Junts bajó el dedo pulgar. El partido independentista catalán tenía la llave para que saliera adelante al menos uno de los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno, pero este jueves ha sentenciado que no apoyará ninguno. Ni siquiera el blando, el que muchos, comenzando por el presidente Sánchez, pensaban que respaldaría así fuera sin gran entusiasmo. Los de Puigdemont han hecho sus cuentas, han analizado los pros y los contras, y han decidido dar la espalda al clamor de cientos de miles de ciudadanos, particularmente jóvenes, para los que el derecho elemental de tener un techo se ha convertido en un calvario.

Junts, como cualquier partido, tiene un compromiso con sus electores, y una masa considerable de estos son pequeños y medios propietarios de bienes, particularmente inmobiliarios. Pero quien lea sin prevenciones el texto del decreto blando difícilmente llegará a la conclusión de que constituye un atentado contra la propiedad privada. Es cierto que pretende dar más estabilidad a los inquilinos y previene las subidas codiciosas de los alquileres, al menos en un horizonte de cuatro años, pero al mismo tiempo ofrece algunas interesantes concesiones impositivas a los caseros si rebajan un 5% los alquileres y les cubre las espaldas ante situaciones de impagos en determinadas circunstancias. Hay otras medidas, como la prohibición a los grandes fondos de comprar inmuebles por menos del 70% de su valor de tasación, que sectores de Junts podrían considerar como una inaceptable intromisión del Estado, pero, seamos serios: si esos fondos compran a un 71% del valor, también harán un jugoso negocio. Quien debería enfadarse es más bien la izquierda, que reclamaba una mano mucho más dura contra esos pulpos inmobiliarios.

La decisión de Junts hay que analizarla en clave de supervivencia política. El partido se encuentra en momento muy complicado, con unas encuestas desfavorables y un adversario, Aliança Catalana, que le está comiendo terreno por la derecha. Aprobar sin más el decreto le daría alas al partido de Orriols para presentarse como el verdadero garante de las clases medias catalanas frente a un Junts débil “entregado” al Gobierno central. Pero, al mismo tiempo, no aprobarlo puede llevar al presidente Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones en un momento en que aún está en el aire la aplicación de la amnistía a Puigdemont y otros dirigentes independentistas. Junts se colocaria además a contracorriente de lo que los alemanes denominan zeitgeist, el espíritu de la época: un malestar cada vez mayor en la sociedad por las dificultades económicas que soporta buena parte de la población y, en particular, por los precios desorbitados de la vivienda. Malestar que ha estallado a raíz del desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años con un 50% de discapacidad.

Con su decisión de rechazar los decretos, Junts se alinea inevitablemente en el bando del PP y Vox, y ello le puede pasar factura en parte de su electorado menos incondicional. Quizá en ese sentido hay que interpretar su lenguaje al anunciar su no a los decretos. No los rechazó con rotundidad, sino que invitó al Gobierno a retirarlos y presentar con celeridad un nuevo texto para corregir algunos aspectos que, en su opinión, provocarían el “efecto contrario” de lo que se busca. Junts intentaba encontrar la cuadratura del círculo: demostrar a sus electores que defiende sus intereses, cerrando a la vez el paso a su rival Aliança Catalana, y al mismo tiempo pedir al Gobierno algunos retoques que le permitan salvar la cara y librarse de coincidir con PP y Vox en la votación de un tema de tanta sensibilidad social.

Pero, minutos después de que anunciara su decisión, el Gobierno le respondió que ni hablar, que este viernes presentaría los dos decretos para que todos los partidos se retratasen en la votación. De modo que, salvo sorpresa de último momento, el partido de Puigdemont quedará en la foto junto a la derecha y la extrema derecha españolas. Y esa imagen estará fresca en la memoria de los electores si el presidente del Gobierno convoca comicios anticipados con el cálculo, o al menos la esperanza, de que la furia por el rechazo de los decretos movilice a los votantes progresistas. Una movilización que ganaría en ímpetu si, como prevén las encuestas, Trump sufre una derrota en noviembre en las elecciones del Congreso y de un tercio del Senado.

Junts ha apostado. Lo ha hecho en contra de la marea de indignación popular desatada por el drama de la vivienda. Y, quizá, en contra de sí mismo.

Resulta ahora que el famoso ático de Chamberí se compró como un “inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades de visita oficial en la región o a las propias autoridades de la Comunidad de Madrid”, según ha afirmado este jueves el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.

¿Recuerdan cuando se dijo que el pisazo de 450 metros cuadrados, con 200 de terraza, en uno de los distritos de moda de Madrid, se había adquirido para acoger temporalmente al gabinete de Ayuso mientras se ejecutaban unas obras de rehabilitación en la sede oficial del Gobierno madrileño en la Puerta del Sol? Pues aquello no coló. La normativa urbanística de la Comunidad solo permite en esa zona instalar oficinas en la planta baja, el semisótano o la primera planta, y el ático está en la novena. Por eso es mejor decir que se compró básicamente para uso residencial, y un poquito para trabajar, y otro poquito para relax, seguramente en la generosa terraza. Así, todo legal, ¿no?

Pues no. Todo este asunto sigue apestando, como sucede desde que El País reveló la operación en julio pasado. La primera señal de alarma fue el secretismo con que la empresa pública Planifica Madrid llevó a cabo la adquisición por la astronómica suma de 6,3 millones de euros. Pronto se supo que el ático quedaba justo enfrente del edificio donde vive la madre de Ayuso. Y se conoció el nombre de la afortunada vendedora del inmueble, Astrid Gil-Casares, escritora de la ‘jet-set’ madrileña, a la que la Comunidad de Madrid impuso un acuerdo de confidencialidad con la compraventa. Y se supo que las obras de rehabilitación ni siquiera se habían contratado. Cuando vio que la ola crecía, que cada intento de justificación era como una bomba de racimo de la que salían más y más preguntas, Ayuso decidió cortar por lo sano: anunció que se vendería el ático y el dinero se destinaría a la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios en la sierra madrileña.

A partir de ese momento, la presidenta se puso los hot pants, la gorra y las botas y se entregó de cuerpo y alma a visitar las zonas afectadas por las llamas, en una escenografía que los que saben de estas cosas atribuyeron de inmediato a su gurú Miguel Ángel Rodríguez. El mensaje era evidente: Ayuso había decidido desprenderse de un inmueble al que tenía derecho como muchos otros presidentes autonómicos porque para ella era más importante echar una mano a sus conciudadanos perjudicados por una catástrofe. La necesidad convertida en virtud. El ático se puso en venta, y chao pescao con este tema.

Pero resulta que este mismo jueves ha trascendido que en la primera subasta del inmueble no se han recibido ofertas. Es como si el ático no quisiera desprenderse de Ayuso. ¿Qué está sucediendo para que un piso de lujo comprado en abril pasado no pueda venderse ahora? El consejero de Presidencia ha dicho que en todo caso se mantendrá en venta a través de un “procedimiento de abierto adjudicación”. No dio más detalles, pero todo indica que pasará a ser Oferta Pública Permanente, es decir, que estará a la venta sin que sea necesaria una nueva publicación de la oferta. Visto lo visto en cómo se hacen las cosas en la Comunidad, habrá que estar muy atentos a lo que siga: quién compra el ático (si es una sociedad, quién está detrás de ella), a qué precio se cierra la operación y en manos de quién terminará el inmueble, pues, ya se sabe, muchas veces el comprador visible no es más que un eslabón de la cadena.

Todas estas suspicacias no existirían si las cosas se hubieran hecho con transparencia. Pero lo que hemos visto hasta ahora no invita precisamente a la confianza. Si muchos madrileños creen que toda esta operación se concibió para que Ayuso se quedara finalmente con el ático, la única responsable es la propia presidenta de la Comunidad. Es lo que sucede cuando el dinero de los contribuyentes se utiliza con ocultismo. Cuando existe tal conciencia de impunidad que no se ven motivos para explicar cómo se invierten 6,3 millones de euros de las arcas públicas. Después pasan esas cosas: que no hay manera de hacer creíbles los relatos.

Es uno de los microrrelatos más famosos y breves de la literatura en español, escrito por el guatemalteco Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. La interpretación más convincente que he leído del texto es que el dinosaurio simboliza algo que creíamos superado o extinguido –un problema, un miedo, un mal recuerdo–, pero que permanece obstinadamente presente por más que logremos evadirlo durante unas horas de sueño. O unos días de vacaciones, como las que se está pegando Alberto Núñez Feijóo en Moaña entre declaraciones intermitentes a los medios para demostrar que hace algo más que broncearse. Al igual que el protagonista indefinido del relato de Monterroso, al líder del PP lo aguarda el dinosaurio a la vuelta del verano. Nada lo librará del amargo reencuentro. Se me ocurre al respecto un cuento aún más corto que el del autor centroamericano: “Cuando Feijóo despertó, Sánchez seguía allí”.

Está por ver qué estrategia se trae entre manos el líder conservador de cara al otoño. Todo lo que ha hecho hasta el momento para tumbar a Sánchez ha resultado infructuoso. El terco dinosaurio sigue ahí, inamovible. El 8 de mayo, en un acto de partido para celebrar el tercer aniversario de las victorias electorales municipales y autonómicas de 2023, Feijóo proclamó: “He dicho hace mucho tiempo y lo repito hoy: haré todo lo posible para cambiar al Gobierno, y cuando digo todo es todo”. Hay que reconocerle que lo está intentando. Pero no lo consigue. Recordemos que antes de aquellos comicios caldeó el ambiente con denuncias de un supuesto fraude electoral con el peligroso propósito de desconocer el resultado en caso de derrota; tras ganar por goleada, su preocupación por la limpieza electoral desapareció por ensalmo. Pero la alegría solo le duró seis meses, hasta que Sánchez fue investido de nuevo como presidente después de las generales. Desde entonces, la iracundia del líder del PP ha ido in crescendo, porque el tiempo pasa y el dinosaurio sigue ahí, tan ancho.

A finales de junio pasado, PP y Junts presentaron en el Congreso sendas iniciativas para que el Gobierno disolviera las Cortes y convocara elecciones anticipadas. Aunque esa eventual votación no era vinculante, ambas formaciones confiaban en que el debate parlamentario obligara a los demás partidos a “retratarse” acerca de la conveniencia de la continuidad de Sánchez. Pero ninguna de las dos iniciativas llegó al pleno, ya que la Mesa del Congreso, con mayoría del PSOE y Sumar, abortó el debate con el argumento de que se trataba de una velada cuestión de confianza al presidente, cuyo ejercicio le compete en exclusiva al jefe del Ejecutivo. Feijóo dijo entonces: “Si el Gobierno no solamente no quiere poner las urnas a los españoles sino que tampoco nos deja votar a los diputados en la Cámara, lo que tenemos que hacer es desplazar a este gobierno y que el otro gobierno convoque elecciones de forma inmediata. Esta es la propuesta que está puesta encima de la mesa por mi partido”.

Hacer “todo, y cuando digo todo es todo” para tumbar a Sánchez. “Desplazar” al Gobierno. Las palabras no son inocuas. Revelan una forma de entender la política. Feijóo no se tomó la molestia de aclarar si con “todo” se refería exclusivamente a las herramientas que le otorga la Constitución. Tampoco quedó claro por qué utilizó la fórmula retórica de “desplazar” a un Gobierno democráticamente constituido, cuando en la Carta Magna se recogen con nombres precisos los instrumentos disponibles para precipitar el final de la legislatura. ¿Debemos sobreentender que el líder del PP solo piensa en las vías constitucionales cuando habla de derribar al Gobierno? Más vale que sea así. Pero las democracias se construyen también con palabras, y las que esté utilizando Feijóo en su obsesión contra Sánchez solo contribuyen a minar la salud de la nuestra.

España se fue de vacaciones en un ambiente político irrespirable. El llamado de Aznar para que “el que pueda hacer, que haga” se ha instalado en la política de las derechas y es difícil imaginar a estas alturas una marcha atrás. La actuación del PP, sus medios afines y ciertos sectores del poder judicial han tensado las reglas del juego hasta el borde de la ruptura total, y preocupa imaginar cómo se desarrollarán los acontecimientos al regreso del verano una vez verifiquen que el presidente Sánchez está dispuesto a resistir o, peor aún, que se las arregla para recomponer las relaciones con sus socios de investidura. La derecha está apostando cada vez más fuerte, entre otras cosas por la incapacidad de Feijóo para sacar adelante una moción de censura. El líder popular no tiene fuelle ni siquiera para convertir una moción de censura fallida en una victoria política, como hizo Felipe González en 1980. El líder socialista sabía que iba a perder, pero se valió de la vitrina del acontecimiento parlamentario para exponer su programa alternativo y atraer simpatías entre la ciudadanía. Dos años después arrasó en las elecciones generales.

En un momento dado de este verano, Feijóo acarició la idea de que la entrada irregular de unas 70.000 personas a Ceuta hiciera tambalear al presidente del Gobierno. Pero, para su desolación, lo más complejo de la crisis se superó en pocas horas con el regreso de los migrantes a Marruecos. Y lo que se dibujaba como una guerra abierta de una veintena de países de la UE contra España se desinfló, al menos en el tono, quedando algunos flecos abiertos como el contencioso con Italia por la aplicación del acuerdo de Schengen. El tema en todo caso es muy grave y seguirá trayendo cola en la rentrée del otoño. Resulta evidente que el Gobierno se siente tocado; de otro modo no habría endurecido en las últimas horas su discurso anunciando que expulsará a “todos” los que entraron de modo irregular, ignorando que las expulsiones deben hacerse de modo individualizado y cumpliendo estrictos protocolos. Es previsible, pues, que veamos a Feijóo atacando con la inmigración. Pero la política es la política, y de nada le servirán al PP los bramidos contra Sánchez si no cuenta con los votos para tumbarlo (para lo que haría falta que Junts se suicidara políticamente participando con Vox en una moción de censura), o si los jueces amigos no aprietan al presidente hasta la asfixia, llevándolo si es el caso (todo es ya posible) al banquillo con cualquier ocurrencia jurídica, o si los socios de investidura no le dan la espalda (Sumar anda muy molesto por la prolongación de la vida de la central de Almaraz). Opciones que no dependen exclusivamente de él y de su forma irascible de ejercer la oposición.

Mientras nada de ello ocurra, por mucho que vocifere, Feijóo seguirá despertando y el dinosaurio todavía estará allí.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está molesta con los periodistas porque no le preguntan por los incendios. Está todo el día metida en los agrestes montes madrileños, allá por la Sierra Oeste, y los periodistas convocados para que registren su lucha heroica contra la devastación causada por las llamas van y le preguntan por el ático. En teoría no deberían hacer preguntas. Se les ha citado solo para que tomen imágenes con sus cámaras. Pero cuando algunos rompen el compromiso de mudez, ella dice enfadada mirando hacia las cámaras: “¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada, por lo que estamos haciendo? Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando muy mal, tengan la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer”.

Los medios han informado minuciosamente sobre los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas en varios puntos de España entre finales de julio y comienzos de agosto. Y por supuesto han dedicado una gran atención a lo ocurrido en Madrid. Han publicado numerosas historias personales de los afectados por la catástrofe, numerosos análisis de expertos sobre las conflagraciones, numerosas informaciones sobre las actuaciones admirables de los bomberos, numerosas noticias sobre la gestión política de la terrible crisis. Pero a Ayuso le parece poco. Quiere que la prensa hable mucho más de los incendios. Si de ella dependiera, que se hablara solo de las llamas. Y, por supuesto, de ella. De cómo está entregada en cuerpo y alma a combatir los estragos mientras el vago de Sánchez anda por ahí de vacaciones. O cómo las personas, cuando se la encuentran en los montes o en las calles, la saludan arrobadas y le agradecen todo lo que hace por el pueblo.

Está bien que los presidentes de las comunidades se preocupen por sus territorios. Es lo que deben hacer. Pero resulta imposible no ver cierta teatralidad en la preocupación de Ayuso por los incendios. Parafraseando el dicho de que un clavo saca otro clavo, estamos ante una operación de propaganda para sacar un incendio con otro incendio. El incendio político del ático con el terrible incendio de la sierra. La primera señal de una intención de mezclar ambos hechos la dio la propia presidenta madrileña al anunciar, cuando trascendió la compra por la Comunidad del ático de 450 metros cuadrados, que se vendería el inmueble para destinar el dinero al rescate de las zonas afectadas por el fuego. Por lo visto, nadie le dijo que una operación presupuestaria de ese tipo no se puede realizar directamente sin incurrir en una ilegalidad, como lo ha explicado muy bien este periódico. Pero qué más da: ya se sabe que a Ayuso le está permitido decir lo primero que le pasa por la cabeza, y en ese momento le urgía convertir públicamente en virtud el pecado inmobiliario en el que la acababa de pillar El País.

Es entendible que la presidenta quiera que solo se hable del incendio de los montes madrileños. Lo del ático es un tema muy gordo, del que se van conociendo por goteo detalles. Este viernes, por ejemplo, la Comunidad ha adjudicado a dedo por 60.000 euros a una prima de la influencer María Pombo el diseño para los trabajos de rehabilitación de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia madrileña, unas obras con las que se justificó la compra del ático a fin de que sirviera de oficina temporal de Ayuso. Es lo que se llama montar el caballo antes de ensillarlo: ni siquiera se había contratado el diseño para las obras en Sol y ya estaba comprado el ático en Chamberí. Y, por lo visto, las obras futuras de rehabilitación costarán en torno a 1,6 millones de euros, mientras que el ático para la estadía supuestamente provisional de la presidenta ha costado 6,3 millones.

Quedan muchos interrogantes por desmadejar. Uno de ellos es qué se planeaba realmente hacer con el bendito ático, teniendo en cuenta que no podía ni ser residencia oficial de la presidenta porque lo impide la normativa de la Comunidad ni dedicarse a oficina por estar en un edificio residencial. A la vista de la falta de transparencia que reina en la Comunidad de Madrid, quién sabe qué destino iba a tener el lujoso piso si no se hubiera levantado la liebre de la compra, y dejemos de momento ahí la duda.

Ayuso ha asegurado que ella no tenía “ni idea” de los detalles de la adquisición del inmueble y remitió a los periodistas a Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia de la Comunidad y presidente del consejo de administración de Planifica Madrid, la empresa pública que realizó la adquisición. Nada nuevo bajo el sol: la historia política abunda en personajes leales hasta la sumisión arrojados a los pies de los caballos cuando las cosas se tuercen. Se escuchan ya los cascos: los socialistas madrileños han presentado este viernes una denuncia judicial contra el consejo de administración de Planifica Madrid. No hagan el chiste fácil de cuánta falta hace en este momento un Peinado progre. Bastaría con una justicia normal que quisiera llegar al fondo de este asunto maloliente.

Es previsible que Ayuso y su estratega en jefe Miguel Ángel Rodríguez sigan empeñados en imponer su agenda para que solo se hable de los incendios. Están en su derecho. Pero, como han podido comprobar, la agenda setting es como los pimientos de Padrón: a veces funciona, a veces no.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, están muy preocupados por los últimos sucesos de Ceuta. O para ser más exactos, por la estrategia diabólica del presidente Sánchez para destruir España. Vale, es comprensible la inquietud, pero, ¿y el ático?

La crisis migratoria que ha vivido en los últimos días la ciudad autónoma ha caído de perlas a la derecha y la extrema derecha. Lo más complicado ha pasado, con el regreso de la inmensa mayoría de los 72.000 (nuevo dato de Interior) que habían atravesado la frontera por mar y tierra. Ahora viene la etapa de preguntas y respuestas, porque el Gobierno tiene mucho que explicar sobre lo ocurrido. Pero justamente Ayuso y Rodríguez no están para hacer preguntas, sino para dar respuestas. Y no sobre Ceuta, sino sobre el ático de 450 metros cuadrados con doscientos de terraza que una empresa pública dependiente de la Comunidad compró supuestamente para que viviera la presidenta mientras se realizaran unas obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.

Una semana después de que El País desvelara que la Comunidad había comprado el famoso piso como “oficina” temporal, los entresijos de la operación siguen siendo un misterio. Se sabe que lo compró la empresa pública Planifica Madrid, que se encarga de la gestión de suelo y oficinas propias del gobierno autonómico. Que lo vendió una inmobiliaria de la Moraleja especializada en viviendas de lujo. Que el ático queda justo enfrente del edificio donde vive la madre de Auso. Que su novio, Alberto González Amador, ha puesto en venta el piso en el mismo barrio de Chamberí donde vive la pareja. Y se sabe que, al verse pillada por la información periodística, Ayuso emprendió una huida adelante que evidencia su forma abusiva de entender el poder y el desprecio a los controles públicos con que ha ejercido hasta ahora el cargo.

Lo primero que hizo fue defender la adquisición del inmueble. Cuando los medios, incluso alguno conservador, le hizo ver que carecía de cualquier racionalidad comprar un ático a un precio astronómico para que fuera una oficina provisional, más aún en un edificio residencial donde no se pueden instalar oficinas, anunció que se venderían ese y otros inmuebles de la Comunidad para sufragar la reparación de las tierras arrasadas por los incendios de finales de julio. Y ahí la tenemos, hablando un día sí y otro también de la Sierra Oeste madrileña. Es, por cierto, lo que debería hacer como presidenta ante la catástrofe medioambiental, pero no para intentar lavar la operación del ático sublimando el destino que piensa ahora dar al dinero de su forzada venta.

Por lo demás, nada se sabe de esa operación. Todo sigue envuelto en un manto de misterio. No se conoce ninguna explicación motivada para realizar esa compra, teniendo la Comunidad otros inmuebles donde se pudo instalar temporalmente la presidenta. No se conocen los detalles de las obras de la sede del Gobierno regional con las que intentaron justificar la adquisición del ático. No se conoce resolución alguna que cambie ahora el destino de la polémica inversión inmobiliaria y derive esa partida –¿es esto legal?– a un plan de recuperación de territorios quemados. Cualquier resto de transparencia que aún pudiera sobrevivir en el Gobierno madrileño ha saltado por los aires en este caso.

Y la madre de todos los interrogantes sigue, por supuesto, sin responderse: ¿cuál era el plan? ¿Hubo beneficiados con la operación? ¿Tenía Ayuso la posibilidad de seguir habitando el ático tras el fin de su mandato? Del mismo modo que ha decidido súbitamente su venta para un programa de recuperación por los incendios, ¿podía, con el mismo sigilo con que se compró el ático a un particular con una cláusula de confidencialidad, venderse a otro particular con cualquier otro motivo y con la misma discreción? Muchos se hacen estas y otras preguntas, y la culpa de las suspicacias no es de quienes pretenden “destruirla”, como dice Ayuso con su proverbial victimismo, sino del secretismo que su Gobierno ha impuesto en el asunto. El arma infalible para destruir sospechas es la transparencia. Que es también lo que en este momento falta con respecto al gasto de su reciente viaje a México, del que solo han trascendido los 600 euros que costó la reserva de la sala de autoridades de Barajas.

Existe cierto feeling entre los ayusólogos de que estamos asistiendo a un fin de etapa. De que lo del ático no es un lío más en la maraña de escándalos que acumula la presidenta. Que es la guinda, la gota que ha colmado el vaso de su conducta altanera y desafiante. Pero la mayoría de los expertos no atribuyen su muerte política anunciada a una consecuencia del escándalo en sí, sino a su supuesta caída en desgracia dentro del PP, aunque desde Génova hagan aspavientos de unidad. Según esta versión, alguien del entorno de Feijóo habría filtrado el caso para cortarle las alas ante un eventual desafío por el liderazgo nacional del partido.

No sé cuánto de cierto y cuánto de ficción hay en tales elucubraciones. Lo único que cabe esperar es que, antes de que se desentrañen los intríngulis políticos, podamos saber la historia completa del ático.

La derecha y la ultraderecha españolas se han quedado con los crespos hechos. En su fuero íntimo, habrían deseado que el gravísimo caos que ha vivido Ceuta por la irrupción masiva de unas 50.000 personas desde Marruecos, en su inmensa mayoría jóvenes, se prolongara un poco más en el tiempo. No todos los días se presenta una oportunidad de esta envergadura, con cobertura mediática internacional asegurada, para zarandear a Pedro Sánchez y presentarlo como un líder incapaz de defender la soberanía de su país y la seguridad de Europa.

Pero la “invasión” se ha desinflado sorpresivamente, mucho más rápido de lo se esperaba. Tras un par de días de incertidumbre y algunos conatos de violencia en la ciudad autónoma, prácticamente la totalidad de los “invasores” ha regresado por su propio pie a Marruecos a través de la frontera terrestre. En el camino quedaron al menos 67 muertos, todos ahogados en el mar cuando intentaban sortear el espolón que separa al país árabe de Ceuta. Pese a los alborotadores vitoquilescos que han llegado a caldear el ambiente, la ciudad, de 83.000 habitantes, está intentando retornar a la normalidad tras la insólita experiencia vivida.

Si bien lo peor ha pasado, la crisis sigue abierta. Quedan incógnitas por despejar. La más inmediata es qué sucedió exactamente, y cómo es eso de que los “ocupantes”, como los definió Feijóo, se marcharan repentinamente como los niños del cuento bajo el hechizo de la flauta de Hamelín. Lo ocurrido es muy grave, y Sánchez cometería un error si pretendiera pasar página simplemente con discursos voluntariosos de fraternidad entre los dos países. Luego está el manejo que haya que dar en adelante a las relaciones con Rabat. El relato del presidente Sánchez de que lo ocurrido fue obra de mafias migratorias y que en todo momento España contó con el apoyo de las autoridades marroquíes no se lo cree nadie. Puede comprenderse que el mandatario español haya intentado durante el incidente no provocar al rey Mohamed VI, menos aun en medio de su pomposa Fiesta del Trono, y es probable que sin esas cautelas no se hubiera conseguido el milagro del retorno masivo. Pero es obvio que habrá que replantear las relaciones. Está visto que al monarca alauí no le basta con que Sánchez le haya puesto en bandeja el Sáhara Occidental. Marruecos está entrando en otros círculos de interés geoestratégico, con aliados poderosos como Trump y Netanyahu, y será cada vez más difícil apaciguarlo cuando se sienta ofendido por cualquier acción diplomática de España que no satisfaga sus caprichos.

También hay que averiguar qué sucedió con los servicios de inteligencia de España. Resulta difícil entender que no se hayan enterado de lo que se estaba fraguando en el otro lado de la frontera. Si no se enteraron, malo. Y si se enteraron, pero los mandos políticos que toman las decisiones no dieron importancia a las alertas, peor. Y –lo más complejo– habrá que explorar nuevas formas de relación económica que reduzcan la brecha colosal de ingresos que existe entre Marruecos y España y, por extensión, entre el Magreb y la Unión Europea. Mientras ello no ocurra, el autócrata de turno en Rabat lo tendrá muy fácil para seguir utilizando a su antojo la migración como instrumento de chantaje. Y miles, aquejados por la pobreza y la desesperanza, seguirán intentando llegar a España sin necesidad de que nadie los manipule.

Sí: la crisis sigue abierta. Aunque no como les hubiera convenido a nuestras derechas. A ellas les venía bien que durara un poco más el acoso de los “invasores”, porque estaban convencidas de que el espectáculo que estaba dando España ante el mundo tenía contra las cuerdas a Sánchez. Era ciertamente una situación comprometida para el presidente. Algunos gobiernos europeos de derecha y ultraderecha, con la Italia de Meloni a la cabeza, no perdieron tiempo para tirarse a la yugular del mandatario español, al que culparon de poner en riesgo la seguridad de la UE con sus actitudes blandas hacia la inmigración y muy en concreto por la reciente regularización. Plantearon incluso suspender a España del acuerdo de Schengen, como si los 50.000 mil sin papeles de Ceuta pudieran llegar en metro a Copenhague o a Helsinki. Más aun, como si Ceuta estuviera acogida por el tratado. Las derechas políticas y mediáticas españolas se frotaban las manos ante la posible exclusión de su propio país del tratado de libre circulación europeo. Significaba el aislamiento del Sánchez en Europa. Oro en polvo. Pero los acontecimientos dieron un giro inesperado.

La situación sobre el terreno en Ceuta está más calmada, y eso, mal que le pese a la oposición, es un alivio para el presidente. Más de uno en Génova o en Bambú debe estar diciendo abrasado por la ira que ese sujeto tiene una flor indestructible en quién sabe qué lugar de su anatomía. Sánchez se ha envalentonado y enviado una carta a las autoridades comunitarias denunciando la deslealtad que sufrió España por parte de otros países miembros de la Unión. El rey Felipe se ha mostrado “indignado” con lo sucedido en Ceuta y ha dicho con tono de padre regañón que el Estado debe velar por la seguridad de las dos ciudades autónomas para que hechos así no vuelvan a producirse. Cada cual en su papel. Vendrán agrios debates en el Congreso. Como debe ser: el desafío contra España ha sido enorme, y no debería quedar reducido a una simple anécdota en la historia de las relaciones bilaterales. Aunque sabemos de antemano cómo serán esos debates. Abascal y Feijóo acusarán a Sánchez de ser una desgracia para España y le pedirán que se largue de una puñetera vez de la Moncloa. En su excursión de este sábado a Ceuta, el líder del PP soltaba un abrebocas: “España apagada, España calcinada, España invadida. No le falta nada a este Gobierno”. Solo les importa deshacerse de Sánchez. Pero en el fondo tendrán que reconocer que, una vez más, la presa se les ha vuelto a escapar.

'Remember' Perejil. En julio de 2002, cuando media docena de soldados desharrapados de Marruecos tomó el islote de Perejil, el Gobierno de Aznar consideró que se había producido un atentado contra la soberanía española y pidió el apoyo del principal partido de la oposición. José Luis Rodríguez Zapatero, que había llegado apenas dos años antes al liderazgo del PSOE, le ofreció un respaldo incondicional. Solo se quejó, sin hacer de ello una polémica, de que el Ejecutivo no lo tuviera debidamente informado. ¿Y qué hace Feijóo en 2026 ante el mucho más grave caso de Ceuta? Atacar públicamente al presidente y salirle con un memorando con las cosas que debe hacer. Formas distintas de entender la lealtad de Estado.

Aunque el árbol del mundial de fútbol no permita fácilmente ver el bosque de la actualidad, les cuento que hay un follón montado en torno a la película La Odisea, que se estrena este 17 de julio. El motivo: la elección por el director, Chistopher Nolan, de la actriz Lupita Nyong’o para el papel de Helena de Troya. Lupita, hija de padres kenianos, nació en México hace 43 años y vive en Estados Unidos, donde, en una odisea más larga que la de Ulises, acaba de obtener la nacionalidad tras 23 años de residencia. ¡Lo que faltaba, que pusieran a una negra como una de las heroínas de la mitología griega!

Como suele ocurrir, quienes claman con más indignación contra lo que consideran un atropello inadmisible a la esencia misma de Europa no tienen ni pajolera idea de quién es Helena de Troya, no han leído a Homero y probablemente no hayan leído jamás un libro en su vida. Son más o menos los mismos que retuitean la foto de la selección de Francia de los años 90 y la selección actual y preguntan capciosos: “¿Notas alguna diferencia?”. Les perturba por igual que muchos jugadores del fútbol europeo sean hoy negros y que hayan puesto a una negra para encarnar a Helena de Troya. ¡Pero si era griega, por Dios! ¿No había en todo el Peloponeso o en el Epiro o donde fuera alguien más apropiado para ese papel? Sabemos cómo sigue el razonamiento: no es que seamos racistas, pero que lo que no se puede hacer es tergiversar nuestra cultura para satisfacer una agenda woke, no te jode.

De acuerdo con el mito, Helena nació de un huevo que puso su madre, Leda, tras ser seducida por Zeus bajo la figura de un cisne. Homero la describe como una mujer de deslumbrante belleza y, aunque apenas proporciona detalles sobre su aspecto físico, dice en algún verso que tenía brazos “níveos”. Lo que sugiere que era de tez blanca. Si fuésemos una sociedad normal podríamos debatir con más agudeza y menos brocha gorda sobre las licencias de los directores de cine para recrear a su antojo personajes reales o ficticios del mundo de la literatura. Como la que se permitió Alejandro Amenábar en su película más reciente al explorar en la presunta homosexualidad de Miguel de Cervantes. Personalmente, pienso que es una discusión baladí, pues parto de la premisa casi pueril de que los creadores son libres. Pero de cualquier modo, bienvenido el debate, que de ninguna manera es nuevo: pregúntenle si no a Platón.

Pero aquí no estamos hablando de las profundidades y los límites de la creación, sino de racismo puro y duro. Porque los que ponen el grito en el cielo por la elección de Lupita Nyong’o aceptan con naturalidad que el muy anglosajón Matt Damon interprete a Odiseo o que la también muy anglosajona Anne Hathaway encarne a Penélope, papeles que, si entramos en el juego racial que se nos pretende imponer como marco de discusión, deberían desempeñar actores de aspecto más mediterráneo, más griego, tú me entiendes. Tampoco tienen el menor reparo en que cuando hablamos de la egipcia de linaje ptolemaico Cleopatra se nos venga automáticamente a la cabeza Liz Taylor, porque así lo decidió a comienzos de los 60 el director de cine Joseph Mankiewicz.

Si no fueran racistas, del mismo modo que critican que Helena de Troya sea presentada como negra deberían cuestionar que el personaje más importante en los últimos dos milenios de esa cultura europea que tanto dicen defender se presente como un blanco de rasgos finos y mirada melancólica inspirado en modelos italianos -algunos sostienen que en el condotiero César Borgia-. Hace unos años, la BBC convocó a un grupo de expertos para que respondieran cómo podría haber sido el aspecto de Jesús, y el resultado fue la imagen ruda y morena de un semita, como era lo más previsible. Pese a ello, el Cristo más arraigado en el imaginario popular cristiano es la famosa estampa creada en 1940 por el artista estadounidense Warner Sallman, que lo presenta de perfil con una hermosa melena ondulante y barba de color castaño claro y, cómo no, blanco. Y todavía hay quienes andan cabreadísimos porque Christopher Nolan ha decidido que Helena de Troya sea negra.

Se acabó el juego. El sonriente Juanma Moreno se ha rendido a la evidencia de que, como en la canción de Amaral, sin Vox no es nada y ha tenido que encaramarse a la ola ultra. Antes les tocó pasar por el aro a sus compañeros de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y Núñez Feijóo deberá hacer la misma cabriola si quiere tener alguna posibilidad de llegar a la Moncloa. El acuerdo PP-Vox en Andalucía, así como los anteriores, prevé que los inmigrantes irregulares queden excluidos de prestaciones y servicios sociales salvo en “supuestos de urgencia vital”, signifique lo que signifique la inquietante expresión. Prioridad nacional, llaman a esta deshumanización del extranjero.

Pero el pacto contiene otros puntos además de la monserga contra los inmigrantes. Por ejemplo, habla de Cultura y de Educación. Por lo menos eso dicen los epígrafes correspondientes. No sé cuántos lectores han leído el texto íntegro del acuerdo, pero en estos dos temas, más que de prioridad nacional, lo que cabe es hablar de escopeta nacional. De inundación de caspa. De la muerte de la inteligencia.

Uno pensaría que un plan de gobierno en materia cultural debería incluir, por ejemplo, políticas de incentivos a la lectura, máxime cuando la comunidad en cuestión, Andalucía, ocupa el puesto 11 a nivel nacional en hábito lector. O que hubiera medidas de fomento a creaciones artísticas modernas o al desarrollo del pensamiento. Pero esto es lo que han acordado PP y Vox: impulsar un fondo de conservación y recuperación de iglesias, conventos y monasterios; reforzar la programación de los centros culturales de gestión regional; promocionar la tauromaquia, la caza y la pesca como atractivos turísticos; implementar un plan de protección del patrimonio cultural en riesgo, habilitándose una línea específica del patrimonio taurino; y un “rediseño” de los museos andaluces. Y ya. Eso es todo. No meneen el ratón, que no hay más. De aquí, el pacto salta al item Vivienda.

En cuanto al capítulo de Educación, uno esperaría que trasluciera alguna reflexión de fondo sobre modelos educativos, sobre el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, sobre los mecanismos futuros de aprendizaje, etc. Pero veamos lo que dice el pacto PP-Vox: gratuidad en educación de cero a tres años (medida que encaja más en Conciliación Familiar que en Educación); orientación de la universidad al mercado laboral mediante una colaboración estrecha con las empresas (eufemismo por mercantilización del conocimiento); climatización de los centros educativos; defensa de los productos andaluces en los comedores escolares, y aceleración de la educación concertada (pagada por los contribuyentes y tutelada por la Iglesia). ¿Eso es todo? Qué va. Faltan las dos propuestas estrella: fin del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros docentes andaluces, como parte del “rechazo explícito de cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad” (para cualquier duda sobre la identidad según Vox remito al lector al apartado sobre Cultura). Y la enseñanza de la Historia del terrorismo en España (dejo a la lectora el ejercicio de imaginar cómo sería esta asignatura en manos de la tribu de Abascal).

Dice casi al final el acuerdo PP-Vox que la acción Gobierno se inspirará en los principios de libertad, eficiencia y austeridad, “renunciando expresamente a todo intento de imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos”. Tienen un morro que se lo pisan. Todo su pacto es un monumento al sesgo ideológico, desde el mismo preámbulo, en el que los firmantes anuncian una gestión contrapuesta al “declive ético y moral” del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ahora bien, que un programa de gobierno esté impregnado de ideología no es en sí mismo un motivo de descalificación. A fin de cuentas, la política es en el fondo una batalla de ideas, y los ciudadanos tienen el derecho de poder elegir la opción con las que sientan más afinidad. La Ley de la Memoria Democrática, por ejemplo, fue producto de una decisión cargada de ideología. Pero, por favor, señores del PP y Vox, no nos salgan con el embeleco de que su propuesta de una “Ley de Concordia” para reemplazar a aquella está libre de polvo y paja ideológicos. Tampoco lo están las propuestas culturales y educativas de su acuerdo. Y la totalidad del pacto de gobierno para Andalucía. De lo que aquí estamos hablando es de que Vox ha impuesto su ideología al PP, el partido que hasta hace algún tiempo se presentaba como una formación homologable al centro-derecha europeo. Y de que el PP ha normalizado políticamente unas ideas que chocan con el espíritu de modernidad y tolerancia que ha guiado a la Europa de posguerra.

La opción moderada de Juanma Moreno, si es que alguna vez existió bajo la fachada de bonhomía, se ha evaporado por dos votos. Lo que a estas alturas ya falta por dilucidar no es si Feijóo pactaría con Abascal tras las elecciones generales de 2027, sino si les darán los números. En lo que respecta a un hipotético programa de gobierno, ya tenemos pistas.

Hoy cumplo cuatro décadas en España. Llegué un 28 de febrero de 1986, como corresponsal del diario colombiano donde había comenzado mi carrera de periodista. Sabía muy poco de España, quizá tan poco como el entonces cónsul honorario en Barranquilla, que me dictó la carta que debía dirigir a la Moncloa para acreditarme como corresponsal y puso como destinatario: “Secretaría de Estado de Comunicación. República de España”. Días más tarde recibí una carta desde dicha oficina aclarándome que España es un Reino. Corregí, claro. Mi mujer se había venido previamente a Europa con la intención de que nos instaláramos en París, pero Madrid la había enganchado. Cuando le comenté la opción madrileña al maestro Germán Vargas, uno de los cuatro discípulos del sabio catalán en 'Cien años de soledad', me dijo alarmado: “¿Madrid? Eso es como Bogotá en los años cincuenta. La gente viste de negro y llueve todo el día. El único lugar donde se puede vivir en España es Barcelona”. Por fortuna, qué equivocado estaba don Germán.

Tres meses antes de mi llegada había ocurrido en Colombia el episodio político más traumático de su historia reciente: la toma criminal del Palacio de Justicia por el M-19 y la no menos criminal retoma por el ejército. En la refriega murieron cerca de un centenar de personas, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema. Pese a lo convulsionado del ambiente, unos días después pedí al director de mi periódico que me permitiera escribir un artículo de opinión, que titulé ‘El Palacio de Justicia y los alzados en instituciones’; en él critiqué duramente al Gobierno y a los mandos militares por su responsabilidad compartida con los guerrilleros en la muerte de los juristas de la Corte, la única institución en la que confiaban los colombianos por la honestidad y el talante progresista de sus miembros. Tras la publicación del artículo, un compañero del periódico con buenos contactos en la Policía me dijo que desde el cuartel me mandaban a decir que me cuidara. En ese momento tomé la decisión de marcharme. No por la amenaza en sí -la consideré poca cosa, una simple bravuconada, frente al peligro real en que se encontraban muchos compatriotas en esos días turbulentos-, sino por un sentimiento de asfixia ante el clima opresivo que se había instalado en el país, en particular para el ejercicio del periodismo. Una vez concluí el trabajo fatigoso de desmontar una casa, me fui.

Al cabo de un tiempo en España, me vinculé a Cambio 16, y desde entonces he trabajado de diversos medios españoles. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, nos fuimos quedando en Madrid. En 1991, me nacionalicé. En un acto de enorme trascendencia para mí, pero rutinario para el funcionario del Registro Civil en la Calle de Pradillo, juré lealtad al Rey y a la Corona. Siempre había vivido en países con sistemas republicanos, pero no me sentí incómodo por la exigencia del juramento. Juan Carlos me caía simpático, como a casi todos los españoles, y yo me aprestaba a ser uno más de ellos. La sorpresa llegó cuando el funcionario me dijo que no podía registrarme con mi nombre: Marco. Me explicó que había que “castellanizarlo” y me registró como Marcos. Le dije, implorante, que yo era periodista y siempre firmaba con mi nombre original. Su solución fue hacer una apostilla en el registro señalando que el flamante ciudadano español Marcos Schwartz también respondía al nombre de Marco. Desde entonces tengo una doble personalidad: en mi pasaporte español, mi DNI, en mis cuentas bancarias y en general en los trámites burocráticos, aparezco como Marcos. Y en mi vida periodística y civil de Clark Kent he logrado preservar el nombre que eligieron para mí mis padres. Pensándolo con la distancia, tal vez me habría evitado más dolores de cabeza que me hubiera cambiado el apellido Schwartz por Suárez. No tendría que deletrear a toda hora Salamanca, Cáceres, Huelva, Whisky, Aragón, Roma, Teruel, Zamora.

En la época en que llegué había pocos extranjeros en España. Pero años después, sobre todo a partir del 2000, la inmigración se disparó. Y con la fuerza de un torrente desbocado se llevó por delante las normas rígidas de los funcionarios del registro, que han terminado escribiendo con naturalidad nombres como Brahian, Darwin José o Breiddy, sin que se les pase por la cabeza “castellanizarlos”. Con la ley 20 de 2011, ya solo se prohíbe inscribir nombres que sean “contrarios a la dignidad de la persona”, como ha ocurrido según ChatGPT con los de Hitler y Osama bin Laden.

Aunque he vivido algunos incidentes xenófobos, debo decir que mi experiencia en España ha sido más que positiva. Es duro decirlo, pero seguramente ha ayudado que soy blanco. Me consta que muchos inmigrantes con “pinta” de latinoamericanos (la palabra “pinta” suele estar asociada a un prototipo andino) son objeto de discriminación y desprecio cotidianos. Y ni hablar de las que sufren los magrebíes o los subsaharianos. Cuántas veces he escuchado en conversaciones de bar aquello de que “los latinoamericanos al menos hablan tu idioma y tienen tu religión”. Esa es la tarea que tiene pendiente cualquier gobierno que se precie de democrático: facilitar la integración de los extranjeros. No someterlos a pruebas culturales de trivial, ni mostrarles la foto de un toro para ver si gritan genuinamente olé, ni comprobar si hablan correctamente español cuando miles de españoles “de toda la vida” lo hablan a las patadas. Mis abuelos no sabían una pizca de español ni sabían distinguir un bolero de un vallenato cuando llegaron a Colombia, e hicieron allí su vida a punta de trabajo y esfuerzo. Que es lo que busca la inmensa mayoría de los extranjeros que trasiegan de un sitio a otro en el ancho mundo.

Ser español no ha sido para mí un “honor”, como pretende Feijóo que lo sea para quienes aspiren a la nacionalidad española si llega a la presidencia del Gobierno. Eso que se lo pida a los pelayos y las urracas. Para mí es algo muchísimo más importante: ha sido la manera de llevar una vida corriente en un lugar que me ha dado mucho y al que he aportado mucho, un lugar en el mundo del que siento nostalgia cuando estoy afuera, como pude comprobar durante un período reciente en que dirigí un periódico colombiano, un lugar en el que conservo grandes amigos de los años frenéticos de mi “infancia española” y pequeños nietos que se asoman inocentes a un país que, por muchas críticas que se le hagan, funciona civilizadamente. Y que algunos, como Feijóo o Abascal, parecen empeñados en convertir en una organización tribal con el sello de Covadonga.  

Las palabras que pronunciamos no son gratuitas. El uso que hacemos cotidianamente de un término u otro es revelador de nuestra forma de ver el mundo. La disciplina de la lingüística está llena de estudios sobre las expresiones que elegimos para calificar o describir las cosas. Y lo que sabemos es que no brotan por azar de nuestra boca, que cuando elegimos nuestro léxico estamos desnudando nuestro pensamiento. No es lo mismo, por ejemplo, decir “el problema de la inmigración” que “el fenómeno de la inmigración”: lo primero sugiere una actitud prevenida hacia el extranjero, mientras que lo segundo refleja una aproximación en la que no intervienen las fibras emocionales.

Traigo esto a colación por la palabra que está utilizando el Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, para despacharse contra la regularización de en torno a medio millón de inmigrantes aprobada por el Gobierno por iniciativa de Podemos. Los populares acusan a Sánchez de “engordar” el censo con el fin de ganarse el apoyo de los beneficiarios de la medida en las elecciones venideras. “Engordar” no es una palabra ofensiva en sí misma. En el sentido que la utiliza el PP, sí lo es. 

El PP y sus medios afines afirmaron en un comienzo que el propio Sánchez se beneficiaría de esos votos agradecidos en las elecciones previstas para 2027. Y que el PSOE haría lo propio en los próximos comicios autonómicos y municipales. Todo era mentira. Para votar en unas elecciones generales o autonómicas se necesita tener la nacionalidad española, y lo que se concederá con el proceso de regularización es un permiso de residencia y trabajo para quienes cumplan los requisitos. La nacionalidad es un trámite distinto y tiene sus propias exigencias. En lo que respecta a las elecciones municipales, los extranjeros con permiso de residencia puedan votar si hay convenio de reciprocidad entre España y sus países de origen (existe ya con 13 países, incluidos Colombia, Ecuador, Perú, Chile o Paraguay), pero solo pueden ejercer ese derecho si demuestran entre tres y cinco años de residencia continuada. Es decir, los beneficiarios de la regularización no podrán votar en las próximas municipales.

El PP ha terminado por reconocer, a través de su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, que la regularización no afectará en ningún caso al actual ciclo electoral. “Hemos dicho en el medio plazo. En el corto, no”, dijo en RNE Alma Ezcurra. Pero lo que evidenció es que, de todos modos, están preocupados. Quizá porque temen que, si no es en los comicios más inmediatos, los cientos de miles de inmigrantes que se beneficien de la medida puedan conseguir pronto la nacionalidad y convertirse en votantes cautivos de los socialistas o de Podemos. “Si pertenecen a Iberoamérica, Filipinas o Guinea Ecuatorial van a poder solicitar la nacionalidad en solo dos años”, manifestó Ezcurra, como si despertara ante un terrible descubrimiento.

En realidad, el problema para el PP no es que se regularicen inmigrantes. El Gobierno de Aznar lo hizo en su día, beneficiando a más de medio millón de personas. Lo que le sienta como una patada en el estómago es que lo haga Sánchez. Las regularizaciones impulsadas por los Gobiernos de González, Aznar y Zapatero se llevaron a cabo sin problemas, pero con Sánchez es distinto: su plan, a ojos del PP, es apoderarse de la voluntad de unas masas tercermundistas que no disciernen entre el bien y mal para que voten eternamente a la izquierda a cambio del espejito de la regularización. Los populares prefieren dejar en el limbo a más de medio millón de inmigrantes, sin importarles sus dramas cotidianos, sus miedos o la explotación cruel que muchos sufren a manos de empresarios inescrupulosos, a verlos caer en las garras de Sánchez. Con un poco de suerte, el PP ganará las próximas elecciones y Feijóo podrá hacer una regularización sin la sombra de la sospecha de que lo hace con fines clientelares. El PP, como todo el mundo sabe, no entiende de esas feas conductas políticas.

En este escenario, no sorprende que los populares hablen de “engordar” el censo. No utilizan términos como “ampliar” o “incrementar”. Dicen, despreciativamente, “engordar”. En el pensamiento profundo de la derecha, la inmigración es un elemento graso que puede resultar perjudicial para la salud del cuerpo social. Seguramente el PP utilizaría otro término menos agresivo si un gobierno suyo llevara a cabo en el futuro otra regularización, pero el hecho de que hoy lo usen en su confrontación con Sánchez revela una actitud de fondo ante el extranjero que no pueden reprimir. Es algo parecido cuando se habla de “avalancha” de inmigrantes o cuando se intenta en su alarde de ecuanimidad distinguir a los inmigrantes “que vienen a trabajar” del resto de inmigrantes, dejando flotar la idea perversa de que muchos son parásitos que vienen a vivir de los buenos españoles.

No. El censo no va “engordar” por una regularización. El censo va a ampliarse. Como se va a ampliar la lista regular de contribuyentes a Hacienda. O el número de los candidatos a los puestos que ya no quieren desempeñar los nativos. O la diversidad cultural del país. O la población, en unos momentos de preocupante atonía demográfica. Todo eso no “engorda” a un país. Lo robustece.

Aunque podría hacerse fundadamente, no voy a defender con justificaciones económicas la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno. A estas alturas debería ser una obviedad que el sistema productivo español necesita como agua de mayo la mano de obra extranjera: lo ha reconocido en más de una ocasión la propia patronal y lo demuestran a diario los empresarios grandes, medianos y pequeños que contratan inmigrantes para mantener activos sus negocios.

Por supuesto que hay empresarios inescrupulosos que prefieren una bolsa migratoria en situación irregular para pagar salarios precarios; pero, desde una perspectiva estrictamente capitalista, es indudable que al sistema le conviene una masa trabajadora normalizada, incluso con buenos salarios, porque esos trabajadores no son solo aportantes del IRPF y del sistema de pensiones. También son consumidores, y cuanto más desahogadas sean sus finanzas domésticas más bienes compararán y subirán la recaudación del IVA , que representa la tercera parte de los ingresos de Hacienda.

Pero, volviendo al comienzo, defender con argumentos económicos una regularización que podría beneficiar a medio millón de seres humanos nos distrae de lo realmente importante: la poderosa carga simbólica que una medida de esa envergadura tiene en estos tiempos sombríos en que lo que se está regularizando es el odio al extranjero en buena parte del mundo que aún llamamos civilizado. Cuando vemos las terribles imágenes que llegan de Estados Unidos, donde se persigue a los inmigrantes con una saña inaudita y los agentes de inmigración detienen a niños y asesinan a sangre fría a quienes intentan detener o documentar la barbarie, una regulación masiva de inmigrantes como la que se ha anunciado en España constituye por su humanidad un acto revolucionario.

Si bien las políticas de Trump han llevado la maldad a unos extremos inconcebibles en una nación de tradición democrática, las señales que llegan de Europa no son tranquilizadoras: estamos viendo cómo se expanden las restricciones a la inmigración en los países de nuestro entorno y la adopción desde las instituciones de discursos de tufo xenófobo que se presentan como equilibradas reflexiones de cirujanos obligados a extirpar un tumor. Todo ello en medio de la proliferación de partidos de extrema derecha, como Vox, que incendian sin descanso el ambiente con sus mentiras. De su boca hemos oído que los inmigrantes reciben sin dar un palo al agua más dinero que los esforzados pensionistas. O que constituyen un colectivo esencialmente violento, calumnia que sustentan manipulando de manera infame la sobrerrepresentación que una minoría insignificante de los inmigrantes tiene en las estadísticas de delincuencia en nuestro país. 

Hay que reconocerle a Podemos el papel fundamental que ha desempeñado para que saliera adelante la regularización, cuyo antecedente fue una iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por 700.000 firmas que promovió la red RegularizaciónYa y que terminó empantanada en el Congreso. El Gobierno se sacó después de la manga la idea de una “inmigración circular”, esto es, el establecimiento de un sistema rotatorio de mano de obra extranjera, de modo que los inmigrantes vinieran a desarrollar trabajos concretos y luego se marcharan de regreso a sus países. Una propuesta inquietante por su propia naturaleza, por mucho que se le revistiera de un sensato sentido práctico. No cabe duda de que la fragilidad parlamentaria del Gobierno ha influido para que Sánchez haya pactado finalmente con Podemos. Pero en eso consiste precisamente la política: en saber leer los momentos para tomar decisiones trascendentales, y así lo ha entendido muy bien el partido que lidera Ione Belarra y también, desde la debilidad, el presidente Sánchez.

La regularización de inmigrantes no es ni mucho menos un procedimiento nuevo en España. Según un informe de Funcas, desde los tiempos de Felipe González se han aprobado nueve medidas de este tipo. El Gobierno de Aznar regularizó en dos años a 524.621 personas. El de Rodríguez Zapatero hizo lo mismo en 2005 con 576.506 personas. Con el antecedente de Aznar, parecería difícil entender el encono con que se ha lanzado en ristre el PP contra el presidente Sánchez por seguir la estela de sus predecesores. Pero se entiende: la única política que conoce Feijóo es no pasarle ni una a Sánchez y todo vale en ese objetivo, incluso ignorar descaradamente lo que su propio partido ha hecho en el pasado.

Súmese a ello el temor del PP y sus barones regionales de que los potenciales beneficiarios de la medida puedan convertirse en agradecidos votantes de Sánchez (o de Podemos). Según diversos cálculos, más del 90% de ellos serían originarios de Latinoamérica, una comunidad que ha apoyado tradicionalmente al PP, de manera muy particular en la Comunidad de Madrid. Esa situación podría darse en un futuro -no ahora como ha sugerido Feijóo- con los que accedan a la nacionalidad española. En cualquier caso, el líder del PP ha dejado claro que preferiría dejar a cientos de miles de inmigrantes en un limbo antes de que Sánchez pudiera cosechar algún fruto de su acción política.

Si las cosas siguen su curso, medio millón de personas podrán respirar pronto con tranquilidad, con la perspectiva de normalizar sus vidas tras haber permanecido, en muchos casos durante años, en un estado de semiclandestinidad, siempre con la espada de Damocles de la expulsión. En vez ser detenidos a cualquier hora en sus casas por unos agentes agresivos armados hasta los dientes, tendrán la posibilidad de demostrar que reúnen los requisitos para obtener un permiso de residencia y de trabajo. Insisto: esto ya se ha hecho en otras ocasiones, bajo gobiernos del PSOE y del PP. Pero esta vez es distinto. Ahora no estamos hablando de una medida con motivaciones económicas. Ni siquiera humanitarias. De lo que estamos hablando en estos momentos es de un acto de resistencia de un país mediano como España frente a la barbarie que desde Washington y Mar-a-Lago extiende sus tentáculos por el mundo.

Desde hace ya tiempo sigo con profundo respeto una de las batallas más dignas y obstinadas que se libran en España: la de Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del Partido Popular asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, contra quienes utilizan miserablemente a las víctimas del terrorismo como herramienta política para denigrar a los adversarios. Buena parte de su lucha la ha dirigido contra el partido en el que militó su hermano, y no por capricho: ninguna otra formación ha hecho un uso tan ruin de las víctimas como el PP.

Este viernes, el partido que preside Feijóo conmemoró el 31 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez con un acto que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó para arremeter contra el presidente Sánchez, a quien acusó de haber “blanqueado” a la banda terrorista por contar con EH Bildu entre sus apoyos parlamentarios. “Si nace un nuevo Gregorio Ordóñez en el País Vasco que pueda ganar ampliamente en las urnas, ¿volvería a tener que vivir escoltado?”, preguntó maliciosamente Ayuso en su cuenta en X.

La inmensa mayoría, por no decir la práctica totalidad, de los numerosos comentarios al post fueron de indignación contra la mandataria madrileña. Pero ninguno, por supuesto, era comparable por su hondura emocional al post que subió, también en X, la propia Consuelo Ordóñez, presidenta de la asociación de víctimas del terrorismo Covite. A la pregunta de Ayuso contestó con un largo y dolido texto que comenzaba así: “Pues igual sí [iría escoltado], pero por el odio que inoculáis vosotros, soy víctima del odio, sufrí el odio de la izquierda abertzale, ahora, además, y con mucha más crueldad el vuestro, el de la derecha abertzale”.

Consuelo Ordóñez sabe muy bien lo que dice cuando afirma que ha sido víctima del odio del PP (al que llama “derecha aberzale”, es decir, derecha nacionalista, en referencia a su nacionalismo español). El partido conservador, por el que su hermano se dejó la piel y la propia vida, ha decidido desde hace ya bastante tiempo menospreciar a la presidenta de Covite, ningunearlas a ella y a su asociación, porque su discurso ecuánime que busca sacar el terrorismo de la confrontación política no sirve a los intereses de la organización. Peor aun, pone al descubierto su bajeza moral en uno de los temas que más sufrimiento han causado en la historia reciente del país.

En el anterior aniversario del asesinato de Gregorio Ordoñez, el PP también organizó un homenaje en el que se sucedieron los ataques contra el presidente del Gobierno por cuenta del apoyo parlamentario de EH Bildu. Feijóo subió un post en su cuenta en el que elogiaba al malogrado concejal por decir “la verdad” sobre el País Vasco y lo contrastaba con el momento presente “en que la mentira es la divisa habitual de esta política tóxica”, en alusión al presidente Sánchez. Consuelo Ordóñez reaccionó cargando contra el líder del PP, afirmando en la red X que “la mentira y la falta de respeto a las víctimas del terrorismo ha sido su constante”. La presidenta de Covite estaba especialmente exasperada en aquel momento por la utilización que había hecho el PP del lema “Que te vote Txapote” en la campaña electoral de 2023 y que seguía utilizando en su ofensiva contra el PSOE. Las reiteradas peticiones de Ordóñez para que el partido dejara de usar esa frase se estrellaron contra el regocijo de Génova de haber tenido una ocurrencia genial.

De Consuelo Ordóñez no se puede decir que sea comprensiva con la “normalización política” del mundo abertzale, pues a su juicio aún está en mora de hacer un acto genuino de arrepentimiento por el enorme daño causado con sus acciones. Pero, para ella, es igualmente, o quizá más, importante que los partidos con vocación de gobierno no utilicen con fines políticos ni aquella época de violencia ni sus coletazos emocionales que aún puedan sentirse.

ETA ya no existe. Se disolvió oficialmente en 2018, siete años después de haber anunciado el cese definitivo de su actividad terrorista. Pese a que el fin de la banda fue resultado de un hostigamiento implacable por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bajo gobiernos de distinto color político, el hecho de que su derrumbe definitivo se produjera durante el mandato del socialista Zapatero fue un trago muy difícil de digerir para la derecha, un golpe del que tal vez no se hayan recuperado. Cuando Aznar ensayó un proceso de paz con la banda y se refirió a ella con lo de “movimiento vasco de liberación”, quienes ansiábamos la paz lo aceptamos como un paso tal vez necesario para allanar el camino de la negociación. Y estoy convencido de que, si aquel proceso hubiera llegado a buen puerto, más de un militante conservador se preciaría hoy de que, gracias a Aznar, los que defendían la violencia para conseguir sus fines ahora los buscaban en el marco institucional: eso era, al menos, lo que pretendía el gobierno de aquellos momentos.

Es difícil saber si el PP dejará de utilizar alguna vez a las víctimas del terrorismo en la confrontación política. Si insiste en seguir por ese camino, ahí estarán personas como Consuelo Ordóñez para recordarles con su presencia los límites de la dignidad.

Hace un año, cuando Donald Trump comenzó un segundo mandato como presidente de Estados Unidos, muchos análisis coincidieron en que no había nada que temer: que en su primer período (2017-21) no había ocurrido nada excepcionalmente grave, más allá de vociferaciones sin consecuencias, y que los mecanismos de contrapeso democrático y de simple sensatez de los asesores de la Casa Blanca se habían activado para frenar cualquier exceso del presidente.

En el ínterin perdió unas elecciones ante el demócrata Joe Biden y unos desquiciados seguidores suyos, alentados por sus denuncias de un supuesto fraude electoral, se tomaron el Congreso en el golpe institucional más violento de la historia reciente del país. Pese a todo, los expertos expresaron su confianza en que los famosos contrapesos democráticos de EEUU funcionarían una vez más.

Craso error. En los doce primeros meses del nuevo mandato, Trump ha metido a su país y al planeta en una realidad distópica en la que ya no parecen valer las brújulas legales y morales que, con todas sus deficiencias y una buena dosis de hipocresía, nos habían permitido orientarnos en nuestro mundo conocido, que pronto será nuestro mundo de ayer, como lo fue para Zweig el Imperio Austro-Húngaro.

En EEUU, más allá de algunas voces dignas –de jueces, funcionarios, periodistas, etc.– que se están plantando contra el presidente, y de algunos conatos de contestación popular ante las élites como la llegada de Mamdani a la alcaldía de Nueva York, lo que estamos viendo es miedo. Temor a hablar en la nación que tanto hemos admirado por su férrea defensa de la Primera Enmienda, la base de su democracia.

Las universidades, tradicionales focos de contrapoder, están apagadas por la amenaza de perder ayudas y donaciones. En las calles no se ven protestas masivas. El grupo policial que se ha constituido para la caza del inmigrante puede derivar, si la sociedad no reacciona, en un grupo paramilitar de mayor alcance al servicio de una autocracia. El clima general de sumisión, o de impotencia, o de desconcierto, que se ha instalado en el país más poderoso de la Tierra es lo que ha permitido ordenar una operación militar en suelo extranjero, con el secuestro incluido de un mandatario, sin la preceptiva autorización del Congreso.

Esa conducta neroniana la aplica en su política exterior. Trump es consciente de la decadencia de EEUU: la imposición por su país al resto del mundo de una globalización neoliberal durante las últimas cuatro décadas se le ha vuelto en contra, destruyendo su tejido industrial y profundizado sus déficits comerciales, mientras China ha emergido sigilosamente como la principal potencia económica mundial. También es consciente de que su fantasía de que EEUU retorne a la American Way of Life de los años 50 está encallando ante la terca realidad de las nuevas relaciones internacionales de producción.

Ante ese panorama sombrío, Trump ha llegado a la conclusión de que a su país solo le queda su extraordinario poder militar –del que ya ha hecho gala en Irán y Venezuela– y su condición de primer consumidor del planeta –coaccionando a los socios comerciales con subidas de aranceles– para mantener su estatus de potencia. Una combinación de ambos mecanismos la estamos viendo en el caso de Groenlandia, con sus amenazas de tomarse a la fuerza el territorio perteneciente a Dinamarca y de castigar con más aranceles a los países europeos que intentan evitar lo que sería una nueva quiebra del derecho internacional. Súmese a ello el plan de dominación en Gaza –que ya comienza a preocupar incluso al Gobierno israelí, al minarle la autoridad que pretende seguir ejerciendo sobre ese territorio– y la humillación constante de la Unión Europea, hasta ahora el principal aliado de Estados Unidos, para hacernos una idea de la nueva realidad en la que nos encontramos.

La doctrina de trumpismo en ese segundo mandato está recogida en la Estrategia de Seguridad Nacional. El principal enemigo a batir es China. Para empezar, hay que sacarlo de América Latina, donde ya es el primer socio comercial en varios países y el segundo en los demás. Para ello se ha desempolvado la Doctrina Monroe de 1823, la que vendieron en su día con el lema fraternal de “América para los americanos”. El golpe en Venezuela guarda relación con ese objetivo, ya que China ya se había convertido en un actor central en el negocio petrolífero del país sudamericano. Groenlandia también tiene que ver con esa estrategia: no solo por su evidente valor militar para EEUU sino por sus tierras raras y su oro.

Hay analistas que opinan que Trump tiene un plan muy concreto –sacar a China del continente americano, dominar Groenlandia, aliviar el déficit comercial de su país, asegurarse recursos naturales de difícil acceso y desarrollar una diplomacia de negocios en el mundo árabe– y que su apetito se saciará una vez consiga esos objetivos. Lo dicen como si se tratase de un simple reajuste en el orden mundial como los que han sucedido en otros momentos de la historia, cuando en realidad estamos asistiendo a un desmoronamiento de las leyes y las instituciones internacionales, a la implantación sin eufemismos de la ley de la selva y al triunfo del lenguaje de matón de barrio en las relaciones entre países y en las mismas sociedades.

Sí: las relaciones internacionales siempre han sido un instrumento de los poderosos y estos nunca han vacilado en actuar de modo unilateral cuando las leyes obstaculizan sus fines. Recordemos la guerra de Irak emprendida por George W. Bush con el apoyo de Blair y Aznar, que dejó al menos cien mil muertos. Sin caer en la frivolidad de pensar que nuestro mundo ha sido idílico, estamos a las puertas de una nueva era, en la que al frente del país más poderoso del planeta hay un personaje caprichoso que dice no creer en más leyes que sus “valores morales”. Y en la que el desarrollo enloquecido de las redes sociales y la inteligencia artificial facilita que este tipo de líderes sin escrúpulos, pero con mucho poder, impongan una nueva manera de entender eso que hasta ahora hemos llamado, ingenuamente o no, civilización.

No quisiera estar en el pellejo de un militante de la derecha española en estos días. Debe ser muy difícil tener ideas claras como Dios manda, celebrar acontecimientos que pareciera que nos van a confirmar esas ideas y luego comprobar atónitos que todo el andamiaje se viene abajo. Que las cosas que creíamos que iban a ocurrir suceden al contrario de lo que pensábamos y nos quedamos dando vueltas a la intemperie como un pollo descabezado.

El gran causante de la zozobra de nuestra derecha es la persona a la que saludaron como la escoba providencial que iba a barrer a las izquierdas de todo el mundo: Donald Trump. Cómo se refocilaron nuestros derechistas cuando el presidente de EEUU arremetió contra Pedro Sánchez por negarse a comprometer el 5% del PIB del país para aumentar el armamento de la OTAN, y luego se enteraron, aunque fingieran no enterarse, de que la pretensión de Trump es que con ese dinero fresco, que saldrá inevitablemente de recortes en programas sociales, llenemos los bolsillos de la industria armamentística estadounidense. Cómo festejaron el ascenso de ese personaje atrabiliario como el comienzo de una era prometedora para Europa, para descubrir que su objetivo es humillar a los europeos, como se ha visto con la guerra tarifaria, con la imagen degradante de los líderes de la UE esperando como alumnos castigados a ser atendidos por el emperador en la Casa Blanca y, ahora, con el plan de Washington de hacerse con Groenlandia, sin importarle un bledo que pertenezca a Dinamarca.

Pero quizá el caso más complicado que está viviendo la derecha española es el de Venezuela. El PP ha convertido a ese país en el símbolo supremo de su compromiso con la lucha por las libertades. Qué más da que el mundo esté plagado de dictaduras y autocracias de todos los pelajes: al PP lo único que parece importarle era la suerte de los venezolanos. Bueno, también la de los cubanos, pero, por alguna razón –¿la influencia del lobby de la oposición venezolana en Madrid?–, el monotema de los populares en política exterior es Venezuela. A veces pareciera que no tienen otro punto en su agenda exterior.

Pues veamos qué ha sucedido en los últimos tres meses. El 10 de octubre se anunció la concesión del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. El PP estalló en júbilo. Bueno, no solo el PP: algunos progresistas biempensantes también lo consideraron una excelsa noticia; ahí está el rastro de la baba en las hemerotecas. Modestamente, en un artículo en este diario califiqué la decisión de “vergüenza”: bajo ningún concepto un premio destinado a quienes muestran algún logro en la consecución de la paz debía otorgarse a una persona que pedía abiertamente a Trump que invadiera su país y que celebraba como una antesala de la caída de Maduro los ataques mortiferos de EEUU a venezolanos en aguas internacionales. Pero a la derecha, y a algunos progresistas como decía, les pareció merecidísimo el premio. Era, argüían, el comienzo del fin de la dictadura bolivariana.

La euforia alcanzó su paroxismo cuando militares de élite de la Delta Force estadounidense entraron en Venezuela y se llevaron por la fuerza a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a Nueva York, donde se encuentran ahora detenidos. El siguiente paso parecía lógico: la flamante Nobel de la Paz tomaría las riendas de su país, y ella –o Edmundo González, su avatar en las últimas elecciones presidenciales que se robó descaradamente Maduro– llegaría al palacio de Miraflores tras unas elecciones democráticas. Pero no: el emperador tenía otros planes. Sentenció que Machado no estaba capacitada para llevar a cabo una transición política y que carecía de apoyo popular. Y para estupefacción de izquierdas y derechas decidió como un Nerón en el circo romano que la transición la pilotase Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro hasta el mismo momento en que los soldados de EEUU lo sacaron de su cama en la madrugada del pasado 3 de enero.

En los días subsiguientes se publicaron sesudos análisis explicando los motivos de Trump. Expertos y tertulianos sugirieron con frialdad de estrategas que era absolutamente lógico lo que había hecho el mandatario norteamericano. Incluso hubo quienes encontraron paralelismos entre la elección de Delcy Rodríguez y la de Adolfo Suárez como figuras transicionales. Pero, seamos sinceros, la decisión de Trump dejó a casi todos con el paso cambiado. Especialmente al PP. ¿Cómo era posible que el presidente de EEUU tirara como un trapo a la heroína Machado y apostara por una revolucionaria zurda de tomo y lomo para sus planes en Venezuela? Peor aun: una persona que mantiene una relación cordial con el odiado expresidente Zapatero y que, según el entorno mediático del PP, trajo un cargamento de oro en una maleta a Pedro Sánchez.

A la derecha y la ultraderecha españolas, que mantienen un vínculo muy estrecho con el machadismo, todo esto las dejaba, como se dice en béisbol, fuera de base. Santiago Abascal, que sigue pensando que Trump es amigo suyo, optó por mantener su apoyo obsecuente al emperador, a diferencia de otra ultra de pro, Marine Le Pen, que criticó duramente al presidente de EEUU por violar la soberanía del país sudamericano. Alberto Núñez Feijóo expresó con la boca pequeña su deseo de que todo este embrollo desemboque en unas elecciones que lleven al poder a Corina Machado, evitando cualquier reproche al mandatario estadounidense.

Pero las sorpresas para nuestros derechistas no terminaron allí. El jueves presenciaron una de las escenas más humillantes de la historia política reciente, cuando su apuesta para liderar Venezuela le ofrendó a Trump la medalla del Nobel de la Paz que le habían concedido en octubre, en agradecimiento por su “compromiso por la libertad” de Venezuela.

Yo no sé si el Premio Nobel volverá a ser el mismo después de haber caído en este foso: no solo otorgó el galardón de la paz a una partidaria de la violencia, sino que esta, en abierto desacato a las reglas de la Fundación Nobel, transfirió a Trump la medalla dorada con la imagen del inventor de la dinamita. Tampoco sé qué hubiera sido de mi estabilidad emocional si yo fuera de derechas a la vista de todo lo que está sucediendo. Por lo que entiendo, el líder del PP lo está llevando como bien puede. Entre otras cosas, desplazando la atención internacional del partido de Venezuela a Irán, que le viene de perlas para criticar a “las feministas” por no movilizarse, sin que quede claro si el mensaje va también dirigido a las feministas de su partido, que, según asegura el propio PP, existen y a quienes no se ha visto protestar en las calles. En estos momentos confusos, Venezuela puede esperar un poco.

A estas alturas de la película, no vamos a escandalizarnos porque Feijóo mienta. Lo hace casi a diario desde que asumió el liderazgo del PP, un partido que hace ya mucho tiempo convirtió el embuste, la difamación y el insulto en instrumentos esenciales de su estrategia política. Pero hay mentiras que resultan especialmente repulsivas, porque se utilizan para intentar tapar responsabilidades en tragedias que han costado la vida a muchos ciudadanos. Lo hizo Aznar hace algo más de dos décadas al atribuir a ETA la autoría del peor ataque terrorista sufrido por España. Lo hizo Feijóo dos días después de la dana, al afirmar que el entonces presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, lo había mantenido informado en “tiempo real” de la catástrofe.

Cuando lo dijo, ya había trascendido que Mazón estuvo en paradero desconocido en los momentos cruciales de la riada. Poco después se sabría que durante todo ese tiempo estuvo con una periodista en el reservado de un restaurante. Más que interesarse por la posible dejación de responsabilidades en que habría incurrido el barón regional, el líder nacional del PP decidió que lo importante era blindarlo contra las críticas. Y lo hizo mintiendo. A sabiendas de que mentía. Por encima de las 237 víctimas mortales y los miles de damnificados que dejó la mayor catástrofe natural en la historia de España.

No lo digo yo. Lo ha reconocido el propio Feijóo este viernes en su declaración telemática ante la jueza que investiga presuntos delitos en la gestión de la tragedia. Y lo dejan patente sus whatsapps con Mazón aquel aciago 29 de octubre de 2024, que envió a la togada en la tarde de Nochebuena seguramente para que pasaran desapercibidos a la opinión pública. Los mensajes revelan que la primera comunicación entre ambos fue a las 19.59 horas, cuando el torrente de agua estaba desatado. En ella, el único interés de Feijóo es pedirle a Mazón que controle el relato informativo. En su testimonio ante la jueza, situó la primera comunicación a las 20.59: “Me preocupa lo que pueda estar pasando en Valencia y me pongo en contacto con Mazón”. El baile de horas es lo de menos. Lo que importa es la confesión de Feijóo de que solo contactó con Mazón entrada la noche del 29 de octubre, cuando la catástrofe ya se abatía sobre Valencia, y la constatación de los wasaps de que la preocupación del líder del PP era evitar que la oposición tomara la delantera informativa.

Feijóo admitió ante la jueza que no sabía dónde se encontraba Mazón cuando el president le escribió a las 20.09 horas que la noche iba a ser “larga”. Cuando la togada le preguntó si, ante la ausencia de Mazón, había intentado contactar con la consellera Salomé Pradas, que se encontraba al frente de la emergencia, respondió: “No tengo el whatsapp de ningún consejero. Y entiendo que voy al presidente de la comunidad y sería descortés y desleal ponerme en contacto con miembros de su Gobierno”. Es decir, en medio de la catástrofe, el líder del principal partido de la oposición de España no trata de hablar con la única responsable del ejecutivo valenciano localizable porque no le parecía elegante ningunear al presidente de la Generalitat, que se hallaba vaya usted a saber dónde.¿Sabía Feijóo que Mazón se encontraba en el restaurante El ventorro con Maribel Vilaplana? La jueza se lo preguntó, y él contestó: “Yo no sé con quién comen las personas de mi partido”.

Después de la dana, Feijóo defendió durante un año a capa y espada la gestión del president, intentando desviar toda la responsabilidad de la tragedia al Gobierno central. Y cuando Mazón finalmente dimitió por la presión creciente de los ciudadanos valencianos y españoles, el líder del PP, en una exhibición descarada de cinismo, lo presentó como un ejemplo de que en su partido, a diferencia de otras formaciones, se depuran las responsabilidades políticas.

En otras circunstancias, el testimonio de Feijóo ante la jueza de la dana habría tenido mucha más repercusión pública de la que ha tenido. El líder del PP debe agradecer al enloquecido Trump que la atención esté enfocada en este momento en acontecimientos que tienen al mundo en vilo. Pero ello no minimiza la gravedad de lo ocurrido. El político que pretende llegar a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales ha reconocido que mintió en la peor catástrofe natural del país para proteger a un barón del partido que tenía la responsabilidad de gestionarla. Mintió deliberadamente, sin ninguna empatía hacia las víctimas. Y siguió defendiendo a Mazón cuando ya se sabía que había estado con una periodista en un reservado mientras sus conciudadanos estaban con el agua al cuello.

Incluso las mentiras, por despreciables que sean todas, tienen categorías. La de Feijóo en la dana pasará a la historia como una mentira infame.

Los ataques de EEUU a Venezuela y la captura del presidente Maduro y su esposa no tienen nada que ver con el narcotráfico y el famoso Cartel de los Soles, de cuya existencia solo tenemos noticia porque Washington dice que existe: Trump acaba de indultar a un expresidente hondureño de derechas, condenado en EEUU a 45 años de prisión por introducir grandes cantidades de droga en ese país, porque con ello le despejaba el camino a un candidato del mismo partido en las elecciones presidenciales del país centroamericano. Tampoco guardan relación con que Maduro sea un autócrata: EEUU ha demostrado a lo largo de su historia que sabe convivir con dictadores, incluso ponerlos en el cargo, eso sí, cuando convienen a sus intereses. “Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, se dice que dijo el presidente Roosevelt del tirano nicaragüense Somoza.

No hay que ser un lince para saber que la violación flagrante del derecho internacional por parte de EEUU a la que estamos asistiendo tiene motivaciones geoestratégicas y económicas, además de ideológicas, en un momento de reacomodación del denominado orden internacional. Lo cual no excluye otros móviles secundarios, como desviar la atención de los estadounidenses de los problemas internos de su país, donde el Make America Great Again no termina de arrancar. Venezuela es una de las mayores potencias petroleras del mundo, y Maduro mantenía una estrecha relación con Rusia (sobre todo en materia de asistencia militar) y el régimen iraní, la bestia negra de Washington. Había que quitárselo de enmedio. Ya estaban demorando.

Antes de la intervención militar de este sábado, Trump había dejado clara su voluntad de desempolvar la vieja Doctrina Monroe, de 1823, aquella que Estados Unidos presentó como un escudo contra la injerencia de los países europeos en el continente americano y que, en realidad, era la consagración de la hegemonía estadounidense en el hemisferio. El grito aparentemente solidario de “América para los americanos” escondía una operación diseñada en Washington para imponer su ley desde Alaska hasta Tierra del Fuego. El historial de las intervenciones militares o apoyos a golpes de Estado al sur del Río Grande por parte de EEUU es extenso. En 1954 bombardeó al palacio presidencial de Guatemala y derrocó al mandatario socialdemócrata, Jacobo Árbenz, por intentar meter en cintura a la United Fruit Company. La lista de derrocamientos incluye a presidentes de Haití, Granada y Panamá o apoyos a golpes en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay…

Casi todas aquellas operaciones se llevaron a cabo en el contexto de la Guerra Fría. La de ahora en Venezuela se produce en otro escenario, aunque, a fin de cuentas, el motivo de fondo es el reparto de órbitas de influencia entre las potencias y los nuevos condicionantes de un sistema económico internacional cada vez más difícil de embridar. Rusia está metida hasta el cuello en su guerra con Ucrania, y el hecho de que no haya condenado la intervención en Venezuela, donde tenía destinado un contingente militar, solo puede significar que espera en retribución una actitud comprensiva de Washington en sus planes europeos. China, por su parte, mantiene una actitud cauta y continúa con su estrategia de expansión económica sin interferir en los asuntos políticos de otros países y regiones.

Muchos venezolanos, y no solamente las oligarquías, estarán a estas horas celebrando la caída de Maduro. Otros estarán iracundos ante lo que ven como una humillación a la dignidad nacional. Nicolás Maduro ha gobernado como un autócrata. Y se robó descaradamente las últimas elecciones presidenciales en su país. Millones de sus conciudadanos se han marchado de Venezuela, en un éxodo sin precedentes, por la nefasta gestión económica del chavismo. Un personaje así no puede ser defendible por ningún demócrata. Pero tampoco puede ser defendible la intervención estadounidense para derrocarlo. Cuando se ignora de manera tan olímpica el derecho internacional, la imposición de la fuerza bruta es lo que queda para dirimir los conflictos.

El presidente colombiano Gustavo Petro tiene sus motivos para condenar enérgicamente la intervención. Él sabe que puede ser el próximo. Es de izquierdas, su país tiene enormes reservas de petróleo y está desarrollando una diplomacia económica en el mundo árabe y oriental que no gusta en Washington. Súmense a ello su discurso beligerante contra el coloso del norte, y el cóctel está servido para que la ofensiva norteamericana se extienda al país vecino de Venezuela. En contra de lo que quisieran Petro o el presidente cubano Díaz-Canel, Latinoamérica no está unida en este asunto, como no lo estuvo cuando la guerra de las Malvinas en la que Reino Unido aplastó a las fuerzas argentinas que habían ocupado el territorio. Ironías de la historia, uno de los mayores apoyos en el continente a la acción de EEUU lo está brindando el presidente argentino, Javier Milei.

Las noticias sobre la operación de EEUU son aún confusas. Está por ver qué planes hay con el cautivo Maduro. De momento, Trump ha enviado un mensaje contundente a los gobernantes díscolos de América Latina: Washington no va a permitir más desafíos desde su “patio trasero”.  

Está pasando lo que sabíamos que iba a suceder y no hemos sido capaces de evitarlo. Hemos estado atareados atendiendo tantos frentes en un mundo cada vez más convulso que no dedicamos a este asunto, la privatización de la sanidad, la atención obstinada que merece. Algunos medios, en particular este, nos esforzamos por mantener el tema en el centro del debate público. Y es cierto que ha habido alguna que otra manifestación contra el desguace paulatino de los pilares del estado de bienestar. Pero, como sociedad, como ciudadanos concernidos, no estamos respondiendo al ataque –no le encuentro otro nombre– con una contundencia tal que atemorice a los agresores y los obligue a renunciar a sus planes.

En un informe muy bien documentado publicado este viernes por nuestros compañeros Raquel Ejerique y Raúl Sánchez, vemos cómo se ha disparado la transferencia de pacientes desde hospitales públicos madrileños a los también públicos pero de gestión privada, merced a una ley que concibió Esperanza Aguirre en 2009 para que las personas pudieran elegir libremente el hospital del sistema sanitario donde recibir tratamiento, sin importar si le correspondía o no por su zona de empadronamiento. Los frutos de aquella jugada los tenemos a la vista: en 2024, los cinco hospitales públicos madrileños gestionados por la compañía Quirón –con la Fundación Jiménez Díaz como mascarón de proa– y el Hospital de Torrejón, administrado por Ribera Salud, consiguieron captar 250.000 pacientes de la sanidad pública. Y eso significa mucha pasta. Cientos de millones.

Quirón: la que recibe dinero a espuertas de la Comunidad de Madrid mientras el novio de la presidenta ha visto dispararse sus contratos con la compañía. Ribera: la de los escandalosos audios en que el CEO del hospital daba instrucciones para anteponer las ganancias económicas a la salud. Además del canon fijo que les paga la administración madrileña por atender a los pacientes que les corresponden por zona, los dos grupos se llevan un plus por cada paciente que captan fuera de su radio de acción. La Jiménez Díaz, que fue la que más atrajo (91.134, frente a menos de 20.000 una década antes), tiene un acuerdo singular con el Gobierno de Ayuso, mediante el cual cobra por los servicios que presta.

Isabel Díaz Ayuso suele alardear de que la Comunidad de Madrid tiene el mejor sistema sanitario público de Europa, basándose en interpretaciones acomodaticias de informes que se saca cada tanto de la manga. Lo que yo sé es que en el prestigioso ranking ‘Los mejores hospitales del mundo’ que publica cada año la revista Newsweek destacan en 2025-26 La Paz (puesto 49) y el 12 de octubre (puesto 52). Que, miren por dónde, fueron los que más pacientes perdieron en el saldo neto de entrantes y salientes: 40.129, el primero, y 26.171, el segundo. La Fundación Jiménez Díaz, la más beneficiada de este zoco en que se está convirtiendo el sistema sanitario madrileño, ocupa el puesto 198 en el listado de Newsweek.

Se equivocan quienes crean que esto es un problema madrileño. Para empezar, algo parecido está sucediendo en Andalucía bajo el gobierno de Juanma Moreno. La salud es hoy uno de los pasteles más suculentos en todo el mundo, entre otras cosas por ser un mercado cautivo, y los inversionistas están buscando con desesperación nuevos yacimientos para rentabilizar su dinero a medio o largo plazo. Lo que estamos viendo en Madrid o Andalucía, por muy grave que sea, es apenas un aperitivo de que puede seguir si nos descuidamos: la privatización total de la salud. Los grandes capitales seguirán presionando –y no les faltan medios económicos para ablandar voluntades– con el fin de ampliar cada vez más su bocado del pastel. Sospecho que si no van a por todas es porque les conviene tener el respaldo de las administraciones públicas (es decir, de nuestros bolsillos), por si en algún momento vienen mal dadas y hay que recurrir a esa “pequeña ayuda de mis amigos” a la que cantaba Joe Cocker y de la que se benefició la banca en la crisis financiera de 2008.

Luchar contra este proceso de privatización de la sanidad es muy difícil. Y puede salir caro. No hay que ser un lince para ver en el calvario judicial que sufre Mónica Oltra, en una causa que ha sido archivada ya dos veces, un nexo con su decisión y la de Ximo Puig, cuando ejercían como vicepresidenta y presidente de la Generalitat Valenciana, de revertir la privatización del Hospital de Alzira. Un modelo pionero en este tipo de trasvases de lo público a lo privado, gestionado, como no, por Ribera Salud.

La derecha y los grandes capitales van de la mano en la ofensiva privatizadora. Pero no basta con señalarlos con dedo acusador. Hay que movilizarse contra este saqueo disfrazado de libertad de elección. Exigir en serio explicaciones sobre qué se cocina tras bambalinas y en los despachos con nuestro sistema sanitario. Aunque las encuestas pronostiquen que Ayuso y Bonilla volverán a ganar las elecciones en sus comunidades, es preciso volcarse en las urnas y exhibir el descontento. Otra victoria aplastante de ambos les serviría para reafirmarse en la supuesta popularidad de sus políticas, cuando ellos saben muy bien lo que sucede cuando la izquierda se moviliza: la autora de la ley de sanidad de 2009 lo vivió en sus carnes y tuvo que recurrir al tamayazo para gobernar. El Gobierno central, que todavía está en manos del progresismo, no puede permanecer impasible con el argumento de que las competencias en salud están transferidas. Ignoro qué puede hacer, pero me gustaría al menos saber que está buscando una alternativa a este desenfreno privatizador. Los partidos progresistas deben poner la sanidad en el centro del debate público y dejar clara su posición, más allá de transmitir la idea que –nunca mejor dicho tratándose de hospitales– la cura del problema puede resultar peor que la enfermedad.

Lo que nos jugamos como sociedad es bastante serio. Y esta ofensiva contra lo que es de todos puede ir a más. Los buitres no descansarán hasta quedarse con la presa, si lo permitimos.

Alberto Núñez Feijóo ha sentenciado que este 2025 que termina ha sido el año del “colapso del sanchismo”. Ciertamente, ha sido un año turbulento para el presidente del Gobierno, sobre todo por los líos judiciales que tienen enredados a Cerdán y Ábalos, las causas interminables contra su esposa y su hermano y los escándalos de acoso sexual que han saltado en el seno del PSOE. A ello se suma una precariedad parlamentaria que le está impidiendo sacar adelante proyectos legislativos, comenzando por el de los presupuestos generales. Es tal su fragilidad en el Congreso que, según publica El País, ha instruido a cada uno de sus ministros a que le presente tres o cuatro proyectos sociales que se puedan ejecutar sin tener que pasar por las cámaras legislativas.

Sin duda, hay un olor penetrante a fin de ciclo. Los resultados de las recientes elecciones en Extremadura, donde el PSOE sufrió un descalabro histórico en su otrora bastión inexpugnable, parecería marcar el rumbo de lo que sucederá en próximas citas electorales autonómicas. Y, al final del camino, en los comicios generales de 2027, si Sánchez agota su mandato. Esos tsunamis electorales se han producido en otros momentos de nuestra historia reciente y no es descartable que se repitan una vez más. La duda que me asalta es por qué Feijóo, si considera al presidente del Gobierno un cadáver ambulante, dedica tanto tiempo a dispararle con una saña cada vez más intensa. Por qué arroja piedras a la fruta pretendidamente podrida en vez de esperar pacientemente a que caiga del árbol merced a la inexorable ley de la gravedad.

Quizá la respuesta es que el líder del PP no se fía del todo de que Sánchez sea un fiambre político. El presidente ha demostrado una habilidad extraordinaria para escapar, como el mago Houdini, de los trances más difíciles. Y quién sabe si lo logrará una vez más, incluso vendiendo su alma al diablo. No le falta alguna que otra carta bajo la manga, como la buena marcha de los datos macroeconómicos. O la convicción en el progresismo de que una llegada de las derechas sería catastrófica para el pais, lo que que tendría un efecto movilizador en unos comicios. Si Feijóo tuviera la certeza forense de que Sánchez está absolutamente acabado, se limitaría a seguir a rajatabla el antiguo proverbio chino que reza: “Siéntate pacientemente junto al río y verás pasar flotando el cadáver de tu enemigo”. Pero, ¿y si no pasa? ¿Y si al final eres tú quien acaba flotando en el río, como le sucedió a Edén Pastora, que siendo dirigente sandinista pronosticó que vería a la Iglesia desfilar sin vida por las corrientes fluviales de Nicaragua?

Feijóo, que de tonto no parece tener un pelo, sabe que con el correoso Sánchez no vale la paciencia oriental. Él prefiere recurrir a otro proverbio, que parece extraído de 'El arte de la guerra', de Sun Tzu, pero que en realidad es un grito bélico español:: “El que pueda hacer que haga”. Su autor es un antiguo timonel del PP, y cabe presumir que lo escucharemos con estridencia creciente hasta que se vaya Sánchez, si es que se va. De momento la pieza más valiosa que se ha cobrado es la cabeza del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La idea era que cayera Sánchez por efecto dominó, pero no funcionó. 

En su intervención de este lunes ante el Comité de Dirección del partido en que certificó el colapso del sanchismo, Feijóo omitió su habitual monserga de que el presidente debe convocar de inmediato elecciones anticipadas. Tampoco insinuó que vaya a recurrir, por fin, a la herramienta que le brinda la Constitución para apartar al presidente de la Moncloa: la moción de censura. Su problema es que, pese a tener la certeza de que Sánchez está acabado, le siguen sin cuadrar las cuentas para sacar la moción adelante. Y le sigue faltando el coraje político para presentarla a sabiendas de que la va a perder, pese a que le permitiría exponer a los españoles cuál es su alternativa en el caso de que Sánchez acepte en algún momento el diagnóstico del PP de que está muerto.

Es posible que, en este momento, el objetivo de Feijóo no sea la caída inmediata de Sánchez. Quizá necesita algo más de tiempo, para ver qué le susurran los resultados de algunas elecciones autonómicas venideras; no tanto sobre el PSOE como sobre Vox. El líder del PP es consciente de que su discurso de cara a las generales va a depender de lo que digan los votantes en Aragón, Castilla y León o Andalucía. Este lunes ha impartido la doctrina de establecer gobiernos “proporcionales” con el partido de extrema derecha allí donde el PP los necesite para tener mayoría, pero es obvio que prefiere que su partido obtenga mayorías absolutas en todos los comicios. Unas votaciones al alza del partido de Abascal le pueden, como se dice coloquialmente, dañar el caminado. Como en cierta medida ha ocurrido en Extremadura, por mucho que cante victoria.

Sin pretender erigirme en oráculo político, el PP dejará en los próximos meses de insistir en que Sánchez dimita cuanto antes, y se dedicará a seguir minándolo sin tregua hasta que el panorama de la derecha y la ultraderecha se despeje un poco, de modo que Feijóo tenga un cuadro más claro de su equilibrio de fuerzas con un Vox cada vez más envalentonado y exigente.

En cualquier caso, el horizonte máximo para sacar conclusiones al respecto son las elecciones generales de 2027. Pero, ¿y si Sánchez finalmente se presenta para un tercer mandato, como ha anunciado? ¿Y –casi no me atrevo a preguntarlo, por inverosímil– si además gana?

Después de escuchar este miércoles el discurso navideño de Felipe VI, me quedó la curiosidad por saber a quién le podía importar lo que había dicho el monarca.

A los jóvenes, lo dudo. A muchos de ellos el discurso les habrá entrado por un oído y salido por el otro mientras la tele lo transmitía como un sonido de fondo en el trasiego de la cena familiar. Eso de salmodiar a estas alturas las excelencias de la Transición funcionará con “las generaciones que la recuerdan”, pero, por muchos aspectos positivos que innegablemente tuvo aquel tránsito de la dictadura a la democracia, los jóvenes quieren escuchar cosas radicalmente nuevas. Y, lo más importante, que sean convertibles en hechos. No vale constatar la obviedad de que el presente es difícil y el futuro incierto, que parece ya un estribillo en las alocuciones reales, o que la falta de acceso a la vivienda “es un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes”. Words, words, words, como decía el príncipe danés. La juventud está hastiada de las batallitas de abuelos cebolleta y, por desgracia, eso lo está entendiendo mejor que nadie un partido que no cree en la democracia.

¿Les interesó el discurso a las mujeres? Presumo que menos. El rey no dedicó una sílaba a la lucha del feminismo justo en un año en que han aflorado sonados casos de acoso y violencia machista en la política. Una referencia al tema habría podido resultar especialmente incómoda en la Moncloa –que da el visto bueno a las alocuciones reales–, pero era insoslayable en esta coyuntura. Muchas mujeres están constatando con una decepción profunda que la cultura patriarcal sigue enquistada en las esferas del poder, y el rey –sigo con los escandinavos– se hizo el sueco. No les habló ni a las mujeres progresistas ni a las conservadoras, que también sufren acoso en sus partidos pero lo callan con resignación o porque son presionadas por sus jefes para que no abran la boca.

¿Y los que están preocupados por la creciente xenofobia en el país? Por ahí dijo en alguna parte el monarca que somos una sociedad solidaria, pero lo que esperaban es que hiciera un llamado claro y contundente contra los discursos de odio. Sobre todo en un año en que hemos visto sobrecogidos los disturbios xenófobos en Torre-Pacheco y, estos días, las imágenes indignantes de Badalona, donde unos sesenta inmigrantes desalojados de un antiguo colegio han tenido que pasar la Navidad bajo un puente.

¿Y los políticos? El rey habló de la polarización y los extremismos. Cosas que no existían, por supuesto, en la divina Transición, cuando todo se resolvía mediante el diálogo... y tras bambalinas. Por ejemplo, con diálogo se incrustó la monarquía en la Constitución sin someterse a un referéndum separado, porque, como dijo el ahora señalado Adolfo Suárez a la periodista Victoria Prego, lo habría perdido. “La tensión en el debate público produce hastío, desencanto, desafección”, advirtió el monarca. Seamos sinceros, ¿a quién le importa? Abascal, disparado en las encuestas y con un exitazo aún fresco en Extremadura, pensará que eso no va con él, que busquen la desafección por otro lado. Feijóo, por su parte, ha dejado suficientemente claro desde que llegó a la presidencia de su partido que no dejará de incendiar ni un segundo la política hasta que caiga el presidente del Gobierno. Y Sánchez quiere por razones tácticas que Vox se fortalezca, pensando que eso complicará la vida al PP y permitirá a los socialistas recuperar en las próximas elecciones generales el discurso de que viene el fascismo, por si cuela de nuevo.  

También mencionó el rey “los extremismos, los radicalismos y populismos”, pero no hizo ninguna referencia explícita al ascenso de la ultraderecha en Europa y en España. Mucho menos aludió a la participación de acusaciones ultras en el juicio que condenó al fiscal general del Estado, uno de los acontecimientos políticos más graves de la historia reciente del país. El rey, como suele decirse, no está para meterse en detalles. Advirtió, eso sí, de que eso ya nos sucedió antes. ¿Cuándo? Claro: en la Segunda República. No lo dijo de modo explícito, pero era evidente: “Ese capítulo de la historia ya lo conocemos y tuvo unas consecuencias funestas”. O sea: la guerra civil y el franquismo fueron el resultado inexorable de unas peloteras partidistas en la república. Ergo, ambos bandos son igualmemte responsables de lo que sucedió, y debemos evitar que ocurra otra vez. “¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?”, preguntó. No nos dio la respuesta, pero aconsejó mucho diálogo: ya saben, Fraga y Carrillo y todo aquello. Sí, la divina Transición. En la vida real, que es la que discurre de este lado del televisor, PP y Vox seguirán acusando de radical y populista a la izquierda, y la izquierda seguirá afirmando que los populistas y extremistas son Vox y el PP. Y todos, con gestos circunspectos, valorarán muy positivamente en el discurso del rey su clamor contra “los extremismos, los radicalismos y los populismos”.

En otro apartado de la alocución, Felipe VI quiso levantar la moral de la tropa ciudadana y dijo que España ha demostrado en el último medio siglo que “sabe responder a los desafíos internos y externos cuando hay voluntad, perseverancia y visión de país”. Y dijo que lo hemos visto, entre otras situaciones, ante las catástrofes naturales. Por lo menos habría podido mencionar como una terrible excepción lo que sucedió con la dana, pero, como se dijo antes, el rey no está para entrar en detalles.

Volviendo al comienzo, intento pensar a quién le pudo interesar el discurso del rey. Y, en general, los discursos de los reyes. Pronto lo escribirán con ChatGPT, si es que no lo están haciendo ya, y ni lo notaremos.

Parecía que todos los que podían hacer ya estaban movilizados: políticos sin límites, congresistas deslenguados, pseudo sindicatos, asociaciones policiales, medios de comunicación, jueces varios, influencers de todo pelaje… Pero faltaba él: Luis Javier Argüello, arzobispo de Valladolid desde julio de 2022 y presidente de la Conferencia Episcopal Española desde marzo de 2024. Por lo visto, no pudo estarse más tiempo quieto y se ha sumado públicamente a la campaña para tumbar al presidente del Gobierno. A su juicio, en la actual coyuntura política solo hay tres opciones: moción de censura, cuestión de confianza o “dar la palabra a los ciudadanos”, que, por si alguien no lo ha pillado, significa convocar elecciones anticipadas. “Es decir, lo que prevé la Constitución”, añadió. Omitió incluir una cuarta opción no menos constitucional: que los presidentes concluyan sus mandatos. En el caso de Sánchez, que siga en la Moncloa hasta julio de 2027. Una perspectiva indigesta para muchos.

Que la Iglesia intervenga en política no es nuevo en España. Lo hizo durante 40 años paseando a Franco bajo palio y adoctrinando a generaciones de españoles en una fe al servicio de la dictadura. Lo hizo durante la Segunda República, atizando desde los púlpitos el clima de enfrentamiento en el país. Y lo ha venido haciendo en la nueva etapa democrática, interviniendo con más frecuencia de lo deseable en los grandes asuntos políticos, económicos y sociales, casi siempre como reacción a iniciativas de expansión de derechos civiles impulsadas por gobiernos progresistas. Todo este historial explica que la religión y, en particular, la Iglesia sean hoy un factor de división, incluso de confrontación, en la sociedad española. Pero en vez de aprovechar el resquicio abierto por el papa Francisco para la reconciliación de muchos progresistas con la Iglesia, el presidente de la Conferencia Episcopal ha preferido apostarle a la España de cerrado y sacristía.

¿Es aceptable que las instituciones religiosas intervengan en política? Jesús no lo creía. Con su mensaje de “dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, se inclinó por mantener la religión al margen de los asuntos del Estado, encarnado entonces por el todopoderoso imperio romano. Pero la Iglesia creció y, cuando se sintió fuerte, entró a saco en política. Hasta el día de hoy. En España y en muchas otras partes. El fenómeno no es exclusivo del catolicismo: véase el peso desmedido que tienen en este momento en la política la religión protestante, la musulmana y la judía en los países donde esos credos tienen arraigo.

No seré yo quien le diga al arzobispo de Valladolid que se abstenga de hacer política. No lo criticaré si se toma en serio la sugerencia del presidente Sánchez de que monte un partido con Abogados Cristianos y concurra a las elecciones. Tan solo le diría que entrar en política tiene consecuencias. Una vez se abandona la neutralidad –o el simulacro de neutralidad–, sobre todo con la contundencia con que lo ha hecho el jefe máximo de la jerarquía eclesial española, no vale protestar después si la política acaba interfiriendo en la religión.

Desde una perspectiva progresista, hay mucho para interferir: poniendo fin a la educación concertada, un modelo que quizá fue necesario en los primeros años de la democracia por la sencilla razón de que bajo la dictadura se había consolidado una poderosa infraestructura educativa gobernada por los curas, pero que hoy es una anomalía en el mundo desarrollado; retirando a la Iglesia de la casilla de asignación voluntaria en la declaración del IRPF; comenzando a cobrar a las iglesias los impuestos de Sociedades o el IVA, o aplicando de una vez por todas la ley de la memoria democrática en el Valle de Cuelgamuros, que el presidente de la Conferencia Episcopal, por cierto, sigue llamando Valle de los Caídos como si las leyes no fuesen con él. Otra cosa es que el Gobierno se atreva a llegar tan lejos ante el desafío de monseñor Argüello.

Lejos de retractarse de sus declaraciones en La Vanguardia, el arzobispo de Valladolid ha vuelto este lunes a la carga con un tuit envalentonado en respuesta a las críticas que le hicieron la víspera el presidente Sánchez y el ministro Bolaños: “Ante el respeto a la vida y la dignidad, la comprensión y el apoyo en materia de vivienda y educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia y el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, no soy neutral”. ¿Habla en serio el prelado –que lo jure sobre la Biblia– cuando sugiere que en España no hay libertad religiosa? Si tanto le preocupa el problema de la vivienda, ¿por qué no predica con el ejemplo desafectando solo una pequeña parte de la colección inmobiliaria que atesora el clero en España? Cuando incluye la falta de respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho entre los motivos para echar a Sánchez, ¿no se le viene a la cabeza al menos una transgresión de esas reglas por parte del PP y Vox, partidos que se beneficiarían de la caída del presidente?

Evidentemente, monseñor Argüello no es neutral, pero quizá debería ser más prudente en sus declaraciones, como le ha recomendado el arzobispo de Tarragona. El problema de meterse hasta el cuello en política, como lo está haciendo el presidente de la Conferencia Episcopal en esta coyuntura de España, es que ya no podrá quejarse si le llueven pinchos del cielo. La política es un juego muy endiablado.