Islandia ha cerrado la puerta a reabrir las negociaciones para ingresar en la Unión Europea por un margen que no podía ser más ajustado. A falta de cerrar dos distritos electorales donde ya ganaba el “no”, la opción negativa se impone con un 52,8% frente al 47,2% del “sí”, frenando así el proceso que el Gobierno de centroizquierda de la primera ministra, Kristrún Frostadóttir, había trazado para replantear la relación del país con Europa. El referéndum había cobrado fuerza ante la creciente incertidumbre económica y geopolítica que en los últimos años ha sacudido al país nórdico y que ha reabierto el debate sobre su lugar en Europa. Según la cadena pública RÚV, la participación ha sido muy alta, comparable a la de las últimas elecciones generales, en las que votaron alrededor del 80% de los electores.

Este resultado tan ajustado no significa que Islandia haya rechazado definitivamente y para siempre entrar en la UE, ya que la consulta del sábado preguntaba a los ciudadanos si autorizaban al Gobierno a volver a sentarse a negociar con Bruselas, no si querían ser miembros del club comunitario. Pero el resultado de las urnas refleja que el país está prácticamente dividido en dos por la cuestión, después de una campaña marcada por el coste de la vida, la inflación, el contexto de seguridad geopolítico en el Ártico y el control de los recursos naturales como la pesca.

El principal temor entre los partidarios del “no” era que una eventual entrada en la UE obligase a Islandia a ceder parte del control de sus ricos caladeros y a someterse a la política pesquera común de los 27 socios de la UE. En este sentido, la pesca no solo representa la principal fuente de riqueza del país (40% de las exportaciones y alrededor del 7% del PIB), sino que también forma parte de la identidad económica y nacional de Islandia. Los expertos señalan que la gestión de los recursos marinos ha sido, además, uno de los argumentos que más han movilizado a los votantes durante la campaña.

Con estos resultados, el Gobierno de Reikiavik, que impulsó el referéndum tras la formación de la coalición de Gobierno en 2024, se reunirá en los próximos días con la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento para votar la retirada de la solicitud de adhesión a la UE, como ya ocurrió hace una década. Entonces, las negociaciones suspendidas en 2013 no llegaron a abordar los temas más delicados, como la pesca y la agricultura, y el proceso se dejó de lado con un cambio de Gobierno que no era favorable a entrar a formar parte de la UE.

El mayor argumento para la campaña del “no” ha sido señalar que Islandia ya se beneficia de la integración europea, al formar parte del Espacio Económico Europeo (EEE) y de la zona Schengen, sin tener que ser miembro de la UE, una fórmula similar a la de otro país nórdico, Noruega. En este sentido, Islandia ya ha incorporado alrededor del 75% de la legislación de la Unión Europea a través de su pertenencia al EEE. Sin embargo, los defensores del “no” han argumentado que, con una población de apenas 400.000 habitantes, el país seguiría siendo un Estado muy pequeño dentro del bloque y tendría dificultades para hacer oír su voz e influir en las decisiones que se toman en Bruselas.

Durante la campaña, la misma primera ministra Frostadóttir ha enfatizado que solamente estaría a favor de la adhesión a la UE si el país conseguía negociar un buen acuerdo con la UE. Los defensores del “no” han sostenido que, durante el proceso de negociaciones iniciado en 2013, la UE ya rechazó hacer concesiones significativas a Islandia en materia de pesca. La política pesquera común establece unas reglas comunes para el acceso y la gestión de los caladeros de los Estados miembros, y los partidarios del rechazo consideran que no había motivos para pensar que Bruselas estuviera ahora dispuesta a cambiar su posición en este ámbito. En cambio, muchos de los detractores de la adhesión consideran que la capacidad para decidir sobre asuntos como el de la pesca constituye uno de los pilares de la soberanía del país, conseguida en 1944 tras siglos de dominio colonizador por parte de Noruega primero y después de Dinamarca.

Otro de los argumentos esgrimidos por los partidarios del “no” para defender la soberanía nacional frente a Bruselas es que, en apenas un siglo, Islandia ha pasado de ser uno de los países más pobres de Europa a convertirse en una de las economías más prósperas del mundo sin necesidad de formar parte de la UE. Los defensores del “sí”, en cambio, han situado la actual incertidumbre económica en el centro de la campaña, poniendo el foco en la inflación, el elevado coste de vida y la volatilidad de la corona islandesa.

Rechazo mayoritario en las zonas rurales

El referéndum sobre la UE también ha dejado una fractura evidente entre el entorno urbano de la capital, Reikiavik, donde la opción del “sí” ha ganado más votos, y las regiones más aisladas de la costa que dependen más estrechamente de la pesca y la agricultura, donde la opción del “no” ha ganado de forma mayoritaria.

Durante la campaña, el Gobierno favorable a la adhesión trató de tranquilizar al sector pesquero, responsable del 40% de las exportaciones y de alrededor del 7% del PIB, asegurando que el control de los caladeros sería una línea roja en unas eventuales negociaciones con Bruselas. Sin embargo, finalmente se ha impuesto el argumento de quienes consideran que ceder a la UE el control sobre los recursos naturales supondría una pérdida de soberanía, uno de los principales pilares del discurso euroescéptico.

Este resultado también ha supuesto un revés para los que pensaban que el nuevo escenario de incertidumbre geopolítica justificaba un acercamiento a Bruselas. La guerra de Ucrania, el aumento de la tensión entre Rusia y Occidente y, sobre todo, las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia han colocado al Ártico en el centro de la geopolítica internacional, donde Islandia se encuentra estratégicamente situada entre Europa y América, siendo parte de la OTAN, pero sin tener un ejército propio.

Para el Gobierno de Frostadóttir, una mayor integración europea podía reforzar la posición internacional del país en un momento de incertidumbre, pero el argumento geopolítico no ha sido suficiente para convencer a una mayoría de islandeses.

Con todo, el estrecho margen de los resultados deja entrever que el debate sobre la UE no desaparecerá, ya que la sociedad continúa estando dividida y la relación con la UE seguirá siendo un asunto de fondo.

El referéndum del 29 de agosto ha sido presentado por el Gobierno socialdemócrata de Islandia como una oportunidad de “ahora o nunca” para aceptar la posibilidad de entrar en la Unión Europea. Si gana la opción del “sí”, el Ejecutivo de Reikiavik reanudará las conversaciones con Bruselas, aunque la decisión de unirse formalmente a la UE requiere de un segundo referéndum que posiblemente se celebraría en 2028. Si, por el contrario, los islandeses (402.000 habitantes) optan por el “no”, el país nórdico mantendrá el statu quo dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) y del espacio Schengen que les ha permitido beneficiarse de buena parte de las ventajas de la UE, pero sin voz ni voto en la mesa de decisiones de Bruselas.

La relación del país de los volcanes, los glaciares y los géiseres con la UE ha tenido altibajos. Islandia solicitó el ingreso al bloque europeo en 2009 a raíz de una profunda crisis financiera. Pero el acercamiento duró poco, ya que la llegada al poder de una coalición de gobierno euroescéptica puso fin a las negociaciones en 2013. Más de una década después, el debate europeo volvió a abrirse en la política islandesa en 2024 con la formación de una nueva coalición de gobierno de centroizquierda que asumió el compromiso de retomar las negociaciones durante la legislatura.

El mayor argumento de los defensores de la adhesión es que, en tiempos de incertidumbre económica y geopolítica que ha alcanzado de lleno las puertas del Ártico, la UE ofrece estabilidad y seguridad. Por su parte, en el bando del “no”, formado por la derecha nacionalista, los partidos más a la izquierda del Parlamento y el lobby pesquero, argumentan que la UE podría menoscabar la soberanía islandesa, especialmente en ámbitos tan cruciales como la pesca y la agricultura.

A pocos días de la cita con las urnas, las encuestas dibujan una sociedad prácticamente partida en dos, con una ligera ventaja del “sí” (51,3%) sobre el “no” (48,7%). Una diferencia de apenas 2,6 puntos que deja el resultado completamente abierto y hace imposible a los expertos aventurar qué ocurrirá el sábado.

Dilema entre la independencia y la integración total a la UE

En los últimos meses, el escenario geopolítico en el extremo norte del Atlántico se ha vuelto más incierto que nunca tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de anexionarse la vecina Groenlandia, elevando la tensión en una región donde las potencias mundiales compiten entre ellas por el control y la influencia en el Ártico.

En este escenario, Islandia es el único miembro de la OTAN que no cuenta con un ejército propio y cuya defensa depende, en buena medida, del acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos en 1951. Sin embargo, la llegada de Trump a la Casa Blanca ha puesto en duda la solidez de esta garantía de seguridad en Reikiavik.

En un informe en abril de este año, la ministra de Asuntos Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, escribió: “El sistema internacional con el que hemos convivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial se tambalea”. La ministra añadió que una mayor cooperación con la UE era “una variable clave” para salvaguardar los intereses de Islandia. Hasta ahora, “los islandeses nunca habían visto la UE como una institución que tuviera algo que ver con la seguridad y defensa, pero ahora esto está cambiando”, reconoce el politólogo de la Universidad de Bifröst, Eiríkur Bergmann.

Pese a ello, la convocatoria de la consulta del sábado es anterior a este giro en el panorama internacional y, durante la campaña, las cuestiones relacionadas con la defensa y la geopolítica han quedado en un segundo plano, mientras que la discusión se ha concentrado sobre todo en los argumentos económicos y la identidad nacional.

Para el politólogo Bergmann, el debate sobre Europa tiene una dimensión existencial que trasciende cuestiones prácticas como la entrada en el euro o la pesca. En el fondo, sostiene Bergmann, la discusión gira en torno a “qué significa ser islandés después de décadas de independencia”, conquistada en 1944 tras siglos de dominio primero noruego y después danés: “Un argumento fundamental es que Islandia debe ser totalmente autónoma y no volver a someterse jamás a un dominio extranjero”, dice Bergmann, “pero por la otra parte, hay la voluntad de ser un país plenamente integrado en la comunidad internacional”.

El control de la pesca, una línea roja

El principal problema para una eventual adhesión a la UE sigue siendo la pesca y el control de los ricos caladeros islandeses, una cuestión que los partidarios del “no” han asociado directamente a la independencia nacional. Junto al turismo, la pesca es el pilar de la economía del país insular, ya que genera el 40% de las exportaciones, además de sostener buena parte de la actividad económica en las zonas costeras. En este sector, una mayoría teme que la adhesión a la UE provoque un daño irreversible al abrir los caladeros a las flotas pesqueras europeas: “La pesca no es simplemente un sector económico, es una línea roja identitaria” expone Bergmann. “Ningún gobierno de Islandia volvería de Bruselas sin un acuerdo que garantizara el control de los caladeros porque saben que la población no lo aprobaría de ninguna manera”, afirma el politólogo.

Por otro lado, una ventaja económica que esgrimen los que quieren formar parte del bloque europeo es que abandonar la corona islandesa mejoraría la economía, ya que el euro es mucho más estable y ayudaría a controlar una inflación disparada de casi el 5,2%, el doble que en la UE, que hace de Islandia uno de los países europeos más caros donde vivir.

Por último, Bergmann considera que “la UE está mucho más interesada en la adhesión de Islandia ahora que antes”, ya que su incorporación aportaría “ventajas geoestratégicas por sus intereses en el Ártico”. El experto apunta, además, que “tras el fracaso que supuso el Brexit, Bruselas está buscando un caso de éxito” que podría ser “la entrada al club europeo de un país próspero y con una democracia consolidada como Islandia”. Por otro lado, en caso de que saliera el “no”, “tendría pocas consecuencias inmediatas”, sostiene Bergmann, “aunque políticamente el gobierno saldría debilitado y el país quedaría más alejado de sus socios europeos”.

El primer ministro sueco en los años ochenta, Olof Palme, es una de las figuras políticas que más huella ha dejado en el país nórdico por su papel en la expansión del Estado del bienestar, basado en la defensa de los servicios públicos universales, la redistribución de la riqueza y la igualdad social, que se convirtieron en un referente internacional para la socialdemocracia.

Pero del mito de Suecia como paraíso del Estado del bienestar hoy más bien quedan unos pocos restos. Gran parte de la gestión de los servicios públicos en el país escandinavo se ha privatizado mediante un modelo en el que el Estado sigue financiándolos al 100%, pero las empresas que los gestionan pueden obtener beneficios sin apenas límites.

Como consecuencia de esto, en las próximas elecciones generales de septiembre, el Partido de la Izquierda, el Partido Verde y el partido socialdemócrata concurren a las urnas con la propuesta de prohibir que las empresas privadas se lucren mediante la prestación de servicios públicos. Esto pasa especialmente en la educación, donde el país ha permitido que cada vez más escuelas estén gestionadas por empresas con ánimo de lucro que cotizan en el mercado de valores de Estocolmo. También en la sanidad, donde casi la mitad de las clínicas de atención primaria son de propiedad privada, una tendencia que también se ve en la gestión de las residencias para la gente mayor.

Mientras tanto, la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando, con el número de multimillonarios pasando de 28 a 542 en 25 años, al mismo tiempo que ha aumentado la proporción de hogares con bajos ingresos. Suecia también encabeza la clasificación mundial de patrimonio acumulado por los millonarios en relación con el tamaño de su economía, seguida de Rusia. Unos multimillonarios que, a menudo, pagan menos impuestos que el resto, ya que en los últimos años se han abolido el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones y el impuesto sobre las donaciones.

Por todo esto, el periodista económico Andreas Cervenka, autor del libro Girig-Sverige (Suecia avariciosa), defiende que Suecia se ha convertido “en un paraíso para los superricos”. Cervenka sostiene en su libro que los ricos no se han beneficiado solamente por la baja fiscalidad, sino que argumenta que la liberalización y la privatización de los servicios públicos han creado nuevas oportunidades para hacer grandes fortunas. Esta tesis fue investigada por el periódico Aftonbladet, que concluyó que la riqueza de al menos 18 nuevos multimillonarios está vinculada a los negocios relacionados con el Estado del bienestar, incluyendo escuelas privadas, sanidad, farmacias online y otros servicios.

La privatización y las desigualdades territoriales han debilitado el funcionamiento del modelo de bienestar universal sueco

Åsa Plesner — Investigadora de la Universidad de Estocolmo

La investigadora de la Universidad de Estocolmo, Åsa Plesner, especializada en la gestión de los servicios públicos, explica a elDiario.es que Suecia continúa “teniendo formalmente un modelo de bienestar universal, pero la privatización y las desigualdades territoriales han debilitado su funcionamiento”.

La investigadora señala que, aunque esa privatización comenzó bajo gobiernos conservadores, los posteriores ejecutivos socialdemócratas no revirtieron el proceso y, en algunos casos, incluso lo profundizaron: “Comenzó como una decisión ideológica a finales de los años noventa y principios de los 2000. Pero en la última década el sector privado ha ejercido mucha presión mediante el lobby para mantener las cosas como están y, como consecuencia, ahora tenemos unos pocos grupos corporativos muy importantes que, básicamente, son demasiado grandes para dejarlos quebrar” explica Plesner.

Oligarcas del Estado del bienestar

Según la experta, la educación “es uno de los sectores donde se ha extendido más el modelo de privatización”. Desde las reformas introducidas en los años 1990, las familias pueden elegir libremente entre las escuelas públicas y las escuelas privadas o independientes (friskola). La particularidad del sistema es que, en las friskolor, el Estado sigue financiando la educación y los centros reciben más fondos públicos a medida que aumentan su número de alumnos, mientras que las empresas propietarias pueden tener incentivos para reducir costes y obtener más beneficios.

Los críticos también advierten de que este sistema aumenta el riesgo de segregación socioeconómica entre los alumnos de los centros públicos y los privados, ya que “son los padres con mayor nivel educativo, más comprometidos y con mayor ventaja socioeconómica quienes toman decisiones activas sobre el centro escolar, mientras que las familias más desfavorecidas suelen quedarse en las escuelas públicas”, argumenta Plesner. Mientras tanto, Suecia ha experimentado en los últimos años un acusado retroceso en el rendimiento escolar, según las clasificaciones del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA).

A todo esto, aproximadamente uno de cada 10 estudiantes de la escuela secundaria asiste a un centro gestionado por la empresa ArcadeMedia, la mayor empresa educativa en el norte de Europa, con más de 650 centros y que actualmente está en proceso de expansión por Noruega, Finlandia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Esta compañía es un ejemplo claro de lo que los medios del país escandinavo llaman “los oligarcas del Estado del bienestar”, (välfärdsoligarker), una expresión que se utiliza de forma crítica para referirse a los inversores que han acumulado grandes fortunas financiándose principalmente con dinero público.

Centros sanitarios al límite

Los cambios hacia un modelo más privatizado del Estado del bienestar también son evidentes en la sanidad. Los profesionales del sector se quejan de la falta permanente de personal, la prioridad por la eficiencia económica y el empeoramiento de las condiciones laborales. Además, los sindicatos alertan de que se está produciendo una concentración de médicos privados en las zonas urbanas más ricas donde a menudo resulta más económico atender a los pacientes, dejando para los centros públicos los casos más complejos o costosos de tratar de las zonas rurales.

“Los profesionales sanitarios en Suecia ya no disponen del tiempo necesario para proporcionar una atención médica segura”, alerta a elDiario.es Sophia Godau, presidenta del mayor sindicato de los trabajadores de la atención médica, Vårdförbundets. Según Godau, los problemas, como la presión constante para liberar camas y enviar los pacientes a casa lo más rápido posible, “son estructurales y se han ido acumulando en los últimos diez años por no priorizar la sanidad pública”.

Los profesionales sanitarios en Suecia ya no disponen del tiempo necesario para proporcionar una atención médica segura

Sophia Godau — Presidenta del mayor sindicato de los trabajadores de la atención médica, Vårdförbundets

En 2024, las administraciones públicas financiaron el 86% del gasto sanitario sueco, según Statistics Sweden, a pesar de que el 40% de los centros sanitarios ya son de propiedad privada y algunos de ellos están controlados por firmas de private equity, fondos que compran empresas que no cotizan en bolsa con el objetivo de mejorar el valor del negocio para luego venderlo más caro y generar grandes ganancias.

Auge de la extrema derecha

Finalmente, la investigadora Åsa Plesner señala que el deterioro de los servicios públicos ha causado un malestar social que ha sabido aprovechar el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, a pesar de que en su programa electoral no defienden deshacer el modelo de privatización que ha contribuido a generar el malestar: “La derecha populista está atrayendo a votantes que, en general, están descontentos con el Gobierno y el sector público, pero no están abogando ni impulsando políticas para mejorar dicho sector”, afirma.

Por otro lado, el partido socialdemócrata, que lidera las encuestas para las elecciones de septiembre, durante la campaña electoral está recuperando la agenda para recobrar el buen nombre del Estado del bienestar sueco. Sin embargo, Plesner apunta que “el proceso tiene que ser hecho de forma gradual y puede tardar años en llegar”.

Lo sucedido en Ceuta a finales de julio ha consolidado la unión de una extraña pareja dentro de la Unión Europea, formada por la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen y la ultraderechista italiana Giorgia Meloni. Pese a pertenecer a familias políticas antagónicas, la primera ministra italiana y su homóloga del país nórdico comparten un mismo objetivo: reducir a cero la llegada de inmigración irregular a sus países con una política de mano dura.

El último ejemplo de esta alianza entre Roma y Copenhague fue el comunicado conjunto publicado el lunes, en el que ambas mandatarias alertaron de los efectos de la inmigración “descontrolada” y se posicionaron a favor de los centros de repatriación fuera de la UE y de la defensa de los “valores cristianos” europeos.

Meloni y Frederiksen han estrechado su colaboración en los últimos años para promover una transformación del sistema europeo de asilo y reforzar las políticas de deportación de inmigrantes a países de fuera de la UE. El argumento de ambas líderes es que “nadie puede negar que la inmigración ilegal tiene un impacto negativo”, al provocar un “aumento de las tasas de criminalidad”, ejercer “más presión sobre los servicios públicos” y erosionar “la confianza en las instituciones públicas”, según el comunicado conjunto.

En el caso de Meloni, el control migratorio se ha convertido en una de las principales señas de identidad del Gobierno que ella encabeza, formado por tres partidos de derecha y ultraderecha, de marcado carácter conservador y populista.

En el caso de Dinamarca, resultan más llamativos los gestos de complicidad de Frederiksen con Meloni, ya que acercan a la dirigente socialdemócrata a los discursos de la ultraderecha, pese a que encabeza una coalición gobernante de centroizquierda formada hace apenas unos meses. Con todo, Frederiksen lleva tres legislaturas al frente del país nórdico, durante las cuales ha desarrollado una combinación de políticas poco habitual dentro de la familia socialdemócrata, con una firme defensa del estado del bienestar y los servicios públicos, pero acompañada de algunas de las leyes migratorias más restrictivas de la UE.

Desde que Frederiksen llegó al poder, su Gobierno ha introducido mayores obstáculos para acceder al asilo, ha retirado permisos de residencia en determinados casos y ha promovido el retorno de refugiados y solicitantes de asilo a sus países de origen cuando los servicios migratorios consideran que las circunstancias que justificaban su protección han dejado de existir.

El último comunicado de Meloni y Frederiksen también destaca la fuerte carga identitaria al remarcar la necesidad de preservar “los valores europeos” y proteger “el patrimonio cultural cristiano de Europa”. Esta reivindicación de las raíces cristianas encaja perfectamente con la conservadora Meloni, pero ha sorprendido más por el perfil progresista de Frederiksen.

Sin embargo, no es la primera vez que la líder socialdemócrata introduce esta cuestión en su discurso, ya que hace un año sorprendió al afirmar que Dinamarca necesitaba un “rearme espiritual”, pese a que el país es de los más seculares de Europa.

Juntas para reformar el sistema de asilo de la UE

La relación política entre Frederiksen y Meloni comenzó a estrecharse en abril de 2023, cuando las dos mandatarias se encontraron por primera vez en una reunión bilateral en Roma, con la cuestión migratoria como uno de los principales asuntos sobre la mesa. Dos años después, en mayo de 2025, ambas impulsaron junto a otros siete países europeos una iniciativa para revisar el actual sistema comunitario de asilo y explorar nuevas vías para gestionar la inmigración.

Frederiksen subrayó entonces la particularidad de su alianza con Meloni: reconoció que pertenecían a “dos familias políticas completamente distintas”, pero que, pese a ello, habían construido una cooperación “muy, muy estrecha”, según informó el Gobierno danés. Las dos dirigentes también unieron sus voces para cuestionar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por algunas de sus resoluciones que han dificultado la expulsión de extranjeros condenados por delitos en Dinamarca.

Su preocupación por un posible repunte de los flujos migratorios volvió a unir a Frederiksen y Meloni en marzo de este año, cuando ambas alertaron del impacto que el conflicto armado en Irán podía tener sobre Europa. En una declaración conjunta, las dos dirigentes advirtieron de que la UE debía evitar que se repitiera el escenario migratorio de 2015, cuando el continente recibió la llegada de un gran número de personas refugiadas y migrantes, principalmente del conflicto en Siria.

Con todo, la propuesta más concreta de la pareja formada por Frederiksen y Meloni ha sido trasladar a los socios de la UE la construcción de centros de retorno de migrantes instalados en terceros países fuera de las fronteras comunitarias. El Gobierno de Meloni ya intentó este modelo con Albania, donde levantó espacio de recepción y un centro de retención. A pesar de ser la medida estrella de la política migratoria ultra de la italiana, el plan fue puesto en entredicho por la Justicia europea.

Por su lado, Dinamarca ya había explorado esta vía de externalización de los centros migratorios lejos de sus fronteras en 2018, cuando llegó a un principio de acuerdo con Ruanda. Un año más tarde, el Gobierno de Frederiksen hizo suyo el proyecto, aunque las trabas jurídicas acabaron llevando al Ejecutivo a aparcar la iniciativa y a buscar una fórmula que pudiera desarrollarse de manera coordinada con otros países europeos.

Finalmente, la presión ejercida por Italia y Dinamarca junto con otros socios europeos dio sus frutos a principios de junio, cuando la UE aprobó el Pacto de Migración y Asilo, que autoriza a los Estados miembros a firmar acuerdos con terceros países que se consideren “seguros” para deportar a los migrantes.

La nueva legislación permite establecer centros de retorno fuera de las fronteras de la UE para personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada o que ya no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario –entre los países que podrían acoger los primeros centros figuran Uganda, Ruanda y Montenegro–. Con iniciativas como estas aprobadas por Bruselas, que podrían entrar en funcionamiento en el plazo de un año, Frederiksen y Meloni están más cerca de ver realizada una de las principales apuestas políticas de sus Gobiernos.

En caso de cruzarse con un lobo durante las vacaciones, las autoridades danesas recomiendan por primera vez a los turistas que “permanezcan quietos y establezcan contacto visual con el animal”. Si este no se aleja por iniciativa propia, la recomendación es “agitar los brazos, aplaudir y gritar” para demostrar autoridad. Las instrucciones también insisten en “no seguir al lobo ni darle nunca la espalda” y, en el caso de que llegue a atacar, “oponer la máxima resistencia, golpear, patear y usar cualquier objeto contundente”.

Estas recomendaciones del Ministerio de Medio Ambiente responden al regreso del lobo al país nórdico tras más de dos siglos de ausencia. Aunque la especie volvió a establecerse hace algo más de una década, en el último año se han multiplicado los avistamientos y encuentros con personas, especialmente en destinos turísticos de la costa del Mar del Norte, en la península de Jutlandia.

Los encuentros entre lobos y personas suelen ser poco frecuentes. Sin embargo, en los municipios de Varde y Øksbøl, donde se han avistado varios ejemplares incluso en zonas urbanas, las autoridades han decidido repartir folletos con recomendaciones disponibles en danés, inglés y alemán entre los visitantes de las casas de verano, los campings y en la oficina de turismo. Las indicaciones incluyen que los niños menores de 10 años deben ir acompañados de un adulto en los alrededores del pueblo de Oksbøl.

El objetivo no es asustar a nadie, sino que las recomendaciones se han hecho a petición de los comercios locales para informar a los turistas, explicó la segunda teniente de alcalde de Varde, Sandie Eis Ravn: “Si visitan algún lugar y saben que hay un lobo en el bosque cercano, asegúrense de seguir las normas de conducta adecuadas al encontrarse con este animal”, afirmó. “Somos un municipio con muchos turistas y queremos que estén contentos, por eso es importante comunicarse con claridad”, añadió Ravn.

El comportamiento habitual de los lobos es mantenerse alejados de los humanos, pero hay que tener cuidado con aquellos animales que se han acostumbrado a la presencia de personas

Peter Sunde — biólogo y profesor de Ecología

Al igual que en muchos otros territorios en Europa, el retorno del lobo ha creado mucha controversia y genera reacciones encontradas en Dinamarca. Por un lado, están los que creen que su presencia es una buena noticia para la biodiversidad, y, por lo tanto, piensan que el animal debería seguir estando protegido por las directivas de la Unión Europea que garantizan la supervivencia de las especies en peligro de extinción. Por otro lado, sus detractores sostienen que los ataques al ganado son cada vez más frecuentes y reclaman medidas para controlar la población de lobos, que actualmente se estima en unos 49 ejemplares adultos en toda Jutlandia.

Encuentros más frecuentes

Desde que los lobos regresaran a Dinamarca en 2012, no se ha registrado ningún ataque a humanos. Sin embargo, los expertos creen que el aumento de los avistamientos refleja que algunos ejemplares han perdido parte de su cautela natural hacia las personas, un comportamiento que puede producirse cuando los lobos asocian la presencia humana con una fuente de alimento.

El pasado mes de enero, una niña de 14 años fue perseguida muy de cerca por un lobo por las calles nevadas de Oksbøl. A pesar de que entró en pánico, la adolescente lo grabó todo con el móvil y subió el vídeo en las redes sociales. En febrero, una mujer que volvía a casa por la noche en la localidad de Blåvand quedó conmocionada cuando un lobo se le acercó a menos de un metro de distancia. En abril, un matrimonio fue perseguido por un grupo de lobos hasta que el hombre disparó tres veces al aire para asustar a una manada de seis ejemplares.

El biólogo y profesor de Ecología de la Universidad de Aarhus, Peter Sunde, ha estudiado todos estos encuentros ocurridos a partir de los relatos de los testigos y de las imágenes captadas durante los incidentes: “El comportamiento habitual de los lobos es mantenerse alejado de los humanos, pero aquellos animales que se han acostumbrado a la presencia de personas son con los que debemos tener más cuidado”, señala a elDiario.es.

Hay espacio natural para que los ejemplares de lobos se dupliquen o tripliquen, pero este crecimiento dependerá de las decisiones políticas

Peter Sunde — biólogo y profesor de Ecología

Según el investigador, el retorno del lobo en Dinamarca responde a dos factores: por un lado, “la protección legal de la especie” y, por otro, “la abundancia de presas como ciervos o animales de granja”. Por ello, considera que su expansión “no puede atribuirse únicamente a la recuperación de los bosques y los ecosistemas”.

En el año 2023, Sunde, junto con el Centro Nacional del Medio Ambiente y la Energía, hizo una proyección del aumento de la población de lobos en Dinamarca en los próximos años. Llegó a la conclusión de que “hay espacio natural para que los ejemplares de lobos se dupliquen o tripliquen, pero este crecimiento dependerá de las decisiones políticas”, afirma.

Actualmente, el lobo es un animal protegido en Dinamarca, como en el resto de la UE, pero la ley permite disparar a un ejemplar si se detecta que es problemático y las autoridades dan el permiso. Según la legislación, un lobo problemático es aquel animal que no se acobarda frente a las personas, vaga por zonas urbanas, ataca al ganado protegido por vallas o representa un peligro para la seguridad humana.

Cómo convivir con los lobos

Los lobos también se colaron en el debate político en la campaña de las pasadas elecciones generales, cuando candidatos de varias formaciones reclamaron flexibilizar la ley para permitir abatir a determinados ejemplares. Cuatro diputados de la formación ultraderechista Partido Popular Danés fueron más allá y compartieron una publicación en Facebook que instaba a la gente a “disparar al lobo”, por la que fueron denunciados.

Según el investigador Peter Sunde, la discusión sobre la presencia del lobo trasciende los aspectos ecológicos, ya que “el lobo se ha convertido en un símbolo de un debate social más amplio sobre los valores y el territorio, por lo que la cuestión se ha vuelto muy acalorada”.

La coexistencia tiene que ver con los límites de tolerancia, la prevención y la preparación para afrontar problemas que nunca se podrán evitar por completo

Peter Sunde — biólogo y profesor de Ecología

Para el criador de ovejas y empresario, Jørgen Blazejewicz, los ataques de lobos se han vuelto un problema muy recurrente en su granja de Holstebro. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, los lobos atacaron el año pasado un total de 1.200 reses en 239 ataques registrados.

La granja de Blazejewicz ha invertido en los últimos años en reforzar las vallas que protegen el ganado y en electrificarlas. De lo contrario, “hubiéramos perdido más animales”, cuenta el dueño a elDiario.es. Las indemnizaciones y la ayuda económica que recibe tras cada ataque “son útiles, pero no cubren todas las pérdidas”, según el ganadero.

Por ello, defiende que se apliquen más medidas de control de la población de lobos: “Podríamos regular su presencia hasta un nivel menor que signifique que permanezcan en los grandes espacios naturales, pero ahora se les ve en los pueblos pequeños, en los jardines y por todas partes”. “Más allá de la granja”, añade, “también tengo hijos pequeños y perros, por lo que me hace muy poca gracia saber que hay un lobo correteando por aquí”.

Para Peter Sunde, la convivencia entre humanos y lobos es posible, pero requiere tolerancia y una gestión que se adapte a las circunstancias locales: “La coexistencia tiene que ver con los límites de tolerancia, la prevención y la preparación para afrontar problemas que nunca se podrán evitar completamente, como los ataques al ganado”, explica. “Pero también puede haber hábitats urbanos donde podemos impedir que el lobo viva tan cerca”, concluye.

Una joven sonríe mientras avanza con movimientos tambaleantes sentada sobre una bicicleta. A su lado, un hombre se aferra al portaequipajes de la suya y la empuja hacia adelante por el carril bici. Un tercer amigo les sigue grabando con el móvil junto a la Plaza del Ayuntamiento de Copenhague. Casi con toda seguridad, el vídeo acabará en las redes sociales como prueba de haber completado una de las experiencias que se han vuelto imprescindibles para los turistas que visitan la capital danesa: lanzarse a recorrer la ciudad sobre dos ruedas como lo hacen los copenhagueses.

No todos los visitantes se comportan como en esta escena, pero en los meses de verano se ha vuelto habitual ver a turistas que circulan a contramano por un carril bici muy transitado, o cruzando un paso de peatones sin bajarse de la bicicleta, mientras que otros no distinguen entre circular por el carril bici, la calzada y la acera. Tampoco faltan quienes se detienen en mitad del carril para hacerse una foto o esperan allí mismo, interrumpiendo el tráfico, y a los propios compañeros del grupo que pedalean unos metros por detrás.

Para un turista poco acostumbrado a ir en bicicleta por una ciudad, circular en hora punta por las principales calles de Copenhague sería el equivalente a recibir la primera clase de la autoescuela en medio de una autopista. Cada mañana, el 62% de sus residentes va al trabajo en bicicleta y casi uno de cada tres desplazamientos por la ciudad se realiza pedaleando. El resultado es un incesante tráfico de unos 265.700 ciclistas que recorren cada día el centro de la capital danesa.

La ciudad, considerada como una suerte de paraíso para los amantes del pedaleo, tiene una buena infraestructura para garantizar la fluidez del tráfico de bicicletas, pero surgen problemas cuando los carriles bici son compartidos entre turistas y quienes usan las dos ruedas como una forma efectiva y cómoda de desplazarse de un punto a otro de la ciudad. Según una encuesta del Consejo Danés de Seguridad Vial, el 49% de los residentes en la ciudad afirma que los turistas son, “en cierta medida”, un problema para el tráfico, mientras que un 32% ven a los visitantes como un problema de seguridad vial “alto o muy alto”.

En el caso de los turistas, no existen estadísticas oficiales sobre cuántos resultan heridos en el tráfico de Copenhague. Un reciente reportaje del diario Politiken recoge el testimonio del jefe de cirugía ortopédica del Rigshospitalet, Claus Munk Jensen, quien asegura que reciba muchos turistas en ambulancia, incluso con casco, que llegan al centro de traumatología tras sufrir fuertes golpes“. A su juicio, la explicación es sencilla: ”Simplemente, no están acostumbrados a montar en bicicleta“.

Para poner remedio a esta situación, el Consejo Danés de Seguridad Vial ha puesto en marcha una campaña destinada a recordar las normas de circulación en los carriles para bicicletas: “El objetivo es garantizar que los turistas no tengan problemas mientras están de vacaciones en Dinamarca, pero también se trata de cuidar a los residentes de Copenhague que circulan cada día y se exponen a situaciones peligrosas”, ha dicho el director general de seguridad vial, Joakob Bøving Arendt.

No es tan complicado andar en bicicleta, pero si no es parte de tu vida diaria, ir por Copenhague puede resultar intimidatorio

Josephina Kalshoven — Monitora de un taller para turistas

La campaña será visible en distintos espacios de la ciudad y también en las redes sociales, para que los visitantes puedan informarse de las normas generales para circular en bicicleta por la ciudad. La Policía local cree que la iniciativa también tendrá un impacto positivo para los residentes. “Lamentablemente no siempre se cumplen las normas, por lo que hacemos una llamada a la gente de Copenhague para que den buen ejemplo y cumplan las leyes, y si ven a alguien que circula de forma insegura, también tengan consideración”, ha afirmado el comisario Benjamin Touré.

Manual no escrito para sobrevivir

La campaña también ha involucrado al sector turístico. Se ha pedido a los hoteles, tiendas de alquiler de bicicletas y oficinas de turismo que ayuden a informar a los visitantes sobre las normas de la cultura ciclista danesa.

Una de las iniciativas más llamativas la ha puesto en marcha la organización Wonderful Copenhagen, que por primera vez organiza talleres gratuitos en los que los visitantes pueden aprender las normas, muchas de ellas no escritas, de circular en bicicleta: “Es importante para nosotros ayudar a los visitantes a comprender cómo funciona el ciclismo en una ciudad donde tantas personas usan la bicicleta a diario, contribuyendo así a que sea una experiencia segura y placentera para todos”, explica a elDiario.es la directora de comunicación Rikke Holm-Petersen. Los talleres están dirigidos tanto a personas con poca experiencia sobre la bicicleta como a visitantes más habituados a pedalear. La razón, indica Petersen, es que cada ciudad “tiene su propio ritmo, su propia cultura y una forma distinta de moverse”.

Josephina Kalshoven es una de las monitoras que imparte los talleres desde la tienda Tropical Bikes. “No es tan complicado andar en bicicleta, pero si no es parte de tu vida diaria, ir por Copenhague puede resultar intimidatorio”, dice Kalshoven a este medio. “Los daneses van muy rápido, y no dudarán en gritarte si molestas”.

Para evitar problemas, el primer consejo que da Kalshoven es “mantenerse lo más a la derecha posible en el carril para no ralentizar el tráfico”. Lo segundo, es “señalizar los giros y las paradas con las manos, además de respetar los semáforos para ciclistas”. Otro aspecto a tener en cuenta es aprender a girar en las intersecciones de tráfico, ya que “la forma de hacerlo es algo exclusivo de Escandinavia y no sucede en otros sitios, donde simplemente se gira, si haces esto aquí te metes en problemas, puedes perder el control de la bicicleta y entonces ocurren los accidentes”, dice.

A pesar del día frío y lluvioso en pleno mes de julio, Danny Hoskin y Mike Hawkes son dos turistas británicos que han decidido hacer un tour guiado en bicicleta. “Te permite ver gran parte de la ciudad en poco tiempo y además nos gusta ir en bicicleta”, dice Hoskin. Ambos creen que Copenhague está mejor preparada para ir en bicicleta que la ciudad en la que viven, y agradecen iniciativas como los talleres para enseñar las normas básicas de circulación a los turistas. “Es una ciudad muy concurrida y si no estás familiarizado puedes estorbar a la gente”, reconoce Hawkes. “Aunque para nosotros la experiencia ha sido muy tranquila y nadie nos ha recriminado nada”.

Josef Klint también querían probar la experiencia de ir en bicicleta en familia junto a su pareja y sus dos hijos, en este caso en tándems. “Copenhague es famosa por ser una capital de la bicicleta y esta es una de las razones por las que queríamos recorrerla en bici”, dice Klint. Esta familia sueca ya está acostumbrada a desplazarse pedaleando en su ciudad de origen, pero aun así decidió participar en el taller de circulación vial. “Creo que la información es muy útil porque la forma de moverse en bicicleta cambia mucho de un lugar a otro. A diferencia de los coches, donde las normas están más estandarizadas, existen reglas diferentes en cada parte del mundo. Por eso creo que es importante aprender cómo funciona aquí”, asegura Klint.

Las autoridades suecas podrán revocar el permiso de residencia y ordenar la expulsión de inmigrantes que el Gobierno considere que tienen una “mala conducta”. La ley no especifica qué tipo de conductas se consideran inaceptables para vivir en el país nórdico, pero el Gobierno ha mencionado como ejemplo los casos en que las personas tengan deudas impagadas, trabajen de forma no declarada o tengan vínculos con organizaciones extremistas, entre otros supuestos.

El Parlamento de Suecia aprobó la ley para que la norma se aplique de forma retroactiva para los permisos de residencia ya concedidos y para los que están aún pendientes de tramitar. Esta medida, que refuerza la represión contra las personas inmigrantes, forma parte del endurecimiento general de las normas de inmigración que el Gobierno conservador de Suecia, con el apoyo del partido ultra Demócratas de Suecia, está llevando a cabo de cara a las elecciones parlamentarias del próximo mes de septiembre.

La ley ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición y por grupos defensores de los derechos de los migrantes por considerarla una norma arbitraria, ya que la retirada de los permisos de residencia se basaría en conductas que no son catalogadas como delito en el código penal. Sin embargo, el Gobierno ganó las elecciones en 2022 con la promesa de reducir la inmigración y combatir la delincuencia, por lo que defiende que las personas que se comportan mal o cometan delitos no son bienvenidas en Suecia: “Quien no se esfuerce por hacer lo correcto no debería poder contar con quedarse”, dijo el ministro de Migración, Johan Forssell, cuando propuso el proyecto de ley en marzo.

Además, el país nórdico aprobó también otra normativa que ya ha sido bautizada por sus detractores como la “ley del soplón”. La medida obliga a algunos empleados públicos a informar a las autoridades sobre cualquier persona que consideren sospechosa de encontrarse en situación administrativa irregular.

Supone un grave retroceso para los derechos humanos en Suecia. Las obligaciones de información impuestas a los organismos públicos generan un clima de miedo que perjudica no solo a las personas indocumentadas, sino a todos aquellos que dependen de estas instituciones, incluidos los funcionarios que trabajan en ellas

Louise Bonneau — Plataforma para la Cooperación Internacional por los Inmigrantes Indocumentados

Está previsto que estos cambios legislativos entren en vigor a partir del mes de julio, y el Gobierno cree que afectarán a unas 100.000 personas. La Agencia de Migración tendrá la tarea de revisar los permisos de residencia caso a caso, mientras que las decisiones podrán ser recurridas ante un tribunal migratorio especializado. El Ejecutivo ha señalado que la medida no se aplicará a quienes hayan obtenido la residencia por motivos de asilo o reunificación familiar, ni tampoco a los ciudadanos de la Unión Europea, que quedan expresamente excluidos de la normativa.

Todos los partidos en el Parlamento que se sientan en los bancos de la oposición han criticado la medida por no dejar claro en qué supuestos se permitirá a las personas permanecer viviendo en Suecia. En este sentido, el grupo de presión en defensa de los derechos humanos con sede en Estocolmo, Civil Rights Defenders, ha señalado que “la ley de buena conducta genera incertidumbre sobre qué acciones o expresiones podrán ser utilizadas en contra de las personas migrantes”.

La organización ha dejado claro en un comunicado que la norma aprobada “socava el estado de derecho y el principio de igualdad ante la ley”. Además, creen que “da pie a decisiones desproporcionadas basadas en estereotipos, prejuicios o suposiciones incorrectas sobre el estilo de vida o las circunstancias de las personas”. Esto, en la práctica, “comporta el riesgo de que las personas que no tengan la ciudadanía sueca tengan un grado menor de libertad de expresión por miedo a las consecuencias de la ley” dice el comunicado.

Aprobada la “ley del soplón”

La segunda medida que ha generado una fuerte controversia es la que obliga a determinados funcionarios públicos a informar a la policía y a las autoridades migratorias sobre personas indocumentadas o en situación irregular. La disposición ha provocado un debate incluso mayor que la denominada ley de “mala conducta”. Según el texto aprobado, la obligación afectará a trabajadores de organismos como el Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social, el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional, la Agencia de Pensiones y la Agencia Tributaria.

El primer borrador de la ley, presentado por el Gobierno hace un año, contemplaba también que empleados del sistema sanitario, centros educativos y servicios sociales tuvieran que denunciar a inmigrantes sin documentación. Sin embargo, la presión ejercida por profesionales de estos sectores, sindicatos y formaciones políticas llevó finalmente a excluirlos de la normativa.

Los críticos de la medida argumentaron que esta obligación puede generar un efecto disuasorio, haciendo que muchas personas migrantes eviten acudir a servicios esenciales por miedo a ser denunciadas. Según sus detractores, esta situación podría poner en riesgo su salud, su seguridad y el acceso a derechos fundamentales. Por el momento, Suecia mantiene el principio de que cualquier persona, independientemente de su situación migratoria, tiene derecho a recibir atención sanitaria, no solo en casos de emergencia.

Pero a pesar de la excepción añadida en el texto final de la ley, desde la Plataforma para la Cooperación Internacional por los Inmigrantes Indocumentados (PICUM), la portavoz Louise Bonneau, expresó en un comunicado que “supone un grave retroceso para los derechos humanos en Suecia”.

“Las obligaciones de información impuestas a los organismos públicos generan un clima de miedo que perjudica no solo a las personas indocumentadas, sino a todos aquellos que dependen de estas instituciones, incluidos los funcionarios que trabajan en ellas”, dice. Según Bonneau, las excepciones de los servicios sanitarios, las escuelas y los servicios sociales en la ley no ofrecen suficiente protección, ya que “en la práctica la información circulará entre los proveedores de servicios, los organismos y las autoridades de inmigración”, asegura la experta.

En la misma línea, Jacob Lind, investigador en migración internacional en la universidad de Malmö, argumenta que el Gobierno está poniendo en riesgo la propia reputación de las agencias estatales “solo para crear un entorno hostil para los migrantes. Se trata de una política cruel e ineficaz que abre la caja de Pandora de la delación, una característica propia de los Estados autoritarios”, asegura.

Cambio de paradigma migratorio

Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de centroderecha sueco ha impulsado un progresivo desmantelamiento de las ayudas públicas y de las políticas destinadas a la integración de la población migrante. El objetivo del Ejecutivo ha sido endurecer las condiciones de acogida y reducir el atractivo del país para nuevos migrantes, en un giro que contrasta con la imagen de antaño de Suecia como uno de los países europeos más garantistas con los inmigrantes y solicitantes de asilo.

Este cambio de rumbo en la política migratoria ha sido impulsado gracias al respaldo de la extrema derecha, que en 2022 se convirtió en la segunda fuerza política más votada del país y que, desde entonces, actúa como socio parlamentario clave para sostener al gobierno en minoría. Para la campaña de las elecciones en septiembre, los ultras de Demócratas de Suecia continúan vinculando la inmigración a la oleada de violencia protagonizada por el crimen organizado y las pandillas. Este discurso les da buenos resultados, ya que, a pocos meses de las elecciones, los sondeos apuntan a que el partido radical xenófobo continúa teniendo la clave para decidir la formación de un gobierno en el país nórdico.

En el centro penitenciario de Rosersberg, situado en las afueras de Estocolmo, faltan pocas semanas para que lleguen los primeros reclusos menores de edad. El edificio que acogerá a los internos juveniles no estará listo hasta el año que viene, por lo que, de forma temporal, han optado por adaptar las antiguas celdas de adultos para que en cuestión de semanas empiecen a recibir a niños de 14 años.

La reforma ya está casi terminada: se ha encargado mobiliario nuevo, se han retirado las camas adicionales para que cada niño tenga una celda propia, y se ha pintado la pared en un tono verde boscoso con la intención de que sea más relajante. En la celda también hay un baño privado, un televisor y una ventana sin barrotes por la que se ve un muro de alambre con un paisaje verde detrás y el cielo. Dentro del módulo, los jóvenes detenidos estarán distribuidos en grupos de cinco por sección y supervisados permanentemente por 10 miembros del personal de prisiones, además de psicólogos, pedagogos y profesores.

La medida de encarcelar a menores que hayan cometido delitos graves constituye una de las reformas más polémicas impulsadas por el Gobierno conservador que gobierna Suecia con el apoyo de la extrema derecha. El Parlamento aprobó en mayo la primera parte de la ley que autoriza el encarcelamiento de jóvenes de 15 a 17 años. Para la segunda parte del cambio legislativo, que se aprobará durante el mes de junio, el Gobierno tenía la intención de rebajar la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años para los delitos castigados con al menos cuatro años de prisión. Sin embargo, en el seno del Gobierno de coalición hay dudas entre los miembros del partido liberal, por lo que la edad penal podría quedar finalmente fijada en los 14 años tras la votación en el Parlamento. Para cumplir la ley, el país nórdico ha seleccionado seis centros penitenciarios para recibir a los reclusos adolescentes, de los cuales uno es un centro penitenciario para mujeres.

A pesar de las críticas que ha levantado la rebaja de la edad penal por parte de organismos como la Fiscalía, organizaciones policiales, sindicatos de trabajadores penitenciarios y organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno está ignorando las críticas. El Ejecutivo argumenta que se trata de una medida necesaria para frenar la “epidemia de violencia” relacionada con las bandas y evitar el reclutamiento de niños cada vez más jóvenes por parte de las redes criminales.

La situación es que, pese a que la cifra de homicidios lleva tres años descendiendo (hay 84 casos registrados en 2025, entre una población de 10,6 millones de habitantes), la participación de menores en delitos graves relacionados con el crimen organizado se ha disparado. En el año pasado fueron procesados 52 adolescentes menores de 15 años por asesinato y tentativa de asesinato, mientras que otros 127 fueron investigados por su presunta implicación en la planificación de estos crímenes.

Un adolescente nunca reconocerá delante de los demás que necesita un peluche, pero si hay uno en todas las unidades, podrá recurrir a él sin tener que admitir públicamente esa necesidad

Gabriel Wessman — director de la prisión

Hasta ahora, los adolescentes que cometían estos delitos eran internados en centros educativos con un régimen cerrado (SiS). Pero en los últimos años la gestión de estos centros ha sido muy criticada porque los jóvenes conseguían escaparse, además de que los SiS se habían convertido en un punto de reclutamiento para las redes criminales. En vista de este panorama, el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, había admitido en abril que “la realidad es que hoy no conseguimos ni proteger a la sociedad de la violencia homicida, ni hacer justicia a las víctimas, ni ayudar a los niños a salir de una espiral destructiva”, justificó.

Ositos de peluche en las celdas

Para la llegada de niños reclusos, el director del centro penitenciario de Rosersberg, Gabriel Wessman, y todo el personal penitenciario, han recibido una formación específica: “Está la parte teórica, pero luego nos encontraremos con la realidad, y nadie tiene experiencia en ello”, admite Wessmann, quien lleva más de 20 años trabajando en el servicio penitenciario sueco. “Para mí, lo que puede ser más duro es encontrarme con un niño llorando y, aun así, que sean las ocho de la tarde y tengas que cerrar la puerta de su celda con llave. No hay nada que puedas hacer”, dice.

Una de las medidas de apoyo psicológico que el personal de Rosersberg está valorando, aunque aún no lo han decidido, consiste en colocar un osito de peluche en cada celda. “Un adolescente nunca reconocerá delante de los demás que necesita algo así, pero si hay uno en todas las unidades, podrá recurrir a él sin tener que admitir públicamente esa necesidad”, explica Wessman. A los reclusos menores también se les permitirá personalizar la celda con fotografías o posters de sus ídolos, “siempre y cuando no tengan relación con las pandillas, pero es importante que tengan una cierta sensación de sentirse en su hogar”, dice el director.

Durante el día, los reclusos menores estarán obligados a acudir a la escuela, en unas aulas situadas en el mismo módulo. En el centro habrá cinco profesores que tendrán que seguir un currículo educativo como el de una escuela pública: “Aunque algunas asignaturas como natación u orientación en la naturaleza no las podremos hacer por razones obvias”, aclara la profesora Julia Lindqvist.

Esta profesora tiene el convencimiento de que en Rosersberg los niños tendrán los recursos y la atención suficiente para terminar sus estudios. “Aunque la falta de motivación en la clase puede ser el mayor problema, pero los profesores nos encargaremos de mostrarles que tienen un futuro allí fuera”, dice Lindqvist.

Suecia era conocida por el excepcionalismo nórdico y por tener un número bajísimo de presos, pero ahora las teorías sobre los aspectos preventivos y de bienestar en las políticas penales se han desmoronado

Henrik Tham — criminólogo de la UNiversidad de Estocolmo

En el resto de la jornada, los menores reclusos estarán encerrados en sus celdas 11 horas por la noche (una hora menos que los adultos), y tendrán una hora al día para salir al patio al aire libre. También dispondrán de un espacio común y una sala polivalente para hacer ejercicio, aunque no tendrán permitido tener acceso a un teléfono móvil propio. “Cuando estos jóvenes ingresen en prisión, protegemos a la sociedad de quienes han cometido delitos graves, pero al mismo tiempo tenemos el objetivo de evitar que los menores se involucren aún más en actividades criminales relacionadas con la red de pandillas. Esperemos que la prisión les permita romper con estos vínculos criminales para que cuando salgan puedan ganarse la vida”, dice Wessmann.

“No hay garantía que la medida sea positiva para los jóvenes”

La entrada en vigor de la reducción de la edad de responsabilidad penal coincidirá con el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales de septiembre. La medida fue impulsada por el partido de extrema derecha, Demócratas de Suecia, como condición para respaldar al Gobierno en minoría del primer ministro Ulf Kristersson, cuya agenda ha situado la lucha contra el crimen organizado como una de las principales prioridades de su Ejecutivo.

Sin embargo, la decisión de encarcelar a menores ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales como Save the Children y Unicef por ser incompatible con la convención internacional sobre los derechos de la infancia. Sus detractores sostienen además que supone un cambio drástico en el sistema judicial sueco, que hasta hace pocos años era reconocido internacionalmente por su enfoque humanista.

Los trabajadores del sistema penitenciario sueco critican que añadirá aún más presión a unos centros que se encuentran hoy sobrepoblados y desbordados, ya que la población carcelaria se ha duplicado en una década a consecuencia del endurecimiento de las penas. “Suecia era conocida por el excepcionalismo nórdico y por tener un número bajísimo de presos, pero ahora las teorías sobre los aspectos preventivos y de bienestar en las políticas penales se han desmoronado”, dice el criminólogo de la Universidad de Estocolmo, Henrik Tham.

Este académico señala que la rebaja de la edad penal es una medida más política que efectiva, ya que ha sido aprobada por la presión que ejerce la ultraderecha sobre el gobierno conservador de Kristersson. “Estoy totalmente a favor de intervenir cuando se observa que la situación de un niño va por el mal camino y los padres no pueden hacerse cargo, pero esto debe hacerse en el marco de la política social, no penal”, dice el académico.

Para otros, como la criminóloga sueco-chilena Camila Salazar, esta reducción de la edad penal podría resultar contraproducente e incluso favorecer el reclutamiento de niños cada vez más pequeños. En su análisis recuerda el caso de Dinamarca, que en 2010 intentó rebajar la edad de responsabilidad penal, aunque en 2012 decidió revertir la medida y restablecerla en los 15 años: “Tenemos un problema real con las pandillas que usan a niños muy jóvenes para cometer delitos muy graves, pero no veo que haya ninguna evidencia ni ningún tipo de garantía de que la medida pueda tener algún efecto positivo en los jóvenes”, concluye.

“Guarda el teléfono cuando estés con tus hijos”. Esta es la nueva recomendación que la Agencia de Salud Pública de Suecia (Folkhälsomyndigheten) ha emitido para mejorar la salud de los menores de edad. Otro de los consejos es: “Establece zonas de la casa sin móviles, como el comedor, el dormitorio o la mesa”. Y un tercero advierte: “Protege y respeta a tu hijo en la red, piensa antes de publicar fotos y vídeos”.

Las autoridades sanitarias del país escandinavo comenzaron hace un par de años a aconsejar a los padres que “reflexionaran” sobre el tiempo que utilizan el teléfono móvil cuando están con sus hijos. Sin embargo, esta semana la agencia ha publicado un informe con recomendaciones mucho más específicas acerca del uso de los dispositivos móviles por parte de los adultos. “Utiliza el móvil solamente si es necesario o utilízalo junto con tus hijos [...] Los adultos que mantienen buenos hábitos en el uso de las pantallas también influyen en los hábitos de los niños”, aseguran las autoridades en su página web.

Estas nuevas recomendaciones llegan después de que, hace unos meses, el gobierno encargara a la Agencia de Salud Pública investigar la relación entre el tiempo de uso de las pantallas y la influencia sobre la salud de los niños.

La investigación concluyó que el uso excesivo de pantallas por parte de los padres afecta a la relación con sus hijos. Además, establece un vínculo entre el uso de pantallas de padres e hijos, ya que los vástagos de usuarios intensivos tienden a desarrollar hábitos similares: “No creo que la gente se dé cuenta de que [el uso de pantallas por parte de los padres] afecte a los niños hasta el punto en el que ahora sabemos que lo hace”, declaró el ministro de Asuntos Sociales, Jakob Forssmed, a la cadena pública sueca SVT.

Las autoridades sanitarias justifican estas recomendaciones debido a que “los niños no solamente se ven influenciados por lo que dicen los adultos, sino por lo que hacen; por lo tanto, estos pequeños cambios en la vida cotidiana pueden marcar una gran diferencia en la interacción entre padres e hijos y, con el tiempo, tener un impacto en los propios hábitos de los niños”, afirma la psiquiatra e investigadora Helena Frielingsdorf en un comunicado de la Agencia de Salud Pública.

Con todo, no es la primera vez que la Agencia de Salud publica consejos para favorecer los buenos hábitos en las familias respecto al uso de las nuevas tecnologías en casa. Anteriormente ya había presentado una guía sobre el tiempo de uso de las pantallas recomendado para los menores de edad.

“Si no le doy el móvil no puedo hacer la cena”

En este sentido, las autoridades de salud suecas desaconsejan que los menores de dos años estén expuestos a ningún tipo de pantalla. Para los niños de dos a cinco años, la regla general de uso debería ser de una hora al día, mientras que este tiempo aumenta a dos horas al día para los niños de seis a 12 años, y para los jóvenes de 13 a 18 años debería ser un máximo de dos o tres horas al día.

Estas directrices suponen una reducción drástica del uso de las pantallas en el promedio general de las familias suecas. Los datos del propio ministerio estiman que los niños de nueve a doce años pasan una media de cuatro horas al día usando pantallas, mientras que los jóvenes de 17 y 18 años utilizan los dispositivos digitales unas siete horas al día, sin tener en cuenta el tiempo que pasan realizando tareas escolares.

Los datos del ministerio de Asuntos Sociales estiman que los niños de nueve a doce años pasan una media de cuatro horas al día usando pantallas

A las familias suecas las recomendaciones de la Agencia de Salud Pública les parecen adecuadas y coherentes, pero difíciles de seguir en la vida cotidiana, según un estudio previo de la Universidad de Lund. Para el investigador Magnus Johansson, que realizó el estudio entrevistando a 35 núcleos familiares, la posibilidad de cumplir con las recomendaciones depende “también de los recursos que tengan las familias. Por ejemplo, el tiempo disponible que tengan con los niños, el poder adquisitivo o que haya dos figuras parentales en casa tiene un impacto enorme”.

Otro ejemplo de esta disparidad figura en la misma página web de recomendaciones de la Agencia de Salud Pública. En el apartado de consultas una madre pregunta: “A veces necesito ponerle una pantalla a mi hijo para cocinar. No sé cómo hacerlo de otra manera. ¿Es malo?” A esta cuestión, la psicóloga e investigadora Malin Bergström responde: “Como psicóloga infantil diría que no es algo terrible ni peligroso, pero sí es algo de lo que conviene alejarse gradualmente. Por supuesto, esto requiere ayuda al principio. Si quitamos a un niño de algo que le gusta protestará y se frustrara, por lo que necesita tiempo para adaptarse”.

Los colegios destierran los teléfonos

Al mismo tiempo en que las autoridades sanitarias han emitido estas recomendaciones sobre el uso de las pantallas en casa, en este curso escolar el país escandinavo ha aplicado la prohibición nacional del uso de los teléfonos inteligentes en los centros escolares. De esta forma, los alumnos de primero hasta noveno curso (15 y 16 años) tienen vetado el uso de móviles durante las clases, los recreos y las excursiones con el objetivo de aumentar la atención en la educación y promover las actividades sociales entre los estudiantes.

El 80% de los centros escolares ya no permitían los móviles antes, ya que los directores de los centros educativos han tenido la libertad de prohibirlos en los últimos años. Aun así, la ministra de Educación, Simona Mohamsson, no cree que sea suficiente y piensa que todos los estudiantes del país deberían tener más tiempo de estudio y menos de pantallas: “Creo que esta prohibición nacional puede ayudar a los padres que tienen muchas dificultades para intentar reducir el tiempo delante de las pantallas en casa. Pero no es una cuestión fácil, y menos cuando los algoritmos tienen el control”.

El enviado especial de los Estados Unidos a Groenlandia, Jeff Landry, ha pisado por primera vez Nuuk, la capital de la isla ártica, esta semana tras su nombramiento en diciembre. El también gobernador de Louisiana, considerado una figura muy próxima a Donald Trump, debía acudir en marzo para asistir a una carrera anual de trineos tirados por perros, pero ante las amenazas a principios de año lanzadas por el presidente de EEUU de anexionarse el territorio autónomo danés, el operador turístico que iba a recibir a Landry retiró la invitación.

Esta vez, Landry aterrizó el domingo para una visita no oficial de tres días que lleva semanas generando controversia. Al bajarse del avión, Landry aseguró delante de las cámaras de la televisión danesa DR que había venido a Groenlandia “a hacer muchos amigos” y que no tenía ninguna intención beligerante. “A diferencia de los países europeos, que practicaron el imperialismo y el colonialismo, Estados Unidos nunca ha hecho algo así”, afirmó el político republicano.

Según la prensa groenlandesa, Landry trajo consigo cajas llenas de gorras rojas con el eslogan trumpista “Make America Great Again”, que empezó a repartir. El gobernador estadounidense también viajó acompañado de un médico con el encargo de evaluar el sistema sanitario groenlandés, lo que ha indignado al Gobierno autonómico de Nuuk. Algunas imágenes de Landry interactuando con los groenlandeses se han hecho virales en redes sociales. En un vídeo se ve al republicano repartiendo monedas de chocolate a unos niños por la calle. “Si vienes a la mansión del gobernador en Louisana, podrás comer tantas galletas con chocolate como quieras”, promete Landry. 

Según su agenda oficial, el motivo de la visita de Jeff Landry era asistir a la conferencia económica “Future Greenland”, que ha tenido lugar en Nuuk entre este lunes y este martes, y que está organizada por la asociación de empresas groenlandesas. Desde el foro económico han precisado que no han invitado al político amigo de Trump, quien se ha registrado y pagado la entrada por su cuenta. Está previsto que Landry viaje de vuelta a EEUU el día antes de la inauguración de la nueva sede del consulado estadounidense en Nuuk, que será este jueves y a la que ha declinado asistir el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

“Esta visita es una expresión más que demuestra que la estrategia norteamericana para hacerse con el control de Groenlandia ha cambiado, han pasado de las amenazas militares a intentar convencer a los groenlandeses de que es una buena idea formar parte de EEUU”, dice a elDiario.es Mikkel Runge Olesen, investigador sénior del Instituto Danés de Estudios Internacionales (DIIS). “Aunque no les está saliendo increíblemente bien”, puntualiza Olesen. 

Tras dudarlo mucho, Nielsen y el portavoz autonómico de Asuntos Exteriores, Mute Egede, se reunieron con Landry el lunes. Después del encuentro, el primer ministro insistió en que la isla “no está en venta”, mientras que Egede señaló que la postura del Gobierno groenlandés no deja lugar a dudas: “Tenemos algunas líneas rojas, no venderemos Groenlandia, nos pertenecerá siempre”. A pesar de haberse producido este encuentro, el investigador Mikkel Runge Olesen señala que la reacción del Gobierno de Groenlandia a la visita de Landry ha sido “notablemente fría”, y añade que “se puede notar lo cansados que están de Estados Unidos”. 

Ampliar el número de bases militares

Hasta ahora, se saben pocos detalles de las negociaciones entre la Casa Blanca y los gobiernos de Copenhague y Nuuk que empezaron hace unos meses de forma discreta y alejada del foco mediático para resolver el conflicto por el control de la isla ártica por la vía diplomática. Pero, según han ido informando The New York Times y los medios de comunicación daneses, desde el Pentágono se está negociando la apertura de tres nuevas bases militares estadounidenses, lo que supondría la primera expansión en décadas de la presencia estadounidense en Groenlandia. 

Groenlandia ha sido muy clara, está abierta al negocio (...). En principio no hay problema con esto, pero si por detrás el Gobierno de EEUU intenta obtener alguna ventaja económica o algo similar, entonces sí que sería un problema

Mikkel Runge Olesen — Investigador sénior del Instituto Danés de Estudios Internacionales (DIIS)

Esta ampliación podría llevarse a cabo en el marco del tratado de defensa firmado en 1951 entre Copenhague y Washington, pese a las reiteradas declaraciones expansionistas de Trump. Sin embargo, un artículo publicado esta semana por The New York Times ha reavivado las dudas. Según el diario, Washington está barajando modificar el acuerdo de 1951 para asegurar una presencia permanente en la isla, incluso en caso de que Groenlandia alcanzara la independencia. Además, según la misma información, Estados Unidos busca obtener capacidad de veto sobre los principales acuerdos de inversión en el territorio autónomo. 

De acuerdo con el NYT, las autoridades groenlandesas consideran que estas exigencias son de tal magnitud que supondrían una grave injerencia en su soberanía y temen que les dejen con las manos atadas durante generaciones. “Ningún gobierno danés ni groenlandés puede aceptar eso. Eso traspasa los límites e intensificaría la tensión política de nuevo”, dice el investigador del DIIS.

Ofensiva económica por el control de las tierras raras 

Más allá de la visita de Landry a Nuuk, la ofensiva de EEUU en Groenlandia también se mueve en el plano económico. A mediados de abril, las autoridades groenlandesas otorgaron la licencia de explotación del proyecto Tanbreez para la extracción de minerales de tierras raras a la empresa estadounidense Critical Metals. Esta licencia da a la compañía el control del 92,5% de uno de los yacimientos de tierras raras más grandes del mundo fuera de China.

“Groenlandia ha sido muy clara, está abierta al negocio”, señala Olesen. “En principio no hay problema con esto, pero si por detrás el Gobierno de EEUU intenta obtener alguna ventaja económica o algo similar, entonces sí que sería un problema”, dice. 

En este clima de tensión en Nuuk por la visita de Jeff Landry, resulta especialmente llamativa la ausencia de cualquier representante del Gobierno de Dinamarca. El motivo es que, desde el 24 de marzo, el país nórdico se encuentra encallado en un proceso de negociaciones para formar un nuevo ejecutivo tras las elecciones. Esto ha provocado que el ministro de industria y Comercio danés, Morten Bødskov, tuviera que cancelar su presencia en el foro económico de Nuuk.

“El Gobierno interino solamente puede ejercer las funciones indispensables para que el estado siga a flote, pero nada más”, dice Olesen. “Si hubiera una gran crisis, entonces el Gobierno tendría que hacer algo, pero el hecho de que haya un consenso en Dinamarca sobre el tema de Groenlandia hace que no tener un ejecutivo sea un problema menor”, concluye. 

A medida que se acelera la carrera de las potencias mundiales para controlar el Ártico, las islas Svalbard se están convirtiendo en un lugar cada vez más importante. Este archipiélago situado cerca del Polo Norte representa una anomalía en el tablero geopolítico. Técnicamente, las Svalbard pertenecen a Noruega, pero también rige un tratado único desde la Primera Guerra Mundial que permite a casi cualquier persona, de casi cualquier país, establecerse en ellas sin necesidad de un visado. 

Las amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia han servido para poner en alerta a otros países con presencia en el Ártico, como Noruega. En las islas Svalbard no temen una invasión norteamericana, pero sí que cunde el miedo de que las ambiciones de la Administración Trump sirvan de inspiración para la codicia de otras potencias que ya están presentes en las Svalbard, como Rusia y China.

En el caso de Groenlandia, EEUU ha estado celebrando negociaciones de manera regular con Dinamarca en los últimas semanas para expandir su presencia militar en la isla, según se ha conocido esta semana. EEUU busca abrir tres nuevas bases en el sur de Groenlandia tras la crisis política desatada por Donald Trump.

Durante décadas, el archipiélago ártico de Svalbard ha sido conocido por albergar una población de osos polares que duplica a sus habitantes (2.500 personas), y por su estación internacional de investigación. Pero ahora Noruega está haciendo gestos para reafirmar su soberanía en un contexto en el que crece la incertidumbre y la inseguridad en el ártico. 

Rusia quiere más libertad de movimientos 

Las islas Svalbard pertenecen a Noruega gracias a un acuerdo sellado en 1920 que garantiza a los países firmantes del tratado (14 naciones originalmente), poder llevar a cabo actividades económicas y científicas en el territorio. Esto se ha traducido en que Rusia ha sido el único país (aparte de Noruega) que ha mantenido una presencia permanente en una parte de las islas durante más de un siglo, mientras que China abrió su propia estación científica hace unos años. El tratado internacional también recoge que las Svalbard es una zona desmilitarizada, por lo que no se pueden realizar acciones bélicas ni ejercicios militares. 

Pero en una nueva era marcada cada vez más por la geopolítica agresiva, en Noruega se teme que el estatus soberano inusual de las Svalbard se haya convertido en un riesgo, y una intromisión de Moscú y Pekín para aumentar su poder en el territorio. “Por ahora no cuestionan la soberanía, pero Rusia presiona para tener la mayor libertad de movimientos posible en las Svalbard, sin que Noruega se lo permita”, explica a elDiario.es Arild Moe, investigador del Instituto Fridtjof Nansen. 

Rutas comerciales del Ártico

La ruta norte, supone un ahorro del 30% respecto a tomar el canal de Suez en Egipto.

San Francisco

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Shanghái

CHINA

ESTADOS

UNIDOS

RUSIA

Círculo

polar

ártico

Churchill

Churchill

CANADÁ

Halifax

Halifax

GROENLANDIA

Islas

Svalbard

Murmansk

Akureyn

Roterdam

Roterdam

Suez

Un petrolero standar cargado o un carguero lleno con más de 30.000 toneladas puede variar entre los 300.000 y 500.000 dólares. La tarifa se calcula en función del tipo de buque, carga e incluso procedencia.

Pasaje Noroeste

Ruta Transpolar

Ruta puente ártico

Ruta del Mar del Norte

N

900 km

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Rutas comerciales del Ártico

La ruta norte, supone un ahorro del 30% respecto a tomar el canal de Suez en Egipto.

Shanghái

CHINA

EE. UU.

Círculo

polar

ártico

Islas

Svalbard

CANADÁ

RUSIA

Roterdam

Roterdam

Suez

Un petrolero standar cargado o un carguero lleno con más de 30.000 toneladas puede variar entre los 300.000 y 500.000 dólares. La tarifa se calcula en función del tipo de buque, carga e incluso procedencia.

Pasaje Noroeste

Ruta del Mar del Norte

Ruta Transpolar

Ruta puente ártico

N

900 km

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

La forma de presionar de Moscú es “retorcer la interpretación de los antiguos tratados de soberanía y aumentar su presencia, lo que ha provocado varios incidentes”, explica Moe. Por ejemplo, Rusia considera que Noruega viola la cláusula de “zona desmilitarizada” cuando la Guardia Costera del país nórdico controla el tráfico marítimo en la zona, donde hay una gran presencia de buques rusos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso acusa también a Noruega de restringir su actividad económica y científica en las Svalbard aplicando restricciones medioambientales, según explicaba el medio especializado The Barents Observer. 

Por su parte, Noruega intenta en los últimos años repeler la influencia foránea retirando el derecho a voto a las personas extranjeras en las elecciones locales y bloqueando la venta de tierras a compradores de otros países. Al mismo tiempo, desde Oslo se ha reforzado el control sobre los investigadores internacionales que llegan a las Svalbard, a la vez se reclama la propiedad del lecho marino de las islas a lo largo de cientos de kilómetros. 

Acceso a la flota nuclear rusa 

A diferencia de Groenlandia, en el subsuelo de las islas Svalbard no se encuentran grandes reservas de preciados minerales como las tierras raras. De todos modos, Rusia mantiene abierta una mina de carbón en el enclave de Barentsburg desde los tiempos de la Unión Soviética para justificar su presencia en las Svalbard, a pesar de que hace años que su explotación dejó de ser rentable. 

Con todo, las islas Svalbard quedan estratégicamente situadas en medio de las rutas marítimas que, con el deshielo por el cambio climático, tienen el potencial de ahorrar significativamente tiempo de navegación entre continentes.

Pero, según explica el investigador Arild Moe, el interés de Rusia en las Svalbard es otro, ya que para el Kremlin “se trata de mantener abierto el acceso atlántico a través del mar de Barents a su flota de submarinos nucleares situados en la península de Kola”, dice. “Para Rusia es muy importante mantener a las Svalbard desmilitarizadas, pero no hay duda de que en caso de que estallara un conflicto en la región, Rusia querría claramente tomar el control de las islas”, apunta. 

“La disputa en Groenlandia es un regalo para Rusia” 

“La disputa de Estados Unidos por Groenlandia se ha convertido en un regalo para Rusia”, reflexiona Moe. “En primer lugar, por la ruptura creada dentro de la OTAN, que genera incertidumbre en el paraguas de seguridad de las naciones árticas y, en segundo lugar, porque puede justificar un razonamiento similar al que tiene Trump en Groenlandia para argumentar, eventualmente, tomar posesión de las Svalbard”.

El último informe sobre amenazas publicado a principios de año por el Servicio de Seguridad de Noruega (PST) menciona que las islas Svalbard “se han convertido en el objetivo de la inteligencia rusa”, que puede intentar llevar a cabo acciones de espionaje, sabotaje y guerra híbrida. 

[La presencia de China es] un ejemplo flagrante de plantar la bandera y de ejercer el poder a través de la ciencia

Torbjørn Pedersen — investigador de la Universidad de Bodø

A pesar de que para Noruega la amenaza geopolítica principal continúa siendo Rusia, el informe del PST también menciona que el creciente interés de China en el Ártico puede complicar el panorama de seguridad. Por el momento, la presencia del país asiático en las Svalbard se concentra en su centro de investigación Polar, que para algunos científicos “supone un ejemplo flagrante de plantar la bandera y de ejercer el poder a través de la ciencia”, según explica Torbjørn Pedersen, investigador de la Universidad de Bodø.

Desde Estados Unidos se ha acusado a Noruega de tener “poco control” sobre la actividad científica de China en las Svalbard, al considerar que podría esconder intereses militares detrás. En julio, el Centro Universitario de Svalbard gestionado por el Gobierno noruego restringió por primera vez la entrada a estudiantes chinos. La agencia de inteligencia noruega justificó la medida señalando que los estudiantes chinos podían constituir un riesgo para la seguridad. 

Los que hayan visto la aclamada Borgen saben que formar un gobierno en el país nórdico requiere de mucha habilidad. Como si se tratara de una partida de ajedrez, las negociaciones que muestra la serie danesa ponen a prueba la sangre fría de los líderes políticos y su capacidad para llegar a compromisos con sus rivales más directos.

La cuarta temporada de Borgen (titulada Reino, poder y gloria), estrenada en 2022, ya predijo una disputa geopolítica a raíz del descubrimiento de recursos naturales en Groenlandia. Hoy, nuevamente, lo que está pasando en la política de Dinamarca tras las elecciones generales del pasado 24 de marzo podría ser, perfectamente, un guion de la serie.

Las elecciones las ganó el partido socialdemócrata de la primera ministra Mette Frederiksen, el problema es que los comicios dieron paso a un Parlamento más polarizado y fragmentado que nunca, con 12 formaciones políticas que ocupan los 179 escaños del Folketing. Como señala el politólogo de la Universidad de Aalborg Rune Stubager, Dinamarca “cuenta con un sistema de parlamentarismo negativo, lo que significa que un gobierno puede mantenerse en el poder mientras no exista una mayoría en su contra”. Con esta norma, los 4,2 millones de electores del país escandinavo están acostumbrados a ejecutivos que gobiernan en minoría y a coaliciones de hasta cuatro partidos.

Cada segundo que pasa es un nuevo récord en las negociaciones más largas de la historia del país

Rune Stubager — politólogo danés

Sin embargo, esta vez, los resultados de las papeletas están provocando sudores fríos, ya que mes y medio después de las votaciones ninguna formación es capaz de construir una mayoría a su alrededor: “La situación es sumamente inusual”, admite Stubager en declaraciones a elDiario.es. “Cada segundo que pasa es un nuevo récord en las negociaciones más largas de la historia del país”.

Hasta ahora, las conversaciones más extensas para formar gobierno fueron en el año 2022 y duraron 44 días. Pero el hecho de haber superado este récord tampoco apremia a los políticos, ya que en la Constitución danesa “no se contemplan reglas para las negociaciones, no hay límites de tiempo ni de nada”, tal y como señala Stubager.

Los socialdemócratas no logran formar gobierno

El fin de semana pasado, el rey de Dinamarca –que tiene un papel puramente institucional– apuntó a que el turno para intentar formar gobierno pasaba al líder del partido de los liberales, Troels Lund Poulsen, después de que la primera ministra socialdemócrata Frederiksen fracasara en su intento.

El anuncio conmocionó al país, ya que Frederiksen fue quien obtuvo la mayoría de votos (21%) en las elecciones, un porcentaje que no esconde el duro revés que sufrieron los socialdemócratas –lograron sus peores resultados desde el año 1903–. Frederiksen ha sido una figura clave en la política danesa, al frente del Ejecutivo en los últimos siete años, pero ahora sus opciones de revalidar el puesto de primera ministra quedan rebajadas.

La líder de los socialdemócratas había intentado hasta este momento formar un gobierno de coalición de izquierdas que necesita el apoyo de los Moderados, un partido de centroderecha liderado por el actual ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen. Su formación, a pesar de quedar la sexta en el Parlamento (con 14 escaños), ha adquirido un papel decisivo con el poder de otorgar la mayoría tanto al bloque de partidos de izquierda como al conservador.

Aunque los socialdemócratas recibieron en un inicio el encargo oficial de formar gobierno, semanas de negociaciones entre los partidos progresistas no lograron acercar sus posiciones. Ante la falta de avances, Rasmussen abandonó la mesa de diálogo la semana pasada y anunció su decisión de apoyar a los liberales: “En el fondo, para los Moderados es difícil entrar en un gobierno liderado por los socialdemócratas con el apoyo de partidos de extrema izquierda, por lo que Rasmussen está intentando sacar el máximo de favores políticos para su partido, pero no lo ha conseguido”, argumenta Stubager.

La coalición de derechas necesita un giro de guion

Por otro lado, el líder de los liberales, Troels Lund Poulsen, quien tiene ahora el encargo de formar gobierno, en la práctica es otro perdedor de las elecciones del 24 de marzo. Los electores castigaron duramente su decisión de gobernar en coalición con los socialdemócratas y los moderados en los últimos cuatro años. El resultado es que los liberales han quedado relegados a la tercera fuerza del Parlamento con 18 escaños.

A pesar de esto, Poulsen puede, en teoría, formar una mayoría de derechas con el apoyo de los Moderados; en la práctica, este escenario también necesita unos cuantos giros de guion inesperados dignos de Borgen. Tan solo unas semanas después de las elecciones, cuatro diputados del bloque conservador han desertado de sus partidos y ahora son independientes que no atienden a ninguna disciplina de voto. Tres de estos diputados formaban parte de la nueva formación ultraderechista Partido Ciudadano, que en total consiguió cuatro escaños. Esta situación hace que la mayoría en el bloque conservador no esté del todo asegurada.

Lo más probable es que se vuelva a la casilla de salida con el encargo de formar gobierno para los socialdemócratas

Rune Stubager — Politólogo danés

Además, los Moderados y el ultraderechista Partido Popular Danés (de ideología xenófoba) se han negado a colaborar, lo que significa que un gobierno de derechas no es posible, a menos que ambos partidos rompan con la decisión de no cooperar. Poulsen también podría repetir el intento de formar un ejecutivo de centro con Moderados y socialdemócratas, pero es improbable que Mette Frederiksen lo apruebe, a menos que ella sea la primera ministra –de la misma forma que es improbable que los liberales no quieran poner a su candidato al frente del ejecutivo–. Los liberales se han impuesto un término de 14 días para explorar un acuerdo de derechas, pero, si fracasan, “lo más probable es que se vuelva a la casilla de salida con el encargo de formar gobierno para los socialdemócratas”, vaticina el politólogo Stubager.

Con este escenario político tan enrevesado, cada vez más daneses se cuestionan si es necesario aumentar el umbral del 2% de los votos para conseguir representación parlamentaria, una medida que ayudaría a evitar la escisión de partidos en formaciones más pequeñas. Pero la realidad es que no es posible cambiar las leyes electorales, ni la edad de jubilación ni transformar la agricultura danesa o cualquiera de los temas que se necesitan para gestionar el país si no hay un gobierno que esté pronto en marcha en el Palacio de Christiansborg.

Cuando Peer Henrik Hansen observa el mar desde la isla de Langeland, en el sur de Dinamarca, asegura que algo ha cambiado. “Hay mucho más tráfico marítimo”, dice a elDiario.es este historiador especializado en la Guerra Fría. En el horizonte se ven varios barcos con centenares de contenedores apilados atravesando el estrecho del Gran Cinturón (Storebælt) que, con 10 kilómetros de ancho, representa una vía clave del tránsito marítimo mundial que conecta el mar Báltico con el océano Atlántico.

Un nuevo informe de la patronal naviera danesa Danske Rederier corrobora lo que Hansen ve en el mar: el volumen de petróleo que transita por aguas danesas ha aumentado un 58% desde 2021. Esto supone que en el primer trimestre de 2025 pasaron 4,9 millones de barriles de petróleo diarios por el estrecho danés, superando al canal de Suez, lo que equivale al 4,7% del consumo mundial de crudo.

El aumento del tráfico marítimo ha convertido al país nórdico en el tercero del mundo por donde pasa un mayor volumen diario de petróleo, especialmente ahora que el estrecho de Ormuz está inoperativo –sin el bloqueo virtual de Irán, el estrecho danés ocuparía el cuarto lugar.

La razón del impulso de esta nueva vía tiene que ver con el intento de sortear las sanciones impuestas desde 2022 por la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos al crudo extraído en Rusia, que ha obligado a Moscú a buscar nuevos compradores, principalmente China e India. La ruta marítima que hace el petróleo sancionado empieza en las refinerías rusas del golfo de Finlandia y atraviesa el mar Báltico, pasando por las islas danesas, hasta llegar al Atlántico.

Al mismo tiempo, países como Alemania, Polonia y Finlandia obtienen el petróleo de Noruega o EEUU en lugar de Rusia, lo que incrementa aún más el volumen de crudo que transita por las aguas de Dinamarca. Pero para el país nórdico, que está lejos de beneficiarse de este aumento, la situación plantea varios desafíos.

“Un cóctel potencialmente muy peligroso”

Lo que preocupa a las autoridades marítimas danesas no es el volumen de crudo que circula por su costa, sino cómo se transporta. Gran parte del petróleo ruso navega en barcos que forman parte de lo que se conoce como la “flota en la sombra”. Estos buques suelen tener más de 15 años de antigüedad, están en mal estado y navegan bajo bandera de países que no controlan el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad y medioambientales.

“Muchos de ellos tampoco llevan un seguro adecuado y cuando se trata de un barco viejo, con un seguro deficiente, ¿quién pagará la factura si hay un derrame?”, se pregunta en una conversación con este periódico Jessica Larsen, experta en seguridad marítima en el Instituto Danés de Estudios Internacionales (DIIS).

Por primera vez, la Autoridad Marítima Danesa ha contabilizado el tráfico de la “flota en la sombra” durante un año y ha reconocido que solamente en 2025 se registraron 292 viajes de estas embarcaciones por el estrecho danés. Sin embargo, el tamaño de la flota es difícil de determinar para los expertos, aunque la UE ha conseguido elaborar una lista con 598 embarcaciones sancionadas. La dificultad radica en que “la flota en la sombra está en constante evolución para adaptarse al régimen de sanciones”, explica Yevgeniy Golovchenko, profesor adjunto e investigador en la Universidad de Copenhague.

“Al principio, muchos buques navegaban con banderas de conveniencia para escapar de la vigilancia, pero con las sanciones esto se ha vuelto más difícil, por lo que ahora algunos buques ni siquiera llevan una bandera oficial”, dice a elDiario.es. El experto sostiene que “cada buque puede transportar miles de barriles de petróleo, lo que constituye un cóctel potencialmente muy peligroso”.

Otro recurso que utilizan los buques para esquivar los controles “es el cambio de nombre, incluso cuando están en navegación, de esta forma es difícil saber quién es el propietario”, añade la investigadora Jessica Larsen. Por supuesto, “también falsifican la documentación sobre el origen del crudo, por lo que es un proceso lento y difícil poder controlarlos”. Apunta que, en este contexto, “se produce una paradoja”: “El régimen de sanciones ha hecho florecer este mercado negro de petróleo, lo cual es una situación lamentable”.

El régimen de sanciones ha hecho florecer este mercado negro de petróleo, lo cual es una situación lamentable

Jessica Larsen — experta en seguridad marítima

Golovchenko atribuye el aumento de la flota en la sombra en aguas danesas al hecho de que “la economía rusa depende en gran medida de la exportación de petróleo crudo y estos buques la mantienen a flote”. Del mismo modo, para Moscú, el comercio del petróleo sancionado “desempeña un papel crucial para sostener la invasión de Ucrania, porque el dinero se utiliza para financiar la guerra, reclutar a más soldados, pagar sus salarios y comprar arsenal nuevo”, añade.

Un estudio del Instituto Brookings con sede en Washington revela que la flota en la sombra transporta aproximadamente 3,7 millones de barriles de petróleo al día, lo que supone el 56% de las exportaciones de petróleo crudo de Rusia en la actualidad. Este comercio genera unos ingresos anuales de entre 80.000 millones de euros y 92.000 millones de euros, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

“Guerra híbrida” en el mar

Algunos expertos también creen que la flota clandestina actúa como parte de lo que definen como una “guerra híbrida” de Rusia contra los países del mar Báltico que forman parte de la OTAN. Jessica Larsen apunta que, cuando se cortan cables de telecomunicación en el lecho marino, “no se pueden descartar que los accidentes sean deliberados”. De la misma forma, se sospecha que “algunas embarcaciones pueden realizar tareas de vigilancia” mientras navegan por aguas danesas.

Para ocultar sus actividades, es frecuente que estos barcos apaguen los sistemas de identificación automática con el objetivo de evitar ser detectados y desaparecer del radar.

La economía rusa depende en gran medida de la exportación de petróleo crudo y estos buques la mantienen a flote

Yevgeniy Golovchenko — investigador en la Universidad de Copenhague

Un informe reciente de los Servicios de inteligencia de la Defensa daneses (FE) apuntaba al riesgo que supone la flota en la sombra y mencionaba un episodio ocurrido durante la primavera de 2025, en el que Rusia desplegó varias embarcaciones militares en el golfo de Finlandia para evitar que la Guardia Costera de Estonia interceptara a un barco sospechoso: “Este episodio no evolucionó hacia un enfrentamiento militar, pero situaciones similares pueden comportar el riesgo de tener enfrentamientos entre barcos y aviones militares de Rusia y países de la OTAN en el mar Báltico”, indicaba el informe de Inteligencia.

Más recientemente, la Guardia Costera de Suecia ha abordado en cinco ocasiones a petroleros sospechosos de formar parte de la flota en la sombra. Sin embargo, la intervención de las autoridades marítimas no es tan sencilla. En el caso de Dinamarca, aunque el estrecho del Gran Cinturón es territorio danés, legalmente los estrechos son aguas internacionales y, mientras un barco permanezca en la ruta marítima sin infringir la ley, las autoridades danesas no pueden abordarlo sin el consentimiento del Estado de su bandera. Además, “se necesita mucho para que un barco infrinja la ley”, dice Jessica Larsen, ya que “no es ilegal en sí mismo navegar con petróleo sancionado y tampoco lo es navegar sin seguro”.

De vuelta a la isla de Langeland, Peer Henrik Hansen no es el único que vigila lo que ocurre en el mar. Como si se tratara de pájaros o aviones, en Facebook han surgido grupos de observadores aficionados que siguen a los barcos que pasan por el Gran Cinturón. “No pasan desapercibidos por nadie, son como grandes montañas flotantes”, dice Hansen, que a veces también reconoce a embarcaciones militares tanto danesas como rusas.

Hansen es el director del Museo de la Guerra Fría de Langeland, que se encuentra en una fortaleza militar danesa construida en 1952, que en su día estuvo equipada con cañones y radares apuntando al mar. “Su objetivo principal era mantener el control de los barcos que navegaban por el Báltico, sobre todo los de la URSS”, cuenta el historiador. “Lo que estamos viendo ahora no es muy diferente de lo que sucedió durante la Guerra Fría”.

Una treintena de coches hacen fila en una gasolinera en las afueras de Copenhague en la mañana en que se celebran las elecciones generales en Dinamarca. A primera hora de un día laborable, esto crea un caos de tráfico considerable, al que la policía tiene que ir a poner orden. La imagen se repite en 200 gasolineras del país nórdico, que no es ajeno a la subida del precio de los combustibles por el conflicto en Irán.

Antes de que abrieran los colegios electorales en los que 4,3 millones de daneses estaban llamados a las urnas, el líder del ultraderechista Partido Popular Danés (DF), Morten Messerschmidt, anunciaba en su perfil de Instagram que la formación ofrecía carburante con un descuento de 0,45 euros el litro para la gasolina, y de 0,30 euros para el diésel entre las 7 y las 10 de la mañana. El descuento para el consumidor lo pagaba la formación ultra a la empresa de distribución de combustible.

En las gasolineras se ven representantes del partido ultraderechista con banderas y folletos que intentan convencer a los conductores para que les den su voto. La iniciativa del partido ultraderechista ha funcionado a la perfección, y las imágenes de los coches haciendo cola para repostar corren por todos los medios de comunicación y en los teléfonos móviles de los ciudadanos durante el día de las votaciones.

La ley electoral danesa permite esta estrategia insólita, sin que Messerschmidt corra el riesgo de ser acusado de intentar comprar votos durante la jornada electoral. En estas elecciones, la formación ultra ha centrado la campaña electoral en denunciar la subida del coste de la vida y en rechazar el avance de las energías renovables, en contraposición a bajar los impuestos en los carburantes. Y, teniendo en cuenta los resultados que obtuvieron en el recuento de votos, el mensaje de DF convenció de lleno a los votantes.

Un cambio generacional

La noche electoral de este martes se recordará en la sede del DF como la jornada en la que multiplicaron por cuatro sus resultados, consiguiendo un 9,1% de los votos y subiendo 11 escaños en el hemiciclo hasta llegar a 16 representantes. Pese a esto, lejos quedan los resultados de 2015, cuando DF consiguió ser la segunda fuerza en el parlamento con 37 diputados, en medio de la crisis de los refugiados en Europa por la guerra en Siria.

Desde entonces, los votos de la formación ultra han ido disminuyendo en cada votación, en una travesía del desierto que hizo peligrar en 2019 y en 2022 su representación en el Parlamento por apenas llegar al 2% de los votos. Al mismo tiempo que el partido entraba en declive, los socialdemócratas liderados por Mette Frederiksen adoptaron una línea dura en materia de inmigración lo que, según algunos analistas, ha contribuido a contener el avance de la ultraderecha en los últimos años. Otros argumentan que no ha sido la posición migratoria de los socialdemócratas, sino la fragmentación en el espectro de la extrema, junto a otros factores, lo que ha permitido contener su crecimiento.

En ese sentido, la victoria de anoche se considera el resurgir de los ultras en Dinamarca, gracias a una nueva generación de líderes, con Messerschmidt (45 años) a la cabeza del partido. Abogado de profesión y diputado de la formación desde el año 2007, Messerschmidt fue nombrado líder del Partido Popular Danés en enero del año 2022. Desde entonces, se ha hecho un hueco en la escena política por su estilo controvertido y por abogar por medidas muy duras en contra de la inmigración. En esta campaña su partido lanzó como condición para dar su apoyo en la formación de un gobierno que Dinamarca denegara la inmigración de personas procedentes de países musulmanes.

En materia económica, el partido defiende subir las pensiones y mantener unos servicios sociales públicos de calidad, pero priorizando a los ciudadanos daneses. En cuanto al apoyo a Ucrania, el DF es el único del hemiciclo que ha cuestionado la ayuda enviada a Kiev, proponiendo darla a través de préstamos en lugar de donaciones. Y, respecto a la cuestión de Groenlandia, la formación mantiene un enfoque ultranacionalista de la soberanía danesa, proponiendo abolir las leyes autonómicas del territorio ártico.

La ultraderecha, estancada en votos pese al auge del DF

Sin embargo, el renacer de su partido no se entiende sin el giro que ha hecho la formación. Según los analistas, en estas elecciones hay indicios de que las políticas migratorias ya no motivan a los votantes del DF como lo hacían antes. En cambio, Messerschmidt se ha alzado como una figura que protesta contra las élites.

Según las encuestas de opinión, la inmigración no es la principal preocupación de los votantes del DF, en cambio, nueve de cada diez votantes afirman tener muy poca confianza en los gobernantes y aseguran no entender a los políticos: “Estas elecciones han ido en parte sobre inmigración, pero han sido más significativos los debates sobre el coste de la vida, un tema en el que el Partido Popular Danés ha mostrado mucho interés”, decía el politólogo de la Universidad de Aarhus, Rune Stubager.

Mirando con una perspectiva más amplia los resultados electorales, los analistas cuestionan que el resurgimiento del Partido Popular Danés, que quiere ser clave en las negociaciones si existe la posibilidad de formar un gobierno en el bloque conservador, indique un auge de la extrema derecha en el país escandinavo: “Los votantes daneses no se han inclinado más hacia la derecha”, asegura Stubager. “Si combinas los votos de las tres formaciones escépticas con respecto a la inmigración que se presentaban en las elecciones, dan entre 13 y 16 diputados, los mismos que hace 20 años”.

Con todo, en las zonas menos pobladas del país nórdico, especialmente en la costa occidental de Jutlandia y en el interior de Zelanda, el DF ha consolidado sus principales feudos electorales. En esta campaña, el partido ha denunciado el avance de las energías renovables, un asunto que genera malestar en determinadas comunidades. La formación sostiene que la sustitución de tierras agrícolas y ganaderas por parques eólicos es uno de los principales factores detrás del despoblamiento de estas áreas.

El candidato de DF para el municipio de Tønder (7.477 habitantes), Allan Svendsen, lo explicaba afirmando: “Somos el baluarte contra las tonterías climáticas y contra el hecho de pedir perdón por querer vivir una vida completamente normal con un coche, bistecs de ternera y calefacción de leña; no nos deberíamos avergonzar de esto”, decía en una entrevista para el medio Weekendavisen. En este municipio, cerca de la frontera con Alemania, la suma de las dos formaciones populistas de derechas que se presentaban en las elecciones (DF y Demócratas de Dinamarca) ha obtenido un 25% de los votos, superando a los socialdemócratas y a los liberales.

La primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, ha ganado las elecciones generales de este martes en Dinamarca con el 21,9% de los votos y se postula para repetir un tercer mandato. Con un recuento del 95,6%, este resultado en las urnas significa un castigo muy duro para los socialdemócratas, que han bajado 12 escaños en el parlamento y se quedarán con 38, unos resultados muy alejados de anteriores victorias electorales. Las votaciones también han pasado factura a las otras dos formaciones que integraban el gobierno de coalición de centroderecha, los liberales (10,2%) han perdido 5 escaños, mientras que los Moderados, con un 7,7% de los votos, han retrocedido 2 escaños. 

Pero en contraste con la frialdad con la que los socialdemócratas han recibido los resultados electorales, la noche fue mucho más jubilosa en la sede de los Moderados. La formación liderada por el ministro de exteriores, Lars Løkke Rasmussen, tendrá un papel clave para otorgar una mayoría parlamentaria bien a los partidos del bloque progresista, bien a los del bloque conservador.

En total, las formaciones progresistas obtendrían ventaja, con 84 escaños en el Parlamento, mientras que las del bloque conservador ocuparían 77. En este escenario, los 14 escaños de los Moderados serán determinantes para alcanzar la mayoría de 90 diputados en un hemiciclo de 179.

Más allá de la pérdida sustancial de apoyos de los socialdemócratas, el otro partido que sale muy damnificado es el de los Liberales, que a punto ha estado de dejar de ser la principal fuerza conservadora en el hemiciclo en favor del partido Alianza Liberal, que ha conseguido el 9,4% de los votos.

Estos resultados indican que a los votantes de los Liberales poco les importó la confesión de su candidato Alex Vanopslagh de 34 años; este reconoció durante la campaña haber tomado cocaína “en una o dos ocasiones” en los últimos cuatro años, mientras era líder del partido. Si los partidos del bloque conservador consiguen ponerse de acuerdo y reciben el apoyo de los Moderados, el líder del partido liberal y ministro de defensa, Troels Lund Poulsen, aspira a convertirse en primer ministro a pesar de los malos resultados electorales. 

Entre los partidos de la derecha del hemiciclo también destaca el impresionante auge del ultraderechista Partido Popular Danés (DF) que con el 9,1% de los votos ha conseguido triplicar los resultados respecto a los anteriores comicios y sube de 5 a 16 diputados. La formación ultra ha basado su campaña en las políticas antiinmigración, pero también en contra del encarecimiento de los costes de la vida y de la implementación de las energías renovables. 

En el otro bloque, los partidos a la izquierda de los socialdemócratas en el hemiciclo todos han mejorado los resultados respecto a hace cuatro años. El Partido de Izquierda Verde ha logrado con el 11,5% de los votos una posición histórica como segunda fuerza más votada. Para conseguir un gobierno de izquierdas, la socialdemócrata Mette Frederiksen tendrá que ponerse de acuerdo con las formaciones progresistas, que chocan frontalmente con las políticas migratorias restrictivas que han llevado a cabo los socialistas. Otro tema que puede causar aristas en el bloque es la propuesta de los socialdemócratas para aplicar un impuesto a las grandes fortunas. La iniciativa choca de frente con los planteamientos del Partido Radical —que se hizo con el 5,8% de los sufragios—, una formación de corte progresista en políticas sociales, pero de línea liberal en materia económica. 

Del euroescepticismo a necesitar a la UE

Los resultados dejan un parlamento muy fragmentado, con 12 partidos políticos, y a Mette Frederiksen un poco más cerca de conseguir un tercer mandato para los socialdemócratas, un objetivo que se veía muy lejano para su formación hace unos meses. Sin embargo, la primera ministra experimentó un repunte espectacular en las encuestas durante enero, coincidiendo con la peor crisis diplomática de la historia entre Dinamarca y Estados Unidos por Groenlandia.

Frederiksen ha sido la líder del partido socialdemócrata desde el año 2015 y, cuatro años más tarde, en 2019, se convirtió en la primera ministra más joven en la historia de Dinamarca, a los 41 años. Antes de eso, también fue ministra de Empleo (2011-2014) y de Justicia (2014-2015).

Como primera ministra, Frederiksen ha llevado a cabo una política de defensa del amplio Estado del bienestar que caracteriza al sistema del país nórdico, al mismo tiempo que ha impuesto una de las legislaciones más duras contra la inmigración, duramente criticada por las ONG y la ONU. Esta combinación le ha servido para evitar la subida de los partidos de ultraderecha en Dinamarca, aunque su retórica en contra de la llegada de solicitantes de asilo a menudo la ha acercado demasiado a los postulados ultraderechistas.

Inicialmente, Frederiksen fue considerada como una de las líderes más euroescépticas. Sin embargo, esta postura ha cambiado desde la invasión rusa de Ucrania y la creciente incertidumbre sobre las garantías de seguridad que ha planteado la vuelta del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

En los últimos años de su mandato, Dinamarca ha apoyado la cooperación entre países europeos en materia de seguridad, así como la adquisición conjunta de material de defensa. Del mismo modo, el país nórdico también se ha distanciado del grupo de países europeos fiscalmente conservadores, denominados “los cuatro frugales” (Austria, Países Bajos, Finlandia y Suecia), y la propia Frederiksen ha llegado a afirmar que la unidad europea “se había convertido en una necesidad de seguridad”.

Uno de los episodios que hicieron tambalear la continuidad de Frederiksen al frente del país nórdico se produjo durante la pandemia de Covid-19, cuando su Gobierno ordenó, en el año 2020, sacrificar a toda la población de visones de Dinamarca, de 17 millones de animales, por miedo a que pudieran contagiar el virus. Una investigación posterior concluyó que la medida carecía de fundamento legal y que el Gobierno de Frederiksen “engañó gravemente a la opinión pública”, aunque también se determinó que la primera ministra no era consciente de que se había extralimitado en sus funciones.

Este escándalo de los visones no ha sido un caso aislado en el mandato de Frederiksen, una figura que polariza a los daneses. La decisión de su Gobierno de abolir un día festivo en el calendario (Store Bededag, “Gran Día de Oración”) para financiar el aumento del gasto en defensa enfureció a los trabajadores y a Frederiksen la acusaron de dirigir el país con un estilo autoritario.

Las calles de Copenhague están repletas estos días de carteles electorales con la cara de la primera ministra Mette Frederiksen, que busca conseguir un tercer mandato al frente del partido socialdemócrata en las elecciones generales de este martes. Las votaciones tenían que ser en otoño de este año, pero hace cuatro semanas Frederiksen anunció por sorpresa que las adelantaba al 24 de marzo, aprovechando su subida de popularidad en las encuestas tras su postura de firmeza respecto a Groenlandia frente a Donald Trump.

Antes de la crisis con la Casa Blanca, el apoyo a los socialdemócratas se había desplomado y los partidos políticos buscaban un relevo para la primera ministra. Ahora se prevé, sin embargo, que los socialdemócratas vuelvan a ser el partido más votado, y si Frederiksen consigue volver a liderar el Ejecutivo danés, se convertirá en la dirigente más duradera del país nórdico desde la Segunda Guerra Mundial.

Los últimos sondeos ofrecidos por la televisión pública DR prevén, en todo caso, un mal resultado para el partido de Frederiksen, que podría perder hasta 16 escaños en el Parlamento. Muchos votantes critican que el partido ha aplicado una política demasiado de derechas, como resultado de formar un gobierno de coalición con el partido Liberal y el Moderado. Los sondeos apuntan a que esta coalición de centroderecha ya no se podría repetir.

En cambio, las encuestas vaticinan que la formación que está en auge es la Izquierda Verde, tras haber conseguido en las últimas elecciones municipales de noviembre la alcaldía de Copenhague, un cargo que los socialdemócratas habían mantenido durante más de un siglo. En el bloque de los partidos conservadores, se esperan unos buenos resultados del ultraderechista Partido Popular Danés, que aspira a convertirse en la segunda fuerza conservadora en el Parlamento por detrás del partido Alianza Liberal.

Consciente de la pérdida de votos que están sufriendo por la izquierda, Frederiksen ha centrado la campaña electoral en el bienestar social, la lucha contra la desigualdad y el aumento del coste de la vida. En cambio, la crisis con Washington por Groenlandia o el rearme en defensa (con un gasto en torno al 3,5% del PIB) son temas que apenas han aparecido en campaña, ya que hay un consenso bastante amplio sobre estos temas entre las formaciones del arco parlamentario.

El giro hacia la izquierda de los socialdemócratas tampoco se ve en las políticas migratorias que proponen para la siguiente legislatura. Dinamarca, además de tener una de las leyes de asilo más restrictivas de Europa, ha propuesto deportar a los extranjeros condenados a un año o más de cárcel por delitos penales y tomar medidas para impedir la futura llegada de refugiados desde Irán.

Lucha contra la desigualdad

Las elecciones generales se celebran en un contexto en el que, a pesar de la inestabilidad geopolítica y económica global, el país nórdico sigue teniendo un estado del bienestar muy generoso, con unos buenos servicios públicos. Pero al mismo tiempo, el Gobierno ha aprobado recientemente subir la edad de jubilación a los 70 años, la edad más alta en la UE. A nivel económico las cosas van bien, con una cifra de paro casi inexistente y un crecimiento relativamente sólido, en torno al 2% anual entre los años 2025-2026, según su Banco Central. La deuda pública también está controlada, lo que ha permitido a Frederiksen financiar el rearme en defensa sin hacer recortes en los servicios y ayudas públicas.

La promesa de un impuesto a los más ricos pretende claramente volver a atraer a los votantes que los socialdemócratas han perdido

Rune Stubager — Politólogo en la Universidad de Aalborg.

Una de las promesas clave de los socialdemócratas en la campaña ha sido introducir un impuesto a los patrimonios más ricos como medida para luchar contra la creciente desigualdad. El impuesto servirá para financiar una ambiciosa reforma de la escuela pública que prevé reducir la tasa de alumnos por clase en los primeros cursos de la escuela primaria a 14 estudiantes. “Este programa pretende claramente volver a atraer a los votantes que los socialdemócratas han perdido”, dice Rune Stubager, politólogo en la Universidad de Aalborg.

El otro tema que ha centrado más atención durante la campaña ha sido la contaminación del agua potable como resultado de los pesticidas que usan las granjas de la industria porcina. Dinamarca, que tiene 5,9 millones de habitantes, produce al año alrededor de 28 millones de cerdos, casi cinco veces más que su población, de los cuales el 90% se destina a la exportación, lo que sitúa al país nórdico como el sexto mayor exportador de productos porcinos en el mundo.

“Hay un enorme debate sobre la cantidad de estiércol que se puede esparcir en los campos para evitar la contaminación de las aguas potables, porque si se limita tendrá repercusiones inmediatas en la cantidad de cerdos que se puedan producir, y por lo tanto, traerá consecuencias económicas”, explica Stubager. La mayoría de partidos defiende prohibir el uso de pesticidas en las zonas que sean más vulnerables a contaminar el agua, pero la extrema derecha se opone a ello, al igual que el partido liberal, que históricamente ha sido la formación más cercana a los agricultores.

Ligera ventaja para una mayoría de izquierdas

Los sondeos muestran que hasta 12 formaciones políticas podrían entrar a ocupar los 179 escaños del hemiciclo, lo que supone un récord histórico- Los socialdemócratas ganarían las elecciones con el 20% de los votos, seguidos de la Izquierda Verde, con el 12,6%, la Alianza Liberal, con el 11%, y el Partido Popular Danés, con el 9,5%.

Las encuestas tan solo dan una ligera mayoría a los partidos del bloque de izquierdas sobre las formaciones de derechas para formar una mayoría de gobierno después de las elecciones, por lo que se espera una noche electoral muy reñida. Aquí podrían ser clave para decantar la balanza hacia uno de los bloques los cuatro escaños de los parlamentarios del Atlántico Norte, dos de ellos elegidos por los votantes de las Islas Feroe, y los otros dos por Groenlandia.

“Esta situación ya ha sucedido en las últimas décadas, en las que la formación del Gobierno en Copenhague ha tenido que depender de esos votos, lo que hace que la situación sea aún más impredecible”, explica Peter Kurrild-Klitgaard, analista político e investigador en la Universidad de Copenhague.

Quien también tiene muchas posibilidades de poder decantar la balanza entre los dos bloques es el actual ministro de Exteriores y líder del partido Moderado, Lars Løkke Rasmussen, una figura que ha ganado mucha visibilidad ante los votantes y mucho peso dentro del Ejecutivo de Mette Frederiksen tras dirigir las negociaciones sobre Groenlandia con la Casa Blanca.

Rasmussen tiene una dilatada trayectoria política que le ha llevado a ser dos veces primer ministro al frente del Partido Liberal (2009-2011 y 2015-2019). Para el martes, las encuestas perciben que “se encuentra en una posición intermedia crucial. Ninguno de los dos bloques, ni a la izquierda ni a la derecha, puede lograr la mayoría sin él y su apoyo”, termina señalando Klitgaard. Según los pronósticos de DR, los 'moderados' quedarían en novena posición, con el 6,6 % de los votos.

El debate sobre la adhesión de Islandia y Noruega a la Unión Europea se ha vuelto a abrir. Los dos países nórdicos comparten hoy preocupaciones similares: la creciente incertidumbre geopolítica en el Atlántico Norte, la guerra en Ucrania, el desamparo de los Estados pequeños frente a los altibajos de la economía global y las dudas de que EEUU continúe siendo el principal aliado estratégico para garantizar la seguridad.

Ante esta situación de incertidumbre, ambos países están tomando un camino distinto en sus relaciones con Bruselas. El Gobierno de Reikiavik ha anunciado la celebración el próximo 29 de agosto de un referéndum para decidir si reanuda las negociaciones de adhesión al bloque europeo. Por el contrario, Oslo quiere mantener y ampliar la actual cooperación con la UE, pero su Gobierno rehúye abrir el debate sobre la adhesión.

En Bruselas hay buena voluntad para integrar a los dos países, ya que hoy ambos pertenecen al Espacio Económico Europeo (EEE) y al espacio Schengen, además de compartir programas de cooperación europea como el Erasmus. Al mismo tiempo, dada la riqueza tanto de Noruega como de Islandia, los dos países serían contribuyentes netos al presupuesto de la UE. Pero entremedio se interponen temas como la soberanía, la adopción del euro o el control de los caladeros de pesca, que hacen entrever que la expansión nórdica de la UE no está asegurada.

Empujados a la UE por la desconfianza de EEUU

El debate sobre una mayor integración de Islandia en la UE ha surgido de forma periódica. El país llegó a solicitar el ingreso en 2009 antes de que el proceso se congelara y se abandonara años más tarde. “Pero por primera vez ahora se está debatiendo la relación con la UE con el argumento de garantizar la seguridad”, dice el politólogo de la Universidad de Bifröst Eiríkur Bergmann.

Si se mira el mapa, Islandia comparte similitudes geopolíticas con Groenlandia, y eso ha infundido miedo en la nación insular. Islandia y Groenlandia se encuentran en el mismo corredor estratégico del Atlántico Noroeste (las dos islas están separadas por 300 kilómetros), una región que ha visto cómo aumentaba su importancia militar y comercial al ritmo que avanza el calentamiento global. 

Donald Trump nombró en enero a un nuevo embajador para Islandia que empezó con muy mal pie, en medio de la disputa entre la Casa Blanca y Dinamarca por Groenlandia. El diplomático estadounidense, Billy Long, bromeó delante de unos congresistas republicanos al decir que Islandia se convertiría en el 52º estado de EEUU y él sería el gobernador, unas palabras que no hicieron nada de gracia a los islandeses.

La última vez que Noruega votó sobre la pertenencia a la UE fue hace 30 años (la primera vez fue en 1972 y la segunda en 1994, y en ambas ganó el “no” a la adhesión)

Más allá de este episodio, la poca consideración que ha demostrado la Administración Trump por respetar los tratados internacionales ha hecho replantear en Reikiavik su acuerdo bilateral de defensa con EEUU. Hasta ahora, el mayor aliado de la isla había sido Washington, gracias a un pacto firmado en 1951 que representa el pilar básico de la defensa del país nórdico, ya que Islandia es el único miembro de la OTAN que no dispone de ejército. Pero para los islandeses, “la debacle que ha supuesto la disputa por Groenlandia ha hecho que mucha gente se pregunte cómo se puede confiar en EEUU cuando está intentando comprar a nuestro vecino más próximo”, asegura Bergmann.

En este contexto, el actual Gobierno islandés, formado por una coalición de centroizquierda favorable a la UE, está intentando acercarse a Bruselas. Según las encuestas, las probabilidades de que los ciudadanos voten a favor de reemprender las negociaciones del país nórdico son altas, ya que el 45% apoya la adhesión, mientras que el 35% se opone.

Que el país no sea todavía un miembro de pleno derecho del club europeo se debe a la política pesquera común. Una mayoría teme que la adhesión a la UE implique un daño irreversible para la pesca, su mayor sector económico. “Ningún Gobierno islandés volvería de Bruselas sin un acuerdo que permita mantener el control total de los caladeros porque sabría que el pacto no sería aprobado en un referéndum por la población”, apunta Bergmann. El politólogo apunta, por otro lado: “Islandia ya está integrada en un 80% en la UE, pero con el estatus actual no tenemos una silla en la mesa de negociación de Bruselas y esto hace que no se escuche nuestra voz en las decisiones europeas”.

Mantener la soberanía

En Noruega, en cambio, el debate sobre la adhesión a la UE sigue siendo un tema latente dentro del gobernante Partido Laborista, pero el primer ministro, Jonas Gahr Støre, ha reiterado que no está interesado en abrirlo. Sí ha señalado, en cambio, que prefiere fortalecer el acceso de Noruega al mercado único europeo, ya que los países de la UE son el mayor socio comercial del país, especialmente para las exportaciones de gas y petróleo.

Económicamente, a Noruega le ha ido muy bien hasta ahora estar fuera de la UE, puesto que ha mantenido el control total sobre sus recursos pesqueros, la agricultura, la moneda y la política energética: “Mantener la soberanía es el principal argumento de Noruega para estar fuera de la UE”, señala Øyvind Svendsen, director del Centro de Investigación en Europa del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales (NUPI). “Sin embargo, la población ve que tenemos un déficit democrático por no ser parte de la Unión, ya que en muchos ámbitos simplemente tenemos que aceptar las reglas que vienen de la UE sin tener una voz en Bruselas” dice.

La última vez que Noruega votó sobre la pertenencia a la UE fue hace 30 años (la primera vez fue en 1972 y la segunda en 1994, y en ambas ganó el “no” a la adhesión). Ahora surgen más voces en el país escandinavo que reclaman que es hora de dar una oportunidad a las generaciones de jóvenes de volver a votar sobre el asunto de la adhesión. En los últimos años, la opinión de los noruegos frente a la UE ha ido variando, sobre todo influenciada por la guerra en Ucrania, pero también por el aumento vertiginoso de los precios de la electricidad, un tema que aleja a los noruegos de la UE.

Las encuestas muestran que un 35% de los noruegos apoya una adhesión a la UE, un respaldo significativo, pero aún demasiado débil para un tema que polariza tanto a la sociedad. El analista Svendsen toma partido: “Cuando surgen dudas sobre la asociación con los EEUU, ¿cuál es la alternativa? Un país pequeño no puede estar solo en el mundo. Y si la asociación transatlántica se desmorona, nuestros amigos están en la UE”.

El Ejército danés envió el pasado mes de enero, en medio de la escalada de tensión por las ambiciones de Donald Trump por tomar Groenlandia, un contingente de tropas equipadas con explosivos y reservas de sangre para contener una posible invasión estadounidense de la isla ártica. 

Según informó el jueves la emisora pública danesa DR, Copenhague se preparó hasta las últimas consecuencias para una potencial confrontación militar con Estados Unidos, el país que ha sido el principal aliado militar de los nórdicos en el marco de la OTAN desde el finde la Segunda Guerra Mundial. 

Las fuentes militares, gubernamentales y de los servicios de inteligencia consultadas por DR han desvelado que las tropas danesas llevaban los suficientes explosivos para destruir las principales pistas de aterrizaje en la isla ártica, una situada cerca de la capital, Nuuk, y otra en una antigua base militar en Kangerlussuaq, con el objetivo de evitar la llegada de aeronaves norteamericanas. A los soldados daneses también se les proporcionaron suministros de sangre en caso de que hubiese heridos en combate y los cazas F-35 de las bases danesas fueron armados y preparados para entrar en acción. 

En la investigación periodística elaborada por DR también han hablado con fuentes de Francia y Alemania, que afirman que los dos países respaldaron a Dinamarca en su planteamiento de intentar elevar los costes para Trump por invadir el territorio autónomo danés. El episodio también revela hasta qué punto se tomaron en serio las amenazas del presidente de EEUU, no solamente en el país nórdico, sino también en el resto de países europeos, y pone de manifiesto cómo de deterioradas están las relaciones transatlánticas. 

La estrategia de Copenhague  

Según informaba la cadena pública danesa, poco después de la elección del segundo mandato de Trump como presidente, Dinamarca ya empezó a buscar apoyo político en reuniones confidenciales ante las crecientes demandas norteamericanas sobre Groenlandia. En concreto, DR especifica que contactaron con París y Berlín, además de las capitales nórdicas, para construir una alianza europea que protegiera al Reino de Dinamarca. 

La estrategia de Copenhague era intentar evitar una escalada con EEUU, pero a la vez no querían ceder a la codicia de Trump por hacerse con el territorio ártico, a pesar de la enorme superioridad militar entre los dos países. En otoño de 2025, el plan de Dinamarca y los aliados europeos era enviar soldados en Groenlandia durante 2026 para demostrar que el país nórdico se tomaba en serio la defensa de la isla. 

Quieren más soldados? Pueden tenerlos, ¿Quieren apoyo naval? También podrían tenerlo ¿Quieren más apoyo aéreo? También lo tendrán

Una fuente francesa a otra danesa, según DR

Según las informaciones de DR, en ese plan Francia destacó especialmente en su apoyo, estando dispuesta a enviar varios centenares de soldados al Ártico. DR ha transcrito una conversación entre una fuente secreta del Gobierno danés y un miembro del Ejecutivo francés en la que se demuestra que París no quería escatimar recursos militares en Groenlandia. “Quieren más soldados? Pueden tenerlos, ¿Quieren apoyo naval? También podrían tenerlo ¿Quieren más apoyo aéreo? También lo tendrán”, decía la fuente francesa. 

Pero el hecho que marcó un punto de inflexión fue la operación EEUU en Venezuela el 3 de enero, que acabó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Para Copenhague esta acción fue la demostración de que Trump estaba dispuesto a usar la fuerza, lo que hizo aumentar la preocupación de que las reiteradas amenazas sobre Groenlandia pudieran traducirse en acciones concretas. “Aquí es donde todo explotó” dijo un alto cargo de la inteligencia danesa a DR. 

Como resultado, soldados daneses junto a franceses, alemanes, noruegos y suecos fueron desplegados en Groenlandia como avanzada, seguidos por una fuerza principal danesa que incluía tropas de élite, sin que el ministerio de Defensa especificara el número de soldados concreto. A este contingente se le sumó un buque de la armada francesa mientras que aviones de combate daneses fueron enviados hacia el Atlántico Norte. Oficialmente, Dinamarca justificó el envío de tropas con el pretexto de llevar a cabo el Ejercicio militar 'Resistencia Ártica' en el marco de la OTAN. Pero fuentes militares han desvelado a DR que fue un despliegue militar real y no unas maniobras. El objetivo era contar con la mayor diversidad de nacionalidades posible para obligar a EEUU a emprender una acción hostil con un alto coste en caso de ocupar Groenlandia. “No nos habíamos encontrado en una situación similar desde abril de 1940”, declaró una fuente de defensa danesa a DR.

“El deseo de Trump continúa intacto” 

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que se enfrenta a unas elecciones generales el 24 de marzo, no ha querido comentar los detalles de las revelaciones publicadas por DR. Sin embargo, Frederiksen ha declarado en una cumbre de la UE en Bruselas: “Hemos atravesado la peor situación en política exterior desde la Segunda Guerra Mundial. La única razón por la que hoy nos encontramos en una mejor situación es gracias a la cooperación europea”.

La primera ministra también asegura que continúan las negociaciones de alto nivel con los estadounidenses para alcanzar un compromiso que respete las líneas rojas de Dinamarca y Groenlandia, respetando la soberanía: “Espero que se llegue a un acuerdo, pero como ya he dicho, el deseo de Trump de anexionarse Groenlandia sigue intacto”. 

El embajador de EEUU en Dinamarca, Kenneth Howery, ha respondido a las informaciones de DR señalando que “el presidente Trump ha sido claro acerca de la importancia de Groenlandia y del Ártico para la seguridad nacional de EEUU”. El diplomático ha señalado que Trump declaró “claramente que EEUU no utilizaran la fuerza militar contra Groenlandia” en un discurso en el marco del Fórum Económico Mundial en Davos (Suiza). 

A pesar de las palabras de alerta de la primera ministra danesa, hoy la crisis por Groenlandia ha quedado en un segundo plano tras varias semanas en enero en que las declaraciones agresivas de Trump sumieron a la OTAN en su crisis más profunda en años. Finalmente, el 21 de enero, Trump dio marcha atrás anunciando que había llegado a un acuerdo marco sobre Groenlandia con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, cuyos detalles no se han hecho públicos. 

En los primeros días de la campaña para las elecciones generales en Dinamarca, que se celebrarán el 24 de marzo, no se está hablando ni del aumento en el gasto en defensa, ni de la tensa relación entre el país escandinavo y EEUU. Tampoco sobre inmigración, ni del incremento del coste de vida. La líder de los socialdemócratas, Mette Frederiksen, quiere revalidar su puesto de primera ministra situando como tema central de la votación la reintroducción del impuesto sobre la fortuna de los más ricos, con el objetivo de reducir la desigualdad.

Frederiksen tenía hasta finales de octubre de este año para convocar los comicios, pero aprovechando su subida de popularidad en las encuestas a raíz de la crisis con Groenlandia, decidió por sorpresa adelantar las elecciones para finales de marzo.

Durante la legislatura, la líder socialdemócrata ha sido acusada de llevar a cabo unas políticas demasiado de derechas al frente de un gobierno de coalición con el partido liberal y los moderados. Las encuestas muestran que ahora es la izquierda verde la que amenaza la victoria de su partido: el Partido Popular Socialista está en alza después de arrebatar la alcaldía de Copenhague a los socialdemócratas en las elecciones locales de noviembre.

Frente al auge de las formaciones de izquierda que muestran los sondeos, Frederiksen ha dado un golpe de efecto en la campaña al anunciar que si su partido gana pretende imponer un impuesto del 5% a las fortunas superiores a 25 millones de coronas danesas (2,3 millones de euros). Esta propuesta no genera consenso ni entre sus actuales socios de coalición ni entre los partidos del bloque conservador, y además ha hecho enfadar de forma pública y muy elocuente al empresariado danés, con varios de los empresarios más ricos amenazando con trasladarse a vivir fuera del país.

Impuesto para financiar la reforma escolar

Desde la tribuna del parlamento, Frederiksen justificó la necesidad de volver a reintroducir este impuesto, que ya fue abolido en el país nórdico en 1997, argumentando que “cuando el 1% más rico de la población posee aproximadamente una cuarta parte de la riqueza total de los daneses, la situación se ha vuelto demasiado desigual”.

La líder socialista hacía referencia en este discurso a un informe publicado por el think tank progresista Consejo Empresarial del Movimiento Obrero (AE, por las siglas en danés), que señala que la fortuna del 1% de los daneses más ricos ha aumentado un 31% entre los años 2020 y 2024 mientras que la media de la riqueza del resto de la población solamente aumentó un 3,3%. El informe del AE también indica que de media el 1% de los daneses más ricos tiene un patrimonio de 58 millones de coronas (7,7 millones de euros), en comparación al patrimonio medio de los daneses, que es de 930.000 coronas (124.000 euros).

En una entrevista para el periódico económico Børsen, Frederiksen ha detallado que el nuevo impuesto afectaría a 22.000 personas, que pagarían un promedio de 300.000 coronas al año (40.000 euros), mientras que el Estado recaudaría unos 6.000 millones de coronas (803 millones de euros).

Los socialdemócratas han dicho que estos ingresos irán destinados a financiar la reforma en las escuelas, su otra propuesta estrella para ganar las elecciones. La primera ministra ha prometido reducir el número de alumnos a 14 estudiantes por clase en los primeros años de la educación primaria en los centros públicos, una medida que ha sido tildada de muy ambiciosa por los expertos, ya que implica un aumento significativo del presupuesto estatal en educación.

Miedo a la huida de las grandes fortunas

Como era de esperar para los socialdemócratas, el regreso del impuesto sobre las fortunas en Dinamarca ha hecho enfadar a los grandes empresarios, que se han manifestado con inusuales declaraciones en los medios de comunicación. Por otro lado, según una encuesta realizada en febrero por Oxfam Dinamarca, casi la mitad de los votantes ven el impuesto como una buena solución para atajar la desigualdad.

Una de las figuras que se ha mostrado públicamente más contraria al impuesto a los ricos es el director general de la empresa Vestas, líder mundial en la construcción de aerogeneradores, que representa un auténtico motor económico para el país nórdico. En una entrevista para el periódico Berlingske, el directivo Henrik Andersen amenazó con marcharse del país e incluso deslocalizar parte de su empresa: “Si se hace realidad, dedicaré parte de mi tiempo en averiguar dónde voy a vivir, no lo puedo decir más claramente”.

También ha entrado de lleno en la campaña Robert Maersk Uggla, director general y miembro de la familia empresarial más poderosa en Dinamarca, propietaria de A.P. Moller‑Maersk, una de las mayores navieras del mundo. Uggla señaló que el impuesto “sería perjudicial para Dinamarca” y, entre otras razones, aseguró que su empresa tendría aún más dificultades para reclutar y retener a sus altos directivos, dado que Dinamarca ya tiene una de las cargas fiscales más altas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con unos impuestos equivalentes al 45,2% respecto al PIB, según la organización.

Uno de los ejemplos que más han citado alarmados estos días los empresarios es el caso de Noruega, donde el impuesto sobre el patrimonio también fue uno de los temas decisivos que hizo renovar el poder al partido Laborista. Allí, en 2022, el Gobierno aprobó un aumento del impuesto al 1% a partir de los 145.000 euros y del 1,1% por encima de los 1,76 millones de euros. Este incremento provocó que el hombre más rico de Noruega, el magnate industrial Kjell Inge Røkke, anunciara por sorpresa que se trasladaba a vivir a la ciudad suiza de Lugano para evitar pagar el incremento.

Desde entonces, los noruegos han visto un torrente de grandes fortunas salir del país para establecerse mayoritariamente en Suiza. Según la lista que formula cada año la revista Kapital, 105 de las 400 mayores fortunas se han trasladado a vivir en el extranjero entre 2022 y 2024, lo que desde los partidos de la izquierda se ha considerado como una auténtica “vergüenza”. Para remediarlo, la salida de Noruega también se ha vuelto costosa para los grandes patrimonios, ya que actualmente se aplica un impuesto del 37,8% sobre las ganancias de capital superiores a tres millones de coronas noruegas (253.000 euros).

Suecia ya no es el país generoso, abierto y solidario de 2015, cuando recibió a 163.000 personas solicitantes de asilo, la mayoría procedentes de Siria. Ese año, dentro de la Unión Europea, solo Alemania acogió a un número mayor de refugiados. Esta política de puertas abiertas quedó definitivamente enterrada desde que el actual Gobierno conservador llegó al poder en 2022 con el apoyo parlamentario de la ultraderecha.

En los últimos cuatro años, el Ejecutivo encabezado por Ulf Kristersson ha impulsado una serie de medidas orientadas a convertir al país en un entorno abiertamente hostil para quienes llegan en busca de protección. El Gobierno ha calificado este giro como un “cambio de paradigma” en materia migratoria y lo justifica por lo que considera un “fracaso de las políticas de integración” aplicadas durante décadas en el país escandinavo.

Para incentivar el retorno de refugiados a sus países de origen, este año ha entrado en vigor una de las medidas más significativas que el Gobierno conservador prometió aprobar cuando entró en el poder, la denominada “subvención para la repatriación”. Antes de 2026, el Ejecutivo ofrecía 10.000 coronas suecas (900 euros) como apoyo económico a los refugiados que decidían dejar voluntariamente de vivir en Suecia. Desde enero, esta cifra de dinero ha aumentado hasta 350.000 coronas (35.000 euros) a cambio de que estas personas renuncien a su permiso de residencia en la nación nórdica y decidan volver a su país de origen o ir a otro país donde tengan derecho a establecerse.

El Gobierno sostiene que la idea de dar dinero da una nueva oportunidad en sus países de origen a las personas que, afirma, se sientan excluidas a pesar de llevar ya tiempo viviendo en el país. “No nos dirigimos a las personas que han aprendido el idioma y se han integrado en la sociedad, sino a aquellos que anhelan volver a casa y no quieren integrarse”, dijo anteriormente el ministro de Inmigración, Johan Forssell.

Sin embargo, los expertos creen que es poco probable que la medida resulte efectiva, pese al aumento drástico de la ayuda. La Cruz Roja Sueca la rechazó, refutando que fuera adecuada para el objetivo de combatir la exclusión.

No funciona como el Gobierno tenía previsto

La medida ha tenido un efecto inmediato ya desde enero. Ese mes, según datos de la Agencia de Inmigración, 272 personas solicitaron recibir la ayuda. Durante todo el año pasado solo se recibieron 109 peticiones y finalmente solo se otorgó en un caso, que cumplió con los requisitos. Entre los solicitantes, la mayoría son personas llegadas desde Siria que huyeron hace una década, y entre ellos hay medio centenar que son menores de edad.

El Gobierno decidió seguir adelante con la medida a pesar de que el propio grupo de expertos que lo asesora, antes de aprobar la ley, desaconsejó hacerlo, argumentando que el incentivo para la repatriación sería una medida inefectiva y dificultaría a la integración de otros inmigrantes en la sociedad sueca.

La retórica sobre los refugiados ha cambiado en pocos años, con el añadido de que el partido de los socialdemócratas también apoya el endurecimiento de las leyes

Henrik Emilsson — Experto en migración de la Universidad de Malmö

De hecho, según la agencia de migración sueca, a pesar de la oleada de peticiones, la idea planteada por el Gobierno no acaba de salir bien. Las autoridades han rechazado dar la ayuda a 82 personas y solamente se ha aprobado una solicitud, mientras que el resto sigue pendiente de resolución. Henrik Emilsson, experto en migración de la Universidad de Malmö, dice a elDiario.es que esto es la prueba de que la medida es inefectiva, ya que “las personas a las que el Gobierno sueco quiere animar a regresar a su país no solicitan la ayuda, pero, en cambio, lo hacen otras que no cumplen con los requisitos”. “La mayoría de los inmigrantes considera que el permiso de residencia vale más que 35.000 euros”, asegura.

La agencia migratoria concluyó que el dinero no es un factor decisivo para fomentar las repatriaciones de refugiados, sino que hay razones emocionales como la seguridad, la pertenencia o la reunificación familiar mucho más importantes que los incentivos económicos. “La gente necesita sentir que hay algo a lo que volver y que recibe apoyo en su país de origen”, dijo Leila Pacula Nielsen, experta de la agencia.

“El retorno es un derecho humano y debe realizarse por iniciativa libre e informada del individuo. Ningún incentivo económico debe crear una sensación de coacción o socavar la libertad que es fundamental en nuestra visión de los derechos humanos. Esto corre el riesgo de tener el efecto contrario”, argumentó en la misma línea la Cruz Roja Sueca. “Basándonos en nuestra experiencia en el apoyo a personas que están considerando la repatriación, podemos afirmar que los incentivos económicos no son el factor decisivo”, señaló la entidad, que destacó el riesgo que pueden suponer este tipo de propuestas en un momento de “polarización creciente, en la que el racismo y la xenofobia se han normalizado cada vez más en el debate público”.

El Gobierno conservador se enfrenta, además, a una serie de municipios que se niegan a aplicar la medida, entre ellos las tres ciudades más pobladas del país, Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, que han comunicado al Gobierno central que no colaborarán para llevarla a cabo, en una reacción que se convirtió viral en las redes sociales en otoño.

“Un impacto muy grave en la vida de las personas”

Hace un año, el Ejecutivo sueco sacó pecho de que por primera vez en medio siglo el país había tenido más emigrantes que inmigrantes, y lo utilizó para señalar que sus políticas estaban dando resultados. “Es consecuencia de unas políticas que en algunos casos son simbólicas, pero, en otros, tienen un impacto muy grave en la vida de las personas”, dice el experto Henrik Emilsson.

Organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil como Amnistía Internacional en Suecia y Civil Rights Defenders han expresado graves preocupaciones ante el endurecimiento de las leyes migratorias en Suecia, al considerar que pueden vulnerar los derechos humanos y propiciar la estigmatización de las personas migrantes.

A pocos meses de las elecciones generales, los medios de comunicación suecos se hacen eco de cada vez más casos de adolescentes de familias de refugiados que al cumplir los 18 años reciben una carta de la administración anunciando que deben abandonar el país y volver a su lugar de origen, a pesar de haber sido escolarizados en Suecia, hablar el idioma, tener trabajo y llevar años viviendo allí. Esto ocurre porque, desde 2023, el Gobierno cambió las normas para obtener el permiso de residencia para los solicitantes de asilo, y ahora la administración considera que, al cumplir los 18 años, se es ya un adulto independiente y ya no se puede obtener automáticamente los papeles basados en el estatus de refugiado de los padres.

“La retórica sobre los refugiados ha cambiado en pocos años, con el añadido de que el partido de los socialdemócratas también apoya el endurecimiento de las leyes”, dice Emilsson. El experto augura que la inmigración volverá a ser un tema central en las elecciones y que los socialdemócratas, que actualmente son el partido con más representación en el Parlamento, dirán a sus votantes que pueden “ser tan o más duros con los inmigrantes que los partidos de centroderecha o los populistas”.

El experto también señala que hoy es casi imposible obtener asilo por razones humanitarias en Suecia, lo que ha generado un cambio enorme. “Antes los refugiados solían llegar desde Alemania o Dinamarca en tren, ahora simplemente se quedan en Alemania porque no quieren arriesgarse a hacer un esfuerzo extra para llegar hasta aquí”, concluye.