El Consorcio de Toledo rehabilitará la antigua Casa Sacerdotal del Convento de la Purísima Concepción para crear dos viviendas nuevas destinadas al alquiler.

La Comisión Ejecutiva de la institución ha dado luz verde a la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación dentro de una iniciativa más amplia centrada en edificios catalogados como Bienes de Interés Cultural con el objetivo de “fomentar la vida en estos espacios”.

El gerente del Consorcio, Jesús Corroto, ha subrayado que estas actuaciones son fundamentales ya que son “para animar a que vivan los vecinos del Casco Histórico de Toledo y alquilar estos dos apartamentos es una pequeña parte del trabajo que se hace, pero es una constancia del trabajo que se hace”.

Dos viviendas de unos 80 m²

Se invertirán 129.067 euros para “generar viviendas”, en unas obras que tendrán un plazo de ejecución de ocho meses.

Este espacio, construido a finales del siglo XIV, pretende acoger la realización dos viviendas. En 2013 ya fue objeto de rehabilitación para restaurar la cubierta, las fachadas y las carpinterías y cuenta con el nivel de protección ‘P’ dentro del Plan Especial del Casco Histórico.

Con estas obras, se intervendrá a través de la acometida de instalaciones a las viviendas desde la centralización del edificio, la restauración de zonas comunes y la ejecución de reformas interiores para la obtención de dos viviendas rehabilitadas.

Se acondicionará la primera planta para crear una vivienda con un dormitorio de 41,89 m², con salón-comedor de 13,55 m², cocina de 11,9 m², baño de 3,77 m² y dormitorio de 12,67 m², y otra de dos dormitorios de 60,95 m² con un distribuidor de 5,21 m², salón-comedor de 6,37 m², dos dormitorios de 8,88 y 12,02 m²respectivamente, un baño de 3,47 m² y una cocina de 25 m²

Esta actuación se suma al proyecto ya en marcha del Convento de Carmelitas Descalzos, licitado a finales del año 2025 y que se le concedió a la institución con una partida de 127.866,82 euros para poder crear dos viviendas de 37,6 m² y 42,25 m² respectivamente, ambas viviendas con salón-cocina, dormitorio y aseos de 3 y 4 m² que serán gestionados por el propio convento. Esta intervención se enmarca en el programa de patrimonio monumental del Consorcio y se beneficia de subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios catalogados Bien de como Interés Cultural (BIC) en la categoría ‘M’ del Casco Histórico.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha destacado que la convocatoria de huelga general de este 11 de noviembre haya transcurrido “de una forma pacífica, sin grandes incidentes” en la región.

Un desarrollo que ha identificado como un “síntoma de estabilidad en el diálogo social en nuestra región”.

Durante una atención a medios con motivo del desayuno informativo organizado por Banco Santander y La Tribuna en Toledo, la titular de Empleo de la región ha subrayado que el desarrollo de la jornada de huelga “muestra el respeto, tanto en la parte patronal como en la parte sindical” en Castilla-La Mancha.

Un desarrollo de la movilización “sin grandes altercados y con normalidad” que ha comparado con “lo que ha ocurrido en algunos lugares del país”, subrayando “los ataques dialécticos que más allá de la jornada de huelga general se han llevado a cabo en muchos lugares del país”.

En este sentido, también ha celebrado que en la región se haya dado “un respeto también a la función que ha realizado la patronal en la vigilancia de la actividad económica en una jornada de huelga general que lógicamente conlleva pérdidas económicas”.

Así, ha insistido en que la convocatoria ha demostrado “que aquí las cosas se hacen ordenadamente, con el respeto del derecho a la huelga, para ejercer también el derecho al trabajo a aquellos trabajadores que lo quisieron ejercer”.

Seguimiento del 6,7% en la Administración regional y un 3% en el ámbito educativo

Consultada por las cifras de participación que se manejan desde la Administración regional, la consejera ha señalado que se ha registrado “un seguimiento de la huelga de un 5,3% en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo”.

Asimismo, ha adelantado que, tras interlocutar con el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Antonio Ruiz Molina, ha podido conocer unos datos de “un 6,7% de seguimiento en lo que es la Administración General y un 3% en el ámbito educativo”.

El corazón del Casco Histórico de Toledo es la plaza de Zocodover. Por aquí pasan cada día miles de personas: turistas, trabajadores y vecinos. Se trata, pues, de un lugar privilegiado para tomar el pulso a esta jornada de huelga. En la lluviosa mañana del 11N, día de la huelga general convocada en todo el país, la actividad comercial apenas se ha resentido y las persianas de tiendas, oficinas y bares están levantadas en su práctica totalidad. Sin embargo, sí se nota menos afluencia de personas en la zona.

Cerca de la plaza tienen su cabecera numerosas líneas del transporte urbano de la ciudad, que está funcionando con servicios mínimos durante la jornada. Aun así, los pasajeros que se bajan de los vehículos cuentan que apenas han esperado más que un día normal.

La relativa calma que sobrevolaba la plaza se ha roto sobre las 11 de la mañana. A esa hora, los principales sindicatos convocantes del paro, CCOO y UGT, han organizado un piquete informativo que ha partido de este enclave en dirección a la plaza del Ayuntamiento. En él iban varias personas que han decidido secundar la huelga.

Una de ellas es Carmen, maestra de Educación Primaria, que ha decidido no ir a trabajar en el día de hoy“por la situación de la vivienda”. Según explica, la peor parte se la llevan sus compañeras interinas, que cubren vacantes que suelen durar entre 15 y 30 días. “Cuando la sustitución termina, tienen que buscar un nuevo alquiler. Su situación es muy mala y no tienen capacidad de ahorro”, cuenta.

Sandra también es profesora, en su caso de inglés. Ha decidido parar porque en los últimos años ha visto cómo las condiciones de vida han empeorado “de forma importante”, sobre todo en educación, vivienda y sanidad. “La única forma de parar eso, es en las calles, con la huelga, el poder del pueblo. Si no nos movemos y nos conformamos con todo, cada vez tendremos menos derechos”.

Aurora se ha sumado a la huelga por motivos profesionales y personales. Trabaja en una entidad del tercer sector que atiende a población vulnerable, como mujeres migrantes y víctimas de violencia de género. Su familia es monomarental y paga una hipoteca “con un salario del tercer sector”. Hace huelga, dice, para cuidarse a ella misma y a las generaciones futuras. “Vienen épocas muy difíciles, con los fascismos que estamos viendo que llegan al poder en otras comunidades, y un retroceso de derechos personales y colectivos”.

Un tour por la gentrificación

De los tres grupos que pasan habitualmente por Zocodover, turistas, trabajadores y vecinos, este último es cada vez más pequeño. Los residentes que quedan llevan años denunciando un proceso de “gentrificación” que está expulsando a la población del barrio.

Tal y como señala la Unión Popular de Inquilinas de Toledo, detrás de ese proceso de gentrificación está el aumento de pisos turísticos y hoteles a costa de las viviendas y la pérdida del comercio de proximidad. Un proceso que, señalan, aumenta los choques vecinales y patrimoniales y están empujando a la ciudad hacia la gentrificación, en lo que es un ejemplo de la crisis de la vivienda por la cual se ha convocado la huelga general.

Es por ello que han organizado este 11N una visita guiada por algunos de los lugares que mejor muestran los conflictos del barrio. La ruta, a la que se han sumado decenas de participantes repartidos en varios grupos, ha empezado en Zocodover reivindicando que se puede hacer turismo de forma “responsable, con conciencia”. El punto de partida no es casual: es el sitio más simbólico para alertar de los excesos del turismo de masas, que según los vecinos afectan a su vida diaria.

Sergio Isabel, arqueólogo, coordinador científico de la Fundación Cultura Islámica y uno de los guías del recorrido, explica que Zocodover es un símbolo muy ilustrativo tanto de la pérdida de plazas residenciales en favor de las turísticas como de la afectación que sufre la vida diaria de los vecinos por la presión turística.

En primer lugar, porque, hace tres años, los vecinos de la plaza denunciaron las molestias que sufrían con el espectáculo de luz y sonido de la gran bola de Navidad que se ubica en este lugar en esas fiestas. Un espectáculo que también atrae a una elevada concentración de gente y que satura las principales calles de este barrio en temporada navideña, lo que levantó numerosas protestas entre los vecinos el año pasado.

El segundo motivo es la ampliación del Hotel Adolfo, que triplicará sus habitaciones después de adquirir el edificio anexo, que originalmente tenía uso residencial y de oficina.

La ruta parte de Zocodover para llegar al Corral de Don Diego, un espacio que cuenta con varias edificaciones alrededor de un patio y que ha sido reformado hace dos años para acoger viviendas para jóvenes, un espacio de uso municipal, con un pequeño museo y, sobre todo, una plaza con actividad cultural. Sin embargo, lo que a priori es un buen ejemplo de rehabilitación de un espacio abandonado, según Sergio Isabel, ilustra lo que pasa cuando se rehabilita un entorno y se convierte en zona verde sin tomar medidas complementarias: los precios de las viviendas cercanas han subido y lo que nació como regeneración urbana “acaba siendo un ejemplo de gentrificación verde”. Isabel explica que varios inmuebles de la zona han dejado de ser viviendas para convertirse en alojamientos turísticos. Por eso, sostiene que la regeneración urbana necesita medidas que garanticen que quienes la disfruten sean los vecinos.

Tiendas para el que está de paso

El recorrido llega a la calle del Comercio, la principal vía comercial del Casco. Algunas tiendas han cerrado para secundar el paro, pero son pocas, y la rutina de la calle no parece muy alterada.

Isabel explica que esta calle muestra que en esta calle han desaparecido muchas tiendas de toda la vida, las que atienden al vecino, para ser sustituidas por otras pensadas para las necesidades del turista. “Se produce una gentrificación económica: los alquileres de los locales suben y los negocios de turistas reemplazan a los tradicionales porque estos no pueden hacer frente al incremento del coste”.

El efecto se alimenta a sí mismo. Según los datos que da el guía, dentro de las murallas hay algo más de 9.000 empadronados y algo más de 8.000 residentes reales, frente a los 13.599 habitantes empadronados en 1986 y a los 10.400 del 1 de enero de 2017. Con menos gente viviendo en el barrio, el comercio de proximidad decae, porque los turistas apenas compran en esos negocios: por mucho tránsito que haya, estos no consumen en este tipo de establecimientos.

La ruta termina con un ejemplo de fuera. En Florencia, cuenta Isabel, quisieron abrir un McDonald’s en un local de una plaza céntrica y el ayuntamiento de la ciudad lo rechazó porque exigía que fuera un negocio local. “La conclusión es que la administración puede intervenir para frenar estas dinámicas”, señala Isabel.

Más de 1.800 personas se han sumado a la manifestación por la vivienda en Toledo, convocada en plena jornada de huelga general este 11 de noviembre, según fuentes de la Delegación del Gobierno, un dato que elevan a 5.000 los convocantes de la marcha.

Pocos minutos después de las seis de la tarde ha arrancado la manifestación que también reclamaba una mejora en los salarios y que ha recorrido el tramo entre el parque de la Vega, extramuros del Casco Histórico, hasta la plaza del ayuntamiento.

A Sagrario, una de las participantes en la manifestación, la lluvia que esta tarde-noche arrecia en Toledo no le ha impedido acudir a la protesta. Cree que hay razones claras para hacerlo. “Los motivos son muy justos: el precio de la vivienda, la carestía de la vida o las pensiones, que están en peligro”.

Sus hijos se encuentran entre quienes, pese a tener trabajo, “no tienen posibilidad de acceder a una vivienda”, lamenta. Esta jubilada, con vivienda en propiedad, cree que el conjunto de la ciudadanía debe sumarse. “Esta no es una convocatoria contra el gobierno, ni contra la oposición, tanto que dicen. Esta es una manifestación contra el sistema”.

En su opinión, “hay que darle una vuelta al mercado de la vivienda, a los salarios y a mantener el Estado del Bienestar que conseguimos en su día y que se está perdiendo”.

Hay que darle una vuelta al mercado de la vivienda, a los salarios y a mantener el Estado del Bienestar que conseguimos en su día y que se está perdiendo

Sagrario — Vecina de Toledo y participante en la manifestación por la vivienda

La marcha iba precedida de una pancarta con el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio“ y quienes la portaban han pedido alejar las pancartas sindicales de la cabecera, para dejar claro el mensaje ciudadano.

Lo que hoy ha dicho la calle, lo que hoy ha dicho la huelga general, es que desde la política hay que tomar medidas para resolver este problema

Javier Ortega — Secretario general de CCOO Castilla-La Mancha

El secretario general de CCOO Javier Ortega ha comentado minutos antes de iniciarse la manifestación la importancia de “la alianza social” en esta convocatoria secundada por los sindicatos, pero también por distintas entidades y organizaciones, hasta 40, como la Unión Popular de Inquilinos o el Sindicato de Inquilinas en Castilla-La Mancha.

Ha recordado que la vivienda es “el principal problema socioeconómico de la clase trabajadora, especialmente de las personas jóvenes” y sostiene que “lo que hoy ha dicho la calle, lo que hoy ha dicho la huelga general, es que desde la política hay que tomar medidas para resolver este problema”.

En su mensaje ha interpelado al Gobierno de España, pero también al Gobierno de Castilla-La Mancha que, recordaba, “también tiene una importante responsabilidad en materia de vivienda, que es la que recibe los fondos y es la que tiene que articular los medios para que haya vivienda pública asequible”, en la comunidad autónoma.

Ha reclamado “mecanismos públicos de acceso a la vivienda con precios que la gente pueda pagar”.

La huelga general ha sido un clamor de la clase trabajadora y del conjunto de la ciudadanía, que hoy está diciendo basta, basta ya. Esta es la voz y este es el grito: que intervenga quien tenga que intervenir

Lola Alcónez — Secretaria general de UGT Castilla-La Mancha

“No es un piso chulo, es un puto zulo”

También la secretaria general de UGT Castilla-La Mancha Lola Alcónez ha afirmado que la huelga general “ha sido un clamor de la clase trabajadora y del conjunto de la ciudadanía, que hoy está diciendo aquí, basta, basta ya. Esta es la voz y este es el grito: que intervenga quien tenga que intervenir”.

Alcónez interpelaba también a las administraciones públicas y a los partidos políticos. “A todos. A los que se den por aludidos y a los que no, a los que quieran acompañarlos y a los que nos acusen o nos señalen o nos amenacen por estar hoy aquí”. Ha reclamado “una vivienda asequible, que haya salarios que puedan sostener la vida de las personas, que puedan sostener y favorecer y facilitar el proyecto de vida de todos y de todas”, sin que eso suponga que los beneficios solo queden en unos pocos.

“Los trabajadores y las trabajadoras tienen que tener sueldos dignos, pero no solamente sueldos dignos en base al salario mínimo interprofesional o rayando el salario mínimo interprofesional, no. Reparto justo de los beneficios que permitan a la gente vivir dignamente”, ha insistido.

Después ha reclamado “medidas urgentes” y acabar con las “mentiras” a la ciudadanía. “Interpelamos a todos y a todas las responsables y a la patronal, que no se escondan”.

La manifestación ha llegado hasta la plaza del Ayuntamiento, sin que la lluvia haya dejado de caer entre proclamas que recuerdan lo precario de la oferta habitacional del momento. “No es un piso chulo es un puto zulo”, decían, entre otras muchas frases que se han escuchado durante la protesta.

Una vez finalizada la marcha, las personas manifestantes no se han dispersado, en las inmediaciones de la catedral de Toledo, junto a la que se han encendido varias bengalas, entre cientos de paraguas.

Casi 13.000 personas en Castilla-La Mancha, según la Delegación del Gobierno

En Ciudad Real, UGT y CCOO cifran el número de asistentes a la manifestación en 5.000 personas, aunque esa cifra es de unos 1.600 participantes según datos de la Delegación del Gobierno en la comunidad.

Las manifestaciones se han repetido en el resto de grandes ciudades de Castilla-La Mancha, con una multitudinaria asistencia en Albacete, con 4.300 personas, 3.000 en Guadalajara, 2.000 en Cuenca, además de las 1.600 de Ciudad Real y las 1.800 en Toledo. “Todas sin incidencias”, según la Delegación del Gobierno en la comunidad.

Mientras sigue, hasta la medianoche, la jornada de huelga general, con datos provisionales de seguimiento del 60%, según los sindicatos y de menos de 5%, según la patronal.

El barrio de Santa Bárbara de Toledo es uno de los más antiguos de la ciudad. Separado del Casco Histórico por el río Tajo, aunque alberga la estación del AVE en el Paseo de la Rosa, una de las arterias de comunicación principal con el Polígono industrial y residencial de la ciudad, es una zona marcada por su fuerte identidad obrera, ferroviaria y popular.

Nacido y consolidado en la tradición artillera y el vínculo con los oficiales manuales de Toledo, siempre ha sido un distrito humilde, donde se ha formado una estrecha red de solidaridad vecinal, lazos familiares con los pueblos del extrarradio y una convivencia social muy arraigada.

Durante décadas, el barrio sufrió el menosprecio de las autoridades municipales. En los años más oscuros de la dictadura franquista, cuando Toledo comenzó a expandirse, llegó a incluso a plantearse su eliminación o reordenación. Eso fue en los años 50 y consiguió el efecto contrario: forjó un fuerte espíritu reivindicativo y de resistencia social.

Hoy en día, el barrio alberga todo tipo de vecinos y vecinas, desde los más mayores que recuerdan aquellos años de ‘arrabal’ olvidado, hasta nuevas familias de jóvenes y emprendedores con nuevos comercios que han propiciado su desarrollo.

No obstante, es uno de los distritos que registra los salarios más bajos de la ciudad, mientras que los precios de compra y alquiler de sus pisos se han disparado por su expansión residencial, su cercanía a la estación del AVE y por el efecto dominó del propio mercado. De hecho, las inmobiliarias se han multiplicado en el barrio en los últimos años.  

En este día de huelga general, su seguimiento ha sido desigual. Hay muchos comercios cerrados. Pero casi todos los bares están abiertos y no precisamente vacíos. También han abierto las principales panaderías, fruterías y tiendas de alimentación. Con poca clientela, pero abiertas.

Bueno, yo aprovecho, si está abierto, pues qué más da

Al preguntar dentro de uno de los bares, un vecino del barrio afirma estar de huelga. Es fontanero, autónomo y hoy no trabaja. Apoya el 11N, pero se está tomando una caña en el establecimiento. Preguntando por si considera que la convocatoria no debe también incidir en el consumo, señala, algo contrariado: “Bueno, yo aprovecho, si está abierto, pues qué más da”.

Otro hombre que también está en la barra de bar se acerca y dice que esta convocatoria es “una auténtica gilipollez” y que solo servirá “para que ganen los de siempre”. ¿Quiénes son los de siempre? “Los que se llevan el gato el agua y les conviene que el país se pare para los votos y para que olvidemos lo que roban”. No especifica nada más.

En las tiendas de alimentación abiertas también hay gente, aunque menos que un día laborable a mediodía. Al igual que en los bares, algunos han hecho huelga en sus trabajos, pero acuden a comprar, incluso estando muy concienciados: “Este barrio se ha vuelto imposible con los precios. Yo es que veo los anuncios de las inmobiliarias y no me lo puedo creer. ¿Un piso normal aquí por 350.000 euros, o con 1.500 de alquiler? No me digas, por favor”.

El Paseo de la Rosa de Santa Bárbara tiene menos trasiego de vehículos del habitual. Hay gente haciendo deporte por el bulevar nuevo y algunos otros paseando, pese a que no deja de caer una lluvia fina pero persistente. En esta vía, también hay operarios municipales de jardinería trabajando que cuentan que son servicios mínimos, y que incluso “aprovechan” que hay menos coches para realizar su trabajo.

Lo que más se nota en esta arteria es algo más de silencio, sobre todo porque es una vía de comunicación por donde transitan hasta cinco líneas de autobuses urbanos, que hoy funcionan con menos regularidad, como en un día festivo. Uno de los conductores afirma precisamente eso, preguntado por si ha notado menos usuarios: “Como si fuera fiesta”.

En la zona alta del barrio, la más alejada de la estación y de los bares, hay menos comercios y tiendas, unos cerrados y otros no. Llama la atención que algunos parecen cerrados, con la persiana a media altura, pero hay actividad dentro. Parece que no atienden al público aunque aprovechan el día para realizar otras actividades.

Hay un grupo de jóvenes en uno de los pequeños parques de esta zona. Están en un banco, bajo la lluvia. Son alumnos y alumnas de Secundaria y no han ido a clase porque han hecho huelga. Están bien informados. Confiesan tener “miedo” de su futuro y aseguran que tener una vivienda propia será “casi un milagro”.

A lo mejor me voy de casa con 50 años

Algunos quieren quedarse en el barrio y otros no. Quieren ser futbolistas, ingenieros o maestros. Todos coinciden en que, de cualquier forma, dejar la casa de sus padres y madres no es algo que se planteen ni en el futuro. “Bueno, a lo mejor con 50 años”, dice entre risas uno de ellos.

Es muy habitual en Santa Bárbara ver a gente mayor paseando. Hoy también lo hacen bajo la lluvia, mientras que otros acuden al Centro de Salud del barrio. “Yo no quería venir hoy, pero es que tengo que hacerme curas”, dije una mujer apurada. Otra señora se limita a afirmar que está “harta de toda la política” y que “antes las huelgas servían para algo, ahora yo creo que no”.

Finalmente, en un par de tiendas, una papelería y un estanco, comentan que echarán el cierre por la tarde, porque no está acudiendo demasiada gente. “Vamos a apoyar la huelga, aunque sea ya luego”, dice la estanquera, mientras que el dueño de la papelería, que está fuera fumando, se muestra más indiferente: “Creo que voy a cerrar yo también luego, pero tampoco tengo muy claro si todo esto servirá para algo”.

Llega la huelga general por la vivienda y Castilla-La Mancha se suma con diversas convocatorias, adhesiones y movilizaciones. Durante muchos años, incluso después de la crisis económica-financiera de 2008, esta región ha sido una rara avis en el mercado inmobiliario en España. Los precios de alquiler y de compra de vivienda eran mucho más bajos que en el resto del país. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las diferencias eran muy llamativas: pisos hasta tres veces más baratos en Toledo que en Madrid y Barcelona.

La tendencia comenzó a cambiar hace unos años y ha sido muy progresiva. De hecho, la comunidad autónoma sigue siendo una de las regiones con los precios más bajos, pero atraviesa un fuerte encarecimiento y una clara desigualdad territorial.

Los precios han experimentado repuntes interanuales muy significativos, hasta del 20%, según la sociedad de tasación Tinsa, sobre todo en las zonas más tensionadas: las de influencia de Madrid, como Guadalajara y el Corredor del Henares, o Toledo y comarcas como la Sagra. Además, también en Albacete, la ciudad más poblada de la comunidad autónoma, el precio del alquiler se ha disparado.

La culpa no solo es abstracta, por la tendencia del mercado. En ello han influido los fondos buitre que operan en todo el país y que en Castilla-La Mancha también han dejado su huella, pasando a ser propietarios de inmuebles que posteriormente disparan sus precios y han provocado desahucios.

Junto a esto, en Toledo, los grandes proyectos hoteleros han sido determinantes para otra derivada: la pérdida de vivienda asequible en el Casco Histórico y, por un efecto dominó, el aumento del precio en el resto de los barrios de la capital castellanomanchega.

Por ejemplo, en esta ciudad, hay dos grandes proyectos que tienen a vecinos y vecinas muy preocupados, el de la calle de La Plata y el de la Cava. Si salen adelante, serán macrohoteles que no solo contribuirán a la turistificación de un ya saturado Casco Histórico, sino que significará que las oportunidades para crear vivienda asequible en el corazón de Toledo prácticamente son ya una quimera.

Desde la Unión Popular de Inquilinas de Toledo lo tienen claro. Desde hace tiempo vienen denunciando la situación y han estado calentando motores de cara a la huelga general. Esta semana lo han hecho en silencio y portando carros de la compra con distintos mensajes en la toledana plaza de Zocodover. Ha sido una protesta simbólica por la vivienda y contra la especulación en el corazón de Toledo, ya decorado para celebrar la Navidad.

Un silencio que, “a veces puede más que muchas consignas” y “remover conciencias” en una ciudad (y una provincia) tensionadas por la falta de vivienda, con precios desorbitados para quienes quieren acceder a un alquiler o a la compra de casa y “con la capital copada por turistas”, incluidos sus edificios, explicaba Alicia Es. Martínez, portavoz de la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

“Hemos perdido 21 edificios en el último año y medio que se han convertido en apartamentos turísticos”, lamentaba. “De aquí a la huelga, la agenda mediática, la agenda urbana y también de la sociedad tienen que estar marcadas por una reflexión: la necesidad urgente de secundar la huelga general”, ha reclamado, para pedir a la ciudadanía que se manifieste este 11 de noviembre. “Es una necesidad urgente” para tratar de frenar la “apisonadora que está terminando con las vidas dignas de muchísimas personas”.

Los desahucios, también disparados

Las cifras sobre desahucios también dejan patente esta situación: en Castilla-La Mancha, la evolución de los lanzamientos practicados y notificados por los órganos judiciales en los últimos años muestra vaivenes marcados por el peso creciente de los alquileres frente a las ejecuciones hipotecarias.

Por ejemplo, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2024 hubo 857 desahucios en la región, que aumentaron un 37%, hasta los 1.176, en el año 2025. Al igual que en el conjunto nacional, el principal origen fue el impago del alquiler (derivado de la Ley de Arrendamientos Urbanos). De hecho, en el balance de 2025, los lanzamientos por impago de alquiler en Castilla-La Mancha duplicaron con creces a los hipotecarios.

Aunque durante el primer trimestre de 2026, los desahucios registraron un descenso generalizado, la presión en las demandas por impago y la tasa por habitante en la región (5,7 por cada 100,000 habitantes en demandas) siguen situando a Castilla-La Mancha entre las zonas con mayor actividad relativa de avisos de desahucio.

Porque hay un déficit fundamental que recientemente ha puesto sobre la mesa el sindicato CCOO en su último informe sobre vivienda y bienestar: el parque público residencial de esta comunidad autónoma ha perdido 22.000 viviendas en 35 años porque “se han convertido en negocio”.

El mercado de la vivienda sufre “una profunda distorsión funcional”. Ha pasado de ser una “función social primaria” convertirse en una “concepción de activo financiero con objetivos de especulación”, argumenta el sindicato.

CCOO: no debe dedicarse más de un 30% del salario al alquiler

El informe desvela cómo el alquiler sigue subiendo y no se corresponde con una subida salarial acorde. En los últimos cuatro años, ha habido un incremento del 24,8% mientras los salarios superan una subida del 15%. Estas cifras “lastran los esfuerzos que se han hecho en políticas sociales”, en concreto la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de los últimos años. Es un efecto dominó que también afecta a otros sectores de producción por lo que “también es un peligro para la creación de empleo”.

CCOO viene insistiendo desde hace tiempo que no debe dedicarse más de un 30% del salario a pagar al alquiler, incluidos los suministros eléctricos y energéticos. Castilla-La Mancha está lejos de ese máximo. Para adquirir una vivienda en alquiler, se dedica una media del 51,2%. Por provincias, llama especialmente la atención el 66% de Guadalajara o el 62% de Toledo. La cifra va bajando progresivamente en el resto de provincias: en Albacete el 54%, en Cuenca el 51% y en Ciudad Real el 50%. Pero todas por encima del umbral del 30%.

Este sindicato es uno de los que apoyan la convocatoria de huelga general, que contará con movilizaciones en las cinco provincias y con concentraciones sindicales previas. En Toledo habrá una primera concentración en la Plaza de Zocodover a las 11.00 horas, donde los líderes regionales de CCOO y UGT de Castilla-La Mancha, realizarán primera valoración de la jornada de la huelga. Ya por la tarde tendrá lugar, a las 18.00 horas la manifestación desde el Parque de la Vega hasta la Plaza del Ayuntamiento.

En cuanto al resto de la región, la convocatoria de manifestación en la ciudad de Albacete está prevista para las 19.00 horas desde la Punta del Parque hasta la plaza del Altozano; mientras que en Ciudad Real, comenzará a las 18.30 horas en Quijote Azteca hasta la Plaza Mayor. En Cuenca, la movilización arrancará a las 18.00 horas en el paseo del Ferrocarril hasta la plaza de España, y en Guadalajara será a las 18.00 horas desde el cruce de la calle Toledo con la Avenida de Castilla.

Bajo todo este contexto, hay una cuestión muy llamativa: tanto la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre como la de huelga general derivadas del desahucio de Maricarmen en Madrid y la caída de los decretos de vivienda tumbados por la oposición en el Congreso, se produjeron en paralelo a una nueva normativa en Castilla-La Mancha que está pasando algo desapercibida.

La Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística de Castilla-La Mancha inició su tramitación en septiembre sin que el Gobierno de Emiliano García-Page pudiera prever el torbellino de acontecimientos posteriores. Se aprobó en tiempo récord, a finales de octubre, e incluye algunas medidas que pueden ser determinantes para el futuro de la vivienda en la región.  

Entre ellas, la principal es que habilita el uso de terrenos y edificios de titularidad pública, así como suelo terciario sin utilizar o de “cualquier administración”, para la construcción de vivienda protegida. Fomenta asimismo un parque público de alquiler social con rentas adaptadas a los ingresos de los inquilinos, con especial enfoque en los jóvenes.

También permite incrementar hasta un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad en ciertas parcelas si el extra se destina íntegramente a vivienda protegida; impulsa Planes de Rehabilitación Urbana (los nuevos PRU) en áreas degradadas y acelera los trámites urbanísticos en municipios con riesgo de despoblación.

La norma incluye decenas de medidas complementarias y el tiempo decidirá si contribuye a solucionar los problemas de vivienda en Castilla-La Mancha. De momento, ningún ayuntamiento de la comunidad autónoma ha pedido al Gobierno regional, la declaración de zonas tensionadas, tal y como contempla la Ley estatal de Vivienda, para poner freno legal a los precios del alquiler y fijar reglas especiales en el mercado de la vivienda.

Únicamente Cuenca, gobernada por el PSOE, ha trasladado la solicitud, pero no lo han hecho ni Toledo, ni Guadalajara (gobernadas ambas por el PP y Vox), precisamente las dos capitales provinciales con más problemas en el incremento de precios.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado este martes que no ve “ningún sentido” a la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, convocada como protesta por la crisis de la vivienda y que él ha calificado de “absolutamente política para interferir en las elecciones”.

“Pero la huelga general, ¿no es contra el Gobierno? Yo me he educado y he estudiado en que se convocan huelgas generales contra quien gobierna por las medidas que toma y por la situación que vive el país”, ha afirmado en declaraciones a los medios durante su participación en Madrid en el desayuno de Europa Press protagonizado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Afirmado que “la huelga general no es por la precariedad de los salarios, ni porque los salarios crezcan la mitad de lo que crece el precio de la vivienda”, tampoco “porque la fiscalidad esté haciendo imposible que autónomos o que pequeñas y medianas empresas o que agricultores y ganadores no lleguen a final de mes”.

Tras preguntarse de nuevo “contra quien es la huelga”, ha deslizado que “va a ser una huelga política para tratar de interferir en las elecciones promovida por algún sindicato muy alineado con los intereses del Gobierno de España y de Pedro Sánchez”.

“España es un país mucho más serio que lo que algunos dirigentes sindicales o gubernamentales en este caso quieren proponer a los españoles. Una nación madura y serena, que sabe interpretar perfectamente que esto es una huelga general, es absolutamente política, para interferir en las elecciones y que, sin lugar a dudas, no tiene ningún sentido”, ha afirmado.

El PSOE muestra su “respeto” a la huelga por “el problema clave que es la vivienda”

El PSOE de Castilla-La Mancha en cambio ha mostrado su respeto del derecho a huelga que tienen los ciudadanos, que recoge la Constitución Española, justificando que “esta huelga proviene fundamentalmente por un problema clave que es la vivienda”.

“Respetamos a los ciudadanos que decidan ir a la huelga como a aquellos ciudadanos que, dentro de su derecho, van a ir a trabajar”, ha afirmado el presidente del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy a preguntas de los medios en rueda de prensa.

Sumándose a la decisión del Gobierno regional de no tener agenda institucional este miércoles, el PSOE tampoco la tendrá, “por respeto a los trabajadores”.

“Los trabajadores del partido decidirán si van a la huelga o no, pero desde el partido vamos a respetar la jornada de huelga y no vamos a tener actos en el día de mañana también”, ha incidido.

El Gobierno de Castilla-La Mancha no contará este miércoles, 11 de noviembre, día en el que se celebra la huelga general por la vivienda, con agenda pública, por lo que ha mostrado su respeto ante la convocatoria aunque ha reconocido que es “atípica”. La portavoz regional, Esther Padilla, ha calificado de “atípica” esta convocatoria, porque no se ha convocado como otras que se han llevado a cabo en el país.

“Evidentemente, la motivación de la huelga es por la vivienda y la preocupación y la dificultad que tienen muchísimas personas para acceder a la misma”, ha indicado Padilla, que ha afirmado que es “totalmente legítima” para que la ciudadanía pueda mostrar su preocupación, “su cabreo” e incluso, la exigencia de medidas.

Como Gobierno, ha proseguido la portavoz regional, lo que hará la Junta de Castilla-La Mancha es respetar el derecho a huelga y garantizar los servicios públicos esenciales.

Un problema que “compete a todos”

Preguntada sobre si el Gobierno regional se siente interpelado por los motivos que han suscitado esta huelga general, Padilla ha afirmado que el problema del acceso a la vivienda es algo que “compete a todos” y “no de ahora, sino de muchos años”. “Lo que sí sabemos es que el Gobierno de Castilla-La Mancha, antes de que estuviera en el debate público, ya ha tomado medidas tendentes a favorecer el acceso a la vivienda”, ha dicho, para recordar como ejemplo el 'Plan 10.000'.

Además, ha añadido que aunque el debate sobre vivienda se está produciendo ahora, el Gobierno de Castilla-La Mancha “lleva mucho tiempo” en ello y ha tomado medidas “como un plan muy específico en el que va a suponer una movilización millonaria de inversión para facilitar el acceso a la vivienda, deducciones fiscales, la rebaja de los impuestos que afectan a la compra-venta o la construcción de vivienda asequible”.

“Este Gobierno ha puesto medidas encima de la mesa ¿Serán suficientes? ¿Lo podemos solucionar solo nosotros? Evidentemente, no, y para eso tenemos que trabajar todas las administraciones de manera coordinada”, ha concluido.

En silencio y portando carros de la compra con distintos mensajes en la toledana plaza de Zodocover. Una docena de personas han participado en la tarde de este lunes en una protesta simbólica por la vivienda y contra la especulación en el corazón de Toledo, ya decorado para celebrar la Navidad.

Un silencio que, “a veces puede más que muchas consignas” y “remover conciencias” en una ciudad (y una provincia) tensionadas por la falta de vivienda, con precios desorbitados para quienes quieren acceder a un alquiler o a la compra de casa y “con la capital copada por turistas”, incluidos sus edificios, explicaba Alicia Martínez, portavoz de la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

“Hemos perdido 21 edificios en el último año y medio que se han convertido en apartamentos turísticos”, lamentaba.

Dos días antes de la huelga general por la vivienda el colectivo calienta motores. “De aquí a la huelga, la agenda mediática, la agenda urbana y también de la sociedad tienen que estar marcadas por una reflexión: la necesidad urgente de secundar la huelga general”, ha reclamado, para pedir a la ciudadanía que se manifieste el próximo miércoles 11 de noviembre. “Es una necesidad urgente” para tratar de frenar la “apisonadora que está terminando con las vidas dignas de muchísimas personas”.

Ha destacado la importancia de secundar la huelga, de la que se está informando a la ciudadanía y ha rechazado el mensaje que define este paro general como una huelga “política”. En su opinión ese es un “discurso zafio” que está difundiendo “la ultraderecha” pero que, asegura, “no es un discurso real” porque “esto es una huelga contra todo un sistema”.

Y en esa crítica, añadía, “es una huelga que incluye también como objetivo al gobierno socialista que durante ocho años no ha sido capaz de hacer nada y que no va a salvar los papeles por un decreto de última hora”, criticaba. Después, añadía, es necesario subir los salarios para afrontar el coste, no solo de la vivienda sino de la subida generalizada del coste de la vida, otro de los slogan del paro general del próximo miércoles.

Luz María Mena, “vecina de toda la vida” del Casco Histórico toledano que tuvo que abandonar por no poder pagar el coste del alquiler. “Tenemos que salir [a manifestarnos] porque es insostenible”, comentaba antes de participar en la marcha.

Evitar la “deshumanización” antes de que sea “demasiado tarde”

La portavoz de la Unión Popular de Inquilinos de Toledo ha recordado hoy el caso de Mari Carmen, la vecina madrileña de 87 años, desahuciada de su vivienda y tristemente fallecida días después. “Fue el símbolo de lo que cuesta tener una vivienda digna y mantenerla”, ha afirmado para advertir que su caso no es ni mucho menos el único. “Hay decenas”, ha asegurado, pidiendo empatía a la ciudadanía para evitar “la deshumanización” y actuar “antes de que sera demasiado tarde”.

CCOO ha denunciado que varias administraciones de Castilla-La Mancha están preguntando a los miembros de su plantilla si secundarán la huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre. Unas actuaciones que, recuerda el sindicato, son contrarias al derecho fundamental de huelga.

El sindicato señala al Ayuntamiento de Torrijos y a algunas delegaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo como los organismos públicos que han requerido a sus trabajadores saber si se sumarán al paro nacional.

“Esta actuación es una vulneración del derecho fundamental de huelga recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española y en el Real Decreto Ley 17/1977. Además, supone un tratamiento ilícito de datos relativos a la ideología sindical y una práctica claramente antisindical”, explica CCOO en un comunicado.

Por ello, recuerda que “ninguna persona trabajadora tiene obligación de comunicar individualmente su decisión de hacer o secundar o no la huelga”, según ha indicado el secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez. “Es una vergüenza y un escándalo que lo que no ocurre en la mayoría de las empresas esté ocurriendo en el sector público que debería dar ejemplo en estas cuestiones. Las sanciones económicas que puedan traer aparejadas estas actitudes recaerán en la ciudadanía en caso de que sean condenadas por ello”.

Es por ello que desde CCOO se insta a estas administraciones al cese inmediato de dicho requerimiento de información, su retirada expresa, la comunicación a la plantilla por la misma vía de que no existe obligación de manifestar si secundará la huelga y que se abstengan de elaborar ningún tipo de listado con las personas que ejerzan este derecho.

De no hacerse así durante el día de hoy CCOO interpondrá denuncia ante la Inspección de Trabajo así como la correspondiente demanda ante el Juzgado de lo Social.

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha hecho una primera consideración sobre el posible seguimiento de la huelga general en defensa de la vivienda del 11 de noviembre, augurando que “no habrá mucha disposición” a seguirla.

El presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas, y el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga Sanz, han comparecido en rueda de prensa, exhibiendo a los medios una réplica del número especial de la revista de la patronal dedicado a exponer las razones de rechazo por parte de los empresarios a este huelga, según recoge Europa Press.

Por un lado, se preguntan si “si algún trabajador va a querer prescindir del salario de un día para seguir una huelga que es política”, dadas las quejas sobre la existencia de salarios bajos. “Yo me preguntaría eso”, ha afirmado Arribas.

En su opinión, la huelga del 11 de noviembre “tiene un marcado carácter político” y sostiene que “es más una huelga electoral que una huelga general”. Dice “respetar” el derecho constitucional de huelga pero también que “rechaza” que la crisis estructural de vivienda, que reconoce, “se transforme artificialmente en un conflicto entre trabajadores y empresarios”.

La convocatoria, a su juicio, incorpora reivindicaciones cuya solución “es una adecuada política de vivienda, cuya conformación no depende de los empresarios, sino del Gobierno”.

Manuel Madruga: “No conviene caldear el ambiente”

De su lado, Manuel Madruga ha lamentado que las acciones violentas que se puedan dar en esta jornada de huelga impidan “ejercer el derecho al trabajo” de quien sí lo quiera ejercer. “No conviene caldear el ambiente y no conviene enfrentamientos de ese tipo, pero seguramente lo que suceda sea eso”.

Fedeto realizará “un seguimiento desde primera hora de la mañana” en tres veces con una muestra de 700 empresas, confiando en tener datos sobre las 10.30 horas, con previsión de que el siguiente dato se pueda aportar a las 13.00 horas.

Unas 25 personas pertenecientes a Fedeto estarán “en permanente contacto” con las empresas para conocer si se produce algún tipo de conflicto violento o “si los piquetes van más allá de lo que es su función y se convierten en violentos”. Esta información, aseguran, se recabará junto a otras provincias y se trasladará a la patronal regional CECAM.

CECAM pide “garantizar el derecho al trabajo”

Precisamente, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM CEOE-CEPYME) recuerda la necesidad de garantizar “el derecho al trabajo, la seguridad de las personas e instalaciones empresariales, la protección de los bienes --productos y servicios--, la tipificación de la actuación legal de los piquetes y la calificación previa de la huelga, así como la exigencia de responsabilidades sobre todo tipo de daños a los convocantes de la misma”.

Durante la jornada de huelga, CECAM y sus organizaciones empresariales actuarán como “interlocutoras y enlace con la Delegación del Gobierno y las subdelegaciones del Gobierno”, respectivamente, trasladando aquellas situaciones que así lo requieran y facilitando la coordinación institucional, según ha informado.

La patronal castellanomanchega también incide en el mensaje de que no comparte “en modo alguno” la convocatoria de huelga, al considerar que “responde a motivaciones ajenas al ámbito laboral y que plantea reivindicaciones cuya responsabilidad se debe a la inacción de las administraciones públicas, y no al tejido empresarial”.

El pasado 22 de octubre, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la nueva ley de medidas urgentes sobre suelo y vivienda de Castilla-La Mancha. Recibió luz verde con los únicos votos a favor del PSOE. El PP y Vox votaron en contra. Una de sus medidas más importantes es destinar todo tipo de edificios públicos en desuso a construir viviendas para alquiler asequible. Ahora, los 'populares' han propuesto esa misma medida en Guadalajara.

Concretamente, el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento y teniente de alcalde, Alfonso Esteban, ha planteado la puesta en marcha de “estudios conjuntos” entre el Gobierno de España, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Consistorio para estudiar la transformación de edificios públicos actualmente vacíos en viviendas destinadas al alquiler asequible.

Entre los inmuebles que podrían analizarse ha citado el parque móvil municipal, la antigua cárcel de hombres de la calle Virgen del Amparo, la antigua cárcel de mujeres y el edificio de los antiguos juzgados. Todos estos espacios tienen las características que contempla la nueva ley castellanomanchega y que el PP rechazó.

Pero ahora, Esteban la ha mencionado como propia afirmando que la vivienda es “un problema que preocupa mucho a todos los vecinos de Guadalajara” y ha defendido que, para darle respuesta, es necesario poner en el mercado más viviendas.

La nueva ley ya incluye esa medida

Y ese es, en principio, el objetivo de la nueva ley contra la que votó su partido. Incluye un conjunto de medidas destinadas, principalmente, a agilizar trámites para construir vivienda pública, recalificando para ello inmuebles privados o públicos. Es decir, podrán destinarse edificios en desuso como hoteles, oficinas o bares, de uso terciario, para construir viviendas protegidas.

Además del texto inicial de la ley, que este periódico ha desgranado en las últimas semanas, los socialistas añadieron un un conjunto de enmiendas, entre las que se delimita el precio máximo por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas de alquiler financiadas con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: ocho euros por metro cuadrado en las de promoción pública, y nueve euros en las de colaboración público-privada. 

La medida más importante añadida por el PSOE a última hora fue la posibilidad de que inmuebles y parcelas públicas de la Administración regional no destinados a vivienda se puedan dedicar a este fin. Pero, además, amplió a “cualquier administración” esta posibilidad. Es decir, lo mismo que ha propuesto el teniente de alcalde de Guadalajara.

Ya se sabe como serán los servicios mínimos establecidos para la huelga general que tendrá lugar este miércoles, 11 de noviembre. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este lunes la resolución de la Consejería de Fomento que fija los servicios mínimos en el transporte público regular de viajeros de la región.

La resolución protege en especial a los alumnos del medio rural y a los de educación especial. Así, se mantendrán inalteradas todas las rutas escolares que salen de zonas escasamente pobladas, en riesgo de despoblación o rurales intermedias, o que paran en ellas. También todas las rutas que van a centros de educación especial. En el resto de rutas escolares, se mantendrá el viaje de ida.

El departamento que dirige Nacho Hernando defiende que, “de esta manera se garantiza el ejercicio de derecho a la educación del alumnado y el ejercicio de derecho de huelga de los trabajadores especialmente cuando la zona de origen de los usuarios de transporte es fundamentalmente rural”.

Autobuses de línea: depende de cuántos viajes tenga cada ruta

En los servicios regulares de viajeros de uso general, Fomento mantiene el servicio con más o menos intensidad según el número de expediciones que tenga cada línea en el calendario de su concesión o autorización. Siempre habrá al menos un viaje de ida y otro de vuelta. El servicio aumenta de forma progresiva a partir de dos umbrales: seis y diez expediciones completas.

Así quedan los servicios mínimos:

Tienen que cumplir estos servicios mínimos las empresas gestoras de servicios públicos de titularidad autonómica que puedan verse afectadas por la huelga. Esto incluye las concesiones autonómicas y los servicios parciales de concesiones de la Administración Central que discurren íntegramente por Castilla-La Mancha.

Con motivo de la huelga general convocada para este miércoles, día 11 de noviembre, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado los servicios mínimos que se llevarán a cabo en materia de salud pública y atención sanitaria. Básicamente, la atención médica en hospitales públicos y atención primaria funcionará como la de un día festivo, mientras que en otros sectores como los del transporte sanitario, en ambulancia o helicóptero, el funcionamiento será del cien por cien de sus plantillas.

Según la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), las medidas buscan un “equilibrio proporcional” entre el derecho fundamental a huelga y la protección de la salud pública, garantizando la cobertura asistencial “urgente e inaplazable”.

Por ello, la Consejería de Sanidad asegura la plena operatividad de áreas críticas como diálisis, oncología y urgencias, aplicando dotaciones equivalentes a un día festivo o coberturas completas según el servicio. Finalmente, se regulan las obligaciones para la gestión indirecta, incluyendo el transporte sanitario urgente, la distribución logística de medicamentos y los servicios de radioterapia.

Durante una jornada de huelga, las garantías de atención médica se articulan a través del establecimiento de servicios mínimos “esenciales”. Así, en urgencias extrahospitalarias y atención primaria, se garantiza la atención urgente en cada Zona Básica de Salud con los efectivos equivalentes a los de un día festivo. Ese mismo criterio se utilizará en cuanto a la plantilla general de los hospitales públicos y los centros de atención especializada.  

Pacientes críticos y trasplantes

Pero en el caso de pacientes críticos o con patologías graves, se asegura la asistencia y continuidad de tratamientos en situaciones donde un aplazamiento o reprogramación perjudique clínicamente al paciente: diálisis, hemodiálisis, oncología y hematología.

En otros casos, como en la de la Unidad de Coordinación de Trasplantes, se establecen el cien por cien de sus servicios, así como en el transporte sanitario y el de tratamientos específicos. No será así en la distribución de medicamentos: los operadores logísticos fijan como mínimo indispensable un 40% de la plantilla para garantizar el almacenamiento y entrega.

En cuanto a los sistemas de vigilancia de la salud pública, habrá un sistema de guardias en la vertiente epidemiológica y para la presencia de personal en distritos de salud.

La asignación individual de los profesionales que deben cubrir los servicios mínimos en el ámbito del Servicio regional de Salud (SESCAM) corresponde a las personas titulares de las gerencias correspondientes (o a la dirección del centro en centros directamente adscritos a la Consejería). Antes de notificar formalmente a los trabajadores designados, se debe realizar la comunicación previa a la representación del personal.

La Vicepresidencia Segunda del Gobierno regional publica este lunes una resolución oficial que establece los servicios mínimos para el ente público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha durante la huelga general programada para el próximo miércoles 11 de noviembre.

Un total de 111 trabajadores, que representan el 27,96% de la plantilla del Grupo CMMedia, han sido designados para mantener operativos los informativos y la seguridad de las instalaciones.

Se trata, según la resolución, de equilibrar el derecho constitucional de huelga con la obligación de garantizar un servicio público de comunicación esencial y el acceso ciudadano a información veraz. Y es que el ente público se considera servicio esencial de la comunidad autónoma.

La radio y la televisión de Castilla-La Mancha reducirá su programación a las franjas informativas indispensables, alertas de protección civil si se produjeran situaciones de emergencia y programación en diferido.

Cada 30 minutos se difundirá un aviso oficial en televisión, radio y soportes digitales indicando expresamente que la programación de Castilla-La Mancha Media se ve afectada por la huelga general convocada en defensa de los salarios y de una vivienda digna.

Sin entretenimiento y parrilla reducida de informativos

El paro general ha sido promovido por las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y Confederación General del Trabajo (CGT), entre otras centrales. Su ámbito abarca toda la jornada del 11 de noviembre, incluyendo el turno que se inicie antes de las 00:00 horas de dicho día y aquel que finalice en la jornada siguiente.

La reestructuración acordada supone la supresión total de programas de entretenimiento, magacines de producción propia y espacios promocionales. La dotación de personal asignada a las áreas de producción de contenidos no informativos será del cero por ciento, por lo que las franjas horarias no cubiertas por los informativos mínimos serán sustituidas íntegramente por redifusiones en diferido.

En la Televisión Autonómica (CMT), la emisión en directo se acotará a tres bloques informativos reducidos integrados en una parrilla única: por un lado el espacio matinal 'Castilla-La Mancha Despierta' reducirá su emisión a una hora de duración, de 9:00 a 10:00 horas.

'Noticias de las 2', la edición de sobremesa comprimirá su horario para emitirse entre las 14:00 y las 14:45 horas y 'Noticias de las 8', el informativo vespertino se ofrecerá durante media hora, de 20:00 a 20:30 horas.

Radio Castilla-La Mancha también ajusta su programación

Por su parte, Radio Castilla-La Mancha (RCM) articulará su parrilla ajustada manteniendo la emisión de los boletines horarios reducidos y cuatro espacios informativos de referencia. En concreto, 'Castilla-La Mancha Hoy', el magacín informativo matinal se emitirá de 7:00 a 9:30 horas.

Además, 'Castilla-La Mancha a las 2', el informativo del mediodía, ocupará el tramo de 14:00 a 14:45 horas, 'Castilla-La Mancha en Juego', el espacio de información deportiva se restringirá de 15:00 a 15:30 horas y 'Castilla-La Mancha a las 8', el resumen de actualidad de la jornada se ofrecerá de 20:00 a 21:00 horas.

El acuerdo garantiza asimismo una cobertura informativa mínima en la página web corporativa y en la aplicación móvil de CMMedia, reconociendo el papel de los canales digitales como vía de acceso preferente a la información autonómica para gran parte de la población.

Se venden menos casas, pero eso no impide que los precios continúen subiendo incluso de forma más acusada que en el resto de España. Es la realidad del mercado inmobiliario en Castilla-La Mancha que reflejan los datos publicados por el Decanato de Registradores de Castilla-La Mancha, que muestran cómo el precio de la vivienda aumentó un 11,9 % interanual durante el tercer trimestre de 2026, casi tres puntos por encima de la media nacional, mientras que las compraventas encadenaron su tercer trimestre consecutivo de descensos.

Esta situación, indican los registradores, es especialmente acusada en Toledo y Guadalajara, las dos provincias que concentran las mayores subidas de precio en la región.

Según la Estadística Registral Inmobiliaria, el precio medio de la vivienda en Castilla-La Mancha alcanzó los 1.142 euros por metro cuadrado durante el tercer trimestre, tras aumentar un 5,7 % respecto al anterior, frente al incremento del 1 % registrado en España. En términos interanuales, el precio medio se situó en 1.082 euros por metro cuadrado, con una subida del 11,9 %, superior al 9,3 % nacional.

Pese a este encarecimiento, Castilla-La Mancha sigue siendo la segunda comunidad autónoma con la vivienda más asequible del país, con unos precios medios por debajo de la mitad (44 %) de la media española.

El decano de los Registradores de Castilla-La Mancha, Jaime Núñez, señala que “Castilla-La Mancha sigue siendo una de las comunidades más asequibles de España, pero el ritmo de encarecimiento, casi tres puntos por encima del nacional, merece seguimiento. Toledo y Guadalajara concentran buena parte de esa presión”.

En cuanto a la actividad inmobiliaria, durante el tercer trimestre se formalizaron 8.314 compraventas, un 3 % menos que en el periodo anterior, una caída superior a la registrada en el conjunto del país, del 2,3 %. No obstante, en los últimos doce meses se contabilizaron 34.262 operaciones, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior.

Para Núñez, “que las compraventas caigan por tercer trimestre consecutivo mientras los precios suben indica un mercado con menos oferta que demanda, sobre todo en las provincias más cercanas a Madrid”.

Toledo y Guadalajara, a la cabeza del encarecimiento de la vivienda

Es precisamente en las dos provincias limítrofes con Madrid, Toledo y Guadalajara, las que encabezan el alza en los precios. Toledo registra la mayor subida interanual del precio de la vivienda de toda España, con un incremento del 20,3 %, seguida de Guadalajara, donde los precios aumentaron un 17,3 %, lo que la sitúa como la cuarta provincia española con mayor encarecimiento.

Sin embargo, ambas provincias experimentaron una reducción de las compraventas, del 6,8 % en Toledo y del 5,7 % en Guadalajara, reflejando, según los registradores, una creciente presión sobre los precios que no se traduce en un mayor número de operaciones.

La evolución fue diferente en Albacete, donde el precio de la vivienda creció un 8,8 % y las compraventas aumentaron un 10,2 %. Por su parte, Ciudad Real se situó como la provincia más barata de España durante el trimestre, con un precio medio de 776 euros por metro cuadrado.

Cuenca fue la única provincia castellanomanchega que registró una bajada interanual de precios, del 4,8 %, aunque las operaciones de compraventa crecieron un 13 %, mostrando un mayor dinamismo del mercado.

La Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, CASA 47, ha incorporado a su portal web un total de 63 viviendas de alquiler asequible en Castilla-La Mancha, 44 de ellas en la provincia de Toledo y 19 en la de Guadalajara.

Las viviendas presentan superficies de entre 35 y 160 m², con rentas mensuales de entre 350 y 905 euros.

Estas viviendas forman parte de una nueva convocatoria por la que el Portal de CASA 47 incorpora 442 nuevas viviendas de alquiler asequible en seis comunidades autónomas: Región de Murcia, Galicia, Comunitat Valenciana, Catalunya, Castilla-La Mancha y Principado de Asturias.

Se suman a las 807 de anteriores convocatorias. Antes de fin de año se incorporará al Portal un millar adicional de viviendas.

¿Cuáles son las condiciones?

Las inscripciones podrán realizarse desde este sábado, 7 de noviembre, hasta el 26 de noviembre y los detalles están disponibles en El Portal de CASA 47.

Las personas interesadas tienen a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la vivienda, así como un formulario de solicitud que se puede cumplimentar online.

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

La comunidad autónoma establece el tope de renta mensual

Las rentas mensuales de las viviendas se establecen con base en el tope fijado por la comunidad autónoma y nunca superará el 30 % de la renta media del municipio. Proceso de asignación de las viviendas Las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenarán el resto de las solicitudes.

A cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible de su listado de viviendas solicitadas. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla. Si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler y se entregarán las llaves.

Las consejerías de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y de Educación, Cultura y Deportes han dictado distintas resoluciones por las que se establecen los servicios mínimos en determinados sectores de actividad gestionados indirectamente por la Administración de la Junta para la huelga general convocada para el día 11 de noviembre, como el Servicio de Atención de Urgencias 112, las residencias universitarias y los centros de enseñanza no universitaria de la comunidad autónoma.

En el caso del 112, según Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), se considera un servicio esencial, pues supone la principal vía de acceso a los servicios públicos de urgencias, emergencias y seguridad las 24 horas del día y los 365 días del año.

La Administración, según explica, está obligada tanto a garantizar el servicio público sanitario como a mantener la seguridad y protección de las personas, bienes y patrimonios y preservar la seguridad pública derivada de posibles catástrofes, para lo cual se hace imprescindible que el acceso de la ciudadanía a los servicios de urgencia a través del teléfono 112 se mantenga “sin merma en la atención de las mismas”.

Por estos motivos, los Servicios de Atención de Urgencias 112 funcionarán con un 80% de su personal contratado en la sala de coordinación del 112 y con el 50% del personal de estructura.

Por otro lado, en relación con la seguridad y la vigilancia de los edificios públicos, la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, dispone que la seguridad no es solo un valor jurídico primordial o normativo es igualmente “un valor social”. En este caso, el criterio utilizado ha sido el de establecer, sobre los efectivos personales que habitualmente prestan el servicio en estos centros, los mínimos necesarios para atender las prestaciones que resultan esenciales para la ciudadanía.

Educación: residencias y centros de enseñanza

De su lado, en la resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que establece los servicios mínimos en las residencias universitarias, se ha ponderado la necesidad de garantizar las actividades necesarias para atender al alumnado interno.

De este modo, en las residencias universitarias con servicio de comedor habrá un director o responsable de centro por provincia, un cocinero o ayudante de cocina, un personal de limpieza y un ordenanza, y en las residencias universitarias sin servicio de comedor un director o responsable de centro por provincia y un ordenanza.

En cuanto a los servicios mínimos en centros de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la resolución de la Consejería recuerda que el derecho de huelga y el seguimiento de esta sin la determinación de una prestación mínima del servicio público educativo “podría generar graves perjuicios al derecho de la educación del alumnado”.

En este sentido, se señala que el servicio esencial de la educación “no puede ser reducido exclusivamente a la actividad docente”, ya que, junto a esta actividad, hay otras actividades fundamentales relacionadas con el ejercicio de este servicio esencial, tales como la vigilancia, los comedores, el cuidado o la asistencia de menores, especialmente de los menores con necesidades especiales, que exigen garantizar unas condiciones mínimas de atención, seguridad o higiene.

Puede “limitar el derecho al trabajo”

Asimismo, el cierre de los centros, o la falta del personal imprescindible para atender al alumnado que acuda al centro, puede “limitar el derecho al trabajo” de los padres y madres del alumnado o el derecho al trabajo de los trabajadores que no secunden la huelga.

En este caso, en el establecimiento de estos servicios mínimos, que no concreta la resolución, se han tenido en cuenta los criterios jurisprudenciales, tales como extensión territorial y personal de la huelga, su duración y demás circunstancias concurrentes,.

Principalmente, se han considerado como criterios diferenciadores en los servicios fijados, la edad, el número y las características especiales del alumnado, de manera que el profesorado afectado sea el “imprescindible” para atender al alumnado que asista al centro. Los servicios mínimos establecidos sólo pretenden “ser consecuentes con el objetivo que persiguen”, expuesto anteriormente.

En otro caso, aclara Educación, la coherencia “exigiría cerrar los centros para evitar poner en riesgo la convivencia y la vida del alumnado” en caso de un seguimiento masivo de la huelga en los centros.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha establecido los servicios mínimos que deberán mantenerse durante la huelga general convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre, con el objetivo de garantizar la atención de las necesidades esenciales de la población y la seguridad de las personas y las instalaciones públicas.

La resolución, publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), afecta a distintos servicios de gestión directa de la Administración autonómica y contempla la presencia de personal en ámbitos como la protección civil, el registro administrativo, las oficinas de empleo, los centros asistenciales, los laboratorios de salud pública y las carreteras autonómicas.

Las oficinas de empleo mantendrán una atención básica

Uno de los aspectos de mayor interés para la ciudadanía es el funcionamiento de las oficinas de empleo. Durante la huelga, estos centros contarán con su director o directora, o la persona que les sustituya. Además, una serie de oficinas dispondrán de un empleado público encargado del registro de documentos y de la atención básica a las personas demandantes de empleo.

Entre ellas figuran las oficinas de Valdepeñas, Ciudad Real, Puertollano, Tomelloso y Alcázar de San Juan, además de otras localidades de las cinco provincias de la región.

La resolución establece asimismo la presencia de personal de registro en las delegaciones provinciales de la Junta y en las delegaciones de servicios de Talavera de la Reina y Molina de Aragón, para facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de trámites sujetos a plazo.

Atención en residencias y centros asistenciales

Los servicios sociales constituyen otro de los ámbitos prioritarios. Las residencias de mayores y los centros de atención a personas con discapacidad y menores incluidos en la resolución dispondrán del personal necesario para mantener la atención indispensable.

En determinados centros asistenciales, la dotación prevista será la correspondiente a un día festivo en cada turno de trabajo, además de la persona responsable del centro o quien la sustituya.

La medida afecta a instalaciones repartidas por toda Castilla-La Mancha, entre ellas residencias de mayores de Ciudad Real, Puertollano, Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Emergencias, carreteras y seguridad industrial

Los servicios de Protección Civil también contarán con servicios mínimos. Se garantizará la presencia de personal técnico en los servicios centrales de la Junta de Castilla-La Mancha y en cada delegación provincial, así como de un técnico del servicio de emergencias 112 en los servicios centrales.

En las carreteras de titularidad autonómica permanecerán de guardia los retenes previstos para atender incidencias y emergencias. También se mantendrá personal técnico en materia de seguridad industrial, con el fin de responder ante situaciones que puedan poner en peligro a las personas, los bienes o el medio ambiente.

Bibliotecas, museos y laboratorios, con servicios esenciales

La resolución contempla igualmente medidas para preservar el patrimonio cultural y asegurar la continuidad de los trabajos imprescindibles en los laboratorios oficiales.

Las bibliotecas públicas, los museos provinciales y los archivos históricos dispondrán de una persona responsable del centro durante el turno de mañana y de personal de ordenanza en los turnos de mañana y tarde.

En los laboratorios de salud pública de Castilla-La Mancha se establece la presencia, por cada sección, de una persona titulada superior y otra técnica superior de laboratorio. La finalidad es garantizar las analíticas urgentes y evitar que la interrupción de procesos ya iniciados comprometa su validez.

La Administración mantendrá sus sistemas informáticos

Los servicios de telecomunicaciones, sistemas informáticos y ciberseguridad de la Junta también estarán cubiertos mediante personal técnico específico. La resolución establece turnos de soporte local y regional, atención a los centros de procesamiento de datos y cobertura para determinadas unidades con guardias localizadas.

Además, se garantizará el mantenimiento básico y la seguridad de los edificios administrativos, con personal encargado de facilitar su apertura y cierre y de preservar las instalaciones.

La huelga general ha sido convocada por CCOO, UGT e Intersindical, entre otras organizaciones, para toda la jornada del 11 de noviembre. La convocatoria contempla también, en determinados casos, el turno anterior a la medianoche y los turnos que comiencen ese día y finalicen al siguiente.

El Gobierno de Emiliano García-Page justifica los servicios mínimos por la necesidad de compatibilizar el derecho de huelga con la protección de otros derechos esenciales. La resolución se aplica a los sectores de la Administración autonómica y no supone, por sí sola, que todos los servicios públicos de la región vayan a funcionar con normalidad.

Por eso se recomienda, a quienes tengan previsto realizar trámites administrativos, acudir a una oficina de empleo o utilizar algún servicio público el 11 de noviembre, comprobar previamente las condiciones de atención de su centro, especialmente si necesitan realizar gestiones sujetas a plazo.

Castilla-La Mancha hace tiempo que dejó de ser una excepción en cuanto al acceso a la vivienda. Y así lo demuestran tanto los datos del porcentaje de salarios que se dedica al alquiler o la compra, y lo “especialmente preocupante” que ha sido la pérdida de inmuebles con algún tipo de protección. Concretamente, el parque público residencial de esta comunidad autónoma ha perdido 22.000 viviendas en 35 años porque “se han convertido en negocio”.

Así lo desvela el último ‘Informe sobre vivienda y bienestar’ de CCOO en Castilla-La Mancha que ha detallado el secretario de Políticas Institucionales y Desarrollo Territorial del sindicato, José Manuel Muñoz. Como primera reflexión ha señalado que el mercado de la vivienda sufre “una profunda distorsión funcional”. Ha pasado de ser una “función social primaria” convertirse en una “concepción de activo financiero con objetivos de especulación”.

Este escenario ha provocado una “extracción de rentas” en la economía castellanomanchega, arrasando con parte de la riqueza autonómica, lo que, a su vez, “tensiona la cohesión territorial” y “frena el crecimiento económico regional”. Por ello, el sindicato pide una “intervención pública” que garantice el derecho residencial, al ser una “responsabilidad de las instituciones y de los gobernantes”.

El informe desvela cómo el alquiler sigue subiendo y no se corresponde con una subida salarial acorde. En los últimos cuatro años, ha habido un incremento del 24,8% mientras los salarios superan una subida del 15%. Estas cifras “lastran los esfuerzos que se han hecho en políticas sociales”, en concreto la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de los últimos años. Es un efecto dominó que también afecta a otros sectores de producción por lo que “también es un peligro para la creación de empleo”.

CCOO viene insistiendo desde hace tiempo que no debe dedicarse más de un 30% del salario a pagar al alquiler, incluidos los suministros eléctricos y energéticos. Castilla-La Mancha está lejos de ese máximo. Para adquirir una vivienda en alquiler, se dedica una media del 51,2%. Por provincias, llama especialmente la atención el 66% de Guadalajara o el 62% de Toledo. La cifra va bajando progresivamente en el resto de provincias: en Albacete el 54%, en Cuenca el 51% y en Ciudad Real el 50%. Pero todas por encima del umbral del 30%.

En la compra de vivienda, el escenario no es mejor. “Es cada vez más difícil”, afirma el dirigente sindical. La media es de 4,5 años de salario para conseguir adquirir un inmueble residencial. Y por provincias, esa cifra se duplica, hasta los 9 años, en Guadalajara y en Toledo, seguidas de Albacete, con 8 años de salario, y Ciudad Real y Cuenca con alrededor de siete años de salario. Esto, en capitales de provincia. Las cifras bajan en zonas con menos habitantes, pero siguen siendo “muy altas”.

El análisis de CCOO cifra más del 63% los residentes de Castilla-La Mancha que habitan en hogares cuyo volumen conjunto de ingresos no llega a los 2.000 euros al mes. Eso hace “muy complicado” acceder a una vivienda cuando el precio de alquiler o de venta “asequible” se fija en 700 o 750 euros al mes.

La situación es “especialmente preocupante” en el apartado del informe dedicado a vivienda pública. El parque público residencial de Castilla-La Mancha se reduce progresivamente y “no se repone al mismo tiempo”. Desde 1991 a 2025 se construyeron 78.500 viviendas protegidas en la región, de las que solo quedan poco más de 56.000 en 2026. Es decir, la comunidad autónoma ha perdido 22.000 viviendas de ese parque público.

Se ha visto que había un negocio y el que tenía una vivienda pública ha decidido devolver las ayudas y ponerla en alquiler a precios más altos

Además, la mayoría de ellas se ha “descalificado”, ha perdido su protección incluso con devolución de ayudas. “Se ha visto que había un negocio y el que tenía una vivienda pública ha decidido devolver las ayudas y ponerla en alquiler a precios más altos”. Y no es un hecho que se está produciendo en zonas “arrinconadas o rurales”, sino en grandes ciudades.

El informe devela que en 2025 se terminaron en Castilla-La Mancha 3.650 viviendas y tan solo 222 fueron de protección oficial, apenas un 6,08% de vivienda pública. “Hemos visto además cómo esas viviendas las construyeron promotores privados, no públicos”.

“Esto es un problema grave, porque no se trata de construir mucho, sino de construir bien. Y la fuente de financiación también habrá que definirla, porque los fondos europeos en los que nos estamos apoyando son finitos y habrá un momento en el que no contaremos con ellos”, remarca Muñoz.

En otro orden de cosas, las viviendas vacías siguen ofreciendo datos muy reveladores. De un total de 1.366.521 viviendas en Castilla-La Mancha, 303.000 están vacías, un 23%. En municipios de más de 5.000 habitantes, Ciudad Real tiene un 57,8% de inmuebles vacías, Albacete un 42% y Toledo un 39%. Aquí, el sindicato interpela directamente a las administraciones más cercanas para aplicar el recargo progresivo a todas aquellas que no estén en un estado ruinoso e intentar que pasen a formar parte del mercado del alquiler.

Toledo y Guadalajara, las más tensionadas

José Manuel Muñoz hila esta circunstancia con la necesidad de que los ayuntamientos de las grandes ciudades soliciten la declaración de zonas tensionadas. Actualmente, en esta comunidad autónoma, solo el Ayuntamiento de Cuenca ha realizado esta solicitud al Gobierno regional. Pero CCOO considera que son Toledo y Guadalajara las que ya tendrían que haberlo cursado, por ser limítrofes con Madrid y por los citados datos del porcentaje de salario destinado a pagar la renta.

Con todas estas cifras, el sindicato elabora una serie de peticiones. La principal es la protección “permanente” del parque público, y no solo por 50 años.  A ello une la necesidad de que pueda haber mecanismos de “mediación” en la compraventa, mediante oficinas que estén a disposición de la ciudadanía y que utilicen el derecho de tanteo y retracto para recuperar la vivienda que ya existe. Y, también, aplicar recargos a las viviendas vacías.

También aboga por explorar la compra de nuda propiedad en rendimiento vitalicio. “Es otra salida para hacer que el mercado se amplíe, porque no se trata de construir mucho, sino de administrar bien lo que ya está construido”.

CCOO, preguntado al respecto, considera que la nueva ley de medidas de suelo y vivienda de Castilla-La Mancha es “positiva” en cuanto a que permite destinar a vivienda pública edificios en desuso. No obstante, critica que no recoja ese carácter permanente de la protección a la vivienda pública y que se aplique solo a las viviendas financiadas por el Plan Estatal, “dejando fuera el parque público autonómico”.

También lamenta que en la nueva ley no se regulen los desahucios ni se valoren alternativas habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad. “Es un paso hacia adelante, pero no es suficiente para solucionar el problema que tenemos encima de la mesa. Creo que es mínimo el avance que se produce para un problema tan grave como el que tenemos, que es garantizar derecho residencial de todos los castellanomanchegos”, concluye.