El próximo 8 de diciembre se cumple el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite (1925-2000), una de las escritoras españolas más originales de la segunda mitad del siglo XX. Se la ha querido encasillar en la Generación de los 50, pero fue una escritora inclasificable y polifacética, que cultivó casi todos los géneros literarios y recibió numerosos premios.

En 1985 murió su hija Marta, a la edad de veintiocho años. Esa pérdida le causó una herida tan profunda que dejó de escribir ficción durante cinco años. Por fin, en 1990 publica Caperucita en Manhattan, que sin duda es un homenaje a su hija y un modo de seguir conversando con ella.

Para celebrar el centenario de su nacimiento, el Teatro de la Abadía ha producido una adaptación teatral realizada y dirigida por Lucía Miranda, una dramaturga, directora de escena y arte-educadora que cuenta ya con una trayectoria muy amplia, muy comprometida y muy reconocida. En su adaptación de Caperucita en Manhattan, presenta la obra como un diálogo imaginario entre Carmen Martín Gaite y su hija Marta, encarnadas por los personajes de Miss Lunatic y de la niña Sara Allen.

Es una versión musical en la que cinco intérpretes encarnan a veinte personajes diferentes.

La obra se representa en el Teatro Romea de Murcia el viernes 14 de noviembre. Con ese motivo, el martes 11 de noviembre, en el marco del ciclo Pensamiento a Escena, participé en una mesa redonda junto con las escritoras Ángeles Carnacea y Marisa López Soria, y el director de escena Jorge Fullana Fuentes. Resumiré aquí las ideas que expuse en esa mesa redonda.

Caperucita Roja es uno de los cuentos populares más antiguos y famosos, pero en el curso del tiempo ha ido cambiando en consonancia con sus distintos contextos históricos. La primera versión escrita la publica Charles Perrault en sus Cuentos de antaño o Cuentos de la Madre Oca (1697), bajo el reinado de Luis XIV. Perrault no sólo recoge los cuentos populares sino que los adapta al gusto de la época y les añade una moraleja «para la educación de las jovencitas». En Caperucita Roja, el lobo devora a la abuela y a la niña, y la moraleja es que la desobediencia tiene como castigo la muerte. Esto encaja con el Leviatán (1651) de Hobbes, el homo homini lupus y la soberanía del monarca que dispone de la vida de sus súbditos. En cuanto al lobo del bosque, representa al varón malvado y asesino, pero también a la naturaleza salvaje por oposición a la sociedad civilizada.

A comienzos del siglo XIX, tras la Revolución francesa y en pleno movimiento romántico, los hermanos Jakob y Wilhelm Grimm ofrecen una nueva versión en sus Cuentos de la infancia y del hogar (1812-1815). Caperucita y la abuela no son devoradas por el lobo, porque las salva un leñador. Este último representa al «pueblo» honrado y solidario, que ahora es el protagonista de las nacientes repúblicas parlamentarias.

En 1990, Carmen Martín Gaite reinventa por completo las dos versiones precedentes. El cuento infantil con una finalidad moralizante se trasforma en una novela de formación (Bildungsroman) cuyo objetivo no es inculcar en la niña Sara Allen el miedo y la obediencia, sino incitarla a cultivar la curiosidad y la imaginación, la lectura y la aventura, la libertad y la soledad, la amistad y el amor. Además, la dualidad entre lo salvaje y lo civilizado deja paso a la gran ciudad como espacio ambivalente de peligro y de aventura, donde la naturaleza salvaje ha sido domesticada en forma de parques públicos, como los de Morningside y Central Park.

Caperucita en Manhattan responde al contexto histórico del último tercio del siglo XX: los nuevos movimientos emancipatorios, en especial el movimiento feminista; la transición española de la dictadura a la democracia; y el acelerado proceso de urbanización de la población mundial, del que Nueva York se convirtió en símbolo por ser la capital cultural de la superpotencia estadounidense y por su presencia cotidiana en el imaginario popular a través del cine, la televisión y la literatura.

A la vista de los profundos cambios que han tenido lugar en el mundo desde 1990, ¿cómo reinventar hoy ese relato de formación juvenil que es Caperucita en Manhattan? Pensemos en lo que el V-Dem Institut ha definido como la «ola mundial de autocratización» que en los últimos años está afectando a numerosos regímenes políticos, incluidas las democracias occidentales y en particular la estadounidense, a la que Donald Trump está convirtiendo en una autocracia. Pensemos en la creciente brutalización de todas las relaciones sociales, nacionales e internacionales, y en el auge de una oligarquía tecnofascista que pretende acabar con todas las conquistas democráticas.

Pensemos en el incremento de la desigualdad social y en la precarización de las condiciones de vida que sufren especialmente las mujeres, los jóvenes, las niñas y los niños. Pensemos en la crisis ecológica global, que es cada vez más grave y cuyo impacto se traduce en olas de calor, sequías, incendios, inundaciones, etc. Las ciudades, precisamente porque en ellas se concentra hoy la mayor parte de la población, son también los espacios donde convergen todos esos problemas ecosociales.

En este contexto, la oligarquía dominante enarbola la bandera de la «libertad» como una caricatura de la estatua que vigila la entrada a Nueva York, para justificar toda clase de atropellos sociales y ambientales. Para Trump y sus émulos, la libertad no es otra cosa que la defensa de los privilegios, la violencia, la mentira y la irresponsabilidad. Es la libertad para que los ricos no paguen impuestos, para privatizar servicios públicos básicos como la sanidad y la educación, para esquilmar y contaminar el entorno, para despedir a los trabajadores, para desahuciar a los inquilinos, para contagiar a los vulnerables, para expulsar a los migrantes, para matar a las mujeres…

¿Cómo educar a unos niños, niñas y adolescentes cuya imaginación está colonizada por las pantallas digitales y cuya sensibilidad está embotada por una atmósfera cada vez más tóxica, en la que se han normalizado la desigualdad, la brutalidad, la mentira y la irresponsabilidad? ¿Cómo enseñarles que la libertad es inseparable de la responsabilidad, de la solidaridad, de la gratitud y del amor? ¿Cómo hacerles entender que el lobo no es hoy el símbolo de la naturaleza indómita, sino el de las vidas (humanas y no humanas) amenazadas por la codicia y la violencia de los poderosos?

Si releemos Caperucita en Manhattan, podemos encontrar la respuesta de la autora a través de su alter ego. Cuando el comisario O’Connor le propone a Miss Lunatic convertirse en confidente de la policía a cambio de una paga mensual que le permitiría vivir muy bien, ella le responde: «¿Pero a qué llaman vivir? Para mí vivir es no tener prisa, contemplar las cosas, prestar oído a las cuitas ajenas, sentir curiosidad y compasión, no decir mentiras, compartir con los vivos un vaso de vino o un trozo de pan, acordarse con orgullo de la lección de los muertos, no permitir que nos humillen o nos engañen, no contestar que sí ni que no sin haber contado antes hasta cien como hacía el Pato Donald… Vivir es saber estar solo para aprender a estar en compañía, y vivir es explicarse y llorar, y vivir es reírse… He conocido a mucha gente a lo largo de mi vida, comisario, y créame, en nombre de ganar dinero para vivir, se lo toman tan en serio que se olvidan de vivir.»

Hace cincuenta años, el filósofo francés Michel Foucault formuló una tesis que ha tenido una enorme influencia en el pensamiento contemporáneo. En el tránsito del siglo XVIII al XIX, los países occidentales habrían experimentado un cambio histórico en el ejercicio del poder político: habrían pasado “del derecho de muerte al poder sobre la vida”.

Desde los antiguos imperios agrarios hasta las modernas monarquías absolutas, el poder político se habría sustentando sobre el derecho “soberano” a disponer de la vida y la hacienda de sus súbditos, es decir, sobre el derecho a matarlos, amenazarlos de muerte, dejarlos morir de hambre o enviarlos a la guerra para que dieran la vida por su señor. En cambio, los nuevos regímenes liberales se habrían caracterizado por haber puesto en marcha toda una serie de instituciones sociales y de saberes expertos destinados a proteger la vida, la salud, la vivienda, la educación y el empleo de las poblaciones. Se habría pasado del viejo poder de la “soberanía” al nuevo poder de la “biopolítica”. En las democracias liberales, el poderoso ya no sería el que mata o el que deja morir sino el que cuida de la vida, la paz, la prosperidad y el bienestar de la ciudadanía.

Esta tesis permite comprender muchas de las transformaciones sociales de los dos últimos siglos, pero tiene también algunas limitaciones importantes. En primer lugar, la historia no sigue un curso lineal y ascendente, sino que sufre toda clase de vaivenes y bifurcaciones. En la primera mitad del siglo XX estalló la Guerra Civil Europea (1914-1945), en la que se sucedieron múltiples formas de violencia extrema (guerras, revoluciones, deportaciones, genocidios, campos de concentración y de exterminio) que causaron entre 80 y 120 millones de muertos y concluyeron con las dos bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki. El propio Foucault reconoció que el “racismo de Estado” de los regímenes totalitarios fue una combinación novedosa y explosiva del viejo poder soberano y del nuevo poder biopolítico.

Es cierto que, tras esas traumáticas experiencias, comenzó a construirse el orden jurídico internacional basado en la ONU y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y durante los “treinta años gloriosos” (1945-1973) se desarrolló en la Europa del norte y del oeste el llamado Estado de bienestar, que pretendía garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales a toda la ciudadanía. Los países del este y del sur, como España, sufrieron durante esos años regímenes dictatoriales y tuvieron que esperar a los años 80 y 90 para unirse a las democracias liberales de Europa.

Pero los países occidentales aseguraron su pacificación política, su desarrollo económico y su bienestar social transfiriendo a los países del Sur global toda clase de violencias físicas, explotaciones laborales y expolios ecológicos. Como han señalado Ulrich Brand, Markus Wissen y Stephan Lessenich, el Norte mantiene su “modo de vida imperial” mediante la “externalización” de los costes sociales y ambientales a los pueblos colonizados del Sur. Y cuando los colonizados comienzan a migrar hacia los países enriquecidos del Norte, se encuentran con el cierre de fronteras y el “racismo de Estado” por parte parte de las democracias de Europa y de Estados Unidos.

Ese racismo institucional de los países del Norte global ha dado origen a nuevas formas de violencia, explotación, discriminación y muerte. Como dice el filósofo camerunés Achille Mbembe, el reverso de la “biopolítica” liberal es la “necropolítica” racista y neocolonial, que convierte a miles de millones de personas en meros “desechos humanos”. Estamos ante una nueva versión de lo que Hannah Arendt llamó la “banalidad del mal”. Basta pensar en el brutal genocidio que Israel está cometiendo con el pueblo palestino, con el apoyo o el consentimiento de las democracias occidentales.

Pero eso no es todo. La “banalidad del mal” se ha extendido como una pandemia moral en el seno de las propias democracias liberales. Como ya he argumentado en otras ocasiones, estamos asistiendo a un “gran retroceso” civilizatorio. Todas las conquistas políticas, sociales y culturales conseguidas por los movimientos emancipatorios durante los dos últimos siglos están siendo socavadas por la alianza estratégica entre la derecha neoliberal y la ultraderecha neofascista. Cada vez es más difícil distinguir entre la una y la otra, porque ambas colaboran para devaluar los servicios públicos del Estado de bienestar y para recortar todas las conquistas sociales y laborales de las democracias.

Como dice el economista Thomas Piketty, el pacto social entre el capitalismo y la democracia fue sólo un breve paréntesis histórico facilitado por la Guerra Fría.

Hoy estamos asistiendo a una gran ola reaccionaria que recorre Europa y América, y que no hace sino revelar el declive moral de Occidente y la pérdida de su hegemonía global. La “necropolítica” se extiende en el corazón de los países más ricos de la Tierra. Los gobernantes y los millonarios ya no fundan su poder en el cuidado de la vida sino en su desprecio, su humillación y su exterminio. Basta recordar los nombres de Trump, Musk, Putin, Netanyahu, Milei, Meloni, Orban, Le Pen, Wilders o Nawrocki.

España parece una isla política, porque mantiene un gobierno de coalición de izquierdas PSOE-Sumar que trata de preservar, contra viento y marea, las políticas democráticas, sociales y ambientales. Pero sus apoyos parlamentarios son muy precarios. Y la alianza entre el PP y Vox, secundada por una extensa trama de poderes judiciales, policiales, mediáticos, empresariales, financieros y eclesiásticos, está llevando la agenda reaccionaria lo más lejos posible, tanto en el acoso al gobierno central como en los pactos que mantienen en las comunidades donde gobiernan. En ambos casos, la lucha por conseguir o mantener el poder está por encima de la vida de las personas.

Piensen en la presidenta madrileña Ayuso y en las 7.291 personas que murieron en las residencias de mayores al comienzo de la covid-19 porque se les negó el traslado a hospitales. Piensen en Mazón y en las 228 personas que murieron víctimas de una DANA a la que el presidente valenciano no prestó la menor atención. Piensen en el menosprecio racista del PP y de Vox hacia los y las migrantes, pese a los miles de personas que mueren cada año en la ruta canaria y en las rutas del Mediterráneo.

Piensen en el rechazo del PP a acoger niñas y niños extranjeros en las comunidades donde gobierna, y en la consiguiente estigmatización de los menores no acompañados (MENA). Piensen en el burdo negacionismo ecológico de Vox, secundado por el PP para mantenerse en los gobiernos autonómicos, pese a los miles de muertos y de pérdidas económicas que causa cada año el cambio climático. Piensen en el rechazo a negociar con el gobierno central una política de construcción de vivienda publica, pese a ser el mayor problema social al que se enfrentan hoy los jóvenes españoles.

El pacto presupuestario del PP y Vox en la Región de Murcia es un ejemplo del modo en que la (ultra)derecha ejerce hoy el poder. Ese pacto promete el cierre del Centro de Menores de Santa Cruz, el fomento del odio a los migrantes, el rechazo del Pacto Verde Europeo y la desprotección ecológica del Mar Menor. Es el poder contra la vida.

En los últimos meses, varios municipios de la Región de Murcia se están viendo amenazados por la instalación de las llamadas plantas de biogás, es decir, industrias químicas molestas y peligrosas que pueden causar graves daños a la salud de sus habitantes, a su entorno natural y a su tejido socio-económico, y que se nutrirán de flotas de camiones transportando diariamente los purines de los cerdos y otros desechos orgánicos e industriales por las carreteras de toda la Región. 

Son ya siete los municipios afectados, y en todos ellos se han creado plataformas vecinales que están emprendiendo diversas acciones de protesta: Doña Inés (Lorca), Fuente Álamo, Molina de Segura, Mula, El Mirador (San Javier), Santomera y Torres de Cotillas. Y la lista sigue aumentando. 

El presidente regional ha anunciado la construcción de 40 plantas, en una comunidad con 45 municipios. Todo esto se está llevando a cabo 'manu militari', de manera autoritaria y precipitada, sin tener en cuenta el derecho de la ciudadanía a un entorno saludable e incluso en contra de la voluntad expresada públicamente por las plataformas vecinales.

Es un fenómeno que está ocurriendo en toda España y que pretende imponerse de manera acelerada, sin la debida información pública, sin suficientes garantías de seguridad y con una publicidad engañosa, lo que está suscitando en muchos lugares las protestas de las poblaciones afectadas. 

Basta recordar lo sucedido en Balsa de Ves (Albacete): en esta población manchega de apenas 136 habitantes se instaló una macrogranja de cerdos y, posteriormente, una planta de biogás que inicialmente iba a procesar sólo residuos orgánicos y que luego pasó a procesar también residuos industriales. Las consecuencias han sido devastadoras: la población ha disminuido más del 40%, la fuente local ha dejado de proporcionar agua potable y el campo circundante ha sido contaminado por toneladas de digestato pestilente que impregna el suelo y el aire. La actual alcaldesa recuerda las palabras del exalcalde, ya fallecido: “He traído la ruina a mi pueblo”. Un proyecto que prometía prosperidad ha terminado provocando contaminación, despoblación e indignación.

¿A qué se debe esta repentina fiebre por el llamado biogás? Hay tres motivos principales. En primer lugar, la presión del poderoso sector de las macrogranjas y la agroindustria, que necesita dar salida a sus residuos para seguir manteniendo e incluso incrementando su insostenible negocio. De hecho, la rentabilidad de las plantas de biogás no se debe tanto a la venta del gas que producen sino al pago que reciben de las empresas productoras de desechos, junto con las subvenciones públicas a fondo perdido para su instalación.

Para entender el estrecho vínculo entre la expansión del sector porcino y la proliferación de plantas de biogás, basta recordar el poder del Grupo Fuertes, uno de los más influyentes de España, que promueve algunos de los proyectos de biogás como el de Mula, y que es capaz de condicionar las decisiones políticas de los gobernantes de nuestra región.

En segundo lugar, no hay una normativa estatal que regule de manera específica este tipo de instalaciones y que garantice adecuadamente una serie de requisitos compatibles con la justicia social y ambiental: la protección de las personas y de su entorno, la proximidad a las fuentes emisoras de los desechos, la función social de la energía producida y, por supuesto, el derecho de la ciudadanía a decidir democráticamente sobre los usos de su propio territorio. Estos requisitos son imprescindibles para que podamos hablar de una transición ecológica justa y democrática.

En este asunto del biogás está ocurriendo algo análogo a lo que sucede con las macro-instalaciones de aerogeneradores, que se están extendiendo por toda España sin contar con las poblaciones afectadas, y que por ello mismo han dado lugar a una fuerte oposición cívica. Como en el caso del biogás, la oposición no es contra las energías renovables y en particular contra los aerogeneradores, sino contra el modo en que los están implantando y explotando las grandes empresas del sector. Basta pensar en los más de 60 parques eólicos suspendidos por los tribunales en Galicia.

Esta falta de un ordenamiento legal adecuado y este déficit de participación democrática de las poblaciones afectadas también se está dando en las plantas de biogás y está permitiendo que puedan tramitarse y construirse rápidamente, mediante la mera connivencia entre las empresas interesadas, los gobiernos autonómicos y los alcaldes de los municipios implicados. 

En tercer lugar, el boom del biogás se debe a que España tiene pocas plantas de este tipo en relación con otros países europeos más “avanzados”, así que nos dicen que debemos “desarrollarnos” y ponernos a la par con ellos, aunque sea de manera precipitada y autoritaria, como parte del llamado proceso de “transición energética”. De hecho, hay un plan financiado por la Unión Europea, con cargo a los fondos de la “transición energética”, para multiplicar por toda Europa este tipo de plantas de biogás. Otra cosa es el modo en que se están implantando en cada país.

En España, hay un Programa de incentivos a proyectos singulares de instalaciones de biogás, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea (Next Generation EU). En la convocatoria de 2023 se aprobaron 81 propuestas por valor de 76,5 millones de euros, cinco de ellas en la Región de Murcia (3,8 millones de euros). Las empresas gasísticas y porcinas se apuntaron rápidamente, pero dándoles la orientación que a ellas les interesa, la del puro negocio, sin la menor consideración hacia el bienestar de las poblaciones afectadas. Al parecer, con el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en concreto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 

Se nos habla de “energía renovable” y de “economía circular”, pero en realidad se trata de blanquear (o reverdecer, en este caso), consolidar e incluso ampliar, todo ello con dinero público, las macrogranjas y la agroindustria, es decir, una economía insostenible que degrada los ecosistemas, la salud pública y el tejido social de las poblaciones donde se impone. Este es el capitalismo verde: la economía depredadora de siempre, pero con un baño verde muy bien publicitado. Los gobernantes murcianos no han vacilado en ofrecer nuestra región como zona de sacrificio, aunque desde el Ministerio la llaman 'zona de Transición Justa y Reto Demográfico'.

Es inaceptable que muchos alcaldes de la región, para favorecer el negocio de las empresas porcinas y gasísticas, estén actuando en contra de la voluntad manifestada públicamente por sus vecinos y vecinas, y en contra también de su legítimo derecho a vivir en un entorno seguro y saludable. Y es igualmente vergonzoso que la Asamblea Regional murciana haya rechazado la sensata moción de Unidas Podemos, que proponía una moratoria de cinco años hasta contar con una normativa estatal que regule adecuadamente estas peligrosas instalaciones.

Así que, una vez más, nos toca salir a la calle para defender nuestros derechos, nuestra salud y la de nuestros pueblos.

El grado de civilización de una sociedad se mide por el respeto a la vida y a la dignidad de todas las personas que forman parte de ella. Cuando un país comienza a discriminar entre diferentes categorías de seres humanos (hombres y mujeres, ricos y pobres, nacionales y extranjeros, blancos y de color, etc.), es evidente que ha elegido el camino de la barbarie.

En las dos últimas décadas estamos viviendo un «gran retroceso» civilizatorio y una «autocratización del mundo», como señalan los informes anuales del V-Dem Institute. El segundo mandato de Trump es el caso más emblemático de la degradación de las democracias liberales. En el campo internacional, hemos entrado en una Nueva Guerra Fría, con el consiguiente riesgo de una guerra mundial nuclear. Para evitar ese riesgo, las grandes potencias no se enfrentan entre sí de manera directa, pero lo hacen a través de terceros países. Según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), en 2024 permanecían activas 56 guerras locales.

Junto con la violencia militar directa, hay otras dos formas de violencia estructural que matan a las personas de manera indirecta, masiva e impune. Por un lado, la creciente desigualdad entre el Norte y el Sur globales, que permite a los países enriquecidos del Norte mantener su «modo de vida imperial» (Ulrich Brand y Markus Wissen) mediante la «externalización» (Stephan Lessenich) de los costes sociales y ambientales a los países empobrecidos del Sur.

Por otro lado, el «sobrepasamiento» de los nueve «límites planetarios» que han asegurado hasta ahora la vida humana sobre la Tierra. El más grave es el cambio climático causado por los combustibles fósiles, cuyos principales consumidores son los países del Norte. En las dos últimas décadas, los desastres naturales han incrementado su número y su intensidad, sobre todo en los países del Sur: sequías, olas de calor, incendios, huracanes, inundaciones, etc. Todos ellos matan cada año a decenas de miles personas. El cambio climático es el principal riesgo existencial al que se enfrenta hoy la humanidad. Por eso, se están emprendiendo muchas demandas judiciales contra gobiernos y grandes corporaciones transnacionales. Según la London School of Economics, desde el Acuerdo de París de 2015 se han iniciado unas 230 demandas judiciales, entre ellas la que está pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional de España.

Guerras, desigualdades y cambio climático son las tres principales causas de la movilidad forzosa de la población: en junio de 2024 eran ya 120 millones las personas desplazadas y refugiadas por guerras y persecuciones; los migrantes internacionales sumaban 281 millones en 2020; los migrantes internos son muchos más y están acelerando el proceso de urbanización y de chabolización de la población mundial; y los desplazados internos por catástrofes naturales ascendieron en 2023 a 26,4 millones, seis más que los causados por las guerras.

Estas son las cuatro maneras de matar de forma masiva e impune a los seres humanos: guerras y dictaduras, desigualdades sociales, degradación de los ecosistemas y desplazamientos forzosos. En todas ellas, mujeres, niños y niñas son las víctimas más vulnerables y numerosas. Y los principales responsables políticos son (somos) la minoría privilegiada del Norte global.

Sin duda, la manera más brutal de matar impunemente es el genocidio en curso del pueblo palestino: desde el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí ha matado a 44.000 personas, herido a más de 105.000 y desplazado a 1,9 millones, el 90% de la población de Gaza. Todo ello con el consentimiento de las democracias occidentales y el apoyo militar de Estados Unidos y de Alemania. Como dice Pankaj Mishra, «Occidente no se entera de nada», pues no es consciente de su irreparable descrédito ante el resto del mundo. Fue Sudáfrica quien presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), que por fin ha ordenado la detención de Benjamín Netanyahu y de Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En cuanto a las muertes impunes causadas por la desigualdad, basta recordar el Informe sobre la desigualdad global 2022 publicado por el Laboratorio mundial de desigualdad, o los informes anuales de Oxfam Internacional, el último de ellos Desigualdad, S.A.: el 21% de la humanidad vive en el Norte, pero acumula el 69% de la riqueza privada y el 74% de la riqueza milmillonaria. En cambio, en el Sur mueren más de 20.000 personas cada día por no poder satisfacer sus necesidades vitales más básicas. Como dice Goran Therborn, «la desigualdad mata».

Sobre las muertes impunes causadas por el cambio climático, un informe reciente de la revista Lancet señala que sólo las olas de calor causaron en Europa unas 60.000 muertes prematuras en 2022; el país más afectado fue España, con 15.300 muertes. En cuanto a las lluvias torrenciales, basta recordar las inundaciones que el 29 de octubre arrasaron varias poblaciones del levante español y cuyo impacto (223 muertes y cuatro desaparecidos sólo en la provincia de Valencia) se vio agravado por el negacionismo y la incompetencia del gobierno valenciano. Era la «crónica de una catástrofe anunciada», pero nadie ha asumido todavía responsabilidades por esas muertes.

Finalmente, no podemos olvidar a las personas que migran. En Nosotros, refugiados (1943), Arendt formuló esta terrible verdad: «La sociedad ha descubierto en la discriminación la gran arma social con la que uno puede matar hombres sin derramamiento de sangre.» He recordado esa frase al leer el último informe de Ca-minando Fronteras. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2024, 10.457 personas (una media de 30 personas por día) han muerto o desaparecido en su intento de llegar a España. El Mediterráneo y el Atlántico son la frontera más mortífera entre el Norte y el Sur, la gran fosa común de las personas que buscan una vida mejor.

Como dice la ONG en su informe: «Estas personas huyen de conflictos bélicos, el impacto del cambio climático y diversas formas de violencia, como explotación laboral, matrimonios forzados y trata con fines de explotación sexual.» Buscan asilo y refugio en las democracias de Europa y se encuentran con las puertas cerradas. Peor aún, se las trata como a peligrosos criminales e incluso se les deniega el auxilio. Como consecuencia de ese maltrato, muchas de ellas perecen ahogadas en el mar. No se trata de meros «accidentes». Se trata de un genocidio cometido en diferido y sin derramamiento de sangre. Se trata de una masacre masiva que se repite año tras año y cuyos responsables directos son los gobiernos de la Unión Europea, que mantienen una política discriminatoria, racista e inhumana con las personas procedentes del Sur global.

Desde el año 2000, en las agua del Mediterráneo y el Atlántico han muerto ya más personas que en la Franja de Gaza. Y los responsables son los gobiernos de los países europeos, los partidos políticos que defienden el cierre de fronteras y la criminalización de las personas migrantes y refugiadas, y la ciudadanía que apoya a quienes matan sin derramamiento de sangre.

Ahora que estamos haciendo balance de 2024 y formulando buenos augurios para 2025, yo diré cuál es mi deseo: que los humanos no puedan seguir matando impunemente a sus semejantes, que se haga justicia a las víctimas de guerras, desigualdades y catástrofes climáticas, que aprendamos a convivir en paz y a compartir la morada terrestre con los demás seres vivientes.

Las lluvias torrenciales y las devastadoras inundaciones en la provincia de Valencia y en otras zonas del levante español, que han causado la muerte de más de doscientas personas y la destrucción de viviendas, comercios, vehículos, locales públicos, infraestructuras de abastecimiento y vías de comunicación, son la crónica de una catástrofe anunciada.

En primer lugar, porque los más reconocidos climatólogos y los grandes organismos internacionales (desde el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático hasta la Organización Meteorológica Mundial) vienen advirtiendo día tras día y año tras año, tanto a los responsables políticos como a toda la ciudadanía, sobre la gravísima emergencia climática a la que nos enfrentamos.

El pasado mes de agosto, catorce científicos especializados en el cambio climático publicaron en la revista BioScience un artículo colectivo titulado «Informe sobre el estado del clima 2024: Tiempos peligrosos en el planeta Tierra», para insistir en la necesidad de adoptar medidas urgentes y radicales. Los autores trabajan en universidades y centros de investigación de diversos países del mundo: Alemania, Australia, Brasil, China, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza.

El artículo comienza así: «Estamos al borde de un desastre climático irreversible. Se trata de una emergencia mundial fuera de toda duda. Gran parte del tejido de la vida en la Tierra está en peligro. Estamos entrando en una nueva fase crítica e impredecible de la crisis climática (…) Trágicamente, no estamos consiguiendo evitar graves impactos, y ahora sólo podemos esperar limitar el alcance de los daños. Estamos siendo testigos de la sombría realidad de las previsiones a medida que se intensifican los impactos climáticos, provocando escenas de desastres sin precedentes en todo el mundo y sufrimiento humano y no humano. Nos encontramos en medio de una alteración climática abrupta, una situación calamitosa nunca antes vista en los anales de la existencia humana.»

Los autores hacen un repaso de los acelerados cambios físicos y biológicos que se están dando en la atmósfera, los océanos, los polos, los glaciares y los ecosistemas. Además, enumeran las catástrofes que sólo en el último año han afectado a numerosas poblaciones humanas: olas de calor, sequías, incendios, vientos huracanados, lluvias torrenciales, inundaciones, etc. Y concluyen con estas palabras: «El aumento de las catástrofes climáticas anuales demuestra que estamos en una grave crisis y que lo peor está por venir si seguimos actuando como hasta ahora (business as usual). Hoy, más que nunca, nuestras acciones son importantes para la estabilidad del sistema climático que nos ha sustentado durante miles de años. El futuro de la humanidad depende de nuestra creatividad, sensibilidad moral y perseverancia. Debemos reducir urgentemente el sobrepasamiento (overshoot) ecológico y perseguir una mitigación inmediata y a gran escala del cambio climático y una adaptación para limitar los daños a corto plazo. Sólo actuando con decisión podremos salvaguardar el mundo natural, evitar un profundo sufrimiento humano y garantizar que las generaciones futuras hereden el mundo habitable que merecen. El futuro de la humanidad pende de un hilo.»

La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDDR son sus siglas en inglés) publica cada año un informe sobre los desastres naturales que ocurren en todo el mundo, Según sus datos, los fenómenos meteorológicos extremos son ya el 90,9% de los desastres ocurridos en el siglo XXI. Entre 2000 y 2019 se registraron 7.348 desastres importantes, que causaron 1,23 millones de muertes y afectaron a 4.200 millones de personas, a menudo en más de una ocasión. Estos datos son muy superiores a los que se registraron en las dos décadas anteriores (1980-1999), en las que hubo 4.212 desastres naturales, 1,19 millones de muertes y 3.250 millones de personas afectadas. Este aumento de los desastres, que casi se ha duplicado en las dos primeras décadas del siglo XXI, se debe al creciente impacto del cambio climático: de 3.656 desastres relacionados con el clima en 1980-1999 se ha pasado a 6.681 en 2000-2019. Los dos tipos de desastre más frecuentes fueron las inundaciones, que pasaron de 1.389 a 3.254, y las tormentas, que aumentaron de 1.457 a 2.034. Se han incrementado también, debido al calentamiento global, las sequías, los incendios forestales y las temperaturas extremas. Por último, han aumentado los desastres geofísicos, como terremotos y tsunamis, que han sido los más mortíferos.

En segundo lugar, estamos ante una catástrofe anunciada porque el calentamiento global está siendo mayor en Europa que en la media global, y mayor en España que en la media europea, y mayor aún en la costa mediterránea. Las comunidades del levante español venimos sufriendo en las últimas décadas, con una frecuencia y una intensidad crecientes, los impactos del cambio climático: olas de calor, sequías, incendios, lluvias torrenciales, inundaciones y subidas del nivel del mar. Esto es algo que sabemos bien todos los habitantes de la costa mediterránea, desde Girona hasta Cádiz.

Por eso, la ciudadanía española, y en particular quienes vivimos en el levante mediterráneo, deberíamos ser los primeros interesados en atender las advertencias de los climatólogos, meteorólogos, ecólogos, geógrafos, urbanistas, etc., sobre la urgente necesidad de planificar políticas públicas orientadas a mitigar el cambio climático antropogénico y a adaptar nuestros territorios, nuestras ciudades, nuestros cultivos, nuestras redes de comunicación, nuestras formas de vida, con el fin de mitigar en la medida de lo posible los impactos que van a seguir produciéndose.

Esos impactos serán más frecuentes, tendrán mayor intensidad y causarán mayores estragos si no nos tomamos en serio que hemos entrado ya, como dice Bruno Latour, en un «nuevo régimen climático» que está siendo causado por la quema masiva de combustibles fósiles, y que va a cambiar radicalmente la vida de la humanidad en el siglo XXI. Aquí es donde entra en juego el último factor que está agravando todavía más las catástrofes: el negacionismo climático.

Conviene recordar que las derechas neoliberales y las ultraderechas neofascistas, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de España y en otros muchos países de Europa y de América, no sólo comparten gobiernos y agendas políticas sino que además coinciden en negar o minimizar la gravedad del cambio climático. Por eso, no es extraño que el presidente valenciano suprimiera la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) nada más llegar al gobierno, ni que ignorara las previsiones meteorológicas de la AEMET, ni que se resistiera a pedir la ayuda del gobierno central, ni que demostrara una completa incapacidad para gestionar la catástrofe. Tampoco es extraño que el líder del PP nacional se apresurara a culpar a la AEMET, siguiendo la vieja costumbre de los tiranos griegos: matar al mensajero para negar la realidad de los hechos. Y menos aún sorprende que los negacionistas de VOX culpen a la Unión Europea, al gobierno de Pedro Sánchez, a los ecologistas, en fin, a todos los que reconocen la emergencia climática.

Lo que sí sorprende es que la ciudadanía ponga el destino de sus vidas y de sus bienes en manos de unas personas y de unos partidos políticos que niegan los grandes retos ecológicos y sociales a los que nos enfrentamos, que atacan a los científicos y degradan los servicios públicos, que demuestran una notable incompetencia técnica, que no asumen sus responsabilidades y tratan de achacárselas a toda clase de chivos expiatorios, en fin, que son incapaces de llegar a grandes consensos políticos y sociales para emprender una transición ecológica justa, cada vez más ineludible.

No hay nada más ridículo ni más peligroso que la exaltación de la libertad soberana del yo. Sin embargo, ese es el fundamento ideológico último del sistema social en que vivimos, el llamado capitalismo «liberal» y, más recientemente, «neoliberal».

Por supuesto, se trata de una ficción históricamente construida. Aunque tiene su origen en las sociedades estamentales y patriarcales de la Antigüedad greco-latina y de la Edad Media judeo-cristiana, comenzó a ser desarrollada en los primeros siglos de la época moderna, coincidiendo con el nacimiento del capitalismo euro-atlántico, y acabó siendo enaltecida al máximo en la época romántica. Son muchos los estudios críticos que se han realizado sobre la génesis de la subjetividad moderna y sobre el mito de la libertad soberana. Basta pensar en los trabajos históricos y antropológicos de Louis Dumont, Michel Foucault, Charles Taylor, Almudena Hernando, Andrea Wulf, etc.

La fantasía masculina y señorial del sujeto libre y soberano es una invención reciente, pero ha logrado imponerse en todo el mundo como la realidad más real. La paradoja es que la inmensa mayoría de quienes comulgan con ella son simples esclavos obligados a girar día tras día en la rueda imparable de la producción y del consumo sin límites.

Sólo unos pocos tiranos multimillonarios pueden permitirse hoy el lujo de contemplar desde lo alto de su inmenso poder el movimiento cada vez más frenético de la rueda en la que giran como autómatas «libres» miles de millones de seres humanos. Esto es lo que Lewis Mumford llamó la «megamáquina» del poder tecnopolítico. Ante la creciente amenaza de un colapso ecológico global, Douglas Rushkoff nos ha contado las delirantes «fantasías escapistas de los milmillonarios tecnológicos» que pretenden salvar su propio pellejo y el de su familia aunque perezca la mayor parte de la humanidad.

En cuanto a los siervos que se creen «libres», no puedo dejar de recordar el Discurso de la servidumbre voluntaria, escrito por Étienne de La Boétie a mediados del siglo XVI, justamente en los inicios del capitalismo moderno y de los imperios coloniales europeos. En 1984, hace ahora cuarenta años, publiqué un artículo titulado «Moro, Maquiavelo, La Boétie. Una lectura comparada», en el que analizaba de manera crítica los tres textos inaugurales del pensamiento político moderno: la Utopía de Tomás Moro, El príncipe de Nicolás Maquiavelo y el Discurso de la servidumbre voluntaria de La Boétie.

La cuestión que hemos de plantearnos hoy es ésta: ¿por qué lo llaman «libertad» cuando quieren decir «privilegio»? En efecto, cuando la libertad de unos pocos se conquista y se sustenta sobre la servidumbre de la inmensa mayoría, no debemos llamarla libertad sino tiranía, dominación y privilegio. Tanto la palabra latina libertas como la griega eleuthería proceden de la raíz indoeuropea leudh, que significa «crecer», subir, elevarse, como hacen las plantas. En muchas lenguas, esta raíz dio origen a términos como leudho- y leudhi-, que significan «gente», etnia, pueblo o comunidad política; y también dio origen al término leudhero, que nombra la condición libre de las personas pertenecientes a dicha etnia o pueblo. Por eso, tanto eleuthería como libertas aluden al estatuto superior o «elevado» de los miembros de una comunidad soberana, por oposición al estatuto inferior o «rebajado» de las personas y comunidades subalternas.

En su obra Leyes, Platón establece una distinción entre el hombre libre (eleutheros) y el esclavo (doulos) o el no libre (aneleutheros). Porque la eleuthería griega, como la libertas romana, era la condición política de los señores, es decir, los varones adultos que gozaban de plenos derechos cívicos y no estaban sometidos al dominio de nadie, por oposición a las mujeres, los niños, los esclavos, los súbditos de una tiranía o los pueblos sometidos. Por eso, ambos términos se utilizaban para nombrar a los pueblos soberanos y a los ciudadanos de pleno derecho que formaban parte de ellos.

El origen histórico de la palabra «libertad» remite, pues, a la condición de quienes gozan de un estatuto privilegiado por pertenecer a una comunidad o a un estamento social que ejerce un dominio coactivo sobre un territorio y sobre los humanos, los demás animales y las plantas que lo pueblan. Lo propio del hombre «libre» no es una situación de autarquía o autonomía de un yo soberano, como suelen creer los que se autodenominan «liberales», sino más bien una situación de jerarquía o privilegio en la que los amos, dueños y señores son sustentados por el trabajo de otras personas no libres: mujeres, siervos, esclavos, inmigrantes «sin papeles», empleados asalariados, etc.

Por eso, no es extraño que la libertad soberana del yo, enarbolada por los liberales como un dogma sagrado, esté inseparablemente ligada al dogma no menos sagrado del dominio soberano de los estados del Norte global, no sólo sobre su propia población y su propio territorio sino también sobre las poblaciones y territorios del Sur, sometidos desde hace siglos a un régimen de dominación, dependencia, esclavitud y expolio. Hay una relación histórica muy estrecha entre el liberalismo y el esclavismo modernos, como puso de manifiesto Domenico Losurdo en su Contrahistoria del liberalismo.

Esta doble cara del mito de la «soberanía» -la libertad soberana del sujeto y el dominio soberano del Estado, que se remiten entre sí en todos los teóricos del contrato social- ha dominado la historia del pensamiento y de las instituciones políticas del Occidente euro-atlántico. Hoy, en la época del Antropoceno, ante la creciente interdependencia entre todos los pueblos del Norte y del Sur globales, y ante la creciente ecodependencia entre los seres humanos y la biosfera terrestre, hemos de problematizar el concepto ético y político de la libertad soberana. Esto es lo que vienen haciendo en las últimas décadas las teóricas y activistas del feminismo, el ecologismo y el decolonialismo.

Mencionaré sólo un ejemplo: el reciente libro de Pierre Charbonnier, Abundancia y libertad, de próxima aparición en La Oveja Roja. Este filósofo francés nos propone una reconsideración histórica y crítica del concepto moderno de libertad y de todas las categorías políticas, jurídicas y económicas vinculadas con él (soberanía, democracia, abundancia, bienestar, justicia, revolución, etc.), una vez que el mito capitalista del «crecimiento ilimitado» ha chocado con los límites biofísicos del planeta Tierra.

No es ninguna casualidad que la gran ola reaccionaria de la derecha y la ultraderecha esté avanzando en todo el mundo enarbolando la bandera de la «libertad» soberana, precisamente para negar tanto la interdependencia como la ecodependencia, tanto la exigencia de una justicia social global como la urgencia de la transición ecológica, que son precisamente las únicas que pueden garantizar la existencia de una humanidad libre, pacífica y solidaria en una Tierra habitable para todos los seres vivientes.

El director de cine Win Wenders nació en 1945, así que el año próximo cumplirá ochenta años. Yo era un joven estudiante cuando vi en Madrid uno de sus primeros largometrajes: Alicia en las ciudades (1974). Estaba rodada en blanco y negro, en sonido mono y en 16 mm, como si fuese una película de aficionado. Me sorprendió por su formato y por la historia que contaba. Desde entonces, me convertí en un adicto a su filmografía.

No he visto toda su obra, porque ha realizado una gran cantidad de cortos, películas de ficción y documentales, además de exposiciones de fotografía y ensayos sobre cine. En 1977 estrenó El amigo americano, basada en la novela de Patricia Highsmith El juego de Ripley. La rodó en color, en estéreo y en 35 mm. Además, la banda sonora era de Ennio Morricone y contaba con actores como Bruno Ganz y Dennis Hopper. Todo ello hizo que recibiera varios premios y lanzara a Wenders como un director reconocido. En los años ochenta realizó dos grandes películas: París, Texas (1984) y Cielo sobre Berlín (1987).

Entre sus documentales, destacaré cinco muy diferentes: Relámpago sobre el agua (1980), sobre los últimos días de Nicholas Ray; Tokio-Ga (1985), sobre el gran director de cine japonés Yasujirō Ozu; Buena Vista Social Club (1999), sobre un grupo de excelentes músicos cubanos de avanzada edad que casi habían sido olvidados; Pina (2011), un bellísimo testimonio sobre la coreógrafa Pina Bausch; y La sal de la tierra (2014), realizado junto con Juliano Ribeiro Salgado y dedicado al padre de éste, el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado; y El Papa Francisco: un hombre de palabra (2018), dedicado al primer papa jesuita y no europeo de la historia de la iglesia católica.

Este breve recorrido por la obra de Wenders es sólo un preámbulo para referirme a su última película: Perfect Days (2023). Rodada en Tokio, la ciudad más poblada del mundo (40 millones de habitantes), y protagonizada por el gran actor Kōji Yakusho, narra la vida cotidiana de Hirayama, un hombre maduro que trabaja limpiando los aseos públicos de la ciudad. Aunque el director de la película es alemán, su estilo narrativo es el de Yasujirō Ozu. Es muy significativo que haya sido seleccionada para representar a Japón en la categoría Mejor Película Internacional de los Premios Óscar 2024.

Hirayama vive solo, realiza de manera escrupulosa su trabajo y cultiva unas cuantas aficiones que los demás consideran anticuadas y excéntricas: lee libros usados, oye casetes de música de los años sesenta y setenta del siglo pasado, hace fotos a los árboles del parque con una cámara analógica, da paseos en bicicleta y frecuenta un par de pequeños bares de los que es cliente habitual. Es una forma de vida muy sencilla que ha elegido deliberadamente y con la que se siente satisfecho. Por eso, la repite de forma metódica y es como una burbuja que lo protege del caos de la gran ciudad.

Aparecen también varios personajes secundarios con los que Hirayama se encuentra en su rutina diaria, o que se le presentan de forma inesperada. Con todos ellos trata de ser amable y generoso, sea su joven compañero de trabajo, su sobrina adolescente, la persona anónima que juega con él a las tres en raya o el hombre que le confiesa su enfermedad terminal. Hirayama parece haber encontrado en su madurez un equilibrio estoico y apacible entre la soledad y la sociabilidad. Cada día, para él, es «un día perfecto». Perfect Day, en singular, es una canción compuesta por Lou Reed en 1972. La película concluye con esa canción y un largo primer plano del rostro de Hirayama.

Desde que la vi el 20 de enero, tras la manifestación de apoyo al pueblo palestino masacrado por Israel, no he podido dejar de reflexionar sobre la cuestión crucial que nos plantea: la relación entre la soledad y la sociabilidad, entre la forma de vida que cada uno de nosotros elige o podría elegir y la que se nos impone desde fuera por las muchas constricciones políticas, económicas, tecnológicas y culturales de la sociedad a la que pertenecemos hoy los más de 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra.

Los humanos somos animales sociales, tal vez los más intensamente sociales de todos los primates, porque nacemos prematuramente, con una vulnerabilidad física extrema, y necesitamos que nuestras madres, padres y demás adultos nos proporcionen toda clase de cuidados (alimento, cobijo, protección y afecto) y nos transmitan los hábitos, conocimientos y normas que nos permitirán llegar a ser también adultos.

Pero, al mismo tiempo, somos los animales con una experiencia más profunda de la soledad. Desde la infancia aprendemos con temor y temblor que nuestra identidad es única, que nadie puede vivir o morir por nosotros, que hemos de asumir ineludiblemente la responsabilidad de nuestro propio destino. Hay quienes eligen, incluso, practicar una vida solitaria y ascética, como los eremitas hindúes, budistas y cristianos, o como los amantes de la naturaleza salvaje al estilo de Henry David Thoreau, autor de Walden.

Sin llegar a esos extremos, la mayoría de nosotros procuramos alejarnos de nuestros semejantes de manera más o menos periódica para cultivar los placeres de la soledad, sea en la intimidad de nuestra casa, en el anonimato de una gran ciudad o en parajes naturales más o menos despoblados. De vez en cuando, uno necesita abandonar las obligaciones de la vida social, borrar su nombre, hacerse invisible, no tener que dar cuentas de sus actos a nadie, volar libre como un pájaro y anidar en cualquier parte.

Tal vez uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es que estamos perdiendo la capacidad para estar a solas y en silencio, para suspender nuestros frenéticos quehaceres y nuestra ajetreada vida social, para tomar distancia con respecto al mundo y sus urgencias, para detenernos tranquilamente y hacernos compañía a nosotros mismos. Nos cuesta mucho vivir en el aquí y el ahora, mirar y escuchar con atención todo cuanto nos rodea, los objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana, las plantas y los animales que viven a nuestro alrededor, las personas con las que nos cruzamos a diario.

Para luchar contra la barbarie que está haciendo cada vez más injusta e inhabitable la Tierra, tal vez no baste con salir a la calle y participar en toda clase de movilizaciones sociales. Tal vez tengamos que dejar también tiempo y espacio a la soledad, al silencio, a la escucha, al recuerdo, a la reflexión, a la imaginación, a la vida interior. Tal vez tengamos que encontrar un cierto equilibrio entre nuestra sociabilidad y nuestra soledad. Tal vez así logremos construir una humanidad más amable y más civilizada. Y mientras tanto, de manera inesperada y milagrosa, tal vez gocemos de un día perfecto.

En 2024, unos 4.000 millones de personas (casi la mitad de la población mundial) participarán en 87 procesos electorales para renovar los gobiernos de 79 países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, India, Irán, México, Sudáfrica y la Unión Europea.

En España, habrá elecciones en Galicia, País Vasco y tal vez Cataluña. Además, el nuevo gobierno de coalición PSOE-Sumar está comprobando la dificultad de mantener el apoyo de los partidos que le dieron la investidura, sobre todo Junts y Podemos, lo que abre la posibilidad de que pueda acortarse la presente legislatura. En estas circunstancias, merece la pena reflexionar sobre el avance de los partidos y gobiernos de ultraderecha y sobre el consiguiente retroceso de las democracias en todo el mundo.

En la década de los 90, tras el fin de la Guerra Fría, la democracia se convirtió en el régimen político adoptado por la mayoría de países del mundo. Incluso China comenzó a presentarse como una democracia «a la china». Como dijo Amartya Sen, la democracia se había convertido en un «valor universal». Pero, en las dos últimas décadas, ha tenido lugar un cambio de rumbo. La primera inflexión se produjo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la «guerra global contra el terrorismo» emprendida por Estados Unidos, lo que dio lugar a la invasión de Afganistán e Irak, y a una progresiva «securitización» de las relaciones internacionales. La segunda inflexión fue la crisis económica de 2008, que condujo a durísimas políticas de «austeridad» y a un incremento de la desigualdad, la precariedad y la pobreza, lo que a su vez causó el descrédito de los regímenes democráticos y el auge de los partidos y gobiernos de ultraderecha.

Lo más alarmante es que la agenda de la ultraderecha neofascista ha sido adoptada también por las derechas neoliberales: bajada de impuestos, privatización de servicios públicos, precarización del empleo, rechazo a los migrantes, reacción antifeminista, negacionismo climático, expolio de los ecosistemas, deshumanización de los adversarios políticos, etc. Basta recordar el Brexit y la proliferación de autócratas como Trump, Bolsonaro, Orbán, Meloni, Putin, Xi Jinping, Modi, Milei, Netanyahu, etc.

Se han realizado ya muchos estudios sobre este nuevo fenómeno. En 2017 se publicó El gran retroceso, en el que diecisiete intelectuales alertaban sobre la involución de la democracia y de todos los ideales civilizatorios de la modernidad. El Instituto Variedades de Democracia (V-Dem Institute), de la Universidad de Gothenburg (Suecia), publica cada año un informe sobre la situación de los regímenes políticos de todo el mundo. Para ello, tiene en cuenta numerosos indicadores de calidad democrática y clasifica a los países en cuatro categorías: «autocracia cerrada», «autocracia electoral», «democracia electoral» y «democracia liberal». Según el informe de 2023, los avances democráticos que se dieron tras el final de la Guerra Fría «se han esfumado». El 72% de la población mundial vive bajo regímenes «autocráticos», lo que nos devuelve cuarenta años atrás. Hoy hay más gente gobernada por «autocracias cerradas» (28%) que por «democracias liberales» (13%). Las «democracias liberales» han descendido de 44 en 2009 a 32 en 2022. Por el contrario, las «autocracias cerradas» han aumentado de 22 en 2012 a 33 en 2022. Además, ese año había 42 países en proceso de «autocratización», entre ellos Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Hungría, Polonia, Grecia, El Salvador, Ghana, etc.

Los países más democráticos son Dinamarca, Suecia y Noruega. España estaba en el puesto decimosexto. Pero, tras las elecciones del 28M, se han formado gobiernos de (ultra)derecha en seis comunidades (Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Región de Murcia), cuyas primeras medidas suponen un claro retroceso democrático. En las elecciones del 23J, la alianza entre el PP y Vox estuvo a punto de conseguir el gobierno del Estado, aunque finalmente se formó un gobierno de coalición de izquierdas PSOE-Sumar con apoyos muy diversos y muy frágiles.

El V-Dem Institute alerta sobre «la actual ola de autocratizacion en el mundo» y sobre el inicio de una nueva Guerra Fría en la que las «autocracias cerradas» y las «democracias liberales» compiten en el terreno económico y geopolítico para controlar los territorios y recursos del planeta. El ciclo de avances y retrocesos de la democracia no afecta sólo a la organización de cada país sino también al orden internacional.

Tras el fin de la Guerra Fría, parecía que por fin la ONU iba a ejercer el liderazgo en la pacificación de las relaciones internacionales y en la organización de conferencias y tratados para afrontar de manera colaborativa los grandes retos globales. En cambio, hoy asistimos a una nueva confrontación geopolítica entre el bloque euro-atlántico liderado por Estados Unidos y el grupo BRICS liderado por China. Eso explica que estallen nuevas guerras como la de Rusia-Ucrania y se reactiven otras como la de Israel-Palestina. Y lo peor es que todo esto coincide con la aceleración del cambio climático y la urgente necesidad de planificar la descarbonización y el decrecimiento de la economía. Sin una pacificación y una democratización de las relaciones internacionales, las probabilidades de un colapso civilizatorio se incrementan exponencialmente.

Como dijo Karl Mannheim en Ideología y utopía (1929), la «ideología» y la «utopía» son dos formas de trascender una determinada realidad social, pero la primera la trasciende para idealizarla y perpetuarla como algo inmejorable, mientras que la segunda lo hace para cuestionarla y mejorarla. La «ideología» tiende a fijar lo que está dado como si fuese inamovible, mientras que la «utopía» tiende a transformarlo para crear algo nuevo.

En realidad, esta tensión es inherente a todo discurso normativo que pretenda regular la convivencia humana. Las leyes tienen un estatuto paradójico, pues dicen a un tiempo lo que «es» y lo que «debe ser». Léase el artículo 14 de nuestra Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.» Este enunciado dice lo que los españoles «son», como si su igualdad ante la ley fuera un hecho ya dado, ya consumado de manera completa y definitiva, una realidad constatable e inmodificable que debe ser protegida contra todo intento de vulneración o transformación. Este es el lado «ideológico» de la ley, su pretensión de legitimar como justo e inalterable lo que ya hay. Pero, al mismo tiempo, la ley prescribe la igualdad entre todos los españoles no como un hecho ya dado sino como un derecho que puede ser reclamado, como lo que «debe ser» la realidad, es decir, promete ese «deber» como un imperativo práctico, como un horizonte regulativo al que tiene que ir acercándose y ajustándose el «es», acortando así la distancia entre ambos. Este es el lado «utópico» de la ley, su poder para transformar y mejorar la realidad social.

Esta paradoja de la ley se da también en ese conjunto de leyes e instituciones al que llamamos democracia. Por un lado, la democracia ha sido utilizada siempre, y sigue siendo utilizada hoy en los discursos de la derecha neoliberal y la ultraderecha neofascista, con fines claramente ideológicos, como si se tratase de un ideal político ya realizado, ya consumado, y por tanto incuestionable e inalterable. Toda propuesta de mejora es descalificada como extremista, comunista, totalitaria, etc. Sin duda, tenemos que cuestionar este uso ideológico de la democracia, esta autocomplacencia con la que los países más poderosos del Occidente euro-atlántico apelan a ella para justificar toda clase de guerras, explotaciones, dominaciones, ecocidios y genocidios, como el que está cometiendo el «democrático» gobierno de Israel con el pueblo palestino.

Sin embargo, no podemos renunciar a la idea de democracia. Si denunciamos sus usos ideológicos no es para desecharla sino para recuperarla, para impedir que se la apropien los poderosos, porque su propósito no es otro que corromperla y destruirla. Por eso, no podemos dejar de reivindicarla como el horizonte «utópico» de nuestra acción ético-política. De hecho, los nuevos movimientos emancipatorios (pacifismo, feminismo, ecologismo, decolonialismo, colectivos LGTBI+, etc.) no pretenden sino renovar y universalizar las promesas de «libertad, igualdad y fraternidad». Como han señalado Vandana Shiva, Bruno Latour, Luigi Ferrajoli, Nancy Fraser y muchos otros, en el siglo XXI hemos de construir una «democracia de la Tierra» que acoja a todos los seres humanos y a los demás seres vivientes.

Nuestra nuestra tarea es doble: combatir los usos ideológicos, reaccionarios y destructivos de la democracia, y al mismo tiempo promover sus usos utópicos, revolucionarios y creativos. Parafraseando la vieja fórmula monárquica: «La democracia ha muerto. ¡Viva la democracia!».

* Antonio Campillo es filósofo, sociólogo y escritor. Fue candidato de Sumar al Senado por Murcia en las últimas elecciones generales.

El miércoles 10 de enero se votó en el Congreso de los Diputados un paquete de tres decretos presentados por el Gobierno de coalición PSOE-Sumar para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores españoles, y también para que España pueda recibir de la Unión Europea un nuevo desembolso de 10.000 millones de euros. Dos de los decretos fueron aprobados gracias a que Junts se ausentó de la votación. En cambio, el tercer decreto, que estaba destinado a mejorar el subsidio de desempleo y que había sido duramente negociado por la Ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, con la Ministra de Economía y miembro del PSOE, Nadia Calviño, hasta que logró el apoyo de Pedro Sánchez y del conjunto del gobierno de coalición, no pudo ser aprobado por el voto en contra de los cinco diputados tránsfugas de Sumar y militantes de Podemos, que unieron sus votos a los de Vox, PP y UPN.

Conviene recordar cuáles son las medidas que Podemos, Vox, PP y UPN han rechazado: el aumento del subsidio (de 480 a 570 euros al mes) para unas 800.000 personas, la eliminación del mes de espera para poder cobrar el subsidio, la posibilidad de compatibilizar un empleo y una parte del subsidio, la protección de nuevos colectivos sociales (menores de 45 años sin cargas familiares y eventuales agrarios), la derivación de otros colectivos al ingreso mínimo vital, la universalización del derecho a acumular el permiso de lactancia en jornadas completas (como exige la Directiva europea de conciliación) y la prioridad de los convenios autonómicos sobre los estatales cuando resulten más beneficiosos para los trabajadores. 

A la vista de este importante listado de mejoras sociales, laborales y de conciliación, el argumento de Podemos para justificar su rechazo (que se “recorta” el subsidio a los mayores de 52 años) no sólo es demasiado débil sino que además es falso, pues no tiene en cuenta que el salario mínimo interprofesional (SMI), que sirve de base para calcular el subsidio, se ha doblado desde 2018 gracias a la magnífica gestión de Yolanda Díaz como Ministra de Trabajo. Y este es el verdadero quid de la cuestión, el que explica la irresponsable actuación de Podemos, porque su objetivo real es atacar a Yolanda Diaz por tierra, mar y aire, ningunear ante la ciudadanía (como viene haciendo la derecha) los avances sociales y laborales que ha conseguido desde que es Ministra de Trabajo; y de ese modo, debilitar el proyecto Sumar y a todo el gobierno de coalición, aunque con ello perjudique a la clase trabajadora y facilite el camino a un gobierno de PP-Vox.

Ese obsesivo rencor contra Yolanda Díaz y contra Sumar tiene como reverso la nostalgia melancólica de la gloria perdida, que Podemos fantasea con recuperar gracias a las elecciones europeas de junio de 2024. Por eso, el gurú Pablo Iglesias y su cada vez más reducido círculo de feligreses se obstina en repetir que la verdadera izquierda, la auténtica, la pura, la revolucionaria, no es la blandita y “femenina” Sumar sino la dura y “viril” Podemos. Ese es el sesudo “relato” con el que justifican todos y cada uno de los pasos que han ido dando desde que Yolanda Díaz lanzó el proyecto de Sumar para congregar a toda la izquierda política y social, tan disgregada y debilitada debido precisamente a la deriva cada vez más sectaria de los dirigentes de Podemos.

Pero se olvidan de un pequeño detalle: el electorado. Un partido político democrático no tiene otra finalidad ni otra legitimidad que la representación que le otorgan de manera periódica los y las votantes. Esa representación conlleva, como contrapartida, un cumplimiento de las promesas hechas al electorado y una rendición de cuentas por la gestión realizada. Pues bien, Podemos ha ido sufriendo una progresiva pérdida de votos en cada nueva convocatoria electoral.

En las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, tras su inasistencia al acto de Magariños en el que Yolanda Díaz presentó su candidatura a la presidencia del gobierno, y sobre todo tras su negativa a formar candidaturas unitarias con las demás formaciones de la izquierda alternativa, Podemos sufrió un tremendo castigo electoral. Desapareció de numerosos gobiernos municipales y autonómicos. Tuvo que cerrar nueve de sus sedes y despedir a la mitad de sus empleados. Pero lo peor de todo es que su batacazo electoral facilitó la llegada al poder de la alianza PP-Vox en muchas ciudades y comunidades autónomas. Sin embargo, ningún miembro del grupo dirigente de Podemos asumió públicamente la responsabilidad por el fracaso de su estrategia política, ninguno tuvo la honestidad de rendir cuentas, ninguno hizo la menor autocrítica, ninguno tuvo el valor de presentar la dimisión de sus puestos orgánicos, aunque sí lo hicieron algunos cargos territoriales.

Esto me parece muy importante: si un partido político menosprecia el veredicto del electorado, si se niega a rendir cuentas ante aquellos a los que pretende representar, deja de ser un partido y se convierte más bien en una secta de iluminados en torno a un gurú. Y ese es exactamente el camino que está siguiendo Podemos. Tras el batacazo electoral del 28M, en lugar de asumir su responsabilidad se lanzaron a un redoblado ataque contra Yolanda Díaz por “vetar” a la ex ministra Irene Montero en las candidaturas de la coalición electoral de Sumar para las elecciones generales del 23 de julio. Fue una estupenda cortina de humo para ocultar sus propias vergüenzas y al mismo tiempo erosionar el proyecto Sumar, y todo ello a pesar de los éxitos cosechados por la alianza PP-Vox y la altísima probabilidad de que esa alianza pudiera conseguir el gobierno del país.

Llegamos así a otro punto de inflexión decisivo en la deriva autodestructiva de Podemos. Sus dirigentes sabían que ya no contaban con el apoyo del electorado, que ya no eran los referentes de la izquierda alternativa, pese a su sesudo “relato”, y que si se presentaban en solitario a las elecciones generales del 23 de julio podían convertirse en un partido extraparlamentario, siguiendo el mismo destino que UPyD y Ciudadanos. Así que, haciendo gala de un cinismo carente de la más mínima ética política, suscriben el acuerdo electoral con Sumar, fingen asumir el liderazgo político de Yolanda Díaz y durante al campaña se dedican a engañar descaradamente a las demás organizaciones de la coalición, a los compañeros y compañeras de candidatura, a las numerosas personas que trabajaron como voluntarias y, sobre todo, al electorado que se ilusionó con el proyecto Sumar y le dio su voto.

Fui candidato independiente de Sumar al Senado por la circunscripción de Murcia, en la que Javier Sánchez Serna, coordinador autonómico de Podemos y miembro de su Consejo Ciudadano Estatal, encabezó la lista al Congreso. Gracias a las muchas personas que nos movilizamos en la Región, obtuvimos 70.900 votos (9,52%), más del doble de los 32.173 (4,70%) obtenidos por Podemos-IU-Verdes-AV en las autonómicas del 28M. Gracias a esa importante movilización, Javier Sánchez Serna obtuvo su acta de diputado de Sumar. Sin embargo, una vez constituido el gobierno de coalición, Javier y las otras cuatro diputadas de su partido abandonan el grupo parlamentario de Sumar, se convierten en tránsfugas y reanudan sus ataques contra Sumar, la coalición electoral a la que deben su cargo y su sueldo. Si de verdad fueran personas tan coherentes como dicen ser, reconocerían el engaño que han cometido contra el electorado y renunciarían a su acta de diputados. Pero el “relato”, una vez más, lo justifica todo.

Lo que ha sucedido después era bastante previsible. Primero, la negativa a presentar una candidatura unitaria con Sumar en Galicia; ahora, el rechazo al decreto que mejora el subsidio de desempleo… ¿Qué será lo siguiente? A Podemos no le importa poner en riesgo el gobierno PSOE-Sumar, pues su objetivo último consiste precisamente en debilitarlo, hacerlo fracasar y forzar unas nuevas elecciones, con la fantasiosa esperanza de que entonces el electorado despertará, negará su apoyo a Sumar y se lo concederá de nuevo a Podemos, aunque sea bajo un gobierno PP-Vox. Obviamente, se trata de una quimera, pero los dirigentes de Podemos se creen tan listos que no han aprendido nada. Podemos nació con la promesa de “asaltar los cielos” y ahora toda su estrategia se reduce a combatir obsesivamente contra Sumar. Aunque eso les lleve a su propio y definitivo hundimiento, como en la fábula de la rana y el alacrán.

El colapso ecológico del Mar Menor 

El Mar Menor es la laguna salada permanente más grande de Europa y está situada en la Región de Murcia. La separa del Mediterráneo una estrecha franja de arena llamada La Manga. En su interior hay cinco islas de origen volcánico y al norte de La Manga se extienden las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. 

La laguna y sus humedales periféricos cuentan con numerosas figuras de protección. La ONU los catalogó como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo y como humedal número 706 en el Convenio RAMSAR. En ellos habitan las más diversas formas de vida, incluidas las poblaciones humanas ribereñas.

Sin embargo, la protección efectiva del Mar Menor ha brillado por su ausencia. En 1987, el gobierno regional del PSOE aprobó una ley para la protección integral de la laguna, pero no llegó a desarrollarse. Desde 1995, la región ha sido gobernada por el PP y hoy PP, Cs y Vox suman más del 60% del voto y sostienen a un gobierno de coalición PP-Cs.

En 2001 el PP murciano anuló la ley de 1987 y ese mismo año aprobó una ley regional del suelo que dio barra libre a la especulación inmobiliaria. Paralelamente, alentó la proliferación de pozos, regadíos y vertidos ilegales, bajo el lema “Agua para todos”, con la connivencia de la Confederación Hidrográfica del Segura, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y la patronal murciana CROEM. 

Esta estrategia dio origen a lo que el Foro Ciudadano de la Región de Murcia denunció en 2005 como el “nacionalismo hidráulico”: sus efectos ecológicos y sociales fueron muy negativos, pero tuvo un gran éxito político, pues permitió al PP murciano instaurar durante más de dos décadas un régimen de partido cuasi-único en la Región de Murcia. 

Entre los muchos atropellos que han conducido al colapso ecológico del Mar Menor, destacan los vertidos de nitratos de la agroindustria del Campo de Cartagena, que han provocado la eutrofización progresiva de la laguna, la formación de una turbia “sopa verde” y la pérdida de su rica biodiversidad terrestre, acuática y aérea.

Las respuestas sociales, judiciales y políticas 

El 12 de octubre de 2019, un mes después de las lluvias torrenciales que cayeron en el sureste español, el Mar Menor apareció cubierto por un manto de peces, anguilas y crustáceos muertos. Las imágenes se difundieron rápidamente por todo el mundo y con ellas la indignación de la ciudadanía. El 30 de octubre, unas 55.000 personas nos manifestamos por las calles de Cartagena bajo el lema “SOS Mar Menor”. 

La manifestación fue convocada por el Pacto por el Mar Menor, una amplia plataforma social que agrupa a muy diversos colectivos de la región: vecinos, pescadores, ecologistas, sindicalistas, científicos, etc. Paralelamente, la Fiscalía de Medio Ambiente de la región abrió el proceso judicial conocido como “caso Topillo”, en el que están imputados cargos políticos, funcionarios públicos y empresarios de la agroindustria. 

El 19 de febrero de 2020, representantes del Pacto por el Mar Menor y de las organizaciones ANSE y Ecologistas en Acción presentaron una denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que decidió solicitar informes tanto a la Comisión Europea como a las administraciones murciana y española, y proponer al Comité de Medio Ambiente el envío de una misión al Mar Menor.  

La situación es tan grave que la Asamblea Regional de Murcia aprobó el 22 de julio de 2020, con los votos de PP, Cs y PSOE, una nueva ley de protección del Mar Menor. A pesar de las quejas de Proexport y la Fundación Ingenio, que agrupan a la patronal agraria del Campo de Cartagena, el Pacto por el Menor considera que la ley está diseñada no tanto para acabar con los vertidos sino para “blanquear” a la agroindustria. 

Por su parte, el grupo parlamentario de Unidas Podemos presentó el 23 de julio en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que reclama “una moratoria indefinida sin excepciones al uso de fertilizantes en la franja de 1.500 metros alrededor del Mar Menor” y propone la declaración de la laguna como Parque Regional. 

Pero sin duda la propuesta más novedosa y de más largo alcance es la que hemos promovido un grupo de personas y colectivos vinculados al Pacto por el Mar Menor. El 23 de julio, el pleno del ayuntamiento de Los Alcázares aprobó una Iniciativa Legislativa Popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. 

Es la primera iniciativa de este tipo en toda Europa, aunque hay varios precedentes en países de otros continentes: Colombia, que reconoció como sujeto de derechos al río Atrato y a la Amazonía colombiana; Nueva Zelanda, que dio personalidad jurídica al río Whanganui; y Estados Unidos, en donde el ayuntamiento de Toledo (Ohio) reconoció derechos al lago Erie, limítrofe con Canadá, aunque un juez anuló la decisión. 

Todos estos casos han sido iniciativas promovidas por movimientos populares que vienen luchando desde hace muchos años, que defienden formas de relación con la naturaleza practicadas tradicionalmente por las comunidades indígenas de sus respectivos países, y que suponen un cambio de paradigma en la tradición jurídica del Occidente moderno. 

La ILP aprobada por el ayuntamiento de Los Alcázares fue presentada el 29 de julio en la Asamblea Regional de Murcia por el alcalde Mario Cervera, y en el Congreso de los Diputados por la jurista Teresa Vicente y otras personas del grupo promotor. Por cierto, Teresa Ribera, vicepresidenta del gobierno y ministra de Transición Ecológica, acompañó y dio su apoyo público al grupo murciano que presentó la ILP en el Congreso. 

El alcalde de Los Alcázares contó con el asesoramiento de un grupo de trabajo compuesto por la jurista Teresa Vicente (redactora de la propuesta), la bióloga Francisca Baraza (que fue jefa de la Demarcación de Costas de la región y ahora preside la Mancomunidad de Canales del Taibilla) y yo mismo, como representante de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza. 

Esta Cátedra fue aprobada por la Universidad de Murcia el 24 de julio, un día después de aprobarse la ILP en Los Alcázares, y es también la primera que se crea en Europa. Es el resultado de un convenio de colaboración entre la UMU, la Asamblea Regional de Murcia, Amnistía Internacional España y Ecologistas en Acción de la Región Murciana. 

El Mar Menor como sujeto de derechos 

La ILP y la Cátedra van en la misma dirección: en la era del Antropoceno, el cambio climático, la degradación de los ecosistemas, el agotamiento de los recursos, la extinción de especies, la contaminación de la biosfera y la multiplicación de pandemias como la Covid-19, ya no es posible disociar la justicia social y la justicia ecológica, los derechos humanos y la protección de los demás seres vivos y de nuestra común morada terrestre. 

La novedad de la ILP sobre el Mar Menor consiste en tratar a un ecosistema natural no como una “cosa” apropiable, consumible y desechable por los humanos, sino como una “persona” jurídica, como un “sujeto de derechos” que debe ser reconocido y respetado como tal, como sucede ahora con los seres humanos (o, más bien, con algunos de ellos, los que gozan de los derechos de ciudadanía), las empresas (sobre todo las multinacionales, cuyos derechos de propiedad se imponen por encima de los derechos de las personas físicas e incluso de la soberanía de los estados) y los estados (en particular los más poderosos, las grandes potencias mundiales que imponen su supremacía geopolítica a todas las demás). De este modo, los derechos del Mar Menor podrían ser defendidos ante los tribunales de justicia frente a los atropellos de personas incívicas, empresas depredadoras y administraciones públicas corruptas. 

La tradición jurídica, política y filosófica de Occidente se ha construido sobre tres pilares: la filosofía griega, el derecho romano y la teología cristiana. La filosofía griega rompió con el pensamiento mítico y fundó la contraposición ontológica entre naturaleza y sociedad, fysis y polis, a partir de la cual se desarrollaron las ciencias naturales y sociales. En esta misma línea, el derecho romano dividió el mundo entre “cosas” apropiables (tierras, edificios, plantas, animales y humanos esclavizados) y “personas” con derecho a adueñarse de todas esas cosas, fuesen personas físicas (los ciudadanos varones, libres y propietarios) o personas jurídicas (como las ciudades y el imperio). 

Así nacieron las dos grandes formas de apropiación y dominio del territorio: la soberanía estatal y la propiedad mercantil. Además, a la filosofía griega y al derecho romano se añadió la religión cristiana, según la cual los seres humanos somos hijos de Dios y como tales estamos destinados a poblar la Tierra e imponer nuestro señorío a todas las otras criaturas, como si el mundo hubiera sido creado para someterse a nuestros deseos. 

La Europa moderna heredó esas tres tradiciones y las llevó a sus últimas consecuencias. Basta recordar la gran dicotomía cartesiana entre la res extensa y la res cogitans. Sobre esta dicotomía se construyó el mito eurocéntrico del progreso, según el cual la humanidad iría domesticando a la naturaleza y emancipándose de ella cada vez más, por medio de los saberes tecno-científicos y los poderes económico-políticos. Esta es la religión tecnológica que sirve de sustento al delirio capitalista del crecimiento ilimitado. 

El capitalismo globalizado, y en particular la industria agropecuaria, se ha lanzado a una estrategia acelerada de apropiación y expolio de toda la Tierra. Es una estrategia ecocida y humanicida, pues está destruyendo las bases naturales de sustentación de la especie humana y de las demás especies vivientes. La llamada economía neoliberal se ha vuelto cada vez más antieconómica, pues está poniendo en riesgo no solo el sustento material de la humanidad actualmente viviente, sino también el de las generaciones venideras. 

Si queremos garantizar el porvenir de la humanidad, hemos de cuestionar las dos formas de posesión de la tierra hasta ahora hegemónicas, la soberanía estatal y la propiedad mercantil, y pensar de otro modo nuestra relación con los otros y con la Tierra. Hemos de cuestionar el vínculo de soberanía que une a un pueblo con un territorio y lo hace más sagrado que la hospitalidad hacia los otros pueblos. Y hemos de cuestionar también el vínculo de propiedad que une a un individuo o a una empresa con sus propiedades capitalizadas y lo hace más sagrado que la vida de los seres humanos y de los demás seres vivientes. Por encima de la soberanía de los estados y la propiedad mercantil de las empresas, hemos de afirmar nuestra responsabilidad ineludible hacia los otros seres humanos y hacia el conjunto de la biosfera terrestre. Como defiende el pensamiento ecofeminista, hemos de pasar del derecho de posesión al deber de cuidado. 

En 1854 el jefe indio Seattle le dijo al presidente de Estados Unidos: “La Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra”. Los europeos modernos se burlaron del “animismo” de los llamados pueblos “salvajes” a los que querían dominar y civilizar. Hoy, las ciencias de la vida y del sistema Tierra nos enseñan lo mismo que el indio Seattle. Por eso, pensadores como Jacques Derrida, Roberto Esposito, Philippe Descola y Bruno Latour se han dedicado a cuestionar la vieja dicotomía jurídica, política y filosófica entre cosas y personas. Como dice Latour, la capacidad de “agencia” no es exclusiva de los humanos, pues la ejercen también los demás seres vivos y los fenómenos naturales. 

En Tierra de nadie (2015) y en Un lugar en el mundo (2019), he defendido la necesidad de transitar de la posesión exclusiva al usufructo compartido. Como dice Elinor Olstrom, hemos de aprender a gobernar de manera cooperativa y cuidadosa los bienes comunes. Porque los humanos no somos dueños de la Tierra, sino sólo sus usufructuarios y residentes temporales. Es la Tierra la que nos acoge a nosotros y a los demás seres vivos, y por tanto no podemos disponer de ella y de sus habitantes a nuestro antojo. 

El cambio climático, la pandemia de Covid-19 y la sopa verde del Mar Menor nos revelan que la Tierra está reaccionando contra nuestras pretensiones de expoliarla y contaminarla ilimitadamente, más aún, que esas reacciones pueden hacerla inhabitable y poner en riesgo nuestra propia supervivencia. Por eso, ya no es posible defender los derechos humanos sin defender al mismo tiempo los derechos de la naturaleza.