Castilla-La Mancha ha perdido más de 20.000 viviendas públicas en 35 años: “Se han convertido en negocio”

Castilla-La Mancha hace tiempo que dejó de ser una excepción en cuanto al acceso a la vivienda. Y así lo demuestran tanto los datos del porcentaje de salarios que se dedica al alquiler o la compra, y lo “especialmente preocupante” que ha sido la pérdida de inmuebles con algún tipo de protección. Concretamente, el parque público residencial de esta comunidad autónoma ha perdido 22.000 viviendas en 35 años porque “se han convertido en negocio”.

Así lo desvela el último ‘Informe sobre vivienda y bienestar’ de CCOO en Castilla-La Mancha que ha detallado el secretario de Políticas Institucionales y Desarrollo Territorial del sindicato, José Manuel Muñoz. Como primera reflexión ha señalado que el mercado de la vivienda sufre “una profunda distorsión funcional”. Ha pasado de ser una “función social primaria” convertirse en una “concepción de activo financiero con objetivos de especulación”.

Este escenario ha provocado una “extracción de rentas” en la economía castellanomanchega, arrasando con parte de la riqueza autonómica, lo que, a su vez, “tensiona la cohesión territorial” y “frena el crecimiento económico regional”. Por ello, el sindicato pide una “intervención pública” que garantice el derecho residencial, al ser una “responsabilidad de las instituciones y de los gobernantes”.

El informe desvela cómo el alquiler sigue subiendo y no se corresponde con una subida salarial acorde. En los últimos cuatro años, ha habido un incremento del 24,8% mientras los salarios superan una subida del 15%. Estas cifras “lastran los esfuerzos que se han hecho en políticas sociales”, en concreto la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de los últimos años. Es un efecto dominó que también afecta a otros sectores de producción por lo que “también es un peligro para la creación de empleo”.

CCOO viene insistiendo desde hace tiempo que no debe dedicarse más de un 30% del salario a pagar al alquiler, incluidos los suministros eléctricos y energéticos. Castilla-La Mancha está lejos de ese máximo. Para adquirir una vivienda en alquiler, se dedica una media del 51,2%. Por provincias, llama especialmente la atención el 66% de Guadalajara o el 62% de Toledo. La cifra va bajando progresivamente en el resto de provincias: en Albacete el 54%, en Cuenca el 51% y en Ciudad Real el 50%. Pero todas por encima del umbral del 30%.

En la compra de vivienda, el escenario no es mejor. “Es cada vez más difícil”, afirma el dirigente sindical. La media es de 4,5 años de salario para conseguir adquirir un inmueble residencial. Y por provincias, esa cifra se duplica, hasta los 9 años, en Guadalajara y en Toledo, seguidas de Albacete, con 8 años de salario, y Ciudad Real y Cuenca con alrededor de siete años de salario. Esto, en capitales de provincia. Las cifras bajan en zonas con menos habitantes, pero siguen siendo “muy altas”.

El análisis de CCOO cifra más del 63% los residentes de Castilla-La Mancha que habitan en hogares cuyo volumen conjunto de ingresos no llega a los 2.000 euros al mes. Eso hace “muy complicado” acceder a una vivienda cuando el precio de alquiler o de venta “asequible” se fija en 700 o 750 euros al mes.

La situación es “especialmente preocupante” en el apartado del informe dedicado a vivienda pública. El parque público residencial de Castilla-La Mancha se reduce progresivamente y “no se repone al mismo tiempo”. Desde 1991 a 2025 se construyeron 78.500 viviendas protegidas en la región, de las que solo quedan poco más de 56.000 en 2026. Es decir, la comunidad autónoma ha perdido 22.000 viviendas de ese parque público.

Se ha visto que había un negocio y el que tenía una vivienda pública ha decidido devolver las ayudas y ponerla en alquiler a precios más altos

Además, la mayoría de ellas se ha “descalificado”, ha perdido su protección incluso con devolución de ayudas. “Se ha visto que había un negocio y el que tenía una vivienda pública ha decidido devolver las ayudas y ponerla en alquiler a precios más altos”. Y no es un hecho que se está produciendo en zonas “arrinconadas o rurales”, sino en grandes ciudades.

El informe devela que en 2025 se terminaron en Castilla-La Mancha 3.650 viviendas y tan solo 222 fueron de protección oficial, apenas un 6,08% de vivienda pública. “Hemos visto además cómo esas viviendas las construyeron promotores privados, no públicos”.

“Esto es un problema grave, porque no se trata de construir mucho, sino de construir bien. Y la fuente de financiación también habrá que definirla, porque los fondos europeos en los que nos estamos apoyando son finitos y habrá un momento en el que no contaremos con ellos”, remarca Muñoz.

En otro orden de cosas, las viviendas vacías siguen ofreciendo datos muy reveladores. De un total de 1.366.521 viviendas en Castilla-La Mancha, 303.000 están vacías, un 23%. En municipios de más de 5.000 habitantes, Ciudad Real tiene un 57,8% de inmuebles vacías, Albacete un 42% y Toledo un 39%. Aquí, el sindicato interpela directamente a las administraciones más cercanas para aplicar el recargo progresivo a todas aquellas que no estén en un estado ruinoso e intentar que pasen a formar parte del mercado del alquiler.

Toledo y Guadalajara, las más tensionadas

José Manuel Muñoz hila esta circunstancia con la necesidad de que los ayuntamientos de las grandes ciudades soliciten la declaración de zonas tensionadas. Actualmente, en esta comunidad autónoma, solo el Ayuntamiento de Cuenca ha realizado esta solicitud al Gobierno regional. Pero CCOO considera que son Toledo y Guadalajara las que ya tendrían que haberlo cursado, por ser limítrofes con Madrid y por los citados datos del porcentaje de salario destinado a pagar la renta.

Con todas estas cifras, el sindicato elabora una serie de peticiones. La principal es la protección “permanente” del parque público, y no solo por 50 años.  A ello une la necesidad de que pueda haber mecanismos de “mediación” en la compraventa, mediante oficinas que estén a disposición de la ciudadanía y que utilicen el derecho de tanteo y retracto para recuperar la vivienda que ya existe. Y, también, aplicar recargos a las viviendas vacías.

También aboga por explorar la compra de nuda propiedad en rendimiento vitalicio. “Es otra salida para hacer que el mercado se amplíe, porque no se trata de construir mucho, sino de administrar bien lo que ya está construido”.

CCOO, preguntado al respecto, considera que la nueva ley de medidas de suelo y vivienda de Castilla-La Mancha es “positiva” en cuanto a que permite destinar a vivienda pública edificios en desuso. No obstante, critica que no recoja ese carácter permanente de la protección a la vivienda pública y que se aplique solo a las viviendas financiadas por el Plan Estatal, “dejando fuera el parque público autonómico”.

También lamenta que en la nueva ley no se regulen los desahucios ni se valoren alternativas habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad. “Es un paso hacia adelante, pero no es suficiente para solucionar el problema que tenemos encima de la mesa. Creo que es mínimo el avance que se produce para un problema tan grave como el que tenemos, que es garantizar derecho residencial de todos los castellanomanchegos”, concluye.