La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la directora de la Fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo Molina, han firmado un protocolo de colaboración.

A través de este acuerdo, ambas entidades se comprometen a actuar en la promoción y la difusión del patrimonio arquitectónico nacional y la divulgación del teatro, la literatura y la cultura del Siglo de Oro español, planteándose así un punto de encuentro entre la arquitectura y las artes escénicas.

Este acto ha coincidido con el debate y la convalidación en el Congreso de la declaración como acontecimiento de excepcional interés público de la 50 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

La declaración reconoce el carácter “singular e irreemplazable” del festival, principal evento cultural de Castilla- La Mancha y uno de los más destacados del país y del mundo en su especialidad.

Tres años después de la investidura de Carlos Velázquez como alcalde, la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo (EMSV) licita el contrato para redactar el proyecto de 13 viviendas en la avenida de Santa Bárbara.

Serán para venta y de precio tasado, las más caras entre las de protección pública, y siendo optimistas con los plazos, se entregarán en verano de 2028. Supongo que para enfatizar este logro los portavoces del equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Toledo vienen reiterando que la EMSV no ha hecho prácticamente nada en los 16 años anteriores a 2023 y subrayan que ahora se han “saneado” sus cuentas.

La mejor forma de desmentir la falsedad es con datos, contrastables con un simple paseo por la ciudad o disponibles en la hemeroteca, ya que por desgracia se ha eliminado recientemente de la web de la EMSV el histórico de las promociones realizadas.

En 2009, en plena crisis económica, la EMSV inició la promoción directa de dos edificios de viviendas para alquiler asequible entregadas en 2011 en la calle Arenal nº 22 de Azucaica (30 viviendas) y en la calle Navidad nº 8 de Santa Bárbara (20 viviendas).

En 2010 se inició un edificio de cinco viviendas en el Corral de Don Diego que quedaría inconcluso por razones económicas y técnicas hasta 2025, que lo finalizó el Consorcio de Toledo y se entregó a sus arrendadores en 2026.

En 2014 se concluyó la rehabilitación de 18 viviendas para alquiler joven en la calle Esteban Illán nº 6 y nº 8 del Casco Histórico que ha gestionado después la Diputación.

Posteriormente, ante las dificultades para la promoción directa por las limitaciones en la financiación local impuestas por el Ministerio de Hacienda del gobierno del PP, la EMSV puso su suelo a disposición de promotores privados para construir 310 viviendas con protección pública para venta en el Polígono, en tres parcelas propiedad de la EMSV que se enajenaron en 2013 (R4 en Calle Río Cabriel nº 2, para 84 VPO de régimen general), 2016 (P63 en Calle Río Fresnedoso nº 13, para 120 VPO de régimen general) y 2017 (P26 en Calle Río Bullaque nº 3, para 71 VPO de régimen general además de 35 apartamentos cohousing para mayores con entrada por el Ferial).

Gracias a la operación en la calle río Fresnedoso se obtuvieron 12 viviendas de alquiler con opción a compra que fueron entregadas en octubre de 2019 (hace siete años), de las que se han vendido 7 y otras 5 continúan en alquiler.

En definitiva, la EMSV entre 2007 y 2023 promovió directa o indirectamente casi 400 viviendas con protección pública orientadas al alquiler asequible en el caso de las que promovió directamente y a la venta cuando enajenó sus suelos, pero condicionando que fuesen para vivienda protegida de régimen general, más asequible.

También la EMSV se encargó en ese periodo de los trámites expropiatorios resultado del convenio entre Ayuntamiento y RENFE que han permitido disponer de dos parcelas residenciales en el Paseo de la Rosa, una adjudicada a ADIF con capacidad para 60 viviendas ubicada junto a la estación y otra anexa adjudicada al Ayuntamiento que fue enajenada en 2021 y donde se construyen actualmente 68 viviendas de precio libre.

Respecto de las cuentas, además de decir que hubo ejercicios con resultado positivo en 2007, 2012 o 2020, cabe recordar que el propio interventor municipal en su Informe de fiscalización de marzo de 2026, y reconfirmado en mayo, matizó los resultados positivos del ejercicio 2025 por su carácter “extraordinario”, es decir no recurrente.

Dice textualmente en su página 7: “…el resultado neto positivo se sustenta íntegramente en la reversión extraordinaria de 133.345 euros del deterioro contabilizado sobre la participación en Toletum Visigodo, S.L., sociedad que fue liquidada en el curso del ejercicio 2025. Este ingreso es de naturaleza no recurrente, de manera que no volverá a producirse en ejercicios futuros (la causa que lo originó —la liquidación de TV, SL— ya ha concluido)”.

Respecto de las cuentas, además de decir que hubo ejercicios con resultado positivo en 2007, 2012 o 2020, cabe recordar que el propio interventor municipal en su Informe de fiscalización de marzo de 2026, y reconfirmado en mayo, matizó los resultados positivos del ejercicio 2025 por su carácter “extraordinario”, es decir no recurrente

Sin ese ingreso puramente contable, porque no hubo operación comercial, se hubiese incurrido en pérdidas pese al continuo aporte del presupuesto del Ayuntamiento en forma de “encargos” (casi 900.000 euros en 2025), lo que confirma la “existencia de un déficit operativo estructural que requiere medidas de corrección”, según afirma el Interventor.

En definitiva, solo cabe celebrar que en un par de años se entreguen 13 nuevas viviendas que van a proporcionar importantes ingresos a la EMSV a la vista de su precio, pero no hace falta mentir sobre la gestión pasada para poner en valor la actual. O quizá sí, cuando hay poco de lo que presumir.

El arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira ha sido reconocido este jueves en Guadalajara con la Distinción de Honor Internacional en los III Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha, organizados por el Colegio Oficial de Arquitectos de la región (COACM).

Siza, a quien el COACM califica como “una de las figuras más influyentes de la arquitectura contemporánea”, recibió en 1992 el que se conoce como 'el Nobel de la Arquitectura': el Premio Pritzker. Entre sus obras más representativas están el Pabellón de Portugal para la Expo de Lisboa de 1998, la Fundación Serralves en Oporto, el Parc Esportiu Llobregat, el Centro Galego de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela o la Facultad de Arquitectura de Oporto.

Debido a sus problemas de salud, el arquitecto, de 92 años, no ha podido desplazarse hasta Guadalajara para recibir esta distinción, pero en declaraciones a elDiario.es de Castilla-La Mancha desde Oporto, ha asegurado que este reconocimiento “es una muestra de generosidad hacia mi trabajo como arquitecto que me conmueve profundamente”.

Asegura que lo que más aprecia de la arquitectura contemporánea es “la disponibilidad de los medios técnicos existentes” y el esfuerzo por proporcionar “a los ciudadanos menos favorecidos confort y calidad”, aunque como punto negativo lamenta que la arquitectura se vea “minimizada” actualmente.

De la arquitectura española le seducen “muchos ejemplos, tanto históricos como modernos”, pero no quiere poner de relieve un caso concreto porque, asegura, “lo que importa es la calidad en su conjunto”.

Todos los arquitectos premiados

Aparte de la distinción a Siza, la ceremonia del COACM ha reunido a arquitectos, instituciones, universidades y representantes del sector de toda la región para reconocer algunas de las mejores obras, proyectos y trayectorias profesionales de los últimos años en Castilla-La Mancha.

Así, este jueves han recogido su premio Ignacio Borrego Gómez-Pallete, Luis Carlos Peña Juan, MMN Arquitectos, Javier Bajo Rodríguez y Álvaro Sánchez Ballesteros. También los arquitectos Rafael Martínez Sarrión, Natalia Mora Priego, Javier Navarro, Diego Peris, Pepa Sánchez Verdú, Pedro Torres García-Cantó, Rocío García Peña, David García-Manzanares y Eloy Celaya.

Asimismo, esta edición se han incorporado los nuevos reconocimientos honoríficos a la trayectoria profesional en las distintas demarcaciones colegiales, que han recaido en Francisco Javier Solano Rodríguez, por Guadalajara; Ramón Osma Cantero, por Cuenca; y Diego Peris Sánchez, por Ciudad Real.

“El valor” de la arquitectura de Castilla-La Mancha

Esta entrega de premios ha sido, además, la última con Elena Guijarro al frente del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, cuyo mandato como decana de la institución terminará en mayo del año que viene. Guijarro, que en 2019 se convirtió en la primera mujer en liderar el COACM, cuenta a elDiario.es Castilla-La Mancha que precisamente la recuperación de estos premios fue una de las metas que se marcaron ella y su equipo, después de que se dejasen de entregar en 2009.

La decana destaca también el cumplimiento de otros objetivos, como que el Colegio “esté presente” en las instituciones, la “difusión” de la arquitectura y que esta llegue a la ciudadanía “como algo necesario e imprescindible en nuestra vida”.

“Me voy con la satisfacción de haber hecho lo que teníamos previsto”, remataba Guijarro, que durante su intervención en la gala de este jueves ha destacado el “valor” de la arquitectura de Castilla-La Mancha, la cual ha calificado de “arquitectura de calidad” que busca “dar espacios a las personas para que vivan mejor en espacios saludables y accesibles”.

Al acto de entrega de premios acudía Inés Sandoval, directora general de Vivienda y Suelo del Gobierno de España, quien ha destacado el papel que jugaron los profesionales de la arquitectura, los cuales demuestran “verdadera vocación de servicio público” en actuaciones como la dana, en la que “de forma voluntaria” aportaron “criterios técnicos para ver que prioridades teníamos que adoptar en cuanto a actuaciones y también seguridad y certeza a muchas familias en sus hogares en un momento muy complicado”.

Sandoval ha añadido que desde el Gobierno de España se seguirán valiendo de este colectivo “como aliados” en el desarrollo de las políticas públicas de vivienda, en un momento en el que la vivienda es “la principal preocupación de la ciudadanía”.

El comisionado para la Accesibilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha agradecido al Colegio Oficial de Arquitectos la “gran labor y el apoyo que están dando” al Gobierno regional en distintas áreas, entre las que ha destacado las aportaciones que están realizando en la nueva Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha.

También ha avanzado que los colegios oficiales estarán representados en el futuro Consejo Regional de Accesibilidad Universal y ha defendido que la accesibilidad debe incorporarse desde el diseño inicial de viviendas, edificios y espacios urbanos.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha abogado este miércoles por que prevalezca el acceso a la vivienda de los ciudadanos en aquellas zonas tensionadas por encima de “otras figuras” como pueden ser los apartamentos y pisos turísticos.

Así se ha pronunciado el ministro a preguntas de los medios en una rueda de prensa en Toledo donde ha indicado que el turismo es un fenómeno que “hay que gobernar”. “La clave está en el buen gobierno del turismo, lo que significa que, ante un fenómeno como este, lo que nos toca a los gobiernos de un país, de una región o de las ciudades, es el gobernar”.

“Significa el poder controlar la oferta para acomodar este fenómeno con la sostenibilidad social”, ha señalado, para afirmar que poner “límites al mercado” y regular la figura de los pisos turísticos, como la hostelería o la urbanización en la costa para que tenga “una relación coherente” con la calidad de vida de los ciudadanos, “será una tendencia que se seguirá ampliando”.

En este sentido, ha afirmado que en España se deja estas decisiones, con “buen criterio”, al liderazgo local de cada una de las ciudades.

“En todo caso, en zonas tensionadas, el criterio claro es que prevalece el derecho al acceso a la vivienda de los ciudadanos por encima de otras figuras y esto lleva a limitar la oferta de esta figura como de otras figuras”.

“Para defender el armónico desarrollo del turismo tenemos que hacer compatible con la calidad de vida”, ha manifestado el titular de a cartera de Turismo, quien ha añadido que “ya se están tomando decisiones y allí donde no se han tomado estoy seguro que se tomarán”.

El problema de la vivienda es uno de los puntos clave que CCOO de Castilla-La Mancha ha abordado en la reunión de su Consejo Regional. Según ha avanzado su secretario regional, Javier Ortega, el sindicato está manteniendo reuniones y contactos con plataformas y asociaciones que no ha mencionado, de cara a plantear “una movilización regional”.

Concretamente, ha dicho, las medidas sobre esta cuestión deben estar encaminadas a que haya más vivienda, pero que “sea asequible”, especialmente para las personas jóvenes.

De hecho, CCOO propone actuar sobre las zonas tensionadas, movilizar vivienda vacía y que las familias no tengan que destinar más de un 30% de sus ingresos a la vivienda.

Siniestralidad laboral

En otro orden de cosas, ha señalado que el sindicato está ultimando un mapa de riesgos laborales en Castilla-La Mancha que se pondrá a disposición del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral para que este nuevo organismo asuma “un papel activo” en la prevención, vigilancia y control de la siniestralidad.

El objetivo, como ha explicado Ortega, es adelantarse a los accidentes, identificando los riesgos reales por territorios y sectores, y mejorar la prevención. Para ello, se utilizarán los datos recabados por el sindicato en todas las empresas que permitirán localizar esos focos y orientar recursos públicos allí donde sea necesario.

“Ese mapa de la siniestralidad es el que nos va a dar dónde están los riesgos, donde están los accidentes recurrentes y dónde se producen esos niveles de riesgo”, ha argumentado.

Asimismo, haciendo un símil con la seguridad vial, Ortega ha explicado que si puede conocerse que en una carretera hay “un punto negro con accidentes”, ahí se puede intervenir con señalización, con un semáforo o con otro carril, “por lo que estamos hablando de algo parecido”.

Negociación colectiva y migrantes

En cuanto a la negociación colectiva, el secretario regional ha insistido en que el incremento salarial este año debe estar entre el 4 y el 7%, ya que prácticamente 400.000 personas tienen sus salarios estancados en los últimos años.

“Mandamos un mensaje contundente a la patronal y es que deben mejorarse las condiciones salariales porque el escenario económico así lo permite. Desde CCOO vamos a dar la batalla convenio a convenio, sector a sector y nos movilizaremos allí donde persista el bloqueo”.

También ha puesto en valor la actuación de CCOO en el proceso de regularización de personas migrantes que ha permitido atender en sede a más de 2.000 personas en este periodo y tramitar cerca de 400 solicitudes. Y todo ello, con recursos propios materiales y humanos.

Ortega ha realizado estas declaraciones con motivo de la reunión del Consejo Regional de CCOO de Castilla-La Mancha, el máximo órgano de dirección entre congresos, que se celebra transcurrido un año desde el último cónclave regional. Una etapa de la que el secretario general ha hecho una valoración “muy positiva”, en cuanto a la situación y posicionamiento del sindicato, con 5.300 delegados y delegadas y ostentando el 43% de la representación en la región.

'Moviliza tu vivienda rural'. Es el lema de un programa que busca poner viviendas vacías a disposición de las entidades locales para que puedan ser destinadas al arrendamiento asequible o social, en las zonas afectadas por la despoblación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de publicar una resolución en la que anuncia el lanzamiento de este programa, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Hasta el próximo 8 de julio, cualquier ayuntamiento o entidad dependiente (pedanías etc) de la comunidad autónoma pueden manifestar su interés en este proyecto.

La consulta está dirigida a los Ayuntamientos de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación y a los municipios afectados por la Disposición adicional sexta de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha, aquellos donde predomine la actividad agrícola, con menos de 2.000 habitantes y que haya perdido población de forma continuada durante los cinco años anteriores al 1 de enero de 2021.

¿A qué deben comprometerse los ayuntamientos?

Según la resolución el interés debe manifestarse a través de un acuerdo en el Pleno municipal o bien por un decreto de la Alcaldía.

Se aceptará la cesión de viviendas vacías susceptibles de incorporarse al programa “Moviliza tu Vivienda Rural” por un plazo de al menos siete años para su alquiler a terceros como vivienda asequible o social.

Además, el ayuntamiento beneficiario declarará de especial interés o utilidad municipal las obras necesarias de habitabilidad, accesibilidad o adecuación por concurrir, entre otras, circunstancias sociales. Y por eso se establecerá una bonificación del 95% a favor de estas en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

También se eximirá del pago de tasas por el otorgamiento de la licencia para la realización de las obras necesarias de habitabilidad, accesibilidad o adecuación de las viviendas.

Entre otras cuestiones, se implementará un programa de acompañamiento a la integración de los nuevos inquilinos, que puede incluir ayudas o servicios específicos. El ayuntamiento también gestionará los alquileres y seguros de rentas. En estos dos casos, la resolución indica que los ayuntamientos podrán realizar ambas cosas de forma directa o bien a través de otras entidades públicas o privadas.

Las entidades locales podrán incorporar una breve memoria en el que se señale la necesidad de vivienda, en régimen de alquiler, debido a la actividad socioeconómica propia de su territorio.

También podrán adjuntar cartas de apoyo de empresas de su municipio o de su zona en las que pongan de manifiesto las dificultades para incorporar trabajadores a sus plantillas ante la falta de vivienda en régimen de alquiler. En dicha carta de apoyo, las empresas también podrán manifestar su compromiso de aportar financiación al programa 'Moviliza tu Vivienda Rural' del municipio.

Movimiento Sumar Castilla-La Mancha ha reclamado al Gobierno de Emiliano García-Page que actúe “de manera inmediata” para impedir que las viviendas turísticas puedan anunciarse en plataformas digitales sin disponer del correspondiente registro autonómico.

La formación realiza esta petición después de que el pasado 19 de mayo el Tribunal Supremo anulase la ventanilla habilitada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la gestión de estos registros, al considerar que dicha competencia corresponde a las comunidades autónomas.

Para el responsable de Vivienda de Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, José Luis Resuela, la sentencia deja claro que la Junta “no puede seguir mirando hacia otro lado”.

Recuerda que “Emiliano García-Page siempre está dispuesto a acudir a los tribunales cuando considera que el Estado invade competencias autonómicas” y espera que “ejerza esas competencias con la misma contundencia”.

Datos que no concuerdan: “Estarían operando sin inscripción”

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre de 2025 existían 721 viviendas turísticas en la ciudad de Toledo, 320 en Cuenca, 207 en Albacete, 61 en Ciudad Real y 42 en Guadalajara.

Sin embargo, los datos del Registro de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla-La Mancha correspondientes a mayo de 2026 reflejan cifras significativamente inferiores en la mayoría de las ciudades analizadas. En Toledo figuran registradas 641; en Cuenca, 330; en Albacete, 99; en Ciudad Real, 41; y en Guadalajara, 22.

La diferencia entre ambas fuentes apunta, dice Movimiento Sumar, “a la posible existencia de un número relevante de viviendas turísticas que estarían operando sin inscripción en el registro autonómico”. En Toledo la diferencia supera el 10% del total estimado por el INE, mientras que en Albacete y Guadalajara ronda el 50%.

La situación, abundala formación, “resulta especialmente llamativa en municipios turísticos de menor tamaño”. En Sigüenza, el INE estima la existencia de 79 viviendas turísticas, mientras que únicamente 22 figuran registradas ante la Junta. En Almagro, las estimaciones del INE alcanzan las 110 viviendas frente a las 64 registradas.

Movimiento Sumar recuerda que muchas de estas ciudades han experimentado importantes incrementos en los precios de la vivienda durante los últimos años, especialmente en alquiler, y considera imprescindible reforzar los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

“Si una vivienda turística no puede anunciarse sin acreditar su inscripción en el registro autonómico, desaparece el incentivo para operar al margen de la ley. La Junta tiene capacidad para actuar y debe hacerlo de inmediato”, sostiene Resuela.

La formación reclama al Ejecutivo regional que establezca mecanismos de colaboración con las plataformas digitales, refuerce las labores de inspección y garantice que ningún alojamiento turístico pueda comercializarse sin cumplir previamente todos los requisitos legales.

Vivienda pide recuperar los inmuebles ilegales para programas de vivienda asequible

Precisamente hoy, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha alentado a las comunidades autónomas a recuperar las más de 111.000 viviendas de uso turístico (VUT) ilegales que hay repartidas por todo el territorio nacional para incorporarlas a programas de vivienda asequible.

Cree que ese proceso podría llevarse a acabo “ahora mismo” porque las comunidades autónomas “tienen los recursos”. En este contexto, ha recordado que el próximo mes de julio el Gobierno repartirá los primeros 800 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2031, que cuenta con una dotación total de 7.000 millones para todo el periodo, de la que el 60% corre a cuenta del Estado y el 40% de las comunidades autónomas.

Sin notificación judicial y sin avisos previos. Varios individuos de empresas de desokupación “sin identificar” se han apostado hoy en el bloque de la calle Abetos, número 22, de Azuqueca de Henares (Guadalajara) para impedir la entrada a sus casas de tres familias, que además tienen certificados de vulnerabilidad expedidos por el ayuntamiento azudense. Dos de ellas son familias monomarentales y otra monoparental. Se trata de dos mujeres solas, una con una hija de siete años y otra con una hija de cuatro años; y otro vecino, un hombre solo con su hijo, también menor.  

No es un caso nuevo. Ya el pasado mes de octubre una mujer con un bebé de once meses fue expulsada del piso en el que vivía en este mismo bloque, sin orden judicial, en este caso y a instancias de una empresa, de las tantas que ya proliferan y que promocionan entre sus servicios el de “desokupar”.

Policía local y Guardia Civil estuvieron presentes entonces cuando la mujer terminó en la calle con su bebé, a pesar del intento de varios colectivos de Guadalajara por impedirlo. Ese día, miembros de la empresa de ‘desokupación’ habían aparecido en el lugar. La mujer y el menor pudieron dormir en un hotel, gracias a la intervención de los Servicios Sociales municipales, de manera temporal. Su historia ha quedado diluida en el tiempo.

Ya entonces el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma Feminista de Guadalajara alertaban de otros casos de vulnerabilidad en el mismo bloque y celebraron una concentración para protestar por el “continuo acoso” al que se está sometido a otras dos mujeres trabajadoras -con hijos de 9 y 4 años respectivamente- con “actos intimidatorios y violentos con total impunidad y falta de humanidad”.

Hoy la alarma han vuelto a darla ambos colectivos. Su abogada, María Eugenia Blanco, detalla a este medio que el acompañamiento a estas familias por parte de ambos colectivos se ha mantenido durante los últimos meses, tras tener noticia de que, desde los anteriores hechos, la propiedad del bloque ha pasado a otra empresa diferente, que no ha enviado notificación alguna.

Esta mañana, Iris, una de las vecinas que los dos colectivos han estado acompañando, al regresar de dejar a su hija en el colegio, se ha encontrado con varios hombres “con perfil de desokupas” dentro del portal y que le impedían el acceso a su casa.

Los hechos los ha confirmado a este medio la propia Iris, que vive en el primer piso del bloque: “He llegado a casa y al ver que no me dejaban entrar, he llamado a la Guardia Civil, sobre todo después de ver que estos hombres ya habían tapiado con una puerta ‘antiokupa’ la vivienda de la vecina del bajo”. Es en la que reside su otra vecina, Angustias Teresa, también en situación vulnerable, en el bajo. Se ha quedado en la calle con su hijo de cuatro años.

Los agentes han acudido al bloque justo al mismo tiempo que integrantes del Sindicato de Inquilinas. La abogada cuenta que la Guardia Civil ha pedido a los hombres apostados en la puerta que se fueran tras constatar que era el domicilio habitual de ambas vecinas.

Apunta, en este sentido, que la intervención de estos individuos constituye un presunto delito, es “ilegal”, porque “no ha habido notificación judicial alguna para un posible desahucio”. Los agentes han identificado a todas las personas que han participado en esta acción y ahora el Sindicato de Inquilinas ha denunciado los hechos.

“Los agentes le han pedido al que parecía el cabecilla del grupo que retirara la puerta ‘antiokupa’ de la vecina del bajo y se ha negado. Ahora hemos denunciado ante la Guardia Civil para que ambas puedan obtener medidas cautelares, y que les obliguen a retirar esa puerta”.

María Eugenia Blanco precisa que cuando han llegado estos hombres, decían tener autorización de la empresa propietaria y de la comunidad de vecinos, un documento o acta que “nosotras no hemos visto ni nos han mostrado”. “Dicen que cuentan con eso y que les autoriza a impedir el acceso a su domicilio habitual de las vecinas”.

No les han comunicado nada: ni que quieran vender, o alquilar a otra gente, o hacer pisos turísticos… No hay nada

También explica que no ha habido ningún contacto con la “nueva” empresa propietaria, y que “ni siquiera hay una denuncia contra las vecinas”. “Es que no les han comunicado nada: ni que quieran vender, o alquilar a otra gente, o hacer pisos turísticos… No hay nada”.   

Iris confirma lo relatado por la abogada. Tiene un certificado de vulnerabilidad expedido para evitar los cortes de suministro de agua y gas, y dice no haber recibido ninguna notificación, ni judicial ni de otra índole, para abandonar su casa. Estos documentos ya se los hicieron llegar a la empresa propietaria anterior para negociar un alquiler social. Ahora, sin noticias ni contacto de la nueva empresa, no saben qué hacer.

Ella finalmente ha podido finalmente acceder a su vivienda, pero la puerta del bajo, la de Angustias Teresa, sigue tapiada. Mientras esperan si el juzgado adopta o no medidas cautelares, el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma Feminista están intentando retirar la puerta con una radial. “Ante acciones ilegales, nosotras apostamos por lo legal. Si alguien te impide entrar en tu vivienda, haces lo posible por entrar”.

La abogada pone el acento en el hecho de que no ha habido “ninguna actuación judicial”. De ahí que hayan solicitado las medidas cautelares. Iris insiste en que todo el procedimiento es “ilegal” y que la situación que está viviendo es “horrible”, por lo que pide que intervengan las administraciones y las autoridades judiciales.

Claudia Patricia ingresó en un alojamiento de urgencia gestionado por Cáritas Toledo junto a su hija que sufre un autismo severo. Se le ayudó a gestionar una plaza especializada para la menor y, finalmente, pudieron acceder a una vivienda normalizada y un empleo estable en octubre de 2025..

Diana Carolina llegó a España embarazada y sin red de apoyo, y cuenta que Cáritas le dio techo y acompañamiento humano. Otro caso es el de J.M.D.L., quien tras años de trabajo terminó viviendo en la calle tras una crisis personal, y el albergue de Cáritas en Toledo fue el punto de partida para recuperar su identidad y dignidad: “No solo me ofrecieron un techo, me ofrecieron escucha y respeto”, relata.

Son testimonios recogidos en la Memoria Económica correspondiente a 2025 que acaba de publicar Cáritas Toledo y que confirma “un empeoramiento de los indicadores de exclusión” en esta provincia.Los datos son demoledores: hay más pobreza y más personas vulnerables.

La radiografía de la acción social realizada por la entidad refleja un incremento de la vulnerabilidad en el que, entre sus 43 programas, identifica la vivienda “como una de las grandes y más severas pobrezas de la sociedad actual”.

El encarecimiento de los precios en el mercado libre, señala el informe, “ha provocado una saturación en los recursos de alojamiento” que proporciona la entidad. También hay “una reducción” drástica en la rotación de las familias acogidas, dadas las enormes dificultades existentes para acceder a un alquiler convencional.

La entidad cuenta en Toledo con el Centro de Alojamiento de Urgencia y Residencial 'Cardenal González Martín', en Talavera de la Reina está el Centro de Alojamiento de Urgencia y Residencial 'Virgen de Guadalupe', en Villacañas el Albergue (CBE) 'Casa San José y en Quintanar de la Orden la Casa Belem..

Además dispone de recursos de estancia en Sonseca, la Parroquia de San Juan Bautista en La Puebla de Almoradiel y la Ermita de San Roque en Villanueva de Alcardete.

La metodología de trabajo en estos espacios no es meramente asistencial; se basa en el “acompañamiento residencial y Desarrollo personal, proporcionando un recurso temporal que sirva como plataforma de estabilidad para iniciar itinerarios de inserción personalizados y supervisados”, según recoge el informe.

Además de las plazas residenciales, los centros de Toledo y Talavera ofrecen Atención Diurna, espacios de acogida donde se prestan servicios básicos a personas no alojadas.

Después hay vivienda para familias y colectivos específicos como núcleos familiares en exclusión, familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia o personas migrantes para las que gestionó recursos habitacionales críticos para evitar la exclusión residencial de unidades familiares con menores. En concreto, en el alojamiento familiar de urgencia 'Madre Teresa' de Toledo atendió a 86 personas (34 hombres y 52 mujeres), beneficiando a un total de 122 individuos.

En este contexto, la Red de Centros para Personas Sin Hogar de la Archidiócesis atendió a 1.770 personas, destacando el albergue de Toledo con 485 usuarios y el de Talavera de la Reina con 204.

De hecho, el esfuerzo financiero para los programas de vivienda fue considerable para sostener los recurso residenciales. El gasto en el programa de Personas sin Hogar ascendió a 406.989 euros, el área aociosanitaria (Hogar 2000) requirió una inversión de 876.225 euros y los albergues específicos en localidades como Toledo y Talavera gestionaron presupuestos considerables (421.460 euros y 249.502 euros respectivamente) para cubrir gastos de personal contratado, mantenimiento de instalaciones y suministros.

Aumenta más de un 14% el número de personas atendidas

En 2025, Cáritas Diocesana de Toledo atendió de forma directa a 9.215 personas, lo que permitió alcanzar a un total de 19.663 beneficiarios en toda la Archidiócesis. Estas cifras suponen un incremento neto del 14,6% en atención directa (+1.176 personas) y del 17,2% en el volumen de beneficiarios totales (+2.881 personas) respecto al año anterior.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha subrayado el carácter “profundamente humano” de este balance. “y ha reconocido que ”las cifras reflejan una realidad que no podemos esquivar: la demanda de ayuda social sigue al alza y las situaciones de vulnerabilidad se están agravando y haciendo cada vez más complejas“.

Las cifras reflejan una realidad que no podemos esquivar: la demanda de ayuda social sigue al alza y las situaciones de vulnerabilidad se están agravando y haciendo cada vez más complejas

Francisco Cerro Chaves — Arzobispo de Toledo

El arzobispo, que preside la entidad, ha recordado la labor de los 1.156 voluntarios, así como trabajadores de la entidad, que sostienen las 117 Cáritas parroquiales y las dos interparroquiales de Talavera de la Reina y Seseña.

“Una tendencia progresiva a la feminización de la pobreza”

Los datos de la memoria económica también confirman “una tendencia progresiva hacia la feminización de la pobreza y un repunte de la vulnerabilidad infantil”. En el área de familia, mujer y vida, Cáritas Toledo atendió a 259 personas.

El año pasado se puso en marcha el Hogar Belén, un recurso de alojamiento temporal cofinanciado por la Fundación La Caixa orientado a la semiautonomía e integración de mujeres víctimas de violencia y sus hijos.

En lo que tiene que ver con el área de inclusión y migrantes, Cáritas refleja un incremento al atender a 508 personas (frente a las 495 del ejercicio anterior).

La entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería disparó las consultas sobre el proceso de regularización de migrantes

De hecho, el informe recoge que “la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería disparó las consultas sobre el proceso de regularización de migrantes”.

En este sentido, Cáritas Diocesana de Toledo explica que “priorizó y adaptó sus Escuelas de Acogida, ofreciendo formaciones específicas en valores constitucionales, igualdad de género y derechos, obligatorias para la obtención del Informe de Integración”.

Microcredenciales para la inserción laboral con la UCLM

En cuanto al empleo y la inserción laboral, la entidad atendió a 894 personas. Una de las novedades fueron las formaciones de microcredenciales en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), especializando a 101 alumnos en sectores como la agricultura ecológica, la atención sociosanitaria y el comercio. Por su parte, la empresa de inserción Inserta Toledo generó 28 puestos de trabajo directos y gestionó la recogida de 1.053,4 toneladas de residuo textil a través de su red de contenedores.

También se ha dado cuenta de la constitución de la nueva Cáritas parroquial de El Toboso y se consolidó la red de economatos Cor IESU, con 15 economatos, asistiendo mensualmente a 950 familias.

En el entorno rural, el Proyecto San José prestó cobertura a cerca de 1.300 familias en municipios de menos de 9.000 habitantes. En el apartado sociosanitario, el centro residencial Hogar 2000 atendió a 36 personas con enfermedades crónicas avanzadas, prestando un soporte médico, psicosocial y de salud mental especializado.

¿Cómo se financia?

Cáritas Toledo ha explicado que para sostener la red de recursos y poder hacer frente a las distintas pobrezas, se ejecutó una inversión social total de 5,74 millones de euros. Esta cifra responde, asegura, “a una estricta política de racionalización, control de costes internos y revisión de proveedores implementada para mitigar el impacto de la inflación y el encarecimiento de los suministros básicos”. Un encarecimiento, abunda, que ha sido “especialmente gravoso en los centros residenciales abiertos las 24 horas del día”.

La estructura de ingresos mantuvo “el modelo estratégico de sostenibilidad de la entidad”, con más fondos privados que públicos, y con el objetivo de “salvaguardar la independencia de la acción caritativa”.

Cáritas Toledo se financia en un 53% con fondos privados. Entre ellos, con las aportaciones de 678 socios, 1.172 donantes puntuales y 3.352 colaboradores económicos vía canales digitales (Bizum). En el tejido corporativo destaca la alianza con 43 empresas, además del apoyo de la Fundación La Caixa y la Fundación Mutua Madrileña.

La financiación pública asciende a un 47% y corresponde a subvenciones y convenios finalistas con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha , el Gobierno de España, el Fondo Social Europeo , la Diputación Provincial de Toledo y diversos ayuntamientos de la archidiócesis, como Toledo, Talavera e Illescas

El balance económico fue aprobado por el Consejo Diocesano del 27 de mayo y, al igual que en los últimos tres ejercicios, será sometido a una auditoría externa independiente antes de su publicación íntegra en la web institucional.

La Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha prevé formar a 2.500 alumnos y alumnas de toda la comunidad autónoma al año. Será en el nuevo centro que erigirá en el barrio del Polígono de Toledo, que tendrá un presupuesto de cuatro millones de euros.

Esta es una de las medidas que el presidente regional, Emiliano García-Page, anunció en el Plan de Acción por la Vivienda con horizonte en el año 2030, y que también prevé dos líneas de apoyo para la incorporación de la mujer en las labores de construcción.

Así lo ha indicado en rueda de prensa este lunes el director de la mencionada Fundación, Manuel Carmona, junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, tras la formalización del otorgamiento de la parcela a favor del organismo por parte del Gobierno regional.

Carmona ha explicado que este centro de formación, desde el punto de vista del diseño, será “funcional y práctico”, pero también “armónico” con el entorno teniendo en cuenta que se encuentra en un barrio que conjuga la construcción industrial con la construcción residencial. Asimismo, contará con las últimas técnicas de construcción y será eficiente desde el punto de vista energético, diseñado con los últimos sistemas en cuanto a aislamiento térmico, energías renovables y optimización de consumos.

“Será un edificio proyectado de 3.000 metros cuadrados con una inversión aproximada de cuatro millones de euros”, ha manifestado, para agregar que constará de zona administrativa, aularios modulares y talleres de mil metros cuadrados.

Tres familias profesionales

En el mismo se impartirá formación de las tres familias profesionales: edificación y obra civil, energía y agua y electricidad y electrónica. Además, se impartirá “formación a medida” para empresas y trabajadores, formación en prevención de riesgos laborales y formación reglada de las tres familias profesionales.

“Es un proyecto muy ambicioso donde aspiramos a formar 2.500 alumnos, no solo de la provincia de Toledo porque esperamos que sea un centro de referencia en toda la región”, ha resumido el director de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha.

La Fundación formó el pasado año a 5.600 alumnos de toda Castilla-La Mancha e impartió casi 240.000 horas de formación. De estos alumnos, solo el 15 por ciento fueron menores de 25 años y solo el 30 por ciento menores de 35. Además, solo entre el 8 y el 10 por ciento fueron mujeres.

Otro dato que ha puesto encima de la mesa su director es que por primera vez en toda la historia de la Fundación Laboral de la Construcción en Castilla-La Mancha, en 2025 el porcentaje de alumnos extranjeros superó al de españoles, siendo un 53 por ciento frente a un 47 por ciento.

Por ello, el director de la Fundación ha indicado que el objetivo del sector, ante el envejecimiento de la mano de obra y la falta de relevo generacional, es tratar de atraer jóvenes formándolos con el fin de que la construcción sea un sector con futuro.

Necesitamos que haya gente también sobre la base de que es un sector atractivo porque la formación es reglada y hay una tutela moral por parte de empresarios y sindicatos para que sean trabajos que se dignifiquen

De su lado, el consejero de Fomento ha destacado la importancia de dignificar la formación en los oficios, lo que viene a plantear la inversión en este centro de formación de la Fundación Laboral de la Construcción.

Según Hernando, lo que se necesita para poder resolver la dificultad de encontrar una vivienda asequible es, además de que haya mucha más oferta, el que haya gente que pueda construirla. “Necesitamos que haya gente también sobre la base de que es un sector atractivo porque la formación es reglada y hay una tutela moral por parte de empresarios y sindicatos para que sean trabajos que se dignifiquen”.

Así, ha avanzado que más allá de la inversión que el Gobierno regional hace en suelo, “desde ya mismo” va a trabajar con la Fundación en establecer dos líneas de apoyo para la incorporación de la mujer al sector de la construcción y con toda la formación vinculada a la vivienda industrializada.

Finalmente, tras dar las gracias a la Fundación por la inversión, el consejero ha rogado al Ayuntamiento de Toledo que acelere “al máximo” los trámites para poder otorgar la licencia y “empezar ya” la obra, haciendo también una reflexión sobre las cargas fiscales a las que se somete a este tipo de proyectos.

Los ayuntamientos de la provincia de Albacete que tengan menos de 2.000 habitantes podrán optar a una nueva línea de ayudas para la adquisición, rehabilitación y reforma de viviendas municipales, así como para la compra de solares para la construcción de nuevas viviendas.

La Diputación de Albacete, entidad que ha puesto en marcha la convocatoria, ha explicado en un comunicado que las 65 entidades locales de la provincia que cuentan con menos de 2.000 habitantes podrán solicitar estas subvenciones desde este sábado, 30 de mayo, hasta el 18 de junio.

Cada localidad solicitante se comprometerá a una cofinanciación del 10 por ciento y podrá obtener una cuantía máxima de 50.000 euros. Además, las ayudas concedidas se anticiparán al 100 por 100 para facilitar la ejecución de las actuaciones, estableciéndose el plazo de un mes para la resolución y el 15 de abril de 2027 como fecha máxima para la justificación.

“Que se pongan a disposición de la ciudadanía en 5 años”

El vicepresidente de la institución, Fran Valera, ha indicado que esta medida persigue un triple objetivo. Por un lado, facilitar la adquisición de inmuebles por parte de los ayuntamientos para destinarlos a vivienda pública; en segundo lugar, permitir la rehabilitación de viviendas municipales ya existentes; y, finalmente, favorecer la adquisición de suelo para “desarrollar una alternativa ocupacional”, poniéndolo a disposición tanto de la ciudadanía como de actores privados “como ellos consideren”.

“Les vamos a exigir a los ayuntamientos que esas adquisiciones, rehabilitaciones o solares se pongan a disposición de la ciudadanía, siguiendo criterios socioeconómicos, en el plazo de cinco años para que sean una alternativa habitacional real”, ha añadido el vicepresidente, explicando claramente la finalidad de estas ayudas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y un total de ocho entidades bancarias con presencia en la región se han alineado para favorecer la compra de vivienda a menores de 36 años, de tal modo que el Ejecutivo completará el tramo del préstamo hipotecario que supere el 80 por ciento del valor de referencia de la vivienda, porcentaje que habitualmente no financian las entidades. Se trata de una medida ya adelantada hace meses por el Gobierno regional.

Con lo rubricado este jueves con Bankinter, Banco Santander, Unicaja, Eurocaja Rural, Abanca, Kutxbank, Caixabank y Globalcaja, el Gobierno se compromete a avalar ese 20% que reste de un hipoteca y pagar en ayuda directa a los jóvenes el total de los intereses que genere ese porcentaje del préstamo.

Durante su intervención, el presidente regional ha asegurado que Castilla-La Mancha da “un paso adelante” y el Ejecutivo autonómico va a intentar “ayudar de la mejor manera posible” aunque “sabiendo que todavía queda mucho por hacer”.

García-Page ha destacado que el de Castilla-La Mancha va a ser “el único gobierno” que aplica este tipo cero de interés al 20% de la compra de vivienda que las entidades no suelen financiar, ya que “hay otras autonomías que prestan, que ayudan en avales, pero finalmente el interés que paga la gente es del 100%”.

La gente que está buscando vivienda tiene que ser consciente y saber que, en verdad, son víctimas del bloqueo político que se vive en este país

“A la postre lo importante es que, en el bolsillo de los solicitantes, esté ese interés cero. Y para eso era necesario contar con las entidades financieras”, ha proseguido, porque estas se entienden con los clientes de una manera “infinitamente más ágil” de lo que lo puede hacer la administración.

Asimismo, ha apuntado que le gustaría “poder decir a la sociedad que el problema de la vivienda está en la falta de mano de obra, en el encarecimiento de los materiales, en muchas cosas que tienen que ver con componentes económicos que se nos escapan” pero “tristemente”, ha proseguido, la gente que está buscando vivienda “tienen que ser conscientes y saber que, en verdad, son víctimas del bloqueo político que se vive en este país”.

En este sentido, ha aseverado que España “necesita una ley del suelo actual” que complete lo que no tiene la actual. “España necesita decisiones, decisiones políticas de agilidad, de consenso institucional, de gestión del suelo de otra manera”, ha manifestado.

Así, ha señalado que la vivienda “necesita menos frentismo, menos retórica, menos argumentario y más decisiones útiles” que requieren de “altos consensos”. “Las puede aplicar un gobierno, pero lo mejor es que fueran constantes en el tiempo y se puedan aplicar, al menos, durante toda una generación”.

“Y ayudaremos también, con el resto de las autonomías, a que en el conjunto del país haya una política parecida a la nuestra. Ya me gustaría que muchas autonomías y que incluso el Gobierno de España copiara decisiones como las que estamos tomando aquí, porque creo, sinceramente, que parten primero de la experiencia y, en segundo lugar, del sentido común”, ha concluido.

“Guinda de pastel”

Por su parte el consejero de Hacienda, ha explicado que esta medida, que se engloba en lo que la Consejería de Fomento ha denominado programa joven de ayudas a la financiación para la adquisición de vivienda, es la “guinda del pastel” y se suma a las sucesivas modificaciones que el Ejecutivo ha hecho en el sistema tributario para reducir el esfuerzo fiscal de aquellas personas más vulnerables.

Tras reiterar que la Junta de Comunidades va a avalar la parte del préstamo financiero que no pueden sufragar las entidades financieras por su política de riesgo y por la normativa a la que están sujetas por parte del Banco de España, ha indicado que se han “cargado” toda la parte burocrática, para poder conceder este tipo de avales.

Por su parte el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha agradecido que las entidades bancarias de Castilla-La Mancha estén haciendo un esfuerzo adicional, para intentar paliar la “mayor preocupación” que existe hoy en día en la sociedad, que es cómo acceder a una vivienda de manera asequible.

No es el momento de subir los impuestos a la gente joven que se quiere comprar una casa, ni en Castilla-La Mancha, ni en España, ni en el resto del mundo

Dicho esto, y en clave política, ha cuestionado al Partido Popular, que en los últimos días “ha planteado multiplicar por tres el impuesto de Actos Jurídicos Documentados y subir un 25% el impuesto de transmisiones patrimoniales a la gente joven de Castilla-La Mancha”.

“No es el momento de subir los impuestos y mucho menos lo es de subirle los impuestos a la gente joven que se quiere comprar una casa, ni en Castilla-La Mancha, ni en España, ni en el resto del mundo”, ha dicho Hernando, que ha clamado por un sistema de financiación que resarza a las comunidades autónomas por los servicios que prestan cada día.

“Este acuerdo con las entidades financieras de la región tiene que necesariamente desarrollarse lo más rápidamente posible, porque esto es un tema de urgencia”, ha insistido Hernando, que ha recordado que en la Conferencia de Presidentes celebrada hace dos años en Santander el presidente regional planteó un decálogo que debía servir como la base del acuerdo para un pacto de Estado de vivienda, medidas que el PP terminó planteando en su programa.

Entidades firmantes

En cuanto a las entidades firmantes, Jacobo Cañellas, director territorial de Bankinter, ha celebrado esta colaboración pública-privada, confiando en que esta herramienta sea eficaz para que los jóvenes de la región puedan alcanzar la “independencia y autonomía” que otorga la vivienda en la etapa de la juventud.

Mientras, el responsable regional de Kutxabank, Rubén Llorente, ha valorado lo suscrito, defendiendo que ante retos de envergadura, como lo es la vivienda, es imprescindible “sumar y coordinar” los esfuerzos del sector público y privado.

Para ello, el representante de Abanca, Víctor Manuel Ortiz, ha asegurado que lo suscrito este jueves, además de facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes castellanomanchegos, va a contribuir a “retener talento y emprendimiento”, algo que, en definitiva, terminará capitalizando la región.

Antonio González Moreno, de Globalcaja, se ha mostrado confiado en que esta medida pueda ser un principio de solución a lo que los españoles consideran que es el principal problema del país, tal y como recoge de forma sucesiva las encuentras del CIS.

En clave regional, Almudena Noheda, de Unicaja, ha asegurado que que este esfuerzo conjunto podrá generar “grandes oportunidades” a la juventud castellanomanchega.

En representación de Caixabank, Juan Luis Vidal Álvarez Osorio, ha defendido que cuando entidades bancarias y Ejecutivo reman en la misma dirección, además de dar solución a las necesidades de los jóvenes, se contribuyen al desarrollo y futuro de la región.

Para Francisco Carmelo Piña, director territorial del Banco Santander, con la firma de este protocolo las entidades financieras ponen su granito de arena para que los jóvenes castellanomanchegos puedan desarrollar su proyecto vital.

Por último, Víctor Manuel Martín ha garantizado que Eurocaja Rural asumirá cualquier iniciativa que redunde en el progreso económico y social de Castilla-La Mancha, a donde la gente “quiere venir a vivir porque hay futuro y porque se están haciendo las cosas bien”.

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un hombre como presunto autor de varias estafas que cometió empleando falsos anuncios de alquiler a un precio extremadamente competitivo, con los que engañó a las víctimas para que le entregasen varias mensualidades por adelantado, logrando así sustraerles 6.500 euros, que desvió a cuentas de terceras personas para evadir su implicación en el delito.

La investigación comenzó tras la denuncia de seis personas en la Comisaría Provincial de Albacete, quienes manifestaron haber sido víctimas de un fraude similar. Todas ellas habían contactado con el estafador a través de una conocida página web de anuncios, interesándose por el alquiler de dos viviendas con un precio muy competitivo, ubicadas en Albacete.

Tras ganarse su confianza, el estafador les exigía un adelanto económico urgente en concepto de fianza o reserva para “asegurar el piso”, lo que hizo que muchos de ellos avanzaran una o dos mensualidades de 600 o 700 euros para poder acceder a dichos inmuebles.

Las víctimas realizaron estos pagos a través de plataformas de pago, ingreso en cajeros o incluso transferencias bancarias. Una vez que le entregaban el dinero, el supuesto arrendador cortaba todo tipo de comunicación, dejando a las víctimas sin fondos y sin inmueble.

La investigación ha destapado una peculiar operativa criminal ya que el detenido, en varios de los casos, no recibía el dinero en sus cuentas, sino que pedía a las víctimas que realizasen los pagos directamente a sus acreedores para liquidar sus deudas personales. De esta forma consiguió hacerse con 6.500 euros.

El detenido tenía diversas deudas personales

El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional descubrió que el detenido arrastraba diversas deudas personales, entre ellas mensualidades con su preparador físico y un abogado. Cuando una víctima estaba lista para enviar el dinero del falso alquiler, el detenido le facilitaba el número de teléfono o los datos de alguno de sus acreedores.

Paralelamente, el arrestado contactaba con su acreedor y le decía que le iba a llegar un ingreso para saldar su deuda. De esta manera, el dinero de la víctima iba a parar directamente a un tercero de buena fe.

El estafador conseguía así extinguir sus deudas reales utilizando el capital estafado, y a la vez trataba de desvincularse del delito ya que no era el receptor directo del dinero.

A pesar de la complejidad de la red de pagos, los agentes lograron reconstruir el mapa de las transferencias e identificar plenamente al autor de los hechos, quien ya ha sido detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.

El Gobierno de Castilla- La Mancha está preparando “toda una serie de reformas normativas” que tendrá como objetivo “agilizar trámites urbanísticos y movilizar el suelo disponible” en la región.

Así lo ha puesto de manifiesto, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha clausurado la asamblea de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (FERECO), junto con el presidente de esta organización, Manuel Carmona.

El anuncio se produce después de que hace unos días se aprobase el Plan de Vivienda del Gobierno de España por el que Castilla-La Mancha recibirá 280 millones de euros.

Hoy Hernando ha puesto de relevancia “esta serie de medidas que vienen a dar respuesta a una de las mayores preocupaciones hoy en día como es la vivienda y que están contempladas en la Agenda de Acción por la Vivienda que está impulsando el Gobierno de García-Page”.

De esta manera, Hernando ha asegurado que “estamos trabajando para desarrollar las modificaciones e innovaciones normativas para la movilización del suelo y la agilización de trámites urbanísticos incluidos en el cuarto pilar de la Agenda”.

Cambios en la LOTAU, suelos rústicos y el planeamiento urbanístico

De esta manera, se plantean innovaciones y modificaciones concretas al texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (TRLOTAU), al Reglamento de Suelo Rústico, al Reglamento de Planeamiento y al Reglamento de Disciplina Urbanística, a fin, ha destacado el consejero de Fomento “de garantizar una gestión urbanística más ágil y eficaz en los municipios de Castilla-La Mancha, proporcionando seguridad jurídica, eficiencia administrativa y un marco normativo adaptado al metabolismo propio de los municipios de la región”.

Así, Hernando ha asegurado que “los objetivos que perseguimos con estas modificaciones son el incremento de la oferta de vivienda asequible; la optimización del uso del suelo existente antes de expandir la ciudad; agilizar procedimientos urbanísticos; favorecer la regeneración urbana frente a la dispersión urbanística; el impulso del desarrollo económico equilibrado, garantizando la sostenibilidad territorial; y la activación del medio rural”.

De esta manera, ha remarcado “a través de este marco de actuaciones, el urbanismo deja de ser una barrera para convertirse en el motor que incrementa la oferta de suelo, proporcionando seguridad jurídica y un marco adaptado a la urgencia de los municipios que afrontan el reto demográfico”.

Los objetivos que perseguimos con estas modificaciones son el incremento de la oferta de vivienda asequible; la optimización del uso del suelo existente antes de expandir la ciudad; agilizar procedimientos urbanísticos o favorecer la regeneración urbana

Además, el consejero de Fomento ha recordado que “hace unas semanas, el Consejo de Gobierno aprobó la cesión de una parcela de 3.000 metros cuadrados ubicada en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo para la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha con el que se podrán formar en distintos aspectos relacionados con el sector de la construcción hasta 2.500 alumnos al año”.

El anuncio coincide con protestas por la situación de la vivienda en Toledo

Precisamente hoy, en este barrio toledano, conocido popularmente como el Polígono, un grupo de personas en situación de vulnerabilidad junto a colectivos sociales y estudiantiles y apoyados por IU, Movimiento Sumar, UGT y CCOO, han marchado desde la calle río Guadalmena, 86, donde existe una promoción pública sin acabar desde hace años, cuyo titular es el Gobierno de Castilla-La Mancha, y se han dirigido hasta las puertas de la empresa pública GICAMAN donde han exigido viviendas asequibles en la ciudad y frenar los desahucios previstos en otra promoción pública de la calle río Yedra, 8, prevista para el próximo mes de junio, o al menos proporcionar una alternativa habitacional a una madre y sus cinco hijos, afectados por el lanzamiento.

También reclaman medidas al Ayuntamiento de Toledo contra la turistificación que está expulsando a vecinos y vecinas del Casco Histórico de Toledo o de barrios como Santa Bárbara y Palomarejos.

La vivienda, y todavía la vivienda pública en Toledo, es un bien escaso y además con problemas asociados -incluidos los judiciales- en algunos inmuebles de la ciudad. Es lo que hoy se ha querido poner de manifiesto por parte de un grupo de personas que se han manifestado en el toledano barrio del Polígono para exigir soluciones ante lo que consideran una gestión deficiente de la vivienda pública y un mercado del alquiler asfixiante.

Además, reclaman al Gobierno castellanomanchego frenar los desahucios previstos los próximos 9 y 11 de junio en una promoción de viviendas públicas ubicada en la calle Río Yedra, 8, donde varias familias piden renegociar el alquiler, ajustando el pago a la situación de vulnerabilidad de cada una, además de la reparación del inmueble.

La marcha ha partido desde otra la inacabada promoción de 86 viviendas públicas en la calle Río Guadalmena, en el mismo barrio, como símbolo de la situación que denuncian y desde donde han recorrido a pie escoltados por agentes policiales, el tramo de un kilómetro hasta la sede de la empresa pública regional GICAMAN, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y responsable de la gestión de las infraestructuras en la comunidad autónoma.

Allí han leído un manifiesto con el que piden una alternativa habitacional “decente adaptada a las familias” que “ya se sabía que estaban en riesgo de tener una dificultad económica potente”, cuando resultaron beneficiarias de estas viviendas hace más de una década.

“Somos personas, no delincuentes”, “tiene solución, banqueros a prisión” o “Gicaman, escucha, Yedra está en la lucha” han sido algunas de las consignas que han coreado durante la manifestación, convocada por la Unión Popular de Inquilinos (UPI), cuyo portavoz, Germán Peiró, ha aseverado que “la vivienda es un derecho y no un negocio ni un bien de mercado”. También han contado con el apoyo de la Plataforma por la Vivienda Digna en Toledo y la Unión Popular de Estudiantes (UPE), que se ha sumado a la protesta.

En este sentido, la urgencia de la movilización responde a la situación que atraviesan varias familias que se enfrentan a desahucios inminentes, siendo el caso más alarmante el de una madre soltera con cinco hijos menores de edad, cuyo desalojo está previsto para el próximo 9 de junio.

Peiró ha señalado que, con el respaldo de organizaciones como UGT, Comisiones Obreras, Izquierda Unida o Movimiento Sumar Toledo, están manteniendo contacto “con un asesor de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana”, Isabel Rodríguez, para “ver cómo se puede gestionar” el conflicto que afecta a esta promoción pública, después de que la pasada semana le reclamaran mediación cuando acudía a la presentación de un libro en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en el Alcázar de Toledo. Hay que recordar, sin embargo, que la competencia en esta materia corresponde al Gobierno de Emiliano García-Page.

Según denuncia el portavoz de la UPI, la empresa pública se ha negado a negociar una alternativa “decente”, intentando incluso “sobornar o dividir a los vecinos”. Los residentes de Yedra 8 no solo denuncian la falta de sensibilidad social sino también el abandono físico del inmueble. “Han intentado negociar en numerosas ocasiones, pero también es justo decir que no se quiere pagar nunca a un casero que no te arregla el techo que se cae o los cortes de agua. En general, no les están manteniendo el edificio en el que viven y por el que tienen que pagar”, añade.

La demanda de estos colectivos es una negociación justa que incluya la condonación de deudas “inasumibles”, el fin de los desahucios sin alternativa y una adaptación de los alquileres públicos a la renta real de las familias.

Respecto al emplazamiento elegido para iniciar la marcha, Peiró ha recordado que se trata de una promoción pública cuya construcción permanece paralizada desde el año 2011. En declaraciones a los medios, ha resaltado la contradicción que, a su parecer, supone que este inmueble, administrado por GICAMAN, cuente con vigilancia las 24 horas del día mientras decenas de familias carecen de alternativa habitacional.

Fomento esgrime que 89 de 108 inquilinos no pagan

En relación a las viviendas de Yedra, 8, conocidas popularmente como los 'pisos negros', la Consejería de Fomento asegura que “la promoción presenta un elevado nivel de conflictividad judicial y un importante volumen de deuda acumulada” y que eso “está generando un significativo impacto económico en su gestión”.

Así, explica que la situación actual de esta promoción, con 148 viviendas de promoción oficial, tiene 108 contratos en vigor, con 19 inquilinos al corriente de pago, 89 inquilinos con deuda y 40 de las viviendas están vacantes.

La deuda total de inquilinos con contrato vigente asciende a 2.650.000 euros, con una deuda media por inquilino de 29.799 euros y una deuda acumulada total, entre contratos vigentes y resueltos de 3.810.000 euros.

En este momento hay 63 procedimientos judiciales activos, de los que 39 lo son por “ocupación ilegal” y 24 por reclamación de deuda.

El próximo mes de junio están previstos seis lanzamientos, todos por reclamación de deuda y se producirán los días 9 de junio (3), 11 de junio (2) y 25 de junio (1).

Desde el año 2015, los gastos acumulados en esta promoción de viviendas ascienden a 1.230.837,76 euros, según ha detallado Fomento a elDiario.es Castilla-La Mancha. Una inversión que se traduce, según las mismas fuentes, “en la mejora de estos pisos con más de 550 intervenciones en zonas comunes y 470 mejoras en viviendas”.

Reclaman declarar Toledo como zona tensionada

Por su parte, Belén García, portavoz de la Unión Popular de Estudiantes, ha alertado sobre la inaccesibilidad del mercado de vivienda privada en Toledo. En la actualidad, afirma que resulta “prácticamente imposible encontrar un alquiler digno por menos de 600 euros, una cifra que excluye no solo a los estudiantes, sino a gran parte de la clase trabajadora”.

Ante esta realidad, la propuesta de los colectivos es clara: que Toledo sea declarada zona tensionada. Esta medida permitiría una regulación efectiva de los precios del alquiler y, según García, obligaría a los grandes tenedores y rentistas a pagar un 150% más de IBI, desincentivando así la especulación. La meta es transformar la vivienda de un “bien de mercado” en un derecho fundamental protegido para garantizar la cohesión social.

La crisis de vivienda en Toledo no se limita a casos puntuales de desahucio. Los colectivos advierten también sobre un proceso de gentrificación y “turistificación” que está “afectando gravemente al Casco Histórico y a barrios como Palomarejos y Santa Bárbara”. En este sentido apuntan al Ayuntamiento de Toledo y advierten de que la construcción de vivienda a precios inalcanzables para la ciudadanía local está desplazando a los vecinos de sus barrios de toda la vida.

Por otro lado, y a pesar del reciente Plan de Vivienda Estatal o su aplicación en Castilla-La Mancha a través de distintas medidas anunciados por el Gobierno regional, los portavoces de estos colectivos califican de “postureo” las iniciativas planteadas, argumentando que no abordan el problema de raíz, que es “el de que familias trabajadoras están viéndose abocadas a a estar en la calle sin alternativa habitacional”.

Toledo se movilizará este miércoles 27 de mayo para frenar los desahucios previstos los próximos 9 y 11 de junio en la calle Río Yedra, donde varias familias llevan meses intentando negociar el pago del alquiler con la empresa pública regional GICAMAN, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Convocada por la Unión Popular de Inquilinos y Amnistía Internacional, la marcha partirá a las 10 horas desde las viviendas vacías de la calle Guadalmena, 86 en el barrio del Polígono, hasta la sede de GICAMAN, pasando por la Delegación Provincial de Fomento.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Germán Peiro, portavoz de la Unión Popular de Inquilinos, animaba a acudir a la manifestación para que la gente “se de cuenta” de que la vivienda “es un problema estructural y sistémico que hay que resolver”.

La historia de la promoción de 148 Viviendas de Protección Oficial (VPO) ubicadas en el barrio del Polígono de Toledo, conocidas popularmente como los “pisos negros”, se dilata en el tiempo desde que se entregaron las llaves entre los años 2012 y 2013.

Mientras los residentes y colectivos como la Plataforma de Toledo por una Vivienda denuncian el deterioro de los edificios, piden detener los desalojos, reparar las instalaciones y adaptar los alquileres a la vulnerabilidad económica de las familias, la Administración regional argumenta que la gran mayoría de las viviendas arrastra deudas prolongadas y defiende la necesidad de recuperar los inmuebles para asignarlos legalmente a personas en lista de espera.

Acceder a una vivienda digna, “principal problema” en Toledo

Movimiento Sumar Toledo ya ha mostrado su apoyo a esta manifestación, y denuncia “la falta de voluntad negociadora y el abandono en el que se encuentran muchas viviendas públicas”, y consideran “inaceptable que una administración pública actúe sin ofrecer soluciones habitacionales a familias vulnerables”.

El portavoz toledano de la formación, José Luis Resuela, ha señalado que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas de Toledo y las instituciones no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras aumentan los precios y se expulsa a vecinos y vecinas de sus barrios”.

La formación vincula esta situación al aumento de la especulación inmobiliaria, la expansión de las viviendas turísticas y el efecto de la presión residencial procedente de Madrid, factores que —aseguran— están elevando los precios del alquiler y dificultando el acceso a la vivienda en todos los barrios de la ciudad.

Esta convocatoria se produce en un contexto de planificación de movilizaciones por el derecho a la vivienda en toda España. La primera concentración fue este pasado sábado, 23 de mayo, en Guadalajara, y fue seguida el domingo por otras en Badajoz, Madrid, Teruel y Zaragoza. Manifestaciones similares también recorrerán otras ciudades españolas durante el mes de junio.

La ministra se comprometió a mediar

Ante las amenazas de desahucio que se ciernen sobre varias familias de la calle Río Yedra 8, la Unión Popular de Inquilinas se manifestó hace una semana ante las puertas de la Biblioteca de Castilla-La Mancha para pedir la mediación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que acudía a la presentación de un libro.

Ante la presencia de una de las familias afectadas por la próxima orden de desahucio, la ministra se comprometió a “mediar” en la situación.

Según ha podido saber elDiario.es Castilla-La Mancha, desde el Ministerio de la Vivienda ya se han puesto en contacto con la Unión Popular de Inquilinas para pedir la información necesaria sobre el caso y, tras recibirla, les han trasladado que hablarán con las administraciones pertinentes, sin haber más novedades en este momento.

AIKE ha presentado una batería de enmiendas al proyecto de Ordenanza Reguladora de la Transformación de Locales Comerciales para Uso de Vivienda. Mediante ellas, propone reforzar la seguridad jurídica del texto, mejorar las condiciones de habitabilidad y evitar la generación de infraviviendas, además de proteger el patrimonio urbano y el comercio local de la ciudad.

Este grupo municipal plantea una ordenanza “más garantista y mejor definida” para la transformación de locales en vivienda en Guadalajara. Considera necesario “matizar y mejorar” una ordenanza que afecta directamente al modelo urbano de Guadalajara y a las condiciones de acceso a la vivienda.

“Esta ordenanza no resuelve el problema de la vivienda en Guadalajara, pero puede servir para abrir alternativas y disminuir el número de locales vacíos”, señala Jorge Riendas, portavoz del Grupo Municipal.

Desde AIKE defienden que debe hacerse “con garantías, criterios claros y estándares mínimos de calidad residencial”.

Por ello, las enmiendas presentadas buscan clarificar el alcance de la ordenanza y evitar posibles recursos o conflictos jurídicos derivados de una posible invasión de competencias urbanísticas reservadas al planeamiento general.

Entre las principales propuestas planteadas por AIKE se encuentra la diferenciación expresa entre lo que puede regular una ordenanza municipal, las condiciones técnicas y administrativas de transformación de locales en viviendas, y aquello que corresponde al Plan de Ordenación Municipal (POM), como la delimitación de zonas de protección comercial o la restricción de usos en determinados ámbitos de la ciudad.

Precisamente, AIKE pone el foco en la necesidad de proteger los diferentes ejes comerciales de Guadalajara y preservar locales también en los barrios, más allá del centro.

La formación considera que “la transformación indiscriminada de locales en viviendas puede poner en riesgo la actividad económica y la vida comercial de muchas zonas de la ciudad”.

Por ello, propone que cualquier limitación o protección específica se realice no únicamente pensando en el casco histórico, sino también en otros barrios y zonas comerciales consolidadas de Guadalajara.

“Otra cuestión importante es que se incorporen medidas para proteger ámbitos patrimoniales y zonas sensibles desde el punto de vista acústico, no hagamos viviendas donde ya sabemos que hay problemas de ruidos”, defienden.

“Nadie merece vivir en 30 m2”

De igual modo, reclaman establecer estándares mínimos de calidad para evitar infraviviendas. AIKE plantea que las viviendas tipo estudio tengan una superficie mínima de 40m2 y unas condiciones adecuadas de habitabilidad, iluminación y ventilación.

“Los 40m2 son una propuesta de mínimos que siempre puede mejorarse y ampliarse durante la tramitación, pero nadie merece vivir en 30m2”, explican.

“Si se va a permitir transformar locales en viviendas hay que evitar abusos, garantizando unas condiciones dignas y preservando tanto la identidad urbana como la actividad económica y comercial de nuestros barrios. Esperamos que el equipo de Gobierno escuche a la ciudadanía, a la oposición y tome decisiones consensuadas” concluye la concejala Susana Martínez.

Hasta once premios y cuatro reconocimientos honoríficos ha repartido el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) en la tercera edición de sus Premios de Arquitectura y Urbanismo regionales, tras publicar la decisión del jurado este jueves.

Según ha afirmado la asociación profesional en un comunicado, esta edición ha estado marcada “por la elevada participación, la variedad territorial de las propuestas y la consolidación de categorías que reflejan una arquitectura cada vez más abierta, transversal y conectada con la sociedad”.

Premiados

En la categoría Premio COACM de Arquitectura, destinada a reconocer obras de edificación de carácter permanente, de obra nueva e intervención en edificios existentes, el jurado distinguió, en la modalidad de vivienda, la Casa Embarcadero en Peñalagos, en Pareja (Guadalajara), obra de Ignacio Borrego Gómez-Pallete y colaboradores, valorando “el arte de crear un artificio ingenioso que flota por el terreno del bosque sin tocarlo”.

En Obra Nueva Otros Usos, el premio recayó en la Escuela Infantil en Corral de Calatrava (Ciudad Real), de Luis Carlos Peña Juan y colaboradores, definida por el jurado como una “arquitectura limpia, clara, luminosa y serena, muy acorde con su uso”.

En Rehabilitación, fue reconocida la Rehabilitación sostenible del Edificio Nuncio Nuevo de Toledo, desarrollada por MMN Arquitectos y colaboradores, destacando el jurado “un buen trabajo de restauración que subraya los valores monumentales de esta obra y la transforma en un espacio moderno y eficiente”. Además, recibió mención especial la Rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos de Toledo, de Javier Bajo Rodríguez y Álvaro Sánchez Ballesteros.

El Premio COACM de Urbanismo y Paisaje, centrado en planeamiento urbano y territorial, proyectos de espacio público, regeneración urbana y arquitecturas del paisaje, reconoció el Plan Director de Recuperación del Casco Histórico de Letur y proyectos complementarios, en Albacete, por integrar “de manera unitaria” la recuperación de los valores culturales, constructivos y paisajísticos del municipio.

Asimismo, fue premiada la Pasarela Arco de Bezudo, en Cuenca, una intervención que el jurado destacó como ejemplo de “arquitectura contemporánea como vínculo entre el patrimonio”.

En la categoría Premio COACM Emergente, dirigida a arquitectos de hasta 40 años cumplidos en 2025, el jurado distinguió el Centro Joven. Espacios de Ocio y Cultura, en La Gineta (Albacete), obra de Rafael Martínez Sarrión, una propuesta que “consigue una pieza evocadora y poética desde la sencillez”. También obtuvo mención especial Fachada habitada La Especia, en Toledo, de Natalia Mora Priego.

El Premio COACM Miguel Fisac, destinado a arquitectos colegiados en el COACM con obra realizada fuera de Castilla-La Mancha, fue para el Edificio B del ESAC (European Space Astronomy Centre), en Villafranca del Castillo (Madrid), valorando especialmente “la transparencia conseguida en la intervención y la luminosidad aportada a los espacios de trabajo”.

Por su parte, el Premio COACM Difusión de la Arquitectura, orientado a trabajos de divulgación arquitectónica tanto en formato físico como digital, distinguió en Investigación el trabajo “Miguel Fisac: huesos y pieles”, un trabajo de investigación de Javier Navarro, Diego Peris y Pepa Sánchez Verdú, que destaca por su capacidad didáctica y el exhaustivo análisis de los sistemas constructivos y materiales desarrollados por el arquitecto manchego.

En la modalidad de Difusión fue premiada la propuesta “(Sobre)mesa redonda. Escenarios (im)probables”, por acercar la arquitectura “al gran público desde un modo desenfadado”. Se trata de un trabajo de Pedro Torres García-Cantó y Rocío García Peña (BIZNA Estudio), en colaboración con Jaime Gutiérrez e Itziar Molinero (AMA); Iñigo Berasategui (BeAr), Paula Bozalongo (Costura) y Lluis J. Liñán (Rellam). Además, obtuvo mención especial el conjunto de artículos “Viviendas en el parterre: de los huesos a la piel” y “Hotel Claridge. A través del espejo”, de David García-Manzanares.

El Premio COACM Permanencia, reservado a obras con más de veinte años de antigüedad que destacan por su vigencia y correcto envejecimiento, recayó en las Bodegas Celaya, obra de Eloy Celaya, en La Roda (Albacete), una obra reconocida por “su adecuación al uso y su lenguaje atemporal”.

En la categoría Premio COACM Diversificación Profesional, que reconoce nuevas formas de ejercer la profesión vinculadas al diseño, la escenografía, las arquitecturas efímeras, virtuales o el comisariado, el jurado premió la propuesta “Tacto etéreo ‘Flotar’”, de Natalia Mora (Cachivache Atelier) definida como una intervención que “provoca sensaciones de frescura y originalidad”.

Reconocimientos honoríficos

La presente edición ha incorporado además una de las principales novedades impulsadas por el COACM, con la creación de reconocimientos honoríficos de carácter provincial destinados a poner en valor trayectorias especialmente relevantes dentro de las distintas demarcaciones colegiales.

En Guadalajara fue distinguido Francisco Javier Solano Rodríguez; en Cuenca, Ramón Osma Cantero; y en Ciudad Real, Diego Peris Sánchez, profesionales cuya trayectoria ha contribuido de manera decisiva a la evolución arquitectónica, urbana y cultural de Castilla-La Mancha.

Junto a ellos, el COACM ha concedido la Distinción de Honor internacional al arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira, una de las figuras más influyentes de la arquitectura contemporánea.

La vicedecana del COACM y comisaria de los premios, Gema González-Badillo, ha agradecido “la extraordinaria participación y el nivel de las propuestas presentadas”, destacando además “la evolución y madurez que han alcanzado estos premios, cada vez más abiertos a nuevas maneras de ejercer, comunicar y entender la arquitectura”. González-Badillo ha subrayado igualmente la importancia de los nuevos reconocimientos honoríficos provinciales “como una forma de visibilizar y agradecer la aportación de profesionales que han ayudado a construir la cultura arquitectónica de Castilla-La Mancha desde cada uno de sus territorios”.

Por su parte, la decana del COACM, Elena Guijarro, considera que esta tercera edición “confirma definitivamente la consolidación de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha como un espacio de referencia para reconocer el talento, la calidad y el compromiso social de la arquitectura regional”. Guijarro ha destacado además “la enorme diversidad de propuestas y enfoques presentes en esta convocatoria, reflejo de una arquitectura viva, comprometida con el patrimonio, el paisaje, la innovación y la mejora de la calidad de vida de las personas”.

La gala de entrega de premios de esta III Edición de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha se celebrará el próximo 11 de junio, a las 18:30 horas, en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián de Guadalajara.

Según afirma COACM, esta convocatoria “vuelve a poner en valor la calidad, diversidad y proyección de la arquitectura regional”.

La Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada este jueves ha alcanzado el acuerdo unánime de todas las comunidades y ciudades autónomas para aprobar la distribución final de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que darían a Castilla-La Mancha 280 millones de euros en el periodo 2026-2030 para construir vivienda pública y rehabilitar.

El nuevo Plan movilizará una inversión de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones corresponden a la anualidad de 2026. En el caso de Castilla-La Mancha, la asignación para 2026 será de 32 millones de euros, mientras que la distribución global movilizará una inversión de 280 millones de euros hasta 2030 para desarrollar políticas públicas de vivienda en la región.

Esta cifra supone 205 millones más que la recibida en el plan 2022-2025. Para recibir tal cantidad de dinero, el Ejecutivo nacional impondrá a Castilla-La Mancha tres condiciones.

La primera es que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. La segunda es que deberá compartir más datos sobre vivienda y facilitar información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real.

Además, el Gobierno de Sánchez exigirá a las comunidades que cofinancien en un 40% este plan. Las comunidades podrán hacer frente a dicha aportación autonómica con los fondos europeos que reciban para las políticas de vivienda.

Por último, el plan también incluye una cláusula antifraude para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante.

Modelo de corresponsabilidad entre comunidades y Gobierno nacional

“Es muy importante el mensaje que hoy lanzamos a la ciudadanía: distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo”, ha subrayado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

En ese sentido, el PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.

Un grupo de vecinos y vecinas de las viviendas de la calle Yedra, 8 de Toledo, en el barrio del polígono se han concentrado este martes a las puertas de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, donde la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, participaba en la presentación de un libro, para pedir su mediación en un conflicto que pondrá a varias familias en la calle dentro de poco menos de un mes.

El próximo día 9, se producirá el lanzamiento de una familia de cinco miembros por orden judicial y han querido trasladar a la ministra su problemática arropadas por personas que colaboran con la Unión Popular de Inquilinas e Inquilinos.

La historia de la promoción de 148 Viviendas de Protección Oficial (VPO) ubicadas en el barrio del Polígono de Toledo, conocidas popularmente como los “pisos negros”, se dilata en el tiempo desde que se entregaron las llaves entre los años 2012 y 2013.

Una promoción de GICAMAN, la empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, concebido como proyecto social que ha derivado en una profunda crisis comunitaria, arquitectónica y judicial, debido a los problemas estructurales y de habitabilidad de estas viviendas que, casi desde el principiio, denunciaron los vecinos.

En el otro lado, la empresa pública reclama alquileres impagados y el conflicto judicial incluye también ocupaciones ilegales de las viviendas.

Hoy quienes las habitan han pedido la mediación de la ministra porque, mientras los residentes y colectivos como la Plataforma de Toledo por una Vivienda denuncian el deterioro de los edificios, piden detener los desalojos, reparar las instalaciones y adaptar los alquileres a la vulnerabilidad económica de las familias, la Administración regional argumenta que la gran mayoría de las viviendas arrastra deudas prolongadas y defiende la necesidad de recuperar los inmuebles para asignarlos legalmente a personas en lista de espera.

“Las familias están a la espera de una solución habitacional porque es urgente. Tenemos el día 9 de junio un desahucio anunciado de una familia con cinco hijos y luego a partir de ahí hay muchísimos avisos de desahucio, uno detrás de otro”, relataba Germán Peiro, uno de los participantes en la protesta.

Asegura que se trata de una cuestión “colectiva” y rechaza las negociaciones individuales. “Se les debe dar una solución política”, ha comentado para, a renglón seguido, acusar a la empresa pública GICAMAN de “dejación de funciones” y de “mala praxis” en la gestión de estas viviendas públicas.

No es el único caso: “Hay acoso a vecinos del Casco Histórico” 

Estas plataformas reclaman seguir dialogando con las familias, en esta y en otras zonas de la ciudad porque, advierten, el de Yedra 8 no es un caso único cuando se habla de problemas con la vivienda.

“Ahora mismo, por ejemplo, en el Casco Histórico, sin decir calles, tenemos varios. No son tanto amenazas como un desahucio, pero sí presiones por parte de nuevos propietarios de edificios para que los inquilinos de años, incluso de 23 años viviendo ahí, se vayan”.

No hablan de negociar el alquiler, explica Peiro, “sino simplemente que se vayan porque lo han comprado y lo van a dedicar a alojamiento turístico” y pone sobre la mesa que “hay bastantes familias aquí en Toledo en esta situación, en el Casco Histórico, y no es una ni dos”.

Palomarejos o pisos troceados para alquilarlos por habitaciones

Después ha citado otro “problema” en el barrio de Palomarejos. “Los pisos grandes, que son muy buenos para familias con muchos hijos, lo que están haciendo es partirlos por habitaciones y alquilarlos por habitaciones a un dinero que es equivalente a lo que costaría solo un piso”.

Habla de “alquileres en fraude” y reclama “una inspección real y efectiva de todos estos fraudes de ley que se están cometiendo”. En este aspecto proponen a las Administraciones públicas que “trabaje con estos caseros que quieren hacer estas divisiones para que no les dejen hacerlo. Es un fraude de ley”, ha insistido.

Pedimos una inspección real y efectiva de todos estos fraudes de ley que se están cometiendo

Piden que Toledo sea zona tensionada

También solicitan que se declare a Toledo como “zona tensionada” porque, asegura, “hay un acoso por parte de grandes tenedores, por parte de grandes empresarios del turismo a las familias que viven en el Casco Histórico”.

Otra de las reivindicaciones pasa por “dar una solución urgente a la escalada de precios absolutamente descomunal que se está produciendo, y que impide que personas que ni siquiera estamos calificadas como vulnerables por parte de los servicios sociales, podamos seguir viviendo en nuestra ciudad”.

Hay que dar una solución urgente a la escalada de precios absolutamente descomunal que se está produciendo, y que impide que personas que ni siquiera estamos calificadas como vulnerables por parte de los servicios sociales, podamos seguir viviendo en nuestra ciudad

Ha puesto como ejemplo “el caso de personas de más de 50 años que se van a ver abocados, después de hacer toda una vida en su casa, a volver a vivir en pisos compartidos, como si fueran estudiantes porque les están echando”.

El compromiso de la ministra para “mediar”

Germán Peiro asegura que tras un breve intercambio de palabras con la ministra, se ha comprometido a mediar, “en el caso concreto de GICAMAN” y los desahucios previstos. “Se ha comprometido a mediar en los desahucios inminentes que hay, a interesarse por el problema e intentar buscarle unas vías de solución”.

Vecinos como él aseguran estar cansados de una respuesta que se repite. “Normalmente nos dicen que no es su competencia. Mira, esto es competencia de todos”, afirma tajante, para rechazar las medidas que se han puesto para la mesa. “No es un problema de construir más, de volver a dar el dinero a los constructores y se trata de darnos ayudas que no resuelven. Dentro de tres años estaremos en las mismas porque los precios van a seguir escalando”.

Una manifestación el 27 de mayo

La Unión Popular de Inquilinos y la Plataforma por la Vivienda Digna de Toledo han convocado una manifestación para el próximo 27 de mayo, a las 10 horas que partirá desde las viviendas vacías de la calle Guadalmena, 86 en el barrio del Polígono, hasta la sede de GICAMAN, pasando por la Delegación Provincial de Fomento.

“Quiero hacer un llamamiento a toda la población de Toledo, da igual el estado que tenga su situación actual, creo que es algo que nos afecta a todas y todos”, señalaba Germán, quien ha pedido apoyo ciudadano. “Que la gente venga a la manifestación, que se den cuenta de que es un problema estructural y sistémico que hay que resolver”, aseguraba.

Dentro del acto, en la sede de la Biblioteca regional de Castilla-La Mancha, la ministra charlaba con el gerente de la empresa pública de Vivienda de Navarra, Javier Burón, que presentaba libro y ambos han reivindicado la necesidad de contar con un parque público de vivienda protegido de forma permanente para no estar sujetos a los intereses de un mercado privado que hay que regular para evitar la especulación.

En este sentido, Burón ha aplaudido la puesta en marcha de instrumentos como CASA 47, la Entidad Estatal de Vivienda, para acompañar a las entidades autonómicas y locales en la conformación de ese parque público, así como para consolidar un modelo en el que la vivienda se considere un derecho y no un negocio.