Los 40 autobuses cedidos a Burgos por el Ayuntamiento de Madrid para recuperar el servicio de transporte urbano, tras el incendio que el martes quemó la mitad de la flota en las cocheras municipales, se irán incorporando gradualmente según pasen la revisión técnica, tras su llegada a primera hora de esta tarde a la capital burgalesa.

Los vehículos, conducidos por personal municipal que se ha desplazado esta madrugada a Madrid, han salido pasadas las diez de la mañana del Centro de Operaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) en dos convoyes escoltados por la Guardia Civil, y en cinco horas han llegado a Burgos.

Los primeros 25 autobuses han llegado minutos antes de las tres de la tarde a las instalaciones de las cocheras municipales, ubicadas en la carretera de Poza, donde les estaban esperando otros conductores, personal del Servicio de Movilidad y Transportes y una representación del equipo de Gobierno.

El segundo convoy ha llegado una hora más tarde, completando así el envío de los 40 vehículos que ha cedido Madrid de manera gratuita por un periodo de seis meses, ampliable, lo que permitirá que Burgos recupere la normalidad en su servicio de transportes, que desde el martes opera con servicios mínimos.

El incendio, declarado pasadas las dos de la madrugada del martes, devoró buena parte de las cocheras -dejando la nave central y el taller para su demolición- y, con ellas, 39 los 75 autobuses del servicio, por lo que estos días solo se han podido sacar a la calle 31, cuando habitualmente circulan 58.

Viaje sin incidencias y “buenas sensaciones”

El viaje desde Madrid se ha realizado sin incidencias, ha explicado el presidente del comité de empresa, Pedro Garrido, y solo un vehículo ha sufrido un leve calentamiento, por lo que ha sido necesario parar pero los técnicos de Madrid que viajaban con el convoy han resuelto el problema con rapidez.

A velocidades de 70 km/h los autobuses han recorrido los 250 kilómetros que separan Madrid de Burgos en unas cinco horas -con parada en Boceguillas-, y la bajada de Somosierra “ha ido muy bien, sin vibraciones, ni sustos”, ha indicado Garrido, quien ha asegurado que la sensación “ha sido muy buena”.

Ahora, los vehículos tendrán que pasar una revisión técnica por parte del personal del Ayuntamiento de Burgos, y cuando estén a punto se incorporarán de manera gradual al servicio, ha indicado el concejal de Movilidad y Transportes, César Barriada, que no ha sabido precisar cuándo y cómo será esa incorporación.

Tampoco cómo se solventará el pago del billete dado que los autobuses cedidos por Madrid utilizan un sistema de cobro distinto al de Burgos, por lo que se baraja que el viaje sea gratuito en ellos, o tal vez en todo el servicio municipal mientras se encuentra una solución alternativa.

Reorganizar el servicio de transportes

Barriada ha agradecido a Madrid su solidaridad con Burgos, pues supone la cesión de 40 autobuses que aunque son antiguos -están entre los retirados por la EMT- están en funcionamiento, y además la capital ha enviado un servicio técnico de asistencia para el viaje, una grúa y piezas de recambio.

Además, ha indicado que el Ayuntamiento está en contacto con otros municipios que también ofrecieron autobuses, como Segovia, para tratar de reponer los cuatro minibuses que se quemaron, y que son los que hacen la ruta del centro histórico, dado que los de mayor tamaño no pueden circular por sus calles estrechas.

Los de Madrid son vehículos de 12 metros de largo, que tampoco reponen los articulados de 18 metros que se han quemado, así que será necesario reorganizar el servicio con refuerzos en horarios en los que venía operando uno de los articulados, si bien todos ellos detalles se irán matizando los próximos días.

El servicio de transportes funciona desde el pasado martes con servicios mínimos, con varias líneas suspendidas y otras con modificaciones en horarios y frecuencias, con el objetivo de que todos los barrios tengan al menos un servicio de autobús urbano.

El fin de semana se recuperarán todas las líneas -salvo la del centro histórico- y los horarios habituales, dado que con los autobuses propios se puede cubrir el servicio de sábado y domingo; el lunes volverán las restricciones, al menos hasta que los 40 buses madrileños se incorporen a la flota burgalesa.

El tercer afectado por una sobredosis de quimioterapia administrada en el Hospital Universitario de Burgos ha muerto tras meses en estado crítico en la UCI, según han confirmado fuentes del caso a elDiario.es. La familia ya ha solicitado que se le practique la autopsia. Las mismas fuentes han precisado que desde que ingresó en cuidados intensivos, el hombre, que cumplió los 68 años en ese periodo, pasó por varias crisis que le pusieron al borde de la muerte y que durante todo este tiempo no se le pudo administrar tratamiento contra el cáncer que sufría.

La sobredosis administrada a varios pacientes se produjo en diciembre, y dos de ellos murieron en pocos días. La situación se conoció un mes después, y la Junta de Castilla y León sólo informó una vez que la información llegó a los medios. Las explicaciones, en una única rueda de prensa que dieron los responsables del HUBU, siempre han sido vagas. En cualquier caso, atribuyen lo sucedido a un error en la preparación de las dosis de quimioterapia de un medicamento en concreto.

El caso está siendo investigado ya por el juzgado de Instrucción de Burgos número 1, que ha incoado diligencias previas por un delito de homicidio por imprudencia en el caso de la muerte de los dos pacientes, al que se sumará este tercero, tras recibir una dosis seis veces mayor a la pautada.

La Fiscalía de Burgos, tras examinar las denuncias presentadas por dos de los afectados y el Defensor del Paciente, pidió el pasado marzo al juzgado la apertura de diligencias para la investigación de dos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y otros tres de lesiones por imprudencia profesional grave.

El Ministerio Fiscal dirigió su denuncia contra los profesionales implicados y responsables en la grabación errónea en el sistema informático de la ficha del medicamento 'Cabazitaxel' ya que habría sido ese error el que derivó en la preparación incorrecta de la dosis administrada, así como en quienes lo revisaban.

También la Fiscalía denunció a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable civil directo o subsidiario.

El Ayuntamiento de Madrid cederá gratuitamente 40 autobuses urbanos a la ciudad de Burgos para que pueda reemplazar, de manera provisional, los 39 que se quemaron en la madrugada del martes en el incendio de las cocheras municipales, donde hay 79 vehículos. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha informado en rueda de prensa de que el viernes firmará en Madrid el acuerdo de cesión de los vehículos, que ese mismo día empezarán a salir con destino a Burgos para que se puedan ir incorporando a la flota municipal durante la próxima semana, según recoge EFE.

Ayala ha agradecido la solidaridad del ayuntamiento madrileño, y la de otros pequeños y grandes municipios que han puesto a disposición de Burgos sus autobuses, y ha asegurado que la llegada de esos 40 vehículos supondrá una “toma de oxígeno” para la ciudad, que ha perdido la mitad de su flota municipal.

El Ayuntamiento de Madrid les ha ofrecido la solución “más completa”, con la cesión inmediata y gratuita de 40 vehículos, antiguos pero en funcionamiento, de los que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) tiene para enajenar y vender a terceros. Es la solución “global más fácil”, ha asegurado la alcaldesa, y además Madrid ofrece formación a los conductores de Burgos y un camión de mantenimiento por si surgen complicaciones durante el traslado, para el que ya se han puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno al ser especial.

El contrato de cesión con Madrid es por seis meses, aunque prorrogable, y Burgos tendrá que asumir el coste del seguro; además, pasado ese tiempo ambos ayuntamientos estudiarán la posibilidad de que Madrid pueda enajenar a Burgos los vehículos, para una incorporación definitiva a la flota.

Propuestas de otros ayuntamientos

Ayala ha explicado que han recibido propuestas de los ayuntamientos de Segovia, León, Valladolid, Valencia, Pamplona, Elche, Vigo o Ciudad Real, además de la Diputación de Palencia o la Comunidad de Madrid, y el apoyo de la propia Junta de Castilla y León con sus gestiones a través de Buscyl.

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE) ha puesto a disposición de la alcaldesa de Burgos ocho autobuses que acaban de ser sustituidos por eléctricos. “La alcaldesa ha quedado en volverme a llamar para ver cómo podemos canalizar esta ayuda”, ha manifestado a través de redes sociales. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha comprometido también un autobús o dos “siempre y cuando no se altere la realidad y el servicio de la ciudad”. “Estamos colaborando con la ciudad de Burgos, y vamos a seguir colaborando, como no puede ser de otra manera”, ha explicado Carnero ante los medios.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que también están estudiando si algunos autobuses integrados en la red autonómica de BusCyL pueden prestar algún servicio urbano en Burgos —puesto que la mayoría son más grandes y para trayectos interurbanos— y contactando con otras autonomías para ver si hay alguna posible colaboración. “Burgos es una ciudad que tiene un casco histórico con ciertas limitaciones y algunos de los autobuses que han sido afectados eran autobuses de tamaño muy pequeño, diseñados para acceder por estas vías tan estrechas, y los autobuses interurbanos no se han acomodado muy bien a estas circunstancias”, ha defendido Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El también consejero de Economía y Hacienda ha recordado que se puede tardar entre ocho y doce meses en comprar un autobús porque se fabrican a demanda y ha considerado que primero el equipo de gobierno burgalés debe hacer un cálculo de los costes y de los seguros, puesto que 21 autobuses afectados eran de renting. “Ahora, lo urgente es intentar encontrar estos autobuses y que puedan cumplir estas características y prescripciones técnicas. Ya habrá tiempo para cuantificar el daño que se ha causado, que no solo sobre los autobuses, sino también sobre instalaciones de las naves”, ha zanjado.

Cristina Ayala ha explicado que a partir de ahora “acelerarán” el proyecto de traslado de las cocheras al polígono de Villalonquéjar, y que en diez días quieren tener preparado el proyecto de demolición de la parte de las cocheras que ha quedado gravemente dañada, y acondicionamiento del resto de la parcela.

La Policía Científica de Madrid participará en la investigación

La Comisaría General de Policía Científica de Madrid se incorporará a la investigación del incendio que, en la madrugada del martes, calcinó la mitad de la flota de autobuses urbanos de Burgos y causó importantes daños materiales en las cocheras municipales. Fuentes de la Policía Nacional han explicado a EFE que se contará con el apoyo de especialistas en incendios dada la magnitud del fuego.

Además, se está contando con la colaboración de la unidad de drones de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Castilla y León, que estuvieron este martes tomando imágenes y que continuarán durante los próximos días participando de una investigación que “está en fase inicial”. Fuentes policiales han insistido en que todas las líneas de investigación están abiertas, sin confirmar la hipótesis de que el fuego pudiera haberse originado en uno de los autobuses urbanos, que ayer se barajaba entre los sindicatos, ante las primeras declaraciones de los testigos del incendio.

El Partido Popular, que gobierna en minoría desde que rompiera la coalición con Vox en 2024, ha conseguido salvar los presupuestos municipales de 2026, que han quedado aprobados de manera definitiva este lunes en el pleno municipal, después de que la alcaldesa Cristina Ayala presentara en enero una cuestión de confianza, que perdió pero sirvió para asegurar las cuentas del ejercicio.

La falta de acuerdo con Vox, que votó en contra del presupuesto de 269 millones de euros (un 7,6 % más que en 2025) en un pleno el 29 de diciembre, lo mismo que el PSOE, abocó a la alcaldesa a someterse el 8 de enero a una cuestión de confianza, la segunda -y última posible- de este mandato municipal, para tratar de salvar las cuentas.

Cristina Ayala perdió la cuestión de confianza pero, dada la imposibilidad de un acuerdo entre PSOE y Vox para presentar una moción de censura -con un regidor alternativo- un mes más tarde, se garantizó la tramitación de los presupuestos, que han quedado aprobados definitivamente este lunes.

El pleno, en reunión extraordinaria, ha desestimado las alegaciones presentadas por un particular -con los votos del PP y la abstención de PSOE y Vox-, mientras que ha aprobado las del PSOE, que ha impuesto su mayoría de 11 concejales frente a los 10 del PP gracias a la abstención de los cuatro ediles de Vox.

Los socialistas han solicitado un informe técnico, a secretaría general o intervención, que determine cómo se van a incluir ahora sus alegaciones en el presupuesto diseñado por el equipo de Gobierno, mientras que la alcaldesa ha asegurado que tendrán “los efectos jurídicos que correspondan según legalidad”.

El PP acusa a PSOE y Vox de “estar compinchados”

El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo (PP), ha criticado la negativa de PSOE y Vox a desestimar las alegaciones, pese al escrito de Intervención que indica que no existe causa jurídica ni técnica que invalide el presupuesto, y considera las alegaciones “una cuestión de oportunidad política o previsión de futuro”.

Ha acusado a PSOE y Vox de “estar compinchados para decir no”, y ha insistido en que “o se está con la legalidad o con el bloqueo permanente al PP”, además de advertir a los de Abascal que con su abstención le “hacen el juego ” al PSOE, que “quiere paralizar” el Ayuntamiento de Burgos.

Desde Vox, el portavoz y exvicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, ha justificado su abstención en que se les obliga a tomar una decisión política sobre cuestiones técnicas, y ha recordado que lo que se votaba hoy no era la aprobación del presupuesto sino la resolución de las alegaciones, “que son técnicas”.

Mientras, el portavoz del PSOE, Josué Temiño, ha criticado la tardanza del PP en resolver las alegaciones, que ha llevado a retrasar la aprobación de las cuentas hasta mediados de abril, y que el PP sea incapaz de negociar, tanto con Vox como con el PSOE.

Con el presupuesto municipal ya aprobado definitivamente, el equipo de Gobierno salva el 2026, último ejercicio completo antes de las elecciones municipales de 2027, un año que afrontarán con un presupuesto prorrogado si no hay cambios en la relación de PP y Vox en los próximos meses.

El PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, donde el Partido Popular gobierna en minoría, ha presentado sendos recursos de reposición contra dos encomiendas aprobadas por la Junta de Gobierno Local para asignar actuaciones a la sociedad de promoción municipal ProBurgos por “carencia de competencias”, ha informado el concejal socialista Julio César Arnaiz.

La Junta de Gobierno aprobó la semana pasada encomendar a ProBurgos dos grandes acciones expositivas culturales para las navidades de los próximos cinco años frente a la Catedral de Burgos y en la Plaza Mayor, así como el montaje y la gestión de un ‘Espacio cidiano’.

Arnaiz considera que la competencia no es de la Junta de Gobierno Local, sino de la Gerencia de Cultura y, además, no se justifica la razón de la encomienda (que se puede hacer por mejora de servicio o carencia de medios directos) ni se acotan presupuestos aproximados y objetivos.

El socialista ha reconocido que los recursos no son suficientes para paralizar la encomienda, pero esta se ha bloqueado esta mañana después de que tanto los representantes del PSOE como los de Vox -que suman mayoría- hayan rechazado la encomienda en el Consejo de Administración de ProBurgos.

La concejala socialista Sonia Rodríguez ha explicado que el PP ha rechazado su propuesta de dejar este punto sobre la mesa “seguramente para culpar a la oposición de que no se lleven a cabo estas acciones”, ha lamentado.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Fernando Martínez-Acitores, ha criticado que no se haya intentado dialogar con la oposición antes de llevar estos temas al consejo y ha apuntado que hubieran valorado otra postura si la encomienda fuera de un año, pero no para varios ejercicios. Ambos grupos insisten en que el objetivo del equipo de gobierno municipal parece ser vaciar de contenidos a la Gerencia de Cultura y trasladarlos a ProBurgos.

Abiertos a la negociación

Desde el equipo de Gobierno, la portavoz municipal Andrea Ballesteros, responsable también de la Gerencia Municipal de Cultura y presidenta de ProBurgos, ha explicado que tras la negativa de PSOE y Vox se abren a negociar, a “trabajar” con los grupos para consensuar una propuesta de encomienda.

Ha insistido en que “la situación actual de la Gerencia”, con problemas en gestión por falta de personal, puede “poner en peligro” el desarrollo de la programación de Navidad, en cuanto a los espectáculos de gran formato, de ahí que el equipo de Gobierno defienda la encomienda.

Ballesteros ha indicado que, ante las dudas que plantea el PSOE sobre qué órgano es el competente para realizar la encomienda, si la Junta de Gobierno Local o la propia Gerencia, serán lo servicios jurídicos o Secretaría quien lo determine a la luz de los recursos presentados.

El PSOE y Vox en el Ayuntamiento de Burgos han pedido la dimisión del concejal del PP Borja Suárez, también presidente de la Diputación y del PP provincial, después de que un informe del secretario municipal haya concluido que existe incompatibilidad entre su labor como edil y su participación en el accionariado de una empresa de catering que contrató en varias ocasiones con el Consistorio.

La empresa Eventos El Espino, de la que Suárez posee el 33 % de las acciones, se ha encargado entre 2023 y 2025 de una docena de contratos -todos ellos menores- para servicios de catering a través del Ayuntamiento y de la sociedad municipal ProBurgos, según informó eldiario.es.

Ahora, un informe encargado por la alcaldesa, Cristina Ayala (PP), que dio a conocer en el pleno ordinario del pasado viernes, recoge que existe una incompatibilidad -dado que el edil posee más del 10 % de las acciones- y una prohibición de contratar con el Ayuntamiento, por lo que los contratos son nulos.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Josué Temiño, ha calificado en rueda de prensa lo ocurrido de “extrema gravedad”, y ha acusado al PP de intentar “camuflarlo bajo una supuesta normalidad administrativa”, escudándose además en un supuesto desconocimiento de Suárez sobre la incompatibilidad.

“La incompatibilidad y la prohibición de contratar se producen de forma automática, independientemente de si existe culpa o conocimiento por parte del concejal”, ha insistido, y ha recordado que Suárez “tiene la obligación de conocer la ley y poner los medios para evitar que su patrimonio privado se beneficie del erario público”.

Por ese motivo, Temiño considera que Borja Suárez debe dimitir, dejar su acta de concejal -lo que le impediría seguir como presidente de la Diputación dado que es diputado es a través del Consistorio-, y si no lo hace, debería ser la alcaldesa la que lo cesase.

Para el socialista no vale con que Suárez haya anunciado que va a desvincularse de la empresa, y considera que eso tenía que haberlo hecho cuando incrementó hasta el 33 % su participación en el accionariado, superando el 10 % que permite la ley.

En la misma línea se ha expresado, también en rueda de prensa, el portavoz del Grupo Municipal de Vox, Fernando Martínez Acitores, quien ha asegurado que Suárez “debe dimitir esta mima mañana” pues el informe “es muy claro” y demuestra que su actuación “no es ética ni mucho menos estética”.

Ha insistido en que es “intolerable” que Suárez salga de esta situación “sin ningún tipo de responsabilidad política” y pidiendo “disculpas”; tampoco le vale al portavoz de Vox que se vaya a desprender ahora de sus acciones para poder seguir como concejal y presidente de la Diputación.

Ayala rechaza el cese y defiende un “código de buena conducta”

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha asegurado que Suárez ni va a dimitir ni será cesado, y a preguntas de los periodistas ha insistido en que la incompatibilidad ha sido “involuntaria”, que el concejal no participa de la toma de decisiones y que se ha conocido tarde y, por tanto, “no se ha podido reaccionar”.

Por ese motivo, ha defendido la elaboración de un protocolo, un “código de buenas prácticas”, como sugiere el informe de Secretaría, algo “muy razonable” porque “hay muchos tipos de incompatibilidades” y así los concejales saben si alguna de sus actividades es incompatible.

Más informes

El PSOE ha anunciado además que pedirán a Secretaría General un informe sobre los contratos suscritos con Eventos El Espino, que son nulos de pleno derecho, y creen que la empresa debería devolver el dinero ya que ha habido un “enriquecimiento injusto” y no debería de haber contratado con el Ayuntamiento.

También plantean estudiar si cabe un expediente sancionador contra la empresa, puesto que “eran plenamente conscientes” de que Borja Suárez era uno de sus socios mayoritarios, y Temiño ha criticado que en este caso los controles internos del Ayuntamiento han “fallado estrepitosamente”.

Además, descartan participar en la elaboración del protocolo de medidas para evitar nuevos casos que sugiere el informe de Secretaría porque “todo está determinado en la ley”; y también Vox considera que “es casi insultante” que se plantee ese protocolo pues todo el mundo sabe “dónde está la ética”.

El Tribunal de Instancia número 3 de Burgos ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio del hombre detenido por propinar un empujón durante un incidente de tráfico a otro hombre de 70 años, que ha fallecido en el hospital a consecuencia de las lesiones provocadas por el impacto al caer al suelo tras la agresión.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el juzgado ha acordado este fin de semana el ingreso en prisión del detenido, de 45 años, que está siendo investigado por un delito de homicidio, sin perjuicio de la calificación final tras la instrucción de la causa.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, 19 de marzo, a las 22:00 en la calle Rey Don Pedro de Burgos capital, cuando tuvo lugar un incidente de tráfico; ambos hombres discutieron, de acuerdo con los testigos, y el detenido agredió supuestamente a la víctima, que quedó tendida en el suelo en estado muy grave.

La víctima, de 70 años, recibió un fuerte golpe en la cabeza fruto del impacto contra el suelo y, tras una primera atención por parte de los policías nacionales que acudieron al aviso y los sanitarios del 1-1-2, fue trasladada al Hospital Universitario de Burgos, donde ingresó en la UCI y ha fallecido este fin de semana.

La Policía Nacional detuvo al supuesto agresor, que tras propinar el empujón a la víctima huyó del lugar, en la tarde del viernes, fruto de una intensa búsqueda, y tras pasar a disposición judicial, el Tribunal de Instancia ha decretado su ingreso en prisión por un delito de homicidio.

El Arco de Santa María en Burgos, declarado Bien de Interés Cultural en 1943 y a pocos metros de la catedral, ha amanecido en la mañana de este jueves vandalizado. Alguien ha pintado con spray verde “Vox”, aunque tal y como ha señalado el propio partido en un comunicado, la formación se desvincula de “la agresión vandálica” al monumento, como la han calificado.

En la nota remitida a los medios, Vox Burgos ha remarcado que no aceptan que se use su imagen o se les vincule con “la acción de un descerebrado cuyo único fin es causar daño”.

“Denunciamos este acto de incivismo perpetrado por petición a las autoridades y solicitamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a las autoridades competentes, que investiguen estos hechos con la mayor celeridad posible para identificar a los autores de este ataque. Es fundamental que los responsables asuman las consecuencias legales y económicas derivadas de este daño al patrimonio histórico. Nuestro patrimonio es nuestra historia. Quien lo dañe, debe pagar por ello”, han asegurado.

La alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala (PP), también ha mostrado su indignación por el acto vandálico. Al igual que Vox, ha calificado al autor como “descerebrado”. “Hemos dado instrucciones para que se limpie de forma inmediata”, ha asegurado la regidora para pedir colaboración ciudadana para localizar a la persona o personas responsables. El Servicio de Limpieza de Burgos ya ha borrado la pintada.

El exalcalde de Burgos y candidato a las Cortes por el PSOE, Daniel de la Rosa, ha afirmado en un mensaje en redes sociales que “antes de estas elecciones autonómicas” concurrió a otras tres como candidato a la alcaldía en las que “la derecha fue haciendo cada vez una campaña más sucia: propaganda con bulos, pegatinas, denuncias falsas, montajes de fotos... De todo. Esta vez se les ha ido de las manos”, ha remachado.

El Arco de Santa María es una de las doce puertas que formaban parte de la muralla medieval de Burgos. Su origen data del siglo XIV, aunque fue reformado en el siglo XVI por orden del emperador Carlos V, añadiendo elementos renacentistas. En su fachada se representan figuras históricas vinculadas a la ciudad y al reino de Castilla.

Actualmente, el arco alberga exposiciones sobre la historia de Burgos y permite recorrer sus torres, desde donde se obtienen vistas de la zona central del casco histórico. Ha cumplido funciones defensivas, ceremoniales y culturales a lo largo de los siglos.

El Ayuntamiento de Burgos permitirá circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a vehículos, incluso sin tarjeta ambiental, siempre que paguen el impuesto de circulación en Burgos y no se produzcan episodios de contaminación, ha informado este miércoles la alcaldesa, Cristina Ayala.

La decisión se ha tomado tras conocer varias sentencias que, según la alcaldesa, indican que la restricción del tráfico debe ser proporcional y, en el caso de Burgos, los dos medidores de contaminantes atmosféricos de la ciudad no han dado en ningún momento niveles que superen lo que establece la normativa.

Ha recordado que el equipo de gobierno ya limitó a un tercio de lo previsto la zona que había delimitado el anterior gobierno municipal y decidió posponer el inicio de las sanciones hasta febrero de 2027.

“Ahora se trata de que la medida sea proporcional porque Burgos no tiene problemas de contaminación y si hubiera algún episodio puntual se aplicarían las restricción”, ha dicho.

Por eso se ha mostrado convencida de que la medida no afectará a los fondos europeos destinados a la mejora de la movilidad en Burgos, que fueron de siete millones de euros, entre ellos 2,6 para implantar la Zona de Bajas Emisiones.

Ecologistas en Acción recurrirá los cambios

Ecologistas en Acción recurrirá judicialmente los recortes en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ha propuesto este miércoles la alcaldesa de Burgos Cristina Ayala, que permitiría la circulación de vehículos que paguen el impuesto de circulación en Burgos, con o sin tarjeta ambiental, siempre que no se produzcan episodios de alta contaminación.

El portavoz de Ecologistas en Acción en Burgos, Pedro Luis Gómez, ha estimado que con esta reforma “la norma de bajas emisiones se queda en nada a efectos prácticos y pasa de una Zona de Bajas Emisiones herida a una zona muerta”.

Ha insistido en que los cambios que propone la alcaldesa, que podrían salir adelante con los votos de VOX en el pleno municipal, harán que el papel del Ayuntamiento se limite a tomar medidas en episodios de contaminación, que es algo a lo que ya estaba obligado.

Gómez ha asegurado que no es cierto que no se hayan registrado episodios de alta contaminación en Burgos, porque uno de los medidores está en el parque de Fuentes Blancas, en el cinturón verde, pero el otro, en la avenida Cantabria, ha registrado puntas de dióxido de nitrógeno, un gas muy contaminante, por encima de lo permitido, que es un límite bastante más alto que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

La Escuela Municipal de Música de Burgos ha dejado sin servicio a 700 alumnos y 25 profesores al suspender su actividad después de más de tres años de prórroga del contrato con el anterior adjudicatario.

El cese de actividad se ha producido como consecuencia de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula un auto judicial que establecía la obligación de mantener el servicio como medida cautelar, a la espera de resolver la impugnación que había presentado el adjudicatario contra un acuerdo de la Junta de Gobierno Local que le obligaba a seguir prestando el servicio.

En la resolución del recurso se señala que el adjudicatario venía prestando el servicio con pérdidas que sumaron unos 15.000 euros entre 2023 y 2024, y aunque el Ayuntamiento argumenta que no se puede suspender el servicio por ser esencial, los dos años de vigencia del contrato finalizaron en 2022.

Desde entonces se habían realizado tres prórrogas de un año cada una hasta llegar a la apertura del curso actual, en septiembre de 2025.

La Junta de Gobierno Local acordó entonces obligar al adjudicatario a seguir prestando el servicio por el mismo precio hasta realizar una nueva adjudicación.

Tras conocer la situación, la portavoz socialista de Cultura, Nuria Barrio, ha acusado al equipo de gobierno de permanecer de brazos cruzados en este asunto y ha pedido la dimisión de la concejala de Cultura, Andrea Ballesteros (PP) “por el daño que está ocasionando a 700 familias a 25 profesores”.

Ha recordado que el equipo de gobierno intentó licitar este servicio con un pliego de condiciones “cargado de deficiencias”, lo que provocó que el concurso quedara desierto a mediados de diciembre.

Ha asegurado que desde entonces no se ha avanzado nada en la elaboración de un nuevo pliego o la búsqueda de alguna fórmula alternativa para no interrumpir el curso de la Escuela Municipal de Música.

Además, ha afirmado que el cierre se produce por una resolución judicial que el equipo de gobierno conocía hace días y no ha comunicado a las familias afectadas ni a los grupos de la oposición, pese a la gravedad de esta situación que afecta a un servicio que se empezó a prestar en 2010.

Por su parte, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha explicado en nota de prensa que han mantenido conversaciones con el adjudicatario del contrato para “abrir líneas de trabajo” que ayuden a ofrecer una respuesta tanto a las familias de los alumnos como a los profesores.

Ha indicado que la última reunión se mantuvo este lunes por la mañana, a fin de intentar evitar que la escuela cerrara hoy, y ha asegurado que están “explorando todas las vías”; además, la concejala de Cultura mantendrá esta tarde una reunión con las familias para explicarles la situación.

Además, el equipo de Gobierno está trabajando para completar el proceso de pago de las facturas pendientes y ha avanzado que la liquidación se cerrará a finales de esta semana, una vez pasen por Junta de Gobierno local.

El Ayuntamiento de Burgos (PP) ha facilitado ya el realojo de dos padres con sus hijos menores de edad, los dos últimos niños que quedaban en 'El Encuentro', el último gran poblado chabolista que quedaba en Castilla y León, ha informado la concejala de Servicios Sociales del consistorio, Mila del Campo.

El poblado se creó a principios de los años noventa con veinticinco viviendas prefabricadas para alojar temporalmente a las familias de etnia gitana que habitaban en otra zona degradada de construcciones precarias: Las Tejeras.

La provisionalidad se fue alargando y en la zona fueron instalándose otras viviendas más o menos elaboradas hasta que a principios del pasado mandato municipal (PSOE) se firmó el acuerdo entre las autoridades locales y autonómicas para realojar a las personas de ‘El Encuentro’ y eliminar el asentamiento.

A principios del actual mandato quedaban solo cuarenta y cuatro personas en el poblado, realojadas progresivamente hasta llegar al momento actual.

Aunque parte del antiguo poblado se ha derribado y las condiciones son cada vez más precarias, quedan en el poblado tres personas de avanzada edad: los abuelos de los dos niños y una mujer que vive sola.

La concejala ha explicado que no han aceptado la vivienda que les ofrecían porque tenía cuatro escalones de acceso y carecía de ascensor.

Mientras el Ayuntamiento de Burgos sigue buscando alguna alternativa, Mila del Campo señala que estas personas ya habían rechazado alguna otra opción de realojo, por lo que aprecia “cierta resistencia” por su parte a abandonar el poblado.

La Justicia investigará las presuntas irregularidades cometidas por varios médicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) que trabajan en la sanidad pública y la sanidad privada sin cumplir todas las incompatibilidades que tienen. La Fiscalía de Burgos ha remitido a los Tribunales de Instancia para su reparto una denuncia en la que se relataban varios hechos presuntamente ilegales cometidos por médicos burgaleses en su trabajo para el Grupo Recoletas, el principal operador de la sanidad privada en la comunidad autónoma.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, fue presentada a mediados de diciembre por un médico de la sanidad privada, tras haber comunicado desde hace un año estas presuntas irregularidades a la consejería de Sanidad de Castilla y León sin tener constancia de que se hubiera hecho nada. En ellas se relataban situaciones que podrían ser contrarias al régimen de compatibilidades del personal sanitario. Según El País la consejería de Sanidad abrió un expediente informativo reservado a una quincena de médicos por las denuncias, sin que se haya informado sobre su resolución.

El médico denunciante considera que las irregularidades generan conflictos de interés y riesgos para la seguridad asistencial de los pacientes y habla de una posible trama de prevaricación y malversación facilitada por la inacción de las autoridades, quienes habrían permitido que la estructura de negocio privada se sostenga mediante el incumplimiento normativo. En los escritos se señala en particular al grupo Recoletas, el principal grupo privado sanitario de Castilla y León.

Entre las irregularidades detalladas a la Fiscalía se encuentran que los médicos prestaban atención sanitaria a beneficiarios de las mutualidades de los funcionarios (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) “en casos en que podría estar limitado por la normativa vigente”.

Además, se señala que existen conciertos sanitarios en diversas especialidades entre Sacyl y el Grupo Recoletas (se cita Traumatología, Cirugía General, Urología, Oftalmología, entre otras), “lo que podría ser incompatible con la participación en la actividad privada de dichas especialidades y troncales (Anestesia, Intensivos, Radiología, medicina Interna, etc. ) por parte de profesionales del propio Sacyl”.

El texto considera hay fundadas sospechas de que hay “superación de los límites horarios legalmente establecidos (17 horas y media semanales en caso de jornada ordinaria en Scyl) para desempeñar actividad privada por parte de profesionales que mantienen plaza en el sistema público”. Incluso se señala que hay profesionales médicos. Además también creen que hay médicos que solicitan reducción de jornada para trabajar más horas en actividad privada cuando realmente podrían trabajar menos.

Otro de los puntos denunciados es que se produciría “realización de actividad privada tras salientes de guardia pública, con un eventual riesgo para la seguridad asistencial de los pacientes”. Incluso se señala “sospechas de falsificación documental de historias clínicas y suplantación de identidades de lo que se dispone de indicios probatorios”.

También se considera un conflicto de interés la atribución de “responsabilidades de gestión en centros privados mientras mantienen simultáneamente actividad y/o cargos en el sistema público”, señalando al actual director médico del Hospital Recoletas de Burgos en concreto por estos hechos.

El denunciante asegura disponer de “fechas, datos de profesionales, actividades y guardias en las que pudieran haberse producido los hechos descritos”, que pone a disposición de la Justicia.

La consejería de Sanidad de Castilla y León ha señalado a elDiario.es que los expedientes informativos abiertos a los médicos denunciados siguen “en tramitación” y que, ante la apertura de una investigación judicial, remitirán todo lo que la justicia les requiera para tal fin. Este periódico se ha puesto en contacto con el Grupo Recoletas para conocer su opinión sobre la investigación, sin obtener respuesta de momento.

Denuncias desde hace un año

En el anexo a la denuncia a la Fiscalía, de más de 100 páginas, el denunciante recoge todos escritos propios y de otro médico remitidos a la consejería de Sanidad de Castilla y León, dirigida por el burgalés Alejandro Vázquez. El primero es de mayo del 2025, relatando incluso hechos que se remontan al año 2021, en los que se señala al director médico de Recoletas en Burgos por, supuestamente, haber participado en negociaciones con la sanidad pública siendo todavía su trabajador.

En otros escritos que se han remitido en este año a la Inspección Médica de burgos se señala expresamente con nombres y apellidos a facultativos que no cumplirían las incompatibilidades, señalando superaciones horarias en días concretos y pidiendo que se pidan documentos para comprobar los hechos aludidos.

También se remiten escritos a la Seguridad Social denuncian posibles incumplimientos de la baja de dos médicas del Hospital de Burgos, que supuestamente acudieron a trabajar al Grupo Recoletas mientras tenían baja maternal. Otros escritos se han remitido a la Gerencia de Salud de Burgos, a la Inspección de Trabajo, a sindicatos o al Colegio Oficial de Médicos de Burgos. En algunos casos se citó al denunciante para conocer el detalle de sus escritos sin que haya trascendido su resultado.

El denunciante llegó a escribir incluso a Presidencia del Gobierno denunciando la situación y la presunta corrupción del sistema, recibiendo un escrito de La Moncloa de confirmación de recepción de la información.

La Junta de Castilla y León indemnizará de oficio a las familias de los dos pacientes oncológicos fallecidos en el Hospital de Burgos, según ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves.

Fernández Carriedo no ha querido ahondar en la responsabilidad de este error —se ha remitido a la rueda de prensa de hace unos días, en la que se detalló que los pacientes habían recibido una dosis seis veces mayor a la pautada— y ha insisitido en que se ha tratado de un “error humano” que ha causado “un tremendo dolor”. “El Hospital ha asumido disculpas, que asumimos y hacemos extensivas”, ha manifestado el consejero.

El portavoz del Ejecutivo ha recordado que el director gerente del HUBU, Carlos Cartón, a quien pide su dimisión el Defensor del Paciente, tomó posesión un día después de que se detectara este “error”. “El gerente y el jefe de servicio de Oncología se reunieron con los familiares en los días posteriores y asumiremos la responsabilidad patrimonial que pudiera corresponder”, ha afirmado.

Este miércoles la Fiscalía de Burgos anunció que abría una investigación para esclarecer la muerte estos pacientes oncológicos. Esta disolución también ha afectado a a tres personas más, que se encuentran bajo vigilancia: uno continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado, otro permanece en una planta de hospitalización convencional y un tercero está en casa.

Dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han fallecido como consecuencia de un error en la preparación de un tratamiento oncológico que afectó en total a cinco personas, según ha adelantado La 8 de Burgos. Así lo ha confirmado este jueves el director gerente del centro hospitalario, Carlos Cartón, quien ha explicado en rueda de prensa que se trató de un “error humano” en la ficha de elaboración de un fármaco, que provocó una dilución incorrecta y una concentración seis veces superior a la debida. La Fiscalía ha abierto una investigación este miércoles.

El gerente del HUBU ha comenzado su comparecencia lamentando públicamente el fallecimiento de los dos pacientes, “ambos mayores de 60 años”, como ha señalado, y reiterando las condolencias a sus familias, a las que, según ha indicado, ya se les trasladó esta información el pasado 18 de diciembre, fecha en la que el hospital tuvo conocimiento de los hechos.

Según ha detallado Cartón, ese día, el servicio de oncología detectó una toxicidad inesperada en dos pacientes oncológicos que habían acudido al servicio de urgencias con una sintomatología compatible con efectos adversos graves del tratamiento recibido. Ambos pacientes estaban siendo tratados con el mismo fármaco, lo que hizo saltar las alarmas entre los profesionales y motivó el inicio inmediato de una investigación interna.

El gerente ha relatado que el hospital revisó entonces todo el proceso del tratamiento oncológico, desde la prescripción realizada por los facultativos hasta la administración del medicamento en el hospital de día, pasando por su elaboración en el servicio de farmacia. Tras analizar cada uno de los pasos, la investigación concluyó que el error se produjo en la ficha de elaboración del fármaco, un documento técnico que establece el procedimiento exacto para diluir los viales del medicamento antes de su administración.

“El error que hemos objetivado es un error numérico en la ficha de preparación del fármaco, que ha ocasionado una dilución incorrecta y, por tanto, una concentración mayor de la debida”, ha explicado el gerente, quien ha subrayado que la dosis prescrita por los oncólogos era la correcta y que también lo era la que figuraba en las bolsas de administración, por lo que el fallo no se detectó en los controles posteriores.

En total, cinco pacientes resultaron afectados por este error, todos ellos tratados con el mismo principio activo, aunque no se les aplicó el mismo día. Los dos muertos se produjeron, el primero, pocas horas después de que el hospital tuviera conocimiento de la toxicidad y otro varios días más tarde. De los tres pacientes restantes, uno continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado, otro permanece en una planta de hospitalización convencional y un tercero se encuentra en casa.

Cartón ha explicado que, en cuanto se detectó el error, el 19 de diciembre, tanto él como el jefe del servicio de oncología, se pusieron en contacto con todos los pacientes afectados y con sus familias. Aquellos que se encontraban en sus domicilios fueron llamados de inmediato para que acudieran al hospital y pudieran ser monitorizados y recibir el tratamiento de soporte necesario.

El gerente ha insistido en que no existe riesgo para otros pacientes más allá de los cinco afectados, ya que el error se limitó a una ficha concreta de preparación y no a un problema generalizado del sistema. “Se han revisado todas las fichas de elaboración de fármacos una por una y no se ha detectado ningún otro error”, ha asegurado, añadiendo que se trata de una situación “inédita” tanto en el HUBU como en otros hospitales del entorno, según ha aseverado Cartón.

Sacyl y el hospital asumen el error sin señalar a ningún profesional

En cuanto a la depuración de responsabilidades, Cartón ha señalado que el hospital y Sacyl asumen el error como propio y que no se va a señalar individualmente a ningún profesional. “Respondemos como hospital”, ha sentenciado, al tiempo que ha recordado que la Gerencia Regional de Salud iniciará el procedimiento de responsabilidad patrimonial previsto en estos casos, que incluye las posibles indemnizaciones a las familias afectadas.

El gerente ha avanzado también que, tras lo ocurrido, se han reforzado los protocolos de seguridad en el servicio de farmacia, incorporando nuevas verificaciones en distintos pasos del proceso de elaboración para minimizar el riesgo de que un error similar vuelva a producirse.

Los tratamientos administrados a los cinco pacientes fueron iguales, aunque la gravedad de los efectos adversos ha sido distinta en cada caso, algo que el hospital atribuye a la susceptibilidad individual y a la situación clínica previa de cada paciente. “Todos los tratamientos oncológicos tienen efectos secundarios y cada persona responde de manera diferente”, ha explicado Cartón.

UGT pide “una investigación rigurosa, independiente y técnica”

UGT Servicios Públicos Castilla y León ha exigido a través de un comunicado “una investigación rigurosa, independiente y técnica” que permita esclarecer con precisión qué ha ocurrido y qué fallos del sistema han podido intervenir ya que, desde el sindicato, rechazan “cualquier intento de personalizar las responsabilidades o culpabilizar individualmente a los profesionales, que trabajan bajo una enorme presión asistencial”.

También ha manifestado “su más profundo pesar y su compromiso con la búsqueda de la verdad desde el respeto a las familias y a los profesionales sanitarios”. Desde la federación de servicios públicos del sindicato han trasladado también “todo su apoyo a las familias afectadas, así como a los trabajadores del centro que viven con gran impacto este trágico suceso”.

AECC pide que la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos sirva para evitar riesgos

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Burgos ha señalado que esperan que, dado que los riesgos existen, lo ocurrido sirva para mejorar y que no se vuelva a producir un error de estas características. El presidente de la AECC en Burgos, Eduardo González, ha indicado en declaraciones a EFE que no saben con exactitud qué ha ocurrido y “en qué parte de la cadena ha sido el error”, ya que solo cuentan con la información aparecida en los medios de comunicación este martes.

González ha recordado el elevado número de tratamientos contra el cáncer que se suministran a diario, totalmente personalizados, y “los riesgos existen”. Por eso pide que lo ocurrido sirva para extraer conclusiones que sirvan para mejorar y que no vuelva a suceder este fallo, calificado de humano por el hospital, que además de causar el fallecimiento de dos pacientes ha afectado a otros tres, uno de los cuales está en la UCI.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), ha perdido este jueves una cuestión de confianza que había presentado como herramienta para buscar la aprobación de los presupuestos municipales, que habían contado tanto con el rechazo del PSOE como de Vox. Se trata de instrumento previsto en la Ley de Régimen Electoral General que permite así la aprobación de los presupuestos si nadie presenta una moción de censura durante los próximos 30 días, lo que no está previsto que suceda al no ser posibe un acuerdo entre los socialistas y la extrema derecha.

En el pleno municipal celebrado este jueves la alcaldesa ha justificado haber optado por la cuestión de confianza y no prorrogar el presupuesto del año anterior ante la negativa de la oposición a pactar las cuentas municipales y que si se mantuvieran los actuales no se podría conseguir financiación para las inversiones que plantean. Socialistas y Vox han coincidido en acusar a Ayala de “falta de diálogo”.

Es la segunda vez que Ayala usa esta herramienta para sacar adelante sus presupuestos, ya que también lo hizo en el año 2024 para aprobar las cuentas municipales del 2025. “Lo valiente era presentar la cuestión de confianza, porque cuando un alcalde presenta una cuestión de confianza, está dejando 30 días al Pleno para decir que cabe una moción de censura”, ha justificado la alcaldesa. La ley no permite usar la cuestión de confianza a un alcalde más de dos veces en un mismo mandato.

El PSOE, 11 concejales, y Vox, 4 concejales, han rechazado con sus votos la confianza a la alcaldesa, que ha contado con el respaldo de los 11 concejales del grupo del PP. En el fondo de la cuestión estaba que el equipo del PP presentó unas cuentas públicas que incluían acceder a créditos por más de 25 millones de euros para financiar las inversiones previstas de más de 60 millones, entre ellas el macroplán constructor aprobado sin consenso y que los demás partidos rechazan. El presupuesto municipal total asciende a 269 millones de euros.

Lo que sí ha reconocido Ayala es que el PP depende de Vox y está atado al partido de Santiago Abascal: “Tengo la sensación de que muchos votantes de Vox piensan que les gustaría que se hubieran apoyado estos presupuestos. Porque es lo natural. Porque Vox es nuestro socio natural. Siempre lo ha sido y así siempre les hemos tratado”

La regidora ha señalado que “me gustaría no romper puentes del todo con Vox porque estamos condenados a entendernos”, reconociendo que “si queremos alternativas a los gobiernos de izquierdas, por ahí es donde tenemos que ir”.

Ahora se abre un plazo de 30 días para la presentación de una hipotética moción de censura. Si no se presenta ninguna se aprueban automáticamente los presupuestos de manera inicial y luego de una exposición pública de 15 días habría otro pleno de aprobación final pero solo de las alegaciones presentadas y automáticamente las cuentas entrarían en vigor. El plazo estimado es que a principios de marzo estén en vigor.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala (PP), se someterá el próximo 8 de enero a una cuestión de confianza a la que vinculará la aprobación del presupuesto municipal de 2026 después de que tanto Vox, su antiguo socio de gobierno, como el PSOE hayan rechazado este lunes en un pleno extraordinario el proyecto presupuestario, que asciende a 269 millones de euros, un 7,6 % más que en 2025.

Ayala, que se ha encargado de defender el presupuesto en la sesión plenaria, se someterá por segunda ocasión a una cuestión de confianza, repitiendo la fórmula utilizada el pasado año tras la ruptura del pacto de coalición con Vox, en noviembre de 2024, cuando los 'populares' incluyeron en el presupuesto ayudas para ongs que atienden a migrantes en Burgos, que Vox rechazaba.

La alcaldesa ha insistido en que han intentado hacer un presupuesto “en el que cupieran todos”, ha destacado la “generosidad” del PP, y ha lamentado la nula voluntad de consenso de la oposición: “lo lamento porque los burgaleses están esperando que nos entendamos”, ha asegurado dirigiéndose sobre todo a Vox, pues ha recordado que en las elecciones de 2023 la ciudad votó por una mayoría de centro derecha.

También ha insistido en el PP no ha incumplido el acuerdo de gobierno alcanzado en junio de 2023, sino que fue Vox quien incluyó nuevas líneas rojas en la negociación del presupuesto para 2025, y les ha afeado que Burgos “sea distinto” a otras ciudades, como Valladolid, en la que se mantiene un gobierno de coalición PP-Vox, y los de Santiago Abascal pactan los presupuestos con los 'populares'.

Con respecto al PSOE, Cristina Ayala les ha acusado de “engañar a los burgaleses” y ha criticado que no hayan dado ni una sola razón para no apoyar el presupuesto diseñado por el PP, que “consolida el camino del cambio” iniciado en 2023, tras un 2025 con una ejecución histórica de casi 60 millones de euros.

“Brindis al sol” del PSOE, incumplimientos de Vox

El portavoz del grupo municipal de Vox, y exvicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, ha insistido en que le presupuesto diseñado por el PP es “de izquierdas”, ha criticado que no se hayan tenido en cuenta ninguna de sus propuestas y ha acusado a los 'populares' de incumplir sus acuerdos “en la forma y en el fondo”.

Ha recordado que, tras votar en contra del presupuesto de 2025 -lo que conllevó su expulsión del equipo de Gobierno y ruptura de la coalición-, apoyaron dos modificaciones de crédito pactadas con el PP, pero los de Ayala incumplieron esos acuerdos, y además en el proyecto de 2026 han incluido “líneas rojas” que los de Vox no comparten.

“Por los intereses de Burgos y los burgaleses tenemos que votar en contra del presupuesto”, ha insistido Martínez-Acítores.

Desde el PSOE, el portavoz Josué Temiño ha acusado al PP de “engañar” y “mentir” a los burgaleses con un presupuesto “insustancial, sin fundamento” y que es una “huida hacia adelante”, un brindis al sol que hipotecará a la ciudad, con un préstamo de 25 millones, que no se traducirá en inversiones reales.

“Es un presupuesto irreal”, ha insistido, y “caprichoso”, del que el PSOE no quiere ser cómplice, ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que el PP “no es un partido de fiar” y ha recordado que los socialistas tienen un modelo de ciudad distinto, que no comparten el del PP.

Cuestión de confianza en enero

De este modo, PSOE y Vox han votado en contra del proyecto de presupuestos diseñado por el PP, y la alcaldesa ha anunciado que este martes habrá reunión de junta de portavoces, a las 13:00, y que se someterá a una cuestión de confianza a la que vinculará la aprobación del presupuesto el 8 de enero.

El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, ha defendido el presupuesto, que asciende a 269 millones de euros, un 7,6 % más que hace un año -19 millones de subida-, como el más ambicioso de la historia de Burgos, además de realista, y que supondrá un salto cuantitativo y cualitativo para la ciudad, con inversiones para dinamizarla pero con una presión fiscal contenida.

El PP llevará a un pleno extraordinario el 29 de diciembre la propuesta de aprobación inicial del presupuesto para 2026, pese al dictamen negativo de la comisión de Hacienda, donde PSOE y Vox han votado este lunes en contra de la propuesta de las cuentas municipales.

El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo (PP), ha afirmado este lunes en una rueda de prensa que todavía confía en una negociación de última hora para conseguir, al menos, el apoyo de uno de los grupos de la oposición, ya que su formación se encuentra en minoría.

En todo caso, si persiste la negativa de ambos grupos de la oposición, será después del pleno cuando el equipo de gobierno decida si optan por la prórroga de las cuentas de este año o vinculan la aprobación del presupuesto de 2026 a una cuestión de confianza, como ya hicieron el año pasado con el de 2025.

“Negarse a aprobar el presupuesto no es un bloqueo al PP sino al desarrollo de la ciudad”, ha advertido Manzanedo, que ha insistido en que están dispuestos a negociar para incluir alguna propuesta de la oposición, pero no a restar ninguna de las que ya figuran en el borrador de presupuesto elaborado por el PP.

El edil ha acusado a ambos grupos de la oposición de hacer “puro teatro”, al anunciar desde el principio su voto negativo a las cuentas con la argumentación de rechazar dos partidas: la destinada a iniciar el proyecto para un túnel bajo la calle Santander y la instalación de un ambigú en el Paseo de la Isla.

En su opinión, no es razonable que el rechazo a ambos proyectos lleve a votar en contra en un presupuesto de 269 millones de euros de los que 34,7 se dirigen a inversiones reales.

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), PSOE, PP, IU/Podemos y Vox, han suscrito una declaración institucional en la que condenan los insultos y amenazas recibidas por la alcaldesa, Aitana Hernando, en relación a la sanción impuesta a la Coordinadora Bajada del Ebro por intervenir sin autorizando en un mural vandalizado para eliminar símbolos fascistas y la frase 'Gora ETA'.

En el escrito, remitido a los medios de comunicación, han insistido en que “cualquier acto de intimidación dirigido a representantes públicos es un ataque directo a los pilares de la democracia y a los valores que sustentan la convivencia”.

“Las amenazas e insultos dirigidos a la alcaldesa representan no solo un atentado contra su persona, sino también contra la integridad institucional de este Ayuntamiento, y por extensión, contra todos los ciudadanos y ciudadanas que depositan su confianza en nuestras instituciones”, han afirmado.

Y han defendido que la democracia se fortalece con el diálogo, con la diversidad de opiniones y con la participación activa de la ciudadanía; cualquier intento de intimidación pretende socavar estos principios y, por ello, debe ser rechazado de manera rotunda y unánime“.

Los grupos municipales han hecho un llamamiento a la concordia, al respeto y a la responsabilidad ciudadana, y han recordado que las diferencias políticas y sociales deben resolverse siempre desde el entendimiento y la cooperación, nunca desde la amenaza o la violencia.

Para concluir afirmando que la declaración institucional “no solo expresa un rechazo concreto a los hechos actuales, sino también un compromiso firme y duradero de todos los grupos municipales con la defensa de la democracia, de la tolerancia y del respeto institucional”.

Un mural vandalizado pero pintado y repintado sin autorización

La Coordinadora Bajada del Ebro, un movimiento popular que defiende un río limpio y sano en Miranda de Ebro, denunció a principios de semana que dos de sus miembros habían sido sancionados con 750 euros por el Ayuntamiento después de intervenir en un mural para repintarlo y borrar símbolos fascistas y la frase 'Gora ETA'.

Los hechos tuvieron lugar a finales de agosto -aunque la sanción les llegó en noviembre-, cuando en vísperas de la celebración de la tradicional Bajada del Ebro, la Coordinadora vio que el mural que habían pintado unos días antes había sido vandalizado, y decidieron repintarlo para borrar las pintadas vandálicas.

La Policía Local, avisada por un vecino según explicó en un comunicado posterior el Ayuntamiento, acudió al lugar y, tras recordar a los dos miembros de la Coodinadora que no se podía pintar un mural sin permiso, les sancionó por incumplir la normativa municipal.

El Ayuntamiento ha insistido en que la Coordinadora no pidió permiso para realizar el mural original, que estaba dedicado a la Bajada del Ebro, ni tampoco para repintarlo tras haber sido vandalizado, incumpliendo la Ordenanza sobre la Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales.

Y ha defendido que la sanción no tiene nada que ver con el contenido, ni se ha sancionado a los dos miembros por borrar las fases fascistas o el 'Gora ETA', sino porque estaban realizando una pintada en un muro sin autorización para ello.

A raíz de las informaciones publicadas sobre lo ocurrido, la alcaldesa, Aitana Hernando (PSOE), ha recibido en redes sociales numerosos insultos y amenazas, en mensajes que la acusan de haber sancionado a la Coordinadora porque pretendía borrar la frase 'Gora ETA'.

Las cinco monjas de avanzada edad que residían en el convento de Orduña (Bizkaia) bajo el cuidado de las exmonjas cismáticas de Belorado (Burgos) han sido trasladadas este jueves a un hospital de Bilbao por orden judicial, después de que esta mañana la Guardia Civil acudiera al monasterio para comprobar su estado de salud.

Las monjas, que para el Arzobispado de Burgos son las únicas que conforman la verdadera comunidad religiosa, pasarán un reconocimiento médico después de que un informe de la Guardia Civil cuestionara las condiciones higiénico-sanitarias en las que se encontraban.

Con edades comprendidas entre 87 y 101 años, sus familiares habían elevado quejas por la imposibilidad de visitarlas.

La jueza titular del Juzgado de Instancia 5 de Bilbao, a la que se remitió el informe policial, ha abierto diligencias y, encabezando una comisión judicial con apoyo de la Guardia Civil de Burgos y médicos forenses, ha acudido a las 10:00 horas de este jueves al monasterio de Orduña para valorar el estado de las mayores, según han confirmado a EFE fuentes del instituto armado.

Han explicado que durante el registro realizado a finales de noviembre dentro de la investigación por la venta de obras de arte a través de internet y que acabó con dos exmonjas detenidas, la Guardia Civil detectó que las cinco monjas mayores, muy vulnerables, podían no estar bien atendidas o requerir ayuda, lo que dio lugar el informe remitido al juzgado bilbaíno.

Después de acudir al lugar, la jueza ha ordenado el traslado de las mayores al hospital de Basurto, en Bilbao, donde pasarán un reconocimiento médico y, a continuación, serán llevadas a monasterios de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, ha informado la Oficina del Comisario Pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.

En un comunicado, el Arzobispado de Burgos, ha indicado que la jueza ha dado las directrices oportunas para que la mayores sean puestas bajo el cuidado del Comisario Pontificio, el arzobispo de Burgos Mario Iceta, y tras pasar por el hospital ya no volverán a Orduña.

Por su parte, las exmonjas de Belorado han calificado a través de varios vídeos difundidos en redes sociales de “secuestro” el traslado de las cinco ancianas y han denunciado que las han retenido en la iglesia del convento mientras la comisión judicial visitaba a las mayores.

Además, la exabadesa, Laura García de Viedma, ha asegurado que el informe de la Guardia Civil es “falso”, ha defendido la atención dada a las mayores y ha insistido en que se están vulnerando sus derechos con el traslado, tras recordar su edad avanzada y su delicado estado de salud.

Dos miembros de la Coordinadora Bajada del Ebro, un movimiento popular que defiende un río limpio y sano en Miranda de Ebro (Burgos), han sido sancionados con 750 euros por el Ayuntamiento por restaurar un mural dedicado a la tradicional Bajada del Ebro, que celebran todos los veranos desde hace 42 años, y que había sido vandalizado con la frase 'Gora ETA' y símbolos fascistas.

La sanción les ha llegado hace un par de semanas, ha explicado a EFE Óskar Álvarez, y pese a no estar de acuerdo con la misma los dos implicados han decidido abonarla, lo que les ha permitido reducirla a la mitad, por pronto pago, y pagar 750 euros (375 cada uno) en lugar del total de 1.500 euros.

Los hechos tuvieron lugar a finales de agosto, unos días antes de que se celebrara el sábado 30 la 42º Bajada del Ebro, una cita en la que numerosa barcas recorren el cauce del río a su paso por Miranda, con actividades culturales y música en directo para exigir un río limpio, sano y que sea motor de la ciudad.

La Coordinadora Bajada del Ebro detectó que el mural pintado, una semana antes, entre las calles Real Aquende y Los Hornos lo habían vandalizado con la frase 'Gora ETA', una diana, símbolos fascistas y otros obscenos, pintadas que se repetían en otros puntos de la parte vieja de la ciudad.

Por ese motivo, dos de ellos decidieron repintarlo, a plena luz del día, ha insistido Álvarez, y fue en el momento en el que estaban trabajando en el mural cuando aparecieron dos coches patrulla de la Policía Municipal, con unos nueve agentes, y al no tener permiso para intervenir en el mural les multaron.

“Nos parece una vergüenza”, ha insistido; también una “aberración” que a un movimiento reivindicativo social, por restaurar un mural dedicado al río Ebro, y que había sido vandalizado, se le sancione por lo que se considera una falta grave, con una multa que ascendía a 1.500 euros entre los dos sancionados.

Esperaban que la sanción se quedase en nada, pero a los dos miembros les llegó hace un par de semanas, y decidieron pagar esos 750 euros por pronto pago; la Coordinadora los asumirá con fondos propios y alguna ayuda externa, ha indicado Álvarez.

También van a organizar actividades para recaudar dinero y no quedarse “descapitalizados” porque sus recurso son muy limitados, ha insistido, al tiempo que recuerda que debería ser el Ayuntamiento el que se encargara de limpiar las pintadas vandálicas que proliferan por la ciudad, y vigilar a quiénes las hacen.

La Coordinadora Bajada del Ebro ha lamentado, a través de un comunicado, que el equipo de Gobierno no cumpliera el acuerdo al que llegó con Ganemos Miranda en 2018 para la limpieza del Ebro, y considera que esta sanción es la respuesta “de la maquinaria burocrática” cuando el Ayuntamiento es responsable de defender y conservar el río.