El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil ha recuperado este martes el cuerpo de un hombre encontrado en un monte de la comarca de Las Merindades, en la provincia de Burgos, en una zona en la que el pasado mes de febrero desapareció un anciano de 83 años residente en Urria.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado a EFE que el hallazgo se produjo por la mañana, tras un aviso, en un paraje montañoso de la zona, y que por las propias características del terreno y la dificultad de acceso ha sido necesario contar con el GREIM y el helicóptero de la Guardia Civil.

Han indicado igualmente que hasta que no se realicen las oportunas pruebas de ADN, una vez el cuerpo ha sido traslado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia, no podrán confirmar su identidad, si bien se baraja la hipótesis principal de que corresponda al anciano desaparecido cuando salió a dar un paseo.

El hombre, de 83 años, desapareció el 17 de febrero en Urria (Merindad de Cuesta Urria). Su familia alertó de que, tras su habitual paseo, no había regresado a casa, por lo que se activó un dispositivo para su localización coordinado por la Guardia Civil.

El operativo movilizó a efectivos de Seguridad Ciudadana, Seprona, el grupo de montaña Greim -que ya estuvo buscando por las zonas de monte-, los especialistas en actividades subacuáticas -que rastreó el río Nela-, helicópteros, unidades de drones y otras de perros de búsqueda.

También participaron la Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, con el grupo de rescate y agentes medioambientales; agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la provincia y numerosos voluntarios organizados en batidas coordinadas.

Cargos públicos del PP en Burgos y Valladolid han criticado este lunes el retraso acumulado en la ejecución de la A-11 en un acto público celebrado en el municipio ribereño de Nava de Roa, entre reproches y abucheos de vecinos que han responsabilizado a PP y PSOE de no haber completado esta infraestructura en 30 años.

Lo que estaba previsto como un acto de partido –con pancarta, sintonía y declaraciones con vistas a la N-122– se ha visto retrasado por una protesta popular protagonizada por una veintena de vecinos que han calificado el acto como electoralista.

Los manifestantes han atribuido también a los políticos populares parte de la culpa de que no se haya terminado la Autovía del Duero y el tráfico pesado se derive a través de la N-122, con numerosos accidentes de tráfico con víctimas mortales. “Vergüenza os tenía que dar” y “vosotros tampoco habéis hecho nada”, les han espetado.

Superado el enfrentamiento, que algunos de los políticos han atribuido a representantes de partidos de izquierdas mientras otros lo han justificado por el “hartazgo” que se vive con esta infraestructura. “Fueron a por lana y salieron trasquilados. La gente les empieza a tomar la medida a estos caraduras”, ha apuntado el ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de X.

Críticas a Puente y al PSOE

El senador del PP y alcalde de Villalón de Campos (Valladolid), José Ángel Alonso, ha afeado que Óscar Puente inaugurara un tramo de autovía cuando esta apertura ha sido parcial y se obliga a los conductores de turismos a abandonar el doble carril antes de llegar a su supuesto término y los camiones y vehículos pesados están obligados a seguir circulando por la N-122.

“Óscar Puente vino con toda la parafernalia y el boato que tanto le gustan para hacerse una fotografía, pero no inauguró la conexión completa entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba. La A-11 sigue sin estar terminada y la realidad vuelve a desmentir su propaganda”, ha afirmado, tras detallar que aún se trabaja en el viaducto proyectado en este último municipio.

Además, ha recordado que las obras ese tramo comenzaron entre 2019 y 2020 con un plazo de ejecución de tres años y, como aún no han terminado, se pospone hasta el primer semestre de 2027.

Exigencias al Ministerio

Los cargos del PP de Valladolid han indicado que exigirán al Ministerio que detalle los plazos de ejecución y finalización de los tramos de la A-11 que aún están pendientes, con qué presupuestos se cuenta, en qué situación administrativa se encuentran, qué trámites están pendientes y qué fechas se barajan para su licitación y construcción.

También pedirán que se concrete cuándo estará plenamente operativo el tramo recién inaugurado y exigirán que el Ejecutivo de Pedro Sánchez informe de qué protocolo se ha seguido para el acto de inauguración celebrado el pasado 24 de agosto y si se invitó a representantes de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial y de los ayuntamientos afectados.

La semana pasada, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, acusó a Óscar Puente de convertir la puesta en servicio de los nuevos tramos en un “acto de un partido político” por sus aspiraciones de “suceder a Pedro Sánchez”.

Otras infraestructuras

Por otro lado, el diputado burgalés Ángel Ibáñez ha puesto el acento en las consecuencias que el retraso acumulado en la A-11 –prometida en 1996– tiene para la seguridad vial, la actividad de las empresas y el futuro económico de toda la Ribera del Duero.

Antes de finalizar, también se han referido a la situación de la A-60 y la decisión del Ministerio de Transporte de sustituir el tramo central entre Medina de Rioseco (Valladolid) y Santas Martas (León) por un tercer carril en algunos tramos de la N-601, lo que, a su juicio, supone renunciar a la autovía.

El Ayuntamiento de Burgos ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la existencia de posibles pagos irregulares en la nómina de un empleado municipal, que ascenderían a 25.000 euros, tras una investigación interna por la que han suspendido de funciones a la persona supuestamente relacionada con el caso.

En un comunicado remitido a los medios, el Ayuntamiento ha explicado que fueron los servicios municipales los que identificaron una serie de pagos que podrían no contar con el correspondiente respaldo administrativo en la nómina de un empleado, por lo que se inició una investigación interna.

El importe actualmente sometido a comprobación se sitúa en torno a 25.000 euros, una cantidad provisional que deberá ser confirmada una vez concluya la revisión de toda la documentación, de los conceptos afectados y de las cantidades efectivamente abonadas, han explicado.

La información disponible ha sido trasladada a la Intervención General Municipal y a la Asesoría Jurídica, y se han iniciado las comprobaciones para determinar con exactitud las cantidades afectadas y, en su caso, adoptar las medidas oportunas para su recuperación.

Suspensión de otro trabajador relacionado

Entre las medidas adoptadas está también la suspensión cautelar de todas sus funciones de la persona supuestamente relacionada con la situación, mientras se esclarece lo sucedido.

Además, el Ayuntamiento de Burgos ha decidido poner a disposición de la Fiscalía Provincial de Burgos toda la información disponible, para que la valor y, en su caso, acuerde la oportuna investigación judicial.

Paralelamente, el Ayuntamiento llevará a cabo una auditoría específica para establecer el alcance exacto de las posibles irregularidades, revisar las operaciones relacionadas con este caso y analizar el funcionamiento de los procedimientos municipales de autorización, tramitación y control.

Ha recordado que la investigación está en fase preliminar, por lo que es pronto para establecer conclusiones sobre lo ocurrido y responsabilidades.

Quintana Martín Galíndez (Burgos, 304 habitantes) ya no tiene el movimiento de hace una década. En la cabecera del Valle de Tobalina (877 habitantes), donde casi el 30% de la población supera los 65, quedan tres bares donde antes había muchos más, las oficinas bancarias han reducido sus días de atención y el municipio ha perdido alrededor de 140 habitantes en los últimos 12 años, cuando comenzó la desconexión y el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Como tal, la central dejó de funcionar en agosto de 2017, después de 46 años de actividad. Entonces había 227 trabajadores en plantilla y otros 158 vinculados a empresas auxiliares y subcontratas. En total, 385 empleos quedaron afectados por el cierre en un territorio que hoy integra 27 municipios de Burgos y Álava dentro de la Zona de Transición Justa de Garoña.

Diez años después, la comarca vive una transformación que sobre el papel tiene una dimensión considerable. Desde 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido cerca de 17,43 millones de euros para 35 proyectos empresariales, energéticos y municipales, con una inversión de 31,48 millones.

Al otro lado de la sierra, en la Merindad de Cuesta-Urria, sienten que les ha tocado “el gordo de Navidad” gracias a un macroproyecto de almacenamiento hidráulico que aspira a heredar el nudo de evacuación de la central. El miedo en la comarca pasa por no vivir en sus carnes la situación que se ha vivido en las cuencas mineras del carbón.

La factura de apagar Garoña

“La central nació, creció, dio trabajo durante 40 años y ha muerto”. Jesús Ángel López de Mendoza, alcalde del Valle de Tobalina, resume así el cambio. Y añade una advertencia sobre el futuro: los próximos años todavía estarán marcados por el desmantelamiento, pero cuando termine esa actividad temporal la realidad será mucho más complicada.

Aunque la tasa de paro oficial del municipio se maquilla provisionalmente por debajo del 8% debido a que el desmantelamiento gestionado por Enresa emplea mano de obra comarcal, la preocupación real es qué ocurrirá cuando las demoliciones concluyan en un plazo máximo de diez años.

En esta parte de la comarca de Merindades, en el norte de Burgos, el problema no es únicamente laboral. Para el Valle de Tobalina, el cierre de la central también significó un golpe directo a las cuentas municipales.

Otro de los golpes al Valle de Tobalina vino de un cambio normativo sigiloso en los despachos de Madrid. López de Mendoza asegura que una modificación estatal en la ordenanza del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) arrebató a las arcas municipales la posibilidad de cobrar las tasas ordinarias por la gigantesca obra de demolición de la central nuclear.

El Ayuntamiento calcula una pérdida patrimonial de 23 millones de euros vinculada al desmantelamiento y sostiene que ha dejado de ingresar alrededor de un millón de euros anuales en tributos corrientes que anteriormente contribuían a sostener el presupuesto.

La situación ha obligado al consistorio a tomar decisiones poco populares. El municipio administra 33 pedanías y ha tenido que mantener servicios como la guardería, el gimnasio, el telecentro, las piscinas o la biblioteca. Para poder sostenerlos, el Ayuntamiento ha tenido que elevar tasas como las de basura y agua y el IBI, como señala el regidor.

“He tenido que meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos subiendo la basura, el agua y el IBI para mantener los servicios. Ahora voy cojo. Antes hacíamos las cosas en el día, ahora igual tardo dos días en dar el servicio”, apunta el alcalde.

Incluso las ayudas por albergar los residuos radiactivos resultan insuficientes. El convenio anual con Enresa reporta al ayuntamiento 447.000 euros, una cantidad que es insuficiente para dar todos los servicios.

López de Mendoza logró que el Gobierno flexibilizara las bases de estos convenios —una medida que afectará a todo el parque nuclear español— para poder destinar esa asignación a gasto corriente y costes de personal, y no solo a cemento. “Garoña ya es inviable. Lo de volver a abrirla es imposible, todo nace, crece y muere”, explica frente a los discursos que proponen reactivar la planta.

La nueva apuesta: agua como energía en lugar de uranio

Mientras el Valle de Tobalina intenta mantenerse, a pocos kilómetros, la perspectiva cambia de forma radical. El entorno de Garoña está concentrando proyectos renovables de gran tamaño. Uno de ellos es el desarrollo fotovoltaico de Solaria, acompañado de almacenamiento mediante baterías. En la Merindad de Cuesta-Urria se está trabajando en el proyecto una central hidroeléctrica reversible de 151 MW promovida por Waqbaw.

El funcionamiento es relativamente sencillo. Dos balsas situadas a distinta cota permiten almacenar electricidad en forma de agua. Cuando existe excedente de generación renovable, el sistema bombea agua hacia la balsa superior. Cuando la demanda aumenta, el agua vuelve a descender y mueve las turbinas para producir electricidad. La instalación está concebida como un circuito cerrado.

La inversión prevista ronda los 197 millones de euros. Para un municipio pequeño como Cuesta-Urria, con cerca 300 habitantes empadronados repartidos en 24 núcleos, el proyecto tiene una dimensión difícil de comparar con cualquier actuación municipal ordinaria.

Para Beltrán, el proyecto de una Central Hidráulica Reversible de bombeo en su término municipal es la única tabla de salvación para el ayuntamiento. La idea se le ocurrió tras un viaje con la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) a la localidad valenciana de Cortes de Pallás, donde visitó la central de bombeo de La Muela. “Me di cuenta de que teníamos el lugar perfecto. Tenemos 339 metros de diferencia de altitud entre balsas en muy poco recorrido físico”. Tras consultar la viabilidad con René Gómez, entonces comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el proyecto echó a andar.

Beltrán estima que solo la licencia de obras, calculada sobre una inversión de ese tamaño, supondría unos ingresos extraordinarios para unas arcas municipales cuyo presupuesto ordinario ronda los 800.000 euros anuales. Además, el Consistorio espera ingresos recurrentes mediante cánones y tasas vinculados al funcionamiento de la instalación y a su línea de evacuación.

“Igual que hasta ahora el Valle de Tobalina con Garoña era un ayuntamiento privilegiado, pues ahora nos toca a nosotros. Es una lotería... En el momento en que arranquen las obras, simplemente con la licencia de obra, ya podemos echar adelante algún proyecto importante para asentar población”, apunta el regidor.

El proyecto, según Beltrán, cuenta con el respaldo unánime de los vecinos al plantearse como un circuito cerrado. “El miedo que teníamos era que fuera un circuito abierto desde el río y estuviera gastando agua del río Nela de continuo”. Sin embargo, la realidad de captar agua de un ecosistema fluvial con un estiaje severo mantiene en alerta a los colectivos conservacionistas de Las Merindades, un territorio con un largo historial de lucha ecológica que ya logró tumbar proyectos mineros y de fracking en la cuenca del Nela.

Una 'batería de agua' para la nueva generación renovable

Desde Waqbaw, su director de desarrollo, Víctor de Huerta, defiende que la central de Cuesta-Urria se ha planteado con especial atención a la conservación del entorno. La ubicación de las balsas fue consensuada con los ayuntamientos de la Merindad de Cuesta-Urria y parte de las instalaciones se situará sobre terrenos municipales. La empresa destaca además que el circuito será cerrado y que no habrá una detracción constante de agua del río Nela: el recurso se utilizará para el llenado inicial y para compensar la evaporación.

Frente a las dudas ambientales, Víctor de Huerta, director de desarrollo de Waqbaw, defiende el proyecto como una “infraestructura de país” alineada con la transición energética. “El bombeo reversible y las baterías no son tecnologías excluyentes, sino complementarias”, puntualiza De Huerta. “Pero mientras las baterías de litio sufren una degradación rápida y tienen una vida útil de 10 o 15 años, nosotros estamos construyendo una infraestructura energética madura diseñada para durar varias décadas”.

De Huerta destaca que una central reversible como la de Cuesta-Urria ofrece entre 6 y 10 horas de almacenamiento medio equivalente, inyectando inercia natural, soporte de cortocircuito y estabilidad de tensión a la red síncrona en una provincia con una penetración masiva de energía eólica y solar no gestionable. El objetivo es retener los excedentes de generación renovable que de otra manera acabarían desperdiciándose en forma de vertidos a la red.

El proyecto, además, no llega solo. Otra gran apuesta de la promotora es por el empleo. Waqbaw calcula alrededor de 200 puestos de trabajo temporales durante la construcción, pero asegura que el impacto no terminará cuando acaben las obras.

El compromiso con el Instituto para la Transición Justa contempla hasta 151 empleos equivalentes a tiempo completo vinculados a nuevos centros de trabajo en la zona durante diez años.

A esos puestos se suman 15.100 horas de formación para 100 personas de la comarca, con contenidos relacionados con las nuevas tecnologías energéticas, pero también con la gestión y puesta en valor del patrimonio cultural y el turismo rural. La intención, según la compañía, es que la inversión deje algo más que una infraestructura energética: trabajadores formados, actividad económica y herramientas para que parte de ese empleo pueda permanecer en el territorio una vez terminada la construcción.

La central de Cuesta-Urria ha obtenido conexión en la subestación de Garoña, en el nudo de 220 kV. Según la promotora, permitirá aprovechar excedentes de producción renovable y aportar flexibilidad al sistema eléctrico, además de inercia, estabilidad de tensión y soporte a la red.

8,7 millones de euros para 16 proyectos

El fin de los ingresos de la central en las cuentas del Ayuntamiento de Valle de Tobalina contrasta con la llegada de inversión a la comarca, aunque buena parte de ese dinero tiene un destino concreto: rehabilitar edificios, crear equipamientos, mejorar espacios públicos o impulsar proyectos energéticos. No sustituye automáticamente los ingresos recurrentes que generaba una instalación como Garoña.

El propio informe oficial de la Zona de Transición Justa refleja esa apuesta. Solo en infraestructuras municipales se han concedido 8,7 millones de euros para 16 proyectos. Entre ellos está la reforma integral de la residencia de mayores del Valle de Tobalina, con casi tres millones de euros, y la rehabilitación del Hostal Municipal, con 985.520 euros.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha inyectado en la zona de influencia de Garoña unos 17,43 millones de euros de ayudas públicas desde 2019. De esta cantidad, 10,3 millones corresponden a infraestructuras del Instituto para la Transición Justa) y 7,1 millones proceden de las líneas del IDAE para descarbonización y comunidades energéticas.

También hay actuaciones destinadas a recuperar espacios de uso colectivo. ENRESA ha cofinanciado 42 propuestas de desarrollo local en once municipios con 2,6 millones de euros. En Tobalina, 783.000 euros se destinan a actuaciones relacionadas con el embalse de Sobrón, la residencia, el entorno del embarcadero y un pabellón multifuncional. La idea es que estas inversiones ayuden a mantener servicios para tratar de mantener a la población.

Empleo de calidad y estable y salir del olvido institucional

En la comarca de las Merindades, el paro se mantiene actualmente por debajo del 8%, pero una parte de esa situación está relacionada con el propio desmantelamiento de Garoña. Hay trabajadores del valle, de Medina de Pomar, Trespaderne y Burgos que siguen vinculados a las obras de la central. Cuando todo eso acabé, se esfumará ese 'colchón'.

La prioridad pasa por conseguir que el empleo sea estable, como indican los alcaldes. El cierre de la nuclear afectó de forma directa a 385 trabajadores entre personal de Nuclenor y subcontratas. Las obras de la central de bombeo darán trabajo temporal a 200 personas, pero una vez operativa la CHR requerirá un volumen mínimo de personal para el mantenimiento diario.

“El turismo es solo una pata de banco”, advierte con severidad el alcalde de Cuesta-Urria, Alfredo Beltrán. “Es ir creando un tejido industrial que nos permita asentar unas 300 familias en la comarca para que la zona funcione”. Beltrán critica el olvido institucional que sufren los municipios fronterizos burgaleses por parte de las capitales autonómica y provincial.

La carretera autonómica que conecta el Valle de Tobalina con Miranda de Ebro, cuyos túneles carecen de iluminación eléctrica en pleno siglo XXI, es el ejemplo de ese abandono que denuncian los regidores. Mientras las grandes ciudades se nutren de la energía limpia generada en los montes y ríos del norte de Burgos, los alcaldes del entorno de la central nuclear de Garoña buscan conseguir que los millones de euros de la transición ecológica se conviertan en escuelas abiertas, más negocios, cajeros automáticos operativos y un futuro habitado en los pueblos que apagaron el átomo.

El Ayuntamiento de Burgos ha abierto un expediente a cuatro menores, de entre 11 y 13 años, por su presunta implicación en el último incidente de excrementos registrado en las piscinas municipales, ocurrido el pasado 18 de agosto. En esta ocasión, un testigo habría presenciado los hechos y señalado a los menores como responsables, según ha informado Burgos Noticias.

Este tipo de episodios obliga a cerrar temporalmente las piscinas afectadas para proceder a su limpieza y garantizar las condiciones de seguridad e higiene, con las consiguientes molestias para los usuarios. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha explicado que durante este verano se han producido alrededor de seis incidentes de este tipo, en las piscinas de verano de San Amaro y El Plantío.

La novedad en el último caso es la existencia de un testimonio presencial. Según ha relatado Ayala, una persona que se encontraba en las instalaciones con sus hijos observó lo ocurrido, acudió al personal deportivo y posteriormente se dio comunicación a la Policía.

Los cuatro menores, de entre 11 y 13 años, se encontraban acompañados por un adulto responsable. Preguntada por si esta persona era familiar de alguno de ellos, la alcaldesa ha asegurado no disponer de esa información, aunque ha indicado que también habría algún otro padre en el recinto.

A raíz de estos hechos, el Ayuntamiento ha iniciado un expediente con los menores y sus familias. Ayala ha señalado que, si finalmente se acredita su responsabilidad, el reglamento de instalaciones deportivas contempla diferentes consecuencias.

Entre ellas se encuentra la prohibición de acceder a las instalaciones deportivas municipales durante un periodo de hasta cinco años, además de una multa de hasta 3.000 euros y la obligación de asumir el coste de los daños ocasionados.

La alcaldesa ha insistido en que el Consistorio pretende llevar el procedimiento “hasta el final” y ha subrayado la importancia de que estos comportamientos no se interpreten como simples gamberradas. A su juicio, estos episodios no solo afectan a las instalaciones públicas, sino que obligan a muchos usuarios a abandonar las piscinas antes de tiempo.

El expediente deberá determinar ahora si las pruebas disponibles permiten acreditar la responsabilidad de los cuatro menores en el incidente del 18 de agosto.

Los agricultores de Burgos se han concentrado este mediodía a las puertas de la sede de la Junta de Castilla y León en la capital para protestar por las restricciones horarias a la cosecha impuestas por el Gobierno autonómico ante la cuarta ola de calor, una decisión que consideran arbitraria y sin fundamento.

El colectivo ha insistido en que la prohibición de cosechar -y de realizar otras tareas en el campo que impliquen maquinaria agrícola- entre las 12:00 y las 20:00, ante la previsión de elevadas temperaturas, se aplica de manera uniforme en toda la provincia, pero las condiciones meteorológicas no son iguales en todas las comarcas.

Así, si bien la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de máximas entre 30 y 36 grados durante el fin de semana, hay comarcas como Páramos, donde la máxima prevista es de 28 grados, o Las Merindades, donde no se superarán los 27, pero en las que está vigente igualmente la prohibición de cosechar, ha lamentado Asaja.

En nota de prensa, la organización agraria ha insistido en que existen notables diferencias entre las provincias de Castilla y León, e incluso entre las diferentes comarcas, por lo que a su juicio no se puede establecer “tabla rasa a la hora de tomar estas medidas genéricas”, y piden que se comarcalicen las restricciones.

La protesta celebrada este mediodía en Burgos, a la que se han sumado diferentes organizaciones agrarias, responde a la decisión de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León de prolongar la declaración de alerta por riesgo de incendios forestales para los días 1 y 2 de agosto en toda la Comunidad.

La medida supone que los agricultores no podrán realizar las labores habituales en el campo, principalmente cosechar y empacar, en el horario de 12:00 a 20:00, y recuerdan que hay zonas de la provincia en las que el rocío impide trabajar antes del mediodía, por lo que estas restricciones limitan todavía más la actividad agraria.

Asaja lamenta la falta de comunicación de la Consejera de Medio Ambiente, que no atiende las peticiones de interlocución, y ha insistido en la necesidad de adaptar las medidas a la realidad del territorio, tras recordar que los agricultores son los primeros interesados en proteger el campo y su propia maquinaria.

La Policía Nacional investiga una treintena de partos con el mismo padre y mismos domicilios después de una denuncia del Hospital de Burgos (HUBU). Varias mujeres de nacionalidad brasileña residentes en países del norte de Europa —entre ellos, Bélgica— acudieron al HUBU a dar a luz o a la última consulta, según ha informado este sábado Diario de Burgos.

Cuando el personal sanitario les preguntó por su domicilio habitual, las mujeres señalaban a Bélgica y a otros países, aunque en España referían dos domicilios en Las Merindades, una dirección en Medina de Pomar y otra en Villarcayo. Además, un número indeterminado de mujeres acudieron al hospital acompañadas del mismo hombre para una última consulta antes de dar a luz o directamente al parto.

Los mismos hechos empezaron a repetirse con más frecuencia. La información de Diario de Burgos contabiliza un patrón de entre 15 y 18 mujeres que dieron a luz entre junio y julio, y otras tantas en mayo hasta la treintena. El HUBU puso en conocimiento de la Policía Nacional lo que estaba sucediendo en el Hospital.

El taller de remolcado de Miranda de Ebro se trasladará el 6 de julio: allí trabajan una treintena de trabajadores entre trabajadores de Renfe y empleados de cuatro empresas subcontratadas, cuyo futuro promete ser desigual en una de las pocas ciudades de Castilla y León en las que gobierna la izquierda. Los primeros tienen, en principio, garantizado su puesto de trabajo en otra base de mantenimiento en Miranda de Ebro, pero los segundos ya han empezado a recibir notificaciones de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y cartas de despido.

La alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando (PSOE), tiene previsto reunirse esta mañana con el Ministerio de Transportes, que dirige el socialista Óscar Puente, al que sindicatos, el gobierno municipal y la oposición piden explicaciones. En esa cita, según garantiza el Ayuntamiento, Hernando “expondrá la necesidad de mantener los dos talleres y no cerrar el de remolcado por su importancia para la ciudad”. Ni los sindicatos ni el resto de miembros de la coalición de gobierno (el PSOE gobierna con IU y Podemos) han sido invitados a esa nueva reunión.

El teniente de alcalde y coordinador provincial de IU en Burgos, Guillermo Ubieto, denuncia que hasta ahora ha habido un “bloqueo” por parte del Ministerio de Transportes. A través de IU -según relata Ubieto- contactaron con el Ministerio de Juventud y el comité de empresa consiguió una reunión a tres con Renfe. Una vez fijada la fecha, Renfe aplazó la cita por motivos de agenda, se les dio “largas” hasta el “bloqueo” actual.

“Alguien del equipo de Transportes cancela la reunión, intercede directamente con la dirección de Renfe para impedir que se dé esta reunión”, ha acusado Ubieto, que lamenta que esto contribuya a “romper la confianza” dentro del Gobierno de España. El edil de IU reclama “explicaciones” al Ministerio de Transportes. “Ahora tiene pinta de que va a ser una foto. Porque si no se reúnen con los sindicatos...”, apostilla Ubieto. Contactado por elDiario.es, la cartera de Óscar Puente emplaza a la reunión de este martes y descarta que se vayan a producir despidos.

Renfe garantiza que mantendrá el empleo

El Partido Popular ha pedido la comparecencia del ministro y del presidente de Renfe, Álvaro Fernández, para que explique los motivos de la clausura del taller en el Congreso de los diputados. También pedirán explicaciones sobre los informes que avalan el cierre, las medidas previstas para garantizar el empleo directo e indirecto y el papel del Ayuntamiento de Miranda en el proceso previo a la decisión.

Renfe prevé trasladar la actividad de los talleres de remolcado a Material Motor, también en Miranda de Ebro para “optimizar el uso de las instalaciones, moderar los consumos y modernizar los medios productivos”. Renfe garantiza que se mantendrá el empleo y la carga de trabajo en el taller mirandés y subraya que el taller de remolcado tenía cada vez menos actividad. Sin embargo, el teniente de alcalde mirandino no se muestra convencido: “Creemos que es un cierre encubierto, que vayan vaciando los talleres progresivamente y mover a los trabajadores de Renfe a otras provincias o a Renfe Viajeros”, agrega.

A pesar de la presura de la medida, no es nueva. El Ministerio ya anunció a finales de octubre de 2025 que cerraría el taller de Remolcado en junio y trasladaría a los trabajadores de Renfe. Sin embargo, los trabajadores auxiliares y de las subcontratas han quedado más desprotegidos. Además, en la ciudad se imparte un Grado Medio de Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario, un ciclo que ahora, temen, se pueda quedar en el aire como consecuencia de las decisiones que tome Renfe.

Este martes también está previsto convocar una Mesa del Ferrocarril, en la que participarán algunos sindicatos, partidos políticos y asociaciones de usuarios, comerciantes y empresarios de la zona y de otros puntos de la geografía española como Asturias o Castilla-La Mancha.

El presidente del comité de empresa y representante del sindicato de maquinistas, Asier Nieto, explica que esto “trasciende al colectivo de conducción” y ha apuntado que el sindicato “puede apoyar, pero no ir delante”, puesto que hay otros sindicatos que tienen más representación en los talleres de Miranda de Ebro.

La operadora recuerda que este traslado ya se anunció en 2022, y que desde entonces se han modernizado las instalaciones mirandinas para adaptarlas a los nuevos vagones. La compañía ha iniciado ya la formación del personal para adaptarse a la progresiva renovación del parque ferroviario de la compañía, que incrementará la actividad en el área de Motor. Renfe defiende que la actual base de Remolcado albergará la sede del Centro de Competencias Digitales, un espacio que ya prometió Óscar Puente en 2021. El objetivo es “optimizar los recursos materiales”.

Un hombre de 85 años ha muerto este martes en Burgos capital aplastado por el montacargas de unas obras situadas a la altura del número 18 de la calle Igualdad.

El accidente ha tenido lugar pasadas las nueve de la mañana cuando, por causas que se investigan, el montacargas ha aplastado a la víctima, un peatón que pasaba por debajo de la obra, ha explicado a los periodistas el comisario jefe de la Policía Nacional de Burgos, José Carlos Donoso.

El suceso, que investigan tanto Policía Judicial como la Inspección de Trabajo, se ha producido en la obra de una fachada en un bloque de viviendas de la calle Igualdad, en el barrio de Gamonal, con un montacargas de los que sube y baja los materiales, ha indicado Donoso.

Según ha informado el servicio de Emergencias del 1-1-2 en Castilla y León, a las 9:15 horas se ha comunicado que un hombre -del que inicialmente el 1-1-2 informó de que tenía 65 años aunque tenía 85- había resultado herido tras ser aplastado por un montacargas.

Con esta información, el servicio de Emergencias ha dado aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que se han personado en el lugar del accidente aunque solo han podido confirmar la muerte del hombre.

Tras el accidente, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha activado el protocolo para atender a los familiares del fallecido.

Vecinos del entorno del proyecto de ampliación del parque eólico Tórtoles, en la provincia de Burgos, han denunciado que se intenta avanzar en un proceso de expropiación forzosa “plagado de irregularidades y que ignora los derechos fundamentales de los habitantes de la zona”.

Exigen la paralización inmediata de la ocupación por falta de transparencia, porque conocieron el proyecto a través del BOE (Boletín Oficial del Estado) hace tres años, sin comunicación previa por parte de la empresa promotora, ni del Ayuntamiento ni de ninguna otra Administración.

En un comunicado, aseguran que después de 18 meses de publicarse en el BOE, llegó una carta de la empresa a los propietarios afectados en el proyecto, la única comunicación con los propietarios en estos tres años.

Consideran también que la empresa ha tomado “decisiones sospechosas”, como el cambio de potencia del parque por encima de los 50 MW justo antes de la resolución, discrepancias entre el número de aerogeneradores y la potencia proyectada, y cambios sustanciales en el proyecto sin someterse a ningún control, ni anuncio.

Los vecinos insisten en que este proyecto no cuenta con el consentimiento de quienes poseen la tierra y no es una infraestructura pública, sino un negocio industrial privado que opera en libre mercado.

De hecho, aseguran que el 89% de los propietarios donde se ubicarán los aerogeneradores, ocho de los nueve titulares, están en contra, igual que el 78% de los afectados por las líneas de evacuación y otras infraestructuras.

Los vecinos consideran que la imposición de este proyecto, “alimentada por bulos y amenazas encubiertas”, está rompiendo la paz social en el pueblo, provocando enfrentamientos incluso entre familias.

Señalan que es un proyecto que ocupa terrenos agrícolas que son el alimento de muchos y el medio de vida de familias de la zona.

Además, creen que la tramitación ha ignorado “riesgos críticos”, ya que, pese a informes de la Subdirección General de Evaluación Ambiental y de la propia Junta de Castilla y León que recomendaban una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, se optó por un Informe de Afección Ambiental (IDAA) en el que se le eximió de dicha evaluación ambiental.

Entienden que esa decisión ignora el riesgo crítico para especies protegidas en la zona como la avutarda, el milano real, el águila imperial, entre otras.

En su escrito, explican que han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid solicitando unas medidas cautelares, y aunque inicialmente fueron denegadas, dicha decisión fue recurrida y se encuentra actualmente a la espera de trámite judicial. 

El Ayuntamiento de Burgos ha solicitado este jueves al Ministerio de Economía la autorización para reestructurar su deuda, que supera los 80 millones de euros, para que su amortización finalice en el año 2042, once años más tarde de lo previsto.

Se trata de una situación de la que “no se conocen precedentes en España” y que, de no autorizarse, dejaría al Consistorio en una situación “dramática”, según un informe elaborado por los propios técnicos municipales y que han confirmado a los periodistas los grupos de la oposición, PSOE y Vox.

De hecho, el equipo de gobierno convocó este miércoles una reunión de urgencia con la oposición en la que se les comunicó la preocupante situación económica del Ayuntamiento y en la que pidió su apoyo para reestructurar la deuda.

El déficit en las arcas del Ayuntamiento es resultado de asumir la deuda de dos consorcios municipales: uno relacionado con el desvío de la variante ferroviaria y, otro, con la ampliación del polígono industrial de Villalonquéjar, el más grande de Castilla y León.

La portavoz del gobierno municipal, Andrea Ballesteros (PP), ha asegurado en declaraciones a los informadores que el objetivo de esta reestructuración es conseguir autorización para un crédito destinado a inversiones que figura en el Presupuesto municipal, que en un primer momento se valoró en 25 millones de euros y finalmente se ha reducido a 18 millones.

Impagos en 2031 y “colapso”

Sin embargo, los portavoces de la oposición han mostrado su preocupación por la situación financiera en la que queda el Ayuntamiento burgalés, tanto en el presente como en el futuro.

El portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, ha advertido de que, si la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio rechaza este procedimiento excepcional, el Ayuntamiento no tendrá dinero ni para pagar las nóminas en 2031.

Asimismo, ha reflexionado que, si finalmente el Gobierno lo acepta, “seguramente se pedirá un Plan Económico Financiero y se aplicará una especie de intervención”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Josué Temiño, ha afirmado que el exceso en la amortización de la deuda de los consorcios ha dejado al Ayuntamiento de Burgos en una situación de “colapso”, con un nivel de remanentes muy bajo.

La librería más antigua de España, Hijos de Santiago Rodríguez, ha conseguido recaudar los 60.000 euros que pidió hace unas semanas para evitar el cierre. “Una cifra concreta para una necesidad concreta: ganar tiempo”, ha anunciado a través de redes sociales la propietaria, Lucía Alonso Rodríguez, tataranieta de uno de los primeros libreros de Burgos, Santiago Rodríguez.

La empresa necesitaba 60.000 euros para mantener la librería abierta hasta que el preconcurso de acreedores saliera adelante. “Intentamos comprar tiempo para hacer frente a las deudas y seguir trabajando”, explicaba hace unos días a elDiario.es. La librería tiene seis empleados —además de la propietaria— y trabaja para particulares, universidades y bibliotecas de la ciudad.

Casi 1.900 personas han participado en el crowdfunding, que solo ha durado trece días y ha conseguido donaciones individuales de hasta mil euros. Lucía Alonso Rodríguez ha agradecido la “generosidad” de los donantes y el apoyo también a través de mensajes que la han hecho “llorar a solas entre estanterías”. “Respondisteis con la convicción de que algunos lugares merecen seguir existiendo”, ha remarcado en su mensaje de redes sociales.

La librera también ha destacado que garcias a esos 60.000 euros han conseguido “ganar tiempo para que 176 años de historia tuvieran una oportunidad más”. “Todavía quedan pasos, gestiones e incertidumbres, pero lo afrontamos sabiendo que no estamos solos”, ha avanzado.

Cuando Hijos de Santiago Rodríguez dio la voz de alarma, varios escritores enviaron mensajes de apoyo a través de redes sociales.

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a dos años de prisión dos personas, un hombre y una mujer, por amenazar de muerte y agredir al alcalde de la localidad burgalesa de Villaquirán de los Infantes en un suceso ocurrido en agosto de 2023 y en el que también resultó herido un agente de la Guardia Civil.

En concreto, la sentencia impone seis meses de cárcel por un delito de amenazas graves, un año por atentado a la autoridad y otros seis meses por atentado contra agentes de la autoridad, además de dos multas de 30 días con cuota diaria de seis euros por las lesiones leves causadas tanto al regidor como a uno de los guardias civiles.

Asimismo, ambos deberán indemnizar conjuntamente con 400 euros al agente herido y con 200 euros al alcalde por las lesiones sufridas, además de asumir las costas procesales El fallo incluye también una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con el alcalde durante un año y medio.

La sentencia, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial y firme tras la conformidad de las partes, considera probado que ambos acusados actuaron “de común acuerdo”, ya que asumieron los delitos y las penas, contra el alcalde del municipio burgalés, al que insultaron y amenazaron primero en la plaza Mayor del municipio como, después de seguirle tras una primera intervención de la Guardia Civil, en la nave industrial donde trabajaba.

Los hechos se produjeron el 11 de agosto de 2023, sobre las 19.00 horas. Los acusados increparon al alcalde “con conocimiento de su condición de alcalde y con ánimo de menoscabar el principio de autoridad”, como recoge el fallo judicial . Durante ese primer enfrentamiento, la mujer condenada profirió frases como “cabrón de mierda, juro que te voy a matar, te voy a meter fuego y te voy a quemar vivo”, mientras el otro acusado añadió: “Hijo de puta, te voy a matar, ya verás cuando te coja”.

La intervención de dos agentes de la Guardia Civil evitó entonces que la situación pasara a mayores. Los agentes instaron al alcalde a abandonar la plaza, aunque el conflicto continuó poco después. Los magistrados consideran que ambos acusados acudieron posteriormente a la nave industrial en la que trabajaba el regidor y allí retomaron las amenazas y la agresión física.

En ese segundo episodio, los condenados realizaron expresiones como “alcalde de mierda, te vamos a matar y a quemar todo” antes de abalanzarse sobre él. La mujer le arañó mientras el otro acusado le propinó un puñetazo en la sien izquierda y ambos le agarraron de la ropa hasta romperla, según la sentencia.

Los agentes de la Guardia Civil también resultaron heridos cuando intervinieron en este segundo altercado al ser mordido por el perro de uno de los agresores. Además, y uno de los acusados llegó a dirigirse a los guardias civiles con frases como “sois unos cabrones, sois unos mierdas, a este lo voy a matar”, mientras ambos se resistían a la actuación policial.

El alcalde sufrió lesiones que tardaron cinco días en curar y el agente herido necesitó diez días de recuperación, aunque en ninguno de los casos fue necesario tratamiento médico o quirúrgico y no quedaron secuelas, como apunta el fallo.

Los profesores de la Escuela Municipal de Teatro de Burgos han pagado de sus bolsillos una deuda pendiente de abonar a la Tesorería General de la Seguridad Social para evitar la citación judicial de su directora, fijada para el 20 de mayo.

La concejala socialista Blanca Carpintero ha explicado en un comunicado que los profesores han tenido que abonar 11.000 euros de la deuda, más el recargo de 3.000 euros, para evitar que se ejecutara la citación que había recibido su directora.

La edil ha aclarado que esta situación se ha producido porque la Escuela Municipal de Teatro aún no ha recibido parte de la subvención anual que recibe del Ayuntamiento, aunque el 22 de febrero presentaron la documentación para justificar la recepción de los 15.000 euros pendientes.

“Lo curioso es que hasta mayo no recibieron ninguna respuesta a esa justificación y ahora el Ayuntamiento les ha remitido un escrito pidiendo que subsanen algunos documentos, algo que harán en las próximas horas”, ha explicado Carpintero.E

La concejal socialista ha planteado que la mejor solución para evitar que se produzcan estas situaciones es que la escuela se municipalice y sus trabajadores pasen a depender directamente del Ayuntamiento.

Seis generaciones de libreros y tres ubicaciones en más de 170 años. La más antigua de España y la quinta más antigua de Europa. Desde 1850, la librería Hijos de Santiago Rodríguez ha estado abierta en Burgos, pero ahora peligra. Lucía Alonso Rodríguez, tataranieta de uno de los primeros libreros de Burgos, Santiago Rodríguez, ha advertido a través de redes sociales que tienen un problema financiero: ha abierto un proceso de preconcurso de acreedores. Por este motivo han iniciado una campaña de crowdfunding para conseguido 60.000 euros que les permitan hacer frente a las deudas y continuar trabajando. “Llevamos tantos años que la librería ya forma parte del paisaje de Burgos”, explica por teléfono Alonso Rodríguez.

La empresa tiene seis empleados —además de la propietaria— y trabaja no solo para el usuario medio de libros, sino también con las universidades y bibliotecas de la ciudad. “La situación se ha derivado por motivos ajenos a nosotros y pedimos un dinero para mantenernos abiertos hasta que el preconcurso de acreedores salga adelante. Intentamos comprar tiempo para hacer frente a las deudas y seguir trabajando”, explica. También reconoce que la piratería de libros, las plataformas de comercio digital y las grandes cadenas han tenido impacto en una librería pequeña como la suya. “Es difícil competir contra esos gigantes”, resume.

La librería de Santiago Rodríguez fue una de las primeras librerías de Burgos, pero también uno de los primeros locales que vendió ordenadores en la capital burgalesa y en organizar presentaciones de libro junto a los autores. “El otro día una clienta me comentaba: 'Espero que esto sirva para que la gente se dé cuenta de lo que tenemos antes de perderlo, no después'. Y me resultó curioso. Porque al final los comercios locales y las librerías independientes hacemos barrio, ciudad y que cada sitio sea diferente. Si desaparecemos, tendremos ciudades grises y sin vida”, reivindica Lucía Alonso Rodríguez.

La librería se fundó con la casa editorial y el taller de impresión. También tuvo una editorial 1950 a 1989 y ahora, la librería organiza cuentacuentos y clubs de lectura. “Si preguntas en Burgos, muchísima gente ha trabajado en la librería o en la editorial”, expone Lucía Alonso. En solo unos días ya han obtenido 20.000 euros gracias a donantes y al impulso de algunos escritores como Juan Gómez Jurado, Máximo Huerta que han respaldado la campaña a través de sus redes sociales. “Nos han dado un montón de visibilidad y nos ha ayudado mucho”, remata.

El servicio de Autobuses Urbanos de Burgos ha recuperado la normalidad este lunes, con todas las líneas ya operativas y en sus frecuencias habituales, tras la incorporación de los 40 vehículos cedidos por la EMT después de que un incendio en las cocheras municipales quemara el pasado 21 de abril la mitad de la flota burgalesa.

Los autobuses azules, cedidos por el Ayuntamiento de Madrid de manera gratuita por seis meses prorrogables, circulan desde primera hora de la mañana “con normalidad” por la ciudad, mezclados con los autobuses rojos de Burgos, una estampa que se convertirá en cotidiana, hasta que el Consistorio vaya reponiendo los 39 vehículos que ardieron hace quince días.

El concejal delegado del Servicio de Movilidad y Transportes de Burgos, César Barriada, he explicado en el pleno extraordinario convocado de urgencia para aprobar la gratuidad del servicio, que los nuevos buses circulan “con total normalidad y seguridad” tras dos semanas de servicios mínimos, con varias líneas suspendidas y otras con modificaciones de frecuencia.

El incendio, cuyas causas están bajo investigación, se declaró sobre las dos de la madrugada del 20 de abril y, además de calcinar la nave principal y el taller de las cocheras municipales, quemó 39 de los 75 autobuses de la flota burgalesa, con un perjuicio económico que se estima en más de 20 millones de euros -solo en cuanto a vehículos-.

Ante la situación de urgencia, el Ayuntamiento de Burgos pidió ayuda entre comunidades autónomas y capitales de provincia, que le ofrecieron vehículos en función de sus posibilidades, hasta que Madrid puso a su disposición de manera gratuita 40 autobuses -de lo que la EMT ya había retirado de su servicio-, que llegaron a la ciudad el 24 de abril.

Barriada ha explicado que los vehículos han pasado la correspondiente revisión técnica, la ITV y el mantenimiento, y se han incorporado esta mañana a la flota, aunque sin el correspondiente sistema de cobro, dado que tendrán que adquirir las máquinas, motivo por el cual el autobús urbano será gratuito en la ciudad hasta mediados de junio.

Así lo anunció la semana pasada la alcaldesa, Cristina Ayala, que estimó en 375.000 euros el impacto económico de la medida, y en el pleno extraordinario de este lunes se ha aprobado la suspensión de la ordenanza fiscal que regula el precio público de los buses para su gratuidad.

Polémica política

La decisión se ha consensuado entre el equipo de Gobierno (PP) y los grupos de la oposición (PSOE y Vox) pero el debate en el pleno no ha estado exento de polémica, ya que los socialistas han cuestionado la legalidad de aprobar la suspensión sin que exista expediente conformado, y han insistido en que la alcaldesa tenía otras fórmulas para hacerlo sin necesidad de acudir al pleno.

Por su parte, Cristina Ayala ha acusado al PSOE de querer “boicotear” la gratuidad de los buses, como respuesta a una “excelente gestión” de la crisis por parte del equipo de Gobierno; finalmente, el PSOE se ha abstenido en la votación por lo que considera “malas artes” del PP.

Una flota más amplia

A la incorporación de los 40 buses cedidos por Madrid se sumará, en los próximos días, la llegada de otros 15 autobuses que entregarán las empresas con las que el Ayuntamiento de Burgos tiene en vigor sendos contratos de alquiler, ya que 21 de los 39 buses quemados correspondían a estos contratos.

De este modo, la ciudad contará con una cifra superior a los 75 autobuses de los que disponía antes del incendio, lo que ayudará a garantizar el bueno funcionamiento del servicio ya que los prestados por Madrid son en algunos casos más antiguos que los que se quemaron, y pueden sufrir más averías.

En estos quince días, el transporte público de Burgos ha funcionado como si viviera una jornada de huelga, aunque ha sido necesario suspender varias líneas, lo que ha impactado en un aumento del tráfico rodado, que se espera que remita ahora que el servicio ha vuelto a la normalidad, y además de forma gratuita.

Los autobuses urbanos de Burgos serán gratuitos hasta mediados de junio ante la imposibilidad de implantar el sistema de cobro en los 40 vehículos cedidos por la EMT de Madrid, después de que un incendio en las cocheras municipales quemara la mitad de la flota de autobuses de la capital burgalesa.

La medida se ha aprobado este jueves en la reunión de la Junta de Gobierno Local y será refrendada en un pleno la próxima semana, una vez los dos grupos de la oposición, PSOE y Vox, han anunciado ya su respaldo a esta gratuidad, ha explicado en rueda de prensa la alcaldesa, Cristina Ayala.

Ayala ha precisado que esta medida, que comenzará a aplicarse este lunes, cuando se incorporen los 40 autobuses cedidos al servicio de transportes de la ciudad -que recuperará la normalidad-, supondrá que el Ayuntamiento dejará de ingresar 375.000 euros en este mes y medio.

También la Junta de Gobierno ha aprobado esta mañana licitar por urgencia la compra de 45 sistemas de cobro y de geolocalización, para disponer de este equipo para los vehículos cedidos por la EMT y contar con algunos de repuesto, con un coste de más de 800.000 euros.

El objetivo es que estos equipos, que ya están fabricados, puedan llegar e instalarse en los vehículos antes de que acabe el plazo de mes y medio de gratuidad.

Las empresas del renting enviarán 15 buses

La alcaldesa de Burgos ha informado también de que han llegado a un acuerdo con las dos empresas adjudicatarias de los contratos de alquiler -renting- de autobuses, para que repongan los autobuses que se quemaron en el incendio del 20 de abril, dado que 21 de los 39 que ardieron eran de alquiler.

Así, las empresas enviarán 15 autobuses en el plazo de una semana, con lo que Burgos dispondrá de más autobuses de los que contaba antes del incendio -entonces eran 75-.

Ayala ha recordado que como parte de los vehículos que se han quemado eran relativamente nuevos, el servicio podría registrar ahora más averías, y por tanto se requiere de un refuerzo que garantice sacar a la calle los 58 que son necesarios para prestar el servicio.

“El servicio se recuperará el lunes, pero esto no supone volver a la situación previa al incendio, porque los daños que deberá asumir el Ayuntamiento, aunque no están todavía evaluados, serán de decenas de millones de euros”, ha explicado Ayala.

Ha detallado que en este momento siguen buscando autobuses de menor tamaño que puedan dar servicio al centro histórico, dado que no cuentan con ninguno de estas características.

Pendientes del informe policial

Mientras, el Ayuntamiento de Burgos espera los informes de la Policía Científica y de los investigadores de las aseguradoras, en relación con las causas del incendio, aunque también han aprobado la contratación de un perito propio para participar en ese proceso.

En todo caso, los seguros de los autobuses solo cubrían la responsabilidad civil, los daños a terceros, “algo que es habitual en otros ayuntamientos, porque las aseguradoras no quieren asegurar estos vehículos a todo riesgo”, ha explicado la alcaldesa.

Ayala ha agradecido la ayuda de la EMT y el Ayuntamiento de Madrid, que ha cedido de manera gratuita los 40 autobuses durante seis meses prorrogables, y también ha enviado un camión mecánico y va a aportar otro de repuestos.

La próxima semana el Consejo de Movilidad empezará a estudiar cómo reponer la totalidad de la flota de autobuses, al margen de la cesión; qué tipo de autobuses quiere comprar el Ayuntamiento -preferiblemente de hidrógeno y eléctrico

La Escuela Municipal de Música de Burgos volvió a abrir sus puertas el 7 de abril tras el parón de marzo, pero la sensación de alivio apenas ha durado unas semanas. Superado el cierre y con la actividad retomada, las cerca de 700 familias y los 25 profesores que dependen del servicio miran ya al próximo curso con la misma incertidumbre. El problema de fondo —la falta de un contrato estable y viable— sigue sin resolverse.

“Se reabrió con normalidad, pero el tema de los pliegos sigue exactamente igual”, resumen desde la Plataforma de gestión de la Escuela Municipal de Burgos. La agrupación, que ya fue clave en las movilizaciones que empujaron hacia la reapertura tras semanas de cierre, ha vuelto a activar la presión ante lo que consideran una falta de avances por parte del Ayuntamiento.

En septiembre de 2026 el actual acuerdo —una solución de urgencia que permite mantener la actividad hasta final de curso— habrá expirado. Y, a día de hoy, no hay ningún contrato nuevo en marcha. “Nos habían dicho que los pliegos estarían en tiempo para garantizar la continuidad, pero ahora mismo no sabemos nada”, explican desde la plataforma.

Las familias piden al Ayuntamiento saber si la nueva licitación llegará a tiempo

Tras la Semana Santa, las familias solicitaron una reunión con el área de Cultura para conocer el estado de la licitación. La respuesta fue negativa. “Nos la denegaron alegando que es un proceso de contratación y que la información es confidencial”, señalan. Una explicación que, sin negar el marco legal, consideran insuficiente: “Entendemos que no nos pueden dar detalles técnicos, pero sí podrían transmitir cierta tranquilidad, decirnos si van en plazo o no”.

Ese silencio es, precisamente, lo que ha encendido las alarmas. El contrato anterior ya quedó desierto en diciembre, y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León señaló directamente al Ayuntamiento por no haber licitado a tiempo. Ahora, temen que la historia se repita.

El principal riesgo es el calendario. Los procedimientos administrativos tienen plazos tasados: publicación, presentación de ofertas, valoración técnica, adjudicación. Todo ello puede alargarse durante meses. “Para que la escuela pueda empezar en septiembre con normalidad, los pliegos tendrían que salir ya”, advierten desde la plataforma. “Si no se hace en breve, no dan los tiempos”.

Pero no es solo una cuestión de fechas, también lo es —y quizá más— de contenido. El anterior intento de licitación fracasó, en buena medida, por las condiciones económicas. El contrato planteado por el Ayuntamiento fijaba una cuantía que, según denuncian familias y gestor, hacía inviable la prestación del servicio sin pérdidas.

Las cifras son conocidas. El coste de las nóminas ronda los 400.000 euros anuales, mientras que los ingresos por cuotas se sitúan en torno a los 300.000. A eso se sumaba un canon municipal que apenas superaba los 48.000 euros. El resultado era un desfase estructural que obligaba al gestor a asumir pérdidas mensuales de entre 5.000 y 6.000 euros. “Es que con ese modelo nadie puede sostener una escuela”, resumen.

El último pliego, además, añadía nuevas obligaciones, como la gestión de una escuela de dulzaina, sin un incremento proporcional de la financiación. “Era un contrato de unos 108.000 euros con más exigencias. Es normal que quedara desierto”, sostienen.

150.000 euros para garantizar el servicio

Con ese precedente, la plataforma ha comenzado a trasladar públicamente una cifra que consideran mínima para garantizar la viabilidad del servicio: 150.000 euros. “Es lo mínimo para que alguien pueda plantearse presentarse”, explican. Una cantidad que, insisten, no supone un margen de beneficio elevado, sino simplemente evitar pérdidas.

“Ellos saben perfectamente cuándo un pliego es atractivo y cuándo no”, critican. El temor es que el Ayuntamiento vuelva a plantear un contrato insuficiente y, en caso de quedar desierto, traslade la responsabilidad a la falta de interés del sector. “Si no se explica bien a la ciudadanía cuánto cuesta realmente esta escuela, se puede vender que el problema es que nadie quiere gestionarla, cuando no es así”.

La preocupación no es menor. La escuela atiende actualmente a unos 700 alumnos y emplea a 25 profesores, una estructura difícil de absorber por el tejido privado de la ciudad. “Las escuelas privadas no pueden asumir ese volumen”, advierten. A ello se suma el coste para las familias: mientras en la municipal las cuotas rondan los 50 o 60 euros mensuales —incluyendo instrumento y lenguaje musical—, en el ámbito privado pueden superar los 100 euros solo por el instrumento.

“Hay padres que no son conscientes de lo que supondría perder esto”, apuntan. “No es solo un tema educativo, es acceso a la cultura”.

En este contexto, la movilización vuelve a escena. La plataforma ha convocado nuevas concentraciones y prevé mantener la presión en las próximas semanas. También tiene la vista puesta en el pleno municipal del 15 de mayo, que consideran una fecha clave. “Si para entonces no hay pliegos, la situación será muy complicada”, advierten.

El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido en las últimas semanas la necesidad de ajustar el contrato a la legalidad y a los costes reales del servicio. La concejala de Cultura ya apuntó que el objetivo es sacar una licitación “actualizada” que garantice la continuidad. Sin embargo, de momento no hay plazos concretos sobre la mesa.

Entre tanto, la sensación entre las familias es del 'día de la marmota'. “Esto ya lo hemos vivido”, reconocen. La reapertura de abril ha permitido salvar el curso, pero no despeja el horizonte. “Ha sido un parche”, insisten.

La clave, coinciden todas las partes, estará en la próxima licitación. De su diseño dependerá no solo el inicio del curso que viene, sino la estabilidad a medio plazo de un servicio público que ha demostrado ser, a la vez, esencial y frágil. “Lo que pedimos es sencillo”, concluyen desde la plataforma. “Que se haga un contrato viable y que se haga a tiempo”.

El Ayuntamiento de Burgos negocia la reposición de los autobuses que se quemaron en el incendio de las cocheras municipales el pasado martes con las empresas con las que mantienen dos contratos para el suministro bajo la fórmula del alquiler, ya que 21 de los 39 vehículos que ardieron corresponden a dichos contratos.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha recordado en rueda de prensa que se trata de contratos suscritos en los años 2014 y 2017, y que finalizarán en 2027 y en 2031, por lo que la negociación con cada una de las empresas es diferente, pero se trata de llegar a un acuerdo sobre cuántos de los buses quemados van a reponer, cómo lo harán y cuándo se podrá contar con ellos.

Ha insistido en que, a corto plazo, el servicio municipal de transporte urbano está resuelto con la cesión gratuita, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de 40 autobuses, que llegaron el pasado viernes a Burgos y se incorporarán a la flota a finales de esta semana, cuando superen las revisiones técnicas y de mantenimiento, y siempre que no surja ningún imprevisto.

Ayala ha destacado que los vehículos cedidos por Madrid están “en muy buenas condiciones de mantenimiento”, y que alguno tienen hasta menos kilómetros acumulados que los propios del servicio de Movilidad y Transportes, que tras el incendio solo tiene operativos 36 de los 75 que componían su flota hasta el pasado martes.

La alcaldesa ha asegurado que si bien “lo más importante”, que era recuperar el transporte urbano con una solución provisional y transitoria, ya se ha hecho “gracias” a la generosidad de Madrid, “todavía quedan muchos flecos por gestionar”, desde los propios seguros y el combustible de los buses cedidos hasta la implantación del servicio de cobro en los mismos.

El Ayuntamiento busca -sin éxito- otras ciudades que cuenten con el mismo sistema de pago, para poder adquirir equipos e instalarlos en los buses madrileños; si no lo encuentran, tendrán que sacar un contrato de urgencia para su compra, ha indicado la alcaldesa.

Por ese motivo, todavía no han tomado una decisión sobre si el billete será gratuito solo en los buses cedidos o en toda la flota, pues dependerá de lo que se tarde en tener instalado el sistema de cobro, ya que la gratuidad durante mucho tiempo supondría una importante “merma” de ingresos para las arcas municipales (al año, Autobuses Urbanos ingresa 2,9 millones por los billetes).

Cristina Ayala ha insistido en que, pese a contar con los vehículos de Madrid -cedidos por seis meses prorrogables-, “no se ha vuelto a la situación del 20 de abril”, pues el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a una inversión de más de 20 millones de euros para reponer los 39 vehículos quemados, lo que llevará años, ha reconocido

Los 40 autobuses cedidos a Burgos por el Ayuntamiento de Madrid para recuperar el servicio de transporte urbano, tras el incendio que el martes quemó la mitad de la flota en las cocheras municipales, se irán incorporando gradualmente según pasen la revisión técnica, tras su llegada a primera hora de esta tarde a la capital burgalesa.

Los vehículos, conducidos por personal municipal que se ha desplazado esta madrugada a Madrid, han salido pasadas las diez de la mañana del Centro de Operaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) en dos convoyes escoltados por la Guardia Civil, y en cinco horas han llegado a Burgos.

Los primeros 25 autobuses han llegado minutos antes de las tres de la tarde a las instalaciones de las cocheras municipales, ubicadas en la carretera de Poza, donde les estaban esperando otros conductores, personal del Servicio de Movilidad y Transportes y una representación del equipo de Gobierno.

El segundo convoy ha llegado una hora más tarde, completando así el envío de los 40 vehículos que ha cedido Madrid de manera gratuita por un periodo de seis meses, ampliable, lo que permitirá que Burgos recupere la normalidad en su servicio de transportes, que desde el martes opera con servicios mínimos.

El incendio, declarado pasadas las dos de la madrugada del martes, devoró buena parte de las cocheras -dejando la nave central y el taller para su demolición- y, con ellas, 39 los 75 autobuses del servicio, por lo que estos días solo se han podido sacar a la calle 31, cuando habitualmente circulan 58.

Viaje sin incidencias y “buenas sensaciones”

El viaje desde Madrid se ha realizado sin incidencias, ha explicado el presidente del comité de empresa, Pedro Garrido, y solo un vehículo ha sufrido un leve calentamiento, por lo que ha sido necesario parar pero los técnicos de Madrid que viajaban con el convoy han resuelto el problema con rapidez.

A velocidades de 70 km/h los autobuses han recorrido los 250 kilómetros que separan Madrid de Burgos en unas cinco horas -con parada en Boceguillas-, y la bajada de Somosierra “ha ido muy bien, sin vibraciones, ni sustos”, ha indicado Garrido, quien ha asegurado que la sensación “ha sido muy buena”.

Ahora, los vehículos tendrán que pasar una revisión técnica por parte del personal del Ayuntamiento de Burgos, y cuando estén a punto se incorporarán de manera gradual al servicio, ha indicado el concejal de Movilidad y Transportes, César Barriada, que no ha sabido precisar cuándo y cómo será esa incorporación.

Tampoco cómo se solventará el pago del billete dado que los autobuses cedidos por Madrid utilizan un sistema de cobro distinto al de Burgos, por lo que se baraja que el viaje sea gratuito en ellos, o tal vez en todo el servicio municipal mientras se encuentra una solución alternativa.

Reorganizar el servicio de transportes

Barriada ha agradecido a Madrid su solidaridad con Burgos, pues supone la cesión de 40 autobuses que aunque son antiguos -están entre los retirados por la EMT- están en funcionamiento, y además la capital ha enviado un servicio técnico de asistencia para el viaje, una grúa y piezas de recambio.

Además, ha indicado que el Ayuntamiento está en contacto con otros municipios que también ofrecieron autobuses, como Segovia, para tratar de reponer los cuatro minibuses que se quemaron, y que son los que hacen la ruta del centro histórico, dado que los de mayor tamaño no pueden circular por sus calles estrechas.

Los de Madrid son vehículos de 12 metros de largo, que tampoco reponen los articulados de 18 metros que se han quemado, así que será necesario reorganizar el servicio con refuerzos en horarios en los que venía operando uno de los articulados, si bien todos ellos detalles se irán matizando los próximos días.

El servicio de transportes funciona desde el pasado martes con servicios mínimos, con varias líneas suspendidas y otras con modificaciones en horarios y frecuencias, con el objetivo de que todos los barrios tengan al menos un servicio de autobús urbano.

El fin de semana se recuperarán todas las líneas -salvo la del centro histórico- y los horarios habituales, dado que con los autobuses propios se puede cubrir el servicio de sábado y domingo; el lunes volverán las restricciones, al menos hasta que los 40 buses madrileños se incorporen a la flota burgalesa.