Vecinos del entorno del proyecto de ampliación del parque eólico Tórtoles, en la provincia de Burgos, han denunciado que se intenta avanzar en un proceso de expropiación forzosa “plagado de irregularidades y que ignora los derechos fundamentales de los habitantes de la zona”.

Exigen la paralización inmediata de la ocupación por falta de transparencia, porque conocieron el proyecto a través del BOE (Boletín Oficial del Estado) hace tres años, sin comunicación previa por parte de la empresa promotora, ni del Ayuntamiento ni de ninguna otra Administración.

En un comunicado, aseguran que después de 18 meses de publicarse en el BOE, llegó una carta de la empresa a los propietarios afectados en el proyecto, la única comunicación con los propietarios en estos tres años.

Consideran también que la empresa ha tomado “decisiones sospechosas”, como el cambio de potencia del parque por encima de los 50 MW justo antes de la resolución, discrepancias entre el número de aerogeneradores y la potencia proyectada, y cambios sustanciales en el proyecto sin someterse a ningún control, ni anuncio.

Los vecinos insisten en que este proyecto no cuenta con el consentimiento de quienes poseen la tierra y no es una infraestructura pública, sino un negocio industrial privado que opera en libre mercado.

De hecho, aseguran que el 89% de los propietarios donde se ubicarán los aerogeneradores, ocho de los nueve titulares, están en contra, igual que el 78% de los afectados por las líneas de evacuación y otras infraestructuras.

Los vecinos consideran que la imposición de este proyecto, “alimentada por bulos y amenazas encubiertas”, está rompiendo la paz social en el pueblo, provocando enfrentamientos incluso entre familias.

Señalan que es un proyecto que ocupa terrenos agrícolas que son el alimento de muchos y el medio de vida de familias de la zona.

Además, creen que la tramitación ha ignorado “riesgos críticos”, ya que, pese a informes de la Subdirección General de Evaluación Ambiental y de la propia Junta de Castilla y León que recomendaban una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, se optó por un Informe de Afección Ambiental (IDAA) en el que se le eximió de dicha evaluación ambiental.

Entienden que esa decisión ignora el riesgo crítico para especies protegidas en la zona como la avutarda, el milano real, el águila imperial, entre otras.

En su escrito, explican que han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid solicitando unas medidas cautelares, y aunque inicialmente fueron denegadas, dicha decisión fue recurrida y se encuentra actualmente a la espera de trámite judicial. 

El Ayuntamiento de Burgos ha solicitado este jueves al Ministerio de Economía la autorización para reestructurar su deuda, que supera los 80 millones de euros, para que su amortización finalice en el año 2042, once años más tarde de lo previsto.

Se trata de una situación de la que “no se conocen precedentes en España” y que, de no autorizarse, dejaría al Consistorio en una situación “dramática”, según un informe elaborado por los propios técnicos municipales y que han confirmado a los periodistas los grupos de la oposición, PSOE y Vox.

De hecho, el equipo de gobierno convocó este miércoles una reunión de urgencia con la oposición en la que se les comunicó la preocupante situación económica del Ayuntamiento y en la que pidió su apoyo para reestructurar la deuda.

El déficit en las arcas del Ayuntamiento es resultado de asumir la deuda de dos consorcios municipales: uno relacionado con el desvío de la variante ferroviaria y, otro, con la ampliación del polígono industrial de Villalonquéjar, el más grande de Castilla y León.

La portavoz del gobierno municipal, Andrea Ballesteros (PP), ha asegurado en declaraciones a los informadores que el objetivo de esta reestructuración es conseguir autorización para un crédito destinado a inversiones que figura en el Presupuesto municipal, que en un primer momento se valoró en 25 millones de euros y finalmente se ha reducido a 18 millones.

Impagos en 2031 y “colapso”

Sin embargo, los portavoces de la oposición han mostrado su preocupación por la situación financiera en la que queda el Ayuntamiento burgalés, tanto en el presente como en el futuro.

El portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, ha advertido de que, si la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio rechaza este procedimiento excepcional, el Ayuntamiento no tendrá dinero ni para pagar las nóminas en 2031.

Asimismo, ha reflexionado que, si finalmente el Gobierno lo acepta, “seguramente se pedirá un Plan Económico Financiero y se aplicará una especie de intervención”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Josué Temiño, ha afirmado que el exceso en la amortización de la deuda de los consorcios ha dejado al Ayuntamiento de Burgos en una situación de “colapso”, con un nivel de remanentes muy bajo.

La librería más antigua de España, Hijos de Santiago Rodríguez, ha conseguido recaudar los 60.000 euros que pidió hace unas semanas para evitar el cierre. “Una cifra concreta para una necesidad concreta: ganar tiempo”, ha anunciado a través de redes sociales la propietaria, Lucía Alonso Rodríguez, tataranieta de uno de los primeros libreros de Burgos, Santiago Rodríguez.

La empresa necesitaba 60.000 euros para mantener la librería abierta hasta que el preconcurso de acreedores saliera adelante. “Intentamos comprar tiempo para hacer frente a las deudas y seguir trabajando”, explicaba hace unos días a elDiario.es. La librería tiene seis empleados —además de la propietaria— y trabaja para particulares, universidades y bibliotecas de la ciudad.

Casi 1.900 personas han participado en el crowdfunding, que solo ha durado trece días y ha conseguido donaciones individuales de hasta mil euros. Lucía Alonso Rodríguez ha agradecido la “generosidad” de los donantes y el apoyo también a través de mensajes que la han hecho “llorar a solas entre estanterías”. “Respondisteis con la convicción de que algunos lugares merecen seguir existiendo”, ha remarcado en su mensaje de redes sociales.

La librera también ha destacado que garcias a esos 60.000 euros han conseguido “ganar tiempo para que 176 años de historia tuvieran una oportunidad más”. “Todavía quedan pasos, gestiones e incertidumbres, pero lo afrontamos sabiendo que no estamos solos”, ha avanzado.

Cuando Hijos de Santiago Rodríguez dio la voz de alarma, varios escritores enviaron mensajes de apoyo a través de redes sociales.

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a dos años de prisión dos personas, un hombre y una mujer, por amenazar de muerte y agredir al alcalde de la localidad burgalesa de Villaquirán de los Infantes en un suceso ocurrido en agosto de 2023 y en el que también resultó herido un agente de la Guardia Civil.

En concreto, la sentencia impone seis meses de cárcel por un delito de amenazas graves, un año por atentado a la autoridad y otros seis meses por atentado contra agentes de la autoridad, además de dos multas de 30 días con cuota diaria de seis euros por las lesiones leves causadas tanto al regidor como a uno de los guardias civiles.

Asimismo, ambos deberán indemnizar conjuntamente con 400 euros al agente herido y con 200 euros al alcalde por las lesiones sufridas, además de asumir las costas procesales El fallo incluye también una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con el alcalde durante un año y medio.

La sentencia, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial y firme tras la conformidad de las partes, considera probado que ambos acusados actuaron “de común acuerdo”, ya que asumieron los delitos y las penas, contra el alcalde del municipio burgalés, al que insultaron y amenazaron primero en la plaza Mayor del municipio como, después de seguirle tras una primera intervención de la Guardia Civil, en la nave industrial donde trabajaba.

Los hechos se produjeron el 11 de agosto de 2023, sobre las 19.00 horas. Los acusados increparon al alcalde “con conocimiento de su condición de alcalde y con ánimo de menoscabar el principio de autoridad”, como recoge el fallo judicial . Durante ese primer enfrentamiento, la mujer condenada profirió frases como “cabrón de mierda, juro que te voy a matar, te voy a meter fuego y te voy a quemar vivo”, mientras el otro acusado añadió: “Hijo de puta, te voy a matar, ya verás cuando te coja”.

La intervención de dos agentes de la Guardia Civil evitó entonces que la situación pasara a mayores. Los agentes instaron al alcalde a abandonar la plaza, aunque el conflicto continuó poco después. Los magistrados consideran que ambos acusados acudieron posteriormente a la nave industrial en la que trabajaba el regidor y allí retomaron las amenazas y la agresión física.

En ese segundo episodio, los condenados realizaron expresiones como “alcalde de mierda, te vamos a matar y a quemar todo” antes de abalanzarse sobre él. La mujer le arañó mientras el otro acusado le propinó un puñetazo en la sien izquierda y ambos le agarraron de la ropa hasta romperla, según la sentencia.

Los agentes de la Guardia Civil también resultaron heridos cuando intervinieron en este segundo altercado al ser mordido por el perro de uno de los agresores. Además, y uno de los acusados llegó a dirigirse a los guardias civiles con frases como “sois unos cabrones, sois unos mierdas, a este lo voy a matar”, mientras ambos se resistían a la actuación policial.

El alcalde sufrió lesiones que tardaron cinco días en curar y el agente herido necesitó diez días de recuperación, aunque en ninguno de los casos fue necesario tratamiento médico o quirúrgico y no quedaron secuelas, como apunta el fallo.

Los profesores de la Escuela Municipal de Teatro de Burgos han pagado de sus bolsillos una deuda pendiente de abonar a la Tesorería General de la Seguridad Social para evitar la citación judicial de su directora, fijada para el 20 de mayo.

La concejala socialista Blanca Carpintero ha explicado en un comunicado que los profesores han tenido que abonar 11.000 euros de la deuda, más el recargo de 3.000 euros, para evitar que se ejecutara la citación que había recibido su directora.

La edil ha aclarado que esta situación se ha producido porque la Escuela Municipal de Teatro aún no ha recibido parte de la subvención anual que recibe del Ayuntamiento, aunque el 22 de febrero presentaron la documentación para justificar la recepción de los 15.000 euros pendientes.

“Lo curioso es que hasta mayo no recibieron ninguna respuesta a esa justificación y ahora el Ayuntamiento les ha remitido un escrito pidiendo que subsanen algunos documentos, algo que harán en las próximas horas”, ha explicado Carpintero.E

La concejal socialista ha planteado que la mejor solución para evitar que se produzcan estas situaciones es que la escuela se municipalice y sus trabajadores pasen a depender directamente del Ayuntamiento.

Seis generaciones de libreros y tres ubicaciones en más de 170 años. La más antigua de España y la quinta más antigua de Europa. Desde 1850, la librería Hijos de Santiago Rodríguez ha estado abierta en Burgos, pero ahora peligra. Lucía Alonso Rodríguez, tataranieta de uno de los primeros libreros de Burgos, Santiago Rodríguez, ha advertido a través de redes sociales que tienen un problema financiero: ha abierto un proceso de preconcurso de acreedores. Por este motivo han iniciado una campaña de crowdfunding para conseguido 60.000 euros que les permitan hacer frente a las deudas y continuar trabajando. “Llevamos tantos años que la librería ya forma parte del paisaje de Burgos”, explica por teléfono Alonso Rodríguez.

La empresa tiene seis empleados —además de la propietaria— y trabaja no solo para el usuario medio de libros, sino también con las universidades y bibliotecas de la ciudad. “La situación se ha derivado por motivos ajenos a nosotros y pedimos un dinero para mantenernos abiertos hasta que el preconcurso de acreedores salga adelante. Intentamos comprar tiempo para hacer frente a las deudas y seguir trabajando”, explica. También reconoce que la piratería de libros, las plataformas de comercio digital y las grandes cadenas han tenido impacto en una librería pequeña como la suya. “Es difícil competir contra esos gigantes”, resume.

La librería de Santiago Rodríguez fue una de las primeras librerías de Burgos, pero también uno de los primeros locales que vendió ordenadores en la capital burgalesa y en organizar presentaciones de libro junto a los autores. “El otro día una clienta me comentaba: 'Espero que esto sirva para que la gente se dé cuenta de lo que tenemos antes de perderlo, no después'. Y me resultó curioso. Porque al final los comercios locales y las librerías independientes hacemos barrio, ciudad y que cada sitio sea diferente. Si desaparecemos, tendremos ciudades grises y sin vida”, reivindica Lucía Alonso Rodríguez.

La librería se fundó con la casa editorial y el taller de impresión. También tuvo una editorial 1950 a 1989 y ahora, la librería organiza cuentacuentos y clubs de lectura. “Si preguntas en Burgos, muchísima gente ha trabajado en la librería o en la editorial”, expone Lucía Alonso. En solo unos días ya han obtenido 20.000 euros gracias a donantes y al impulso de algunos escritores como Juan Gómez Jurado, Máximo Huerta que han respaldado la campaña a través de sus redes sociales. “Nos han dado un montón de visibilidad y nos ha ayudado mucho”, remata.

El servicio de Autobuses Urbanos de Burgos ha recuperado la normalidad este lunes, con todas las líneas ya operativas y en sus frecuencias habituales, tras la incorporación de los 40 vehículos cedidos por la EMT después de que un incendio en las cocheras municipales quemara el pasado 21 de abril la mitad de la flota burgalesa.

Los autobuses azules, cedidos por el Ayuntamiento de Madrid de manera gratuita por seis meses prorrogables, circulan desde primera hora de la mañana “con normalidad” por la ciudad, mezclados con los autobuses rojos de Burgos, una estampa que se convertirá en cotidiana, hasta que el Consistorio vaya reponiendo los 39 vehículos que ardieron hace quince días.

El concejal delegado del Servicio de Movilidad y Transportes de Burgos, César Barriada, he explicado en el pleno extraordinario convocado de urgencia para aprobar la gratuidad del servicio, que los nuevos buses circulan “con total normalidad y seguridad” tras dos semanas de servicios mínimos, con varias líneas suspendidas y otras con modificaciones de frecuencia.

El incendio, cuyas causas están bajo investigación, se declaró sobre las dos de la madrugada del 20 de abril y, además de calcinar la nave principal y el taller de las cocheras municipales, quemó 39 de los 75 autobuses de la flota burgalesa, con un perjuicio económico que se estima en más de 20 millones de euros -solo en cuanto a vehículos-.

Ante la situación de urgencia, el Ayuntamiento de Burgos pidió ayuda entre comunidades autónomas y capitales de provincia, que le ofrecieron vehículos en función de sus posibilidades, hasta que Madrid puso a su disposición de manera gratuita 40 autobuses -de lo que la EMT ya había retirado de su servicio-, que llegaron a la ciudad el 24 de abril.

Barriada ha explicado que los vehículos han pasado la correspondiente revisión técnica, la ITV y el mantenimiento, y se han incorporado esta mañana a la flota, aunque sin el correspondiente sistema de cobro, dado que tendrán que adquirir las máquinas, motivo por el cual el autobús urbano será gratuito en la ciudad hasta mediados de junio.

Así lo anunció la semana pasada la alcaldesa, Cristina Ayala, que estimó en 375.000 euros el impacto económico de la medida, y en el pleno extraordinario de este lunes se ha aprobado la suspensión de la ordenanza fiscal que regula el precio público de los buses para su gratuidad.

Polémica política

La decisión se ha consensuado entre el equipo de Gobierno (PP) y los grupos de la oposición (PSOE y Vox) pero el debate en el pleno no ha estado exento de polémica, ya que los socialistas han cuestionado la legalidad de aprobar la suspensión sin que exista expediente conformado, y han insistido en que la alcaldesa tenía otras fórmulas para hacerlo sin necesidad de acudir al pleno.

Por su parte, Cristina Ayala ha acusado al PSOE de querer “boicotear” la gratuidad de los buses, como respuesta a una “excelente gestión” de la crisis por parte del equipo de Gobierno; finalmente, el PSOE se ha abstenido en la votación por lo que considera “malas artes” del PP.

Una flota más amplia

A la incorporación de los 40 buses cedidos por Madrid se sumará, en los próximos días, la llegada de otros 15 autobuses que entregarán las empresas con las que el Ayuntamiento de Burgos tiene en vigor sendos contratos de alquiler, ya que 21 de los 39 buses quemados correspondían a estos contratos.

De este modo, la ciudad contará con una cifra superior a los 75 autobuses de los que disponía antes del incendio, lo que ayudará a garantizar el bueno funcionamiento del servicio ya que los prestados por Madrid son en algunos casos más antiguos que los que se quemaron, y pueden sufrir más averías.

En estos quince días, el transporte público de Burgos ha funcionado como si viviera una jornada de huelga, aunque ha sido necesario suspender varias líneas, lo que ha impactado en un aumento del tráfico rodado, que se espera que remita ahora que el servicio ha vuelto a la normalidad, y además de forma gratuita.

Los autobuses urbanos de Burgos serán gratuitos hasta mediados de junio ante la imposibilidad de implantar el sistema de cobro en los 40 vehículos cedidos por la EMT de Madrid, después de que un incendio en las cocheras municipales quemara la mitad de la flota de autobuses de la capital burgalesa.

La medida se ha aprobado este jueves en la reunión de la Junta de Gobierno Local y será refrendada en un pleno la próxima semana, una vez los dos grupos de la oposición, PSOE y Vox, han anunciado ya su respaldo a esta gratuidad, ha explicado en rueda de prensa la alcaldesa, Cristina Ayala.

Ayala ha precisado que esta medida, que comenzará a aplicarse este lunes, cuando se incorporen los 40 autobuses cedidos al servicio de transportes de la ciudad -que recuperará la normalidad-, supondrá que el Ayuntamiento dejará de ingresar 375.000 euros en este mes y medio.

También la Junta de Gobierno ha aprobado esta mañana licitar por urgencia la compra de 45 sistemas de cobro y de geolocalización, para disponer de este equipo para los vehículos cedidos por la EMT y contar con algunos de repuesto, con un coste de más de 800.000 euros.

El objetivo es que estos equipos, que ya están fabricados, puedan llegar e instalarse en los vehículos antes de que acabe el plazo de mes y medio de gratuidad.

Las empresas del renting enviarán 15 buses

La alcaldesa de Burgos ha informado también de que han llegado a un acuerdo con las dos empresas adjudicatarias de los contratos de alquiler -renting- de autobuses, para que repongan los autobuses que se quemaron en el incendio del 20 de abril, dado que 21 de los 39 que ardieron eran de alquiler.

Así, las empresas enviarán 15 autobuses en el plazo de una semana, con lo que Burgos dispondrá de más autobuses de los que contaba antes del incendio -entonces eran 75-.

Ayala ha recordado que como parte de los vehículos que se han quemado eran relativamente nuevos, el servicio podría registrar ahora más averías, y por tanto se requiere de un refuerzo que garantice sacar a la calle los 58 que son necesarios para prestar el servicio.

“El servicio se recuperará el lunes, pero esto no supone volver a la situación previa al incendio, porque los daños que deberá asumir el Ayuntamiento, aunque no están todavía evaluados, serán de decenas de millones de euros”, ha explicado Ayala.

Ha detallado que en este momento siguen buscando autobuses de menor tamaño que puedan dar servicio al centro histórico, dado que no cuentan con ninguno de estas características.

Pendientes del informe policial

Mientras, el Ayuntamiento de Burgos espera los informes de la Policía Científica y de los investigadores de las aseguradoras, en relación con las causas del incendio, aunque también han aprobado la contratación de un perito propio para participar en ese proceso.

En todo caso, los seguros de los autobuses solo cubrían la responsabilidad civil, los daños a terceros, “algo que es habitual en otros ayuntamientos, porque las aseguradoras no quieren asegurar estos vehículos a todo riesgo”, ha explicado la alcaldesa.

Ayala ha agradecido la ayuda de la EMT y el Ayuntamiento de Madrid, que ha cedido de manera gratuita los 40 autobuses durante seis meses prorrogables, y también ha enviado un camión mecánico y va a aportar otro de repuestos.

La próxima semana el Consejo de Movilidad empezará a estudiar cómo reponer la totalidad de la flota de autobuses, al margen de la cesión; qué tipo de autobuses quiere comprar el Ayuntamiento -preferiblemente de hidrógeno y eléctrico

La Escuela Municipal de Música de Burgos volvió a abrir sus puertas el 7 de abril tras el parón de marzo, pero la sensación de alivio apenas ha durado unas semanas. Superado el cierre y con la actividad retomada, las cerca de 700 familias y los 25 profesores que dependen del servicio miran ya al próximo curso con la misma incertidumbre. El problema de fondo —la falta de un contrato estable y viable— sigue sin resolverse.

“Se reabrió con normalidad, pero el tema de los pliegos sigue exactamente igual”, resumen desde la Plataforma de gestión de la Escuela Municipal de Burgos. La agrupación, que ya fue clave en las movilizaciones que empujaron hacia la reapertura tras semanas de cierre, ha vuelto a activar la presión ante lo que consideran una falta de avances por parte del Ayuntamiento.

En septiembre de 2026 el actual acuerdo —una solución de urgencia que permite mantener la actividad hasta final de curso— habrá expirado. Y, a día de hoy, no hay ningún contrato nuevo en marcha. “Nos habían dicho que los pliegos estarían en tiempo para garantizar la continuidad, pero ahora mismo no sabemos nada”, explican desde la plataforma.

Las familias piden al Ayuntamiento saber si la nueva licitación llegará a tiempo

Tras la Semana Santa, las familias solicitaron una reunión con el área de Cultura para conocer el estado de la licitación. La respuesta fue negativa. “Nos la denegaron alegando que es un proceso de contratación y que la información es confidencial”, señalan. Una explicación que, sin negar el marco legal, consideran insuficiente: “Entendemos que no nos pueden dar detalles técnicos, pero sí podrían transmitir cierta tranquilidad, decirnos si van en plazo o no”.

Ese silencio es, precisamente, lo que ha encendido las alarmas. El contrato anterior ya quedó desierto en diciembre, y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León señaló directamente al Ayuntamiento por no haber licitado a tiempo. Ahora, temen que la historia se repita.

El principal riesgo es el calendario. Los procedimientos administrativos tienen plazos tasados: publicación, presentación de ofertas, valoración técnica, adjudicación. Todo ello puede alargarse durante meses. “Para que la escuela pueda empezar en septiembre con normalidad, los pliegos tendrían que salir ya”, advierten desde la plataforma. “Si no se hace en breve, no dan los tiempos”.

Pero no es solo una cuestión de fechas, también lo es —y quizá más— de contenido. El anterior intento de licitación fracasó, en buena medida, por las condiciones económicas. El contrato planteado por el Ayuntamiento fijaba una cuantía que, según denuncian familias y gestor, hacía inviable la prestación del servicio sin pérdidas.

Las cifras son conocidas. El coste de las nóminas ronda los 400.000 euros anuales, mientras que los ingresos por cuotas se sitúan en torno a los 300.000. A eso se sumaba un canon municipal que apenas superaba los 48.000 euros. El resultado era un desfase estructural que obligaba al gestor a asumir pérdidas mensuales de entre 5.000 y 6.000 euros. “Es que con ese modelo nadie puede sostener una escuela”, resumen.

El último pliego, además, añadía nuevas obligaciones, como la gestión de una escuela de dulzaina, sin un incremento proporcional de la financiación. “Era un contrato de unos 108.000 euros con más exigencias. Es normal que quedara desierto”, sostienen.

150.000 euros para garantizar el servicio

Con ese precedente, la plataforma ha comenzado a trasladar públicamente una cifra que consideran mínima para garantizar la viabilidad del servicio: 150.000 euros. “Es lo mínimo para que alguien pueda plantearse presentarse”, explican. Una cantidad que, insisten, no supone un margen de beneficio elevado, sino simplemente evitar pérdidas.

“Ellos saben perfectamente cuándo un pliego es atractivo y cuándo no”, critican. El temor es que el Ayuntamiento vuelva a plantear un contrato insuficiente y, en caso de quedar desierto, traslade la responsabilidad a la falta de interés del sector. “Si no se explica bien a la ciudadanía cuánto cuesta realmente esta escuela, se puede vender que el problema es que nadie quiere gestionarla, cuando no es así”.

La preocupación no es menor. La escuela atiende actualmente a unos 700 alumnos y emplea a 25 profesores, una estructura difícil de absorber por el tejido privado de la ciudad. “Las escuelas privadas no pueden asumir ese volumen”, advierten. A ello se suma el coste para las familias: mientras en la municipal las cuotas rondan los 50 o 60 euros mensuales —incluyendo instrumento y lenguaje musical—, en el ámbito privado pueden superar los 100 euros solo por el instrumento.

“Hay padres que no son conscientes de lo que supondría perder esto”, apuntan. “No es solo un tema educativo, es acceso a la cultura”.

En este contexto, la movilización vuelve a escena. La plataforma ha convocado nuevas concentraciones y prevé mantener la presión en las próximas semanas. También tiene la vista puesta en el pleno municipal del 15 de mayo, que consideran una fecha clave. “Si para entonces no hay pliegos, la situación será muy complicada”, advierten.

El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido en las últimas semanas la necesidad de ajustar el contrato a la legalidad y a los costes reales del servicio. La concejala de Cultura ya apuntó que el objetivo es sacar una licitación “actualizada” que garantice la continuidad. Sin embargo, de momento no hay plazos concretos sobre la mesa.

Entre tanto, la sensación entre las familias es del 'día de la marmota'. “Esto ya lo hemos vivido”, reconocen. La reapertura de abril ha permitido salvar el curso, pero no despeja el horizonte. “Ha sido un parche”, insisten.

La clave, coinciden todas las partes, estará en la próxima licitación. De su diseño dependerá no solo el inicio del curso que viene, sino la estabilidad a medio plazo de un servicio público que ha demostrado ser, a la vez, esencial y frágil. “Lo que pedimos es sencillo”, concluyen desde la plataforma. “Que se haga un contrato viable y que se haga a tiempo”.

El Ayuntamiento de Burgos negocia la reposición de los autobuses que se quemaron en el incendio de las cocheras municipales el pasado martes con las empresas con las que mantienen dos contratos para el suministro bajo la fórmula del alquiler, ya que 21 de los 39 vehículos que ardieron corresponden a dichos contratos.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha recordado en rueda de prensa que se trata de contratos suscritos en los años 2014 y 2017, y que finalizarán en 2027 y en 2031, por lo que la negociación con cada una de las empresas es diferente, pero se trata de llegar a un acuerdo sobre cuántos de los buses quemados van a reponer, cómo lo harán y cuándo se podrá contar con ellos.

Ha insistido en que, a corto plazo, el servicio municipal de transporte urbano está resuelto con la cesión gratuita, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de 40 autobuses, que llegaron el pasado viernes a Burgos y se incorporarán a la flota a finales de esta semana, cuando superen las revisiones técnicas y de mantenimiento, y siempre que no surja ningún imprevisto.

Ayala ha destacado que los vehículos cedidos por Madrid están “en muy buenas condiciones de mantenimiento”, y que alguno tienen hasta menos kilómetros acumulados que los propios del servicio de Movilidad y Transportes, que tras el incendio solo tiene operativos 36 de los 75 que componían su flota hasta el pasado martes.

La alcaldesa ha asegurado que si bien “lo más importante”, que era recuperar el transporte urbano con una solución provisional y transitoria, ya se ha hecho “gracias” a la generosidad de Madrid, “todavía quedan muchos flecos por gestionar”, desde los propios seguros y el combustible de los buses cedidos hasta la implantación del servicio de cobro en los mismos.

El Ayuntamiento busca -sin éxito- otras ciudades que cuenten con el mismo sistema de pago, para poder adquirir equipos e instalarlos en los buses madrileños; si no lo encuentran, tendrán que sacar un contrato de urgencia para su compra, ha indicado la alcaldesa.

Por ese motivo, todavía no han tomado una decisión sobre si el billete será gratuito solo en los buses cedidos o en toda la flota, pues dependerá de lo que se tarde en tener instalado el sistema de cobro, ya que la gratuidad durante mucho tiempo supondría una importante “merma” de ingresos para las arcas municipales (al año, Autobuses Urbanos ingresa 2,9 millones por los billetes).

Cristina Ayala ha insistido en que, pese a contar con los vehículos de Madrid -cedidos por seis meses prorrogables-, “no se ha vuelto a la situación del 20 de abril”, pues el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a una inversión de más de 20 millones de euros para reponer los 39 vehículos quemados, lo que llevará años, ha reconocido

Los 40 autobuses cedidos a Burgos por el Ayuntamiento de Madrid para recuperar el servicio de transporte urbano, tras el incendio que el martes quemó la mitad de la flota en las cocheras municipales, se irán incorporando gradualmente según pasen la revisión técnica, tras su llegada a primera hora de esta tarde a la capital burgalesa.

Los vehículos, conducidos por personal municipal que se ha desplazado esta madrugada a Madrid, han salido pasadas las diez de la mañana del Centro de Operaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) en dos convoyes escoltados por la Guardia Civil, y en cinco horas han llegado a Burgos.

Los primeros 25 autobuses han llegado minutos antes de las tres de la tarde a las instalaciones de las cocheras municipales, ubicadas en la carretera de Poza, donde les estaban esperando otros conductores, personal del Servicio de Movilidad y Transportes y una representación del equipo de Gobierno.

El segundo convoy ha llegado una hora más tarde, completando así el envío de los 40 vehículos que ha cedido Madrid de manera gratuita por un periodo de seis meses, ampliable, lo que permitirá que Burgos recupere la normalidad en su servicio de transportes, que desde el martes opera con servicios mínimos.

El incendio, declarado pasadas las dos de la madrugada del martes, devoró buena parte de las cocheras -dejando la nave central y el taller para su demolición- y, con ellas, 39 los 75 autobuses del servicio, por lo que estos días solo se han podido sacar a la calle 31, cuando habitualmente circulan 58.

Viaje sin incidencias y “buenas sensaciones”

El viaje desde Madrid se ha realizado sin incidencias, ha explicado el presidente del comité de empresa, Pedro Garrido, y solo un vehículo ha sufrido un leve calentamiento, por lo que ha sido necesario parar pero los técnicos de Madrid que viajaban con el convoy han resuelto el problema con rapidez.

A velocidades de 70 km/h los autobuses han recorrido los 250 kilómetros que separan Madrid de Burgos en unas cinco horas -con parada en Boceguillas-, y la bajada de Somosierra “ha ido muy bien, sin vibraciones, ni sustos”, ha indicado Garrido, quien ha asegurado que la sensación “ha sido muy buena”.

Ahora, los vehículos tendrán que pasar una revisión técnica por parte del personal del Ayuntamiento de Burgos, y cuando estén a punto se incorporarán de manera gradual al servicio, ha indicado el concejal de Movilidad y Transportes, César Barriada, que no ha sabido precisar cuándo y cómo será esa incorporación.

Tampoco cómo se solventará el pago del billete dado que los autobuses cedidos por Madrid utilizan un sistema de cobro distinto al de Burgos, por lo que se baraja que el viaje sea gratuito en ellos, o tal vez en todo el servicio municipal mientras se encuentra una solución alternativa.

Reorganizar el servicio de transportes

Barriada ha agradecido a Madrid su solidaridad con Burgos, pues supone la cesión de 40 autobuses que aunque son antiguos -están entre los retirados por la EMT- están en funcionamiento, y además la capital ha enviado un servicio técnico de asistencia para el viaje, una grúa y piezas de recambio.

Además, ha indicado que el Ayuntamiento está en contacto con otros municipios que también ofrecieron autobuses, como Segovia, para tratar de reponer los cuatro minibuses que se quemaron, y que son los que hacen la ruta del centro histórico, dado que los de mayor tamaño no pueden circular por sus calles estrechas.

Los de Madrid son vehículos de 12 metros de largo, que tampoco reponen los articulados de 18 metros que se han quemado, así que será necesario reorganizar el servicio con refuerzos en horarios en los que venía operando uno de los articulados, si bien todos ellos detalles se irán matizando los próximos días.

El servicio de transportes funciona desde el pasado martes con servicios mínimos, con varias líneas suspendidas y otras con modificaciones en horarios y frecuencias, con el objetivo de que todos los barrios tengan al menos un servicio de autobús urbano.

El fin de semana se recuperarán todas las líneas -salvo la del centro histórico- y los horarios habituales, dado que con los autobuses propios se puede cubrir el servicio de sábado y domingo; el lunes volverán las restricciones, al menos hasta que los 40 buses madrileños se incorporen a la flota burgalesa.

El tercer afectado por una sobredosis de quimioterapia administrada en el Hospital Universitario de Burgos ha muerto tras meses en estado crítico en la UCI, según han confirmado fuentes del caso a elDiario.es. La familia ya ha solicitado que se le practique la autopsia. Las mismas fuentes han precisado que desde que ingresó en cuidados intensivos, el hombre, que cumplió los 68 años en ese periodo, pasó por varias crisis que le pusieron al borde de la muerte y que durante todo este tiempo no se le pudo administrar tratamiento contra el cáncer que sufría.

La sobredosis administrada a varios pacientes se produjo en diciembre, y dos de ellos murieron en pocos días. La situación se conoció un mes después, y la Junta de Castilla y León sólo informó una vez que la información llegó a los medios. Las explicaciones, en una única rueda de prensa que dieron los responsables del HUBU, siempre han sido vagas. En cualquier caso, atribuyen lo sucedido a un error en la preparación de las dosis de quimioterapia de un medicamento en concreto.

El caso está siendo investigado ya por el juzgado de Instrucción de Burgos número 1, que ha incoado diligencias previas por un delito de homicidio por imprudencia en el caso de la muerte de los dos pacientes, al que se sumará este tercero, tras recibir una dosis seis veces mayor a la pautada.

La Fiscalía de Burgos, tras examinar las denuncias presentadas por dos de los afectados y el Defensor del Paciente, pidió el pasado marzo al juzgado la apertura de diligencias para la investigación de dos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y otros tres de lesiones por imprudencia profesional grave.

El Ministerio Fiscal dirigió su denuncia contra los profesionales implicados y responsables en la grabación errónea en el sistema informático de la ficha del medicamento 'Cabazitaxel' ya que habría sido ese error el que derivó en la preparación incorrecta de la dosis administrada, así como en quienes lo revisaban.

También la Fiscalía denunció a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable civil directo o subsidiario.

El Ayuntamiento de Madrid cederá gratuitamente 40 autobuses urbanos a la ciudad de Burgos para que pueda reemplazar, de manera provisional, los 39 que se quemaron en la madrugada del martes en el incendio de las cocheras municipales, donde hay 79 vehículos. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha informado en rueda de prensa de que el viernes firmará en Madrid el acuerdo de cesión de los vehículos, que ese mismo día empezarán a salir con destino a Burgos para que se puedan ir incorporando a la flota municipal durante la próxima semana, según recoge EFE.

Ayala ha agradecido la solidaridad del ayuntamiento madrileño, y la de otros pequeños y grandes municipios que han puesto a disposición de Burgos sus autobuses, y ha asegurado que la llegada de esos 40 vehículos supondrá una “toma de oxígeno” para la ciudad, que ha perdido la mitad de su flota municipal.

El Ayuntamiento de Madrid les ha ofrecido la solución “más completa”, con la cesión inmediata y gratuita de 40 vehículos, antiguos pero en funcionamiento, de los que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) tiene para enajenar y vender a terceros. Es la solución “global más fácil”, ha asegurado la alcaldesa, y además Madrid ofrece formación a los conductores de Burgos y un camión de mantenimiento por si surgen complicaciones durante el traslado, para el que ya se han puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno al ser especial.

El contrato de cesión con Madrid es por seis meses, aunque prorrogable, y Burgos tendrá que asumir el coste del seguro; además, pasado ese tiempo ambos ayuntamientos estudiarán la posibilidad de que Madrid pueda enajenar a Burgos los vehículos, para una incorporación definitiva a la flota.

Propuestas de otros ayuntamientos

Ayala ha explicado que han recibido propuestas de los ayuntamientos de Segovia, León, Valladolid, Valencia, Pamplona, Elche, Vigo o Ciudad Real, además de la Diputación de Palencia o la Comunidad de Madrid, y el apoyo de la propia Junta de Castilla y León con sus gestiones a través de Buscyl.

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE) ha puesto a disposición de la alcaldesa de Burgos ocho autobuses que acaban de ser sustituidos por eléctricos. “La alcaldesa ha quedado en volverme a llamar para ver cómo podemos canalizar esta ayuda”, ha manifestado a través de redes sociales. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha comprometido también un autobús o dos “siempre y cuando no se altere la realidad y el servicio de la ciudad”. “Estamos colaborando con la ciudad de Burgos, y vamos a seguir colaborando, como no puede ser de otra manera”, ha explicado Carnero ante los medios.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que también están estudiando si algunos autobuses integrados en la red autonómica de BusCyL pueden prestar algún servicio urbano en Burgos —puesto que la mayoría son más grandes y para trayectos interurbanos— y contactando con otras autonomías para ver si hay alguna posible colaboración. “Burgos es una ciudad que tiene un casco histórico con ciertas limitaciones y algunos de los autobuses que han sido afectados eran autobuses de tamaño muy pequeño, diseñados para acceder por estas vías tan estrechas, y los autobuses interurbanos no se han acomodado muy bien a estas circunstancias”, ha defendido Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El también consejero de Economía y Hacienda ha recordado que se puede tardar entre ocho y doce meses en comprar un autobús porque se fabrican a demanda y ha considerado que primero el equipo de gobierno burgalés debe hacer un cálculo de los costes y de los seguros, puesto que 21 autobuses afectados eran de renting. “Ahora, lo urgente es intentar encontrar estos autobuses y que puedan cumplir estas características y prescripciones técnicas. Ya habrá tiempo para cuantificar el daño que se ha causado, que no solo sobre los autobuses, sino también sobre instalaciones de las naves”, ha zanjado.

Cristina Ayala ha explicado que a partir de ahora “acelerarán” el proyecto de traslado de las cocheras al polígono de Villalonquéjar, y que en diez días quieren tener preparado el proyecto de demolición de la parte de las cocheras que ha quedado gravemente dañada, y acondicionamiento del resto de la parcela.

La Policía Científica de Madrid participará en la investigación

La Comisaría General de Policía Científica de Madrid se incorporará a la investigación del incendio que, en la madrugada del martes, calcinó la mitad de la flota de autobuses urbanos de Burgos y causó importantes daños materiales en las cocheras municipales. Fuentes de la Policía Nacional han explicado a EFE que se contará con el apoyo de especialistas en incendios dada la magnitud del fuego.

Además, se está contando con la colaboración de la unidad de drones de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Castilla y León, que estuvieron este martes tomando imágenes y que continuarán durante los próximos días participando de una investigación que “está en fase inicial”. Fuentes policiales han insistido en que todas las líneas de investigación están abiertas, sin confirmar la hipótesis de que el fuego pudiera haberse originado en uno de los autobuses urbanos, que ayer se barajaba entre los sindicatos, ante las primeras declaraciones de los testigos del incendio.

El Partido Popular, que gobierna en minoría desde que rompiera la coalición con Vox en 2024, ha conseguido salvar los presupuestos municipales de 2026, que han quedado aprobados de manera definitiva este lunes en el pleno municipal, después de que la alcaldesa Cristina Ayala presentara en enero una cuestión de confianza, que perdió pero sirvió para asegurar las cuentas del ejercicio.

La falta de acuerdo con Vox, que votó en contra del presupuesto de 269 millones de euros (un 7,6 % más que en 2025) en un pleno el 29 de diciembre, lo mismo que el PSOE, abocó a la alcaldesa a someterse el 8 de enero a una cuestión de confianza, la segunda -y última posible- de este mandato municipal, para tratar de salvar las cuentas.

Cristina Ayala perdió la cuestión de confianza pero, dada la imposibilidad de un acuerdo entre PSOE y Vox para presentar una moción de censura -con un regidor alternativo- un mes más tarde, se garantizó la tramitación de los presupuestos, que han quedado aprobados definitivamente este lunes.

El pleno, en reunión extraordinaria, ha desestimado las alegaciones presentadas por un particular -con los votos del PP y la abstención de PSOE y Vox-, mientras que ha aprobado las del PSOE, que ha impuesto su mayoría de 11 concejales frente a los 10 del PP gracias a la abstención de los cuatro ediles de Vox.

Los socialistas han solicitado un informe técnico, a secretaría general o intervención, que determine cómo se van a incluir ahora sus alegaciones en el presupuesto diseñado por el equipo de Gobierno, mientras que la alcaldesa ha asegurado que tendrán “los efectos jurídicos que correspondan según legalidad”.

El PP acusa a PSOE y Vox de “estar compinchados”

El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo (PP), ha criticado la negativa de PSOE y Vox a desestimar las alegaciones, pese al escrito de Intervención que indica que no existe causa jurídica ni técnica que invalide el presupuesto, y considera las alegaciones “una cuestión de oportunidad política o previsión de futuro”.

Ha acusado a PSOE y Vox de “estar compinchados para decir no”, y ha insistido en que “o se está con la legalidad o con el bloqueo permanente al PP”, además de advertir a los de Abascal que con su abstención le “hacen el juego ” al PSOE, que “quiere paralizar” el Ayuntamiento de Burgos.

Desde Vox, el portavoz y exvicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, ha justificado su abstención en que se les obliga a tomar una decisión política sobre cuestiones técnicas, y ha recordado que lo que se votaba hoy no era la aprobación del presupuesto sino la resolución de las alegaciones, “que son técnicas”.

Mientras, el portavoz del PSOE, Josué Temiño, ha criticado la tardanza del PP en resolver las alegaciones, que ha llevado a retrasar la aprobación de las cuentas hasta mediados de abril, y que el PP sea incapaz de negociar, tanto con Vox como con el PSOE.

Con el presupuesto municipal ya aprobado definitivamente, el equipo de Gobierno salva el 2026, último ejercicio completo antes de las elecciones municipales de 2027, un año que afrontarán con un presupuesto prorrogado si no hay cambios en la relación de PP y Vox en los próximos meses.

El PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, donde el Partido Popular gobierna en minoría, ha presentado sendos recursos de reposición contra dos encomiendas aprobadas por la Junta de Gobierno Local para asignar actuaciones a la sociedad de promoción municipal ProBurgos por “carencia de competencias”, ha informado el concejal socialista Julio César Arnaiz.

La Junta de Gobierno aprobó la semana pasada encomendar a ProBurgos dos grandes acciones expositivas culturales para las navidades de los próximos cinco años frente a la Catedral de Burgos y en la Plaza Mayor, así como el montaje y la gestión de un ‘Espacio cidiano’.

Arnaiz considera que la competencia no es de la Junta de Gobierno Local, sino de la Gerencia de Cultura y, además, no se justifica la razón de la encomienda (que se puede hacer por mejora de servicio o carencia de medios directos) ni se acotan presupuestos aproximados y objetivos.

El socialista ha reconocido que los recursos no son suficientes para paralizar la encomienda, pero esta se ha bloqueado esta mañana después de que tanto los representantes del PSOE como los de Vox -que suman mayoría- hayan rechazado la encomienda en el Consejo de Administración de ProBurgos.

La concejala socialista Sonia Rodríguez ha explicado que el PP ha rechazado su propuesta de dejar este punto sobre la mesa “seguramente para culpar a la oposición de que no se lleven a cabo estas acciones”, ha lamentado.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Fernando Martínez-Acitores, ha criticado que no se haya intentado dialogar con la oposición antes de llevar estos temas al consejo y ha apuntado que hubieran valorado otra postura si la encomienda fuera de un año, pero no para varios ejercicios. Ambos grupos insisten en que el objetivo del equipo de gobierno municipal parece ser vaciar de contenidos a la Gerencia de Cultura y trasladarlos a ProBurgos.

Abiertos a la negociación

Desde el equipo de Gobierno, la portavoz municipal Andrea Ballesteros, responsable también de la Gerencia Municipal de Cultura y presidenta de ProBurgos, ha explicado que tras la negativa de PSOE y Vox se abren a negociar, a “trabajar” con los grupos para consensuar una propuesta de encomienda.

Ha insistido en que “la situación actual de la Gerencia”, con problemas en gestión por falta de personal, puede “poner en peligro” el desarrollo de la programación de Navidad, en cuanto a los espectáculos de gran formato, de ahí que el equipo de Gobierno defienda la encomienda.

Ballesteros ha indicado que, ante las dudas que plantea el PSOE sobre qué órgano es el competente para realizar la encomienda, si la Junta de Gobierno Local o la propia Gerencia, serán lo servicios jurídicos o Secretaría quien lo determine a la luz de los recursos presentados.

El PSOE y Vox en el Ayuntamiento de Burgos han pedido la dimisión del concejal del PP Borja Suárez, también presidente de la Diputación y del PP provincial, después de que un informe del secretario municipal haya concluido que existe incompatibilidad entre su labor como edil y su participación en el accionariado de una empresa de catering que contrató en varias ocasiones con el Consistorio.

La empresa Eventos El Espino, de la que Suárez posee el 33 % de las acciones, se ha encargado entre 2023 y 2025 de una docena de contratos -todos ellos menores- para servicios de catering a través del Ayuntamiento y de la sociedad municipal ProBurgos, según informó eldiario.es.

Ahora, un informe encargado por la alcaldesa, Cristina Ayala (PP), que dio a conocer en el pleno ordinario del pasado viernes, recoge que existe una incompatibilidad -dado que el edil posee más del 10 % de las acciones- y una prohibición de contratar con el Ayuntamiento, por lo que los contratos son nulos.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Josué Temiño, ha calificado en rueda de prensa lo ocurrido de “extrema gravedad”, y ha acusado al PP de intentar “camuflarlo bajo una supuesta normalidad administrativa”, escudándose además en un supuesto desconocimiento de Suárez sobre la incompatibilidad.

“La incompatibilidad y la prohibición de contratar se producen de forma automática, independientemente de si existe culpa o conocimiento por parte del concejal”, ha insistido, y ha recordado que Suárez “tiene la obligación de conocer la ley y poner los medios para evitar que su patrimonio privado se beneficie del erario público”.

Por ese motivo, Temiño considera que Borja Suárez debe dimitir, dejar su acta de concejal -lo que le impediría seguir como presidente de la Diputación dado que es diputado es a través del Consistorio-, y si no lo hace, debería ser la alcaldesa la que lo cesase.

Para el socialista no vale con que Suárez haya anunciado que va a desvincularse de la empresa, y considera que eso tenía que haberlo hecho cuando incrementó hasta el 33 % su participación en el accionariado, superando el 10 % que permite la ley.

En la misma línea se ha expresado, también en rueda de prensa, el portavoz del Grupo Municipal de Vox, Fernando Martínez Acitores, quien ha asegurado que Suárez “debe dimitir esta mima mañana” pues el informe “es muy claro” y demuestra que su actuación “no es ética ni mucho menos estética”.

Ha insistido en que es “intolerable” que Suárez salga de esta situación “sin ningún tipo de responsabilidad política” y pidiendo “disculpas”; tampoco le vale al portavoz de Vox que se vaya a desprender ahora de sus acciones para poder seguir como concejal y presidente de la Diputación.

Ayala rechaza el cese y defiende un “código de buena conducta”

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha asegurado que Suárez ni va a dimitir ni será cesado, y a preguntas de los periodistas ha insistido en que la incompatibilidad ha sido “involuntaria”, que el concejal no participa de la toma de decisiones y que se ha conocido tarde y, por tanto, “no se ha podido reaccionar”.

Por ese motivo, ha defendido la elaboración de un protocolo, un “código de buenas prácticas”, como sugiere el informe de Secretaría, algo “muy razonable” porque “hay muchos tipos de incompatibilidades” y así los concejales saben si alguna de sus actividades es incompatible.

Más informes

El PSOE ha anunciado además que pedirán a Secretaría General un informe sobre los contratos suscritos con Eventos El Espino, que son nulos de pleno derecho, y creen que la empresa debería devolver el dinero ya que ha habido un “enriquecimiento injusto” y no debería de haber contratado con el Ayuntamiento.

También plantean estudiar si cabe un expediente sancionador contra la empresa, puesto que “eran plenamente conscientes” de que Borja Suárez era uno de sus socios mayoritarios, y Temiño ha criticado que en este caso los controles internos del Ayuntamiento han “fallado estrepitosamente”.

Además, descartan participar en la elaboración del protocolo de medidas para evitar nuevos casos que sugiere el informe de Secretaría porque “todo está determinado en la ley”; y también Vox considera que “es casi insultante” que se plantee ese protocolo pues todo el mundo sabe “dónde está la ética”.

El Tribunal de Instancia número 3 de Burgos ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio del hombre detenido por propinar un empujón durante un incidente de tráfico a otro hombre de 70 años, que ha fallecido en el hospital a consecuencia de las lesiones provocadas por el impacto al caer al suelo tras la agresión.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el juzgado ha acordado este fin de semana el ingreso en prisión del detenido, de 45 años, que está siendo investigado por un delito de homicidio, sin perjuicio de la calificación final tras la instrucción de la causa.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, 19 de marzo, a las 22:00 en la calle Rey Don Pedro de Burgos capital, cuando tuvo lugar un incidente de tráfico; ambos hombres discutieron, de acuerdo con los testigos, y el detenido agredió supuestamente a la víctima, que quedó tendida en el suelo en estado muy grave.

La víctima, de 70 años, recibió un fuerte golpe en la cabeza fruto del impacto contra el suelo y, tras una primera atención por parte de los policías nacionales que acudieron al aviso y los sanitarios del 1-1-2, fue trasladada al Hospital Universitario de Burgos, donde ingresó en la UCI y ha fallecido este fin de semana.

La Policía Nacional detuvo al supuesto agresor, que tras propinar el empujón a la víctima huyó del lugar, en la tarde del viernes, fruto de una intensa búsqueda, y tras pasar a disposición judicial, el Tribunal de Instancia ha decretado su ingreso en prisión por un delito de homicidio.

El Arco de Santa María en Burgos, declarado Bien de Interés Cultural en 1943 y a pocos metros de la catedral, ha amanecido en la mañana de este jueves vandalizado. Alguien ha pintado con spray verde “Vox”, aunque tal y como ha señalado el propio partido en un comunicado, la formación se desvincula de “la agresión vandálica” al monumento, como la han calificado.

En la nota remitida a los medios, Vox Burgos ha remarcado que no aceptan que se use su imagen o se les vincule con “la acción de un descerebrado cuyo único fin es causar daño”.

“Denunciamos este acto de incivismo perpetrado por petición a las autoridades y solicitamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a las autoridades competentes, que investiguen estos hechos con la mayor celeridad posible para identificar a los autores de este ataque. Es fundamental que los responsables asuman las consecuencias legales y económicas derivadas de este daño al patrimonio histórico. Nuestro patrimonio es nuestra historia. Quien lo dañe, debe pagar por ello”, han asegurado.

La alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala (PP), también ha mostrado su indignación por el acto vandálico. Al igual que Vox, ha calificado al autor como “descerebrado”. “Hemos dado instrucciones para que se limpie de forma inmediata”, ha asegurado la regidora para pedir colaboración ciudadana para localizar a la persona o personas responsables. El Servicio de Limpieza de Burgos ya ha borrado la pintada.

El exalcalde de Burgos y candidato a las Cortes por el PSOE, Daniel de la Rosa, ha afirmado en un mensaje en redes sociales que “antes de estas elecciones autonómicas” concurrió a otras tres como candidato a la alcaldía en las que “la derecha fue haciendo cada vez una campaña más sucia: propaganda con bulos, pegatinas, denuncias falsas, montajes de fotos... De todo. Esta vez se les ha ido de las manos”, ha remachado.

El Arco de Santa María es una de las doce puertas que formaban parte de la muralla medieval de Burgos. Su origen data del siglo XIV, aunque fue reformado en el siglo XVI por orden del emperador Carlos V, añadiendo elementos renacentistas. En su fachada se representan figuras históricas vinculadas a la ciudad y al reino de Castilla.

Actualmente, el arco alberga exposiciones sobre la historia de Burgos y permite recorrer sus torres, desde donde se obtienen vistas de la zona central del casco histórico. Ha cumplido funciones defensivas, ceremoniales y culturales a lo largo de los siglos.

El Ayuntamiento de Burgos permitirá circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a vehículos, incluso sin tarjeta ambiental, siempre que paguen el impuesto de circulación en Burgos y no se produzcan episodios de contaminación, ha informado este miércoles la alcaldesa, Cristina Ayala.

La decisión se ha tomado tras conocer varias sentencias que, según la alcaldesa, indican que la restricción del tráfico debe ser proporcional y, en el caso de Burgos, los dos medidores de contaminantes atmosféricos de la ciudad no han dado en ningún momento niveles que superen lo que establece la normativa.

Ha recordado que el equipo de gobierno ya limitó a un tercio de lo previsto la zona que había delimitado el anterior gobierno municipal y decidió posponer el inicio de las sanciones hasta febrero de 2027.

“Ahora se trata de que la medida sea proporcional porque Burgos no tiene problemas de contaminación y si hubiera algún episodio puntual se aplicarían las restricción”, ha dicho.

Por eso se ha mostrado convencida de que la medida no afectará a los fondos europeos destinados a la mejora de la movilidad en Burgos, que fueron de siete millones de euros, entre ellos 2,6 para implantar la Zona de Bajas Emisiones.

Ecologistas en Acción recurrirá los cambios

Ecologistas en Acción recurrirá judicialmente los recortes en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ha propuesto este miércoles la alcaldesa de Burgos Cristina Ayala, que permitiría la circulación de vehículos que paguen el impuesto de circulación en Burgos, con o sin tarjeta ambiental, siempre que no se produzcan episodios de alta contaminación.

El portavoz de Ecologistas en Acción en Burgos, Pedro Luis Gómez, ha estimado que con esta reforma “la norma de bajas emisiones se queda en nada a efectos prácticos y pasa de una Zona de Bajas Emisiones herida a una zona muerta”.

Ha insistido en que los cambios que propone la alcaldesa, que podrían salir adelante con los votos de VOX en el pleno municipal, harán que el papel del Ayuntamiento se limite a tomar medidas en episodios de contaminación, que es algo a lo que ya estaba obligado.

Gómez ha asegurado que no es cierto que no se hayan registrado episodios de alta contaminación en Burgos, porque uno de los medidores está en el parque de Fuentes Blancas, en el cinturón verde, pero el otro, en la avenida Cantabria, ha registrado puntas de dióxido de nitrógeno, un gas muy contaminante, por encima de lo permitido, que es un límite bastante más alto que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

La Escuela Municipal de Música de Burgos ha dejado sin servicio a 700 alumnos y 25 profesores al suspender su actividad después de más de tres años de prórroga del contrato con el anterior adjudicatario.

El cese de actividad se ha producido como consecuencia de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula un auto judicial que establecía la obligación de mantener el servicio como medida cautelar, a la espera de resolver la impugnación que había presentado el adjudicatario contra un acuerdo de la Junta de Gobierno Local que le obligaba a seguir prestando el servicio.

En la resolución del recurso se señala que el adjudicatario venía prestando el servicio con pérdidas que sumaron unos 15.000 euros entre 2023 y 2024, y aunque el Ayuntamiento argumenta que no se puede suspender el servicio por ser esencial, los dos años de vigencia del contrato finalizaron en 2022.

Desde entonces se habían realizado tres prórrogas de un año cada una hasta llegar a la apertura del curso actual, en septiembre de 2025.

La Junta de Gobierno Local acordó entonces obligar al adjudicatario a seguir prestando el servicio por el mismo precio hasta realizar una nueva adjudicación.

Tras conocer la situación, la portavoz socialista de Cultura, Nuria Barrio, ha acusado al equipo de gobierno de permanecer de brazos cruzados en este asunto y ha pedido la dimisión de la concejala de Cultura, Andrea Ballesteros (PP) “por el daño que está ocasionando a 700 familias a 25 profesores”.

Ha recordado que el equipo de gobierno intentó licitar este servicio con un pliego de condiciones “cargado de deficiencias”, lo que provocó que el concurso quedara desierto a mediados de diciembre.

Ha asegurado que desde entonces no se ha avanzado nada en la elaboración de un nuevo pliego o la búsqueda de alguna fórmula alternativa para no interrumpir el curso de la Escuela Municipal de Música.

Además, ha afirmado que el cierre se produce por una resolución judicial que el equipo de gobierno conocía hace días y no ha comunicado a las familias afectadas ni a los grupos de la oposición, pese a la gravedad de esta situación que afecta a un servicio que se empezó a prestar en 2010.

Por su parte, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha explicado en nota de prensa que han mantenido conversaciones con el adjudicatario del contrato para “abrir líneas de trabajo” que ayuden a ofrecer una respuesta tanto a las familias de los alumnos como a los profesores.

Ha indicado que la última reunión se mantuvo este lunes por la mañana, a fin de intentar evitar que la escuela cerrara hoy, y ha asegurado que están “explorando todas las vías”; además, la concejala de Cultura mantendrá esta tarde una reunión con las familias para explicarles la situación.

Además, el equipo de Gobierno está trabajando para completar el proceso de pago de las facturas pendientes y ha avanzado que la liquidación se cerrará a finales de esta semana, una vez pasen por Junta de Gobierno local.