Castilla-La Mancha vuelve a anunciar promociones de viviendas protegidas sobre suelo público. La noticia podría parecer, a primera vista, un paso en la buena dirección. Y lo es. Necesitamos construir más vivienda asequible y aprovechar lo público para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Pero… ¿Qué ocurrirá con esas viviendas dentro de quince años?

La respuesta es sencilla. Dejarán de ser viviendas protegidas. A partir de ese momento podrán venderse al precio que cada propietario considere y el esfuerzo público que hizo posible esa promoción desaparecerá definitivamente.

Es una historia que ya hemos vivido. Desde los años ochenta se han construido casi tres millones de viviendas protegidas, según un informe de CCOO de 2024, con ayudas públicas, suelo público e importantes ventajas para promotores y compradores.

Aquellas promociones resolvieron problemas inmediatos de acceso para muchas familias, pero la inmensa mayoría acabó descalificándose al cabo de unos años. Sólo medio millón mantienen algún control de precios. Muchas, forman hoy parte del mercado libre y se venden por cientos de miles de euros más de lo que costaron.

El resultado es paradójico. El dinero público sirvió para facilitar el acceso a una vivienda una sola vez. Después, el beneficio generado por esa inversión dejó de ser colectivo para convertirse en beneficio privado.

Y, sin embargo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García-Page, ha decidido volver a recorrer ese mismo camino. Las promociones anunciadas en Toledo y Azuqueca de Henares se construirán sobre suelo público vendido a promotores privados, pero su protección terminará a los quince años. Es decir, el patrimonio público volverá a desaparecer con el paso del tiempo, obligando a las administraciones futuras a empezar otra vez desde cero.

En esto sí se entienden PSOE y PP. El Ayuntamiento de Toledo, presidido por Carlos Velázquez, lejos de corregir ese modelo, está siguiendo la misma senda en sus propias promociones de vivienda como las trece de la Avenida Santa Bárbara que tendrán exactamente la misma protección: Viviendas de Precio Tasado (VPT) por 15 años.

Gobierno regional y gobierno municipal discrepan en muchas cosas, pero parecen coincidir en una idea: utilizar el patrimonio público para crear vivienda asequible solo de manera temporal.

Pero… ¿Por qué vender definitivamente un recurso público que es escaso?

Cada parcela pública destinada a vivienda es una oportunidad única. Una vez vendida, no vuelve. Y cuando las viviendas dejan de estar protegidas, la Administración tiene que volver a comprar suelo, volver a invertir dinero público y volver a construir otra promoción para resolver el mismo problema.

Es una política que condena al sector público a correr eternamente detrás del mercado inmobiliario.

Existen alternativas. Cada vez más ciudades y países apuestan por modelos de protección permanente o de muy larga duración. Las familias pueden comprar una vivienda a un precio asequible, desarrollar en ella su proyecto de vida y venderla si lo necesitan, pero siempre dentro de un sistema que mantiene el precio controlado y garantiza que la vivienda siga siendo asequible para el siguiente comprador.

Así, cada euro invertido por la sociedad genera un patrimonio que permanece al servicio de la sociedad.

La política de vivienda no debería consistir únicamente en construir más viviendas. También debería preguntarse qué ocurre con ellas dentro de veinte, treinta o cincuenta años.

Porque cuando el suelo es público, la vivienda debería seguir cumpliendo una función pública.

La Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo tienen hoy la oportunidad de romper con un modelo que ya demostró sus límites. Pueden utilizar el patrimonio público para crear un parque de vivienda asequible permanente o pueden repetir una política que durante décadas ha ido transfiriendo al mercado libre viviendas construidas con recursos de todos.

Tropezar una vez puede ser un error. Tropezar dos veces con la misma piedra ya es una decisión política.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la empresa pública GICAMAN, ha licitado tres parcelas de titularidad pública en Toledo y Azuqueca de Henares (Guadalajara) para promover la construcción de hasta 403 viviendas.

Las actuaciones permitirán desarrollar hasta 231 viviendas de precio tasado mediante cooperativas en Toledo y hasta 172 viviendas protegidas (VPO) en Azuqueca de Henares.

Las convocatorias para la enajenación de estos suelos se publicarán mañana, 31 de julio, en la página web de GICAMAN y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

En el caso de Azuqueca de Henares, también se difundirá a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento del municipio. La adjudicación se realizará mediante concurso público.

En Toledo, las actuaciones contemplan la enajenación de dos parcelas ubicadas en la IV Fase del Polígono Residencial Santa María de Benquerencia: la parcela RP-2 (35-BIS), situada en la Avenida Río Boladiez número 2, que permitirá desarrollar hasta 141 viviendas de precio tasado; y la parcela 53, ubicada en la Avenida Río Boladíez número 64, que contará con capacidad para hasta 90 viviendas de precio tasado promovidas mediante cooperativas. Ambas suman una edificabilidad máxima de 26.040 metros cuadrados.

Por su parte, en Azuqueca de Henares se licita la parcela residencial VC-12, situada en el Paseo Bulevar del Deporte número 4. El suelo dispone de una superficie de 6.081 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 14.543,44 metros cuadrados, lo que permitirá la construcción de hasta 172 viviendas colectivas de protección oficial en régimen de compraventa.

Se valorará la eficiencia energética y la accesibilidad

Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de septiembre de 2026, de acuerdo con las condiciones establecidas en las respectivas convocatorias.

La directora general de Planificación Territorial y Urbanismo y presidenta de GICAMAN, Silvia López, ha subrayado que “estas actuaciones forman parte de la estrategia regional para movilizar suelo público y ampliar la oferta de vivienda en Castilla-La Mancha”.

Asimismo, ha destacado que “los concursos valorarán aspectos como la calidad arquitectónica y constructiva de los proyectos, la eficiencia energética, la sostenibilidad, la accesibilidad, la incorporación de sistemas innovadores de construcción y aquellas propuestas que contribuyan a mejorar la asequibilidad de las viviendas para sus futuros propietarios”.

La responsable de GICAMAN ha asegurado que “con estas dos nuevas licitaciones, GICAMAN continúa avanzando en la movilización de suelo público para el desarrollo de vivienda asequible en Castilla-La Mancha, impulsando fórmulas que permitan ampliar la oferta residencial y dar respuesta a la creciente demanda existente en la ciudad de Toledo”.

Hay actividades empresariales a las que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere dar agilidad en sus trámites burocráticos, administrativos y urbanísticos. Esta comunidad autónoma ya dispone de una normativa que declara como “prioritarios” los proyectos que fomenten el desarrollo socioeconómico de la región. Pero ahora, quiere darle rango de ley a otra nueva fórmula: considerar “estratégicas” algunas inversiones empresariales.

Este periódico ya adelantó parte del contenido de este anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, la referida al biometano. Pero hay todo un compendio de actividades económicas que se detallan en el borrador y que también dan una idea de por dónde quiere transitar el Ejecutivo de Emiliano García-Page a la hora de dar facilidades a determinados proyectos empresariales.

Por ejemplo, en el sector primario y de aprovechamiento natural, la ley considerará “estratégicas” explotaciones agropecuarias, con especial atención a las impulsadas por jóvenes agricultores en zonas escasamente pobladas, y también a las actividades que aprovechen productos forestales (madera, resina, biomasa, corso u hongos) o servicios de captura de carbono, biodiversidad y conservación del suelo.

También incluye en el listado inversiones destinadas a la transformación primaria de recursos forestales como el aserrado de maderas, destilación de resinas y procesado de biomasa; o instalaciones de camping o campamentos ubicados en zonas con riesgo de despoblación o rurales con predominio agrícola.

Por otro lado, la industria manufacturera también atrae al Gobierno castellanomanchego. De hecho, en la futura ley se incluirán prácticamente todas las ramas: desde la alimentación, el textil, el papel y las artes gráficas, hasta la industria química (donde incluye los productos farmacéuticos) a la metalurgia y la automoción, con la reparación de maquinaria incluida.

En lo referido a la energía y el medio ambiente, además de la cuestión del biometano, actualmente pendiente de un decreto de regulación específico, la futura normativa contempla como estratégicas las inversiones relacionadas con el suministro eléctrico y la gestión de residuos. En este último caso, se refiere específicamente a la reutilización, reciclaje de textil, reciclaje químico, extracción de materias primas fundamentales y actividades innovadoras que eviten el envío de residuos al vertedero.

Uno de los apartados más amplios del borrador es el dedicado a la “construcción residencial”. La futura ley permitirá que proyectos relacionados con la vivienda sean declarados “estratégicos”, mencionando específicamente la construcción de edificios residenciales. Y más concretamente, de “carácter social”. ¿A qué se refiere? El borrador pone un énfasis significativo en la construcción de diversos modelos de alojamiento diseñados para colectivos específicos, considerándolos “sectores clave” para el desarrollo regional.

Por ejemplo, en el caso de residencias para personas mayores, se dará prioridad a aquellas ubicadas en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, y también a las ampliaciones que ofrezcan servicios de cercanía (comida a domicilio, fisioterapia, podología) para “ayudar a las personas dependientes a permanecer en su entorno”.

De “unidades de convivencia” a personas con discapacidad

También incorpora otros modelos alternativos: se incluyen las “actividades residenciales con pequeñas unidades de convivencia”, que buscan ser una alternativa a los grandes centros para “facilitar la integración en entornos sociales habituales con atención profesionalizada”.

Esa catalogación de inversión estratégica de la futura ley también se dará a centros como los de atención residencial especializada o diurna para personas con discapacidad, y a los dedicados a servicios sociales con alojamiento

Finalmente, otros proyectos que podrán acogerse a la ley se agrupan en torno al área de la logística, la comunicación y la informática: producción cinematográfica, vídeo, televisión, radio, programación, consultoría de datos, turismo, hostelería, artesanía y actividades artísticas, deportivos y de entretenimiento.

Ahora bien, para que estas actividades reciban la declaración de “estratégicas” deben cumplir los requisitos generales de generación de empleo indefinido y volumen de inversión mínimo que establece el propio borrador, y que varían dependiendo de la población del municipio donde se instalen.

En cuanto a los requisitos de empleo, el anteproyecto establece que cualquier proyecto debe crear puestos de trabajo de carácter indefinido a jornada completa (o su equivalente en jornadas parciales) en un plazo máximo de tres años tras obtener las autorizaciones de puesta en marcha.

Los umbrales mínimos según la población son: en localidades de más de 30.000 habitantes, al menos 30 puestos de trabajo; entre 20.001 y 30.000 habitantes, 20 puestos de trabajo; entre 10.001 y 20.000 habitantes, 15 puestos de trabajo; entre 5.001 y 10.000 habitantes, 10 puestos de trabajo; y en localidades con población igual o inferior a 5.000 habitantes, 5 puestos de trabajo.

Sobre la inversión, la ley exigirá que se realice en “activos fijos” en un plazo inferior a tres años desde la autorización de puesta en marcha, también con umbrales mínimos según la población. Al menos 10 millones de euros en municipios de más de 30.000 habitantes; 7,5 millones en el umbral entre los 20.001 y 30.000 habitantes; cinco millones de euros en localidades de entre 10.001 y 20.000 habitantes; tres millones de euros cuando el pueblo tenga 5.001 y 10.000 habitantes; y al menos un millón de euros en municipios con una población igual o inferior a 5.000 habitantes.

No obstante, hay algunas excepciones. En las zonas despobladas, los umbrales de empleo e inversión mencionados se reducen a la mitad. Además, hay una “cláusula de excepcionalidad”: el Consejo de Gobierno puede declarar estratégica una inversión que no cumpla los mínimos de empleo o inversión si el proyecto tiene un “impacto relevante” por “su carácter innovador, su capacidad de generar cadenas de valor o su desarrollo tecnológico”.

Finalmente, para que se considere inversión estratégica, el borrador obliga a la promotora a mantener la actividad y los niveles de empleo e inversión durante un periodo mínimo de tres años, debe ser viable técnica y financieramente, y no debe tener prohibiciones para contratar con el sector público o recibir subvenciones.

El precio de la vivienda nueva en Castilla-La Mancha cerró el primer semestre de 2026 con un incremento interanual del 5,1%, según el último Informe de Tendencias de Vivienda Nueva de Grupo ST, que incluye datos a junio de 2026. Esta evolución se sitúa por debajo de la media nacional, establecida en 9,7%, aunque confirma la tendencia alcista del mercado residencial castellanomanchego.

El valor medio en la Comunidad se establece en 1.736 €/m², muy por debajo de la media nacional (3.458 €/m²). Por capitales de provincia, aquella con el precio más elevado es Guadalajara (1.990 €/m²), seguida de Toledo (1.875 €/m²), Albacete (1.764 €/m²), Cuenca (1.507 €/m²) y Ciudad Real (1.416 €/m²).

Alcázar de San Juan registra la mayor subida de precio

De los catorce municipios analizados a junio de 2026, las mayores subidas se observan en Alcázar de San Juan (+7,2%), Talavera de la Reina (+6,8%), Toledo (+5,8%), Albacete (+5,4%) y Guadalajara (+5,2%). Por su parte, Puertollano, Tomelloso, Valdepeña, Molina de Aragón, Mora y Torrijos son los seis municipios que en los que no hay variación interanual.

Los datos determinan que los precios por metro cuadrado más elevados se registran en Guadalajara (1.990 €/m²), Toledo (1.857 €/m²) y Albacete (1.764 €/m²). Por su parte, los valores más bajos corresponden a Puertollano (966 €/m²), Daimiel (1.000 €/m²), Alcázar de San Juan (1.200 €/m²) y Ciudad Real (1.416 €/m²).

Pese a los precios, el Índice de Esfuerzo Inmobiliario, que representa el tiempo que un individuo necesita ahorrar su sueldo íntegro para la adquisición de una vivienda de tipo medio, se ha establecido en Castilla-La Mancha en 5,4 años a cierre del segundo trimestre de 2026, por debajo de la media nacional, situada en 7,8 años.

Castilla-La Mancha presenta el cuarto menor nivel de esfuerzo inmobiliario entre las comunidades autónomas. El indicador registra un incremento interanual del 1,2%.

Por su parte, el Índice de Accesibilidad —que mide el equilibrio entre el precio de la vivienda y la capacidad de endeudamiento adecuada— se sitúa en Castilla-La Mancha en 123 puntos, por encima del umbral de 100 que marca el equilibrio recomendable y de la media nacional, posicionada en 83.

La comunidad presenta el cuarto valor más elevado de España y forma parte de las ocho autonomías en las que un ciudadano con salario medio puede acceder a una vivienda estándar sin superar el nivel de endeudamiento aconsejable. En términos interanuales, el Índice de Accesibilidad desciende un 3,1% en Castilla-La Mancha.

“El deterioro de la accesibilidad no responde a un único factor. La combinación de precios más elevados, tipos de interés en niveles algo más restrictivos y mayores necesidades de ahorro previo está limitando la capacidad de compra de una parte de la demanda potencial”, apunta el delegado general de Grupo ST en Castilla la Mancha, César Jiménez.

El optimismo sigue siendo generalizado en el conjunto del país, aunque el indicador refleja un ligero ajuste en el conjunto del mercado. El Índice de Confianza Inmobiliario se situó en Castilla-La Mancha en 55,2 puntos sobre 100 en el segundo trimestre de 2026, por encima del umbral de equilibrio, establecido en 50 puntos, aunque por debajo de la media nacional, situada en 58.

El dato confirma que la percepción del mercado residencial castellanomanchego se mantiene en terreno positivo y registra una variación interanual del +1,5%.

El desajuste entre la construcción residencial y las necesidades de vivienda

El Informe de Vivienda Nueva de Grupo ST sitúa el origen del problema residencial español en el desajuste entre la producción residencial y las necesidades de vivienda. Pese a la reactivación de la actividad promotora en España —con incrementos relevantes en los visados de obra nueva a comienzos de 2026—, la oferta sigue limitada por la disponibilidad de suelo finalista, los extensos plazos urbanísticos, los costes y las dificultades de financiación del suelo.

Entre estos factores, el documento destaca que el coste medio de construcción de las promociones residenciales de obra nueva iniciadas alcanzó los 1.451 €/m² en el segundo trimestre de 2026, un 11,2% más que un año antes y un nuevo máximo de la serie histórica.

Frente a la tensión de precios y costes, los datos de Grupo ST confirman que la obra nueva mejora en sostenibilidad. Las promociones iniciadas en el primer semestre de 2026 registran unas emisiones medias de 2,98 kg CO₂/m² año y un consumo de energía primaria no renovable de 16,87 kWh/m² año, mínimos históricos de la serie (un 18,1% y un 11,2% inferiores, respectivamente, al semestre anterior).

Además, la calificación energética A se consolida como el estándar dominante en la obra nueva residencial: el 92% de las promociones arrancadas en 2026 obtiene calificación A en emisiones y el 88% alcanza esa misma calificación en consumo.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 3,1% en Castilla-La Mancha en junio en tasa interanual, dos décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato de junio es el más bajo registrado en Castilla-La Mancha desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en Castilla-La Mancha aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,3%.

Donde más subieron los precios en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,6% más que en junio de 2025 (3 puntos más respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); transporte, un 5,4% más (2,1 puntos menos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,7% más (0,1 puntos menos) y seguros y servicios financieros, un 3,5% más (1,5 puntos menos).

En el lado contrario, dónde más moderadas se registraron las subidas fue en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,9% (0,5 puntos más respecto a la tasa del mes precedente); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1% (0,4 puntos menos); actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,5% (0,6 puntos menos) y vestido y calzado, un 1,5% (0,5 puntos menos).

Desaparición de la medidas fiscales sobre la energía

El INE explica que en el comportamiento de la inflación de junio tiró al alza la vivienda, principalmente por el incremento de los precios de la electricidad y del gas, hecho que se justifica por la desaparición de las medidas fiscales sobre la energía que el Gobierno inició el pasado 1 de junio.

En concreto, en lo que respecta a las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, a partir del 1 de junio se inició la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Por el contrario, tiraron a la baja los precios del transporte debido a la caída de los combustibles.

Hace unos días leíamos una noticia más sobre la posibilidad de pasar el suelo terciario de la zona de contacto a vivienda, tema que viene gestándose entre administraciones desde hace tiempo. No me puedo imaginar qué puede haber detrás de este interés del ayuntamiento que, además, parece ser refrendado por las demás administraciones, en construir vivienda en este inhóspito lugar.

¿Por qué tanto interés en hacer vivienda en este disparatado lugar? ¿Alguien ha pensado la pesadilla de los miembros de una familia para salir de este fondo de saco varias veces al día? ¿Qué pintan ahí aisladas un pequeño número de viviendas? ¿A nadie se le ha ocurrido intercambiar el suelo de la quinta fase del Polígono (zona de consejerías y centros tecnológicos destinado a centros oficiales) por el de la zona de contacto, por ejemplo? Es pedir peras al olmo a los pensantes de nuestras administraciones. Son sus inescrutables pensamientos sobre urbanismo y vivienda.

Pero, sobre todo, qué necesidad hay de situar ahí esas viviendas, cuando en el Polígono hay suelo para otras cuatro mil. Eso más las eternamente proyectadas 316 que en los últimos días ha sido vallada la parcela, anunciadas el 8 de febrero de 2024, o las promociones de las 126 y 86 de alquiler 'asequible'. Qué ironía y buen negocio privado, viviendas que ya deberían estar entregadas en este pasado mes de junio. Al igual que con las 86 a medio de acabar desde hace trece años, así es de eficaz la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ante la falta de vivienda.

Todo esto es solo la punta del iceberg de la lentitud y los disparates de las administraciones. Por otra parte, seguimos leyendo constantes y diversas noticias sobre el nuevo disloque urbanístico proyectado en un POM tras otro. Así José Ramón de la Cal y Jesús Carrobles, de la Real Fundación de Toledo, nos decían que “parece que estamos dispuestos a cometer los mismos errores para los mismos problemas: una estructura urbana inconsistente, un tejido urbano asocial, con tipos edificatorios obsoletos, de tamaño desmesurado, de calles carretera”.

El informe 'Vivienda y Bienestar', publicado por CCOO, dibuja un escenario marcado por contrastes: crecimiento sostenido del parque inmobiliario, pero también un elevado volumen de viviendas vacías y un acceso desigual al mercado residencial

La asociación vecinal 'El Tajo' viene exigiendo desde enero de 2018 que la Junta no se desentienda de las viviendas sociales, en tanto que las ha abandonado y se vanagloria de ello, diciendo que no son buenos caseros.

En los últimos días, el ayuntamiento ha promovido la enésima reunión para debatir sobre vivienda, asimismo se ha realizado varios estudios sobre vivienda, pero no sirve para nada el estudio del estudio y nuevo estudio, hace falta realidades y pasar a la acción.

Por todo lo anterior, hay poco de esperar de las administraciones, que, además de hacer mucho ruido y vanagloriarse de naderías, podrían hacer muchísimo más que poner nuevamente el futuro de la vivienda en manos privadas a través del 'gran invento' de lo público-privado.

Llegados a la situación actual, y sabiendo el proceder de las administraciones y sus sinrazones, deberíamos pensar si los que necesitan vivienda y quienes realmente les apoyan pueden aportar alguna solución para paliar la situación. Defender la vivienda como derecho esencial no puede quedarse en reclamar vivienda de alquiler -ya vemos su 'asequibilidad'-, poco esfuerzo y prisas de las administraciones. La pregunta a estas alturas es si quien de verdad defiende la vivienda y quien la necesita pueden hacer algo. Personalmente, pienso que sí hay resquicios. Lo expuse en artículos anteriores, pero habría que cambiar el paso en algunos planteamientos, no podemos quedarnos únicamente en que hay muchas viviendas vacías. Con lo que tenemos, con lo que nos puede venir sabiendo que la propiedad privada también está en nuestra Constitución y que por más que pudiera gravarse la vivienda cerrada no resolverá el problema.

Debemos pensar sobre qué tipo de vivienda necesitamos, sobre el número de personas que viven solas o en pareja sin hijos, sobre datos de personas que viven en habitaciones en pisos compartidos. No caer en la necedad de la administración, antes solo construían viviendas de 60-70 metros cuadrados, después todas de 90, y ahora volvemos al todo 70 metros… Todos los datos están ahí y la superficie de la vivienda debe ser diversa.

Hay que ver qué se necesita para 'oxigenar' algo la situación; cómo paliar el problema a plazo inmediato, corto, medio y largo, conjugando todo de forma planificada. Por ejemplo, en el Polígono en un plazo de 10-15 años comenzará a haber viviendas libres, es decir, vacías.

Sí, hay resquicios, hay posibilidades aunque sean escasas, pero hay que contar con las personas que necesitan una vivienda, reunirlas, planificar con ellas. En definitiva, si seguimos solo en el reclamar lo que debería ser y deberían hacer las administraciones ya estamos viendo lo que pasa. Hay que pasar a debatir qué podemos hacer con lo que hay a nuestro alcance, con la legislación vigente, con las normativas, ayudas... Ya se sabe ese dicho “no esperes que te traigan a tu puerta la cabeza de tu enemigo”.

La vivienda es una competencia autonómica según el artículo 148 de la Constitución, pero Castilla-La Mancha y Madrid son las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Asturias, Cantabria y Aragón que también carecían de leyes tienen proyectos en trámite parlamentario ya muy avanzados.

En Castilla-La Mancha únicamente contamos con la Ley 2/2002, de 7 de febrero, por la que se establecen y regulan las diversas modalidades de viviendas de protección pública.

En 2011, a pocos meses de las elecciones, el PSOE aprobó en las Cortes la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de garantías en el acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha. Era una ley muy avanzada sobre el papel, dado que se garantizaba una vivienda pública a quienes reuniesen condiciones para inscribirse en un registro regional de demandantes. Con el cambio de gobierno no llegó a aplicarse y en 2012 el PP la derogó.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, de 2015 a 2019, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el anteproyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, se sometió a un periodo de información pública (enero de 2018), pero finalmente no se tramitó en las Cortes regionales.

Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma y para favorecer el acceso a la vivienda. Planteaba el fomento del alquiler privado con incentivos, la penalización de viviendas vacías, los registros de demandantes, la movilización de las viviendas ociosas en manos de grandes propietarios, etc. Además devolvía a los ayuntamientos de la región la competencia en esta materia, que eliminó la última reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Esa falta de competencia de los ayuntamientos, limitada por ahora a la promoción de vivienda con protección pública con “criterios de sostenibilidad financera” en la redacción actual de la Ley de Bases, condiciona poner en marcha planes locales de vivienda coordinados con los planes urbanísticos para atender la demanda.

El propio Gobierno regional anunció en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y no ha habido avances

En la legislatura siguiente pareció recuperarse la iniciativa con la creación de un grupo de trabajo en 2019 pero no hubo avances y se optó por dar prioridad al problema de la ocupación, proponiendo medidas al Gobierno central. Si bien la ocupación era en esos momentos un problema con impacto mediático y que creaba inseguridad y rédito político, lo cierto es que numéricamente era y es un fenómeno anécdotico y mayoritariamente circunscrito a promociones abandonadas, propiedad de empresas quebradas, bancos o fondos de inversión, muy localizadas en pocos municipios. Es cierto que podía haber mafias detrás y falta de agilidad en la respuesta, pero el gobierno autonómico tiene limitaciones competenciales para afrontar este problema.

En la legislatura actual el propio Gobierno regional anunció en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y no ha habido avances. De hecho, en la mencionada web, este compromiso aparece con tan solo un 5% de objetivo cumplido.

Lo cierto es que Castilla-La Mancha se está quedando atrás mientras en otras comunidades se legisla para reconocer el derecho subjetivo a la vivienda, penalizan la especulación de los grandes tenedores, se buscan nuevas fórmulas para promover vivienda asequible o para limitar la subida del precio del alquiler.

Una ley de vivienda regional además de incluir esos aspectos debería prever mecanismos para la declaración de áreas residenciales tensionadas, con datos que proporcione un observatorio público y medidas para corregir el alza de precios del alquiler, limitar los cambios de uso residencial a turístico, crear un registro de demandantes de vivienda protegida eficaz para conocer la demanda y facilitar las adjudicaciones, garantizar la permanencia de la protección pública de las viviendas o el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en sus transmisiones, entre otras cuestiones.

Guadalajara tendrá 234 viviendas de Precio Tasado (VPT) en las parcelas RC1 y RC3 del sector 'Aguas Vivas Ampliación'. Al menos es la intención de la cooperativa Greenhabitat que hoy ha celebrado el acto simbólico de colocación de la 'primera piedra' de la futura promoción.

La cooperativa Greenhabitat está gestionada por Grupo NiDra, compañía especializada en proyectos residenciales. Además de esta prooción también gestiona en el mismo ámbito las promociones de las cooperativas Greenhabitat Guadalajara de 106 viviendas, con obras en fase avanzada, y Greenhabitat Las Encinas de 110 viviendas, en fase inicial. Las tres cooperativas fueron adjudicatarias de sus parcelas por parte de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) -ahora es Casa 47- y que era la anterior propietaria de los terrenos. En todas estas promociones las viviendas se distribuyen en urbanizaciones cerradas con amplias zonas comunes ajardinadas y piscina.

Enrique Batanero, presidente del Consejo Rector de Greenhabitat, S.Coop, “para los socios de Greenhabitat, hoy empieza a hacerse realidad el acceso a una vivienda asequible y de calidad en su ciudad. Este es el resultado de un trabajo colectivo que merece celebrarse.”

“Guadalajara es una ciudad que cada día eligen más personas para vivir, y la escasez de suelo residencial se traduce en una enorme falta de oferta. La vivienda es la prioridad de este Ayuntamiento: ya hemos impulsado más de 1.600 viviendas protegidas, y una de cada tres viviendas, es vivienda protegida. El modelo cooperativo, basado en la participación, la confianza y la cooperación, pone a las personas en el centro y eso es exactamente lo que necesitamos”, ha manifestado Ana Guarinos, alcaldesa de Guadalajara.

“El cooperativismo encarna los valores de la democracia: participación, responsabilidad y gestión compartida y da respuesta a la mayor preocupación de los ciudadanos hoy: la vivienda”, ha apuntado Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha. “La solución pasa por más oferta, y Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que está poniendo en marcha fondos para impulsar promociones con protección pública, sin esperar a otros. Guadalajara tiene la sana ambición de seguir creciendo de forma razonable y sostenible, y lo vamos a hacer de la mano del sector privado”, añade.

La actividad actual de NiDra supera las 1.000 viviendas. Entre sus próximos proyectos figura la gestión de nuevas promociones en Brunete (Madrid), con aproximadamente 300 viviendas en régimen libre.

Esta empresa fue fundada tras la COVID-19, en 2021, y está especializada en la gestión integral de cooperativas de viviendas y en la promoción de vivienda protegida y libre. Opera en la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha con una cartera activa de más de 1.000 viviendas.

Cáritas Regional de Castilla-La Mancha ha presentado su Memoria Institucional 2025. El documento atestigua un contexto de “cronificación” de la exclusión social en la comunidad autónoma y pone el acento en la relevancia de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Por ello, esta entidad lanza una invitación a toda la sociedad para sumar fuerzas y estrategias orientadas a “proteger la dignidad de las personas más vulnerables”.

Durante el año 2025, la acción de Cáritas benefició directamente a un total de 52.252 personas en Castilla-La Mancha. Asimismo, su labor en cooperación internacional llegó a 15.204 personas en 14 países, en un escenario global “complejo” marcado por conflictos armados y crisis alimentarias.

Los datos los han presentado Ángel Román Idígoras, obispo de Albacete y obispo acompañante de Cáritas regional; Rosa García Fernández de Sevilla, presidenta de la entidad; y Amador Casquero Fernández, coordinador regional. Todos han coincidido en que las cifras desvelan “una radiografía social preocupante”, que coincide con las “alarmantes” conclusiones del IX Informe FOESSA en Castilla-La Mancha, que constata que la exclusión social afecta ya al 20% de la población regional.

El informe subraya que el sistema actual presenta “fallas estructurales”, dado que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan de forma autónoma estrategias de inclusión “sin lograr salir de ella”, confirmando que “disponer de un empleo ya no es garantía para evitar la vulnerabilidad”.

Vivienda, migraciones y empleo

El análisis de Cáritas identifica la vivienda como el “epicentro de la desigualdad”, afectando al 22% de la población de la región debido a alquileres “inasumibles o infravivienda”. “El empleo precario y las trabas administrativas cronifican la pobreza, afectando con dureza a los jóvenes y a la población migrante”, agrega.

De hecho, el perfil de atención de la Memoria 2025 muestra que el 58% de las personas beneficiadas fueron extranjeras frente al 42% de nacionalidad española.

Rosa García ha destacado que un tiempo “marcado por discursos de odio”, es necesario “reorientar el corazón hacia la fraternidad humana y visibilizar los gestos que generan esperanza” porque “la transformación social es una tarea colectiva”.

Toda esta labor de acompañamiento e inserción social supuso una inversión total de 23.494.830 euros en 2025. El modelo de financiación de Cáritas en Castilla-La Mancha regional mantiene su “independencia y fuerte arraigo social”: el 58% de los fondos fueron propios y privados (procedentes de donaciones y recursos institucionales), mientras que el 42% restante provino de subvenciones y convenios con las distintas administraciones públicas (local, provincial, regional y estatal).

Este despliegue económico y social fue posible gracias al “motor humano” de la organización, que en 2025 contó con 3.979 personas voluntarias, 419 técnicos contratados, 2.301 socios y 7.234 donantes, además del apoyo clave de los sacerdotes de la red de Cáritas Parroquiales.

Por su parte, el obispo de Albacete ha recordado que Cáritas es “la propia Iglesia en acción” y ha elogiado la entrega de todos sus agentes: “La construcción del bien requiere de hombres y mujeres que en nuestro día a día se convierten en verdaderos 'mártires de lo cotidiano': personas que escuchan, que cuidan y consuelan con discreción”.

Por su parte, Amador Casquero ha puesto el acento en que “detrás de cada estadística hay una historia única” y ha desglosado el número de personas atendidas por programas específicos durante el pasado ejercicio.

Ante esta realidad “multidimensional”, la entidad urge a las administraciones y al tejido social a afrontar “de manera prioritaria” retos como el acceso a la vivienda social, el impulso al empleo inclusivo, el refuerzo de los sistemas de garantía de ingresos y la regularización e integración de las personas migrantes.

También urgen a la mejora de los cuidados a mayores, el combate contra la despoblación en el mundo rural, la equidad educativa, el blindaje de la sanidad (especialmente la salud mental), el fortalecimiento de la cooperación internacional y una mejor respuesta ante emergencias civiles.

Castilla-La Mancha es de las comunidades autónomas que suele registrar las temperaturas más elevadas del país en olas de calor durante el verano. Los refugios climáticos con una opción para aquellas personas que necesitan de espacios donde protegerse, bien durante su tiempo de trabajo al aire libre, bien para poder salir a la calle y no sufrir los estragos del calor.

Greenpeace acaba de advertir que, pese al aumento de las muertes por calor, solo una de cada tres capitales españolas tiene refugios climáticos. Y en el interior del país, señala a Castilla-La Mancha destacan por la “ausencia total” de estos espacios en las principales ciudades. De hecho, ya el año pasado también lo apuntó así.

La organización no solo alerta del estancamiento en cuanto al número de espacios públicos para protegerse de las altas temperaturas, sino de las “graves carencias que impiden que muchos refugios actuales sean efectivos”.

“El verano que conocíamos ya no existe. El calor es un problema de salud pública que cada año mata en España a miles de personas y no estamos respondiendo a la velocidad que el cambio climático nos impone, ni para frenarlo ni para adaptarnos a sus impactos”, ha advertido Elvira Jiménez, responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace.

La entidad considera que los refugios climáticos son una “medida efectiva a corto plazo para proteger a las personas del calor extremo” y, sin embargo, el balance con respecto a 2025 es “desolador”. “Casi el 70% de las capitales de provincia volverán a dejar a las personas más vulnerables sin protección ante un verano al rojo vivo”.

De hecho, a las puertas de un nuevo episodio de calor extremo, el avance en cuanto a su implantación se encuentra “casi congelado” respecto a 2025“, según la asociación ecologista, y frente a las 16 capitales con refugios detectados el año pasado, actualmente son 19 las que cuentan con estos servicios.

Efectivamente, según los indicadores que analiza Greenpeace, no hay refugios climáticos catalogados como tales por parte de las administraciones públicas, pero sí que hay opciones.

Un ejemplo reciente es la medida adoptada por el sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla-La Mancha, que ha habilitado todas sus sedes de la región como “refugios climáticos para trabajadores” que desarrollan su labor profesional en la vía pública y no tienen un espacio donde protegerse del calor en los tiempos de descanso.

Una exigencia para las empresas

Esta iniciativa va dirigida especialmente a profesionales de la jardinería, mantenimiento de carreteras, limpieza viaria, recogida de residuos, servicios forestales, de reparto y también del sector agrícola. Así lo anunció Raquel Payo, secretaria de Diálogo Social y Salud Laboral del sindicato, quien además exigió a las empresas que implanten medidas contra las temperaturas extremas, ya que “el calor mata y enferma”.

A nivel local, en la ciudad de Toledo, por ejemplo, no existe una red oficial, pero existen algunas alternativas. El Museo Sefardí suele habilitar sus espacios refugio climático en verano. Y también hay entornos naturales con mucha sombra y junto al río Tajo que ayudan a disminuir la temperatura, al igual que otros espacios con aire acondicionado como las bibliotecas públicas.

En Guadalajara, tampoco hay una red oficial, pero sí estructuras urbanas para proteger del calor extremo. Son las denominadas “corolas bioclimáticas”, sombrillas inteligentes que generan sombra y reducen la radiación solar. Están situadas en puntos de mucho tránsito como el zoo, la calle Alfonso López de Haro, la Plaza del Jardinillo y la Plaza Mártires Carmelitas.

En Cuenca, hay iniciativas puntuales como el Centro Cultural Pedro Mercedes, que ofrece zonas sostenibles con sombra y vegetación, pero, efectivamente tampoco hay una implantación de refugios, más allá de las zonas verdes y espacios públicos con aire acondicionado.

Es el mismo caso de Ciudad Real. No hay una red oficial, pero el Ayuntamiento activa cada verano un centro de acogida temporal destinado específicamente a personas sin techo durante los episodios de altas temperaturas o planes de protección. De igual forma, hay espacios con abundante sombra y árboles, como el Parque de Gasset, para mitigar las altas temperaturas.

¿Son eficaces estas opciones? Greenpeace recuerda que “no basta simplemente con etiquetar un espacio como refugio climático”. Deben ser efectivos en cuanto a su disponibilidad y accesibilidad para que los puedan utilizar las personas más vulnerables que no encuentran alivio en sus hogares“.

España necesita trabajadores y trabajadoras. Nuestra provincia también. La agricultura, la construcción, los cuidados, la hostelería o la logística dependen, en gran medida, del esfuerzo de miles de personas migrantes que sostienen sectores estratégicos de nuestra economía. Sin embargo, seguimos aceptando una contradicción que no puede normalizarse.

Defendemos la regularización administrativa porque nadie debe vivir en la clandestinidad, sin derechos y expuesto a la explotación. Pero la regularización, por sí sola, no resolverá la realidad cotidiana de miles de personas si permitimos que continúen viviendo en condiciones indignas, hacinadas y sometidas a las mafias que hacen negocio con la necesidad humana.

No podemos mirar hacia otro lado.

En demasiados municipios, una cama compartida cuesta lo que hace unos años valía el alquiler de un piso. Viviendas sin condiciones mínimas de habitabilidad se alquilan a precios abusivos. Habitaciones donde conviven diez o quince personas. Garajes, naves o infraviviendas convertidas en negocio para quienes saben que la desesperación no permite elegir.

Esta realidad no solo vulnera el derecho constitucional a una vivienda digna. También alimenta un modelo laboral basado en la precariedad. Porque quien depende de un empresario para conservar el empleo y de un intermediario para conservar un techo tiene mucha más dificultad para denunciar abusos, exigir el cumplimiento del convenio colectivo o reclamar salarios justos.

La explotación laboral y la explotación residencial forman parte del mismo problema.

Desde UGT llevamos años defendiendo que el acceso a la vivienda debe convertirse en un verdadero derecho garantizado por los poderes públicos y no en un privilegio reservado para quien pueda pagarlo. El sindicato reclama reforzar las políticas públicas de vivienda, ampliar el parque de alquiler asequible y combatir la especulación inmobiliaria porque considera que el acceso a una vivienda digna es una condición indispensable para una vida y un trabajo dignos.

Quienes intentan enfrentar a trabajadores españoles y trabajadores migrantes se equivocan de adversario. El problema no es quien viene a trabajar y contribuir con su esfuerzo. El problema son quienes obtienen beneficios de la vulnerabilidad ajena: quienes pagan salarios miserables, quienes incumplen la legislación laboral y quienes convierten la vivienda en un negocio sin límites.

No tiene sentido impulsar procesos de regularización si después consentimos que esas mismas personas sigan atrapadas en redes de explotación residencial. No podemos permitir que una persona obtenga un permiso de residencia y continúe pagando cantidades desorbitadas por una cama en una vivienda insalubre mientras otros se enriquecen.

La integración comienza por garantizar derechos efectivos. Un contrato de trabajo digno necesita una vivienda digna. Una sociedad cohesionada necesita barrios donde nadie tenga que esconderse para vivir. Y una economía fuerte no puede sostenerse sobre trabajadores pobres.

Las administraciones públicas deben actuar con mayor contundencia. Es necesario perseguir el fraude en los alquileres, reforzar la inspección sobre las condiciones de habitabilidad, aumentar la oferta de vivienda pública y coordinar las políticas de empleo, vivienda y servicios sociales. Del mismo modo que existe una Inspección de Trabajo que combate la explotación laboral, debe existir una respuesta firme frente a quienes comercian con la necesidad de tener un techo.

Como sindicato seguiremos defendiendo la regularización de las personas migrantes porque es una cuestión de derechos humanos, de justicia social y de dignidad laboral. Pero también exigiremos que esa regularización vaya acompañada de políticas públicas que impidan que la explotación simplemente cambie de escenario.

Porque regularizar personas mientras permitimos que las mafias de la vivienda sigan haciendo negocio con ellas no es una solución. Es trasladar la injusticia de un ámbito a otro.

La dignidad no termina cuando acaba la jornada laboral. También empieza al cerrar la puerta de casa.

Castilla-La Mancha va a ser una de las comunidades autónomas más beneficiadas por el contrato de servicios que Casa 47, la empresa estatal de vivienda y suelo, ha adjudicado para la gestión integral del arrendamiento del parque estatal de vivienda. Concretamente, en esta región gestionará 1.383 viviendas de alquiler asequible con un horizonte de dos años.

Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han informado a este periódico que todavía se desconocen cuáles son los inmuebles de titularidad estatal que formarán parte de este lote, pero sí han precisado su reparto provincial.

La provincia de Toledo será la más beneficiada, con un total de 844 viviendas; seguida de Guadalajara, con 324; Ciudad Real, con 134; Cuenca, con 29; y Albacete, con 22.     

Se da la circunstancia de que el alquiler asequible es una de las principales demandas en esta comunidad autónoma, especialmente en zonas limítrofes con la Comunidad de Madrid, como la comarca de la Sagra, en Toledo, y el Corredor del Henares, en Guadalajara.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto el acento en varias ocasiones en la necesidad de impulsar el arrendamiento a precios bajos, y es una de las medidas contempladas en su Plan de Acción por la Vivienda. De hecho, ha lanzado ya una nueva convocatoria de ayudas al alquiler con un presupuesto total de cinco millones de euros, destinadas a ayudar a las personas y familias a pagar su vivienda habitual.

Un parque público estatal de alquiler asequible

Las medidas autonómicas vienen ahora impulsadas por Casa 47. Esta nueva entidad estatal de vivienda y suelo (anteriormente conocida como SEPES) se aprobó el pasado mes de diciembre para gestionar el parque público de alquiler asequible. Su nombre hace referencia al artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna.

Los precios de los alquileres se fijan en función de lo que la ciudadanía puede pagar, estableciendo un límite máximo: nunca superarán el 30% de la renta media del hogar de la zona. Según el Ministerio, los contratos ofrecen “gran estabilidad”, pudiendo durar hasta 75 años, articulados en una primera fase de 14 años y prórrogas automáticas posteriores.

Básicamente, está orientada a la clase media y trabajadora, específicamente a personas cuyos ingresos anuales se sitúan entre 2 y 7,5 veces el IPREM (aproximadamente entre 16.800 y 63.000 euros anuales).

La entidad asume el control de todo el ciclo residencial: desde la disposición y urbanización del suelo hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de los arrendamientos. Las viviendas construidas o adquiridas se mantendrán siempre dentro del parque estatal público, evitando así la especulación.

“El proyecto viene a dar respuesta a la prioridad para el Gobierno de conformar un parque público de vivienda que combata a lo público para garantizar el derecho”, dijo entonces la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

El contrato hecho público ahora por la entidad estatal se ha adjudicado por un importe de 56 millones de euros. Está dividido en cuatro lotes, adjudicados a dos uniones temporales de empresas (UTE) distintas, en un modelo que “prioriza los criterios técnicos en la gestión residencial y el compromiso social sobre los criterios estrictamente económicos”.

¿Qué empresas conforman la UTE del nuevo contrato?

La UTE formada por Emerald Impact, Guinot Prunera, Ingeus y Fantastic 4 Real State ha logrado los lotes 1, de Asturias y Galicia, por 7,7 millones de euros; y 4, que conforman Catalunya, Navarra y Euskadi, con un montante total de 9,98 millones de euros, lo que sitúa el importe total en los 17,68 millones de euros.

La otra unión temporal, gestionada por Serveo Servicios y Factoría Gestión y Consultoría, se ha adjudicado el lote de la Comunitat Valenciana y Murcia, por 16,32 millones de euros, y el de Andalucía, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, por 22,12 millones, lo que eleva el total de ambas a 38,44 millones.

La cartera de Casa 47 se nutre de la construcción propia y de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior; o del 'banco malo' o Sareb, que traspasará 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas.

La subida del precio de la vivienda no da tregua en Castilla-La Mancha. La región registra uno de los mayores aumentos de España, con un 20,3% de incremento interanual, mientras Toledo y Albacete son las provincias con mayores encarecimientos del país.

Según el informe 'Imie mercados locales' realizado por Tinsa, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en la que más aumentó el coste de estos inmuebles en el segundo trimestre de 2026. Por su parte, la provincia de Toledo lidera este ascenso en precios a nivel nacional, con un 24,8 por ciento de subida, y en segunda posición se coloca la de Albacete, con un crecimiento del 21,1 por ciento. En cuanto a capitales, Albacete, con un ascenso del 23,5 %, encabeza el ranking a nivel nacional.

En este segundo trimestre de 2026, Talavera de la Reina (Toledo), con un crecimiento del 20,7%, se encuentra entre las ubicaciones que han registrado mayores aumentos de precio, por encima del 20 % nominal, junto a Torrejón de Ardoz (+32,6 %) en Madrid, Viladecans (+26,7 %) en Barcelona, Sagunto (+23,1 %) en Valencia. Se trata de municipios de áreas metropolitanas o municipios costeros con fuerte presión poblacional y del turismo.

En cuanto al análisis por comunidades autónomas, la mayoría han incrementado el precio de la vivienda nueva y usada por encima del 10%, registrando las mayores subidas en la Comunidad Valenciana (20,7%), Castilla-La Mancha (20,3%), Canarias y Cantabria (18,2%) y Región de Murcia (18,1%).

Por provincias, Tinsa señala que siguen sosteniendo “fuertes aumentos” en los precios de forma generalizada, con variaciones interanuales este trimestre entre 0,8% y 24,8%.

Además, se ha mantenido el número de provincias, registrando 10 con incrementos superiores al 10% en el último año, encabezadas por Toledo (+24,8%), Albacete (+21,1%), Guipúzcoa (+20,8%), Valencia (20,7%) y Alicante (+20,7%).

Finalmente, el estudio revela que, en 34 de las 52 capitales españolas se ha superado el 10% de variación interanual (30 en el trimestre anterior), registrando los mayores incrementos en Albacete (+23,5%), Soria (+23,4%) ,Pontevedra (+19,3%), Santander (+18,1%) y Santa Cruz de Tenerife (+18,0%).

Cerca del máximo histórico

A nivel nacional, se ha mantenido la tendencia alcista en el segundo trimestre de 2026, al registrar un avance trimestral del 3,7%, situando el incremento en el último año en un 15,2%.

En este sentido, los datos confirman que se trata de la “mayor tasa interanual” desde el tercer trimestre de 2006 y es 11,8 puntos superior al nivel de inflación general de la economía.

Asimismo, el crecimiento interanual del precio de la vivienda nueva y usada se ha intensificado cada trimestre de forma ininterrumpida desde el cuarto trimestre de 2024, de acuerdo con las cifras de Tinsa.

Actualmente, el valor medio en España se aproxima al máximo histórico en términos nominales (-0,7%), aunque, si se descuenta el efecto de la inflación acumulada para hacer comparables ambos periodos, la vivienda está un 33% por debajo del máximo de serie histórica en términos reales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha remarca que la política de vivienda “es una prioridad” y que por ello va a dedicar 135 millones de euros en los próximos cuatro años a generar más oferta a través de la reclasificación de fondos europeos.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, durante la presetación del proyecto ‘Tecnove Custom Trucks. Innovación, industria y vivienda para una nueva generación’.

“Lo primero que hemos hecho, y esto es obra del consejero de Fomento y creo que es un buen dato, es reclasificar fondos europeos que teníamos para otros objetivos. Si es una prioridad y la Unión Europea nos lo permite, vamos a coger fondos que teníamos para otras actuaciones y los vamos a dedicar a vivienda”, ha explicado el vicepresidente segundo. Caballero ha señalado que “somos la comunidad autónoma de España que más fondos ha reconfigurado para este objetivo y no somos la que más problemas tiene en relación con la vivienda, pero desde luego sí somos la que tenemos más clara la prioridad”.

Cuatro ámbitos de respuesta a la vivienda

Por este motivo, tal y como ha explicado José Manuel Caballero, “desde el Gobierno de Catilla-La Mancha queremos actuar en los cuatro ámbitos que son necesarios para dar una respuesta al problema de la vivienda”. En primer lugar, ha señalado la importancia de generar más oferta: “Es evidente que hay que construir más viviendas y, si puede ser, de manera más rápida y además hacerlo a mejor precio”, ha señalado.

Por otro lado, Caballero ha puesto el acento en la importancia de desarrollar políticas públicas para reutilizar la vivienda que ya existe. “En este sentido, ya hemos sido una de las comunidades autónomas más dinámicas y que más fondos ha gestionado en ayudas para los particulares en la rehabilitación energética de vivienda, hasta el punto de que hemos utilizado fondos de otras comunidades que no han sido capaces de ejecutar”, ha explicado.

Sin embargo, ha señalado que hay que continuar en esta materia y para esto “hemos dispuesto 108 millones para rehabilitar viviendas, ya no solo en el centro de las ciudades, incluso en los pueblos”. Así, ha recordado el programa de vivienda rural al que, en estos momentos, tienen que adherirse los ayuntamientos interesados para poder, posteriormente, ayudar a rehabilitar las viviendas vacías en los pueblos y que éstas puedan ser puestas en alquiler asequible.

En tercer lugar, Caballero ha señalado que, una vez puestas en marcha estas políticas de generación de oferta y reutilización de la existente, “hay que ayudar a la gente a que pueda acceder a ellas”. Por eso, desde el Gobierno regional, tal y como ha detallado, “tenemos aproximadamente 100 millones de euros para poder facilitárselo, especialmente a los más vulnerables y a colectivos con problemas en esta materia, como son también los más jóvenes”.

Por último, José Manuel Caballero ha puesto en valor el trabajo que se está desarrollando para poner en marcha las modificaciones legislativas. “Estamos trabajando en la reformulación legislativa hasta un ámbito que va más allá de nuestras competencias y sin ninguna pereza por parte del Gobierno regional para llevar a las Cortes modificaciones, como las que ya hemos llevado hace unos meses y las que llevaremos las próximas semanas, para facilitar la posibilidad de construcción de vivienda, de utilización de suelos y de reglamentaciones que agilicen esta repuesta al problema”, ha explicado.

Industrialización de la vivienda en el nuevo Plan estatal

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que hay que poder fabricar nuevas viviendas en España y ha puesto de relevancia cómo la falta de mano de obra y de relevo generacional en sectores como el de la construcción hace que “la industrialización en la construcción de la vivienda venga a dignificar la profesión, ya que hay que mejorar las condiciones para que estos sectores vuelvan a ser atractivos para jóvenes o mujeres”.

De esta manera, Hernando ha asegurado que el sector de vivienda industrializada es incipiente y tiene que tener apoyo. En esta línea, ha destacado que “en el nuevo Plan Estatal de Vivienda va a haber un plus de ayudas a la construcción de nuevas viviendas si incorporan algún proceso de industrialización”.

El consejero de Fomento ha explicado que “ya estamos en disposición de poder recibir el dinero por parte del Estado en el mes de julio o septiembre y podremos arrancar después de las convocatorias y los plazos de solicitud, para principios del año 2027. Entre medias vamos a poder destinar fondos FEDER para que este año no se quede en barbecho”.

Amnistía Internacional ha reclamado al Gobierno regional de Castilla-La Mancha que adopte “medidas urgentes” para garantizar el derecho a la vivienda frente a la “creciente crisis” de asequibilidad que afecta a miles de personas en la comunidad autónoma.

La organización ha trasladado estas demandas a Nacho Hernando, consejero de Fomento, junto con las conclusiones del informe '¿Soluciones a la crisis del derecho a la vivienda? Consideraciones sobre las recientes medidas del Gobierno y las iniciativas legislativas en tramitación y votadas en el Congreso', en el que recuerda que la asequibilidad constituye un elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada. Explican que los gastos asociados a la vivienda “deben ser soportables y no impedir el disfrute de otros derechos humanos como la alimentación, la salud o la educación”. En una carta remitida al consejero, la organización también solicita una reunión para trasladarle personalmente las conclusiones del informe y las principales recomendaciones de la organización en materia de vivienda.

Castilla-La Mancha entre las regiones con mayor nivel de pobreza

Amnistía Internacional muestra su preocupación porque Castilla-La Mancha “sigue sin utilizar una de las principales herramientas previstas en la legislación estatal para contener el precio del alquiler y proteger a las personas inquilinas”. Apuntan que la comunidad autónoma no tiene declarada ninguna zona de mercado residencial tensionado, “pese al fuerte incremento del precio de los alquileres en los últimos años y a las crecientes dificultades de acceso a la vivienda que existen en distintos municipios”.

La organización subraya además que algunos ayuntamientos ya han manifestado la necesidad de avanzar en esta dirección. El Ayuntamiento de Cuenca ha elaborado y sometido a información pública un informe técnico para solicitar la declaración de zona de mercado residencial tensionado, al detectar riesgos de insuficiencia de vivienda asequible para la población residente y un importante incremento de los precios del alquiler. Asimismo, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha impulsado iniciativas para avanzar en la elaboración de la documentación necesaria para solicitar esta declaración. Estos pasos “evidencian que existe una preocupación real” por la evolución del mercado de la vivienda en municipios de la región y que corresponde a la Junta utilizar las competencias que le atribuye la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La preocupación resulta “especialmente relevante” en una comunidad autónoma que se sitúa entre las que presentan mayores niveles de pobreza y exclusión social del país. Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, Castilla-La Mancha registra una tasa AROPE del 34%, “muy por encima de la media estatal”, y una de las mayores tasas de riesgo de pobreza de España. Este indicador mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, teniendo en cuenta factores como los ingresos, las carencias materiales y la intensidad del empleo en los hogares, y sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas con mayores niveles de vulnerabilidad social de España.

“En un contexto de elevada pobreza y dificultades crecientes para acceder a una vivienda, las administraciones públicas no pueden limitarse a observar la evolución del mercado. Deben activar mecanismos para contener los precios cuando sea necesario, garantizar alquileres asequibles y reforzar la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”, señala Rafaela Alonso, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha.

La organización recuerda además que ya en mayo de 2024 pidió a la Junta de Comunidades que impulsara la declaración de zonas tensionadas allí donde se cumplieran los requisitos legales. Dos años después, Castilla-La Mancha continúa sin aplicar este instrumento mientras persisten los problemas de acceso a la vivienda en distintos municipios de la región.

Además de la escasez, deshaucios

Amnistía Internacional recuerda además que uno de los “principales déficits” estructurales en materia de vivienda es la escasez de vivienda social en alquiler. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el parque social de alquiler representa en España apenas el 1,71% del total de viviendas, frente a una media cercana al 9% en la Unión Europea. En Castilla-La Mancha la situación es igualmente preocupante: de las aproximadamente 1.347.273 viviendas existentes en la comunidad autónoma, solo unas 22.392 tienen carácter de vivienda social, lo que supone alrededor del 1,66% del total.

Amnistía Internacional también insiste en que ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad debería sufrir un desalojo de su vivienda sin una alternativa habitacional adecuada. En este sentido, recuerda el caso de una madre y su hija menor desalojadas en Alovera, para quienes la organización solicitó a Junta de Comunidades y Ayuntamiento una solución urgente de vivienda el pasado mes de febrero.

Más recientemente, en el edificio de VPO conocido como Yedra 8, en el barrio toledano de Santa Martía de Benquerencia, se encuentran en curso varios procedimientos de desahucio derivados de las reclamaciones planteadas por la Junta de Comunidades y la empresa pública Gicaman ante los tribunales. Entre las personas afectadas figuran una familia monomarental con situación de vulnerabilidad reconocida por los Servicios Sociales y un joven con una discapacidad del 56%, cuyo desahucio está previsto este jueves 25 de junio a las 11:30h, según denuncia la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

Junto a la activación de mecanismos para mejorar la asequibilidad del alquiler, Amnistía Internacional reclama el incremento de forma sostenida del parque público y social de vivienda para ofrecer una alternativa real a aquellas personas y familias que no pueden acceder a una vivienda adecuada a través del mercado privado. Esta insuficiencia deja a miles de hogares expuestos a las dinámicas del mercado privado y limita gravemente la capacidad de las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda de las personas con menos recursos.

“El derecho a la vivienda no puede depender exclusivamente de las reglas del mercado. Las autoridades tienen la obligación de adoptar medidas concretas para garantizar que todas las personas puedan acceder y mantener una vivienda adecuada en condiciones asequibles”, concluye la organización.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la directora de la Fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo Molina, han firmado un protocolo de colaboración.

A través de este acuerdo, ambas entidades se comprometen a actuar en la promoción y la difusión del patrimonio arquitectónico nacional y la divulgación del teatro, la literatura y la cultura del Siglo de Oro español, planteándose así un punto de encuentro entre la arquitectura y las artes escénicas.

Este acto ha coincidido con el debate y la convalidación en el Congreso de la declaración como acontecimiento de excepcional interés público de la 50 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

La declaración reconoce el carácter “singular e irreemplazable” del festival, principal evento cultural de Castilla- La Mancha y uno de los más destacados del país y del mundo en su especialidad.

Tres años después de la investidura de Carlos Velázquez como alcalde, la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo (EMSV) licita el contrato para redactar el proyecto de 13 viviendas en la avenida de Santa Bárbara.

Serán para venta y de precio tasado, las más caras entre las de protección pública, y siendo optimistas con los plazos, se entregarán en verano de 2028. Supongo que para enfatizar este logro los portavoces del equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Toledo vienen reiterando que la EMSV no ha hecho prácticamente nada en los 16 años anteriores a 2023 y subrayan que ahora se han “saneado” sus cuentas.

La mejor forma de desmentir la falsedad es con datos, contrastables con un simple paseo por la ciudad o disponibles en la hemeroteca, ya que por desgracia se ha eliminado recientemente de la web de la EMSV el histórico de las promociones realizadas.

En 2009, en plena crisis económica, la EMSV inició la promoción directa de dos edificios de viviendas para alquiler asequible entregadas en 2011 en la calle Arenal nº 22 de Azucaica (30 viviendas) y en la calle Navidad nº 8 de Santa Bárbara (20 viviendas).

En 2010 se inició un edificio de cinco viviendas en el Corral de Don Diego que quedaría inconcluso por razones económicas y técnicas hasta 2025, que lo finalizó el Consorcio de Toledo y se entregó a sus arrendadores en 2026.

En 2014 se concluyó la rehabilitación de 18 viviendas para alquiler joven en la calle Esteban Illán nº 6 y nº 8 del Casco Histórico que ha gestionado después la Diputación.

Posteriormente, ante las dificultades para la promoción directa por las limitaciones en la financiación local impuestas por el Ministerio de Hacienda del gobierno del PP, la EMSV puso su suelo a disposición de promotores privados para construir 310 viviendas con protección pública para venta en el Polígono, en tres parcelas propiedad de la EMSV que se enajenaron en 2013 (R4 en Calle Río Cabriel nº 2, para 84 VPO de régimen general), 2016 (P63 en Calle Río Fresnedoso nº 13, para 120 VPO de régimen general) y 2017 (P26 en Calle Río Bullaque nº 3, para 71 VPO de régimen general además de 35 apartamentos cohousing para mayores con entrada por el Ferial).

Gracias a la operación en la calle río Fresnedoso se obtuvieron 12 viviendas de alquiler con opción a compra que fueron entregadas en octubre de 2019 (hace siete años), de las que se han vendido 7 y otras 5 continúan en alquiler.

En definitiva, la EMSV entre 2007 y 2023 promovió directa o indirectamente casi 400 viviendas con protección pública orientadas al alquiler asequible en el caso de las que promovió directamente y a la venta cuando enajenó sus suelos, pero condicionando que fuesen para vivienda protegida de régimen general, más asequible.

También la EMSV se encargó en ese periodo de los trámites expropiatorios resultado del convenio entre Ayuntamiento y RENFE que han permitido disponer de dos parcelas residenciales en el Paseo de la Rosa, una adjudicada a ADIF con capacidad para 60 viviendas ubicada junto a la estación y otra anexa adjudicada al Ayuntamiento que fue enajenada en 2021 y donde se construyen actualmente 68 viviendas de precio libre.

Respecto de las cuentas, además de decir que hubo ejercicios con resultado positivo en 2007, 2012 o 2020, cabe recordar que el propio interventor municipal en su Informe de fiscalización de marzo de 2026, y reconfirmado en mayo, matizó los resultados positivos del ejercicio 2025 por su carácter “extraordinario”, es decir no recurrente.

Dice textualmente en su página 7: “…el resultado neto positivo se sustenta íntegramente en la reversión extraordinaria de 133.345 euros del deterioro contabilizado sobre la participación en Toletum Visigodo, S.L., sociedad que fue liquidada en el curso del ejercicio 2025. Este ingreso es de naturaleza no recurrente, de manera que no volverá a producirse en ejercicios futuros (la causa que lo originó —la liquidación de TV, SL— ya ha concluido)”.

Respecto de las cuentas, además de decir que hubo ejercicios con resultado positivo en 2007, 2012 o 2020, cabe recordar que el propio interventor municipal en su Informe de fiscalización de marzo de 2026, y reconfirmado en mayo, matizó los resultados positivos del ejercicio 2025 por su carácter “extraordinario”, es decir no recurrente

Sin ese ingreso puramente contable, porque no hubo operación comercial, se hubiese incurrido en pérdidas pese al continuo aporte del presupuesto del Ayuntamiento en forma de “encargos” (casi 900.000 euros en 2025), lo que confirma la “existencia de un déficit operativo estructural que requiere medidas de corrección”, según afirma el Interventor.

En definitiva, solo cabe celebrar que en un par de años se entreguen 13 nuevas viviendas que van a proporcionar importantes ingresos a la EMSV a la vista de su precio, pero no hace falta mentir sobre la gestión pasada para poner en valor la actual. O quizá sí, cuando hay poco de lo que presumir.

El arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira ha sido reconocido este jueves en Guadalajara con la Distinción de Honor Internacional en los III Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La Mancha, organizados por el Colegio Oficial de Arquitectos de la región (COACM).

Siza, a quien el COACM califica como “una de las figuras más influyentes de la arquitectura contemporánea”, recibió en 1992 el que se conoce como 'el Nobel de la Arquitectura': el Premio Pritzker. Entre sus obras más representativas están el Pabellón de Portugal para la Expo de Lisboa de 1998, la Fundación Serralves en Oporto, el Parc Esportiu Llobregat, el Centro Galego de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela o la Facultad de Arquitectura de Oporto.

Debido a sus problemas de salud, el arquitecto, de 92 años, no ha podido desplazarse hasta Guadalajara para recibir esta distinción, pero en declaraciones a elDiario.es de Castilla-La Mancha desde Oporto, ha asegurado que este reconocimiento “es una muestra de generosidad hacia mi trabajo como arquitecto que me conmueve profundamente”.

Asegura que lo que más aprecia de la arquitectura contemporánea es “la disponibilidad de los medios técnicos existentes” y el esfuerzo por proporcionar “a los ciudadanos menos favorecidos confort y calidad”, aunque como punto negativo lamenta que la arquitectura se vea “minimizada” actualmente.

De la arquitectura española le seducen “muchos ejemplos, tanto históricos como modernos”, pero no quiere poner de relieve un caso concreto porque, asegura, “lo que importa es la calidad en su conjunto”.

Todos los arquitectos premiados

Aparte de la distinción a Siza, la ceremonia del COACM ha reunido a arquitectos, instituciones, universidades y representantes del sector de toda la región para reconocer algunas de las mejores obras, proyectos y trayectorias profesionales de los últimos años en Castilla-La Mancha.

Así, este jueves han recogido su premio Ignacio Borrego Gómez-Pallete, Luis Carlos Peña Juan, MMN Arquitectos, Javier Bajo Rodríguez y Álvaro Sánchez Ballesteros. También los arquitectos Rafael Martínez Sarrión, Natalia Mora Priego, Javier Navarro, Diego Peris, Pepa Sánchez Verdú, Pedro Torres García-Cantó, Rocío García Peña, David García-Manzanares y Eloy Celaya.

Asimismo, esta edición se han incorporado los nuevos reconocimientos honoríficos a la trayectoria profesional en las distintas demarcaciones colegiales, que han recaido en Francisco Javier Solano Rodríguez, por Guadalajara; Ramón Osma Cantero, por Cuenca; y Diego Peris Sánchez, por Ciudad Real.

“El valor” de la arquitectura de Castilla-La Mancha

Esta entrega de premios ha sido, además, la última con Elena Guijarro al frente del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, cuyo mandato como decana de la institución terminará en mayo del año que viene. Guijarro, que en 2019 se convirtió en la primera mujer en liderar el COACM, cuenta a elDiario.es Castilla-La Mancha que precisamente la recuperación de estos premios fue una de las metas que se marcaron ella y su equipo, después de que se dejasen de entregar en 2009.

La decana destaca también el cumplimiento de otros objetivos, como que el Colegio “esté presente” en las instituciones, la “difusión” de la arquitectura y que esta llegue a la ciudadanía “como algo necesario e imprescindible en nuestra vida”.

“Me voy con la satisfacción de haber hecho lo que teníamos previsto”, remataba Guijarro, que durante su intervención en la gala de este jueves ha destacado el “valor” de la arquitectura de Castilla-La Mancha, la cual ha calificado de “arquitectura de calidad” que busca “dar espacios a las personas para que vivan mejor en espacios saludables y accesibles”.

Al acto de entrega de premios acudía Inés Sandoval, directora general de Vivienda y Suelo del Gobierno de España, quien ha destacado el papel que jugaron los profesionales de la arquitectura, los cuales demuestran “verdadera vocación de servicio público” en actuaciones como la dana, en la que “de forma voluntaria” aportaron “criterios técnicos para ver que prioridades teníamos que adoptar en cuanto a actuaciones y también seguridad y certeza a muchas familias en sus hogares en un momento muy complicado”.

Sandoval ha añadido que desde el Gobierno de España se seguirán valiendo de este colectivo “como aliados” en el desarrollo de las políticas públicas de vivienda, en un momento en el que la vivienda es “la principal preocupación de la ciudadanía”.

El comisionado para la Accesibilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha agradecido al Colegio Oficial de Arquitectos la “gran labor y el apoyo que están dando” al Gobierno regional en distintas áreas, entre las que ha destacado las aportaciones que están realizando en la nueva Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha.

También ha avanzado que los colegios oficiales estarán representados en el futuro Consejo Regional de Accesibilidad Universal y ha defendido que la accesibilidad debe incorporarse desde el diseño inicial de viviendas, edificios y espacios urbanos.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha abogado este miércoles por que prevalezca el acceso a la vivienda de los ciudadanos en aquellas zonas tensionadas por encima de “otras figuras” como pueden ser los apartamentos y pisos turísticos.

Así se ha pronunciado el ministro a preguntas de los medios en una rueda de prensa en Toledo donde ha indicado que el turismo es un fenómeno que “hay que gobernar”. “La clave está en el buen gobierno del turismo, lo que significa que, ante un fenómeno como este, lo que nos toca a los gobiernos de un país, de una región o de las ciudades, es el gobernar”.

“Significa el poder controlar la oferta para acomodar este fenómeno con la sostenibilidad social”, ha señalado, para afirmar que poner “límites al mercado” y regular la figura de los pisos turísticos, como la hostelería o la urbanización en la costa para que tenga “una relación coherente” con la calidad de vida de los ciudadanos, “será una tendencia que se seguirá ampliando”.

En este sentido, ha afirmado que en España se deja estas decisiones, con “buen criterio”, al liderazgo local de cada una de las ciudades.

“En todo caso, en zonas tensionadas, el criterio claro es que prevalece el derecho al acceso a la vivienda de los ciudadanos por encima de otras figuras y esto lleva a limitar la oferta de esta figura como de otras figuras”.

“Para defender el armónico desarrollo del turismo tenemos que hacer compatible con la calidad de vida”, ha manifestado el titular de a cartera de Turismo, quien ha añadido que “ya se están tomando decisiones y allí donde no se han tomado estoy seguro que se tomarán”.

El problema de la vivienda es uno de los puntos clave que CCOO de Castilla-La Mancha ha abordado en la reunión de su Consejo Regional. Según ha avanzado su secretario regional, Javier Ortega, el sindicato está manteniendo reuniones y contactos con plataformas y asociaciones que no ha mencionado, de cara a plantear “una movilización regional”.

Concretamente, ha dicho, las medidas sobre esta cuestión deben estar encaminadas a que haya más vivienda, pero que “sea asequible”, especialmente para las personas jóvenes.

De hecho, CCOO propone actuar sobre las zonas tensionadas, movilizar vivienda vacía y que las familias no tengan que destinar más de un 30% de sus ingresos a la vivienda.

Siniestralidad laboral

En otro orden de cosas, ha señalado que el sindicato está ultimando un mapa de riesgos laborales en Castilla-La Mancha que se pondrá a disposición del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral para que este nuevo organismo asuma “un papel activo” en la prevención, vigilancia y control de la siniestralidad.

El objetivo, como ha explicado Ortega, es adelantarse a los accidentes, identificando los riesgos reales por territorios y sectores, y mejorar la prevención. Para ello, se utilizarán los datos recabados por el sindicato en todas las empresas que permitirán localizar esos focos y orientar recursos públicos allí donde sea necesario.

“Ese mapa de la siniestralidad es el que nos va a dar dónde están los riesgos, donde están los accidentes recurrentes y dónde se producen esos niveles de riesgo”, ha argumentado.

Asimismo, haciendo un símil con la seguridad vial, Ortega ha explicado que si puede conocerse que en una carretera hay “un punto negro con accidentes”, ahí se puede intervenir con señalización, con un semáforo o con otro carril, “por lo que estamos hablando de algo parecido”.

Negociación colectiva y migrantes

En cuanto a la negociación colectiva, el secretario regional ha insistido en que el incremento salarial este año debe estar entre el 4 y el 7%, ya que prácticamente 400.000 personas tienen sus salarios estancados en los últimos años.

“Mandamos un mensaje contundente a la patronal y es que deben mejorarse las condiciones salariales porque el escenario económico así lo permite. Desde CCOO vamos a dar la batalla convenio a convenio, sector a sector y nos movilizaremos allí donde persista el bloqueo”.

También ha puesto en valor la actuación de CCOO en el proceso de regularización de personas migrantes que ha permitido atender en sede a más de 2.000 personas en este periodo y tramitar cerca de 400 solicitudes. Y todo ello, con recursos propios materiales y humanos.

Ortega ha realizado estas declaraciones con motivo de la reunión del Consejo Regional de CCOO de Castilla-La Mancha, el máximo órgano de dirección entre congresos, que se celebra transcurrido un año desde el último cónclave regional. Una etapa de la que el secretario general ha hecho una valoración “muy positiva”, en cuanto a la situación y posicionamiento del sindicato, con 5.300 delegados y delegadas y ostentando el 43% de la representación en la región.