¿Debe dimitir el ministro Puente?

El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció este viernes ante la prensa para comunicar las novedades sobre la investigación del accidente ferroviario del 28 de octubre en Urda, Toledo, que ha dejado de momento 69 muertos. Durante más de dos horas respondió a las presuntas de los periodistas con un despliegue abrumador de datos y con algunos anuncios de medidas que se tomarán de inmediato para mejorar el sistema de trenes de alta velocidad. Uno de los focos de interés de la comparecencia, y que dio pie a los principales titulares, era de índole política. En concreto, si el ministro iba a dimitir. Respondió que no. ¿Su argumento? Que él es persona de “dar la cara”, que su responsabilidad es ofrecer explicaciones y esclarecer lo ocurrido. Dijo, además, que el presidente del Gobierno le ha expresado su apoyo para que continúe en el cargo.

La presión para que Puente dimita es inmensa. Que lo solicite el PP no sorprende (aun así, hay que tener un cinismo granítico para exigir renuncias después haber permitido que Carlos Mazón siguiera un año en el cargo tras la catástrofe de la dana pese a su conducta indignante durante el suceso). El problema para el ministro es que también están pidiendo su cabeza los socios del Frente Amplio y el progresista Adelante Andalucía, mientras los aliados ERC y PNV, sin exigirlo explícitamente, urgen la asunción de “responsabilidades políticas”, como también ha hecho Podemos. Eso sin contar con lo que pueda estar pensando en este momento una opinión pública estupefacta, confundida, apesadumbrada y enfadada por la magnitud de la tragedia. Y porque sea la segunda catástrofe ferroviaria que se produce en un mismo año.

Pero, ¿debe dimitir el ministro? O, como algunos están planteándolo, ¿debe dimitir de inmediato? Son dos cosas distintas. Quizá lo recomendable en este momento es que continúe en el cargo, simplemente en aplicación del principio ignaciano de que “en tiempo de desolación, nunca hacer mudanza”. La tragedia continúa. Todavía hay cuerpos debajo de los vagones. Los familiares de los fallecidos apenas se están haciendo a la idea de la magnitud de su pesadilla. Entre los españoles se ha instalado una desconfianza comprensible a utilizar el servicio de trenes, con las implicaciones que ello tiene para la economía y para la movilidad de los ciudadanos. La investigación de lo ocurrido apenas ha comenzado. Hay muchos frentes abiertos. Y bastante especulación. En este escenario, podría resultar contraproducente cambiar súbitamente a la persona que lleva tres años al frente del engranaje del transporte y a la que, por tanto, se le presume un conocimiento de los mimbres administrativos para organizar la respuesta en una situación de emergencia como la presente.

El ministro, todo sea dicho, no ayudó en su comparecencia de prensa a crear un ambiente favorable a su continuidad. Aportó muchos datos, como señalábamos antes, pero le faltó humildad. Traslucía demasiado su afán de enfatizar los fallos humanos en la catástrofe, que evidentemente los hubo, pero que, al menos para buena parte de la opinión pública, están lejos de explicar lo ocurrido. Es más, numerosos sindicalistas, trabajadores de Renfe y expertos sostienen que incluso los fallos humanos forman parte de problemas sistémicos de mayor envergadura (largas jornadas laborales, deficiente formación profesional, etc.) que vienen de vieja data. Y no hay que desdeñar el hecho de que un sector amplio de la población, al margen de sus afinidades políticas, tiene una tendencia instintiva a solidarizarse con los curritos cuando perciben, con motivos fundados o no, intentos de descargar en ellos una responsabilidad que debería ser compartida. Esto nos lleva a la otra pegunta: ¿debe dimitir el ministro más adelante, cuando amaine la emergencia, así sea por la nada honrosa circunstancia de que bajo su mandato se han producido dos catástrofes en un mismo año?

Aquí nos topamos con una fecha: 29 de noviembre. Elecciones generales. En un mes pueden ocurrir, y seguramente ocurrirán, muchas cosas. Si la investigación de la tragedia apunta a fallos personales de los operarios y a algún problema técnico “dentro de la normalidad europea”, como señaló con poco tacto el ministro, no sería en principio lógico que Sánchez, en vísperas de unos comicios que se anuncian muy reñidos, se deshiciera de quien es hoy uno de sus principales activos entre las bases socialistas, sobre todo por su defensa beligerante del Gobierno y el partido en el despiadado campo de batalla de las redes sociales.

Pero los acontecimientos se suceden vertiginosamente. Está por ver a dónde conducirán las aún incipientes investigaciones. Hasta qué punto elevarán los amigos y aliados del Gobierno su presión para que se asuman responsabilidades políticas. Hasta dónde llevarán muchos trabajadores, con una huelga general en el horizonte, su malestar por la celeridad con la que desde el ministerio se han señalado los errores de los operarios. Y, por supuesto -¡es la política, estúpido!-, habrá que ver que dicen los trackings, esas encuestas internas que los partidos realizan a diario para calibrar el estado de ánimo de la ciudadanía. Cabe suponer que Pedro Sánchez, como todo político de nuestro tiempo, no será ajeno a ellas a la hora de tomar cualquier decisión antes de la cita con las urnas. Mucho antes, incluso.