Óscar Puente se enfrenta a un Congreso hostil que pide su dimisión y más explicaciones sobre la tragedia de Urda

Óscar Puente afronta este martes su comparecencia más compleja en la Diputación Permanente del Congreso. Con las Cortes disueltas y a menos de un mes de las elecciones generales, el ministro de Transportes acude a la Cámara Baja a petición propia menos de una semana después del grave accidente de tren de Urda (Toledo) en el que, de momento, han fallecido 69 personas, que se suma al siniestro de Adamuz de hace menos de un año en el que murieron 46 ciudadanos. Todos los partidos con los que debatirá en el máximo órgano parlamentario fuera del periodo de sesiones (menos el suyo, el PSOE), le han pedido ya que dimita por esa concatenación de desgracias ferroviarias en menos de nueve meses.

Antes del aluvión de peticiones, incluso por parte de los socios más fieles a los socialistas y también desde el Frente Amplio –proyecto surgido de Sumar, que gobierna en coalición con el PSOE–, Puente, derrumbado anímicamente por el siniestro –según fuentes de su entorno–, llegó a poner su cargo a disposición de Pedro Sánchez en las primeras horas posteriores a la tragedia. Pero el presidente del Gobierno le pidió personalmente que no dimitiera y siguiera al frente de la gestión. A las peticiones de dimisión también se han sumado sindicatos como CCOO y el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), el principal del sector.

El viernes, el ministro ofreció una rueda de prensa de casi dos horas y sin límite de preguntas en la que remarcó: “Si yo creyera que mi continuidad perjudica al proyecto en el que creo, no tenga ninguna duda de que habría dado un paso a un lado. Sé lo que me espera, sé el calvario al que me van a someter, encima en campaña electoral, sé los insultos, las descalificaciones y los prejuicios de culpabilidad que se me van a atribuir en los próximos días. Lo fácil para mí es salir, pero ni es eso lo que va con mi carácter ni tampoco es lo que el presidente del Gobierno me ha pedido”.

Esta será la argumentación que lleve también este martes al Congreso. En la Moncloa creen que los detalles de la investigación conocidos hasta el momento permiten sostener a Puente al frente de Transportes porque acreditan que las causas del accidente no tienen relación con su gestión. Y piensan que la dimisión del ministro a un mes de las elecciones generales no haría otra cosa que alimentar la tesis de que los 116 muertos que se contabilizan en la alta velocidad española en los últimos diez meses serían responsabilidad directa del Gobierno, algo que rechazan de manera rotunda.

Paquete de ayudas para los afectados

En las filas socialistas consideran que todo dependerá de la evolución de una investigación que ya apunta a una orden errónea y contraria al protocolo del centro de control de Atocha y a la inexplicable evidencia de que nadie durante 17 minutos fuera capaz de alertar que un tren a 200 kilómetros por hora –el AVE– se dirigía hacia otro –el Iryo– completamente parado en la misma vía. Y también dependerá de la capacidad real que tenga este martes en el Congreso el titular de Transportes de revertir con sus explicaciones el sentir mayoritario en la opinión pública y en el resto de partidos, a izquierda y derecha, de que su situación es insostenible.

Su comparecencia se producirá apenas unas horas después de que el Gobierno apruebe un paquete de medidas para las víctimas del siniestro, aunque no se puede descartar que Puente vaya a aprovechar para añadir nuevos anuncios más de carácter técnico sobre la red ferroviaria. Este lunes Sánchez anunció que el paquete que aprobará este martes el Ejecutivo incluirá doblar las ayudas previstas en el seguro obligatorio, un mecanismo para anticipar las indemnizaciones, también un procedimiento de incapacidad temporal para los accidentados y el despliegue de oficinas de apoyo integral en sus provincias de residencia.

El PP, principal fuerza de la oposición, ya ha dejado claro que sea cual sea la explicación del ministro va a ser insuficiente y que las dimisiones tienen que ir más allá de la de Puente. “No creo en la política que pone el poder por delante de todo o a una persona por delante del pueblo. Y no creo que un presidente merezca tantos escudos. Mi forma de entender el poder es que es el presidente el que rinde cuentas a los ciudadanos por toda la gestión del Gobierno y es el presidente quien da la cara cuando algo va mal”, afirmó el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, este lunes, ante la plana mayor de su partido. “Si de mí dependiese, os garantizo que el que daría la cara en la Diputación Permanente no sería el ministro, sería el presidente del Gobierno”, añadió.

Con menos decibelios, uno de los socios más fieles del Gobierno en las dos últimas legislaturas, el PNV, insistió también este lunes en las dimisiones. “Hay que hacer un examen técnico exhaustivo, pero esto no puede pasar sin responsabilidades políticas. La sociedad necesita tener la sensación de que hay otro nuevo equipo que va a hacer las cosas de una manera diferente. No digo que el ministro o el secretario de Estado hayan tenido la responsabilidad directa como personas, pero tienen la responsabilidad política. Y hacer como si no pasara nada cuando hasta el presidente del Gobierno ha manifestado que es un asunto absolutamente grave, no puede ser. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se asuman responsabilidades políticas?”, se preguntó el líder de los jeltzales, Aitor Esteban, en una entrevista en Telecinco.

Baldoví: “Puente no debería llegar a las elecciones”

Y también desde el Frente Amplio ven insostenible que Puente siga como ministro ocurra lo que ocurra este martes en el Congreso. “Yo creo que Óscar Puente no debería llegar a las elecciones como ministro”, dijo el dirigente de Compromís –una de las fuerzas del espacio–, Joan Baldoví, que reconocía que la decisión está en manos del PSOE y del propio Pedro Sánchez: “No somos nosotros quienes tenemos que decir cuándo debe cesar o dimitir, pero hemos sido claros desde el primer momento y se tienen que asumir responsabilidades políticas”. “Con 69 personas muertas en las vías, nos merecemos una gestión que esté a la altura de este trágico accidente, en lugar de ir improvisando e ir lanzando ideas en caliente”, añadió también el lunes la portavoz de ERC, Elisa Alamany, que cargó tanto contra el PSOE como contra el PP por la gestión del sistema ferroviario del Estado.

El BNG, otro aliado del Ejecutivo, volvió a pedir la dimisión del ministro este lunes, en boca de su líder, Ana Pontón. E Irene Montero, candidata de Podemos –fuerza que ha apoyado al Gobierno puntualmente– añadía: “Además de la dimisión del ministro, que es un consenso social que debe dimitir, aquí la cuestión de fondo es la liberalización”, afirmó. Ella pide que se aplique el artículo 128 de la Constitución que permite poner bajo control público servicios esenciales para la ciudadanía.

El líder de Vox, Santiago Abascal, volvió a elevar el tono. “Es absolutamente insoportable el nivel de degradación y tercermundización de todo cuanto toca la organización criminal PSOE”, señaló, ante el accidente de Urda. Y uno de sus eurodiputados, Jorge Buxadé, vinculó en Antena 3 a Puente y a todo el Gobierno con “la España de la catástrofe, la tragedia, la muerte, el paro y el colapso de los servicios sanitarios”.

Durante su comparecencia ante la Diputación Permanente es probable que Puente se escude en el secreto de la investigación judicial del accidente para no dar respuesta a una parte de las preguntas que plantee la oposición. La principal duda es si la responsabilidad del siniestro se puede reducir a los fallos del centro de control de Adif de Atocha que no vieron que, a raíz de sus órdenes equivocadas, el tren AVE se acercó a 200 kilómetros por hora hacia un Iryo parado con el que acabó chocando. O si hay otras cuestiones técnicas, de mantenimiento o inversiones, que también han podido influir en el siniestro.