Hoy cumplo cuatro décadas en España. Llegué un 28 de febrero de 1986, como corresponsal del diario colombiano donde había comenzado mi carrera de periodista. Sabía muy poco de España, quizá tan poco como el entonces cónsul honorario en Barranquilla, que me dictó la carta que debía dirigir a la Moncloa para acreditarme como corresponsal y puso como destinatario: “Secretaría de Estado de Comunicación. República de España”. Días más tarde recibí una carta desde dicha oficina aclarándome que España es un Reino. Corregí, claro. Mi mujer se había venido previamente a Europa con la intención de que nos instaláramos en París, pero Madrid la había enganchado. Cuando le comenté la opción madrileña al maestro Germán Vargas, uno de los cuatro discípulos del sabio catalán en 'Cien años de soledad', me dijo alarmado: “¿Madrid? Eso es como Bogotá en los años cincuenta. La gente viste de negro y llueve todo el día. El único lugar donde se puede vivir en España es Barcelona”. Por fortuna, qué equivocado estaba don Germán.

Tres meses antes de mi llegada había ocurrido en Colombia el episodio político más traumático de su historia reciente: la toma criminal del Palacio de Justicia por el M-19 y la no menos criminal retoma por el ejército. En la refriega murieron cerca de un centenar de personas, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema. Pese a lo convulsionado del ambiente, unos días después pedí al director de mi periódico que me permitiera escribir un artículo de opinión, que titulé ‘El Palacio de Justicia y los alzados en instituciones’; en él critiqué duramente al Gobierno y a los mandos militares por su responsabilidad compartida con los guerrilleros en la muerte de los juristas de la Corte, la única institución en la que confiaban los colombianos por la honestidad y el talante progresista de sus miembros. Tras la publicación del artículo, un compañero del periódico con buenos contactos en la Policía me dijo que desde el cuartel me mandaban a decir que me cuidara. En ese momento tomé la decisión de marcharme. No por la amenaza en sí -la consideré poca cosa, una simple bravuconada, frente al peligro real en que se encontraban muchos compatriotas en esos días turbulentos-, sino por un sentimiento de asfixia ante el clima opresivo que se había instalado en el país, en particular para el ejercicio del periodismo. Una vez concluí el trabajo fatigoso de desmontar una casa, me fui.

Al cabo de un tiempo en España, me vinculé a Cambio 16, y desde entonces he trabajado de diversos medios españoles. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, nos fuimos quedando en Madrid. En 1991, me nacionalicé. En un acto de enorme trascendencia para mí, pero rutinario para el funcionario del Registro Civil en la Calle de Pradillo, juré lealtad al Rey y a la Corona. Siempre había vivido en países con sistemas republicanos, pero no me sentí incómodo por la exigencia del juramento. Juan Carlos me caía simpático, como a casi todos los españoles, y yo me aprestaba a ser uno más de ellos. La sorpresa llegó cuando el funcionario me dijo que no podía registrarme con mi nombre: Marco. Me explicó que había que “castellanizarlo” y me registró como Marcos. Le dije, implorante, que yo era periodista y siempre firmaba con mi nombre original. Su solución fue hacer una apostilla en el registro señalando que el flamante ciudadano español Marcos Schwartz también respondía al nombre de Marco. Desde entonces tengo una doble personalidad: en mi pasaporte español, mi DNI, en mis cuentas bancarias y en general en los trámites burocráticos, aparezco como Marcos. Y en mi vida periodística y civil de Clark Kent he logrado preservar el nombre que eligieron para mí mis padres. Pensándolo con la distancia, tal vez me habría evitado más dolores de cabeza que me hubiera cambiado el apellido Schwartz por Suárez. No tendría que deletrear a toda hora Salamanca, Cáceres, Huelva, Whisky, Aragón, Roma, Teruel, Zamora.

En la época en que llegué había pocos extranjeros en España. Pero años después, sobre todo a partir del 2000, la inmigración se disparó. Y con la fuerza de un torrente desbocado se llevó por delante las normas rígidas de los funcionarios del registro, que han terminado escribiendo con naturalidad nombres como Brahian, Darwin José o Breiddy, sin que se les pase por la cabeza “castellanizarlos”. Con la ley 20 de 2011, ya solo se prohíbe inscribir nombres que sean “contrarios a la dignidad de la persona”, como ha ocurrido según ChatGPT con los de Hitler y Osama bin Laden.

Aunque he vivido algunos incidentes xenófobos, debo decir que mi experiencia en España ha sido más que positiva. Es duro decirlo, pero seguramente ha ayudado que soy blanco. Me consta que muchos inmigrantes con “pinta” de latinoamericanos (la palabra “pinta” suele estar asociada a un prototipo andino) son objeto de discriminación y desprecio cotidianos. Y ni hablar de las que sufren los magrebíes o los subsaharianos. Cuántas veces he escuchado en conversaciones de bar aquello de que “los latinoamericanos al menos hablan tu idioma y tienen tu religión”. Esa es la tarea que tiene pendiente cualquier gobierno que se precie de democrático: facilitar la integración de los extranjeros. No someterlos a pruebas culturales de trivial, ni mostrarles la foto de un toro para ver si gritan genuinamente olé, ni comprobar si hablan correctamente español cuando miles de españoles “de toda la vida” lo hablan a las patadas. Mis abuelos no sabían una pizca de español ni sabían distinguir un bolero de un vallenato cuando llegaron a Colombia, e hicieron allí su vida a punta de trabajo y esfuerzo. Que es lo que busca la inmensa mayoría de los extranjeros que trasiegan de un sitio a otro en el ancho mundo.

Ser español no ha sido para mí un “honor”, como pretende Feijóo que lo sea para quienes aspiren a la nacionalidad española si llega a la presidencia del Gobierno. Eso que se lo pida a los pelayos y las urracas. Para mí es algo muchísimo más importante: ha sido la manera de llevar una vida corriente en un lugar que me ha dado mucho y al que he aportado mucho, un lugar en el mundo del que siento nostalgia cuando estoy afuera, como pude comprobar durante un período reciente en que dirigí un periódico colombiano, un lugar en el que conservo grandes amigos de los años frenéticos de mi “infancia española” y pequeños nietos que se asoman inocentes a un país que, por muchas críticas que se le hagan, funciona civilizadamente. Y que algunos, como Feijóo o Abascal, parecen empeñados en convertir en una organización tribal con el sello de Covadonga.  

Las palabras que pronunciamos no son gratuitas. El uso que hacemos cotidianamente de un término u otro es revelador de nuestra forma de ver el mundo. La disciplina de la lingüística está llena de estudios sobre las expresiones que elegimos para calificar o describir las cosas. Y lo que sabemos es que no brotan por azar de nuestra boca, que cuando elegimos nuestro léxico estamos desnudando nuestro pensamiento. No es lo mismo, por ejemplo, decir “el problema de la inmigración” que “el fenómeno de la inmigración”: lo primero sugiere una actitud prevenida hacia el extranjero, mientras que lo segundo refleja una aproximación en la que no intervienen las fibras emocionales.

Traigo esto a colación por la palabra que está utilizando el Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, para despacharse contra la regularización de en torno a medio millón de inmigrantes aprobada por el Gobierno por iniciativa de Podemos. Los populares acusan a Sánchez de “engordar” el censo con el fin de ganarse el apoyo de los beneficiarios de la medida en las elecciones venideras. “Engordar” no es una palabra ofensiva en sí misma. En el sentido que la utiliza el PP, sí lo es. 

El PP y sus medios afines afirmaron en un comienzo que el propio Sánchez se beneficiaría de esos votos agradecidos en las elecciones previstas para 2027. Y que el PSOE haría lo propio en los próximos comicios autonómicos y municipales. Todo era mentira. Para votar en unas elecciones generales o autonómicas se necesita tener la nacionalidad española, y lo que se concederá con el proceso de regularización es un permiso de residencia y trabajo para quienes cumplan los requisitos. La nacionalidad es un trámite distinto y tiene sus propias exigencias. En lo que respecta a las elecciones municipales, los extranjeros con permiso de residencia puedan votar si hay convenio de reciprocidad entre España y sus países de origen (existe ya con 13 países, incluidos Colombia, Ecuador, Perú, Chile o Paraguay), pero solo pueden ejercer ese derecho si demuestran entre tres y cinco años de residencia continuada. Es decir, los beneficiarios de la regularización no podrán votar en las próximas municipales.

El PP ha terminado por reconocer, a través de su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, que la regularización no afectará en ningún caso al actual ciclo electoral. “Hemos dicho en el medio plazo. En el corto, no”, dijo en RNE Alma Ezcurra. Pero lo que evidenció es que, de todos modos, están preocupados. Quizá porque temen que, si no es en los comicios más inmediatos, los cientos de miles de inmigrantes que se beneficien de la medida puedan conseguir pronto la nacionalidad y convertirse en votantes cautivos de los socialistas o de Podemos. “Si pertenecen a Iberoamérica, Filipinas o Guinea Ecuatorial van a poder solicitar la nacionalidad en solo dos años”, manifestó Ezcurra, como si despertara ante un terrible descubrimiento.

En realidad, el problema para el PP no es que se regularicen inmigrantes. El Gobierno de Aznar lo hizo en su día, beneficiando a más de medio millón de personas. Lo que le sienta como una patada en el estómago es que lo haga Sánchez. Las regularizaciones impulsadas por los Gobiernos de González, Aznar y Zapatero se llevaron a cabo sin problemas, pero con Sánchez es distinto: su plan, a ojos del PP, es apoderarse de la voluntad de unas masas tercermundistas que no disciernen entre el bien y mal para que voten eternamente a la izquierda a cambio del espejito de la regularización. Los populares prefieren dejar en el limbo a más de medio millón de inmigrantes, sin importarles sus dramas cotidianos, sus miedos o la explotación cruel que muchos sufren a manos de empresarios inescrupulosos, a verlos caer en las garras de Sánchez. Con un poco de suerte, el PP ganará las próximas elecciones y Feijóo podrá hacer una regularización sin la sombra de la sospecha de que lo hace con fines clientelares. El PP, como todo el mundo sabe, no entiende de esas feas conductas políticas.

En este escenario, no sorprende que los populares hablen de “engordar” el censo. No utilizan términos como “ampliar” o “incrementar”. Dicen, despreciativamente, “engordar”. En el pensamiento profundo de la derecha, la inmigración es un elemento graso que puede resultar perjudicial para la salud del cuerpo social. Seguramente el PP utilizaría otro término menos agresivo si un gobierno suyo llevara a cabo en el futuro otra regularización, pero el hecho de que hoy lo usen en su confrontación con Sánchez revela una actitud de fondo ante el extranjero que no pueden reprimir. Es algo parecido cuando se habla de “avalancha” de inmigrantes o cuando se intenta en su alarde de ecuanimidad distinguir a los inmigrantes “que vienen a trabajar” del resto de inmigrantes, dejando flotar la idea perversa de que muchos son parásitos que vienen a vivir de los buenos españoles.

No. El censo no va “engordar” por una regularización. El censo va a ampliarse. Como se va a ampliar la lista regular de contribuyentes a Hacienda. O el número de los candidatos a los puestos que ya no quieren desempeñar los nativos. O la diversidad cultural del país. O la población, en unos momentos de preocupante atonía demográfica. Todo eso no “engorda” a un país. Lo robustece.

Aunque podría hacerse fundadamente, no voy a defender con justificaciones económicas la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno. A estas alturas debería ser una obviedad que el sistema productivo español necesita como agua de mayo la mano de obra extranjera: lo ha reconocido en más de una ocasión la propia patronal y lo demuestran a diario los empresarios grandes, medianos y pequeños que contratan inmigrantes para mantener activos sus negocios.

Por supuesto que hay empresarios inescrupulosos que prefieren una bolsa migratoria en situación irregular para pagar salarios precarios; pero, desde una perspectiva estrictamente capitalista, es indudable que al sistema le conviene una masa trabajadora normalizada, incluso con buenos salarios, porque esos trabajadores no son solo aportantes del IRPF y del sistema de pensiones. También son consumidores, y cuanto más desahogadas sean sus finanzas domésticas más bienes compararán y subirán la recaudación del IVA , que representa la tercera parte de los ingresos de Hacienda.

Pero, volviendo al comienzo, defender con argumentos económicos una regularización que podría beneficiar a medio millón de seres humanos nos distrae de lo realmente importante: la poderosa carga simbólica que una medida de esa envergadura tiene en estos tiempos sombríos en que lo que se está regularizando es el odio al extranjero en buena parte del mundo que aún llamamos civilizado. Cuando vemos las terribles imágenes que llegan de Estados Unidos, donde se persigue a los inmigrantes con una saña inaudita y los agentes de inmigración detienen a niños y asesinan a sangre fría a quienes intentan detener o documentar la barbarie, una regulación masiva de inmigrantes como la que se ha anunciado en España constituye por su humanidad un acto revolucionario.

Si bien las políticas de Trump han llevado la maldad a unos extremos inconcebibles en una nación de tradición democrática, las señales que llegan de Europa no son tranquilizadoras: estamos viendo cómo se expanden las restricciones a la inmigración en los países de nuestro entorno y la adopción desde las instituciones de discursos de tufo xenófobo que se presentan como equilibradas reflexiones de cirujanos obligados a extirpar un tumor. Todo ello en medio de la proliferación de partidos de extrema derecha, como Vox, que incendian sin descanso el ambiente con sus mentiras. De su boca hemos oído que los inmigrantes reciben sin dar un palo al agua más dinero que los esforzados pensionistas. O que constituyen un colectivo esencialmente violento, calumnia que sustentan manipulando de manera infame la sobrerrepresentación que una minoría insignificante de los inmigrantes tiene en las estadísticas de delincuencia en nuestro país. 

Hay que reconocerle a Podemos el papel fundamental que ha desempeñado para que saliera adelante la regularización, cuyo antecedente fue una iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por 700.000 firmas que promovió la red RegularizaciónYa y que terminó empantanada en el Congreso. El Gobierno se sacó después de la manga la idea de una “inmigración circular”, esto es, el establecimiento de un sistema rotatorio de mano de obra extranjera, de modo que los inmigrantes vinieran a desarrollar trabajos concretos y luego se marcharan de regreso a sus países. Una propuesta inquietante por su propia naturaleza, por mucho que se le revistiera de un sensato sentido práctico. No cabe duda de que la fragilidad parlamentaria del Gobierno ha influido para que Sánchez haya pactado finalmente con Podemos. Pero en eso consiste precisamente la política: en saber leer los momentos para tomar decisiones trascendentales, y así lo ha entendido muy bien el partido que lidera Ione Belarra y también, desde la debilidad, el presidente Sánchez.

La regularización de inmigrantes no es ni mucho menos un procedimiento nuevo en España. Según un informe de Funcas, desde los tiempos de Felipe González se han aprobado nueve medidas de este tipo. El Gobierno de Aznar regularizó en dos años a 524.621 personas. El de Rodríguez Zapatero hizo lo mismo en 2005 con 576.506 personas. Con el antecedente de Aznar, parecería difícil entender el encono con que se ha lanzado en ristre el PP contra el presidente Sánchez por seguir la estela de sus predecesores. Pero se entiende: la única política que conoce Feijóo es no pasarle ni una a Sánchez y todo vale en ese objetivo, incluso ignorar descaradamente lo que su propio partido ha hecho en el pasado.

Súmese a ello el temor del PP y sus barones regionales de que los potenciales beneficiarios de la medida puedan convertirse en agradecidos votantes de Sánchez (o de Podemos). Según diversos cálculos, más del 90% de ellos serían originarios de Latinoamérica, una comunidad que ha apoyado tradicionalmente al PP, de manera muy particular en la Comunidad de Madrid. Esa situación podría darse en un futuro -no ahora como ha sugerido Feijóo- con los que accedan a la nacionalidad española. En cualquier caso, el líder del PP ha dejado claro que preferiría dejar a cientos de miles de inmigrantes en un limbo antes de que Sánchez pudiera cosechar algún fruto de su acción política.

Si las cosas siguen su curso, medio millón de personas podrán respirar pronto con tranquilidad, con la perspectiva de normalizar sus vidas tras haber permanecido, en muchos casos durante años, en un estado de semiclandestinidad, siempre con la espada de Damocles de la expulsión. En vez ser detenidos a cualquier hora en sus casas por unos agentes agresivos armados hasta los dientes, tendrán la posibilidad de demostrar que reúnen los requisitos para obtener un permiso de residencia y de trabajo. Insisto: esto ya se ha hecho en otras ocasiones, bajo gobiernos del PSOE y del PP. Pero esta vez es distinto. Ahora no estamos hablando de una medida con motivaciones económicas. Ni siquiera humanitarias. De lo que estamos hablando en estos momentos es de un acto de resistencia de un país mediano como España frente a la barbarie que desde Washington y Mar-a-Lago extiende sus tentáculos por el mundo.

Desde hace ya tiempo sigo con profundo respeto una de las batallas más dignas y obstinadas que se libran en España: la de Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del Partido Popular asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, contra quienes utilizan miserablemente a las víctimas del terrorismo como herramienta política para denigrar a los adversarios. Buena parte de su lucha la ha dirigido contra el partido en el que militó su hermano, y no por capricho: ninguna otra formación ha hecho un uso tan ruin de las víctimas como el PP.

Este viernes, el partido que preside Feijóo conmemoró el 31 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez con un acto que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó para arremeter contra el presidente Sánchez, a quien acusó de haber “blanqueado” a la banda terrorista por contar con EH Bildu entre sus apoyos parlamentarios. “Si nace un nuevo Gregorio Ordóñez en el País Vasco que pueda ganar ampliamente en las urnas, ¿volvería a tener que vivir escoltado?”, preguntó maliciosamente Ayuso en su cuenta en X.

La inmensa mayoría, por no decir la práctica totalidad, de los numerosos comentarios al post fueron de indignación contra la mandataria madrileña. Pero ninguno, por supuesto, era comparable por su hondura emocional al post que subió, también en X, la propia Consuelo Ordóñez, presidenta de la asociación de víctimas del terrorismo Covite. A la pregunta de Ayuso contestó con un largo y dolido texto que comenzaba así: “Pues igual sí [iría escoltado], pero por el odio que inoculáis vosotros, soy víctima del odio, sufrí el odio de la izquierda abertzale, ahora, además, y con mucha más crueldad el vuestro, el de la derecha abertzale”.

Consuelo Ordóñez sabe muy bien lo que dice cuando afirma que ha sido víctima del odio del PP (al que llama “derecha aberzale”, es decir, derecha nacionalista, en referencia a su nacionalismo español). El partido conservador, por el que su hermano se dejó la piel y la propia vida, ha decidido desde hace ya bastante tiempo menospreciar a la presidenta de Covite, ningunearlas a ella y a su asociación, porque su discurso ecuánime que busca sacar el terrorismo de la confrontación política no sirve a los intereses de la organización. Peor aun, pone al descubierto su bajeza moral en uno de los temas que más sufrimiento han causado en la historia reciente del país.

En el anterior aniversario del asesinato de Gregorio Ordoñez, el PP también organizó un homenaje en el que se sucedieron los ataques contra el presidente del Gobierno por cuenta del apoyo parlamentario de EH Bildu. Feijóo subió un post en su cuenta en el que elogiaba al malogrado concejal por decir “la verdad” sobre el País Vasco y lo contrastaba con el momento presente “en que la mentira es la divisa habitual de esta política tóxica”, en alusión al presidente Sánchez. Consuelo Ordóñez reaccionó cargando contra el líder del PP, afirmando en la red X que “la mentira y la falta de respeto a las víctimas del terrorismo ha sido su constante”. La presidenta de Covite estaba especialmente exasperada en aquel momento por la utilización que había hecho el PP del lema “Que te vote Txapote” en la campaña electoral de 2023 y que seguía utilizando en su ofensiva contra el PSOE. Las reiteradas peticiones de Ordóñez para que el partido dejara de usar esa frase se estrellaron contra el regocijo de Génova de haber tenido una ocurrencia genial.

De Consuelo Ordóñez no se puede decir que sea comprensiva con la “normalización política” del mundo abertzale, pues a su juicio aún está en mora de hacer un acto genuino de arrepentimiento por el enorme daño causado con sus acciones. Pero, para ella, es igualmente, o quizá más, importante que los partidos con vocación de gobierno no utilicen con fines políticos ni aquella época de violencia ni sus coletazos emocionales que aún puedan sentirse.

ETA ya no existe. Se disolvió oficialmente en 2018, siete años después de haber anunciado el cese definitivo de su actividad terrorista. Pese a que el fin de la banda fue resultado de un hostigamiento implacable por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bajo gobiernos de distinto color político, el hecho de que su derrumbe definitivo se produjera durante el mandato del socialista Zapatero fue un trago muy difícil de digerir para la derecha, un golpe del que tal vez no se hayan recuperado. Cuando Aznar ensayó un proceso de paz con la banda y se refirió a ella con lo de “movimiento vasco de liberación”, quienes ansiábamos la paz lo aceptamos como un paso tal vez necesario para allanar el camino de la negociación. Y estoy convencido de que, si aquel proceso hubiera llegado a buen puerto, más de un militante conservador se preciaría hoy de que, gracias a Aznar, los que defendían la violencia para conseguir sus fines ahora los buscaban en el marco institucional: eso era, al menos, lo que pretendía el gobierno de aquellos momentos.

Es difícil saber si el PP dejará de utilizar alguna vez a las víctimas del terrorismo en la confrontación política. Si insiste en seguir por ese camino, ahí estarán personas como Consuelo Ordóñez para recordarles con su presencia los límites de la dignidad.

Hace un año, cuando Donald Trump comenzó un segundo mandato como presidente de Estados Unidos, muchos análisis coincidieron en que no había nada que temer: que en su primer período (2017-21) no había ocurrido nada excepcionalmente grave, más allá de vociferaciones sin consecuencias, y que los mecanismos de contrapeso democrático y de simple sensatez de los asesores de la Casa Blanca se habían activado para frenar cualquier exceso del presidente.

En el ínterin perdió unas elecciones ante el demócrata Joe Biden y unos desquiciados seguidores suyos, alentados por sus denuncias de un supuesto fraude electoral, se tomaron el Congreso en el golpe institucional más violento de la historia reciente del país. Pese a todo, los expertos expresaron su confianza en que los famosos contrapesos democráticos de EEUU funcionarían una vez más.

Craso error. En los doce primeros meses del nuevo mandato, Trump ha metido a su país y al planeta en una realidad distópica en la que ya no parecen valer las brújulas legales y morales que, con todas sus deficiencias y una buena dosis de hipocresía, nos habían permitido orientarnos en nuestro mundo conocido, que pronto será nuestro mundo de ayer, como lo fue para Zweig el Imperio Austro-Húngaro.

En EEUU, más allá de algunas voces dignas –de jueces, funcionarios, periodistas, etc.– que se están plantando contra el presidente, y de algunos conatos de contestación popular ante las élites como la llegada de Mamdani a la alcaldía de Nueva York, lo que estamos viendo es miedo. Temor a hablar en la nación que tanto hemos admirado por su férrea defensa de la Primera Enmienda, la base de su democracia.

Las universidades, tradicionales focos de contrapoder, están apagadas por la amenaza de perder ayudas y donaciones. En las calles no se ven protestas masivas. El grupo policial que se ha constituido para la caza del inmigrante puede derivar, si la sociedad no reacciona, en un grupo paramilitar de mayor alcance al servicio de una autocracia. El clima general de sumisión, o de impotencia, o de desconcierto, que se ha instalado en el país más poderoso de la Tierra es lo que ha permitido ordenar una operación militar en suelo extranjero, con el secuestro incluido de un mandatario, sin la preceptiva autorización del Congreso.

Esa conducta neroniana la aplica en su política exterior. Trump es consciente de la decadencia de EEUU: la imposición por su país al resto del mundo de una globalización neoliberal durante las últimas cuatro décadas se le ha vuelto en contra, destruyendo su tejido industrial y profundizado sus déficits comerciales, mientras China ha emergido sigilosamente como la principal potencia económica mundial. También es consciente de que su fantasía de que EEUU retorne a la American Way of Life de los años 50 está encallando ante la terca realidad de las nuevas relaciones internacionales de producción.

Ante ese panorama sombrío, Trump ha llegado a la conclusión de que a su país solo le queda su extraordinario poder militar –del que ya ha hecho gala en Irán y Venezuela– y su condición de primer consumidor del planeta –coaccionando a los socios comerciales con subidas de aranceles– para mantener su estatus de potencia. Una combinación de ambos mecanismos la estamos viendo en el caso de Groenlandia, con sus amenazas de tomarse a la fuerza el territorio perteneciente a Dinamarca y de castigar con más aranceles a los países europeos que intentan evitar lo que sería una nueva quiebra del derecho internacional. Súmese a ello el plan de dominación en Gaza –que ya comienza a preocupar incluso al Gobierno israelí, al minarle la autoridad que pretende seguir ejerciendo sobre ese territorio– y la humillación constante de la Unión Europea, hasta ahora el principal aliado de Estados Unidos, para hacernos una idea de la nueva realidad en la que nos encontramos.

La doctrina de trumpismo en ese segundo mandato está recogida en la Estrategia de Seguridad Nacional. El principal enemigo a batir es China. Para empezar, hay que sacarlo de América Latina, donde ya es el primer socio comercial en varios países y el segundo en los demás. Para ello se ha desempolvado la Doctrina Monroe de 1823, la que vendieron en su día con el lema fraternal de “América para los americanos”. El golpe en Venezuela guarda relación con ese objetivo, ya que China ya se había convertido en un actor central en el negocio petrolífero del país sudamericano. Groenlandia también tiene que ver con esa estrategia: no solo por su evidente valor militar para EEUU sino por sus tierras raras y su oro.

Hay analistas que opinan que Trump tiene un plan muy concreto –sacar a China del continente americano, dominar Groenlandia, aliviar el déficit comercial de su país, asegurarse recursos naturales de difícil acceso y desarrollar una diplomacia de negocios en el mundo árabe– y que su apetito se saciará una vez consiga esos objetivos. Lo dicen como si se tratase de un simple reajuste en el orden mundial como los que han sucedido en otros momentos de la historia, cuando en realidad estamos asistiendo a un desmoronamiento de las leyes y las instituciones internacionales, a la implantación sin eufemismos de la ley de la selva y al triunfo del lenguaje de matón de barrio en las relaciones entre países y en las mismas sociedades.

Sí: las relaciones internacionales siempre han sido un instrumento de los poderosos y estos nunca han vacilado en actuar de modo unilateral cuando las leyes obstaculizan sus fines. Recordemos la guerra de Irak emprendida por George W. Bush con el apoyo de Blair y Aznar, que dejó al menos cien mil muertos. Sin caer en la frivolidad de pensar que nuestro mundo ha sido idílico, estamos a las puertas de una nueva era, en la que al frente del país más poderoso del planeta hay un personaje caprichoso que dice no creer en más leyes que sus “valores morales”. Y en la que el desarrollo enloquecido de las redes sociales y la inteligencia artificial facilita que este tipo de líderes sin escrúpulos, pero con mucho poder, impongan una nueva manera de entender eso que hasta ahora hemos llamado, ingenuamente o no, civilización.

No quisiera estar en el pellejo de un militante de la derecha española en estos días. Debe ser muy difícil tener ideas claras como Dios manda, celebrar acontecimientos que pareciera que nos van a confirmar esas ideas y luego comprobar atónitos que todo el andamiaje se viene abajo. Que las cosas que creíamos que iban a ocurrir suceden al contrario de lo que pensábamos y nos quedamos dando vueltas a la intemperie como un pollo descabezado.

El gran causante de la zozobra de nuestra derecha es la persona a la que saludaron como la escoba providencial que iba a barrer a las izquierdas de todo el mundo: Donald Trump. Cómo se refocilaron nuestros derechistas cuando el presidente de EEUU arremetió contra Pedro Sánchez por negarse a comprometer el 5% del PIB del país para aumentar el armamento de la OTAN, y luego se enteraron, aunque fingieran no enterarse, de que la pretensión de Trump es que con ese dinero fresco, que saldrá inevitablemente de recortes en programas sociales, llenemos los bolsillos de la industria armamentística estadounidense. Cómo festejaron el ascenso de ese personaje atrabiliario como el comienzo de una era prometedora para Europa, para descubrir que su objetivo es humillar a los europeos, como se ha visto con la guerra tarifaria, con la imagen degradante de los líderes de la UE esperando como alumnos castigados a ser atendidos por el emperador en la Casa Blanca y, ahora, con el plan de Washington de hacerse con Groenlandia, sin importarle un bledo que pertenezca a Dinamarca.

Pero quizá el caso más complicado que está viviendo la derecha española es el de Venezuela. El PP ha convertido a ese país en el símbolo supremo de su compromiso con la lucha por las libertades. Qué más da que el mundo esté plagado de dictaduras y autocracias de todos los pelajes: al PP lo único que parece importarle era la suerte de los venezolanos. Bueno, también la de los cubanos, pero, por alguna razón –¿la influencia del lobby de la oposición venezolana en Madrid?–, el monotema de los populares en política exterior es Venezuela. A veces pareciera que no tienen otro punto en su agenda exterior.

Pues veamos qué ha sucedido en los últimos tres meses. El 10 de octubre se anunció la concesión del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. El PP estalló en júbilo. Bueno, no solo el PP: algunos progresistas biempensantes también lo consideraron una excelsa noticia; ahí está el rastro de la baba en las hemerotecas. Modestamente, en un artículo en este diario califiqué la decisión de “vergüenza”: bajo ningún concepto un premio destinado a quienes muestran algún logro en la consecución de la paz debía otorgarse a una persona que pedía abiertamente a Trump que invadiera su país y que celebraba como una antesala de la caída de Maduro los ataques mortiferos de EEUU a venezolanos en aguas internacionales. Pero a la derecha, y a algunos progresistas como decía, les pareció merecidísimo el premio. Era, argüían, el comienzo del fin de la dictadura bolivariana.

La euforia alcanzó su paroxismo cuando militares de élite de la Delta Force estadounidense entraron en Venezuela y se llevaron por la fuerza a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a Nueva York, donde se encuentran ahora detenidos. El siguiente paso parecía lógico: la flamante Nobel de la Paz tomaría las riendas de su país, y ella –o Edmundo González, su avatar en las últimas elecciones presidenciales que se robó descaradamente Maduro– llegaría al palacio de Miraflores tras unas elecciones democráticas. Pero no: el emperador tenía otros planes. Sentenció que Machado no estaba capacitada para llevar a cabo una transición política y que carecía de apoyo popular. Y para estupefacción de izquierdas y derechas decidió como un Nerón en el circo romano que la transición la pilotase Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro hasta el mismo momento en que los soldados de EEUU lo sacaron de su cama en la madrugada del pasado 3 de enero.

En los días subsiguientes se publicaron sesudos análisis explicando los motivos de Trump. Expertos y tertulianos sugirieron con frialdad de estrategas que era absolutamente lógico lo que había hecho el mandatario norteamericano. Incluso hubo quienes encontraron paralelismos entre la elección de Delcy Rodríguez y la de Adolfo Suárez como figuras transicionales. Pero, seamos sinceros, la decisión de Trump dejó a casi todos con el paso cambiado. Especialmente al PP. ¿Cómo era posible que el presidente de EEUU tirara como un trapo a la heroína Machado y apostara por una revolucionaria zurda de tomo y lomo para sus planes en Venezuela? Peor aun: una persona que mantiene una relación cordial con el odiado expresidente Zapatero y que, según el entorno mediático del PP, trajo un cargamento de oro en una maleta a Pedro Sánchez.

A la derecha y la ultraderecha españolas, que mantienen un vínculo muy estrecho con el machadismo, todo esto las dejaba, como se dice en béisbol, fuera de base. Santiago Abascal, que sigue pensando que Trump es amigo suyo, optó por mantener su apoyo obsecuente al emperador, a diferencia de otra ultra de pro, Marine Le Pen, que criticó duramente al presidente de EEUU por violar la soberanía del país sudamericano. Alberto Núñez Feijóo expresó con la boca pequeña su deseo de que todo este embrollo desemboque en unas elecciones que lleven al poder a Corina Machado, evitando cualquier reproche al mandatario estadounidense.

Pero las sorpresas para nuestros derechistas no terminaron allí. El jueves presenciaron una de las escenas más humillantes de la historia política reciente, cuando su apuesta para liderar Venezuela le ofrendó a Trump la medalla del Nobel de la Paz que le habían concedido en octubre, en agradecimiento por su “compromiso por la libertad” de Venezuela.

Yo no sé si el Premio Nobel volverá a ser el mismo después de haber caído en este foso: no solo otorgó el galardón de la paz a una partidaria de la violencia, sino que esta, en abierto desacato a las reglas de la Fundación Nobel, transfirió a Trump la medalla dorada con la imagen del inventor de la dinamita. Tampoco sé qué hubiera sido de mi estabilidad emocional si yo fuera de derechas a la vista de todo lo que está sucediendo. Por lo que entiendo, el líder del PP lo está llevando como bien puede. Entre otras cosas, desplazando la atención internacional del partido de Venezuela a Irán, que le viene de perlas para criticar a “las feministas” por no movilizarse, sin que quede claro si el mensaje va también dirigido a las feministas de su partido, que, según asegura el propio PP, existen y a quienes no se ha visto protestar en las calles. En estos momentos confusos, Venezuela puede esperar un poco.

A estas alturas de la película, no vamos a escandalizarnos porque Feijóo mienta. Lo hace casi a diario desde que asumió el liderazgo del PP, un partido que hace ya mucho tiempo convirtió el embuste, la difamación y el insulto en instrumentos esenciales de su estrategia política. Pero hay mentiras que resultan especialmente repulsivas, porque se utilizan para intentar tapar responsabilidades en tragedias que han costado la vida a muchos ciudadanos. Lo hizo Aznar hace algo más de dos décadas al atribuir a ETA la autoría del peor ataque terrorista sufrido por España. Lo hizo Feijóo dos días después de la dana, al afirmar que el entonces presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, lo había mantenido informado en “tiempo real” de la catástrofe.

Cuando lo dijo, ya había trascendido que Mazón estuvo en paradero desconocido en los momentos cruciales de la riada. Poco después se sabría que durante todo ese tiempo estuvo con una periodista en el reservado de un restaurante. Más que interesarse por la posible dejación de responsabilidades en que habría incurrido el barón regional, el líder nacional del PP decidió que lo importante era blindarlo contra las críticas. Y lo hizo mintiendo. A sabiendas de que mentía. Por encima de las 237 víctimas mortales y los miles de damnificados que dejó la mayor catástrofe natural en la historia de España.

No lo digo yo. Lo ha reconocido el propio Feijóo este viernes en su declaración telemática ante la jueza que investiga presuntos delitos en la gestión de la tragedia. Y lo dejan patente sus whatsapps con Mazón aquel aciago 29 de octubre de 2024, que envió a la togada en la tarde de Nochebuena seguramente para que pasaran desapercibidos a la opinión pública. Los mensajes revelan que la primera comunicación entre ambos fue a las 19.59 horas, cuando el torrente de agua estaba desatado. En ella, el único interés de Feijóo es pedirle a Mazón que controle el relato informativo. En su testimonio ante la jueza, situó la primera comunicación a las 20.59: “Me preocupa lo que pueda estar pasando en Valencia y me pongo en contacto con Mazón”. El baile de horas es lo de menos. Lo que importa es la confesión de Feijóo de que solo contactó con Mazón entrada la noche del 29 de octubre, cuando la catástrofe ya se abatía sobre Valencia, y la constatación de los wasaps de que la preocupación del líder del PP era evitar que la oposición tomara la delantera informativa.

Feijóo admitió ante la jueza que no sabía dónde se encontraba Mazón cuando el president le escribió a las 20.09 horas que la noche iba a ser “larga”. Cuando la togada le preguntó si, ante la ausencia de Mazón, había intentado contactar con la consellera Salomé Pradas, que se encontraba al frente de la emergencia, respondió: “No tengo el whatsapp de ningún consejero. Y entiendo que voy al presidente de la comunidad y sería descortés y desleal ponerme en contacto con miembros de su Gobierno”. Es decir, en medio de la catástrofe, el líder del principal partido de la oposición de España no trata de hablar con la única responsable del ejecutivo valenciano localizable porque no le parecía elegante ningunear al presidente de la Generalitat, que se hallaba vaya usted a saber dónde.¿Sabía Feijóo que Mazón se encontraba en el restaurante El ventorro con Maribel Vilaplana? La jueza se lo preguntó, y él contestó: “Yo no sé con quién comen las personas de mi partido”.

Después de la dana, Feijóo defendió durante un año a capa y espada la gestión del president, intentando desviar toda la responsabilidad de la tragedia al Gobierno central. Y cuando Mazón finalmente dimitió por la presión creciente de los ciudadanos valencianos y españoles, el líder del PP, en una exhibición descarada de cinismo, lo presentó como un ejemplo de que en su partido, a diferencia de otras formaciones, se depuran las responsabilidades políticas.

En otras circunstancias, el testimonio de Feijóo ante la jueza de la dana habría tenido mucha más repercusión pública de la que ha tenido. El líder del PP debe agradecer al enloquecido Trump que la atención esté enfocada en este momento en acontecimientos que tienen al mundo en vilo. Pero ello no minimiza la gravedad de lo ocurrido. El político que pretende llegar a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales ha reconocido que mintió en la peor catástrofe natural del país para proteger a un barón del partido que tenía la responsabilidad de gestionarla. Mintió deliberadamente, sin ninguna empatía hacia las víctimas. Y siguió defendiendo a Mazón cuando ya se sabía que había estado con una periodista en un reservado mientras sus conciudadanos estaban con el agua al cuello.

Incluso las mentiras, por despreciables que sean todas, tienen categorías. La de Feijóo en la dana pasará a la historia como una mentira infame.

Los ataques de EEUU a Venezuela y la captura del presidente Maduro y su esposa no tienen nada que ver con el narcotráfico y el famoso Cartel de los Soles, de cuya existencia solo tenemos noticia porque Washington dice que existe: Trump acaba de indultar a un expresidente hondureño de derechas, condenado en EEUU a 45 años de prisión por introducir grandes cantidades de droga en ese país, porque con ello le despejaba el camino a un candidato del mismo partido en las elecciones presidenciales del país centroamericano. Tampoco guardan relación con que Maduro sea un autócrata: EEUU ha demostrado a lo largo de su historia que sabe convivir con dictadores, incluso ponerlos en el cargo, eso sí, cuando convienen a sus intereses. “Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, se dice que dijo el presidente Roosevelt del tirano nicaragüense Somoza.

No hay que ser un lince para saber que la violación flagrante del derecho internacional por parte de EEUU a la que estamos asistiendo tiene motivaciones geoestratégicas y económicas, además de ideológicas, en un momento de reacomodación del denominado orden internacional. Lo cual no excluye otros móviles secundarios, como desviar la atención de los estadounidenses de los problemas internos de su país, donde el Make America Great Again no termina de arrancar. Venezuela es una de las mayores potencias petroleras del mundo, y Maduro mantenía una estrecha relación con Rusia (sobre todo en materia de asistencia militar) y el régimen iraní, la bestia negra de Washington. Había que quitárselo de enmedio. Ya estaban demorando.

Antes de la intervención militar de este sábado, Trump había dejado clara su voluntad de desempolvar la vieja Doctrina Monroe, de 1823, aquella que Estados Unidos presentó como un escudo contra la injerencia de los países europeos en el continente americano y que, en realidad, era la consagración de la hegemonía estadounidense en el hemisferio. El grito aparentemente solidario de “América para los americanos” escondía una operación diseñada en Washington para imponer su ley desde Alaska hasta Tierra del Fuego. El historial de las intervenciones militares o apoyos a golpes de Estado al sur del Río Grande por parte de EEUU es extenso. En 1954 bombardeó al palacio presidencial de Guatemala y derrocó al mandatario socialdemócrata, Jacobo Árbenz, por intentar meter en cintura a la United Fruit Company. La lista de derrocamientos incluye a presidentes de Haití, Granada y Panamá o apoyos a golpes en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay…

Casi todas aquellas operaciones se llevaron a cabo en el contexto de la Guerra Fría. La de ahora en Venezuela se produce en otro escenario, aunque, a fin de cuentas, el motivo de fondo es el reparto de órbitas de influencia entre las potencias y los nuevos condicionantes de un sistema económico internacional cada vez más difícil de embridar. Rusia está metida hasta el cuello en su guerra con Ucrania, y el hecho de que no haya condenado la intervención en Venezuela, donde tenía destinado un contingente militar, solo puede significar que espera en retribución una actitud comprensiva de Washington en sus planes europeos. China, por su parte, mantiene una actitud cauta y continúa con su estrategia de expansión económica sin interferir en los asuntos políticos de otros países y regiones.

Muchos venezolanos, y no solamente las oligarquías, estarán a estas horas celebrando la caída de Maduro. Otros estarán iracundos ante lo que ven como una humillación a la dignidad nacional. Nicolás Maduro ha gobernado como un autócrata. Y se robó descaradamente las últimas elecciones presidenciales en su país. Millones de sus conciudadanos se han marchado de Venezuela, en un éxodo sin precedentes, por la nefasta gestión económica del chavismo. Un personaje así no puede ser defendible por ningún demócrata. Pero tampoco puede ser defendible la intervención estadounidense para derrocarlo. Cuando se ignora de manera tan olímpica el derecho internacional, la imposición de la fuerza bruta es lo que queda para dirimir los conflictos.

El presidente colombiano Gustavo Petro tiene sus motivos para condenar enérgicamente la intervención. Él sabe que puede ser el próximo. Es de izquierdas, su país tiene enormes reservas de petróleo y está desarrollando una diplomacia económica en el mundo árabe y oriental que no gusta en Washington. Súmense a ello su discurso beligerante contra el coloso del norte, y el cóctel está servido para que la ofensiva norteamericana se extienda al país vecino de Venezuela. En contra de lo que quisieran Petro o el presidente cubano Díaz-Canel, Latinoamérica no está unida en este asunto, como no lo estuvo cuando la guerra de las Malvinas en la que Reino Unido aplastó a las fuerzas argentinas que habían ocupado el territorio. Ironías de la historia, uno de los mayores apoyos en el continente a la acción de EEUU lo está brindando el presidente argentino, Javier Milei.

Las noticias sobre la operación de EEUU son aún confusas. Está por ver qué planes hay con el cautivo Maduro. De momento, Trump ha enviado un mensaje contundente a los gobernantes díscolos de América Latina: Washington no va a permitir más desafíos desde su “patio trasero”.  

Está pasando lo que sabíamos que iba a suceder y no hemos sido capaces de evitarlo. Hemos estado atareados atendiendo tantos frentes en un mundo cada vez más convulso que no dedicamos a este asunto, la privatización de la sanidad, la atención obstinada que merece. Algunos medios, en particular este, nos esforzamos por mantener el tema en el centro del debate público. Y es cierto que ha habido alguna que otra manifestación contra el desguace paulatino de los pilares del estado de bienestar. Pero, como sociedad, como ciudadanos concernidos, no estamos respondiendo al ataque –no le encuentro otro nombre– con una contundencia tal que atemorice a los agresores y los obligue a renunciar a sus planes.

En un informe muy bien documentado publicado este viernes por nuestros compañeros Raquel Ejerique y Raúl Sánchez, vemos cómo se ha disparado la transferencia de pacientes desde hospitales públicos madrileños a los también públicos pero de gestión privada, merced a una ley que concibió Esperanza Aguirre en 2009 para que las personas pudieran elegir libremente el hospital del sistema sanitario donde recibir tratamiento, sin importar si le correspondía o no por su zona de empadronamiento. Los frutos de aquella jugada los tenemos a la vista: en 2024, los cinco hospitales públicos madrileños gestionados por la compañía Quirón –con la Fundación Jiménez Díaz como mascarón de proa– y el Hospital de Torrejón, administrado por Ribera Salud, consiguieron captar 250.000 pacientes de la sanidad pública. Y eso significa mucha pasta. Cientos de millones.

Quirón: la que recibe dinero a espuertas de la Comunidad de Madrid mientras el novio de la presidenta ha visto dispararse sus contratos con la compañía. Ribera: la de los escandalosos audios en que el CEO del hospital daba instrucciones para anteponer las ganancias económicas a la salud. Además del canon fijo que les paga la administración madrileña por atender a los pacientes que les corresponden por zona, los dos grupos se llevan un plus por cada paciente que captan fuera de su radio de acción. La Jiménez Díaz, que fue la que más atrajo (91.134, frente a menos de 20.000 una década antes), tiene un acuerdo singular con el Gobierno de Ayuso, mediante el cual cobra por los servicios que presta.

Isabel Díaz Ayuso suele alardear de que la Comunidad de Madrid tiene el mejor sistema sanitario público de Europa, basándose en interpretaciones acomodaticias de informes que se saca cada tanto de la manga. Lo que yo sé es que en el prestigioso ranking ‘Los mejores hospitales del mundo’ que publica cada año la revista Newsweek destacan en 2025-26 La Paz (puesto 49) y el 12 de octubre (puesto 52). Que, miren por dónde, fueron los que más pacientes perdieron en el saldo neto de entrantes y salientes: 40.129, el primero, y 26.171, el segundo. La Fundación Jiménez Díaz, la más beneficiada de este zoco en que se está convirtiendo el sistema sanitario madrileño, ocupa el puesto 198 en el listado de Newsweek.

Se equivocan quienes crean que esto es un problema madrileño. Para empezar, algo parecido está sucediendo en Andalucía bajo el gobierno de Juanma Moreno. La salud es hoy uno de los pasteles más suculentos en todo el mundo, entre otras cosas por ser un mercado cautivo, y los inversionistas están buscando con desesperación nuevos yacimientos para rentabilizar su dinero a medio o largo plazo. Lo que estamos viendo en Madrid o Andalucía, por muy grave que sea, es apenas un aperitivo de que puede seguir si nos descuidamos: la privatización total de la salud. Los grandes capitales seguirán presionando –y no les faltan medios económicos para ablandar voluntades– con el fin de ampliar cada vez más su bocado del pastel. Sospecho que si no van a por todas es porque les conviene tener el respaldo de las administraciones públicas (es decir, de nuestros bolsillos), por si en algún momento vienen mal dadas y hay que recurrir a esa “pequeña ayuda de mis amigos” a la que cantaba Joe Cocker y de la que se benefició la banca en la crisis financiera de 2008.

Luchar contra este proceso de privatización de la sanidad es muy difícil. Y puede salir caro. No hay que ser un lince para ver en el calvario judicial que sufre Mónica Oltra, en una causa que ha sido archivada ya dos veces, un nexo con su decisión y la de Ximo Puig, cuando ejercían como vicepresidenta y presidente de la Generalitat Valenciana, de revertir la privatización del Hospital de Alzira. Un modelo pionero en este tipo de trasvases de lo público a lo privado, gestionado, como no, por Ribera Salud.

La derecha y los grandes capitales van de la mano en la ofensiva privatizadora. Pero no basta con señalarlos con dedo acusador. Hay que movilizarse contra este saqueo disfrazado de libertad de elección. Exigir en serio explicaciones sobre qué se cocina tras bambalinas y en los despachos con nuestro sistema sanitario. Aunque las encuestas pronostiquen que Ayuso y Bonilla volverán a ganar las elecciones en sus comunidades, es preciso volcarse en las urnas y exhibir el descontento. Otra victoria aplastante de ambos les serviría para reafirmarse en la supuesta popularidad de sus políticas, cuando ellos saben muy bien lo que sucede cuando la izquierda se moviliza: la autora de la ley de sanidad de 2009 lo vivió en sus carnes y tuvo que recurrir al tamayazo para gobernar. El Gobierno central, que todavía está en manos del progresismo, no puede permanecer impasible con el argumento de que las competencias en salud están transferidas. Ignoro qué puede hacer, pero me gustaría al menos saber que está buscando una alternativa a este desenfreno privatizador. Los partidos progresistas deben poner la sanidad en el centro del debate público y dejar clara su posición, más allá de transmitir la idea que –nunca mejor dicho tratándose de hospitales– la cura del problema puede resultar peor que la enfermedad.

Lo que nos jugamos como sociedad es bastante serio. Y esta ofensiva contra lo que es de todos puede ir a más. Los buitres no descansarán hasta quedarse con la presa, si lo permitimos.

Alberto Núñez Feijóo ha sentenciado que este 2025 que termina ha sido el año del “colapso del sanchismo”. Ciertamente, ha sido un año turbulento para el presidente del Gobierno, sobre todo por los líos judiciales que tienen enredados a Cerdán y Ábalos, las causas interminables contra su esposa y su hermano y los escándalos de acoso sexual que han saltado en el seno del PSOE. A ello se suma una precariedad parlamentaria que le está impidiendo sacar adelante proyectos legislativos, comenzando por el de los presupuestos generales. Es tal su fragilidad en el Congreso que, según publica El País, ha instruido a cada uno de sus ministros a que le presente tres o cuatro proyectos sociales que se puedan ejecutar sin tener que pasar por las cámaras legislativas.

Sin duda, hay un olor penetrante a fin de ciclo. Los resultados de las recientes elecciones en Extremadura, donde el PSOE sufrió un descalabro histórico en su otrora bastión inexpugnable, parecería marcar el rumbo de lo que sucederá en próximas citas electorales autonómicas. Y, al final del camino, en los comicios generales de 2027, si Sánchez agota su mandato. Esos tsunamis electorales se han producido en otros momentos de nuestra historia reciente y no es descartable que se repitan una vez más. La duda que me asalta es por qué Feijóo, si considera al presidente del Gobierno un cadáver ambulante, dedica tanto tiempo a dispararle con una saña cada vez más intensa. Por qué arroja piedras a la fruta pretendidamente podrida en vez de esperar pacientemente a que caiga del árbol merced a la inexorable ley de la gravedad.

Quizá la respuesta es que el líder del PP no se fía del todo de que Sánchez sea un fiambre político. El presidente ha demostrado una habilidad extraordinaria para escapar, como el mago Houdini, de los trances más difíciles. Y quién sabe si lo logrará una vez más, incluso vendiendo su alma al diablo. No le falta alguna que otra carta bajo la manga, como la buena marcha de los datos macroeconómicos. O la convicción en el progresismo de que una llegada de las derechas sería catastrófica para el pais, lo que que tendría un efecto movilizador en unos comicios. Si Feijóo tuviera la certeza forense de que Sánchez está absolutamente acabado, se limitaría a seguir a rajatabla el antiguo proverbio chino que reza: “Siéntate pacientemente junto al río y verás pasar flotando el cadáver de tu enemigo”. Pero, ¿y si no pasa? ¿Y si al final eres tú quien acaba flotando en el río, como le sucedió a Edén Pastora, que siendo dirigente sandinista pronosticó que vería a la Iglesia desfilar sin vida por las corrientes fluviales de Nicaragua?

Feijóo, que de tonto no parece tener un pelo, sabe que con el correoso Sánchez no vale la paciencia oriental. Él prefiere recurrir a otro proverbio, que parece extraído de 'El arte de la guerra', de Sun Tzu, pero que en realidad es un grito bélico español:: “El que pueda hacer que haga”. Su autor es un antiguo timonel del PP, y cabe presumir que lo escucharemos con estridencia creciente hasta que se vaya Sánchez, si es que se va. De momento la pieza más valiosa que se ha cobrado es la cabeza del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La idea era que cayera Sánchez por efecto dominó, pero no funcionó. 

En su intervención de este lunes ante el Comité de Dirección del partido en que certificó el colapso del sanchismo, Feijóo omitió su habitual monserga de que el presidente debe convocar de inmediato elecciones anticipadas. Tampoco insinuó que vaya a recurrir, por fin, a la herramienta que le brinda la Constitución para apartar al presidente de la Moncloa: la moción de censura. Su problema es que, pese a tener la certeza de que Sánchez está acabado, le siguen sin cuadrar las cuentas para sacar la moción adelante. Y le sigue faltando el coraje político para presentarla a sabiendas de que la va a perder, pese a que le permitiría exponer a los españoles cuál es su alternativa en el caso de que Sánchez acepte en algún momento el diagnóstico del PP de que está muerto.

Es posible que, en este momento, el objetivo de Feijóo no sea la caída inmediata de Sánchez. Quizá necesita algo más de tiempo, para ver qué le susurran los resultados de algunas elecciones autonómicas venideras; no tanto sobre el PSOE como sobre Vox. El líder del PP es consciente de que su discurso de cara a las generales va a depender de lo que digan los votantes en Aragón, Castilla y León o Andalucía. Este lunes ha impartido la doctrina de establecer gobiernos “proporcionales” con el partido de extrema derecha allí donde el PP los necesite para tener mayoría, pero es obvio que prefiere que su partido obtenga mayorías absolutas en todos los comicios. Unas votaciones al alza del partido de Abascal le pueden, como se dice coloquialmente, dañar el caminado. Como en cierta medida ha ocurrido en Extremadura, por mucho que cante victoria.

Sin pretender erigirme en oráculo político, el PP dejará en los próximos meses de insistir en que Sánchez dimita cuanto antes, y se dedicará a seguir minándolo sin tregua hasta que el panorama de la derecha y la ultraderecha se despeje un poco, de modo que Feijóo tenga un cuadro más claro de su equilibrio de fuerzas con un Vox cada vez más envalentonado y exigente.

En cualquier caso, el horizonte máximo para sacar conclusiones al respecto son las elecciones generales de 2027. Pero, ¿y si Sánchez finalmente se presenta para un tercer mandato, como ha anunciado? ¿Y –casi no me atrevo a preguntarlo, por inverosímil– si además gana?

Después de escuchar este miércoles el discurso navideño de Felipe VI, me quedó la curiosidad por saber a quién le podía importar lo que había dicho el monarca.

A los jóvenes, lo dudo. A muchos de ellos el discurso les habrá entrado por un oído y salido por el otro mientras la tele lo transmitía como un sonido de fondo en el trasiego de la cena familiar. Eso de salmodiar a estas alturas las excelencias de la Transición funcionará con “las generaciones que la recuerdan”, pero, por muchos aspectos positivos que innegablemente tuvo aquel tránsito de la dictadura a la democracia, los jóvenes quieren escuchar cosas radicalmente nuevas. Y, lo más importante, que sean convertibles en hechos. No vale constatar la obviedad de que el presente es difícil y el futuro incierto, que parece ya un estribillo en las alocuciones reales, o que la falta de acceso a la vivienda “es un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes”. Words, words, words, como decía el príncipe danés. La juventud está hastiada de las batallitas de abuelos cebolleta y, por desgracia, eso lo está entendiendo mejor que nadie un partido que no cree en la democracia.

¿Les interesó el discurso a las mujeres? Presumo que menos. El rey no dedicó una sílaba a la lucha del feminismo justo en un año en que han aflorado sonados casos de acoso y violencia machista en la política. Una referencia al tema habría podido resultar especialmente incómoda en la Moncloa –que da el visto bueno a las alocuciones reales–, pero era insoslayable en esta coyuntura. Muchas mujeres están constatando con una decepción profunda que la cultura patriarcal sigue enquistada en las esferas del poder, y el rey –sigo con los escandinavos– se hizo el sueco. No les habló ni a las mujeres progresistas ni a las conservadoras, que también sufren acoso en sus partidos pero lo callan con resignación o porque son presionadas por sus jefes para que no abran la boca.

¿Y los que están preocupados por la creciente xenofobia en el país? Por ahí dijo en alguna parte el monarca que somos una sociedad solidaria, pero lo que esperaban es que hiciera un llamado claro y contundente contra los discursos de odio. Sobre todo en un año en que hemos visto sobrecogidos los disturbios xenófobos en Torre-Pacheco y, estos días, las imágenes indignantes de Badalona, donde unos sesenta inmigrantes desalojados de un antiguo colegio han tenido que pasar la Navidad bajo un puente.

¿Y los políticos? El rey habló de la polarización y los extremismos. Cosas que no existían, por supuesto, en la divina Transición, cuando todo se resolvía mediante el diálogo... y tras bambalinas. Por ejemplo, con diálogo se incrustó la monarquía en la Constitución sin someterse a un referéndum separado, porque, como dijo el ahora señalado Adolfo Suárez a la periodista Victoria Prego, lo habría perdido. “La tensión en el debate público produce hastío, desencanto, desafección”, advirtió el monarca. Seamos sinceros, ¿a quién le importa? Abascal, disparado en las encuestas y con un exitazo aún fresco en Extremadura, pensará que eso no va con él, que busquen la desafección por otro lado. Feijóo, por su parte, ha dejado suficientemente claro desde que llegó a la presidencia de su partido que no dejará de incendiar ni un segundo la política hasta que caiga el presidente del Gobierno. Y Sánchez quiere por razones tácticas que Vox se fortalezca, pensando que eso complicará la vida al PP y permitirá a los socialistas recuperar en las próximas elecciones generales el discurso de que viene el fascismo, por si cuela de nuevo.  

También mencionó el rey “los extremismos, los radicalismos y populismos”, pero no hizo ninguna referencia explícita al ascenso de la ultraderecha en Europa y en España. Mucho menos aludió a la participación de acusaciones ultras en el juicio que condenó al fiscal general del Estado, uno de los acontecimientos políticos más graves de la historia reciente del país. El rey, como suele decirse, no está para meterse en detalles. Advirtió, eso sí, de que eso ya nos sucedió antes. ¿Cuándo? Claro: en la Segunda República. No lo dijo de modo explícito, pero era evidente: “Ese capítulo de la historia ya lo conocemos y tuvo unas consecuencias funestas”. O sea: la guerra civil y el franquismo fueron el resultado inexorable de unas peloteras partidistas en la república. Ergo, ambos bandos son igualmemte responsables de lo que sucedió, y debemos evitar que ocurra otra vez. “¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?”, preguntó. No nos dio la respuesta, pero aconsejó mucho diálogo: ya saben, Fraga y Carrillo y todo aquello. Sí, la divina Transición. En la vida real, que es la que discurre de este lado del televisor, PP y Vox seguirán acusando de radical y populista a la izquierda, y la izquierda seguirá afirmando que los populistas y extremistas son Vox y el PP. Y todos, con gestos circunspectos, valorarán muy positivamente en el discurso del rey su clamor contra “los extremismos, los radicalismos y los populismos”.

En otro apartado de la alocución, Felipe VI quiso levantar la moral de la tropa ciudadana y dijo que España ha demostrado en el último medio siglo que “sabe responder a los desafíos internos y externos cuando hay voluntad, perseverancia y visión de país”. Y dijo que lo hemos visto, entre otras situaciones, ante las catástrofes naturales. Por lo menos habría podido mencionar como una terrible excepción lo que sucedió con la dana, pero, como se dijo antes, el rey no está para entrar en detalles.

Volviendo al comienzo, intento pensar a quién le pudo interesar el discurso del rey. Y, en general, los discursos de los reyes. Pronto lo escribirán con ChatGPT, si es que no lo están haciendo ya, y ni lo notaremos.

Parecía que todos los que podían hacer ya estaban movilizados: políticos sin límites, congresistas deslenguados, pseudo sindicatos, asociaciones policiales, medios de comunicación, jueces varios, influencers de todo pelaje… Pero faltaba él: Luis Javier Argüello, arzobispo de Valladolid desde julio de 2022 y presidente de la Conferencia Episcopal Española desde marzo de 2024. Por lo visto, no pudo estarse más tiempo quieto y se ha sumado públicamente a la campaña para tumbar al presidente del Gobierno. A su juicio, en la actual coyuntura política solo hay tres opciones: moción de censura, cuestión de confianza o “dar la palabra a los ciudadanos”, que, por si alguien no lo ha pillado, significa convocar elecciones anticipadas. “Es decir, lo que prevé la Constitución”, añadió. Omitió incluir una cuarta opción no menos constitucional: que los presidentes concluyan sus mandatos. En el caso de Sánchez, que siga en la Moncloa hasta julio de 2027. Una perspectiva indigesta para muchos.

Que la Iglesia intervenga en política no es nuevo en España. Lo hizo durante 40 años paseando a Franco bajo palio y adoctrinando a generaciones de españoles en una fe al servicio de la dictadura. Lo hizo durante la Segunda República, atizando desde los púlpitos el clima de enfrentamiento en el país. Y lo ha venido haciendo en la nueva etapa democrática, interviniendo con más frecuencia de lo deseable en los grandes asuntos políticos, económicos y sociales, casi siempre como reacción a iniciativas de expansión de derechos civiles impulsadas por gobiernos progresistas. Todo este historial explica que la religión y, en particular, la Iglesia sean hoy un factor de división, incluso de confrontación, en la sociedad española. Pero en vez de aprovechar el resquicio abierto por el papa Francisco para la reconciliación de muchos progresistas con la Iglesia, el presidente de la Conferencia Episcopal ha preferido apostarle a la España de cerrado y sacristía.

¿Es aceptable que las instituciones religiosas intervengan en política? Jesús no lo creía. Con su mensaje de “dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, se inclinó por mantener la religión al margen de los asuntos del Estado, encarnado entonces por el todopoderoso imperio romano. Pero la Iglesia creció y, cuando se sintió fuerte, entró a saco en política. Hasta el día de hoy. En España y en muchas otras partes. El fenómeno no es exclusivo del catolicismo: véase el peso desmedido que tienen en este momento en la política la religión protestante, la musulmana y la judía en los países donde esos credos tienen arraigo.

No seré yo quien le diga al arzobispo de Valladolid que se abstenga de hacer política. No lo criticaré si se toma en serio la sugerencia del presidente Sánchez de que monte un partido con Abogados Cristianos y concurra a las elecciones. Tan solo le diría que entrar en política tiene consecuencias. Una vez se abandona la neutralidad –o el simulacro de neutralidad–, sobre todo con la contundencia con que lo ha hecho el jefe máximo de la jerarquía eclesial española, no vale protestar después si la política acaba interfiriendo en la religión.

Desde una perspectiva progresista, hay mucho para interferir: poniendo fin a la educación concertada, un modelo que quizá fue necesario en los primeros años de la democracia por la sencilla razón de que bajo la dictadura se había consolidado una poderosa infraestructura educativa gobernada por los curas, pero que hoy es una anomalía en el mundo desarrollado; retirando a la Iglesia de la casilla de asignación voluntaria en la declaración del IRPF; comenzando a cobrar a las iglesias los impuestos de Sociedades o el IVA, o aplicando de una vez por todas la ley de la memoria democrática en el Valle de Cuelgamuros, que el presidente de la Conferencia Episcopal, por cierto, sigue llamando Valle de los Caídos como si las leyes no fuesen con él. Otra cosa es que el Gobierno se atreva a llegar tan lejos ante el desafío de monseñor Argüello.

Lejos de retractarse de sus declaraciones en La Vanguardia, el arzobispo de Valladolid ha vuelto este lunes a la carga con un tuit envalentonado en respuesta a las críticas que le hicieron la víspera el presidente Sánchez y el ministro Bolaños: “Ante el respeto a la vida y la dignidad, la comprensión y el apoyo en materia de vivienda y educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia y el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, no soy neutral”. ¿Habla en serio el prelado –que lo jure sobre la Biblia– cuando sugiere que en España no hay libertad religiosa? Si tanto le preocupa el problema de la vivienda, ¿por qué no predica con el ejemplo desafectando solo una pequeña parte de la colección inmobiliaria que atesora el clero en España? Cuando incluye la falta de respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho entre los motivos para echar a Sánchez, ¿no se le viene a la cabeza al menos una transgresión de esas reglas por parte del PP y Vox, partidos que se beneficiarían de la caída del presidente?

Evidentemente, monseñor Argüello no es neutral, pero quizá debería ser más prudente en sus declaraciones, como le ha recomendado el arzobispo de Tarragona. El problema de meterse hasta el cuello en política, como lo está haciendo el presidente de la Conferencia Episcopal en esta coyuntura de España, es que ya no podrá quejarse si le llueven pinchos del cielo. La política es un juego muy endiablado.

Tras meses de investigación y revelaciones periodísticas, uno creía conocer ya toda la miseria humana que permitió que un fenómeno natural como la dana se convirtiera, pese a las alertas, en una catástrofe para los valencianos, con un resultado de 230 muertos y miles de damnificados. Pero la publicación por elDiario.es de los whatsapps que se cruzó la consellera Salomé Pradas con el president Carlos Mazón y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, en los momentos más dramáticos de la inundación demuestran que la bajeza del equipo que tenía la responsabilidad de minimizar las consecuencias de la dana carecía de límites.

Pradas tenía en su poder un acta notarial con esos mensajes. Se lo había aconsejado su defensa por si las cosas se le torcían en el proceso penal. La consellera era el eslabón más débil de la cadena de mando y, como suele suceder en política, lo normal era que sus superiores la dejaran tirada como un trapo. Al ver que la amarga tradición se cumplía en su caso, comenzó a largar ante la jueza. Su último movimiento ha sido entregarle el acta con los whatsapps. Y lo que estos reflejan es que Mazón y Cuenca fueron algo mucho peor que negligentes frente a la tragedia: fueron despreciativos con la suerte de sus conciudadanos, incluso cuando ya se encontraban con el agua al cuello.

Recluido desde el mediodía en un reservado del restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, el presidente de la Generalitat contestó con unos lacónicos “Bieeeennnn” y “Cojonudo” cuando la consellera le describió la gravedad de la situación y le informó de las tareas de rescate que estaban realizando. Por lo visto, Mazón no mostró el menor interés por conocer más detalles sobre el drama que estaba padeciendo su comunidad.

En cuanto al jefe del gabinete, el intercambio de mensajes demuestra que Pradas mantuvo un contacto permanente con él desde el comienzo de la reunión de emergencia del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). Lo que más llama la atención de estos whatsapps es la obstinación de Cuenca para que la consellera renunciara a su pretensión de decretar el confinamiento en toda la provincia de Valencia. A las 19.54 horas le escribe: “Salo. De confinar nada, por favor. Calma”. “Está la cosas (sic) muy mal”, le advierte su interlocutora. A lo que él replica: “Ya mujer”. Y añade: “Confinar una provincia es una barbaridad, una cosa es zonificar”. En otro momento, cuando Pradas insiste en el confinamiento, él le responde que para tomar una medida de esa naturaleza el Gobierno central debe previamente declarar el estado de alarma. La consellera le recuerda que la comunidad puede aprobar el confinamiento mediante la ley de emergencias. “Quítate eso de la cabeza por favor”, zanja el jefe del gabinete de Mazón, que a juzgar por el contenido de los mensajes no se implica demasiado en una situación que a esas horas ya ha adquirido sus dimensiones más escalofriantes.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el propio Mazón tienen el cuajo de afirmar que las responsabilidades políticas del caso ya se han sustanciado con la dimisión del president. Qué más cabe esperar de un partido que considera la mentira una virtud. Mazón no dimitió: se fue un año después de la catástrofe cuando su empeño desvergonzado por aferrarse al cargo ya no pudo hacer frente a la creciente ola de indignación de sus conciudadanos. Y en cualquier caso no se fue del todo: con el beneplácito de Feijóo ha pasado a ser portavoz de una comisión del Parlament, con un extra de 600 euros al mes, lo que le permitirá seguir aforado mientras se define su situación penal. Esas son las responsabilidades políticas según los cánones éticos del PP.

Que el nuevo presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, esté escenificando ahora una ruptura con la ‘era Mazón’ no es suficiente. Si el PP pretende prestarse como una organización resolutiva en la asunción de responsabilidades políticas, lo primero que debe hacer su líder máximo es pedir perdón por haber apoyado durante todo este tiempo a Mazón y, como mínimo, desmontar la jugarreta de mantenerlo escondido en una comisión parlamentaria de segundo orden a costa de los contribuyentes. Todo lo demás son palabras, palabras, palabras, como en el monólogo hamletiano. Y mucho cinismo. Tras la lectura de los whatsapps, la conclusión que puede extraerse es que lo ocurrido en Valencia aquel aciago 29 de octubre de 2024 fue mucho más que una negligencia de proporciones colosales: fue una exhibición de desprecio hacia unos seres humanos a los que había la obligación de proteger.

A Alberto Núñez Feijóo no le faltan ganas para tumbar al presidente Sánchez. Lo que le faltan son los votos necesarios para quitárselo de encima cuanto antes con una moción de censura. El líder del PP, que dos años atrás exigía ser presidente del Gobierno porque su partido había sido el más votado en las elecciones, parece haber aprendido por fin que en una democracia parlamentaria lo que cuentan son las mayorías que se negocian en el Congreso. El PP tiene 137 escaños. Asumiendo que Vox apoyaría la moción, habría ya 170 votos. Más uno del diputado de UPN, van 171. Faltarían cinco para la mayoría absoluta. Justo los que tiene el partido conservador vasco PNV, pero este ya lo ha mandado a freír espárragos. Queda Junts. Con que le prestara los votos de cinco de sus siete diputados, por el amor de Dios. Incluso, ¿por qué no?, se podría tentar a ERC, que cuenta también con siete diputados.

Feijóo sabe muy bien que no es fácil negociar con los de Puigdemont. Mucho menos con los de Junqueras. Por eso ha apelado directamente a los que, a su juicio, son capaces de meter en cintura a ambos: la poderosa patronal catalana Foment del Treball. En un encuentro con los dirigentes empresariales catalanes este jueves en Barcelona, el líder popular no se anduvo con rodeos: “Me faltan los votos de los suyos, entre comillas, porque no los tengo”. No sé cómo les habrán sentado estas palabras a los líderes de Junts y ERC. Una cosa es que existan relaciones, a menudo inconfesables, entre el poder económico y la clase política; otra, que se diga de manera tan descarnada.

La patronal catalana, como toda patronal que se respete, tiene su corazoncito a la derecha, aunque la derecha española y la catalana no siempre coinciden en sus intereses. La pregunta es si Foment del Treball tiene motivos económicos objetivos para colaborar con la operación derribo contra Sánchez. Las empresas cotizadas catalanas dispararon sus beneficios en un 26% en el primer semestre de este año con respecto al mismo periodo del año anterior. Las pymes ganaron un 16% más. Catalunya encabeza la lista de España en crecimiento del PIB, y los datos de empleo y consumo son más que positivos. Pero hay algo más: en el barómetro de noviembre del CIS, los votantes de Junts son, entre todos los partidos de España, los que mejor valoran su situación económica personal (el 81,5% dice que es buena o muy buena) y la mayoría de encuestados que votan a ese partido y de ERC sostienen que la situación económica de España es buena o muy buena, frente al 14,4% de los votantes del partido que los quiere arrastrar a la moción de censura.

Por supuesto que los empresarios catalanes pueden pensar que el cuadro económico podría mejorar aún más si en el Estado gobierna un partido de derechas comprometido con la liberalización económica y que ha demostrado cada vez que llega al poder una simpatía mayor con los empresarios que con los trabajadores. Pero la práctica política demuestra que los intereses de la derecha españolista no confluyen necesariamente con los de la catalana. En ocasiones incluso pueden chocar. Sería interesante, por ejemplo, saber en qué medida las políticas ultraliberales y el dumping fiscal que practica la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impactan en la comunidad que hoy preside el socialista Salvador Illa.

Habrá que ver si la patronal catalana atenderá la petición de Feijóo. Si yo fuera Josep Sánchez i Llibre, president de Foment del Treball, le transmitiría a mi equipo que dejen las cosas tranquilas, que no se metan en los berenjenales de Madrid, que, parafraseando a san Ignacio de Loyola, en tiempos de agitación en la capital del Estado no conviene hacer mudanza, más aun si las cosas van relativamente bien en Catalunya.

Feijóo es consciente de que no le resultará fácil conseguir los cinco voticos que le faltan para echar al “presidente ilegítimo”. Por ello no descuida la otra vía para conseguirlo: la calle. En una democracia madura, lo normal es que las manifestaciones callejeras se reserven a los grupos de ciudadanos que no tienen a su disposición otros cauces para exponer sus reivindicaciones y sus quejas. Los partidos tienen a su disposición el Parlamento, un foro envidiable por la atención mediática que atrae, para exponer sus posiciones y plantear los debates que consideren oportunos. Más aun si hablamos de partidos con vocación de gobierno. Pero el PP, desde la era Rajoy, comenzó a tomarle el gusto al asfalto, con el resultado de que Feijóo lleva ya siete manifestaciones contra Sánchez.

Ahora ha convocado la octava, este domingo, en Madrid. El lema de la anterior fue ‘¿Mafia o democracia?’; el de esta será ‘Efectivamente, ¿mafia o democracia?’. El objetivo es seguir machacando con el mensaje de que este Gobierno es equiparable a la organización criminal italiana, así haya que recurrir al espantoso adverbio “efectivamente”. Presumo que si Sánchez no se rinde, el lema de la novena convocatoria será algo así como ‘Perdonen la insistencia, ¿mafia o democracia?’. El partido que antaño calificó a Zapatero de “candidato pancarta” porque apoyó la protesta contra la guerra ilegal de Irak ha terminado convertido en un activo organizador de manifestaciones. Es lo que se pasa cuando sobran las ganas, pero faltan los votos.

No sé si es ilegal. Pero al menos feo sí que es. Muy feo, añadiría. No encuentro otro modo de describir la conducta de tres de los magistrados del Tribunal Supremo que han condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que nada más concluir el juicio, sin que se haya publicado aún el contenido de la sentencia, han participado en un curso financiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), una de las acusaciones más activas en la causa. No lo han hecho por amor al arte, ya que han percibido contraprestaciones económicas.

Mientras los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral estaban apoltronados en los solemnes sillones del tribunal, presidido por el primero de ellos, ya sabían que iban a participar en esas jornadas, puesto que estaban convocadas con semanas de antelación. Mientras escuchaban los encendidos alegatos del letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid contra el jefe del Ministerio Público, se aprestaban a disertar sobre temas de Derecho en un acto promovido y financiado por esa organización querellante. Si convenimos en que las formas son importantes para la democracia y el Estado de Derecho, hay que admitir que estamos ante unas conductas poco edificantes.

Se llama apariencia de objetividad y consiste en restringir al máximo cualquier relación con las partes en una causa. Sobre todo una tan delicada como la que ha desembocado en la condena del fiscal general del Estado tras una instrucción y un juicio polémicos, por decirlo con suavidad. ¿Nadie se detuvo a pensar si era buena idea participar, precisamente ahora, en un curso financiado por una de las acusaciones? ¿No debieron hacerlo los mismos magistrados que, como es preceptivo, tuvieron que preguntar a algunos de los testigos si tenían alguna relación de amistad o enemistad con la persona que se juzgaba?

A todo este desaguisado se suma como agravante que el Colegio de Abogados no ha actuado durante el juicio como una acusación más. Su decano, Eugenio Ribón, ha dejado patente con su comportamiento que la causa tiene un interés especial para la institución que preside. Incluso se ha permitido hacer declaraciones públicas cuestionando el derecho de García Ortiz a recurrir la sentencia, cuando se conozca. Lo hizo nada más conocer el fallo en una entrevista en la cadena COPE en la que soltó opiniones impropias en quien dice representar a los profesionales del Derecho.

Magistrados y jueces suelen ganarse unos extras dictando charlas organizadas por entidades de todo tipo, sean multinacionales, bancos, instituciones sociales u organizaciones profesionales, como es el caso del ICAM. El Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado más de una vez al respecto, dictaminando que los togados tienen plena libertad para desarrollar esas actividades por su supuesto valor pedagógico. Eso sí: ha habido excepciones, como la vez en que el Tribunal Supremo aceptó una querella contra el entonces juez Baltasar Garzón, a quien se acusaba de haber cobrado dinero del banco Santander por dictar unos cursos en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York. El instructor de aquella causa fue Manuel Marchena, el expresidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la misma sala que ahora ha condenado a García Ortiz. Garzón llegó a estar imputado, pero se libró porque el delito que le atribuyó Marchena, cohecho impropio, había prescrito.

Hemos normalizado que magistrados y jueces se embolsen sobresueldos con cursos y cursillos. Lo que deberia ser menos normal es que no haya un seguimiento de esas actividades, para determinar si se están cruzando líneas rojas que puedan poner en entredicho la independencia de los togados. Y ya el colmo de la anormalidad es que unos magistrados del Supremo participen en un seminario organizado por una de las acusaciones en una causa que acaban de juzgar.

La pregunta es quién podría ponerle el cascabel a este gato de zarpas afiladas que es la Sala Segunda del Supremo. ¿Se atreverá el comité disciplinario del CGPJ a abrir un expediente investigativo sobre el asunto, así sea para guardar las formas ante una ciudadanía cada vez más desafecta hacia el Poder Judicial? Improbable. Quizá la única posibilidad de que esta mezcolanza de juzgadores y querellantes tenga alguna consecuencia es que García Ortiz la lleve al.Constitucional en su estrategia de defensa y suscite algún debate entre los magistrados.

Una reflexión adicional. De todos es conocido el afán de los sectores conservadores del Poder Judicial por sacudirse del control del Parlamento y funcionar como un cuerpo de marcado perfil corporativo. Si los magistrados no han visto ningún impedimento para hacer lo que desvela elDiario.es, ¿qué podría esperarse en el caso de que estuvieran libres de ataduras y de contrapesos institucionales?

El 12 de marzo de 2024, elDiario.es publicó en exclusiva una noticia titulada 'La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla', firmada por José Precedo, Antonio M. Vélez y Pedro Águeda. La información había llegado a Precedo unos días antes a través de una de sus fuentes, y buena parte de la redacción se movilizó para confirmarla en todos sus extremos, incluso para traducir al román paladino el lenguaje abstruso de los documentos fiscales. El día previo a su publicación, se contactó con el defraudador, Alberto González Amador, y con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Vosotros veréis…”, respondió este último.

Al día siguiente, 13 de marzo, El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido a González Amador un acuerdo de conformidad para minimizar las consecuencias penales del fraude. Otros tres medios digitales repitieron esta información y añadieron que la operación había sido frenada “desde arriba”. La noticia iba acompañada con el pantallazo de un correo electrónico enviado por el fiscal del caso al abogado del defraudador en el que el remitente se muestra proclive a negociar el acuerdo. La información partió del jefe de gabinete de Ayuso y los medios amigos la publicaron obsecuentemente sin contrastar y sin hacer el menor esfuerzo por contactar a las partes concernidas.

La noticia de elDiario.es, que destapó el escándalo de las andanzas tributarias y pelotazos del novio de Ayuso, no ha podido ser rebatida por nadie, como no lo ha sido ninguna de las exclusivas que ha publicado desde entonces sobre el caso. La noticia de El Mundo y los tres medios digitales resultó un bulo como la copa de un pino, una intoxicación que los periodistas ingirieron sin rechistar. El acuerdo de conformidad no lo había ofrecido el fiscal, sino que lo había pedido el abogado de González Amador en un mail previo, y no existía ninguna orden “desde arriba” para abortar la posible negociación. El objetivo de la patraña era enredar y convertir el caso González Amador en el caso Fiscal General, como en efecto ocurrió.

La diferencia entre ambas aproximaciones a la información no es la que media entre el buen y el mal periodismo. Es la que distingue al periodismo de lo que no lo es.

A pesar de ello, en el juicio al fiscal general que se celebró esta semana en el Tribunal Supremo lo que vimos fue un ataque contra los medios y periodistas que actuaron con honestidad y rigor. El abogado de González Amador insinuó que esos medios habían actuado sincronizados con la Fiscalía. Incluso dejó caer que pudo haber motivaciones económicas de por medio. Curiosamente, ninguno de los letrados de la acusación cuestionó la veracidad de las informaciones. Sabían que ahí llevaban las de perder, pues se trataba de noticias veraces y debidamente contrastadas. Por cursi que suene en estos tiempos sinuosos, la verdad es indestructible.

Quizás lo más preocupante del juicio, en lo que respecta a la libertad de información, fueron los intentos por poner en entredicho uno de los instrumentos fundamentales con que cuentan los periodistas para sacar a la luz hechos que de otra manera quedarían envueltos en la oscuridad: el derecho al secreto profesional, a proteger a las fuentes que se atreven a contarles cosas y cuya seguridad –física, laboral, judicial o de cualquier tipo– correría peligro si se conociera su identidad. Los periodistas de este y otros medios –El País, la Ser, la Sexta– que testificaron en el juicio se abstuvieron de revelar sus fuentes, pero aseguraron bajo juramento que la información no se la había proporcionado el fiscal general. El abogado de González Amador puso en tela de juicio la validez del testimonio de los periodistas alegando que el secreto profesional que invocaban era un obstáculo para establecer “la verdad” a la que estaban obligados bajo juramento. Un argumento tramposo, puesto que lo que se juzga es si el fiscal filtró o no los mails de la polémica, y los periodistas que recibieron los correos juraron no solo que el fiscal general no se los había proporcionado, sino que los tenían antes del momento en que, según la investigación, llegaron a manos del jefe del Ministerio Público.

En ese ambiente hostil hacia el periodismo se produjo un hecho inusitado: la reacción intimidatoria del presidente del tribunal cuando el periodista José Precedo dijo tener un “dilema moral” porque su obligación profesional de guardar el secreto sobre su fuente podía llevar a la condena de un inocente, en alusión al fiscal general. “No nos amenace”, le espetó el magistrado Martínez Arrieta. ¿Cuál era la amenaza? ¿Que un periodista expresara un dilema moral? ¿Que se obstinara en guardar el secreto profesional? ¿Que hubiera advertido de que el tribunal podría acabar condenando a un inocente? Nada justificaba la reacción desproporcionada del presidente del tribunal. Es como si, cuando González Amador dijo que no sabía si suicidarse o irse de España, el magistrado le hubiera replicado con furia: “¿está amenazando con escapar a la justicia?”, teniendo en cuenta que el novio de Ayuso está inmerso en una causa penal por su fraude a Hacienda.

El periodismo, el de verdad, el que practicamos en elDiario.es, ha estado sometido desde sus orígenes al acoso o a los ataques abiertos desde el poder. Pero en estos tiempos de realidades alternativas y fabricación industrial de bulos, en los que cada vez es más difícil distinguir la verdad de la mentira y se transmite la peligrosa idea de que todo vale en la jungla de la información, el periodismo está sometido a presiones de una intensidad desconocida. Lo inquietante es que esas presiones se hayan trasladado a la sede del máximo tribunal de justicia de España. Y que las hayamos escuchado incluso en boca del presidente de la Sala de lo Penal. El cerebro del bulo, Miguel Ángel Rodríguez, se ha ido, de momento, de rositas. Con su habitual desfachatez, dijo al tribunal que lo suyo fue una “deducción” y comentó algo sobre sus canas. El autor del fraude fiscal, González Amador, origen de todo cuanto ha sucedido, sigue sin ser juzgado mientras que el juicio al fiscal ya ha quedado visto para sentencia. Los medios que difundieron el bulo no han hecho el menor acto de contrición. Solo los medios y los periodistas que ejercieron con rigor su profesión han sido objeto de insidias y ofensas. De algún modo, han sido sentados en el banquillo junto al fiscal general.

No sé si las asociaciones de prensa prevén algún pronunciamiento sobre el terrible espectáculo que se vivió en el Tribunal Supremo durante el juicio. Deberían. Por el bien de una profesión acosada, sometida a una campaña brutal de demolición cuyo objetivo último es la captura, o el propio desmantelamiento, de la democracia.

En su maratónica deposición de este jueves ante el Tribunal Supremo, el abogado de Alberto González Amador en el juicio al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos describió una suerte de complot para destruir a su defendido y, por extensión, a su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De acuerdo con la narración del letrado, la conspiración estuvo capitaneada por el jefe del Ministerio Público y contó con la participación de dirigentes socialistas, con el presidente Sánchez en cabeza, y periodistas que actuaban como una correa de transmisión informativa perfectamente sincronizada con el cuartel general del número 4 de la calle de Fortuny.

Lo que no entiendo es por qué nuestro Perry Mason hispano no llegó al origen del complot, si resultaba extremadamente sencillo hacerlo. Pudo haber contado que el fiscal general, los dirigentes socialistas y los periodistas comenzaron a tejer la trama induciendo al novio de Ayuso a dar un pelotazo de dos millones de euros con las mascarillas en plena pandemia. Cómo lo arrastraron contra su voluntad a defraudar a Hacienda en 2021 y a seguir con sus andanzas defraudatorias en 2022 con un entramado de sociedades y facturas falsas. Y cómo, seguidamente, lo convencieron de que intentara regularizar su deuda con Hacienda cuando ya era ilegal hacerlo.

También pudo haber relatado que el fiscal general y su pandilla convencieron a González Amador de que mantuviera debidamente informado de sus líos con Hacienda y la justicia a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, y le diera barra libre a este para hacer con la información lo que considerase oportuno. Y cómo Rodríguez, seguramente manipulado por el fiscal general, envió a varios medios amigos el pantallazo de un mail que le había enviado González Amador, indicándoles que la Fiscalía, y no el abogado del defraudador, había solicitado un acuerdo de conformidad que había sido frenado “desde arriba”. Los medios en cuestión publicaron dócilmente la información… obligados por el fiscal general, supongo. Mientras, Díaz Ayuso, también inducida por el infatigable fiscal, no paraba de acusar al Gobierno y a la propia Fiscalía de intentar destruirla a ella a través de su novio.

Ironías aparte, el único complot que ha habido en todo este asunto es el que montaron González Amador –para defraudar a Hacienda– y el jefe de gabinete de la presidenta madrileña para convertir, con la obediencia supina de varios medios de comunicación, el caso González Amador en el caso Fiscal General del Estado. Una confabulación en la que ha participado activamente Díaz Ayuso con una artillería de declaraciones públicas que han ido desde presentar cínicamente a su novio no como deudor, sino acreedor de Hacienda, hasta denunciar una operación desde el deep state para destruirla políticamente.

En su relato de los hechos, el abogado de González Amador no solo enfiló sus baterías contra el fiscal general, sino que leyó declaraciones de dirigentes socialistas en las que se refieren al novio de Ayuso como “defraudador confeso”, lo que le habría producido a su cliente un incalculable daño personal y empresarial. Además, dedicó buena parte de su intervención a lanzar insidias contra los periodistas que han testificado en el juicio y que han afirmado bajo juramento que las informaciones que publicaban en sus respectivos medios no procedían del fiscal general, aunque se han resistido a revelar sus fuentes invocando el secreto profesional.

Eso sí, al bulo que puso en marcha Miguel Ángel Rodríguez –que no es un ciudadano más, sino un alto cargo de confianza de la presidenta madrileña– y que provocó una respuesta de la Fiscalía General del Estado mediante un comunicado público, el abogado de González Amador le antepuso un 'presunto'. Cuando era una patraña del tamaño de un trasatlántico y el origen de todo cuanto sucedió después.

Será, por supuesto, el Tribunal Supremo quien haga las valoraciones pertinentes de cuanto se ha dicho en el juicio y decida la suerte del fiscal Álvaro García Ortiz. Sea cual fuere la decisión de los magistrados, habremos asistido a una sorprendente metamorfosis judicial, en la que un caso de fraude a Hacienda se convirtió mediante un complot –este sí auténtico– en una causa sin precedentes contra el fiscal general del Estado por haber intentado –con mayor o menor fortuna– desmontar la conspiración.

El juicio al fiscal general del Estado nos ha regalado esta semana una actuación antológica: la de Alberto González Amador en el papel de desesperado protagonista de una opereta que podría titularse 'Ya no puedo más'. En su testimonio en el Tribunal Supremo, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid se quejó con desgarro de que sus enemigos lo han convertido en el “delincuente confeso del Reino de España”, que el fiscal general lo ha “matado públicamente”, que él es un simple ciudadano que está sufriendo un ataque despiadado simplemente por ser la pareja de Díaz Ayuso. En uno de los momentos más dramáticos de su comparecencia, proclamó: “O me voy de España o me suicido”, a lo que el presidente del tribunal le dijo casi paternalmente que no le recomendaba ninguna de las dos opciones.

Rebobinemos, así sea tedioso, para recordar cómo hemos llegado a este escenario. Si González Amador se encuentra en la situación en la que hoy está es, en primer lugar, porque ha defraudado a Hacienda. Porque ha pretendido esquilmar al resto de los españoles. Y porque ha consentido que su caso se haya politizado más de lo normal en un escándalo de estas características, como él mismo admitió durante su declaración en el Supremo. Dijo que, viendo que su lío con Hacienda sería utilizado por los adversarios de Ayuso para ir contra ella, mantuvo informado al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, sobre la investigación que Hacienda, y posteriormente la Fiscalía, llevaban contra él. Incluso le dio carta blanca a Rodríguez para que hiciera con la información lo que considerara pertinente. Pero, eso sí, él era “un ciudadano más” y no se metía “en política”.

Este diario reveló en exclusiva en marzo de 2024 que González Amador era objeto de una investigación de la Fiscalía por fraude fiscal. Pese a que miles de ciudadanos se enfrentan cada año a líos con Hacienda, y que existen mecanismos para solucionarlos, el caso adquirió de inmediato una inevitable dimensión política. No sólo porque el investigado es novio de la presidenta madrileña. También, porque comparte un lujoso ático sufragado en parte con el producto del fraude con una persona que ha hecho comentarios despreciativos hacia los miles de jóvenes que tienen dificultades para acceder a una vivienda. Y, como trascendió después, porque los ingresos de la empresa de González Amador por sus contratos con la compañía Quirón, con la que la Comunidad de Madrid tiene negocios multimillonarios en el sector de la salud, han aumentado exponencialmente desde que se inició su noviazgo con la presidenta. No sorprende que el jefe de gabinete de Ayuso lo tuviera registrado en sus contactos telefónicos como “Alberto Quirón”.

El caso dio un giro a raíz de la maniobra de Miguel Ángel Rodríguez para enlodar al fiscal general del Estado, filtrando maliciosamente a periodistas amigos el pantallazo de un mail que le había enviado el novio de Ayuso y asegurándoles que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a González Amador, que se había frenado “desde arriba”. Cuando la verdad era que el acuerdo lo había pedido el abogado de González Amador en un mail previo en que reconocía dos delitos que habría cometido su cliente.

El fiscal general consideró necesario refutar el bulo de Rodríguez. La Fiscalía difundió un comunicado en que aclaraba que el acuerdo de conformidad lo había solicitado el investigado, no la Fiscalía. A continuación algunos medios publicaron el contenido del correo inicial en que era el abogado de González Amador pedía, en efecto, el acuerdo. El jefe de Gabinete de Ayuso vio en ese momento la oportunidad de convertir el caso González Amador en el caso fiscal general. El novio de Ayuso se querelló contra el jefe del Ministerio Público por supuesta revelación de secretos. Una ofensiva judicial en la que también participan con sendas querellas cinco organizaciones, incluido el Colegio de la Abogacía de Madrid.

El hecho, inconcebible, es que el fiscal García Ortiz se encuentra hoy en el banquillo. Se trata de un acontecimiento inédito en la democracia española. De nada ha servido que los periodistas que han testificado durante el proceso hayan afirmado bajo juramento que el fiscal general no fue el autor de la filtración del mail del abogado de González Amador. Pero es este, el autor del fraude a Hacienda tras un pelotazo con mascarillas durante la pandemia del Covid, quien se considera la gran víctima, quien se debate con aire trágico delante de los jueces entre quitarse la vida o marcharse al exilio. Fue su comportamiento el que originó el escándalo y fue su connivencia la que contribuyó a que este se convirtiera por arte de birlibirloque en un ataque brutal contra una de las principales instituciones del Estado. De modo, señor González Amador, que por mucho que se empeñe en presentarse como la victima, no nos convencen sus lágrimas de cocodrilo.

“La gentuza ha vuelto a salir a la calle a hacer de las suyas, esta vez en Barcelona. Todo nuestro apoyo y ánimo a @vitoquiles y a los patriotas universitarios que se están enfrentando a estas hordas de radicales”.

Por su inflamada retórica de tropa de asalto y su respaldo entusiasta a un agitador ultra, este tuit, publicado el jueves, podría pasar como un producto más de la fábrica de ideas de Vox. Máxime cuando lo rematan las imágenes de una bandera de España y dos espadas cruzadas. Pero no: su autor es la seccional madrileña de Nuevas Generaciones, la organización juvenil del Partido Popular. Los cachorros conservadores jaleaban a Vito Quiles en medio de una trifulca entre acólitos y detractores suyos cuando pretendía impartir una charla no autorizada en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Sabemos por distintas encuestas que un porcentaje cada vez más elevado de jóvenes, primordialmente varones, se está sintiendo atraído por los discursos de la extrema derecha. El barómetro más reciente del CIS revela que el 25,1% de ellos votaría al partido de Abascal, casi lo mismo que el PP y el PSOE sumados. La cifra sube al 36,4% si solo se cuentan los varones. Otros sondeos dan cuenta de la creciente desafección entre los jóvenes hacia la democracia y su relativización, incluso exaltación, de la dictadura franquista.

Lo llamativo del tuit que nos ocupa es que no ha partido de un muchacho cualquiera hechizado por la fanfarria del Hamelín de la calle Bambú, sino de una organización que forma parte del aparato político del principal partido de la oposición. “Gentuza”. “Hacer de las suyas”. “Patriotas universitarios”. “Hordas de radicales”. Todo en un contexto de confrontación, de violencia. Las palabras no son inocuas, y se van filtrando como lluvia fina en la sociedad, como lo observó con extraordinaria lucidez el lingüista Viktor Klemperer en su ‘Lengua del Tercer Imperio’, obra que fue escribiendo en sus diarios mientras el nazismo imponía gradualmente a las masas una nueva manera de hablar y pensar a través de sus vehículos de propaganda. No caeré en la tentación fácil de tachar a los cachorros populares de “nazis”, entre otras cosas para no contribuir a la frivolidad con que últimamente se está utilizando el término, pero sí puedo afirmar que las expresiones contenidas en el tuit no son ajenas del todo a las que inquietaron a Klemperer en el momento histórico que le tocó vivir... y padecer.

Justo en estos días ha trascendido que otros cachorros, en este caso jóvenes dirigentes republicanos de cuatro estados de EEUU, compartieron durante siete meses un chat de grupo en Telegram en que decían cosas como “Amo a Hitler” o ponían en duda el Holocausto con el argumento de que “las cámaras de gas no encajan en la estética de Hitler”. La divulgación del chat por un medio digital desató una tormenta en Washington. Y cuando le preguntaron al vicepresidente JD Vance por el tema, lejos de enviar un mensaje contundente contra esos comentarios, restó importancia al incidente argumentando que “los chicos hacen cosas estúpidas, especialmente los niños varones”. Qué más podía decir cuando esos “chicos” de entre 24 y 35 años constituyen una de las almas del proyecto MAGA e idolatran a personajes abiertamente filonazis como Steve Bannon o Tucker Carlson (sí, la estrella mediática que acompañó a Santiago Abascal en uno de los aquelarres frente a la sede del PSOE en noviembre de 2023). Por nada del mundo iba Vance a disparar contra su propia militancia, de modo que su reacción no pasó de un afectuoso tirón de orejas.

Ignoro qué se dirán en sus chats privados los muchachos de Nuevas Generaciones de Madrid. Pero lo que manifiesta su organización en público es sintomático del deslizamiento hacia la ultraderecha que se está produciendo no ya entre la población joven española, como refleja el barómetro del CIS, sino en el seno del Partido Popular. Sin duda los cachorros han aprendido mucho de los desafueros de sus mayores, y muy en particular de la incontinente Isabel Díaz Ayuso, que no tiene ningún escrúpulo en llamar hijo de puta al presidente del Gobierno desde la tribuna del Congreso y en ofender en general a sus detractores. Pero el tuit de Nuevas Generaciones de Madrid es otra cosa. O mejor, suena a otra cosa. Su fuente de inspiración no hay que buscarla en los exabruptos provocadores y los dislates de la presidenta madrileña, sino en el lenguaje cargado de virulencia de la derecha más extrema.

Feijóo puede emular al vicepresidente de EEUU y decir paternalmente que son tonterías de los “chicos” del PP. Que se trata de un caso puntual al que no hay que prestar atención. Pero haría mejor si en vez de ignorar o minimizar el hecho pusiera el oído en las conversaciones de los jóvenes, sobre todo los de su partido, que hablan con cada vez más desparpajo y sin complejos el idioma de Vox. Frente a este fenómeno, el líder popular puede continuar con su estrategia suicida de rivalizar en dureza con Vox, o reconducir al PP a un centro de estándares europeos –no sé si sea ya demasiado tarde–, o esperar su inexorable decapitación por el partido si no es capaz de sacar a este de su atonía –que es lo que sospecho que ocurrirá–. El horizonte no es nada halagüeño para Feijóo. Mucho menos lo es para España, porque nada bueno presagia para el país el escoramiento de tantos jóvenes hacia la extrema derecha.

El Comité del Nobel de la Paz estaba metido en un buen lío este año para conceder el galardón. Donald Trump, el presidente del país más poderoso de la tierra, había decidido que nadie lo merecía más que él. Proclamaba a los cuatro vientos que había resuelto siete conflictos bélicos en diversos puntos del planeta. Y en las horas previas al anuncio del premio había logrado imponer al Gobierno de Netanyahu y a Hamás un acuerdo sobre Gaza que, en el corto plazo, se traducirá en un alto el fuego tras dos años de infierno y en un canje de prisioneros. Una excelente noticia, sin duda. Otra cosa es que el “plan de paz” de 21 puntos llegue a materializarse y, más importante, que traiga una paz duradera a la región.

Pese a estos logros de Trump, el Comité del Nobel de la Paz seguramente era consciente de que premiarlo constituía una apuesta de muy alto riesgo, que podía tener graves consecuencias para el prestigio de la más que centenaria institución. Por una parte, el papel del presidente de EEUU en Gaza no ha sido precisamente pacifista, puesto que se ha mantenido de manera inequívoca del lado de Netanyahu mientras Gaza era devastada. Por otra, el sueño declarado de Trump de convertir a la franja en un “resort” de lujo no revela a una persona comprometida desinteresadamente por la paz.

Pero conceder el galardón a Trump resultaba problemático no solo por las dudas que subsisten en el tema de Gaza. El jurado habría tenido serias dificultades para justificar la designación como paladín de la paz a un personaje atrabiliario que está poniendo en riesgo la institucionalidad democrática de su propio país, que ha promovido una ofensiva de corte racista contra la inmigración, que ha declarado una guerra (sí: una guerra) comercial a medio mundo y que se salta por la torera la legislación internacional, como se está viendo en los bombardeos a embarcaciones en aguas del Caribe bajo la acusación de que transportan droga de Venezuela a Estados Unidos.

El comité del Nobel estaba en un serio aprieto. No era fácil enfrentarse a los caprichos del hombre más poderoso del mundo y a las presiones que, según informaciones periodísticas, estaba ejerciendo la Casa Blanca sobre los organizadores del premio para que se lo otorgaran al mandamás. En ese ambiente de alta tensión, el presidente del comité compareció este viernes a las 11.00 horas para anunciar la decisión del jurado: el galardón del 2025 era para –tachán, tachán– María Corina Machado “por su incansable labor para la promoción de los derechos democráticos de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a una democracia”.

Es inevitable ver en la elección de Machado una pirueta para no dar el premio a Trump y, al mismo tiempo, otorgarlo a una persona que mantiene una excelente relación con el presidente estadounidense, que se identifica con sus políticas, que apoya su estrategia en Venezuela y, que, además, se encuentra en la clandestinidad debido a la persecución de que es objeto por parte del régimen de Maduro. Es indudable que Venezuela no es hoy un país democrático. Y que el chavismo se robó descaradamente las últimas elecciones presidenciales. Pero, si de lo que estamos hablando es de un premio que exalta la paz, hay que decir que Machado no se ha caracterizado por defender en todo momento una salida pacífica al laberinto de su país, en contra de lo que sugiere el acta del comité del Nobel. Aunque en los últimos tiempos ha atemperado, por razones pragmáticas, su posición favorable a un final por la fuerza del chavismo con el apoyo militar de EEUU, en una reciente intervención virtual en un foro en Panamá tras el bombardeo por las fuerzas estadounidenses de una embarcación que dejó 11 muertos, manifestó jubilosa que “falta poco” para la caída de Maduro.

El comité del Nobel tenía a mano opciones mejores para otorgar el galardón. Habría podido, por ejemplo, localizar a uno de los tantos grupos de israelíes y palestinos que, pese al clima imperante de odio, han seguido durante los dos últimos años luchando desde la marginalidad para mantener abierto un resquicio de entendimiento entre sus pueblos. Una apuesta así habría sido un estímulo para quienes han seguido creyendo sinceramente en la convivencia en unos tiempos en que nada parece invitar a ella. El jurado perdió esa oportunidad y optó por sacarse un as de la manga que posiblemente atenuará el enfado del presidente Trump por no haber sido reconocido como el gran mediador en los conflictos del mundo, pero que no responde a las características que se esperan de un apóstol de la paz.