Jani y Loli podrían ser desahuciados del piso de sus bisabuelos en plena huelga general: “Hay demasiados recuerdos”

Este miércoles, día de la huelga general por la vivienda, toda España despertará llena de piquetes, manifestaciones y cortes de carreteras. Los sindicatos, tanto de inquilinas como de trabajadores, han convocado a un paro para frenar el crecimiento imparable del precio de los alquileres y los desahucios. Mientras todo eso suceda, habrá una familia en Barcelona que se quedará en casa, esperando a la comitiva judicial que tiene orden de expulsarles.

Son Jani y Loli, un matrimonio que hace 18 años que vive en el mismo piso de la calle Fraternitat, en el barrio de Gràcia de Barcelona. Pero antes que ellos, ya vivieron allí los bisabuelos de Loli, sus abuelos y sus padres. “Son cuatro generaciones aquí, demasiados recuerdos que me arriesgo a perder”, dice esta mujer, en conversación con elDiario.es.

Este miércoles, se enfrentan a un desahucio a pesar de que cumplen todos los requisitos que contemplan los decretos de vivienda: su casa es propiedad de un gran tenedor, tienen acreditada su situación de vulnerabilidad y carecen de alternativa habitacional.

Pero ni la propiedad ni la jueza que ha decretado el desahucio consideran que la ley ampare a esta pareja. El motivo es que, en realidad, el contrato de renta antigua que les vincula con el piso está a nombre del bisabuelo de Loli. Jamás se llegó a cambiar el nombre del inquilino en los papeles.

“Siempre había sido todo muy fácil con la propiedad. Todo de palabra. Se iba religiosamente a la administradora de fincas y se pagaba en mano. Cada vez que alguien se mudaba a la casa se avisaba y nunca hubo ningún problema”, explica Tabita, hija de Loli.

La propiedad es la familia Majo Hostench, tiene en su poder diversas fincas en la ciudad de Barcelona y alrededor de Catalunya. Su nombre no había sido notorio hasta hace un par de años, cuando sindicatos de vivienda de diversos barrios empezaron a alertar sobre desahucios realizados en sus edificios.

El cambio se debe a que el cabeza de familia murió en 2024 y las viviendas fueron heredadas por sus descendientes. Las nuevas caseras de Loli no aceptaron que no fuera ella la que figurara en el contrato e iniciaron un proceso judicial para echarla. A pesar de que el antiguo administrador de fincas, quien recibía mensualmente el pago del alquiler, declaró en el juicio a favor de esta familia, la magistrada decretó el desahucio.

“Han sido meses muy angustiantes”, recuerda Tabita. El proceso judicial empezó en 2025 y se zanjó hace poco, justo cuando se aprobaron los decretos de vivienda que deberían parar desahucios como el de Loli. “Hemos hecho de todo, hemos enviado una petición de suspensión en base a los decretos, hemos adjuntado casos de personas a quienes se les ha suspendido el desahucio... Pero no ha funcionado nada”, lamenta Tabita.

El último intento ha sido la mañana de este martes, de la mano del Sindicat d’Habitatge de Gràcia, quienes han interpuesto un recurso de nulidad aferrándose a una cuestión formal. Le afean a la propiedad que haya intentado desahuciar a Loli y Jani mediante un proceso ordinario, que es el que aplica en casos de impago u ocupación. Pero, entendiendo que la base de la expulsión se encuentra en que la propiedad no reconoce la subrogación del contrato, consideran que se debería haber iniciado un juicio verbal por precario.

“El sistema judicial deja desprotegidas a muchísimas personas que no tienen alternativa”, sostienen desde el Sindicat, que insisten en que la propiedad y la jueza que “van a dejar en la calle” a una pareja vulnerable y sin alternativa. Ambos cobran una prestación; en el caso de Jani esta es no contributiva y, además, tiene reconocida la discapacidad tras haber padecido diversos aneurismas y epilepsia. Loli tiene un diagnóstico de salud mental y cobra una pensión.

“El piso es muy pequeño, tiene apenas 30 metros cuadrados y hablamos de una finca de más de 100 años en la que hace décadas que no se hace ningún arreglo”, lamenta Tabita, que también vivió durante una época en el edificio.

Desde el cambio de propiedad, ya se han efectuado dos desahucios por impago. Quedan cuatro familias en el edificio y, por el momento, sólo Loli y Jani tienen una orden de expulsión pendiente. Pero los vecinos sospechan que la intención de sus caseros es vaciar la finca y reformarla. “Nos llegaron a ofrecer 1.000 euros si nos íbamos...1.000 euros”, recuerda Loli.

Ella paga, actualmente y gracias al contrato de renta antigua, 150 euros mensuales. El resto de alquileres de la finca rondan los 600. “Nunca han hecho nada para arreglarnos los pisos y ahora nos quieren echar así…”, se lamenta Loli. “Nunca me hubiera imaginado llegar a este punto”, explica.

Ella se crio en este piso. Recuerda cómo su abuelo la llevaba al colegio y las tardes jugando después de clase. Hoy no sabe si generará más recuerdos en su casa. “Yo tengo fe y creo que Dios pondrá las cosas en su sitio”, dice.

Algo que le da esperanza es mirar por la ventana y ver a vecinos y a miembros del Sindicat d’Habitatge de Gràcia preparando carteles y organizando las acciones de la mañana. Ellos, en lugar de participar en un piquete frente a sus empresas, empezarán la jornada de huelga apostándose en frente de la casa de Loli y Jani para evitar que les echen de su hogar.