Huelga general del 11N: vivir en Castilla-La Mancha ya no es tan barato

Llega la huelga general por la vivienda y Castilla-La Mancha se suma con diversas convocatorias, adhesiones y movilizaciones. Durante muchos años, incluso después de la crisis económica-financiera de 2008, esta región ha sido una rara avis en el mercado inmobiliario en España. Los precios de alquiler y de compra de vivienda eran mucho más bajos que en el resto del país. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las diferencias eran muy llamativas: pisos hasta tres veces más baratos en Toledo que en Madrid y Barcelona.

La tendencia comenzó a cambiar hace unos años y ha sido muy progresiva. De hecho, la comunidad autónoma sigue siendo una de las regiones con los precios más bajos, pero atraviesa un fuerte encarecimiento y una clara desigualdad territorial.

Los precios han experimentado repuntes interanuales muy significativos, hasta del 20%, según la sociedad de tasación Tinsa, sobre todo en las zonas más tensionadas: las de influencia de Madrid, como Guadalajara y el Corredor del Henares, o Toledo y comarcas como la Sagra. Además, también en Albacete, la ciudad más poblada de la comunidad autónoma, el precio del alquiler se ha disparado.

La culpa no solo es abstracta, por la tendencia del mercado. En ello han influido los fondos buitre que operan en todo el país y que en Castilla-La Mancha también han dejado su huella, pasando a ser propietarios de inmuebles que posteriormente disparan sus precios y han provocado desahucios.

Junto a esto, en Toledo, los grandes proyectos hoteleros han sido determinantes para otra derivada: la pérdida de vivienda asequible en el Casco Histórico y, por un efecto dominó, el aumento del precio en el resto de los barrios de la capital castellanomanchega.

Por ejemplo, en esta ciudad, hay dos grandes proyectos que tienen a vecinos y vecinas muy preocupados, el de la calle de La Plata y el de la Cava. Si salen adelante, serán macrohoteles que no solo contribuirán a la turistificación de un ya saturado Casco Histórico, sino que significará que las oportunidades para crear vivienda asequible en el corazón de Toledo prácticamente son ya una quimera.

Desde la Unión Popular de Inquilinas de Toledo lo tienen claro. Desde hace tiempo vienen denunciando la situación y han estado calentando motores de cara a la huelga general. Esta semana lo han hecho en silencio y portando carros de la compra con distintos mensajes en la toledana plaza de Zocodover. Ha sido una protesta simbólica por la vivienda y contra la especulación en el corazón de Toledo, ya decorado para celebrar la Navidad.

Un silencio que, “a veces puede más que muchas consignas” y “remover conciencias” en una ciudad (y una provincia) tensionadas por la falta de vivienda, con precios desorbitados para quienes quieren acceder a un alquiler o a la compra de casa y “con la capital copada por turistas”, incluidos sus edificios, explicaba Alicia Es. Martínez, portavoz de la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

“Hemos perdido 21 edificios en el último año y medio que se han convertido en apartamentos turísticos”, lamentaba. “De aquí a la huelga, la agenda mediática, la agenda urbana y también de la sociedad tienen que estar marcadas por una reflexión: la necesidad urgente de secundar la huelga general”, ha reclamado, para pedir a la ciudadanía que se manifieste este 11 de noviembre. “Es una necesidad urgente” para tratar de frenar la “apisonadora que está terminando con las vidas dignas de muchísimas personas”.

Los desahucios, también disparados

Las cifras sobre desahucios también dejan patente esta situación: en Castilla-La Mancha, la evolución de los lanzamientos practicados y notificados por los órganos judiciales en los últimos años muestra vaivenes marcados por el peso creciente de los alquileres frente a las ejecuciones hipotecarias.

Por ejemplo, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2024 hubo 857 desahucios en la región, que aumentaron un 37%, hasta los 1.176, en el año 2025. Al igual que en el conjunto nacional, el principal origen fue el impago del alquiler (derivado de la Ley de Arrendamientos Urbanos). De hecho, en el balance de 2025, los lanzamientos por impago de alquiler en Castilla-La Mancha duplicaron con creces a los hipotecarios.

Aunque durante el primer trimestre de 2026, los desahucios registraron un descenso generalizado, la presión en las demandas por impago y la tasa por habitante en la región (5,7 por cada 100,000 habitantes en demandas) siguen situando a Castilla-La Mancha entre las zonas con mayor actividad relativa de avisos de desahucio.

Porque hay un déficit fundamental que recientemente ha puesto sobre la mesa el sindicato CCOO en su último informe sobre vivienda y bienestar: el parque público residencial de esta comunidad autónoma ha perdido 22.000 viviendas en 35 años porque “se han convertido en negocio”.

El mercado de la vivienda sufre “una profunda distorsión funcional”. Ha pasado de ser una “función social primaria” convertirse en una “concepción de activo financiero con objetivos de especulación”, argumenta el sindicato.

CCOO: no debe dedicarse más de un 30% del salario al alquiler

El informe desvela cómo el alquiler sigue subiendo y no se corresponde con una subida salarial acorde. En los últimos cuatro años, ha habido un incremento del 24,8% mientras los salarios superan una subida del 15%. Estas cifras “lastran los esfuerzos que se han hecho en políticas sociales”, en concreto la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de los últimos años. Es un efecto dominó que también afecta a otros sectores de producción por lo que “también es un peligro para la creación de empleo”.

CCOO viene insistiendo desde hace tiempo que no debe dedicarse más de un 30% del salario a pagar al alquiler, incluidos los suministros eléctricos y energéticos. Castilla-La Mancha está lejos de ese máximo. Para adquirir una vivienda en alquiler, se dedica una media del 51,2%. Por provincias, llama especialmente la atención el 66% de Guadalajara o el 62% de Toledo. La cifra va bajando progresivamente en el resto de provincias: en Albacete el 54%, en Cuenca el 51% y en Ciudad Real el 50%. Pero todas por encima del umbral del 30%.

Este sindicato es uno de los que apoyan la convocatoria de huelga general, que contará con movilizaciones en las cinco provincias y con concentraciones sindicales previas. En Toledo habrá una primera concentración en la Plaza de Zocodover a las 11.00 horas, donde los líderes regionales de CCOO y UGT de Castilla-La Mancha, realizarán primera valoración de la jornada de la huelga. Ya por la tarde tendrá lugar, a las 18.00 horas la manifestación desde el Parque de la Vega hasta la Plaza del Ayuntamiento.

En cuanto al resto de la región, la convocatoria de manifestación en la ciudad de Albacete está prevista para las 19.00 horas desde la Punta del Parque hasta la plaza del Altozano; mientras que en Ciudad Real, comenzará a las 18.30 horas en Quijote Azteca hasta la Plaza Mayor. En Cuenca, la movilización arrancará a las 18.00 horas en el paseo del Ferrocarril hasta la plaza de España, y en Guadalajara será a las 18.00 horas desde el cruce de la calle Toledo con la Avenida de Castilla.

Bajo todo este contexto, hay una cuestión muy llamativa: tanto la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre como la de huelga general derivadas del desahucio de Maricarmen en Madrid y la caída de los decretos de vivienda tumbados por la oposición en el Congreso, se produjeron en paralelo a una nueva normativa en Castilla-La Mancha que está pasando algo desapercibida.

La Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística de Castilla-La Mancha inició su tramitación en septiembre sin que el Gobierno de Emiliano García-Page pudiera prever el torbellino de acontecimientos posteriores. Se aprobó en tiempo récord, a finales de octubre, e incluye algunas medidas que pueden ser determinantes para el futuro de la vivienda en la región.  

Entre ellas, la principal es que habilita el uso de terrenos y edificios de titularidad pública, así como suelo terciario sin utilizar o de “cualquier administración”, para la construcción de vivienda protegida. Fomenta asimismo un parque público de alquiler social con rentas adaptadas a los ingresos de los inquilinos, con especial enfoque en los jóvenes.

También permite incrementar hasta un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad en ciertas parcelas si el extra se destina íntegramente a vivienda protegida; impulsa Planes de Rehabilitación Urbana (los nuevos PRU) en áreas degradadas y acelera los trámites urbanísticos en municipios con riesgo de despoblación.

La norma incluye decenas de medidas complementarias y el tiempo decidirá si contribuye a solucionar los problemas de vivienda en Castilla-La Mancha. De momento, ningún ayuntamiento de la comunidad autónoma ha pedido al Gobierno regional, la declaración de zonas tensionadas, tal y como contempla la Ley estatal de Vivienda, para poner freno legal a los precios del alquiler y fijar reglas especiales en el mercado de la vivienda.

Únicamente Cuenca, gobernada por el PSOE, ha trasladado la solicitud, pero no lo han hecho ni Toledo, ni Guadalajara (gobernadas ambas por el PP y Vox), precisamente las dos capitales provinciales con más problemas en el incremento de precios.