Angela Merkel, Boris Johnson, Pedro Sánchez y otra veintena de líderes del mundo han anunciado un tratado internacional sobre pandemias, un mecanismo jurídicamente vinculante para protegerse de futuras pandemias y de su impacto en las economías y en la sociedad.

Aunque todavía no se ha concretado el contenido del tratado, el objetivo es que los gobiernos se comprometan políticamente con la seguridad sanitaria, con mensajes que refuercen la colaboración, la cooperación y la solidaridad mundiales para mitigar futuras pandemias.

Tras un año en el que han primado las estrategias nacionalistas para el control de la pandemia de COVID-19, el multilateralismo parece ser más necesario que nunca. Sin embargo, para que tenga sentido la preparación ante pandemias futuras, debemos abordar primero un problema que se ha hecho evidente: ¿por qué los gobiernos no han respetado el derecho internacional y las normas de gestión de pandemias que ya estaban en vigor?

El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) proporciona el marco legal que define lo que los gobiernos deben hacer para prevenir, detectar y responder a los brotes de enfermedades infecciosas. Esto incluye el intercambio de información sobre patógenos emergentes con la OMS; la puesta en marcha de intervenciones de salud pública para prevenir la transmisión de la enfermedad; y, a largo plazo, el aumento de la capacidad de los sistemas sanitarios para poder identificar y responder a las amenazas de enfermedades nuevas.

Paralelamente, han surgido iniciativas políticas de seguridad sanitaria mundial a través de grupos como la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial, el G7 y múltiples esfuerzos regionales como la Red de Vigilancia de Enfermedades de la Cuenca del Mekong. Los gobiernos han reconocido cada vez más la vulnerabilidad común ante el riesgo de enfermedades globales y la necesidad de colaborar con sistemas transparentes para prevenir y responder a las emergencias sanitarias.

Sin embargo, durante la pandemia, muchos de esos gobiernos han optado por dar la espalda a estas normas establecidas, y han decidido actuar por su cuenta. Se desmarcaron abiertamente de las orientaciones de la OMS sobre la mejor manera de responder al virus (a pesar de haber reconocido previamente a la OMS como coordinadora mundial de la enfermedad); no apoyaron a otros Estados en su respuesta a la epidemia; y han incumplido el RSI al aplicar restricciones de viaje en ausencia de tales recomendaciones de la OMS.

Además, muchos Estados siguen eludiendo las normas de solidaridad mundial con su apuesta incondicional por el nacionalismo de vacunas en detrimento de los esfuerzos por una distribución más equitativa de las dosis.

Una de las principales lecciones aprendidas es que la política es el motor que decide el rumbo de las pandemias. La voluntad política para gestionar un brote es crucial para el éxito de cualquier intervención técnica de control de enfermedades.

Un tratado serio requiere que los Estados cedan soberanía

Esto también es aplicable a la gobernanza mundial de las enfermedades: las mejores normas y el derecho internacional solo son tan eficaces como los poderes políticos que se les otorguen. Una crítica importante al RSI es que se trata de una herramienta técnica y legal, que define las responsabilidades del Gobierno para prevenir, detectar y responder a un patógeno nuevo, sin ningún incentivo o mecanismo de aplicación para hacerlo.

Más allá de la condena pública, hay pocas consecuencias para los gobiernos que incumplen la ley. Si el tratado sobre pandemias propuesto puede aportar un mayor compromiso político con la ley y las normas vigentes en materia de seguridad sanitaria mundial y es capaz de hacer que los gobiernos rindan cuentas, sería sin duda el santo grial para la preparación ante una pandemia.

¿Cómo podría ser este tratado? ¿Debería contemplar sanciones económicas o políticas por el incumplimiento del RSI? ¿Compensación económica por una respuesta eficaz a los brotes? Se ha sugerido la posibilidad de que ese poder de aplicar o incentivar provenga del sistema multilateral más amplio.

Esto podría implicar a instituciones más poderosas que tienen tales capacidades o recursos, como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, tanto la zanahoria (los incentivos) como el palo (las sanciones) podrían tener importantes costes políticos y económicos para los países implicados.

Si los gobiernos se toman en serio un tratado eficaz sobre pandemias, esto requeriría que cedieran una parte importante de su soberanía en lo que se refiere al control de enfermedades: dar poder y autoridad a la OMS para compartir información sobre patógenos; recomendar (o incluso aplicar) medidas de salud pública, incluso si estas tienen un coste significativo para el comercio y los viajes en un país; y permitir un poder internacional para imponer su cumplimiento.

Me resulta difícil imaginar a los gobiernos aceptando un tratado que les otorgue menos control en tiempos de crisis, la incapacidad de tomar decisiones soberanas en cuanto a las herramientas políticas aplicadas, y cuyo incumplimiento podría tener efectos secundarios económicos o políticos. Decir que se quiere un tratado es la parte fácil, negociarlo es lo difícil.

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, del que se habla como posible modelo para este tratado, tenía como objetivo reducir el consumo y el comercio de tabaco, pero varios países, entre ellos Estados Unidos, no ratificaron el tratado debido a las demandas internas de la industria que entraban en conflicto.

Dependiendo del contenido del tratado propuesto sobre pandemias, es fácil imaginar la misma trayectoria: en la carta conjunta publicada la semana pasada, Estados Unidos y China destacan por su ausencia. Aunque se ha dado mucho bombo político a un posible tratado sobre pandemias, es poco probable que la buena voluntad y la solidaridad sobrevivan al proceso de negociación.

Un tratado de respuesta ante pandemias brinda la oportunidad de dotar de poder político a un mecanismo de gobernanza que se tambalea. Pero no hay forma de garantizar que los gobiernos lo cumplan en tiempos de crisis, como hemos visto durante la pandemia de COVID-19. ¿Por qué piensan nuestros actuales líderes políticos que sus sucesores actuarán de forma diferente?

Traducido por Emma Reverter.

La noticia de que la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa alemana de biotecnología BioNtech habían producido una vacuna que tenía un 90% de efectividad contra la COVID-19 fue lógicamente acogida con aplausos, a pesar de la cautela. Este miércoles, la compañía ha difundido nuevos datos que elevan la eficacia a un 95% tras la conclusión de estudios más completos que los de la semana pasada.

Pfizer afirma que puede fabricar hasta 50 millones de dosis para finales de 2020 y hasta 1.300 millones de dosis en 2021. El deseo de que la vida regrese a la normalidad hará que la demanda de esas dosis sea altísima. Gobiernos de todo el mundo ya han empezado a anunciar a sus ciudadanos que recibirán una vacuna para Navidad. Pero, ¿cómo funcionará la distribución de este número limitado de dosis si la cantidad disponible solo será suficiente para vacunar a una séptima parte de la población mundial?

Países de renta alta como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia o la Unión Europea han reservado al menos 500 millones de dosis de la vacuna. Es posible que esta cantidad aumente hasta los 1.000 millones de dosis mediante acuerdos de compra anticipada, en los que los países pagan para reservar vacunas a un precio acordado en un intento de garantizarse el acceso prioritario. 

Durante la pandemia de gripe porcina de 2009, este tipo de acuerdos se generalizó de tal manera que la mayoría de los fabricantes afirmaron que no podían proporcionar el 10% de sus existencias de vacunas a las agencias de Naciones Unidas porque estaban obligados a cumplir compromisos preexistentes con los países ricos. En este sentido, el “nacionalismo de vacunas” –la dinámica que hemos visto en acción este año, ya que los países persiguen el interés propio en lugar del bien común mundial– no es algo nuevo.

Los países de ingresos bajos y medios llevan años presionando para lograr la igualdad en el acceso a tratamientos y las vacunas; saben bien que los acuerdos de mercado en los que descansa el sistema sanitario mundial favorecen a los gobiernos con mayor capacidad adquisitiva. Esta misma situación ya se puso de manifiesto con claridad en el acceso a los tratamientos antirretrovirales para el VIH en la década de 1990 o en la controversia sobre la “soberanía viral” de Indonesia de 2007.

El programa COVAX

La posibilidad de que los países ricos obtengan primero una vacuna está siempre sobre la mesa. Por eso la organización público-privada de salud GAVI, la fundación CEPI y la Organización Mundial de la Salud crearon el mecanismo COVAX a principios de este año. COVAX se creó para apoyar la distribución equitativa de una potencial vacuna contra la COVID-19 mediante acuerdos de compra conjunta que permiten a todos los países, independientemente de sus medios, comprar vacunas; se financia tanto mediante la compra directa por parte de países de renta alta como gracias a la cooperación para el desarrollo y las donaciones.

El objetivo de COVAX es conseguir vacunas suficientes para que todos los países participantes puedan inmunizar al menos al 20% de su población. Los países ricos que contribuyen a COVAX lo hacen como una póliza de seguro, para garantizarse el acceso en caso de que no se cumplan los acuerdos comerciales. Los países de ingresos más bajos ven COVAX como un salvavidas que les da al menos algún acceso a cualquier vacuna.

Pero la prometedora vacuna de Pfizer todavía no forma parte actualmente de COVAX (aunque hay una “expresión de interés para un posible suministro”). Si bien GAVI tiene acuerdos para el suministro de nueve posibles vacunas candidatas, incluida la prometedora vacuna de AstraZeneca/Universidad de Oxford, el aparente éxito de la vacuna de Pfizer plantea interrogantes más profundos sobre la forma en que los países de ingresos bajos y medios pueden acceder a las vacunas que han dado buenos resultados.

Incluso si COVAX negociara ahora con Pfizer, no está claro de qué cantidad se dispondría para el resto del mundo, dado que la mayor parte del suministro potencial ya está reservado. Tampoco se sabe si se daría prioridad al suministro a los países ricos con acuerdos de compra anticipada.

Quedan por resolver algunas cuestiones clave: ¿cómo se asignarán las dosis adquiridas mediante acuerdos de compra anticipada, quienes recibirán los primeros lotes y cómo se compartirá el resto? ¿Podrían cuestiones prácticas, como la capacidad de un país de proporcionar una cadena de ultrafrío –una red de refrigeración bajo cero que asegure que la vacuna no perezca–, influir en decisiones encaminadas a que las dosis disponibles no se desperdicien?

Mientras los países ricos se han dado prisa para ser los primeros en el reparto, debemos preguntarnos cómo garantizará COVAX el abastecimiento a los trabajadores sanitarios de los lugares más pobres del mundo que están primera línea en este momento.

Es importante no olvidar que esta vacuna no es la única en desarrollo: hay 10 ensayos en fase 3 actualmente. De hecho, en las 24 horas siguientes al anuncio de Pfizer, el gobierno ruso declaró que su vacuna Sputnik V también tenía una eficacia superior al 90%; China ha desplegado de forma similar el uso de emergencia de sus principales proyectos de vacuna de forma voluntaria.

Algunos análisis políticos encuentran ciertos paralelismos entre la carrera mundial por la vacuna y la carrera espacial, pero hay que ir más allá de anticuadas analogías propias de la Guerra Fría.

En primer lugar, este análisis pasa por alto el papel vital que desempeñan los Estados de ingresos medios en el desarrollo de la vacuna: algunas de las principales empresas biotecnológicas y la capacidad de fabricación están en Brasil e India. En segundo lugar, hay una diferencia entre las candidatas a vacunas patrocinadas por el Estado (en Rusia y China) y las de las empresas multinacionales como Pfizer y AstraZeneca. En tercer lugar, la verdadera carrera no trata sobre quién fabrica las vacunas, sino sobre quién puede acceder a ellas una vez fabricadas.

Lamentablemente, aunque la pandemia ha dejado claro a todo el mundo la interdependencia global, parece que los más pobres siguen siendo los que salen perdiendo.

Mark Eccleston-Turner es profesor de Derecho de la Salud Mundial en la Universidad de Keele y Clare Wenham es profesora adjunta de política de salud global en London School of Economics.

Traducido por Alberto Arce.