Una treintena de coches hacen fila en una gasolinera en las afueras de Copenhague en la mañana en que se celebran las elecciones generales en Dinamarca. A primera hora de un día laborable, esto crea un caos de tráfico considerable, al que la policía tiene que ir a poner orden. La imagen se repite en 200 gasolineras del país nórdico, que no es ajeno a la subida del precio de los combustibles por el conflicto en Irán.

Antes de que abrieran los colegios electorales en los que 4,3 millones de daneses estaban llamados a las urnas, el líder del ultraderechista Partido Popular Danés (DF), Morten Messerschmidt, anunciaba en su perfil de Instagram que la formación ofrecía carburante con un descuento de 0,45 euros el litro para la gasolina, y de 0,30 euros para el diésel entre las 7 y las 10 de la mañana. El descuento para el consumidor lo pagaba la formación ultra a la empresa de distribución de combustible.

En las gasolineras se ven representantes del partido ultraderechista con banderas y folletos que intentan convencer a los conductores para que les den su voto. La iniciativa del partido ultraderechista ha funcionado a la perfección, y las imágenes de los coches haciendo cola para repostar corren por todos los medios de comunicación y en los teléfonos móviles de los ciudadanos durante el día de las votaciones.

La ley electoral danesa permite esta estrategia insólita, sin que Messerschmidt corra el riesgo de ser acusado de intentar comprar votos durante la jornada electoral. En estas elecciones, la formación ultra ha centrado la campaña electoral en denunciar la subida del coste de la vida y en rechazar el avance de las energías renovables, en contraposición a bajar los impuestos en los carburantes. Y, teniendo en cuenta los resultados que obtuvieron en el recuento de votos, el mensaje de DF convenció de lleno a los votantes.

Un cambio generacional

La noche electoral de este martes se recordará en la sede del DF como la jornada en la que multiplicaron por cuatro sus resultados, consiguiendo un 9,1% de los votos y subiendo 11 escaños en el hemiciclo hasta llegar a 16 representantes. Pese a esto, lejos quedan los resultados de 2015, cuando DF consiguió ser la segunda fuerza en el parlamento con 37 diputados, en medio de la crisis de los refugiados en Europa por la guerra en Siria.

Desde entonces, los votos de la formación ultra han ido disminuyendo en cada votación, en una travesía del desierto que hizo peligrar en 2019 y en 2022 su representación en el Parlamento por apenas llegar al 2% de los votos. Al mismo tiempo que el partido entraba en declive, los socialdemócratas liderados por Mette Frederiksen adoptaron una línea dura en materia de inmigración lo que, según algunos analistas, ha contribuido a contener el avance de la ultraderecha en los últimos años. Otros argumentan que no ha sido la posición migratoria de los socialdemócratas, sino la fragmentación en el espectro de la extrema, junto a otros factores, lo que ha permitido contener su crecimiento.

En ese sentido, la victoria de anoche se considera el resurgir de los ultras en Dinamarca, gracias a una nueva generación de líderes, con Messerschmidt (45 años) a la cabeza del partido. Abogado de profesión y diputado de la formación desde el año 2007, Messerschmidt fue nombrado líder del Partido Popular Danés en enero del año 2022. Desde entonces, se ha hecho un hueco en la escena política por su estilo controvertido y por abogar por medidas muy duras en contra de la inmigración. En esta campaña su partido lanzó como condición para dar su apoyo en la formación de un gobierno que Dinamarca denegara la inmigración de personas procedentes de países musulmanes.

En materia económica, el partido defiende subir las pensiones y mantener unos servicios sociales públicos de calidad, pero priorizando a los ciudadanos daneses. En cuanto al apoyo a Ucrania, el DF es el único del hemiciclo que ha cuestionado la ayuda enviada a Kiev, proponiendo darla a través de préstamos en lugar de donaciones. Y, respecto a la cuestión de Groenlandia, la formación mantiene un enfoque ultranacionalista de la soberanía danesa, proponiendo abolir las leyes autonómicas del territorio ártico.

La ultraderecha, estancada en votos pese al auge del DF

Sin embargo, el renacer de su partido no se entiende sin el giro que ha hecho la formación. Según los analistas, en estas elecciones hay indicios de que las políticas migratorias ya no motivan a los votantes del DF como lo hacían antes. En cambio, Messerschmidt se ha alzado como una figura que protesta contra las élites.

Según las encuestas de opinión, la inmigración no es la principal preocupación de los votantes del DF, en cambio, nueve de cada diez votantes afirman tener muy poca confianza en los gobernantes y aseguran no entender a los políticos: “Estas elecciones han ido en parte sobre inmigración, pero han sido más significativos los debates sobre el coste de la vida, un tema en el que el Partido Popular Danés ha mostrado mucho interés”, decía el politólogo de la Universidad de Aarhus, Rune Stubager.

Mirando con una perspectiva más amplia los resultados electorales, los analistas cuestionan que el resurgimiento del Partido Popular Danés, que quiere ser clave en las negociaciones si existe la posibilidad de formar un gobierno en el bloque conservador, indique un auge de la extrema derecha en el país escandinavo: “Los votantes daneses no se han inclinado más hacia la derecha”, asegura Stubager. “Si combinas los votos de las tres formaciones escépticas con respecto a la inmigración que se presentaban en las elecciones, dan entre 13 y 16 diputados, los mismos que hace 20 años”.

Con todo, en las zonas menos pobladas del país nórdico, especialmente en la costa occidental de Jutlandia y en el interior de Zelanda, el DF ha consolidado sus principales feudos electorales. En esta campaña, el partido ha denunciado el avance de las energías renovables, un asunto que genera malestar en determinadas comunidades. La formación sostiene que la sustitución de tierras agrícolas y ganaderas por parques eólicos es uno de los principales factores detrás del despoblamiento de estas áreas.

El candidato de DF para el municipio de Tønder (7.477 habitantes), Allan Svendsen, lo explicaba afirmando: “Somos el baluarte contra las tonterías climáticas y contra el hecho de pedir perdón por querer vivir una vida completamente normal con un coche, bistecs de ternera y calefacción de leña; no nos deberíamos avergonzar de esto”, decía en una entrevista para el medio Weekendavisen. En este municipio, cerca de la frontera con Alemania, la suma de las dos formaciones populistas de derechas que se presentaban en las elecciones (DF y Demócratas de Dinamarca) ha obtenido un 25% de los votos, superando a los socialdemócratas y a los liberales.

La primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, ha ganado las elecciones generales de este martes en Dinamarca con el 21,9% de los votos y se postula para repetir un tercer mandato. Con un recuento del 95,6%, este resultado en las urnas significa un castigo muy duro para los socialdemócratas, que han bajado 12 escaños en el parlamento y se quedarán con 38, unos resultados muy alejados de anteriores victorias electorales. Las votaciones también han pasado factura a las otras dos formaciones que integraban el gobierno de coalición de centroderecha, los liberales (10,2%) han perdido 5 escaños, mientras que los Moderados, con un 7,7% de los votos, han retrocedido 2 escaños. 

Pero en contraste con la frialdad con la que los socialdemócratas han recibido los resultados electorales, la noche fue mucho más jubilosa en la sede de los Moderados. La formación liderada por el ministro de exteriores, Lars Løkke Rasmussen, tendrá un papel clave para otorgar una mayoría parlamentaria bien a los partidos del bloque progresista, bien a los del bloque conservador.

En total, las formaciones progresistas obtendrían ventaja, con 84 escaños en el Parlamento, mientras que las del bloque conservador ocuparían 77. En este escenario, los 14 escaños de los Moderados serán determinantes para alcanzar la mayoría de 90 diputados en un hemiciclo de 179.

Más allá de la pérdida sustancial de apoyos de los socialdemócratas, el otro partido que sale muy damnificado es el de los Liberales, que a punto ha estado de dejar de ser la principal fuerza conservadora en el hemiciclo en favor del partido Alianza Liberal, que ha conseguido el 9,4% de los votos.

Estos resultados indican que a los votantes de los Liberales poco les importó la confesión de su candidato Alex Vanopslagh de 34 años; este reconoció durante la campaña haber tomado cocaína “en una o dos ocasiones” en los últimos cuatro años, mientras era líder del partido. Si los partidos del bloque conservador consiguen ponerse de acuerdo y reciben el apoyo de los Moderados, el líder del partido liberal y ministro de defensa, Troels Lund Poulsen, aspira a convertirse en primer ministro a pesar de los malos resultados electorales. 

Entre los partidos de la derecha del hemiciclo también destaca el impresionante auge del ultraderechista Partido Popular Danés (DF) que con el 9,1% de los votos ha conseguido triplicar los resultados respecto a los anteriores comicios y sube de 5 a 16 diputados. La formación ultra ha basado su campaña en las políticas antiinmigración, pero también en contra del encarecimiento de los costes de la vida y de la implementación de las energías renovables. 

En el otro bloque, los partidos a la izquierda de los socialdemócratas en el hemiciclo todos han mejorado los resultados respecto a hace cuatro años. El Partido de Izquierda Verde ha logrado con el 11,5% de los votos una posición histórica como segunda fuerza más votada. Para conseguir un gobierno de izquierdas, la socialdemócrata Mette Frederiksen tendrá que ponerse de acuerdo con las formaciones progresistas, que chocan frontalmente con las políticas migratorias restrictivas que han llevado a cabo los socialistas. Otro tema que puede causar aristas en el bloque es la propuesta de los socialdemócratas para aplicar un impuesto a las grandes fortunas. La iniciativa choca de frente con los planteamientos del Partido Radical —que se hizo con el 5,8% de los sufragios—, una formación de corte progresista en políticas sociales, pero de línea liberal en materia económica. 

Del euroescepticismo a necesitar a la UE

Los resultados dejan un parlamento muy fragmentado, con 12 partidos políticos, y a Mette Frederiksen un poco más cerca de conseguir un tercer mandato para los socialdemócratas, un objetivo que se veía muy lejano para su formación hace unos meses. Sin embargo, la primera ministra experimentó un repunte espectacular en las encuestas durante enero, coincidiendo con la peor crisis diplomática de la historia entre Dinamarca y Estados Unidos por Groenlandia.

Frederiksen ha sido la líder del partido socialdemócrata desde el año 2015 y, cuatro años más tarde, en 2019, se convirtió en la primera ministra más joven en la historia de Dinamarca, a los 41 años. Antes de eso, también fue ministra de Empleo (2011-2014) y de Justicia (2014-2015).

Como primera ministra, Frederiksen ha llevado a cabo una política de defensa del amplio Estado del bienestar que caracteriza al sistema del país nórdico, al mismo tiempo que ha impuesto una de las legislaciones más duras contra la inmigración, duramente criticada por las ONG y la ONU. Esta combinación le ha servido para evitar la subida de los partidos de ultraderecha en Dinamarca, aunque su retórica en contra de la llegada de solicitantes de asilo a menudo la ha acercado demasiado a los postulados ultraderechistas.

Inicialmente, Frederiksen fue considerada como una de las líderes más euroescépticas. Sin embargo, esta postura ha cambiado desde la invasión rusa de Ucrania y la creciente incertidumbre sobre las garantías de seguridad que ha planteado la vuelta del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

En los últimos años de su mandato, Dinamarca ha apoyado la cooperación entre países europeos en materia de seguridad, así como la adquisición conjunta de material de defensa. Del mismo modo, el país nórdico también se ha distanciado del grupo de países europeos fiscalmente conservadores, denominados “los cuatro frugales” (Austria, Países Bajos, Finlandia y Suecia), y la propia Frederiksen ha llegado a afirmar que la unidad europea “se había convertido en una necesidad de seguridad”.

Uno de los episodios que hicieron tambalear la continuidad de Frederiksen al frente del país nórdico se produjo durante la pandemia de Covid-19, cuando su Gobierno ordenó, en el año 2020, sacrificar a toda la población de visones de Dinamarca, de 17 millones de animales, por miedo a que pudieran contagiar el virus. Una investigación posterior concluyó que la medida carecía de fundamento legal y que el Gobierno de Frederiksen “engañó gravemente a la opinión pública”, aunque también se determinó que la primera ministra no era consciente de que se había extralimitado en sus funciones.

Este escándalo de los visones no ha sido un caso aislado en el mandato de Frederiksen, una figura que polariza a los daneses. La decisión de su Gobierno de abolir un día festivo en el calendario (Store Bededag, “Gran Día de Oración”) para financiar el aumento del gasto en defensa enfureció a los trabajadores y a Frederiksen la acusaron de dirigir el país con un estilo autoritario.

Las calles de Copenhague están repletas estos días de carteles electorales con la cara de la primera ministra Mette Frederiksen, que busca conseguir un tercer mandato al frente del partido socialdemócrata en las elecciones generales de este martes. Las votaciones tenían que ser en otoño de este año, pero hace cuatro semanas Frederiksen anunció por sorpresa que las adelantaba al 24 de marzo, aprovechando su subida de popularidad en las encuestas tras su postura de firmeza respecto a Groenlandia frente a Donald Trump.

Antes de la crisis con la Casa Blanca, el apoyo a los socialdemócratas se había desplomado y los partidos políticos buscaban un relevo para la primera ministra. Ahora se prevé, sin embargo, que los socialdemócratas vuelvan a ser el partido más votado, y si Frederiksen consigue volver a liderar el Ejecutivo danés, se convertirá en la dirigente más duradera del país nórdico desde la Segunda Guerra Mundial.

Los últimos sondeos ofrecidos por la televisión pública DR prevén, en todo caso, un mal resultado para el partido de Frederiksen, que podría perder hasta 16 escaños en el Parlamento. Muchos votantes critican que el partido ha aplicado una política demasiado de derechas, como resultado de formar un gobierno de coalición con el partido Liberal y el Moderado. Los sondeos apuntan a que esta coalición de centroderecha ya no se podría repetir.

En cambio, las encuestas vaticinan que la formación que está en auge es la Izquierda Verde, tras haber conseguido en las últimas elecciones municipales de noviembre la alcaldía de Copenhague, un cargo que los socialdemócratas habían mantenido durante más de un siglo. En el bloque de los partidos conservadores, se esperan unos buenos resultados del ultraderechista Partido Popular Danés, que aspira a convertirse en la segunda fuerza conservadora en el Parlamento por detrás del partido Alianza Liberal.

Consciente de la pérdida de votos que están sufriendo por la izquierda, Frederiksen ha centrado la campaña electoral en el bienestar social, la lucha contra la desigualdad y el aumento del coste de la vida. En cambio, la crisis con Washington por Groenlandia o el rearme en defensa (con un gasto en torno al 3,5% del PIB) son temas que apenas han aparecido en campaña, ya que hay un consenso bastante amplio sobre estos temas entre las formaciones del arco parlamentario.

El giro hacia la izquierda de los socialdemócratas tampoco se ve en las políticas migratorias que proponen para la siguiente legislatura. Dinamarca, además de tener una de las leyes de asilo más restrictivas de Europa, ha propuesto deportar a los extranjeros condenados a un año o más de cárcel por delitos penales y tomar medidas para impedir la futura llegada de refugiados desde Irán.

Lucha contra la desigualdad

Las elecciones generales se celebran en un contexto en el que, a pesar de la inestabilidad geopolítica y económica global, el país nórdico sigue teniendo un estado del bienestar muy generoso, con unos buenos servicios públicos. Pero al mismo tiempo, el Gobierno ha aprobado recientemente subir la edad de jubilación a los 70 años, la edad más alta en la UE. A nivel económico las cosas van bien, con una cifra de paro casi inexistente y un crecimiento relativamente sólido, en torno al 2% anual entre los años 2025-2026, según su Banco Central. La deuda pública también está controlada, lo que ha permitido a Frederiksen financiar el rearme en defensa sin hacer recortes en los servicios y ayudas públicas.

La promesa de un impuesto a los más ricos pretende claramente volver a atraer a los votantes que los socialdemócratas han perdido

Rune Stubager — Politólogo en la Universidad de Aalborg.

Una de las promesas clave de los socialdemócratas en la campaña ha sido introducir un impuesto a los patrimonios más ricos como medida para luchar contra la creciente desigualdad. El impuesto servirá para financiar una ambiciosa reforma de la escuela pública que prevé reducir la tasa de alumnos por clase en los primeros cursos de la escuela primaria a 14 estudiantes. “Este programa pretende claramente volver a atraer a los votantes que los socialdemócratas han perdido”, dice Rune Stubager, politólogo en la Universidad de Aalborg.

El otro tema que ha centrado más atención durante la campaña ha sido la contaminación del agua potable como resultado de los pesticidas que usan las granjas de la industria porcina. Dinamarca, que tiene 5,9 millones de habitantes, produce al año alrededor de 28 millones de cerdos, casi cinco veces más que su población, de los cuales el 90% se destina a la exportación, lo que sitúa al país nórdico como el sexto mayor exportador de productos porcinos en el mundo.

“Hay un enorme debate sobre la cantidad de estiércol que se puede esparcir en los campos para evitar la contaminación de las aguas potables, porque si se limita tendrá repercusiones inmediatas en la cantidad de cerdos que se puedan producir, y por lo tanto, traerá consecuencias económicas”, explica Stubager. La mayoría de partidos defiende prohibir el uso de pesticidas en las zonas que sean más vulnerables a contaminar el agua, pero la extrema derecha se opone a ello, al igual que el partido liberal, que históricamente ha sido la formación más cercana a los agricultores.

Ligera ventaja para una mayoría de izquierdas

Los sondeos muestran que hasta 12 formaciones políticas podrían entrar a ocupar los 179 escaños del hemiciclo, lo que supone un récord histórico- Los socialdemócratas ganarían las elecciones con el 20% de los votos, seguidos de la Izquierda Verde, con el 12,6%, la Alianza Liberal, con el 11%, y el Partido Popular Danés, con el 9,5%.

Las encuestas tan solo dan una ligera mayoría a los partidos del bloque de izquierdas sobre las formaciones de derechas para formar una mayoría de gobierno después de las elecciones, por lo que se espera una noche electoral muy reñida. Aquí podrían ser clave para decantar la balanza hacia uno de los bloques los cuatro escaños de los parlamentarios del Atlántico Norte, dos de ellos elegidos por los votantes de las Islas Feroe, y los otros dos por Groenlandia.

“Esta situación ya ha sucedido en las últimas décadas, en las que la formación del Gobierno en Copenhague ha tenido que depender de esos votos, lo que hace que la situación sea aún más impredecible”, explica Peter Kurrild-Klitgaard, analista político e investigador en la Universidad de Copenhague.

Quien también tiene muchas posibilidades de poder decantar la balanza entre los dos bloques es el actual ministro de Exteriores y líder del partido Moderado, Lars Løkke Rasmussen, una figura que ha ganado mucha visibilidad ante los votantes y mucho peso dentro del Ejecutivo de Mette Frederiksen tras dirigir las negociaciones sobre Groenlandia con la Casa Blanca.

Rasmussen tiene una dilatada trayectoria política que le ha llevado a ser dos veces primer ministro al frente del Partido Liberal (2009-2011 y 2015-2019). Para el martes, las encuestas perciben que “se encuentra en una posición intermedia crucial. Ninguno de los dos bloques, ni a la izquierda ni a la derecha, puede lograr la mayoría sin él y su apoyo”, termina señalando Klitgaard. Según los pronósticos de DR, los 'moderados' quedarían en novena posición, con el 6,6 % de los votos.

El debate sobre la adhesión de Islandia y Noruega a la Unión Europea se ha vuelto a abrir. Los dos países nórdicos comparten hoy preocupaciones similares: la creciente incertidumbre geopolítica en el Atlántico Norte, la guerra en Ucrania, el desamparo de los Estados pequeños frente a los altibajos de la economía global y las dudas de que EEUU continúe siendo el principal aliado estratégico para garantizar la seguridad.

Ante esta situación de incertidumbre, ambos países están tomando un camino distinto en sus relaciones con Bruselas. El Gobierno de Reikiavik ha anunciado la celebración el próximo 29 de agosto de un referéndum para decidir si reanuda las negociaciones de adhesión al bloque europeo. Por el contrario, Oslo quiere mantener y ampliar la actual cooperación con la UE, pero su Gobierno rehúye abrir el debate sobre la adhesión.

En Bruselas hay buena voluntad para integrar a los dos países, ya que hoy ambos pertenecen al Espacio Económico Europeo (EEE) y al espacio Schengen, además de compartir programas de cooperación europea como el Erasmus. Al mismo tiempo, dada la riqueza tanto de Noruega como de Islandia, los dos países serían contribuyentes netos al presupuesto de la UE. Pero entremedio se interponen temas como la soberanía, la adopción del euro o el control de los caladeros de pesca, que hacen entrever que la expansión nórdica de la UE no está asegurada.

Empujados a la UE por la desconfianza de EEUU

El debate sobre una mayor integración de Islandia en la UE ha surgido de forma periódica. El país llegó a solicitar el ingreso en 2009 antes de que el proceso se congelara y se abandonara años más tarde. “Pero por primera vez ahora se está debatiendo la relación con la UE con el argumento de garantizar la seguridad”, dice el politólogo de la Universidad de Bifröst Eiríkur Bergmann.

Si se mira el mapa, Islandia comparte similitudes geopolíticas con Groenlandia, y eso ha infundido miedo en la nación insular. Islandia y Groenlandia se encuentran en el mismo corredor estratégico del Atlántico Noroeste (las dos islas están separadas por 300 kilómetros), una región que ha visto cómo aumentaba su importancia militar y comercial al ritmo que avanza el calentamiento global. 

Donald Trump nombró en enero a un nuevo embajador para Islandia que empezó con muy mal pie, en medio de la disputa entre la Casa Blanca y Dinamarca por Groenlandia. El diplomático estadounidense, Billy Long, bromeó delante de unos congresistas republicanos al decir que Islandia se convertiría en el 52º estado de EEUU y él sería el gobernador, unas palabras que no hicieron nada de gracia a los islandeses.

La última vez que Noruega votó sobre la pertenencia a la UE fue hace 30 años (la primera vez fue en 1972 y la segunda en 1994, y en ambas ganó el “no” a la adhesión)

Más allá de este episodio, la poca consideración que ha demostrado la Administración Trump por respetar los tratados internacionales ha hecho replantear en Reikiavik su acuerdo bilateral de defensa con EEUU. Hasta ahora, el mayor aliado de la isla había sido Washington, gracias a un pacto firmado en 1951 que representa el pilar básico de la defensa del país nórdico, ya que Islandia es el único miembro de la OTAN que no dispone de ejército. Pero para los islandeses, “la debacle que ha supuesto la disputa por Groenlandia ha hecho que mucha gente se pregunte cómo se puede confiar en EEUU cuando está intentando comprar a nuestro vecino más próximo”, asegura Bergmann.

En este contexto, el actual Gobierno islandés, formado por una coalición de centroizquierda favorable a la UE, está intentando acercarse a Bruselas. Según las encuestas, las probabilidades de que los ciudadanos voten a favor de reemprender las negociaciones del país nórdico son altas, ya que el 45% apoya la adhesión, mientras que el 35% se opone.

Que el país no sea todavía un miembro de pleno derecho del club europeo se debe a la política pesquera común. Una mayoría teme que la adhesión a la UE implique un daño irreversible para la pesca, su mayor sector económico. “Ningún Gobierno islandés volvería de Bruselas sin un acuerdo que permita mantener el control total de los caladeros porque sabría que el pacto no sería aprobado en un referéndum por la población”, apunta Bergmann. El politólogo apunta, por otro lado: “Islandia ya está integrada en un 80% en la UE, pero con el estatus actual no tenemos una silla en la mesa de negociación de Bruselas y esto hace que no se escuche nuestra voz en las decisiones europeas”.

Mantener la soberanía

En Noruega, en cambio, el debate sobre la adhesión a la UE sigue siendo un tema latente dentro del gobernante Partido Laborista, pero el primer ministro, Jonas Gahr Støre, ha reiterado que no está interesado en abrirlo. Sí ha señalado, en cambio, que prefiere fortalecer el acceso de Noruega al mercado único europeo, ya que los países de la UE son el mayor socio comercial del país, especialmente para las exportaciones de gas y petróleo.

Económicamente, a Noruega le ha ido muy bien hasta ahora estar fuera de la UE, puesto que ha mantenido el control total sobre sus recursos pesqueros, la agricultura, la moneda y la política energética: “Mantener la soberanía es el principal argumento de Noruega para estar fuera de la UE”, señala Øyvind Svendsen, director del Centro de Investigación en Europa del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales (NUPI). “Sin embargo, la población ve que tenemos un déficit democrático por no ser parte de la Unión, ya que en muchos ámbitos simplemente tenemos que aceptar las reglas que vienen de la UE sin tener una voz en Bruselas” dice.

La última vez que Noruega votó sobre la pertenencia a la UE fue hace 30 años (la primera vez fue en 1972 y la segunda en 1994, y en ambas ganó el “no” a la adhesión). Ahora surgen más voces en el país escandinavo que reclaman que es hora de dar una oportunidad a las generaciones de jóvenes de volver a votar sobre el asunto de la adhesión. En los últimos años, la opinión de los noruegos frente a la UE ha ido variando, sobre todo influenciada por la guerra en Ucrania, pero también por el aumento vertiginoso de los precios de la electricidad, un tema que aleja a los noruegos de la UE.

Las encuestas muestran que un 35% de los noruegos apoya una adhesión a la UE, un respaldo significativo, pero aún demasiado débil para un tema que polariza tanto a la sociedad. El analista Svendsen toma partido: “Cuando surgen dudas sobre la asociación con los EEUU, ¿cuál es la alternativa? Un país pequeño no puede estar solo en el mundo. Y si la asociación transatlántica se desmorona, nuestros amigos están en la UE”.

El Ejército danés envió el pasado mes de enero, en medio de la escalada de tensión por las ambiciones de Donald Trump por tomar Groenlandia, un contingente de tropas equipadas con explosivos y reservas de sangre para contener una posible invasión estadounidense de la isla ártica. 

Según informó el jueves la emisora pública danesa DR, Copenhague se preparó hasta las últimas consecuencias para una potencial confrontación militar con Estados Unidos, el país que ha sido el principal aliado militar de los nórdicos en el marco de la OTAN desde el finde la Segunda Guerra Mundial. 

Las fuentes militares, gubernamentales y de los servicios de inteligencia consultadas por DR han desvelado que las tropas danesas llevaban los suficientes explosivos para destruir las principales pistas de aterrizaje en la isla ártica, una situada cerca de la capital, Nuuk, y otra en una antigua base militar en Kangerlussuaq, con el objetivo de evitar la llegada de aeronaves norteamericanas. A los soldados daneses también se les proporcionaron suministros de sangre en caso de que hubiese heridos en combate y los cazas F-35 de las bases danesas fueron armados y preparados para entrar en acción. 

En la investigación periodística elaborada por DR también han hablado con fuentes de Francia y Alemania, que afirman que los dos países respaldaron a Dinamarca en su planteamiento de intentar elevar los costes para Trump por invadir el territorio autónomo danés. El episodio también revela hasta qué punto se tomaron en serio las amenazas del presidente de EEUU, no solamente en el país nórdico, sino también en el resto de países europeos, y pone de manifiesto cómo de deterioradas están las relaciones transatlánticas. 

La estrategia de Copenhague  

Según informaba la cadena pública danesa, poco después de la elección del segundo mandato de Trump como presidente, Dinamarca ya empezó a buscar apoyo político en reuniones confidenciales ante las crecientes demandas norteamericanas sobre Groenlandia. En concreto, DR especifica que contactaron con París y Berlín, además de las capitales nórdicas, para construir una alianza europea que protegiera al Reino de Dinamarca. 

La estrategia de Copenhague era intentar evitar una escalada con EEUU, pero a la vez no querían ceder a la codicia de Trump por hacerse con el territorio ártico, a pesar de la enorme superioridad militar entre los dos países. En otoño de 2025, el plan de Dinamarca y los aliados europeos era enviar soldados en Groenlandia durante 2026 para demostrar que el país nórdico se tomaba en serio la defensa de la isla. 

Quieren más soldados? Pueden tenerlos, ¿Quieren apoyo naval? También podrían tenerlo ¿Quieren más apoyo aéreo? También lo tendrán

Una fuente francesa a otra danesa, según DR

Según las informaciones de DR, en ese plan Francia destacó especialmente en su apoyo, estando dispuesta a enviar varios centenares de soldados al Ártico. DR ha transcrito una conversación entre una fuente secreta del Gobierno danés y un miembro del Ejecutivo francés en la que se demuestra que París no quería escatimar recursos militares en Groenlandia. “Quieren más soldados? Pueden tenerlos, ¿Quieren apoyo naval? También podrían tenerlo ¿Quieren más apoyo aéreo? También lo tendrán”, decía la fuente francesa. 

Pero el hecho que marcó un punto de inflexión fue la operación EEUU en Venezuela el 3 de enero, que acabó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Para Copenhague esta acción fue la demostración de que Trump estaba dispuesto a usar la fuerza, lo que hizo aumentar la preocupación de que las reiteradas amenazas sobre Groenlandia pudieran traducirse en acciones concretas. “Aquí es donde todo explotó” dijo un alto cargo de la inteligencia danesa a DR. 

Como resultado, soldados daneses junto a franceses, alemanes, noruegos y suecos fueron desplegados en Groenlandia como avanzada, seguidos por una fuerza principal danesa que incluía tropas de élite, sin que el ministerio de Defensa especificara el número de soldados concreto. A este contingente se le sumó un buque de la armada francesa mientras que aviones de combate daneses fueron enviados hacia el Atlántico Norte. Oficialmente, Dinamarca justificó el envío de tropas con el pretexto de llevar a cabo el Ejercicio militar 'Resistencia Ártica' en el marco de la OTAN. Pero fuentes militares han desvelado a DR que fue un despliegue militar real y no unas maniobras. El objetivo era contar con la mayor diversidad de nacionalidades posible para obligar a EEUU a emprender una acción hostil con un alto coste en caso de ocupar Groenlandia. “No nos habíamos encontrado en una situación similar desde abril de 1940”, declaró una fuente de defensa danesa a DR.

“El deseo de Trump continúa intacto” 

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que se enfrenta a unas elecciones generales el 24 de marzo, no ha querido comentar los detalles de las revelaciones publicadas por DR. Sin embargo, Frederiksen ha declarado en una cumbre de la UE en Bruselas: “Hemos atravesado la peor situación en política exterior desde la Segunda Guerra Mundial. La única razón por la que hoy nos encontramos en una mejor situación es gracias a la cooperación europea”.

La primera ministra también asegura que continúan las negociaciones de alto nivel con los estadounidenses para alcanzar un compromiso que respete las líneas rojas de Dinamarca y Groenlandia, respetando la soberanía: “Espero que se llegue a un acuerdo, pero como ya he dicho, el deseo de Trump de anexionarse Groenlandia sigue intacto”. 

El embajador de EEUU en Dinamarca, Kenneth Howery, ha respondido a las informaciones de DR señalando que “el presidente Trump ha sido claro acerca de la importancia de Groenlandia y del Ártico para la seguridad nacional de EEUU”. El diplomático ha señalado que Trump declaró “claramente que EEUU no utilizaran la fuerza militar contra Groenlandia” en un discurso en el marco del Fórum Económico Mundial en Davos (Suiza). 

A pesar de las palabras de alerta de la primera ministra danesa, hoy la crisis por Groenlandia ha quedado en un segundo plano tras varias semanas en enero en que las declaraciones agresivas de Trump sumieron a la OTAN en su crisis más profunda en años. Finalmente, el 21 de enero, Trump dio marcha atrás anunciando que había llegado a un acuerdo marco sobre Groenlandia con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, cuyos detalles no se han hecho públicos. 

En los primeros días de la campaña para las elecciones generales en Dinamarca, que se celebrarán el 24 de marzo, no se está hablando ni del aumento en el gasto en defensa, ni de la tensa relación entre el país escandinavo y EEUU. Tampoco sobre inmigración, ni del incremento del coste de vida. La líder de los socialdemócratas, Mette Frederiksen, quiere revalidar su puesto de primera ministra situando como tema central de la votación la reintroducción del impuesto sobre la fortuna de los más ricos, con el objetivo de reducir la desigualdad.

Frederiksen tenía hasta finales de octubre de este año para convocar los comicios, pero aprovechando su subida de popularidad en las encuestas a raíz de la crisis con Groenlandia, decidió por sorpresa adelantar las elecciones para finales de marzo.

Durante la legislatura, la líder socialdemócrata ha sido acusada de llevar a cabo unas políticas demasiado de derechas al frente de un gobierno de coalición con el partido liberal y los moderados. Las encuestas muestran que ahora es la izquierda verde la que amenaza la victoria de su partido: el Partido Popular Socialista está en alza después de arrebatar la alcaldía de Copenhague a los socialdemócratas en las elecciones locales de noviembre.

Frente al auge de las formaciones de izquierda que muestran los sondeos, Frederiksen ha dado un golpe de efecto en la campaña al anunciar que si su partido gana pretende imponer un impuesto del 5% a las fortunas superiores a 25 millones de coronas danesas (2,3 millones de euros). Esta propuesta no genera consenso ni entre sus actuales socios de coalición ni entre los partidos del bloque conservador, y además ha hecho enfadar de forma pública y muy elocuente al empresariado danés, con varios de los empresarios más ricos amenazando con trasladarse a vivir fuera del país.

Impuesto para financiar la reforma escolar

Desde la tribuna del parlamento, Frederiksen justificó la necesidad de volver a reintroducir este impuesto, que ya fue abolido en el país nórdico en 1997, argumentando que “cuando el 1% más rico de la población posee aproximadamente una cuarta parte de la riqueza total de los daneses, la situación se ha vuelto demasiado desigual”.

La líder socialista hacía referencia en este discurso a un informe publicado por el think tank progresista Consejo Empresarial del Movimiento Obrero (AE, por las siglas en danés), que señala que la fortuna del 1% de los daneses más ricos ha aumentado un 31% entre los años 2020 y 2024 mientras que la media de la riqueza del resto de la población solamente aumentó un 3,3%. El informe del AE también indica que de media el 1% de los daneses más ricos tiene un patrimonio de 58 millones de coronas (7,7 millones de euros), en comparación al patrimonio medio de los daneses, que es de 930.000 coronas (124.000 euros).

En una entrevista para el periódico económico Børsen, Frederiksen ha detallado que el nuevo impuesto afectaría a 22.000 personas, que pagarían un promedio de 300.000 coronas al año (40.000 euros), mientras que el Estado recaudaría unos 6.000 millones de coronas (803 millones de euros).

Los socialdemócratas han dicho que estos ingresos irán destinados a financiar la reforma en las escuelas, su otra propuesta estrella para ganar las elecciones. La primera ministra ha prometido reducir el número de alumnos a 14 estudiantes por clase en los primeros años de la educación primaria en los centros públicos, una medida que ha sido tildada de muy ambiciosa por los expertos, ya que implica un aumento significativo del presupuesto estatal en educación.

Miedo a la huida de las grandes fortunas

Como era de esperar para los socialdemócratas, el regreso del impuesto sobre las fortunas en Dinamarca ha hecho enfadar a los grandes empresarios, que se han manifestado con inusuales declaraciones en los medios de comunicación. Por otro lado, según una encuesta realizada en febrero por Oxfam Dinamarca, casi la mitad de los votantes ven el impuesto como una buena solución para atajar la desigualdad.

Una de las figuras que se ha mostrado públicamente más contraria al impuesto a los ricos es el director general de la empresa Vestas, líder mundial en la construcción de aerogeneradores, que representa un auténtico motor económico para el país nórdico. En una entrevista para el periódico Berlingske, el directivo Henrik Andersen amenazó con marcharse del país e incluso deslocalizar parte de su empresa: “Si se hace realidad, dedicaré parte de mi tiempo en averiguar dónde voy a vivir, no lo puedo decir más claramente”.

También ha entrado de lleno en la campaña Robert Maersk Uggla, director general y miembro de la familia empresarial más poderosa en Dinamarca, propietaria de A.P. Moller‑Maersk, una de las mayores navieras del mundo. Uggla señaló que el impuesto “sería perjudicial para Dinamarca” y, entre otras razones, aseguró que su empresa tendría aún más dificultades para reclutar y retener a sus altos directivos, dado que Dinamarca ya tiene una de las cargas fiscales más altas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con unos impuestos equivalentes al 45,2% respecto al PIB, según la organización.

Uno de los ejemplos que más han citado alarmados estos días los empresarios es el caso de Noruega, donde el impuesto sobre el patrimonio también fue uno de los temas decisivos que hizo renovar el poder al partido Laborista. Allí, en 2022, el Gobierno aprobó un aumento del impuesto al 1% a partir de los 145.000 euros y del 1,1% por encima de los 1,76 millones de euros. Este incremento provocó que el hombre más rico de Noruega, el magnate industrial Kjell Inge Røkke, anunciara por sorpresa que se trasladaba a vivir a la ciudad suiza de Lugano para evitar pagar el incremento.

Desde entonces, los noruegos han visto un torrente de grandes fortunas salir del país para establecerse mayoritariamente en Suiza. Según la lista que formula cada año la revista Kapital, 105 de las 400 mayores fortunas se han trasladado a vivir en el extranjero entre 2022 y 2024, lo que desde los partidos de la izquierda se ha considerado como una auténtica “vergüenza”. Para remediarlo, la salida de Noruega también se ha vuelto costosa para los grandes patrimonios, ya que actualmente se aplica un impuesto del 37,8% sobre las ganancias de capital superiores a tres millones de coronas noruegas (253.000 euros).

Suecia ya no es el país generoso, abierto y solidario de 2015, cuando recibió a 163.000 personas solicitantes de asilo, la mayoría procedentes de Siria. Ese año, dentro de la Unión Europea, solo Alemania acogió a un número mayor de refugiados. Esta política de puertas abiertas quedó definitivamente enterrada desde que el actual Gobierno conservador llegó al poder en 2022 con el apoyo parlamentario de la ultraderecha.

En los últimos cuatro años, el Ejecutivo encabezado por Ulf Kristersson ha impulsado una serie de medidas orientadas a convertir al país en un entorno abiertamente hostil para quienes llegan en busca de protección. El Gobierno ha calificado este giro como un “cambio de paradigma” en materia migratoria y lo justifica por lo que considera un “fracaso de las políticas de integración” aplicadas durante décadas en el país escandinavo.

Para incentivar el retorno de refugiados a sus países de origen, este año ha entrado en vigor una de las medidas más significativas que el Gobierno conservador prometió aprobar cuando entró en el poder, la denominada “subvención para la repatriación”. Antes de 2026, el Ejecutivo ofrecía 10.000 coronas suecas (900 euros) como apoyo económico a los refugiados que decidían dejar voluntariamente de vivir en Suecia. Desde enero, esta cifra de dinero ha aumentado hasta 350.000 coronas (35.000 euros) a cambio de que estas personas renuncien a su permiso de residencia en la nación nórdica y decidan volver a su país de origen o ir a otro país donde tengan derecho a establecerse.

El Gobierno sostiene que la idea de dar dinero da una nueva oportunidad en sus países de origen a las personas que, afirma, se sientan excluidas a pesar de llevar ya tiempo viviendo en el país. “No nos dirigimos a las personas que han aprendido el idioma y se han integrado en la sociedad, sino a aquellos que anhelan volver a casa y no quieren integrarse”, dijo anteriormente el ministro de Inmigración, Johan Forssell.

Sin embargo, los expertos creen que es poco probable que la medida resulte efectiva, pese al aumento drástico de la ayuda. La Cruz Roja Sueca la rechazó, refutando que fuera adecuada para el objetivo de combatir la exclusión.

No funciona como el Gobierno tenía previsto

La medida ha tenido un efecto inmediato ya desde enero. Ese mes, según datos de la Agencia de Inmigración, 272 personas solicitaron recibir la ayuda. Durante todo el año pasado solo se recibieron 109 peticiones y finalmente solo se otorgó en un caso, que cumplió con los requisitos. Entre los solicitantes, la mayoría son personas llegadas desde Siria que huyeron hace una década, y entre ellos hay medio centenar que son menores de edad.

El Gobierno decidió seguir adelante con la medida a pesar de que el propio grupo de expertos que lo asesora, antes de aprobar la ley, desaconsejó hacerlo, argumentando que el incentivo para la repatriación sería una medida inefectiva y dificultaría a la integración de otros inmigrantes en la sociedad sueca.

La retórica sobre los refugiados ha cambiado en pocos años, con el añadido de que el partido de los socialdemócratas también apoya el endurecimiento de las leyes

Henrik Emilsson — Experto en migración de la Universidad de Malmö

De hecho, según la agencia de migración sueca, a pesar de la oleada de peticiones, la idea planteada por el Gobierno no acaba de salir bien. Las autoridades han rechazado dar la ayuda a 82 personas y solamente se ha aprobado una solicitud, mientras que el resto sigue pendiente de resolución. Henrik Emilsson, experto en migración de la Universidad de Malmö, dice a elDiario.es que esto es la prueba de que la medida es inefectiva, ya que “las personas a las que el Gobierno sueco quiere animar a regresar a su país no solicitan la ayuda, pero, en cambio, lo hacen otras que no cumplen con los requisitos”. “La mayoría de los inmigrantes considera que el permiso de residencia vale más que 35.000 euros”, asegura.

La agencia migratoria concluyó que el dinero no es un factor decisivo para fomentar las repatriaciones de refugiados, sino que hay razones emocionales como la seguridad, la pertenencia o la reunificación familiar mucho más importantes que los incentivos económicos. “La gente necesita sentir que hay algo a lo que volver y que recibe apoyo en su país de origen”, dijo Leila Pacula Nielsen, experta de la agencia.

“El retorno es un derecho humano y debe realizarse por iniciativa libre e informada del individuo. Ningún incentivo económico debe crear una sensación de coacción o socavar la libertad que es fundamental en nuestra visión de los derechos humanos. Esto corre el riesgo de tener el efecto contrario”, argumentó en la misma línea la Cruz Roja Sueca. “Basándonos en nuestra experiencia en el apoyo a personas que están considerando la repatriación, podemos afirmar que los incentivos económicos no son el factor decisivo”, señaló la entidad, que destacó el riesgo que pueden suponer este tipo de propuestas en un momento de “polarización creciente, en la que el racismo y la xenofobia se han normalizado cada vez más en el debate público”.

El Gobierno conservador se enfrenta, además, a una serie de municipios que se niegan a aplicar la medida, entre ellos las tres ciudades más pobladas del país, Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, que han comunicado al Gobierno central que no colaborarán para llevarla a cabo, en una reacción que se convirtió viral en las redes sociales en otoño.

“Un impacto muy grave en la vida de las personas”

Hace un año, el Ejecutivo sueco sacó pecho de que por primera vez en medio siglo el país había tenido más emigrantes que inmigrantes, y lo utilizó para señalar que sus políticas estaban dando resultados. “Es consecuencia de unas políticas que en algunos casos son simbólicas, pero, en otros, tienen un impacto muy grave en la vida de las personas”, dice el experto Henrik Emilsson.

Organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil como Amnistía Internacional en Suecia y Civil Rights Defenders han expresado graves preocupaciones ante el endurecimiento de las leyes migratorias en Suecia, al considerar que pueden vulnerar los derechos humanos y propiciar la estigmatización de las personas migrantes.

A pocos meses de las elecciones generales, los medios de comunicación suecos se hacen eco de cada vez más casos de adolescentes de familias de refugiados que al cumplir los 18 años reciben una carta de la administración anunciando que deben abandonar el país y volver a su lugar de origen, a pesar de haber sido escolarizados en Suecia, hablar el idioma, tener trabajo y llevar años viviendo allí. Esto ocurre porque, desde 2023, el Gobierno cambió las normas para obtener el permiso de residencia para los solicitantes de asilo, y ahora la administración considera que, al cumplir los 18 años, se es ya un adulto independiente y ya no se puede obtener automáticamente los papeles basados en el estatus de refugiado de los padres.

“La retórica sobre los refugiados ha cambiado en pocos años, con el añadido de que el partido de los socialdemócratas también apoya el endurecimiento de las leyes”, dice Emilsson. El experto augura que la inmigración volverá a ser un tema central en las elecciones y que los socialdemócratas, que actualmente son el partido con más representación en el Parlamento, dirán a sus votantes que pueden “ser tan o más duros con los inmigrantes que los partidos de centroderecha o los populistas”.

El experto también señala que hoy es casi imposible obtener asilo por razones humanitarias en Suecia, lo que ha generado un cambio enorme. “Antes los refugiados solían llegar desde Alemania o Dinamarca en tren, ahora simplemente se quedan en Alemania porque no quieren arriesgarse a hacer un esfuerzo extra para llegar hasta aquí”, concluye.

La posibilidad de prohibir el velo integral dormitaba en España desde que el Tribunal Supremo determinó en 2013 que para imponerla hacía falta una ley, pues afecta al derecho a la libertad religiosa. La escasa presencia del burka o el niqab en las calles —no constan cifras oficiales y las menciones que ocasionalmente han saltado a la prensa oscilan entre apenas una docena y 500, sin precisar fuentes–. El anuncio de Junts de que no avalará la propuesta de Vox a la que se ha sumado el PP enterrará previsiblemente la cuestión hasta el final de la legislatura. Pero la cuestión ha tenido mayor recorrido en los países europeos. A continuación, un repaso a la situación en la UE.

Francia: el argumento de la laicidad

Las cuestiones relacionadas con el velo y, de manera general, con cualquier prenda asociada al islam, forman parte del debate público en el país galo desde hace más de 30 años. En octubre de 1989, la expulsión de tres alumnas de secundaria en la localidad de Creil por negarse a quitarse el velo en clase suscitó la primera gran secuencia de debates intelectuales, mediáticos y políticos.

Pero la cuestión alcanzó una dimensión diferente a partir de 2002, año en el que la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen alcanzó por primera vez la segunda vuelta de las elecciones. En 2004 se aprobó una primera ley que prohibió en los colegios “el uso de símbolos o prendas con los que los alumnos manifiesten ostensiblemente su pertenencia religiosa”.

En 2010, ya con Nicolas Sarkozy en el poder, la Asamblea Nacional aprobó otra ley –la primera en Europa– que proscribió el velo integral, avalada después por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aun reconociendo que podía tener efectos negativos para algunas mujeres.

Aunque Francia es el país europeo que más ha legislado sobre la cuestión, los políticos no dejan de encontrar formas de reintroducir el debate sobre la necesidad de nuevas normas. Casi siempre justificadas por sus impulsores en la defensa de la laicidad y de los derechos de las mujeres. Así, solo en los últimos años, ha habido propuestas para prohibir el velo entre las deportistas en los Juegos Olímpicos, los bañadores llamados burkini en las playas y piscinas o para impedir que el personal de acompañamiento escolar pueda llevar velo en horas de trabajo.

Hace un año, el ex primer ministro Gabriel Attal propuso la prohibición del velo en el espacio público para todas las chicas menores de 15 años. “Cuando yo propuse la prohibición del velo, Gabriel Attal se ensañó conmigo a base de insultos. Hoy, retoma mi propuesta”, criticó entonces Marine Le Pen, quien aboga por la prohibición general del velo para todas las edades.

Durante su etapa como ministro de Educación, Attal —que aspira a suceder a Emmanuel Macron como candidato a la presidencia de centroderecha— ya había prohibido, por vía reglamentaria, la abaya (una prenda tradicional en países de Oriente Medio que cubre todo el cuerpo) en las escuelas francesas.

Hace solo unos meses, los líderes del partido conservador Los Republicanos, que en la última década no ha dejado de perder terreno frente a la extrema derecha lepenista, impulsaron en el Parlamento varias medidas para prohibir el velo y el ayuno del mes sagrado musulmán de Ramadán entre los menores de edad. Medidas que, según reconocieron sus propios impulsores, serían probablemente inviables “en el estado actual del derecho” en Francia.

En todo caso, esta ofensiva parlamentaria dirigida específicamente a la comunidad musulmana fue denunciada por responsables religiosos y diferentes asociaciones ciudadanas que expresaron en una carta abierta al presidente del Senado su “hartazgo” ante la “estigmatización” de los franceses de confesión musulmana. “Una secuencia que se ha vuelto tristemente familiar para ellos: la de una instrumentalización política sistemática de su práctica religiosa”, denunciaron.

La obsesión de una parte de la clase política francesa también ha sido denunciada en múltiples ocasiones por Amnistía Internacional, que considera que “tanto la obligación como la prohibición de llevar símbolos religiosos o culturales violan los derechos de libertad de expresión, de pensamiento, de religión y de conciencia de las mujeres”.

En una nota publicada en 2024, cuando la entonces ministra de Deportes prohibió el velo entre las deportistas francesas, Amnistía Internacional denunciaba la “proliferación de leyes y medidas destinadas a prohibir a las mujeres determinadas prendas consideradas religiosas”; medidas que se inscriben “en un contexto de aumento del discurso de odio, que estigmatiza a las personas musulmanas y, en particular, a las mujeres y niñas que llevan velo”.

La organización señala además una de las consecuencias de estas medidas: “Desde hace varios años, las autoridades francesas no han dejado de multiplicar las leyes y normativas incriminatorias relativas a la vestimenta de las niñas y mujeres musulmanas. Estas medidas, alimentadas por estereotipos, refuerzan y exacerban la discriminación por motivos de género hacia las niñas y mujeres musulmanas”, que se ven expuestas a una triple forma de discriminación por razón de sexo, por su origen étnico y su religión.

Bélgica siguió el ejemplo francés en lo que respecta al uso del velo integral y así, en nombre de la “convivencia” y la seguridad pública, la ley belga prohíbe desde 2011 “el uso de prendas que impidan la identificación de una persona en el espacio público”, como el burka o el niqab. Y en el caso de la región flamenca, también está prohibido el uso de signos religiosos ostentosos en los centros escolares desde 2009, aunque las normas no son tan estrictas en la Bélgica francófona, donde cada centro puede decidir su propio reglamento.

En Países Bajos no hay a quien multar

Está prohibido llevar burka o niqab en escuelas, trasporte público, hospitales y edificios de la Administración neerlandesa. La ley veta las prendas que cubren el rostro y no permiten la identificación de la persona, por lo que se puede aplicar asimismo a pasamontañas o cascos de moto. El ultraderechista Geert Wilders impulsó la norma, que fue apadrinada por la coalición de socialdemócratas y liberales-conservadores liderada por Mark Rutte, actual secretario general de la OTAN. Una amplísima mayoría parlamentaria (132 votos a favor y 18 en contra) apoyó la ley en 2018.

Desde su entrada en vigor, sin embargo, no hay constancia de que ninguna mujer con velo integral haya recibido una multa, pues esta prenda es muy minoritaria. En un país con más de un millón de personas que dicen profesar el islam, se estima que tan solo entre 100 y 400 mujeres llevan niqab o burka.

En un estudio de 2024 encargado por el Ministerio del Interior sobre el impacto de la ley, los autores advierten que la escasez de infracciones dificulta evaluar la aplicación de la norma. En el informe, sin embargo, abundan los testimonios de mujeres que aseguran sufrir discriminación y agresiones verbales y físicas desde su aprobación.

La queja más repetida es que la ley y el debate que la precedió han dado legitimación para confrontarlas, también en espacios donde la prohibición no se aplica, como en la calle o los comercios. Una mujer de 32 años que lleva niqab dice: “Mucha gente no sabe cómo funciona la ley, así que te abordan sin más, también en el supermercado. Temo el momento que alguien me tire al suelo y haga un arresto ciudadano”. Las mujeres afirman haber sido rechazadas en centros de salud y transporte público.

Como consecuencia de la prohibición y el aumento de la hostilidad, el informe apunta también a una mayor adaptación: algunas mujeres dicen haber cambiado su atuendo en algunos espacios o, incluso, haber renunciado al velo integral. El año pasado, el Parlamento holandés aprobó una proposición para ampliar la prohibición a todo el espacio público, algo que el nuevo Gobierno deberá tomar en consideración.

En palabras de Dilan Yeşilgöz, líder de los conservadores-liberales de VVD: “No es propio de nuestro país que las mujeres se tengan que esconder detrás de un burka. Cada mujer debe ser libre para sentir el sol sobre su piel”.

Dinamarca y el “control social”

El país nórdico prohibió por ley el uso del burka y el niqab en los espacios públicos en el 2018 y, desde entonces, el tema había quedado apartado del debate político hasta finales del año pasado, cuando el Gobierno de coalición entre socialdemócratas, liberales y moderados anunció su intención de extender la prohibición a los centros educativos, como escuelas o universidades.

La propuesta se presentará en el Parlamento durante el mes de febrero, pero como ya pasó en el año 2018, ha levantado las críticas de los partidos del bloque de izquierdas, mientras que las organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional en Dinamarca han afirmado que “la medida vulnera el derecho de las mujeres a vestirse como quieran y a llevar ropa que exprese su identidad y sus creencias”.

La primera ministra, Mette Frederiksen, también anunció que el Ejecutivo tiene la intención de eliminar las salas de oración de los centros educativos como universidades, ya que considera que ambas cosas “son herramientas de control social y de opresión que deberían quedar alejadas de los estudiantes”.

El texto actualmente en vigor no prohíbe específicamente cubrirse el rostro por razones religiosas o culturales, puesto que también se menciona la prohibición de taparse la cara con cascos de moto, barbas postizas, máscaras y otras formas de ocultar el rostro, pero, en la práctica, la medida impide el uso de estas prendas islámicas.

Su uso puede ser penalizado con multas de entre 134 euros y 1.343 euros, en casos de reincidencia, y la policía puede obligar a las personas que vistan las prendas a abandonar el espacio público. Los partidos políticos que apoyaron la medida han defendido que la ley ayudaría a garantizar una mejor integración de las personas solicitantes de asilo y de las mujeres migrantes en la sociedad danesa.

Por el contrario, los detractores de la medida denuncian que es desproporcionada respecto al número de mujeres que llevan esta prenda en el país e induce a una mayor marginación de esas mujeres. Según un estudio de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca hay entre 150 y 200 mujeres musulmanas que utilizan diariamente prendas que cubren su cara por completo, mientras que el total de la población musulmana representa un 5% de los 5,9 millones de habitantes.

“Las mujeres musulmanas son una minoría dentro de la población y luego está una minoría de mujeres que utilizan la prenda; hablamos de una ley que va dirigida a una minoría dentro de una minoría”, razona la socióloga Margit Warburg para elDiario.es. La investigadora señala que en el año 2025 la policía investigó a 20 mujeres que llevaban burka o niqab y multó a 10 de ellas. Con estas cifras tan bajas, Warburg afirma que es difícil medir la efectividad de la prohibición, ya que “no está claro si las mujeres han dejado de usar el velo o, simplemente, dejaron de salir tanto en público”.

Exotismo portugués y miedo al “separatismo islámico” en Italia

Una norma similar a la planteada por Vox está ahora pendiente de tramitación parlamentaria en la Asamblea portuguesa a instancias de los ultras de Chega. Con un 0,5% de musulmanes entre la población, su efectividad está por ver. El imán de la Mezquita Central de Lisboa, David Munir, declaró a la Agencia EFE en octubre que “exagerando mucho” habrá en torno a 100 mujeres que lleven velo integral.

En un reportaje sobre los recelos de la población musulmana respecto a la norma, una mujer de origen mozambiqueño señalaba que el velo es tan poco habitual que a ella, que sí lo lleva, la toman por turista “muchas veces”.

A diferencia de otros países, Italia no se escuda en cuestiones de seguridad, laicidad o garantía de la neutralidad administrativa. Los ultras de Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, han llevado al Parlamento una batería de medidas contra el “fundamentalismo y el separatismo islámico” que, además de la prohibición del velo integral en espacios públicos, busca controlar las fuentes de financiación de las mezquitas o castigar más duramente los matrimonios forzados.

Austria y los trucos para sortear el veto

Una coalición de socialdemócratas y conservadores prohibió el velo integral en el espacio público en 2017, una medida que se interpretó como una respuesta al auge creciente de la extrema derecha. La norma –que vetó las prendas que cubriesen toda la cabeza, sin referirse expresamente a su carácter religioso– dio pie a situaciones absurdas, como la multa que recibió un hombre anuncio disfrazado de tiburón.

La efectividad de la ley también quedaba en cuestión al año de aprobarse. Un reportaje de la emisora alemana Deutsche Welle señalaba entonces que la prohibición era fácil de sortear valiéndose, por ejemplo, de “una mascarilla sanitaria y un justificante médico”. Mientras tanto cundía la sensación, entre algunas musulmanas, de que llevar cualquier velo se había “vuelto más difícil”.

El veto de 2017 no puso fin al debate. Está previsto que el próximo curso escolar entre en vigor la prohibición de que las menores de 14 años lo lleven en los colegios, tras aprobarlo a finales de año la Cámara Baja parlamentaria por amplia mayoría.

Los otros dos países de la UE que restringen el velo integral son Alemania y Bulgaria. El país teutón no prohíbe absolutamente el velo integral, pero si lo restringe para los miembros de la judicatura, funcionarios y militares. Algunos de sus estados también lo vetan en los colegios.

En Bulgaria está prohibido desde 2016.

Los noruegos están siguiendo la publicación de los documentos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein con estupor y vergüenza. En los archivos del difunto magnate aparecen nombres de las élites políticas y económicas de muchos países, especialmente de Reino Unido y Estados Unidos, pero en el pequeño país nórdico (5,5 millones de habitantes) está llamando la atención y generando una especial inquietud la cantidad de noruegos influyentes que aparecen mencionados.

Los vínculos entre la princesa heredera Mette-Marit y Epstein ya eran conocidos de antes, pero los últimos documentos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelan el intercambio de más de 100 correos electrónicos y una relación mucho más cercana y de confianza de lo que se creía al principio.

Las últimas revelaciones deterioran aún más la imagen de la familia real noruega, que no atraviesa su mejor momento. Este martes, Mette-Marit ha visto comparecer en un juzgado a su primogénito Marius Borg Høiby (29 años) acusado de 38 cargos, entre ellos el de violación y delitos relacionados con drogas. Casi la mitad de los noruegos (47%) considera hoy que Mette-Marit no debería convertirse en la futura reina del país, según una encuesta publicada esta semana por TV2. En una crítica muy poco usual hacia un miembro de la familia real, el primer ministro Jonas Gahr Støre ha hablado de la “falta de criterio” de la princesa.

La sombra de Epstein también persigue a otros miembros de la élite noruega, expolíticos y diplomáticos de renombre de las principales instituciones del país, como un ex primer ministro laborista que más tarde dirigió el Comité Nobel y el presidente del Foro Económico Mundial que cada año organiza su encuentro en Davos (Suiza).

En un país como Noruega, que anteriormente ha visto dimitir a ministros y altos cargos políticos por asuntos mucho menores, la revelación de que personas centrales en el funcionamiento del país recibieron aparentemente por parte de Epstein favores como viajes, vacaciones y ayuda económica, o mantuvieron una relación cercana con él “socava la confianza de la sociedad noruega hasta sus cimientos” ha dicho el líder del Partido Verde Arild Hermstad, mientras que el Parlamento ya ha iniciado una comisión de investigación sobre el asunto.

Políticos destacados

Uno de los políticos noruegos que sale peor parado en los archivos de Epstein ha ocupado los cargos públicos más destacados del país nórdico. En su dilatada carrera política, Thorbjørn Jagland ha sido secretario general del Partido Laborista y primer ministro en el año 1997. También ocupó la cartera de Asuntos Exteriores y el puesto de presidente del Parlamento, además del de secretario general del Consejo de Europa mientras dirigía el Comité Nobel. El ex primer ministro laborista se reunió varias veces con el multimillonario estadounidense y pasó vacaciones junto a su familia en la residencia de Epstein en Palm Beach (Florida), entre los años 2014 y 2017, cuando era el encargado de otorgar el Nobel de la Paz.

Los papeles de Epstein también han arrojado a la luz pública que, en 2014, el político noruego pidió ayuda financiera a Epstein para comprar una casa en Oslo, aunque posteriormente Jagland ha defendido que pagó la casa con un préstamo bancario normal. En varios correos electrónicos entre Epstein y Jagland se lee que planeaban una visita a la isla del Caribe donde se cometieron los crímenes sexuales de Epstein, aunque al final el noruego nunca la pisó. En otros mensajes hablaban de encuentros con “chicas”. “No puedo continuar solamente con mujeres jóvenes, como ya sabes”, le dijo Jagland a Epstein en 2013 en un mensaje, cuyo contexto se desconoce, sobre un viaje del político noruego con su familia. “No sabemos si Jagland ha hecho algo delictivo, pero tampoco se trata de eso. Se trata de otra frontera, la de la confianza, que es invisible, pero crucial”, dijo la analista política Cecillie Langum Becker dijo en la cadena pública NRK.

Hay demasiadas conexiones con Noruega como para pasarlas por alto

Sigurd Falkenberg Mikkelsen — analista y editor de la cadena NRK

Quien sí ha reconocido anteriormente una relación financiera personal con Epstein es otra figura política destacada, Terje Rød-Larsen, exministro y diplomático. El político laborista es considerado el arquitecto del Acuerdo de paz de Oslo de 1993 entre israelíes y palestinos, por lo que hasta ahora ha gozado de una gran reputación. Los medios noruegos han informado de que Epstein dejó 10 millones de dólares en su testamento, redactado dos días antes de su muerte, a los hijos del matrimonio de Rød-Larsen y Mona Juul, quien también fue exministra de Asuntos Exteriores. Ante tal revelación, la unidad de lucha contra el fraude económico de la Policía noruega ha dicho que contempla iniciar una investigación contra el matrimonio, mientras que Juul ya ha sido relegada de su cargo actual como embajadora noruega en Jordania e Irak.

“Un caso mucho más que vergonzoso”

Otra figura mencionada es el presidente del Foro Económico Mundial, Børge Brende, que también fue ministro. Recientemente, Brende entrevistó en un tono jocoso al presidente Donald Trump sobre el escenario del último encuentro del Foro de Davos.

Los expedientes muestran que Brende se reunió con Epstein en casa de este último en cenas en al menos tres ocasiones entre marzo y septiembre del 2018. Tras una de ellas, intercambiaron mensajes bromeando con que el Foro de Davos debería sustituir a la Organización de las Naciones Unidas. Más tarde, en junio de 2019, Epstein y Brende se volvieron a encontrar en Ginebra. Fue aquí cuando Epstein envió la foto de una mujer, a la cual Brende respondió: “Tenía razón, ¿no? Un placer enorme”. Los intercambios de mensajes entre el noruego y el multimillonario norteamericano terminaron en junio del 2019, unos días antes del arresto de Epstein.

Ante estas revelaciones, los medios de comunicación del país nórdico aseguran tener muchas más preguntas que respuestas sobre los vínculos de la élite política con el delincuente sexual Epstein, aunque los medios también recalcan que no todas las conexiones con el magnate constituyen un delito. “Aun así, hay demasiadas conexiones con Noruega como para pasarlas por alto”, dice el analista y editor de la cadena NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

“Durante la última generación, Noruega ha pasado de ser una nación moderadamente próspera y pequeña en la periferia de Europa a gestionar enormes sumas de dinero y a tener un papel internacional desproporcionadamente grande”, dice Mikkelsen. “¿Tenemos una élite flotando en una nube donde no les afecta la culpa o el castigo? ¿O se trata de unos noruegos inocentes e ingenuos que se han visto lanzados al juego del poder internacional? Lo cierto es que este caso es mucho más que vergonzoso”, concluye.

En el centro penitenciario de Rosenberg (Suecia) están construyendo una nueva unidad de aislamiento para presos. Las celdas tienen ocho metros cuadrados, una cama, un escritorio y un váter de acero inoxidable. La única diferencia de esta celda es que dentro de unos meses acogerá entre sus rejas a menores a partir de los 13 años.

Este centro penitenciario es una de las siete cárceles del país nórdico que a partir del 1 de julio se harán cargo de los prisioneros menores de edad que hayan cometido un delito grave, como asesinato, atentado con explosivos o violación agravada. Hasta ahora, los casos de menores de entre 15 y 17 años condenados por este tipo de delitos eran tratados por los servicios sociales en centros de atención para menores. Sin embargo, el Gobierno de Suecia, formado por una coalición de partidos conservadores con el apoyo de la ultraderecha, está decidido a implementar medidas más severas para luchar contra la ola de violencia del crimen organizado, que cada vez involucra a delincuentes más jóvenes.

El ministro de Justicia conservador, Gunnar Strömmer, ha anunciado que el Gobierno aprobará la rebaja de la edad penal para los delitos graves, que hasta ahora era de 15 años, a los 13 años. La decisión es muy polémica y ha sido criticada tanto por organizaciones defensoras de la infancia como por el mismo Servicio Penitenciario, el cuerpo de Policía y la Fiscalía sueca, que han expresado el temor de que la ley pueda ser contraproducente. Pero a pesar de las críticas tan duras y unánimes, el Gobierno no está dispuesto a alterar la propuesta, que por otro lado cuenta con un amplio consenso en el Parlamento con el apoyo de los socialdemócratas desde la oposición.

El ministro Strömmer afirmó que “era muy consciente” de las críticas, pero, aun así, el Gobierno “ha llegado a la conclusión de que los riesgos son mayores si continuamos en la misma situación que hasta ahora” dijo. A pesar de que en el último año la violencia provocada por las pandillas ha ido en declive, durante 2025 los tribunales suecos juzgaron 158 casos penales relacionados con las pandillas, en los cuales estaban involucrados 88 niños menores de 15 años, incluidos 25 casos de sospechosos de asesinatos. Frente a estas cifras, la medida de reducir la edad penal hasta los 13 años “trata de proteger a la sociedad”, defendió el ministro Strömmer. Anteriormente, el ministro había asegurado que el sistema judicial para los delincuentes jóvenes era insuficiente: “Como resultado tenemos unos costes humanos enormes”.

Con la rebaja de la edad penal a los 13 años, el Gobierno contempla que los jóvenes de esta edad podrían ser condenados a estar entre rejas entre uno y tres años, mientras que los menores de 14 podrán cumplir hasta 4 años de prisión. Desde el Ejecutivo sueco también hay la voluntad de revisar los criterios para reducir las penas en menores de 15 a 17 años que hayan cometido delitos graves y eliminarlas por completo para los jóvenes de 18 a 20 años.

Críticas

Los cuerpos de policía del país nórdico avisan de que cada vez se encuentran con más casos de menores de 15 años sospechosos de estar involucrados en delitos de asesinato, así como de tráfico de drogas, posesión de armas o secuestros violentos. Esta tendencia se ha vuelto más evidente con el tiempo, ya que, según los informes policiales, los jóvenes se ven atraídos por el dinero del crimen organizado y también por un sentimiento de pertenencia, algo que muchos de estos niños no tienen y que anhelan poseer. En este contexto, el endurecimiento de las leyes y el refuerzo de los cuerpos policiales, así como las medidas para prevenir el crimen entre los jóvenes y luchar contra la violencia de las bandas se han convertido en una prioridad para el Gobierno conservador desde que entró en el Ejecutivo en el año 2022.

Si bien los cuerpos policiales hasta ahora han aplaudido las medidas del Gobierno, en el caso de la reducción de la edad penal ha habido varias figuras que advierten del riesgo de que las bandas pasen a tener el objetivo de reclutar a niños aún más pequeños. El gobernador del condado policial de Halland, Anders Thornberg, señalaba que la propuesta puede ser contraproducente, ya que “si los niños son etiquetados como criminales a una edad tan temprana, se corre el riesgo de aumentar su identificación con un estilo de vida criminal y, en última instancia, provocar un aumento de la delincuencia”, dijo en una entrevista recogida en el periódico Svenska Dagbladet.

La Fiscalía sueca también ha rechazado la propuesta, asegurando que el Gobierno “no ha presentado suficientes razones convincentes para que los niños de 13 años sean condenados como los mayores de edad”. Otro argumento en contra lo ha defendido la Agencia de Educación sueca, advirtiendo de que la medida puede ir en contra del derecho a la educación de los niños, ya que un niño de 13 años debe asistir a la escuela, pero esto no se garantiza si el menor se encuentra en régimen carcelario. Siguiendo este argumento, y al mismo tiempo que preparan los nuevos centros penitenciarios que acogerán a los menores, el Sistema Penitenciario sueco cree que la agencia “no está preparada ni tiene los equipamientos necesarios para hacerse cargo de la educación de los menores dentro de las cárceles”.

El fracaso del ejemplo danés

Desde la organización de protección a los jóvenes Fryshuset, su director Johan Oljeqvist, defiende que los niños que forman parte de los entornos criminales “muchas veces son reclutados por las bandas mediante amenazas y manipulaciones”. “Tendrían que ser considerados más como víctimas porque no podemos considerar que haya sido una decisión activa suya terminar siendo un delincuente” dice a elDiario.es. “Estos niños no necesitan estar alejados de la sociedad durante años porque representen una amenaza o un peligro, estos niños lo que necesitan es ayuda y apoyo” explicaba Oljeqvist.

Muchos de los que critican la propuesta del Gobierno para reducir la edad penal a los 13 años señalan el ejemplo del país vecino, Dinamarca. Su Gobierno de centroderecha en el año 2010 redujo la edad penal de los 15 a los 14 años. Dos años más tarde, un nuevo Gobierno socialdemócrata revirtió la decisión al constatar los expertos que el encarcelamiento temprano en menores aumentaba la reincidencia y dificultaba la reintegración. Por ahora, los países nórdicos del entorno de Suecia mantienen la edad de responsabilidad penal a los 15 años, mientras que la media en los países de la UE es de 14 años, como en España.

Sika Kristensen es mitad groenlandesa y mitad danesa, y vive en una isla al sur de Dinamarca. Desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, día tras día ha reiterado las amenazas para conquistar la isla ártica, Sika duerme mal por las noches: “Al principio sentía indignación, ahora lo que tengo es miedo de lo que Trump pueda hacer en nuestro país y de que destruya Groenlandia como la conocemos” dice. 

Desde comienzos de este año, los groenlandeses que viven en Dinamarca sienten una montaña rusa de emociones. Están lejos de la isla donde la mayoría de ellos nació, y se preocupan por sus familias y sus seres queridos que viven allí. La comunidad groenlandesa en Dinamarca equivale aproximadamente al 30% de la población de la isla, que cuenta con 56.000 habitantes. La mayoría marcharon del territorio ártico cuando eran jóvenes para obtener estudios universitarios, que en Dinamarca son gratuitos para los groenlandeses, o en busca de trabajo. 

Desde la década de 1990, los datos muestran que la emigración de Groenlandia hacia Dinamarca es neta, lo que significa que la mayoría de groenlandeses que cada año emigran del país ya no regresan. Uno de los sitios donde se reúne la comunidad en Copenhague es la Casa de Groenlandia (Kalaallit illuutaat). La misma tarde en que Trump se refería a su país en el foro económico de Davos, el centro cultural groenlandés era un bullicio de gente con una sala de actos repleta donde se celebraba un taller sobre prejuicios y racismo, con muchos asistentes también daneses. 

“No es geopolítica, es nuestra lucha como pueblo”

En enero de 2025, Sika Kristensen y su padre salieron por primera vez a la calle cuando Trump expresó su deseo de comprar la isla más grande del mundo tras ganar las elecciones presidenciales en los EEUU. “En la manifestación éramos 50 personas” señala Kristensen. El contraste es obvio con las protestas del fin de semana pasado en la capital danesa, donde alrededor de 20.000 personas dijeron al presidente de la Casa Blanca “Saca las manos de Groenlandia”. “Fue muy emocionante sentir todo este apoyo en las calles, empecé a llorar cuando llegué a casa” dice.

Julie Rademacher es portavoz de la asociación groenlandesa Uagut (Nosotros), que organizó las marchas históricas en las principales ciudades de Dinamarca y en Nuuk. Rademacher cuenta que, para los groenlandeses, “están siendo días difíciles, la gente tiene ansiedad pensando en el futuro, yo soy madre, imagínate contarles a tus hijos que tu país puede ser invadido por los EEUU, los niños se asustan” dice. 

Esta semana, Trump desde Suiza anunció un principio de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia, lo que ha implicado para los países europeos la retirada de la amenaza de los aranceles y una desescalada, por el momento, de la tensión sobre ese asunto. Sin embargo, los groenlandeses sienten que aún están lejos de poder respirar aliviados: “No se trata de geopolítica, se trata de nuestra existencia como pueblo indígena” defiende Rademacher, “para nosotros, es una lucha por nuestra nacionalidad, nuestra lengua y por las generaciones futuras” dice. 

Naja Blytmann Trondheim es profesora de estudios árticos en la Universidad de Copenhague y también es groenlandesa. Como profesora de lenguas inuit, subraya que “en Groenlandia somos el único país en el que los niños aprenden una lengua inuit en la escuela desde que son pequeños, ya que en Canadá y Alaska el sistema lo impide y la lengua se pierde”. Trondheim admite “sentir escalofríos” cuando ve a Trump en la televisión, “especialmente cuando se refirió a Groenlandia como ese trozo de hielo”. “Si terminamos formando parte de los EEUU, mucho me temo que nuestro idioma y cultura no se conserven”.

Gestos de aproximación de Copenhague a Nuuk 

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, el pasado mes de septiembre fue la primera dirigente en la historia del país nórdico que pidió perdón a miles de mujeres groenlandesas que fueron víctimas de una campaña de esterilización forzada llevada a cabo en los años sesenta y setenta por las autoridades danesas en la isla. Su gobierno también presentó hace un año un plan para combatir la discriminación contra los groenlandeses, por lo que Julie Rademacher piensa que “es una líder que se ha acercado a los groenlandeses y los ha escuchado mejor” dice. 

Frente a los embates expansionistas de Washington, desde los gobiernos de Copenhague y Nuuk se ha hecho un esfuerzo estas semanas para mostrar una imagen de unión frente a la adversidad. Algunos groenlandeses en Dinamarca se alegran de que los dos ejecutivos sean capaces de dejar de lado sus diferencias en estos momentos difíciles, mientras que otros lo ven como un frenazo a la celebración de un referéndum de independencia en Groenlandia y consideran responsable de ello a Dinamarca. 

Sika Kristensen piensa que “la historia y el daño colonial no se pueden reparar. Por ejemplo, en mi familia hay mujeres que no pueden tener hijos por todo lo que pasó, sin embargo, el reconocimiento es un paso más hacia el camino correcto” dice. En ese sentido, Kristensen piensa que la presión monumental causada por las amenazas norteamericanas “ha servido para abrir una puerta a reconsiderar el estatus de los groenlandeses dentro de Dinamarca y para que los daneses aprendan algo sobre nosotros” dice. 

Julie Rademacher añade que “hay una relación asimétrica entre groenlandeses y daneses, principalmente porque nosotros aprendemos mucho en la escuela sobre Dinamarca, su cultura, su lengua y su historia, sin embargo, en Dinamarca no es así” dice. Rademacher reivindica que “Groenlandia es un país moderno, es fundamental que la gente entienda que no solo somos pescadores y cazadores de focas, tenemos internet 5G y contamos con todas las posibilidades modernas que un país necesita para desarrollarse”.

Parecen bolsas de té en miniatura con una sustancia blanca que contiene, en algunos casos, tanta nicotina como fumar varios cigarrillos juntos. Las bolsitas vienen metidas en unas latas llamativas con sabores como “lima y pepino”, “caramelo macchiato” o “lemon Spritz” entre muchos otros. Como si fuera un chicle, la forma de meterse la nicotina en el cuerpo es colocando la bolsita en las encías, sin que nadie lo vea, lo huela o moleste, y su efecto dura unos 30 minutos. Se trata del snus blanco, y su consumo entre los adolescentes lleva años disparado en Suecia, mientras que, en países como España y Francia, se intenta frenar su llegada.

A pesar de haber sido calificado como un riesgo por la Agencia de Salud Pública de Suecia, el Gobierno de corte conservador de Estocolmo ha descartado cualquier tipo de regulación y está luchando a contracorriente para que el snus blanco no quede prohibido en el resto de países de la Unión Europea. Los grupos de presión y las empresas tabacaleras presentan el snus blanco como un sustituto con menos riesgos que los cigarrillos, mientras que desde el Ejecutivo sueco defienden que forma parte del estilo de vida del país nórdico. 

Estas bolsas de nicotina no se tienen que confundir con el snus marrón, que sí lleva tabaco, y su venta está prohibida desde 1992 en todos los países de la UE excepto en Suecia, donde se hizo una excepción a medida cuando el país entró a formar parte de la Unión. Veinte años más tarde, el país nórdico sigue siendo el mayor productor de snus marrón y blanco, y se considera un producto nacional con 200 años de historia, tal como se explica en el Museo dedicado al snus en Estocolmo. 

Parte del “estilo de vida” sueco

Con el argumento de que las bolsitas de snus blanco no son tan peligrosas como los cigarrillos, existe un consenso político en Suecia de que no se deberían prohibir. En cambio, las autoridades consideran que es un beneficio para la salud pública si más fumadores cambiaran los cigarrillos convencionales por el snus, un argumento que ha sido respaldado por las empresas y los lobbies de la industria tabacalera. Como consecuencia de esta estrategia, uno de cada cinco suecos –casi un tercio de los hombres– consume snus regularmente, mientras que la tasa de fumadores en el país nórdico se ha reducido a menos del 6%, lo que representa el nivel más bajo en Europa. A todo esto, desde la llegada del actual Gobierno al poder en 2022, los impuestos sobre el snus marrón se han reducido en un 18%. 

Sin embargo, en los países europeos donde tradicionalmente no se consume el snus ven cómo su creciente popularidad significa una nueva forma para las generaciones más jóvenes de caer atrapadas en la nicotina. Por ahora, el hecho de que las bolsitas de snus blanco no contengan tabaco hace que no estén incluidas en las regulaciones antitabaco, por lo que en la mayoría de países europeos se vende y se consume el snus blanco sin ningún control. 

Frente a este problema, los últimos países en proponer regulaciones han sido España y Francia. Desde el Ministerio de Sanidad español, la estrategia es limitar el contenido de nicotina permitido en las bolsas a 0,99 mg, lo que en la práctica significa una prohibición del snus. En Francia, la prohibición del snus blanco está prevista que entre en vigor a partir del 1 de abril de 2026, siguiendo el mismo camino que han empezado en Bélgica, Lituania y Países Bajos. 

Pero desde el Gobierno de Suecia no se han quedado de brazos cruzados frente a la oleada de regulaciones. El ministro de Comercio, Benjamin Dousa, afirmó que “el snus blanco está siendo atacado en cada vez más países de la UE”, por lo que el Gobierno utilizaría todas las herramientas legales para frenar el ataque. Para el ministro conservador, los argumentos para defender la legalidad del snus blanco en el resto de países de la UE son dos: “Se trata de una cuestión de libertad para los consumidores suecos de snus blanco de poder viajar, trabajar y vivir en otros países de la UE. Y también es una cuestión de defender puestos de trabajo, ya que la industria del snus da empleo a mucha gente en el país”. “Forma parte de nuestra forma de vida y desde el Gobierno no toleraremos que Bruselas persiga a los consumidores suecos de snus” apeló el ministro en una entrevista para el periódico Dagens Nyheter. 

Por ahora, los gobiernos de España y Francia presentaron el pasado mes de mayo su borrador delante de la UE de la legislación que contempla prohibir los sabores en los cigarrillos electrónicos y en la que se incluye la reducción al máximo del contenido de nicotina en el snus blanco. La propuesta recibió la objeción de varios estados miembro, entre ellos Suecia, con el argumento de que las prohibiciones nacionales que pretenden aprobar España y Francia violan el principio de libre circulación de mercancías de la UE. Con esta queja formal, el Gobierno de Estocolmo ha conseguido que el plazo para que la UE dé el visto bueno a la prohibición se alargue unos meses.  

Campañas de marketing agresivas 

En Suecia, las tiendas de Swedish Match, el gigante sueco del tabaco y la nicotina perteneciente a Philip Morris, son muy llamativas y están presentes en las principales calles de las ciudades en todo el país. Los escaparates y la decoración interior de las tiendas están cuidadosamente seleccionados para atraer a un público joven cada vez más adicto a la nicotina y las campañas de marketing de las empresas productoras de snus también han llegado a las redes sociales y a los influencers. 

La neuróloga en la Universidad de Gotemburgo, Louise Adermark, criticaba en una entrevista en Svenska Dagbladet que “los grupos de presión han logrado presentar el snus como un producto sin riesgo”. No obstante, los expertos en salud pública contradicen esta visión, ya que, según el último estudio elaborado por investigadores noruegos sobre el tema, hay una conexión clara entre el snus y la aparición de cáncer de esófago y páncreas. Además, Adermark añadía que “tampoco hay pruebas científicas de que el snus contribuya a reducir el consumo de tabaco” decía. 

A pesar de la poca regulación de la que goza el snus en Suecia, desde la Agencia de Salud Pública se aboga por prohibir el snus en las escuelas, y sugiere extender la prohibición también entre los profesores dentro del horario escolar como medida para desnormalizar su consumo. Esta propuesta inmediatamente causó una fuerte reacción por parte de la ministra de educación, Simona Mohamson, calificando la medida de “moralista”: El entorno laboral de los profesores ha empeorado mucho en los últimos tiempos, sería una falta de consideración hacia los profesores empeorarlo aún más con la prohibición del snus“ dijo. 

Ruby Green, o “Rue”, espera desde hace un año que su solicitud de asilo sea aprobada en Dinamarca después de dejar su país de origen, Líbano, por su condición de persona transgénero. “Pensé que aquí tendría derecho a ser yo mismo”, cuenta a elDiario.es. Rue ya intentó solicitar el asilo en el país en 2018 y fue rechazado. “Siento que Dinamarca no está dispuesta a aceptar personas refugiadas como sus ciudadanos, no me siento bienvenido aquí”.

“[Los programas de integración] no están pensados para ayudar a los refugiados a integrarse en el país ni para mejorar las condiciones de vida, ya que existen muchas barreras para obtener un permiso de residencia”, dice. “No tengo muchas expectativas a largo plazo de quedarme en este país”, concluye.

A pesar de tener una reputación de país abierto y acogedor, Dinamarca ha sido cruel con sus inmigrantes. Especialmente desde la crisis de los refugiados sirios en 2015, el país nórdico ha promulgado unas leyes pioneras en Europa con el objetivo abierto de dificultar la vida y disuadir la llegada de solicitantes de asilo en sus fronteras. Esta línea dura en materia de migración, impulsada por los socialdemócratas daneses, ahora se ve desde países como el Reino Unido como un modelo al que emular.

En esos años he visto una gran diferencia en la forma en que los políticos y los medios de comunicación tienen el derecho de utilizar un lenguaje grosero contra los inmigrantes y lo justifican con la libertad de expresión

Fatema Juriah — migrante iraquí

Desde la visión de Copenhague, el enfoque para desalentar la llegada de solicitantes de asilo ha funcionado. En el año 2015 llegaron a Dinamarca 21.000 solicitantes de asilo, mientras que esta cifra se ha reducido a 2.000 personas el año pasado, si bien el número de solicitantes de asilo se ha reducido en toda Europa. La primera ministra, Mette Frederiksen, también defiende que el país no ha experimentado las mismas tensiones migratorias que otros de su entorno, como Suecia, Alemania o Bélgica.

Leyes con un mensaje “muy simbólico”

La denominada “ley de confiscación de bienes” aprobada en 2016 por el Parlamento fue una de las medidas antimigratorias que llamó más la atención a nivel internacional. Su objetivo era que los refugiados contribuyeran a mantenerse económicamente en el país con el decomiso de objetos de valor como anillos o joyas que pudieran llevar encima a su llegada.

Para Eva Singer, directora de asilo en el Danish Refugee Council (DRC), fue una ley con un mensaje simbólico muy claro, aunque después los casos en que se aplicó fueron muy pocos“, cuenta. Sin embargo, Singer afirma que otras leyes aprobadas ”tuvieron mucho más impacto en la vida de los inmigrantes y solicitantes de asilo“.

Entre las medidas para restringir la inmigración, el Gobierno danés ha recortado las prestaciones sociales para los refugiados, al igual que ha limitado mucho las posibilidades de que las personas recién llegadas puedan traer a sus familiares mediante la reunificación familiar. Para los refugiados, ya no se garantiza que obtengan un permiso de residencia permanente y lleva mucho más tiempo conseguirlo. Las autoridades migratorias solamente otorgan la protección de asilo mientras persista el conflicto en su país de origen y su estatus se revisa año a año. Esta medida ha dado pie a situaciones en que familias de sirios o somalíes, una vez llevan años asentados en Dinamarca, se encuentren con que las autoridades les piden que regresen a su país de origen, el cual sus hijos nunca han conocido.

Es el caso de Fatema Juriah, que lleva tres décadas viviendo en Dinamarca desde que llegó con su familia procedente de Irak cuando tenía solo siete años: “En esos años he visto una gran diferencia en la forma en que los políticos y los medios de comunicación tienen el derecho de utilizar un lenguaje grosero contra los inmigrantes, y lo justifican con la libertad de expresión”, dice a elDiario.es. “Siempre dudan de ti, se cuestiona tu lealtad a Dinamarca, especialmente si es obvio que eres musulmana”, dice la mujer, que lleva hiyab: “[Aun así] vivo en un país que sigue siendo muy acogedor, pero es una pena que los políticos hayan tomado una postura tan extremista”.

Repatriar más e integrar menos

En 2021 Dinamarca fue el primer país en proponer procesar las solicitudes de asilo en centros localizados en Ruanda, un plan que fracasó. Otra de las medidas que ha tenido más impacto en la vida de los inmigrantes es la eliminación de lo que el Gobierno denomina como “sociedades paralelas”, antes conocida como “ley de guetos”. Según el Gobierno, en los barrios donde vive un gran número de población de origen “no occidental”, sus vecinos corren el riesgo de que sus casas sean demolidas y de ser forzados a trasladarse a otras zonas si la tasa de criminalidad o de paro en el barrio es superior a la media del municipio.

Singer expone las contradicciones que conlleva un sistema en el que los esfuerzos del Gobierno se han centralizado en la repatriación de los solicitantes de asilo que viven en el país, lo que el Ejecutivo ha llamado “un cambio de paradigma” en sus políticas migratorias.

Siempre dudan de ti, se cuestiona tu lealtad a Dinamarca, especialmente si es obvio que eres musulmana. [Aun así] vivo en un país que sigue siendo muy acogedor, pero es una pena que los políticos hayan tomado una postura tan extremista

Fatema Juriah — migrante iraquí

“Por un lado, se dice a las personas llegadas que es fundamental que aprendan el idioma, que necesitan conseguir un trabajo y que deben integrarse lo mejor posible en Dinamarca”, dice. Por el otro, “les dicen que no podrán quedarse aquí para siempre, ya que en cuanto la situación en su país cambie, aunque sea mínimamente, se les devolverá a su país”. La directora del DRC añade que “si los refugiados deciden voluntariamente que quieren volver a su país de origen, reciben apoyo económico y logístico por parte del Estado”, explica.

Singer asegura que el debate migratorio en el país nórdico ahora se centra en que las personas migrantes adopten unos “valores morales” y “de conducta” que tienen que ser comprobados en una entrevista privada en el Parlamento para conseguir la ciudadanía: “El objetivo es acreditar si las personas están realmente integradas, ya no es suficiente con que sepan la lengua, hayan completado una educación y tengan un trabajo”, aclara la experta. “Es sorprendente que aún se encuentren pequeñas áreas donde los políticos creen que pueden restringir más la inmigración”, concluye.

Los socialdemócratas daneses se han mantenido en el Gobierno durante varias legislaturas con un discurso duro contra la inmigración, mientras que las formaciones ultraderechistas se han visto relegadas a un papel secundario. Varios estudios explican, sin embargo, que esto sucede, entre otras cosas, por la fragmentación del voto ultraderechista y no por el trasvase de votos de la extrema derecha a los socialdemócratas, estimado en un 10% (la formación de Frederiksen también ha perdido otro porcentaje por el lado más progresista).

Por su parte, las ONG y activistas afirman que el Ejecutivo danés ha cruzado varias líneas rojas en contra del derecho internacional humanitario, dañando la reputación y los valores del país. Sus políticas migratorias también se han encontrado con la resistencia legal, la última desde el Tribunal de Justicia de la UE, que dictaminó que el Gobierno danés ejercía la “discriminación étnica” en algunas de sus leyes.

“Salla, en medio de la nada” es el slogan turístico de un pueblo del norte de Finlandia con 3.000 habitantes (y 10.000 renos) que desde que cerró la frontera con Rusia lucha por no decaer. Antes de la crisis del coronavirus, por aquí cruzaban alrededor de 220.000 coches al año, muchos de ellos turistas que venían desde Rusia. Pero ahora la frontera lleva dos años cerrada y el tránsito de vehículos ha desaparecido, sumiendo a las calles de Salla en un letargo donde apenas se ve a nadie.

A raíz de la guerra en Ucrania, el Gobierno de Finlandia decidió poner fin a décadas de neutralidad cuando el país nórdico, que comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, ingresó a la OTAN. Casi al mismo tiempo, más de un millar de personas llegaron a puestos fronterizos remotos como el de Salla, para pedir asilo, lo que colapsó la frontera y generó temores por una crisis humanitaria.

Mis abuelos perdieron su casa cuando la mitad de Salla quedó en la parte rusa. Eso lo llevo en la sangre, si los rusos vienen, estoy preparada para coger un fusil

Marja — taxista

Desde el Gobierno de Helsinki, una coalición de centroderecha y extrema derecha, se acusó a Moscú de estar detrás de la llegada de los inmigrantes como táctica de guerra híbrida para desestabilizar el país, por lo que decidió cerrar por completo la frontera oriental y aprobar una polémica ley que permite a su Guardia Fronteriza hacer devoluciones forzosas. El Ejecutivo finlandés, también empezó a construir una valla de 200 kilómetros que ya está terminada en el tramo de Salla, equipada con cámaras, alambre de espino y vigilada por drones para desalentar la llegada de más inmigrantes. Más recientemente, el Parlamento también decretó la salida del Tratado de Ottawa, lo que ha abierto la posibilidad de que la frontera se siembre con minas antipersona.

Pero a pesar de su proximidad con Rusia y de las tensiones geopolíticas, en este municipio que alberga el segundo puesto fronterizo más septentrional de Finlandia, sus vecinos están más preocupados ante una eventual recesión económica que de una posible agresión militar desde el este.

Sin miedo a la amenaza rusa

El declive de visitantes en Salla empezó en el año 2014 con la devaluación del rublo tras la ocupación rusa de Crimea. Lo que sí que ha provocado el conflicto en Ucrania en curso desde el 2022 es un cambio radical en el sentimiento de los finlandeses hacia su país vecino, un hecho que se hace más palpable en la parte oriental del país. Los vecinos de Salla afirman no tener miedo, ni temer por una invasión militar rusa, pero sí que señalan que la confianza con el otro lado de la frontera ha quedado completamente rota.

“Desde hace generaciones que tenemos la frontera aquí cerca y hemos aprendido a vivir en esta situación” explica Seppo Selkälä, director administrativo del Ayuntamiento de Salla. “Hemos tenido muchas interacciones económicas y personales con el otro lado de la frontera y claro que ha habido momentos con una relación mejor y momentos más difíciles, pero hemos aprendido a gestionar eso”, añade.

Los turistas rusos en Salla solían alojarse en cabinas en la naturaleza o hacer compras en los supermercados. Salla también queda de paso para visitar Rovaniemi, que atrae a miles de visitantes en invierno. Delante del Ayuntamiento se tenía que construir el primer centro comercial, pero el plan quedó en un solar que hoy está vacío. El declive de turistas rusos también se ha notado en las tiendas y en la única cafetería que tiene el pueblo, donde ahora siempre hay suficientes mesas libres.

Satu Laiho es la gerente de Turismo en Salla y explica que el sector ha tenido que adaptarse a nuevos mercados, definiéndose como un destino “fuera de las rutas convencionales, donde disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza”, dice. Con estos reclamos, Salla ha sabido atraer a turistas nacionales y europeos: “Al inicio de la guerra en Ucrania había preocupación y nos hacían muchas preguntas al respecto: ¿es seguro estar tan cerca de la frontera? Pero ahora las dudas se han desvanecido”, asegura.

Los rusos siempre han estado aquí y siempre estarán aquí, ¿por qué me tengo que preocupar? Tenemos unas buenas fuerzas armadas, pero no creo que la construcción de la valla aporte nada a nuestra seguridad

Heimo Hautajärvi — pequeño empresario local

En la tienda-taller de Heimo Hautajärvi, él y su mujer hace más de 44 años que fabrican anoraks y ropa impermeable para hacer montañismo. Hautajärvi se queja de que a pesar de sus 76 años no se puede jubilar, “porque aquí no queda gente joven a quien le pueda vender el negocio, si bien las ventas van bien”, cuenta. A esta pareja le gusta estar en la naturaleza todo el año, en invierno con esquís y en verano recogiendo bayas salvajes, por lo que conocen bien los bosques que rodean la frontera: “Los rusos siempre han estado aquí y siempre estarán aquí, ¿por qué me tengo que preocupar? Tenemos unas buenas fuerzas armadas, pero no creo que la construcción de la valla aporte nada a nuestra seguridad”, dice.

Otro impacto que ha tenido el cierre de la frontera es para los estudiantes de la escuela primaria que tiene 80 alumnos, de los cuales 50 son extranjeros. De ellos, la mayoría son rusos de familias que veían como una buena oportunidad la posibilidad de escolarizar a sus hijos en Finlandia: “Ahora tienen que hacer un trayecto de más de 1.000 km cruzando hasta Noruega por encima del círculo polar ártico para poder visitar a sus padres” explica Selkälä.

La huella de la invasión soviética

Heli KarjaIainen vivía a tan solo tres kilómetros de la frontera, dentro de la zona de paso restringido, por lo que necesitaba un permiso especial para llegar a su casa: “Más allá de interferencias en el sistema de GPS del móvil, nunca he notado nada extraño”, cuenta. En un momento en que los países europeos parecen entrar en pánico con los avistamientos de drones y otras amenazas de guerra híbrida que apuntan al Kremlin, KarjaIainen asegura que esos episodios no le preocupan demasiado: “Supongo que si Rusia quisiera tener un gran impacto por sus acciones, lo mejor es que lo haga en un lugar donde viva más gente que en Salla”, dice. Mientras hablamos, rompe el cielo el sonido aturdidor de un avión de combate, haciendo vibrar los cristales en el interior de una casa: “Esto es habitual, los aviones salen de la base aérea militar de Rovaniemi y dan la vuelta aquí, a veces lo confundo con la máquina quitanieves”, dice entre risas.

El taxi conducido por Marja no lleva turistas, sino personas mayores que tienen que recorrer 150 kilómetros hasta Rovaniemi para visitar a un médico especialista en el hospital. A pesar de que ella es de una generación demasiado joven para recordar la guerra, explica: “Mis abuelos perdieron su casa cuando la mitad de Salla quedó en la parte rusa. Eso lo llevo en la sangre, si los rusos vienen, estoy preparada para coger un fusil”. Estas palabras de Marja resumen un sentimiento que se entrevé en las encuestas nacionales, que muestran que el 80% de los finlandeses estarían dispuestos a defender su nación en caso de agresión. Esa mentalidad, junto con la desconfianza generalizada hacia los mandatarios rusos, ha llevado al país nórdico a prepararse a fondo para cualquier tipo de crisis, incluida una guerra.

Para conmemorar las veces que el país luchó contra la Unión Soviética, el Museo de la Guerra y la Reconstrucción de Salla está repleto de objetos de los soldados que combatieron aquí. En la Guerra de invierno (1939-1940), Finlandia luchó en solitario contra el ejército soviético después de que la URSS invadiese el país. En ese conflicto, Finlandia perdió el 9% de su territorio, incluida la mitad del municipio de Salla, quedando su núcleo antiguo en el lado ruso, por lo que el pueblo se tuvo que reconstruir. Al año siguiente volvió a estallar la Guerra de Continuación (1941-1944) en la que el ejército finlandés luchó junto a la Alemania nazi para recuperar el territorio perdido, pero sin éxito.

A veces desearía tener a Suecia como vecino

Seppo Selkälä — Ayuntamiento de Salla

“Hay paralelismos obvios entre los tiempos de la Guerra de invierno y la situación de hoy entre Rusia y Ucrania”, sostiene la encargada del museo, Annina Luostarinen. Sin embargo, “el mundo ha cambiado y la guerra se hace de otra forma ahora”, dice. “Creo que hay que ser optimista en estos temas y ahora no volvería a ocurrir una invasión” añade.

Volviendo al Ayuntamiento, Seppo Selkälä señala los programas de cooperación transfronterizos que se han cancelado, mientras que los fondos gubernamentales ahora se centran más en aspectos de la defensa como la valla fronteriza que en los servicios de Salla: “A veces desearía tener a Suecia como vecino”, termina lamentándose.

La frontera que separa Finlandia y Rusia por encima del círculo polar ártico era antes una larga línea invisible, rodeada por lagos y el espeso bosque boreal. En este escenario ahora se levanta una imponente valla de tres metros y medio, coronada por un alambre de espino de un metro y equipada con cámaras y sensores de movimiento. La valla también sigue bajo tierra, “con una profundidad suficiente para que nada ni nadie pueda cruzarla por debajo”, asegura el mayor de la Guardia Fronteriza Finlandesa, Jani Brännare.

El oficial se encarga diariamente de patrullar la frontera más extensa que un país de la OTAN comparte con Rusia: “En cuanto a nuestra seguridad, nos tenemos que preocupar más por los lobos y los osos que por los rusos”, puntualiza Brännare. Otro riesgo son también las condiciones climáticas rigurosas del norte de Finlandia, donde la temperatura, a mediados de noviembre, cae hasta los 22 grados bajo cero.

En este punto de Laponia, alejado de todo, el Gobierno de Finlandia ha finalizado la construcción de un nuevo tramo de la valla que está levantando en su frontera oriental. La barrera cubrirá aproximadamente 200 kilómetros de los 1.340 de frontera, con un coste total de 362 millones de euros. Esto significa que cada kilómetro de la valla fortificada cuesta una media de 1,8 millones de euros.

El proyecto de construcción de la valla empezó en el año 2023 tras el ingreso de Finlandia en la OTAN, siguiendo el ejemplo de otros países aliados, como Polonia y los Estados Bálticos. Sin embargo, las autoridades finlandesas explican que el objetivo de construir esta barrera no es prevenir una invasión militar en el flanco norte de la Alianza Atlántica, sino desalentar la llegada de personas migrantes a los puestos fronterizos del este del país.

Táctica de “guerra híbrida”

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, el Gobierno de Finlandia tomó la decisión de cerrar de manera indefinida su frontera con Rusia, acusando al Kremlin de dirigir a solicitantes de asilo a Finlandia como táctica de lo que la OTAN denomina como “guerra híbrida”. Esto ocurrió en otoño de 2023, cuando migrantes mayoritariamente procedentes de Oriente Medio empezaron a llegar a los puestos fronterizos del sur de Finlandia para pedir asilo. Helsinki reaccionó cerrando los puestos más próximos a la capital, lo que provocó que las llegadas irregulares se trasladara a los puntos de control de Laponia, como el de Salla y Raja-Jooseppi, donde ahora se ha completado un tramo de la valla.

Durante el año 2023, en pocos meses se registró un total de 1.282 peticiones de asilo en los controles de la frontera oriental, cuando en años anteriores las llegadas de migrantes raramente se producían y la cifra no llegaba a la decena. La afluencia masiva de personas en puestos de frontera remotos causó un colapso que el Gobierno finlandés vio como una amenaza alentada por Rusia con el objetivo de desestabilizar el país.

Pero desde que el Gobierno empezó a construir la valla, el flujo de llegadas irregulares se ha frenado del todo y, en 2025, no se ha registrado ninguna llegada en la frontera.

“Durante el último año no hemos detectado ningún cruce ilegal en Laponia, por lo que diría que el ambiente aquí es de calma, mientras que la situación a lo largo de la frontera es de tensión”, dice el teniente coronel de la Guardia Fronteriza, Mikko Kauppila. “Trabajamos en un contexto inestable y difícil de predecir, por lo que somos conscientes de que no sabemos qué nos deparará el futuro, pero Finlandia está bien preparada”, subrayaba el coronel.

La Guardia de Frontera Finlandesa asegura que mantiene vigilados los movimientos y las maniobras de Moscú en el otro lado de la valla. Y tiene motivos para hacerlo: según informaciones publicadas el pasado mes de mayo por el New York Times, en los últimos meses Rusia ha reforzado sus capacidades militares en varios puntos próximos a la frontera con el país nórdico. Por ejemplo, a apenas 50 kilómetros al este del puesto de control de Salla donde estuvo elDiario.es, imágenes por satélite publicadas por la cadena Yle revelaron que el Ejército ruso ha construido nuevos hangares en la base militar de la ciudad rusa de Alakurtti, donde Moscú mantiene una brigada ártica motorizada. Aun así, el Gobierno de Finlandia ha reiterado, desde que empezó el conflicto en Ucrania, que no existe una amenaza militar directa contra ellos, mientras que desde Defensa han centrado los esfuerzos en protegerse de las amenazas de ataques híbridos y en el rearme de las fuerzas armadas.

Devoluciones sumarias

Uno de los aspectos que ha causado más polémica de la construcción de la valla no es la fortificación y militarización de la frontera en sí, sino la legislación aprobada por el Parlamento de Finlandia que da poderes a la Guardia de Frontera para impedir de manera forzosa que solicitantes de asilo entren por la frontera oriental.

“Esta ley socava gravemente el acceso al asilo y la protección contra la devolución en Finlandia. Corre el riesgo de que sirva como luz verde para la violencia y las devoluciones en la frontera”, denunció entonces el director de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional, Eve Geddie. La organización recuerda que “la práctica ilegal de devoluciones sumarias y violentas en frontera cada vez se usan más en diferentes países europeos para impedir la llegada a sus fronteras de gente que necesita protección”.

“Tenemos normas jurídicas europeas e internacionales por una razón: el principio de no devolución debe respetarse siempre y las denuncias de violaciones graves de los derechos humanos tras el retorno deben ser objeto de un examen riguroso, independientemente de cómo hayan llegado las personas al territorio”, añadió Geddie.

La perspectiva de esta legislación —que aún no se ha llegado a aplicar en la práctica— es radicalmente diferente desde la Guardia Fronteriza. Para Antti Virta, subcomandante de la unidad, la ley es una herramienta necesaria para las autoridades fronterizas si la inmigración “instrumentalizada” comienza a reaparecer, como ocurrió en otoño de 2023: “De hecho, es la única manera de preparar y controlar la situación si se reactiva la inmigración a gran escala en la frontera oriental. Desde la perspectiva de nuestras competencias, es muy positivo que la ley siga vigente”, declaró a Yle.

Para la investigadora y analista finlandesa del Center for European Policy Analysis (CEPA), Minna Ålander, ese es un ejemplo que, “quizá los países que no tienen frontera con Rusia no entienden, pero Rusia crea este tipo de dilemas”, dice la experta. Por un lado, asegura Ålander, provoca situaciones complejas “cuando miles de personas cruzan la frontera a diario, desbordando a las autoridades finlandesas y generando múltiples riesgos”. Por otro lado, la experta afirma que esta situación “obligó a Finlandia a crear una ley que contradice el derecho internacional”. En ese dilema, “Rusia crea confrontación e incertidumbre; es una situación muy difícil”, asegura.

“La amenaza de la migración instrumentalizada en la frontera oriental de Finlandia sigue siendo elevada y difícil de predecir”, decía en abril la ministra de Interior, Mari Rantanen, del partido ultraderechista Finns, cuando presentó la prórroga de la polémica ley. “La situación en la frontera es tensa, pero estable. Sin embargo, debemos prepararnos para la posibilidad de que la situación cambie rápida y gravemente”.

Una barrera natural y de drones

Otros incidentes que se han producido más al sur de la frontera ocurrieron en el mes de junio, cuando las autoridades arrestaron a un hombre que cruzó ilegalmente la línea por el punto de Karelia del Norte. Según medios locales, el hombre era un desertor del grupo mercenario Wagner. Más allá de este episodio, también se ha detectado a turistas perdidos de excursión que han terminado en la zona restringida de la frontera, pero nada más serio.

Para vigilar la frontera, la Guardia Finlandesa patrulla con vehículos, motos de nieve y también se apoya en la vigilancia que pueden brindar los pastores de renos locales y en el uso de drones. La vigilancia aérea con drones ha tomado aún más relevancia tras la iniciativa de la Unión Europea de construir un “muro de drones” tras los incidentes ocurridos en Polonia y los avistamientos en aeropuertos de Dinamarca y Alemania.

Pero más allá de la vigilancia aérea, la Guardia de Frontera en Laponia asegura que el terreno agreste e inaccesible de la región, plagado de zonas pantanosas, actúa también como barrera geográfica natural en la frontera: “La naturaleza juega a nuestro favor y limita mucho las posibilidades de que una persona pueda moverse por la frontera”, explica el comandante Kauppila.

“Las condiciones son duras, las patrullas pueden durar entre cinco y seis días, en los que, a pesar del frío, dormimos en refugios, pero estamos preparados para eso”, comenta uno de los guardias fronterizos, Ville Tervonen.

A simple vista, Skrydstrup parece un pueblo cualquiera del sur de Dinamarca, con una iglesia, calles con casas sueltas y una escuela. Sin embargo, en sus límites se encuentra una valla doble coronada por un alambre que protege una de las instalaciones militares más seguras del país, donde se aloja la flota de aviones de combate F-16 y los modernos cazas F-35. Varias veces al día, el sonido de los pájaros se interrumpe por el estruendo de los aviones que aparecen rápidamente como manchas negras en el cielo. 

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitó hace dos años el pueblo donde la empresa armamentística ucraniana Fire Point ha empezado a construir la primera fábrica de armamento fuera de las fronteras de su país. Está previsto que a partir del año que viene la planta produzca el combustible para los misiles Flamingo, un arma esencial para la defensa de Kiev. 

La noche del pasado 25 de septiembre, según las autoridades, un enjambre de drones violó el espacio aéreo del aeropuerto de Copenhague, y también se dejaron ver por el cielo de Skrydstrup. La presencia de esos vehículos no tripulados, que el Gobierno danés calificó como un ataque de guerra híbrida, son un reflejo de cómo este pueblo se ha convertido en un nudo neurálgico para la industria militar y la defensa del país nórdico. Mientras tanto, sus vecinos lo miran todo entre la duda, la preocupación y la esperanza de que la industria militar consiga atraer puestos de trabajo y más vida a esta zona rural. 

Amenazas de espionaje y sabotaje 

Con una enorme bandera de Ucrania y una de Dinamarca como telón de fondo, las autoridades gubernamentales y los responsables de Fire Point pusieron la primera piedra de la nueva planta este lunes en la población de alrededor de 500 habitantes. 

Hasta ahora, se ha demolido un área de 2.000 metros cuadrados para construir un edificio con las paredes y el techo reforzados que cumpla con los criterios de seguridad para producir el combustible para los misiles. Los trabajos de construcción van a todo ritmo, con tres turnos diarios en marcha las 24 horas del día y los siete días de la semana. Se calcula que, cuando la planta entre en funcionamiento, dará trabajo a entre 100 y 200 personas en una primera fase, aunque no ha trascendido la fecha en que se prevé finalizar las obras durante el próximo año.

En muchos sentidos, es un regalo para la comunidad local que podamos dar la bienvenida a Fire Point en Dinamarca, y en cuanto a la seguridad, no se verá comprometida

Morten Bødskov — Ministro de Industria de Dinamarca

Desde el inicio de la invasión de Rusia, Fire Point ha pasado de ser una start-up a desarrollar innovadoras y sofisticadas armas aeronáuticas, como drones y misiles, convirtiéndose en la empresa armamentística más importante de Ucrania. El Ministerio de Defensa danés y los servicios secretos (PET) han reconocido que la acogida de la fábrica podría conllevar represalias rusas contra el país nórdico en forma de espionaje y sabotajes contra la planta. En el acto del lunes, las dudas por los supuestos vínculos de Fire Point con la figura central del caso de corrupción que ha sumido a Zelenski en una crisis política sobrevolaban las preguntas de la prensa.

Pero en la primera presencia ante los medios del director de Fire Point en Dinamarca, Vyacheslav Bondarchuk, se centró en la relevancia del proyecto para Kiev. “Es importante iniciar la producción fuera porque podemos escalarla, necesitamos más armas que a causa de la guerra no podemos producir en Ucrania”, dijo a elDiario.es. El ministro de Industria, Morten Bødskov, defendió que, para el pueblo, es de gran interés albergar una fábrica que producirá componentes de alta tecnología. “En muchos sentidos, es un regalo para la comunidad local que podamos dar la bienvenida a Fire Point en Dinamarca, y en cuanto a la seguridad, no se verá comprometida”, afirmó. 

Preocupación entre algunos vecinos

Sin embargo, algunos vecinos tienen dudas. Peter Jensen vive a 500 metros de la futura fábrica. “Si es atacada, terminaría con todos nosotros”, dice este hombre jubilado. “Esa es mi principal preocupación”. Jensen también vive cerca de la base aérea militar, por lo que ha recibido un subsidio para poner un triple cristal en las ventanas de su casa para amortiguar el ruido de los aviones. “Ahora aún se escucha el ruido, pero antes no podías ni mantener una conversación”, asegura. Explica que, desde que se anunció la llegada de Fire Point en Skrydstrup, teme por “la devaluación del precio” de su casa. “Ya nadie me la querría comprar”. 

Su amigo, Holger Juhl-Hansen, también señala que, si hubiera un problema en la fábrica de armamento que produce el combustible para los misiles, se encontrarían “en una zona peligrosa”. Además, dice que teme que la construcción de la planta “pueda llamar la atención de Putin”. “Pero no creo que se atreva a un ataque contra un país de la OTAN, en ese sentido me siento más seguro, pero no me gusta pensar que nos espían con drones”, afirma. 

Desde el mes de septiembre, cuando se anunció la llegada de Fire Point a Skrydstrup, el Ayuntamiento, liderado por una coalición de liberales y dos partidos de ultraderecha, ha convocado dos reuniones con los vecinos a las que han acudido más de 400 personas en cada una de ellas. 

Si es atacada, terminaría con todos nosotros. Esa es mi principal preocupación

Peter Jensen — Vecino de Skrydstrup

“Al principio la gente estaba muy enfadada y preocupada, pero en la segunda reunión la gente empezó a ver que la fábrica traerá más puestos de trabajo y gente nueva”, dice Jette Jacobsen, quien acudió a los encuentros. Otro factor, según Jacobsen, es la empatía hacia los refugiados ucranianos que mucha gente siente en el pueblo. “Si la fábrica fuera de otro país, como Israel, sería mucho más polémico”, especula. Respecto a los drones que sobrevolaron los cielos del pueblo, asegura no sentir miedo. “Pero creo que nuestra defensa estuvo durmiendo, es una pena que no pudieran derribar ninguno”.

En todo el pueblo no hay nadie que esté más cerca del emplazamiento de la planta que el mecánico Per Hansen y su taller de reparación de coches. “Me informaron un día antes de que saliera en la prensa de que la fábrica se construiría aquí al lado”, dice. “A los vecinos nos han dado toda la información que el Gobierno puede, pero algunas cosas son secretas”. Cree que la presencia de la base aérea militar “ha atraído a más personas al pueblo”, ya que alrededor de la mitad de los residentes de Skrydstrup trabajan en ella. “Respecto a la llegada de la fábrica al pueblo no podemos hacer nada. Es el Gobierno quien ha decidido que se abriera aquí y debemos confiar”, concluye.

La formación anticapitalista Lista Roja-Verde ha ganado las elecciones municipales en Copenhague con una victoria muy significativa frente al partido socialdemócrata, que ha gobernado la capital durante 122 años, pero que ha quedado tercero con el 12,7% de los votos. Tras una noche de negociaciones, las formaciones de izquierda han pactado que la alcaldesa sea la candidata del Partido de Izquierda Verde, Sisse Marie Welling, el segundo más votado.

En las elecciones municipales del martes los socialdemócratas también perdieron en otras grandes ciudades que representan sus feudos de voto tradicionales en el área metropolitana de la capital. A pesar de tratarse solamente de unos comicios locales, Dinamarca tiene que celebrar elecciones generales el año que viene, por lo que la derrota en Copenhague y en otras grandes ciudades de los socialdemócratas añade presión sobre el ejecutivo de la primera ministra Mette Frederiksen, que asumió la derrota en su discurso en la noche electoral: “la caída ha sido mayor de lo que esperábamos, es mi responsabilidad” dijo desde el Museo de los Trabajadores, donde el partido siguió la noche electoral en la capital.

Las negociaciones para decidir el puesto de la alcaldía en estos comicios no permitieron que los anticapitalistas colocasen en la alcaldía a su candidata, Line Barfod (61 años). Los resultados indican que los votantes han favorecido cuestiones como la solución a la crisis de la vivienda en la ciudad, prioritaria para las fuerzas abiertamente de izquierdas y las medidas para sacar los coches de la capital, así como la necesidad de abaratar el precio del transporte público.

Los socialdemócratas han ganado las elecciones en el cómputo nacional, pero han empeorado sus resultados un 5,2%. La segunda formación más votada ha sido el Partido Liberal, que acompaña a los socialdemócratas en la coalición que gobierna el país, pero que también ha visto cómo sus resultados caían un 3,3%. El tercer puesto lo ocupa el partido Conservador, que también ha perdido votos.

Ganan las fuerzas progresistas en la capital

Casi una cuarta parte de los votantes en Copenhague han optado por la Lista Roja-Verde (22,1%), una formación que nació en 1989 fruto de la unificación de partidos comunistas y socialistas. Aunque ya había ganado las elecciones locales en 2021, el apoyo de los partidos de centro y centroderecha, reacios a ver a los anticapitalistas al mando, permitió a los socialdemócratas mantener entonces la alcaldía de la capital.

Los analistas veían improbable que el acuerdo de hace cuatro años se volviese a producir, ya que en el bloque de izquierdas pensaban que era la hora de hacer un cambio al frente del ayuntamiento de Copenhague. La segunda formación que ha obtenido los mejores resultados en la capital es el Partido de Izquierda Verde (17,9%), también progresista, pero más moderada. Sisse Marie Welling, de 39 años, era una de las que sonaba para convertirse en alcaldesa si las dos formaciones de izquierda conseguían sumar a la coalición al Partido Alternativo, que ha obtenido el 5% de los votos. Finalmente, hasta los conservadores han avalado a Welling.

Las fuerzas progresistas han centrado su campaña en prometer soluciones para que la capital sea un lugar más asequible para vivir,  con medidas como reforzar el poder de los políticos sobre el mercado inmobiliario: “La gente no debería gastar el 60% de sus ingresos en el alquiler” decía la candidata Welling en una entrevista reciente para el medio The Copenhagen Post. Por parte de los socialdemócratas, su promesa más destacada en campaña ha sido proponer la gratuidad total de las guarderías, una medida también pensada para aliviar los costes de vida de las familias en la capital.

Fin al largo dominio socialdemócrata

Tras más de 122 años ininterrumpidos ocupando la alcaldía de Copenhague, las elecciones municipales han sido un verdadero terremoto político para el partido socialdemócrata, más allá de los resultados obtenidos en Copenhague. Los analistas han leído estos resultados como un voto de desafección por parte de los ciudadanos de las grandes ciudades frente al giro conservador que en los últimos años ha tomado el partido bajo la primera ministra Frederiksen, que ha impulsado una de las políticas más restrictivas en la UE contra la inmigración y la llegada de solicitantes de asilo.

Copenhague ha sufrido una auténtica transformación en las últimas décadas, pasando de ser una ciudad industrial portuaria a todo un referente mundial por su modelo de infraestructuras eficientes, un sólido sistema educativo basado en las escuelas públicas, la creación de nuevos espacios verdes y zonas aptas para la natación en el mismo centro de la ciudad, así como un alto nivel de seguridad.

Esta metamorfosis ha traído también, sin embargo, un aumento vertiginoso de los precios inmobiliarios que ha obligado a muchas familias trabajadoras a abandonar la ciudad.

“Copenhague es una ciudad más rica que nunca, pero la demografía de la ciudad ha cambiado”, indicaba el politólogo en la Universidad de Copenhague, Kasper Møller Hansen.  “Ahora hay una población con más estudios académicos, familias jóvenes con hijos que tienden a tener unos valores más de izquierdas, más centrados en cuestiones como el clima, menos estrictos en el control migratorio, y en una perspectiva global, más abierta y tolerante, eso sin duda ha hecho cambiar el voto en Copenhague” dice. En ese sentido, explica el politólogo, “los socialdemócratas han sido capaces de renovar la ciudad, pero su base de votos se ha visto forzada a trasladarse a los suburbios porque se ha vuelto carísimo vivir aquí”.

A su vez, la candidata de los socialdemócratas, Pernille Rosenkrantz-Theil, “ha tenido grandes dificultades durante la campaña” asegura Hansen. En 2020, el alcalde socialdemócrata Frank Jensen dimitió tras hacerse públicas acusaciones contra él en un caso de acoso sexual. Su sucesora, Sophie Hæstorp Andersen, fue trasladada de la alcaldía a un puesto ministerial, en una maniobra que se entendió como una falta de confianza por parte del partido en las capacidades de Andersen para revalidar la alcaldía.

Theil tenía la tarea de revitalizar las opciones de su partido en la capital gracias a su larga experiencia y trayectoria política, pero en su campaña se ha hecho patente la desconexión del partido con el electorado.

Finlandia sigue siendo el país más feliz del mundo, según la lista elaborada por las Naciones Unidas, gracias, en parte, al sólido sistema del Estado del Bienestar que ha sabido construir la nación nórdica. Sin embargo, esta imagen de Finlandia contrasta con el estado actual de su economía, que en los últimos años está luchado contra el incremento de la deuda pública, la pobreza y el aumento del desempleo (10,2% en la segunda mitad de 2025, la segunda más alta de la Unión Europea, solo por debajo de España).

Finlandia, en el pasado, fue una de las economías que competía por ser comparada con el resto de sus vecinos nórdicos, pero lleva una década en medio de un declive industrial que empezó con la caída del gigante de la telefonía móvil Nokia en el año 2009. Siguió después la crisis de la COVID-19, y desde entonces que el PIB del país no crece, el desempleo aumenta y las cuentas públicas están cada vez más desequilibradas.

Con este contexto, el gobierno, formado por una coalición entre partidos de derecha y extrema derecha liderada desde 2023 por el conservador Petteri Orpo, ha hecho de la reducción del gasto público su prioridad. Pero los severos recortes en el presupuesto estatal comienzan a tener graves consecuencias sociales, sin que haya perspectivas en el horizonte de que el nivel del endeudamiento público disminuya.

La deuda pública no deja de aumentar

El objetivo del gobierno a largo plazo es reducir la deuda pública, que se prevé que se elevará hasta el 86% del PIB a finales del año 2025. Esto ha provocado la primera recalificación de su deuda en casi una década por parte de la agencia Fitch Ratings, pasando de AA+ a AA. A su vez, el crecimiento económico del país tampoco termina de arrancar, situándose en el 0,2% del PIB, sin que prácticamente haya experimentado cambios desde 2019, lo que lo sitúa como uno de los más débiles de la UE.

Tras las elecciones generales de 2023, el nuevo gobierno anunció un programa para reducir 9.000 millones de euros del presupuesto estatal en ocho años, unos recortes que se preveían de 6.000 millones antes de 2027. El anuncio fue seguido por una reforma laboral muy criticada por los sindicatos, con la promesa de crear 100.000 empleos nuevos que tampoco se han materializado. A pesar de la austeridad, las predicciones del Fondo Monetario Internacional seguían anunciando el aumento de la deuda hasta más del 90% en los próximos años, por lo que en abril de 2024 el gobierno presentó un plan adicional de recortes de 3.000 millones de euros en el gasto público antes de 2028.

La cara más visible en la ejecución de los recortes es la ministra de Finanzas y líder de la formación de extrema derecha, Riikka Purra. En las intervenciones de la controvertida ministra asegura que los finlandeses, un país tradicionalmente frugal, apoyan las medidas de austeridad, aunque las últimas encuestas muestran que dos tercios de los ciudadanos no están de acuerdo con la política del gobierno.

Presupuesto disparado en defensa

Sin que los recortes ya anunciados fueran suficientes, el gobierno presentó hace unas semanas la ley de presupuestos para 2026, que incluye una restricción presupuestaria adicional de 1.000 millones de euros: “Hemos elaborado los presupuestos en un entorno económico deficiente y, por lo tanto, hemos tenido que volver a realizar recortes de gastos, aunque inicialmente pensábamos que las principales decisiones de austeridad ya habían pasado”, anunció el primer ministro Petteri Orpo.

Entre las nuevas medidas para reducir el gasto público se han incluido la reducción de la ayuda al desarrollo, la suspensión de las ayudas a los municipios para la acogida de refugiados, la disminución de las subvenciones a los gobiernos locales y la congelación del presupuesto de las universidades, aunque el mayor recorte se lo llevan los planes de construcción de vivienda social.

Con todo, las restricciones presupuestarias aún resultan más polémicas tras la decisión del gobierno de reducir el impuesto marginal sobre la renta a los más ricos, una medida que solamente beneficiará al 2% de los finlandeses que cobran más de 100.000 euros al año. Medidas como esta van de acuerdo con la línea del gobierno conservador de reducir la carga de los impuestos a los ciudadanos, que es del 42,4%, una de las cifras más altas en la UE por encima de la mediana comunitaria del 33,9%.

A su vez, la partida presupuestaria para la defensa es de las pocas que han incrementado en los últimos años, con un aumento de 6.000 millones para el siguiente año. Tras el inicio de la guerra en Ucrania y el ingreso del país en la OTAN, Finlandia prevé gastar el 3% de su PIB en defensa antes del año 2029.

Los efectos de estos recortes ya son palpables entre los más vulnerables, según revelaba un estudio elaborado por el Instituto Finlandés de Salud y Bienestar. El estudio señalaba que las políticas de austeridad han hecho caer a 110.000 personas por debajo del umbral de la pobreza, entre ellas 27.000 niños: “Los recortes agravarán aún más la pobreza entre la población vulnerable”, advertía Jussi Tervola, uno de los responsables del estudio.

La deuda seguirá creciendo en los próximos años

El economista de la Universidad de Turku, Jouko Vilmunen, expone que anteriormente la economía también estaba endeudada, “pero entonces teníamos una solución milagrosa, el gigante Nokia, que en su apogeo representaba el 4% del PIB, pero su cierre causó un enorme déficit en las finanzas públicas”, dice Vilmunen.

El economista defiende que el país tiene las bases establecidas para una buena economía, con una población con estudios, buenas infraestructuras y servicios que funcionan. “Sin embargo, el modelo industrial, basado en las exportaciones y el procesamiento de la madera, está obsoleto”, dice. Como ejemplo de ello, la demanda de papel ha caído un 70% desde el año 2007, pero, a pesar de eso, la industria forestal sigue siendo una de las más importantes del país.

El economista Jussi Systa, del think tank Kalevi Sorsa Foundation, con sede en Helsinki, coincide en que “el modelo de crecimiento finlandés se basaba principalmente en las exportaciones, sobre todo de madera y de electrónica de consumo. Pero los gobiernos no han sabido compensar la pérdida de ingresos”, dice.

Systa explica que el profundo déficit que arrastra el país y el insuficiente crecimiento económico, sumado a una menor recaudación fiscal, ha provocado la caída de los ingresos del estado, por lo que “en los próximos años, la deuda seguirá aumentando”, unas perspectivas que coinciden con los pronósticos hechos por el gobierno.

En cuanto a la política de recortes para reducir la deuda, el economista admite que “Me preocupa que esto genere un círculo vicioso que impida la consolidación de la economía”, dice Systa, quien añade: “Para que nuestra economía se recupere de forma adecuada, necesitamos inversiones que impulsen una producción más compleja para la exportación y medidas que fortalezcan la demanda interna. A eso añadiría gravar a quienes tienen mayor riqueza para aumentar los ingresos públicos”, termina diciendo.

Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha mantenido una relación discreta, pero muy cercana y fructífera, con un país nórdico: Finlandia. Como fruto de esta relación, los dos países han llegado a un acuerdo para construir 11 rompehielos, unas embarcaciones capaces de navegar por las frías aguas del Ártico, donde la tensión geopolítica y los intereses de EEUU han aumentado a medida que la región se ha transformado por el cambio climático.

Reunidos en Washington, Trump y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, firmaron a principios de octubre un pacto de cooperación que permitirá a los astilleros finlandeses construir cuatro rompehielos, mientras que otros siete barcos se construirán en EEUU con la ayuda de Finlandia. A pesar de los efectos del deshielo, los rompehielos son cada vez más necesarios en la región, ya que la disminución de la capa de hielo permite una mayor actividad humana en el Ártico y estas embarcaciones pueden escoltar a otros buques o efectuar tareas de rescate. Sin embargo, en los últimos años la flota de rompehielos oceánicos de EEUU ha quedado obsoleta y reducida solamente a tres barcos. Una situación que, para Washington, resulta en cierto modo embarazosa, según cuentan fuentes expertas.

Está previsto que los primeros rompehielos construidos en el país nórdico se entreguen en un plazo de tres años, y el total de las 11 embarcaciones tendrá un valor estimado de 5.300 millones de euros, según informaba la agencia de noticias Reuters. Para Finlandia, este acuerdo significa un impulso muy importante para su economía, que está en horas bajas, ya que se involucrarán entre 7.000 y 10.000 trabajadores cada año en la construcción de los barcos, según anunció su Gobierno.

Pero más allá de los puestos de trabajo, desde Helsinki se ha visto este acercamiento con la Casa Blanca como una garantía para su seguridad, mientras que Trump lleva mucho tiempo prometiendo impulsar los intereses estadounidenses en el Ártico y ahora tendrá más herramientas para hacerlo.

Química entre los dos líderes

Cuando el presidente finlandés, Alexandes Stubb visitó el Despacho Oval para sellar el acuerdo, la cadena conservadora norteamericana Fox News destacó que había una “química personal” entre los dos líderes. Stubb ya había estado otras dos veces más en la Casa Blanca este año, lo que confirma que las relaciones entre EEUU y Finlandia son más estrechas que nunca.

El presidente nórdico es también un experimentado golfista que en su día compitió con el equipo nacional, por lo que Trump le invitó a jugar una partida en su campo de Mar-a-Lago (Florida) el pasado mes de marzo, donde hubo tiempo de concebir el acuerdo de colaboración para los rompehielos.

En la Casa Blanca, Trump habló con admiración del tamaño de las fuerzas armadas finlandesas, que desde 2023 han pasado a formar parte de la OTAN, y dijo que defendería “vigorosamente” a Finlandia si fuera atacada por Rusia. Trump también elogió los rompehielos fabricados en Finlandia como “los mejores del mundo”.

Más allá de las palabras de Trump, lo cierto es que Finlandia mantiene una ventaja competitiva y técnica muy relevante en la construcción de rompehielos, ya que es de los pocos países en el mundo en que todos sus puertos quedan congelados en invierno. Los astilleros finlandeses que ayudarán a construir la nueva flota de rompehielos norteamericana están a la vanguardia en cuanto a innovación y tienen la capacidad de construir embarcaciones reduciendo mucho sus costes. Prueba de ello es que 60% de los rompehielos operativos en el mundo se fabrican hoy en el país nórdico.

EEUU ha quedado atrás en el Ártico

La Guardia Costera estadounidense puso en marcha en agosto un nuevo rompehielos, el primero en los últimos 25 años. Eso demuestra que, si bien es cierto que EEUU tiene capacidades aéreas y submarinas desplegadas en el Ártico, hasta ahora le ha faltado la capacidad de romper el hielo para dominar sus aguas.

Según el investigador en el Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales (FIIA), Harri Mikkola, en la práctica, EEUU “ha carecido de la capacidad para operar en condiciones árticas”. Con el aumento de la flota de rompehielos, EEUU “quiere mostrar su presencia, además de apoyar las actividades económicas que tienen en Alaska” explica a elDiario.es.

Desde Washington se mira de reojo a China, ya que “está ganando cada vez más presencia económica y militar” en la región, dice Mikkola, y se estima que el país asiático mantiene una presencia de ocho rompehielos en las aguas árticas.

Por otro lado, el aliado de Pekín en el Ártico es Rusia, con una frontera norte que cubre la mitad de la región ártica, por lo cual su necesidad de tener una flota de rompehielos es enorme. Rusia sobrepasa los 40 buques para dar apoyo a las actividades militares y a los intereses económicos del Kremlin en la zona.

A todo esto, Donald Trump también ha declarado abiertamente que luchará para asegurarse el control de Groenlandia, lo que causó hace un año el pánico en Dinamarca: “Esto se ha convertido en un asunto personal de Trump, no se puede olvidar”, recordaba Michael Walsh, investigador senior en el Foreign Policy Research Institute. Por lo tanto, se prevé que los nuevos barcos rompehielos serán una iniciativa más para garantizar que los EEUU tengan una presencia más fuerte por tierra, mar y aire en el Ártico, zona estratégica mundial.

La huelga sindical contra Tesla en Suecia cumple ya dos años, desde que el 27 de octubre de 2023, el sindicato IF Metall iniciase un paro laboral en protesta contra el fabricante de coches eléctricos del hombre más rico del mundo, Elon Musk. Desde entonces, catorce sindicatos de cuatro países distintos (Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia) se han implicado en las movilizaciones contra el grupo automovilístico estadounidense a través de distintas acciones de solidaridad.

El conflicto ya es la huelga más larga que se ha visto en Suecia en los últimos 100 años, y representa el primer y único en el mundo que sufre la empresa dirigida por el multimillonario, notoriamente antisindical y financiador de Donald Trump, del que fue alto cargo hasta su tormentosa salida del gobierno estadounidense hace unos meses.

La raíz del problema está en la falta de voluntad del fabricante de automóviles eléctricos de firmar un convenio colectivo para los 130 mecánicos que trabajan en sus talleres del país nórdico.

Pero tras la negativa de Tesla de llegar a un acuerdo, los sindicatos y los analistas ven un movimiento ideológico contra el modelo laboral sueco, basado en la negociación colectiva de convenios. También apuntan al miedo que tiene la empresa a que las demandas sindicales se expandan por otros países en el mundo en los que la compañía tiene miles de trabajadores.

Tras 24 meses de inactividad, los 65 mecánicos de Tesla en Suecia que secundan la huelga “mantienen una determinación alta de seguir adelante”, afirma a elDiario.es el portavoz del sindicato IF Metall, Jesper Pettersson. Sin embargo, “también es importante decir que la protesta supone un desgaste psicológico importante, no es fácil para ellos”, admite.

Desde el sindicato IF Metall se compensa con un 130% del sueldo a los huelguistas, pero admiten que el coste personal de estar fuera del mercado laboral es muy alto para unos mecánicos altamente cualificados y acostumbrados a trabajar con la tecnología automovilística más avanzada.

“Económicamente no es un problema para nosotros seguir con la huelga”, explica Petersson, que representa a una unión con más de 300.000 afiliados y un amplio fondo para huelgas. “Tenemos suficientes recursos para continuar con la protesta durante mucho tiempo, tanto como los huelguistas estén dispuestos a seguir”, sentencia.

Los mediadores tiran la toalla

En las últimas semanas, las posiciones entre el sindicato y Tesla se han enrocado todavía más, después de que el Instituto Sueco de Mediación tirara la toalla y abandonara los intentos de llegar a un acuerdo entre las dos partes.

La directora de la institución de mediadores, Irene Wennemo, señalaba que Tesla está rechazando la firma del convenio colectivo por la preocupación sobre como afectaría este acuerdo al grupo empresarial en otros países, si bien señaló que las condiciones de los empleados en Suecia han mejorado durante los dos años de disputa: “Es triste a la vez que muy inusual que una acción sindical dure tanto tiempo en Suecia. Hay una fuerte necesidad de llegar a un acuerdo porque nuestros convenios colectivos son razonables y sensatos”, explicó Wennemo.

El último año de protestas ha estado marcado por una oleada de acciones solidarias por parte de los mayores sindicatos del país nórdico para bloquear el envío de coches Tesla a los puertos suecos, detener la limpieza de sus instalaciones, retener los envíos postales incluyendo las nuevas matrículas, e impedir la conexión de las estaciones de carga a la red eléctrica.

Con todo, tras los intentos de mediación fallidos, los sindicatos han decidido tensar aún más la cuerda con otras diez acciones nuevas para presionar a la empresa. Entre ellas, se ha dejado de reparar la red de fibra óptica y telefónica en los locales de Tesla, y también los aparatos climáticos instalados en sus tiendas.

A pesar de los inconvenientes y la aparatosidad de estas acciones, el analista en el Think Tank Arena Idé, German Bender, afirma que los sindicatos han causado problemas, pero no han conseguido bloquear completamente la actividad de la empresa: “Es verdad que en los talleres es más difícil reparar los coches, y también tienen problemas en expandir la red de cargadores, eso es bastante grave porque es una parte muy importante para el modelo de negocio de Tesla”.

En el plano de las ventas de coches, en el último año Tesla ha matriculado un 65% menos de unidades en Suecia, siguiendo una tendencia parecida en otros países europeos. Pero el investigador lo atribuye más “a la mala imagen que ha cosechado la empresa tras la asociación de Elon Musk con movimientos de ultraderecha en Europa y en EEUU, más que a la huelga”.

Bender señala que en una perspectiva global no sería económicamente significativo para Tesla aceptar un convenio colectivo en Suecia para 130 trabajadores, teniendo en cuenta los enormes recursos que tiene la empresa, con más de 125.000 empleados en todo el mundo.

Sin embargo, “Musk actúa ideológicamente contra la idea de los sindicatos, por este motivo los costes económicos y de imagen que está dispuesto a pagar con esta huelga son mucho más elevados que los que afrontaría cualquier otra empresa”, asegura Bender.

Con todo, “Tesla también percibe el riesgo de que si firman un convenio colectivo en Suecia se podría usar en las negociaciones en otros países, por ejemplo, en Alemania, donde tienen una fábrica con 11.000 empleados, o en EEUU”, afirma.

En riesgo el modelo laboral sueco

Por otra parte, desde los sindicatos temen que, si se deja perder el pulso contra Tesla, se estaría abriendo la puerta a que otras empresas intentaran hacer lo mismo en Suecia. Esto pondría en riesgo el denominado “modelo laboral sueco”, que hace referencia a que empresarios, y unos sindicatos muy fuertes, negocian las reglas del juego de los convenios colectivos sin que el Estado intervenga.

Esta fórmula ha dado pie, hasta ahora, a un modelo con un bienestar y unas condiciones laborales para los trabajadores que están por encima de la media en Europa, gracias a que prácticamente el 90% de la fuerza laboral del país está cubierta por los convenios colectivos. El analista German Bender asegura que “por miedo a ese riesgo se ha involucrado prácticamente todo el movimiento sindical de Suecia contra Tesla, porque los sindicatos también lo ven como un conflicto simbólico”, dice.

“Los sindicatos están luchando por un modelo social y democrático, no solamente por un convenio colectivo para los mecánicos en estos talleres. Es un tema mucho más amplio, mucho más grande, mucho más importante”.