibilidad con quienes no encuentran vivienda asequible para alquilar”, ya que el cambio de uso turístico de viviendas y edificios completos en el Casco Histórico está reduciendo la oferta residencial.

Por ello, la formación plantea que las administraciones públicas orienten las políticas de rehabilitación hacia el uso residencial permanente, mediante ayudas públicas, incentivos fiscales municipales y apoyo técnico a los propietarios que quieran rehabilitar sus viviendas para destinarlas al alquiler residencial. Asimismo, consideran necesario paralizar la concesión de nuevas licencias de viviendas turísticas y de conversión de edificios completos en apartamentos turísticos, una tendencia que, advierten, amenaza con despoblar y desnaturalizar el Casco Histórico de Toledo.

El precio de la vivienda libre se disparó una media del 12,8% en Castilla-La Mancha el pasado año, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

En concreto, el precio de la vivienda nueva subió una media del 14,4% en la comunidad autónoma en el último año y el de la vivienda usada alcanzó el 12,5%.

En el cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre aumentó un 2,2% en Castilla-La Mancha. El de la vivienda nueva lo hizo un 6,8%, y el de la usada un 1,4%.

A nivel nacional, el precio de la vivienda libre se disparó una media del 12,7% el año pasado, 4,3 puntos más de lo que aumentó en 2024 y su mayor repunte desde 2007, cuando subió un 9,8%.

Doce años consecutivos de subida

Con la subida de 2025, el precio de la vivienda libre encadena 12 años consecutivos de incrementos. El de 2025 ha sido el más alto de la serie, que se inicia en 2007, y ha más que triplicado, por ejemplo, el experimentado en 2023, que fue del 4%.

El precio de la vivienda nueva subió una media del 11,3% en 2025, también su mayor alza desde 2007, cuando aumentó un 11,9%, y tasa cuatro décimas superior a la de 2024. Con el incremento del año pasado, el precio de la vivienda nueva acumula también 12 ejercicios de alzas.

Por su parte, el precio de la vivienda usada se disparó un 12,9% en 2024, también su mayor alza desde 2007, cuando creció un 8,2%. Con este repunte, que supera en casi cinco puntos al de 2024, la vivienda usada también acumula 12 años de subidas.

El Ayuntamiento de Toledo cambia de rumbo con uno de sus proyectos más destacados para esta legislatura, el conocido como ‘Toledo Emerge’. Y es que dos de los cinco edificios en desuso que el plan proyectaba restaurar cambiarán el tipo de uso previsto, según ha anunciado el alcalde de la ciudad, el ‘popular’ Carlos Velázquez.

El cambio más relevante se producirá en el edificio de San Juan de Dios, ubicado en el Casco Histórico de Toledo. Se anunció que se iba a convertir en un hotel y ahora se proyecta para uso asistencial, con centro de día y residencia para mayores.

De esta manera, se revierte una decisión, la del uso hotelero, que había sido muy criticada por vecinos y vecinas de esta parte de la ciudad, así como por los partidos de la oposición PSOE, IU-Podemos y el Movimiento Sumar, desde que el Equipo de Gobierno de la ciudad, formado por PP y Vox, presentase la idea hace año y medio.

Este cambio de planes con el edificio que antaño albergase la maternidad provincial supone “un giro en la planificación patrimonial del Casco Histórico, respondiendo a una demanda histórica de los colectivos vecinales y garantizando la compatibilidad con el uso hostelero mediante la tramitación del Plan Especial de Reforma Interior”, en palabras de Velázquez.

No obstante, el alcalde de Toledo no aclaró si el uso asistencial sería gestionado de forma pública o privada, una duda que todavía no ha resuelto ningún portavoz municipal.

Este cambio de uso del edificio San Juan de Dios ya fue esbozado por el portavoz de Vox, Juan Marín, quien durante el pasado Debate sobre el Estado de la Ciudad habló del interés de ciertas empresas privadas. “Sé que existen proyectos para que ese edificio sea residencia de mayores”, señaló. En el mismo debate, Carlos Velázquez afirmó que hacer una residencia pública es “imposible”, y se mostró abierto a proyectos concertados o privados.

El antiguo edificio de RNE, para viviendas

Esta decisión, según ha indicado el alcalde, permitirá a su vez destinar a otro uso el edificio que albergó la antigua sede de RNE en el paseo de San Cristóbal, donde se planteaba ubicar precisamente un centro de día.

Al dotar a San Juan de Dios del uso asistencial, este inmueble pasaría ahora a poder acoger viviendas.

En este sentido, Velázquez ha indicado que la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) ya ha recibido el encargo de realizar los estudios y análisis previos necesarios para poder desarrollar este proyecto.

La Junta no tiene constancia del cambio de postura

Preguntada en rueda de prensa sobre este asunto, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha afirmado no tener constancia acerca del cambio de postura anunciado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, para que el antiguo edificio de San Juan de Dios de la capital regional recupere su uso asistencial para convertirse en una residencia y centro de día.

Hay que recordar que es la Junta de Comunidades la que tiene las competencias en materia ser servicios sociales, en concreto de las residencias de mayores, ya sean de gestión pública o privada.

Padilla ha afirmado que “quien más tiene que dar explicaciones es el alcalde”, y se ha mostrado “segura” de que Velázquez “tiene planificada la financiación de este servicio, como lo tienen el resto de alcaldes y alcaldesas cuando deciden apostar por un servicio como es una residencia de atención a personas mayores”.

“Quiero recordar que el Grupo Socialista --en el Ayuntamiento-- planteó la posibilidad de recuperar la residencia de mayores”, ha comentado, señalando que Velázquez “se negó porque había que optar por otros proyectos en la ciudad de Toledo, como fue el hotel, y al final ha venido a dar la razón al Grupo Socialista”.

PSOE: “El anuncio estrella del alcalde es un fiasco”

Las reacciones también se han sucedido a nivel municipal. Por parte de Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Toledo se ha pronunciado su portavoz, Noelia de la Cruz, que ha reprochado la “falta de rumbo” del alcalde, añadiendo sobre Velázquez que “ha vuelto a tergiversar informaciones, vender humo y mentir a la ciudadanía”.

“El Toledo Emerge anunciado a bombo y platillo en el Debate del Estado del Municipio de 2024, hace aguas. Este anuncio estrella del alcalde ha resultado ser un fiasco en cuanto a planificación y nos ha hecho perder casi un año en lo que respecta al edificio de San Juan de Dios”, ha explicado la portavoz.

Respecto al anuncio del alcalde de convertir San Juan de Dios en una residencia, Noelia de la Cruz ha pedido al alcalde que “haga más caso a la oposición y a los vecinos y vecinas del Casco Histórico que siempre han querido que San Juan de Dios fuese una residencia” lo que vuelve dejar claro que “este alcalde y su equipo gobiernan de espaldas a la ciudadanía”.

En relación con el anuncio de que el gobierno de PP y VOX pretende impulsar viviendas en la antigua sede de RNE, donde habían planteado la instalación de un Centro de Día para las personas mayores del Casco, la portavoz socialista ha cuestionado el alcance real de la propuesta: “¿Viviendas de qué tipo? ¿Cómo las que ha hecho en esta legislatura, que ha sido ninguna?”. Además, ha recordado que el alcalde “todavía no ha entregado en alquiler ni siquiera las cinco viviendas que el anterior gobierno socialista dejó ya terminadas”.

IU-PODEMOS lo celebra “pese a la falta de concrección”

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, ha acusado al alcalde de gobernar “sin criterio y de espaldas a los ciudadanos utilizando materias como la asistencia a los mayores para dar titulares, primero arruinando un proyecto residencial en San Juan de Dios y ahora presuntamente haciéndole renacer”.

“El alcalde ofrece una absoluta falta de credibilidad en su gestión de los asuntos de la ciudad”, ha afirmado el edil de IU que ha recordado que “solo hace un año puso la alfombra roja a la Diputación a través del cacareado 'Toledo Emerge' para un proyecto hotelero en contra de la opinión pública y, por supuesto, de este grupo municipal”.

Pese a “la falta de concreción” del anuncio del alcalde, Fernández celebra que, “sea lo que sea que le haya hecho retractarse de la barbaridad que había diseñado”, San Juan de Dios pueda cumplir con los deseos de la sociedad toledana y ser un centro de mayores en el Casco.

No obstante, matiza Fernández, “si el anuncio del alcalde apunta a una realidad y no solo a un intento de dejar el tiempo pasar para evitar el dislate que, en connivencia con la Diputación, querían llevar a cabo en este edificio, se pongan a trabajar para que se convierta en una residencia de gestión pública”.

Movimiento Sumar: “La protesta ciudadana da resultado”

Por último, Movimiento Sumar Toledo celebra el anuncio realizado sobre el cambio de destino del antiguo edificio de San Juan de Dios, que “confirma que la movilización ciudadana y la presión política dan resultados”. “Hoy celebramos que la ciudad ha dado un paso importante hacia un modelo más justo y habitable. Esta victoria no es solo nuestra, sino también y especialmente de la ciudadanía organizada que defiende lo que es suyo”, declara Jose Luis Resuela, portavoz de Movimiento Sumar Toledo

No obstante, la formación advierte de que el siguiente paso es garantizar que este proyecto se desarrolle bajo un modelo plenamente público, tanto en su titularidad como en su gestión. “En los últimos meses, el propio alcalde había deslizado la posibilidad de atraer inversión privada para el proyecto, algo que Movimiento Sumar considera incompatible con el objetivo de fortalecer los servicios públicos”, apunta.

“Una residencia en un edificio público, rehabilitado con fondos públicos, debe ser una pública. Lo público no se externaliza, se fortalece”, añade Resuela, que indica que Movimiento Sumar continuará trabajando para que este cambio anunciado hoy “se concrete en un proyecto que priorice el interés general, refuerce los servicios sociales en el Casco Histórico y consolide un modelo de ciudad pensado para vivir, no para especular”.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha situado la rehabilitación como eje estructural y permanente de la política de vivienda en España y ha anunciado ayudas de hasta 35.000 euros para actuaciones en municipios rurales siempre que se dediquen a vivienda habitual, con incrementos si dichas mejoras tienen carácter patrimonial.

Así lo ha indicado durante la inauguración de la jornada 'Rehabilitar España: barrios, territorio y futuro', celebrada en Albacete, desde donde ha defendido que la estrategia de continuar con la rehabilitación de vivienda irá más allá del fin de los fondos europeos.

Rodríguez ha subrayado que la ola de rehabilitación impulsada tras la pandemia ha sido un “éxito colectivo” y ha permitido mejorar la calidad de las viviendas, regenerar barrios y movilizar inmuebles obsoletos. “Se acaban los fondos europeos, pero la rehabilitación sigue”, ha afirmado, insistiendo en que el compromiso del Gobierno es mantener esta línea como política estable.

La ministra ha recordado que España cuenta con uno de los parques de vivienda más antiguos de Europa y que la intervención sobre edificios envejecidos es esencial tanto para mejorar la habitabilidad como para ampliar la oferta disponible.

Rehabilitación residencial hasta 2030

En este sentido, ha destacado que el 30% de los 7.000 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se destinarán a rehabilitación residencial.

Entre las nuevas medidas, ha avanzado ayudas de hasta 35.000 euros en núcleos rurales cuando las viviendas se destinen a residencia habitual o alquiler asequible, cuantía que podrá alcanzar los 45.000 euros en viviendas con singularidad patrimonial.

El objetivo es que el plan pueda aprobarse en el Consejo de Ministros este trimestre y desplegarse a lo largo del año, tal y como ha recordado la ministra.

Rodríguez ha defendido además el papel de la rehabilitación en la cohesión territorial y ha señalado que el 45% de las viviendas vacías en España se concentran en entornos rurales, por lo que ha reivindicado que “hay mucha vida más allá de la M-30” y que la respuesta al problema de la vivienda debe pasar también por reforzar el equilibrio territorial.

Durante su intervención, ha puesto como ejemplo el barrio de La Pajarita, en Albacete, donde se han rehabilitado más de 450 viviendas. Las actuaciones han permitido mejorar el aislamiento térmico y acústico y reducir la factura energética, con ahorros estimados de entre 400 y 600 euros anuales por familia.

La titular de Vivienda ha vinculado esta estrategia a la sostenibilidad y ha defendido que la política rehabilitadora no solo mejora la calidad de vida, sino que contribuye a la transición energética y a la generación de empleo en el sector de la construcción.

Jornada sobre rehabilitación

La jornada, organizada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, abordará, a través de cinco mesas de debate, los beneficios sociales de la rehabilitación, su financiación, la sostenibilidad, la lucha contra la despoblación y su papel frente a la emergencia climática.

Participarán representantes del Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, colegios profesionales, asociaciones vecinales y entidades del sector.