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El Gobierno limitará los precios de los transportes alternativos al tren mientras la línea Madrid-Sevilla esté cortada

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en una imagen de archivo.

Álvaro Celorio / Cristina G. Bolinches

3 de noviembre de 2026 12:40 h

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El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto-Ley con ayudas específicas para los afectados por el accidente de trenes en Urda (Toledo), que ha dejado 69 fallecidos y centenares de heridos, valorado en 30 millones y que establece un mecanismo para limitar el precio de los transportes alternativos mientras la línea Madrid-Sevilla permanezca cortada.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que tras el accidente se ha constatado incrementos de precios de entre “ocho” y “nueve veces” respecto a las jornadas previas al siniestro del pasado miércoles. El objetivo, ha asegurado, es evitar “subidas abusivas que perjudiquen a las personas consumidoras” tras situaciones de emergencia y recupera el mecanismo puesto en marcha tras el accidente de Adamuz, que el Congreso tumbó con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

“Si hoy nos vemos en la necesidad de arbitrar un mecanismo es porque no lo tenemos, y no lo tenemos porque el Parlamento lo rechazó”, ha aseverado Puente. Desde el Ministerio de Consumo ya avanzaron a finales de la semana pasada que estaban trabajando en la recuperación del mismo.

Como ha apuntado el Ministerio de Transportes en un comunicado, el tope también afectará a los servicios de alojamiento vinculados a los desplazamientos afectados. “Dicha limitación consiste en fijar como precio máximo el aplicable en un período anterior de referencia, con sujeción a un criterio objetivo y verificable, evitando así incrementos susceptibles de perjudicar gravemente a las personas consumidoras y usuarias en un momento de especial fragilidad”, detalla el Gobierno.

Puente ha apuntado que el objetivo es que en 10 días esté operativa la línea.

Ayudas de hasta 84.141 euros

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha asegurado que con la aprobación de este Real Decreto-Ley el Ejecutivo “más allá de asegurar que las ayudas y la asistencia lleguen pronto y sin dificultades, queremos que los afectados se sientan acompañados por el Gobierno en el duelo, en cada trámite y en la búsqueda de respuestas”.

De las ayudas, Puente ha apuntado que habrá transferencias directas no reembolsables que estarán exentas de tributación y serán compatibles con otras por la misma finalidad. Habrá anticipos por responsabilidad civil ya que “las víctimas no pueden esperar” y las cuantías serán las mismas que tras lo acaecido en Adamuz.

El paquete de 30 millones se dividirá a partes iguales entre ayudas urgentes y anticipos, según ha detallado Transportes a través de una nota de prensa. En los casos de fallecimiento, habrá una ayuda directa de algo más de 72.121 euros por persona fallecida y la misa cifra en concepto de anticipo del seguro. Para las lesiones corporales, en función de la gravedad, los importes irán desde 2.404 euros hasta más de 84.141, las mismas cuantías para el caso los anticipos del seguro.

Por otro lado, el paquete también contempla una protección por parte de la Seguridad Social para las personas trabajadoras y las bajas serán equivalentes a accidente de trabajo en cuanto la prestación económica, que se percibirá desde el primer día de la baja y no desde el cuarto. La cuantía será superior a la que corresponde por contingencias comunes, del 75% de la base reguladora en función del 60%.

Asimismo, las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, así como la prestación económica por incapacidad permanente parcial que deriven del accidente tendrán, a efectos del cálculo de su cuantía, la consideración de prestaciones derivadas de accidente de trabajo, siempre que resulte más favorable para las personas beneficiarias.

Las personas consideradas clases pasivas del Estado podrán recibir una de mayor cuantía siempre que resulte la más beneficiosa para la persona y que, en este caso, será retroactiva.

El Gobierno pondrá en marcha oficinas de atención integral a través de las delegaciones o subdelegaciones y, si una persona no puede desplazarse, podrá ser atendida en su propio domicilio.

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