El Gobierno de Dinamarca ha presentado un polémico proyecto de ley en el Parlamento para autorizar a los profesores a utilizar la fuerza física contra un alumno que acose a otro o perturbe la clase “de manera significativa”. La propuesta señala que la intervención física por parte del profesor “siempre debe ser el último recurso”, pero, en caso de que sea necesario, los profesores podrán “agarrar a un alumno, retenerlo en su sitio o llevarlo fuera del aula en contra de su voluntad”.

La reforma es una de las iniciativas más controvertidas de los últimos años en Dinamarca, cuyo sistema educativo ha sido reconocido durante décadas por dar autonomía a los alumnos y promover la confianza y el igualitarismo entre profesores y estudiantes.

El anterior Gobierno socialdemócrata ya intentó sacar la polémica ley adelante hace un año, pero la convocatoria anticipada de elecciones obligó a aplazar la votación. Ahora, la propuesta ha sido presentada mediante un acuerdo entre las cuatro formaciones que integran la coalición de Gobierno de centroizquierda, que incluye a los socialdemócratas, el Partido Popular Socialista, el Partido Social Liberal y los Moderados.

Desde el Ministerio de Educación se defiende la medida con el argumento de que la ley brinda seguridad a los profesores al establecer “normas claras sobre cuándo pueden intervenir físicamente en situaciones de violencia y comportamientos disruptivos en el aula”.

En un comunicado del Ministerio, se ponen ejemplos de cuándo el profesor podrá usar la fuerza, como en el caso de que “un alumno golpea a otro, destruye objetos o se pone en peligro a sí mismo o a otros compañeros”. El texto también recoge que, en situaciones menos graves, el profesor primero debería intentar resolver la situación de otras formas, por ejemplo, mediante una conversación o alejando al alumno de la situación conflictiva. Además, cualquier intervención física “deberá limitarse al mínimo imprescindible, tanto en intensidad como en duración”, y llevarse a cabo preservando la integridad personal del alumno, según el texto.

Para justificar la necesidad de esta ley, el Ministerio de Educación apunta al deterioro de la convivencia en las aulas y aporta datos al respecto. “Más de uno de cada cuatro profesores cree que la violencia ha aumentado dentro de las aulas y uno de cada cinco profesores ha sufrido actos de violencia, unas cifras que han ido en aumento en los últimos 12 años”. A estos datos se suma un estudio publicado por el diario Berlingske, según el cual en el 55% de las clases hubo algún episodio de violencia durante el último año, mientras que en el 36% de las clases estos incidentes se producen al menos una vez al mes.

Profesores a favor y en contra

El proyecto de ley ha suscitado duras críticas entre profesores y expertos en educación, que advierten del riesgo de erosionar la confianza entre profesores y alumnos y de normalizar el uso de la fuerza como respuesta a los conflictos en las aulas. Otros sindicatos y organizaciones de docentes, en cambio, defienden que la reforma es necesaria ante las dificultades a las que se enfrentan cada día.

El ministro socialdemócrata de Educación, Magnus Heunicke, defiende que, para que haya paz, orden y un buen ambiente de trabajo en las escuelas, “los profesores no deberían tener dudas sobre lo que deben hacer cuando una situación empeora. Y ningún profesor debería tener miedo a ser despedido por haber intervenido cuando era necesario en una situación violenta”.

Hasta ahora, la ley solo permitía a los profesores sujetar físicamente a los alumnos cuando existiera un riesgo para su seguridad o la de otras personas. Sin embargo, cuando el nuevo proyecto de ley salga adelante, los docentes podrán volver a recurrir a la fuerza en más supuestos, casi 60 años después de que Dinamarca prohibiera los castigos corporales en las escuelas.

El sindicato danés de profesores (Danmarks Lærerforening) lleva tiempo reclamando más herramientas para gestionar los problemas de convivencia en las aulas, especialmente ante los alumnos que interrumpen las clases y se niegan a seguir las indicaciones de los docentes o a abandonar el aula. El presidente del sindicato, Gordon Ørskov Madsen, celebra el proyecto de ley y cree que “se trata tanto de fortalecer la seguridad jurídica de los profesores como, en gran medida, también de garantizar el derecho de todos los estudiantes a una buena educación”, según afirmó en un comunicado. Según una encuesta del propio sindicato, el 58% de los profesores se plantea cambiar de profesión, no porque no les guste su trabajo, sino por el agotamiento que sienten ante la situación en las aulas.

Deterioro de la situación en las aulas

En la última década, Dinamarca ha impulsado una retahíla de reformas educativas para tratar de adaptar los centros al uso de las nuevas tecnologías, mejorar las condiciones laborales de los profesores y afrontar los problemas de convivencia en las aulas. El anterior ministro socialdemócrata de Educación, Mattias Tesfaye, convirtió el regreso de la “disciplina” y la “autoridad” en las escuelas en una de sus prioridades. También criticó a los padres cuyos hijos tenían “PDO”, según dijo el ministro, siglas de la expresión danesa pissedarligt opdragede, literalmente traducida como “unos maleducados de mierda”.

En este contexto, Louise Klinge, una de las voces más habituales en los medios daneses en materia educativa, se ha mostrado muy crítica con la nueva reforma y las políticas impulsadas por el Gobierno en los últimos años. “Es una solución desesperada e ineficaz para un problema mucho mayor y conlleva el riesgo de crear un entorno más inseguro en los centros”, defiende.

Klinge apunta que existe un problema de fondo que se ha ido gestando a raíz de las reformas educativas introducidas en Dinamarca durante los últimos 15 años. La investigadora sostiene que estos cambios han restado tiempo a los docentes para preparar las clases, han favorecido la incorporación de personal sin formación pedagógica (que representa el 20% de la plantilla) y han acelerado la digitalización de las aulas, donde los alumnos pasan una media de tres horas y media diarias frente a una pantalla. Para la investigadora, la receta para mejorar las escuelas pasa por tener más recursos y una mejor formación de los profesores, que hoy se sienten desbordados por la situación. “Los políticos no deberían inventar más reformas. Simplemente deberían priorizar los recursos y el dinero para las escuelas”, dice.

Para Rasmus Kjeldahl, director de la organización de defensa de los derechos de la infancia Børns Vilkår, el proyecto de ley es “un paso retrógrado” que permite a los profesores “ser más duros con los estudiantes”. Kjeldahl subraya que detrás de los comportamientos disruptivos de algunos alumnos puede haber, en muchos casos, situaciones de vulnerabilidad, por lo que “si la respuesta es simplemente sacarlos por la fuerza del aula, solamente aumentará el número de problemas”. En cambio, Kjeldahl defiende que “la verdadera autoridad del maestro es básicamente ser capaz de crear una educación emocionante y atractiva para los niños, pero para esto se necesita destinar los recursos adecuados a las escuelas”.

Finlandia figura entre los países del mundo con mayores niveles de seguridad e igualdad de género y, sin embargo, esto no evita que viajar en autobús, metro, tranvía o taxi, especialmente de noche, pueda convertirse en una situación en la que las mujeres estén expuestas a situaciones de acoso o violencia.

Una encuesta realizada en las ciudades de Helsinki y Espoo revelaba que el 43% de las mujeres había experimentado problemas relacionados con su seguridad en el transporte público, frente al 30% de los hombres. Una percepción de inseguridad que, en algunos casos, lleva a las pasajeras a reducir o incluso evitar el uso del transporte público en su día a día, según destacaba el estudio.

Este problema volvió a cobrar protagonismo en el país nórdico después de que la televisión pública Yle informara del caso de un taxista condenado por violar a una pasajera al que se le permitió seguir trabajando durante casi dos años antes de revocar su licencia. Este caso, que ha conmocionado a la opinión pública en las últimas semanas, refleja un problema mayor: desde que el Gobierno desreguló el sector del taxi en el año 2018, solamente en la ciudad de Helsinki se han presentado 100 denuncias penales por delitos sexuales cometidos por taxistas.

Katariina Kainulainen, junto a otras tres amigas, se dieron cuenta de que ellas también habían dejado de utilizar el taxi y, en menor medida, el transporte público por no sentirse seguras, especialmente cuando viajaban solas y de noche. “Ya no me sentía segura viajando sola en taxi por el hecho de estar en un espacio íntimo y tan pequeño con una persona que no conoces”, dice a elDiario.es. De aquí que las cuatro amigas decidieran crear un servicio de taxi exclusivo para mujeres, un modelo pionero en capitales europeas y que está ganando terreno en las principales ciudades de Finlandia.

La empresa se llama Wowo, acrónimo de Women to Women en inglés, y funciona a través de una aplicación móvil. Para reservar un trayecto, las usuarias deben registrarse e indicar su género, que se basa únicamente en su propia declaración. Las mujeres también pueden viajar con sus hijos menores de 14 años, pero no con parejas masculinas. Según Kainulainen, el principal elemento diferenciador de Wowo es que la pasajera y la conductora son siempre mujeres. “No ofrecemos medidas de seguridad diferentes respecto de otros taxis más allá de ser un servicio de mujeres para mujeres”, dice.

Ya no me sentía segura viajando sola en taxi por el hecho de estar en un espacio íntimo y tan pequeño con una persona que no conoces

Katariina Kainulainen — fundadora de WoWo

Con este modelo, Wowo empezó a operar a principios de este año y en pocos meses ha crecido rápidamente, hasta el punto de que le ha surgido otra empresa competidora, Naistaxi, mientras que la compañía Bolt ha incorporado la opción de ofrecer a sus clientas la posibilidad de pedir un taxi conducido por otra mujer.

En un inicio, Kainulainen cuenta que pensaban que el servicio se utilizaría principalmente por mujeres que quisieran volver de noche a casa. “Pero enseguida nos dimos cuenta de que las clientas recurren a la aplicación en su día a día, en trayectos para ir al aeropuerto, en viajes de trabajo o para llegar a la cita con el médico”, admite.

Una ventaja también para las conductoras

Aunque en un inicio las creadoras de Wowo pensaron sobre todo en las necesidades de las clientas, cuando empezaron a contactar con conductoras vieron que también existía una necesidad en el lado de las mujeres que están al volante: “Hablando con las conductoras, vimos que también había la necesidad de escuchar sus experiencias”, dice Kainulainen.

Tara Oinonen es una de las conductoras que trabaja con Wowo (la empresa no las emplea directamente, sino que trabajan por cuenta propia y con otras empresas de taxi). Oinonen cuenta que en ocasiones ha sentido verdadero miedo al volante de su taxi: “Un pasajero me agarró la cabeza y me besó en los labios, mientras que otro me tocó de forma inapropiada estando sentado detrás del asiento del conductor”, explica a Yle. Varios de estos casos fueron denunciados ante el tribunal de distrito.

La fundadora de Wowo, Katariina Kainulainen, admite que al principio fue difícil captar a conductoras para su compañía debido al poco peso de las mujeres en este sector: “Por supuesto que fue un reto, pero todas las conductoras que encontramos corrieron la voz entre otras conductoras”.

Hablando con las conductoras, vimos que también había la necesidad de escuchar sus experiencias

Katariina Kainulainen — fundadora de WoWo

Tras el caso del hombre taxista que violó a una mujer y continuó trabajando durante dos años más, Yle ha investigado a fondo el asunto y descubrió que antes de la liberalización del sector en 2018 los delitos sexuales en taxis eran muy poco frecuentes. En cambio, en los últimos siete años las denuncias por presuntos delitos sexuales cometidos por taxistas han ido en claro incremento, llegando a un máximo de 40 denuncias en el año 2023 solamente en la ciudad de Helsinki. Yle atribuye este cambio al hecho de que la liberalización supuso una importante flexibilización de la normativa, ya que ahora los conductores no tienen que acudir a un curso de formación obligatorio y solamente tienen que superar un examen práctico para obtener una licencia.

En los últimos años, además, varios casos de agresiones sexuales cometidas presuntamente en taxis han llegado a los tribunales, con mujeres jóvenes y personas con discapacidad entre las víctimas. La investigación de la televisión pública señala, no obstante, que muchos de estos incidentes nunca llegan a denunciarse.

Respaldo del Defensor del Pueblo

Desde Wowo señalan que la reacción al nuevo concepto de taxis solamente para mujeres ha sido positiva, aunque también recibieron críticas desde el sector, mayoritariamente dominado por hombres conductores, que acusaban a la compañía de discriminación por género. Como Kainulainen y sus socias ya se esperaban esta reacción, lo primero que hicieron al fundar la empresa fue dirigirse al Defensor del Pueblo para la Igualdad: “Algunos hombres dijeron que estábamos en su contra, pero nosotras simplemente queríamos ofrecer esta opción a las mujeres para que pudieran sentirse más seguras”.

Finalmente, el Defensor del Pueblo consideró que los servicios de taxi exclusivos para mujeres estaban permitidos porque algunas se sienten inseguras en los taxis y otras han sufrido violencia sexual en los vehículos. Por lo tanto, consideró que Wowo y otras empresas similares mejoran la seguridad de los pasajeros y no incurren en discriminación.

Los drones ya no son una tecnología para las guerras del futuro, sino una realidad actual. Los sistemas aéreos no tripulados (UAS, por sus siglas en inglés) se han convertido en armas baratas, difíciles de detectar y capaces de atacar a larga distancia. Han cambiado las reglas del campo de batalla, como ha quedado patente en las guerras de Irán y Ucrania.

El desarrollo de la industria de las naves no tripuladas en Europa pasa por la ciudad danesa de Odense. Aquí se encuentra la sede del Centro Internacional UAS de Dinamarca, un lugar pionero para experimentar con drones de todo tipo, usos y tamaños. La ciudad ha construido un ecosistema que reúne empresas, universidad y centros tecnológicos alrededor de unas instalaciones de pruebas que han dado una nueva vida al Aeropuerto internacional Hans Christian Andersen.

La particularidad de este emplazamiento es que ofrece la posibilidad de utilizar un espacio aéreo y marítimo “que equivale al 7% de la superficie de Dinamarca, una característica única en Europa donde se puede entrenar la tecnología”, explica a elDiario.es el director del centro de pruebas, Michael Larsen.  

Odense se ha consolidado como uno de los principales polos europeos del desarrollo de drones no por casualidad. La robótica ha dado una nueva identidad industrial a la tercera ciudad más grande del país nórdico tras el declive de sus históricos astilleros de Mærsk. La necesidad de reinventar los astilleros llevó a la empresa naviera a colaborar con la Universidad del Sur de Dinamarca para el desarrollo de robots de soldadura. De esta colaboración surgieron empresas como Universal Robots, hoy líder mundial en el sector, y nació un clúster que ha atraído a cientos de compañías y talento especializado en la industria de la robótica.

Años después, el respaldo de las instituciones danesas en este sector permitió que la ciudad ampliara su foco hacia las tecnologías autónomas y los drones. Hoy es uno de los principales polos europeos de innovación.

Si lo comparamos con tan solo hace unos años, es evidente la rapidez con que se ha desarrollado la tecnología en los drones

Søren Elmer Kristensen — Director general de Odense Robotics

Los responsables del centro UAS de Dinamarca reconocen que la guerra de Ucrania y la nueva realidad geopolítica han cambiado completamente el sector, que en los últimos años ha adaptado las tecnologías civiles para aplicaciones militares y ha trabajado en estrecha colaboración con empresas y organismos de defensa de varios países europeos.

“Si lo comparamos con tan solo hace unos años, es evidente la rapidez con que se ha desarrollado la tecnología en los drones. Antes hablábamos de potencial y perspectivas de futuro, hoy nos ocupan las cadenas de producción y la robustez de las empresas” afirma a este medio Søren Elmer Kristensen, director general de Odense Robotics. Michael Larsen añade: “Como centro de pruebas de drones, hemos experimentado una necesidad significativamente mayor de probar y desarrollar soluciones más próximas a la realidad operativa actual, especialmente en defensa, donde las exigencias de innovación van muy rápido”.

La transformación en una tecnología masiva y barata

El salón anual International Drone Show celebrado en el Aeropuerto de Odense es un buen lugar para constatar que el sector ha pasado de ser una industria de nicho a ser visto como una “necesidad” en defensa.

Entre los más de 1.500 expositores venidos de 40 países que reunió la última edición del congreso se podía apreciar cómo ha cambiado la forma de entender los drones en el sector militar, pasando de ser un elemento de tecnología muy avanzado y costoso a producirse ahora de forma masiva y a bajo coste como arma de desgaste. “Se han convertido casi en munición, es mucho más barato destruir objetivos con drones que defenderse de ellos”, explica Andreas Graae, experto del Instituto de Tecnología Militar en el Colegio Real de Defensa danés.

En este sentido, los miles de drones con cámaras y sensores hacen que prácticamente cualquier movimiento pueda ser detectado en el frente de guerra, lo que provoca que concentrar tropas o vehículos sea extremadamente peligroso para los ejércitos. “Vemos que el área de combate en Ucrania se ha convertido en una zona mortal de más de 20 kilómetros donde sobrevivir resulta muy difícil porque el campo de batalla es prácticamente transparente para el enemigo por la presencia de drones”, dice Graae.

Además, el experto señala que los drones ya no son solo aéreos, sino que se están incorporando en todos los dominios, con sistemas robotizados terrestres, marítimos en superficie y submarinos. “Hasta ahora, no existe una solución mágica para la defensa contra drones. Además, se comportan de forma diferente a los misiles convencionales, lo que los hace muy difíciles de detectar y derribar con los sistemas tradicionales”, añade Graee.

Una 'carretilla todoterreno'

Entre las empresas nacidas en Odense que representan mejor esta nueva generación de tecnología aplicada a los drones destaca Dropla Tech. Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, su fundador, V'yacheslav Shvydak, consideró que la mejor forma de ayudar a su país era desarrollando tecnología militar. De esta forma, en 2023 empezó a fabricar vehículos terrestres no tripulados (drones de tierra) para detectar minas terrestres ocultas.

Sin embargo, tras un año de trabajo, las Fuerzas Especiales ucranianas le pidieron abandonar el proyecto y centrar sus esfuerzos en el frente. Shvydak recuerda que un oficial ucraniano le dijo: “Si no mantenemos con vida a los soldados que están combatiendo, después no quedará ningún territorio que desminar”.

Se han convertido casi en munición, es mucho más barato destruir objetivos con drones que defenderse de ellos

Andreas Graae — Experto del Instituto de Tecnología Militar en el Colegio Real de Defensa danés

El giro estratégico de la empresa la ha llevado a fabricar vehículos terrestres no tripulados (UGV, en inglés) con una filosofía clara, según Shvydak: “Todo aquello que puede hacer un robot no debería hacerlo una persona”. Ahora, los vehículos que la empresa proporciona al ejército ucraniano son capaces de transportar suministros, evacuar heridos y hacer tareas de reconocimiento en la primera línea de batalla. Este invento tiene la apariencia de una carretilla todoterreno, pero, como señala Shvydak, “el coste de producción es más importante que la sofisticación, los vehículos suelen sobrevivir a unas cinco misiones antes de ser destruidos por el enemigo, por ello deben ser baratos, con un precio que se acerca al de un coche de segunda mano”, dice.

El segundo gran eje de la empresa es el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial, llamado Blue Eye, capaz de analizar en tiempo real las imágenes captadas por drones de reconocimiento para detectar minas, drones ocultos y otras amenazas. La empresa afirma que su sistema ya ha sido integrado en la logística militar de la OTAN, lo que facilita que esta tecnología pueda ser adquirida por los ejércitos de la Alianza en un futuro muy próximo.

Coste humano

Impulsados por los avances tecnológicos, la reducción de costos y la producción en masa, los ataques con estos aparatos en contextos de conflicto aumentaron al menos un 4.000% entre 2020 y 2024, según datos del Centro para los Civiles en Situaciones de Conflicto (CIVIC). No son pocas las voces que alertan de los riesgos de que los drones se estén convirtiendo en el arma predilecta en todo el mundo: su expansión ha transformado la forma en que se libra la guerra, y también cómo sufren los civiles.

En Sudán, según la ONU, los drones armados se han convertido, con diferencia, en la principal causa de muertes de población no combatiente–causaron más del 80% de las muertes de civiles en la guerra de este país durante los primeros cuatro meses de 2026, con un saldo de al menos 880 víctimas mortales–. El año pasado, estos vehículos no tripulados fueron también una de las principales causas de muerte (con un total de 577 fallecidos) y heridas registradas en Ucrania en 2025, también según Naciones Unidas –una misión de expertos ha acusado a Rusia de crímenes de lesa humanidad por sus ataques con drones “generalizados” y “sistemáticos” en la provincia de Jersón, en el sur del país invadido, donde los habitantes lo equiparan a una “caza”–.

La alerta por el coste humano de la guerra con estos aparatos no es un fenómeno reciente: se remonta a principios de la década de 2000, tras el 11-S. The Bureau of Investigative Journalism (BIJ) documentó entre 2004 y 2021 cómo los ataques de drones de Estados Unidos mataron a civiles en Yemen, Somalia, Afganistán y Pakistán –en este último identificó a 732 personas asesinadas por ataques con drones de la CIA y confirmó que cientos de ellas eran civiles–.

Los fallos técnicos, los errores en la selección de objetivos y la incapacidad para distinguir entre actores humanitarios y militares agravan los riesgos, mientras que, según los expertos, la presencia constante de drones en el aire, su sonido característico y la proximidad generan miedo e incertidumbre a la población de las zonas afectadas, provocándoles un importante malestar psicológico.

Los partidos de centroizquierda se impusieron en las elecciones generales celebradas en Suecia hace dos semanas, consiguiendo una estrecha mayoría parlamentaria frente al bloque conservador (176 escaños frente a 173). Los comicios fueron planteados por el Partido Socialdemócrata, que ganó las elecciones, como un plebiscito sobre la estrategia del primer ministro conservador, Ulf Kristersson, de gobernar con el apoyo de la ultraderecha de Demócratas de Suecia. Pero los días han ido pasando y las divisiones entre los partidos situados a la izquierda del Parlamento se han hecho cada vez más evidentes hasta hacer estallar las negociaciones dentro del bloque.

Tras las elecciones, la líder socialdemócrata, Magdalena Andersson, recibió el encargo de formar gobierno, pero para ello necesita reunir el apoyo de otras tres fuerzas políticas, el Partido de la Izquierda, los Verdes y el Partido de Centro. Sin embargo, el lunes Andersson informó de que había fracasado en su intento de formar una coalición. “Tras las conversaciones que he mantenido, puedo concluir que actualmente no existe ninguna posibilidad de que yo pueda formar gobierno”, declaró a la prensa.

Con este anuncio, el presidente del Parlamento deberá decidir ahora a quién encarga explorar la formación de gobierno, una tarea que previsiblemente recaerá en el primer ministro saliente, Ulf Kristersson. El líder conservador perdió las elecciones y afronta un escenario también muy complicado, ya que para sacar adelante una mayoría necesitaría conciliar a partidos del bloque progresista con el bloque conservador, a pesar de que mantienen posiciones incompatibles sobre el papel que debe desempeñar en el próximo Ejecutivo la ultraderecha, que quedó en tercer lugar en las elecciones.

“Una coalición de fuerzas conservadoras es un escenario muy improbable, por lo que la situación es de bloqueo”, señala Anders Sannerstedt, politólogo de la Universidad de Lund, a elDiario.es.

Apoyo al candidato conservador

La decisión de la socialdemócrata Andersson de abandonar las negociaciones responde principalmente a sus desavenencias con el Partido de la Izquierda (V), la formación más a la izquierda del Parlamento, que obtuvo un resultado histórico y se consolidó como cuarta fuerza del hemiciclo. Durante el fin de semana, la formación de izquierdas anunció que daría su apoyo al candidato del partido Moderado, Andreas Norlén, para ser de nuevo el presidente del Parlamento, frente al candidato propuesto por los socialdemócratas y a pesar de que los dos partidos están en las antípodas ideológicas.

Una nueva convocatoria electoral es una posibilidad que ningún partido parece querer

Anders Sannerstedt — Politólogo de la Universidad de Lund

La decisión provocó un profundo malestar en Andersson, que no lo ocultó ante la prensa el lunes y evidenció la desconfianza que existe entre ambas formaciones. El Partido de la Izquierda justificó su apoyo al candidato de los Moderados alegando que, ante el bloqueo entre los partidos para formar el próximo Ejecutivo, el Parlamento necesitaba estabilidad y que el candidato conservador era la opción más adecuada para garantizarla.

La vicepresidenta de la formación, Ida Gabriellson, calificó además de “precipitada” la decisión de los socialdemócratas de abandonar las negociaciones. “Hemos sido muy claros en que nunca daremos nuestro apoyo a un primer ministro que no sea Magdalena Andersson”, afirmó. La presidencia del Parlamento no es un cargo menor en Suecia, ya que se trata del segundo puesto institucional de mayor rango del país, solo por detrás del monarca, y es también el encargado de guiar el proceso de formación de un nuevo gobierno.

Divisiones y tensiones

Tras la decisión de Magdalena Andersson de tirar la toalla en las negociaciones para formar gobierno, los analistas políticos interpretan el movimiento como una maniobra de presión sobre el Partido de la Izquierda. Al mismo tiempo, advierten de que las posiciones dentro del bloque progresista permanecen, por ahora, muy rígidas y que la tensión entre ambas formaciones es real, más allá de posibles tacticismos.

“Parece que ha habido muy pocos contactos entre el Partido de la Izquierda y los socialdemócratas en los últimos días”, explica el politólogo Anders Sannerstedt. Y añade: “Diría que estamos en una fase muy temprana de la formación de un nuevo gobierno”. El experto también interpreta que el apoyo del Partido de la Izquierda al candidato moderado a presidir la cámara es una manera de demostrar que la formación tiene una posición firme ante las negociaciones frente a los socialistas. Sannerstedt prevé que, a corto plazo, “no habrá grandes avances, sino más bien enfrentamientos verbales entre la Izquierda y los socialdemócratas”.

Los desencuentros entre ambas formaciones vienen de lejos y han marcado la política sueca durante los últimos años, pero durante la campaña electoral se concentraron especialmente en dos cuestiones. La primera es quién debe formar parte del próximo gobierno. El Partido de la Izquierda exige entrar en la coalición, mientras que el Partido de Centro, cuyos votos también resultan imprescindibles para alcanzar una mayoría progresista, se opone a compartir ejecutivo con la formación izquierdista.

En relación con esto, el segundo obstáculo es la distancia ideológica entre el Partido de la Izquierda y el Partido de Centro, “que apuesta por políticas económicas liberales, como las deducciones de impuestos”, mientras que la formación izquierdista “apuesta por todo lo contrario”, explica Sannerstedt. En este escenario, “los socialdemócratas no quieren necesariamente que el Partido de la Izquierda entre en el Gobierno” y ven más posible una coalición solamente con el Partido Verde y el Partido de Centro.

Es probable que Andersson tenga otra oportunidad de intentar formar gobierno si fracasa cualquier intento de los partidos de derechas. Hasta cuatro candidatos pueden ser nominados, pero si todos son rechazados, el país se vería abocado a nuevas elecciones.

Ante este escenario tan complicado y la posibilidad de repetir elecciones, Sannerstedt considera que todavía es demasiado pronto para determinarlo, aunque “una nueva convocatoria electoral es una posibilidad que ningún partido parece querer”. Además de los costes y el trabajo que implicaría, el experto señala que la repetición de los comicios “generaría incertidumbre” en un contexto político cada vez más polarizado, que “podría interpretarse como un fracaso de los partidos”.

Suecia no ha repetido unas elecciones desde 1958, hace 66 años, aunque las negociaciones para formar gobierno no siempre han sido fáciles.

Tras la firma del acuerdo de seguridad entre EEUU y Dinamarca sobre Groenlandia, la sensación en Copenhague y en Nuuk es de gran alivio. Los responsables políticos del país nórdico y de la isla ártica contuvieron la respiración hasta el último momento después de meses de una crisis diplomática con Washington sin precedentes por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia.

Finalmente, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, y Donald Trump se sentaron en la misma mesa en la sede de la ONU para firmar un texto de nueve páginas negociado desde enero. Los analistas en Dinamarca interpretan la firma como una forma de salvar la situación ante las exigencias de Trump, mientras que el acuerdo permite al presidente estadounidense dar por cerrada, al menos por ahora, la carpeta de Groenlandia y anotarse un rédito político de cara a las elecciones de medio mandato.

En líneas generales, el acuerdo permite a EEUU ampliar sus actividades militares en Groenlandia, mientras que Trump ya ha anunciado la construcción de dos nuevas bases y el texto contempla que la presencia estadounidense pueda extenderse más allá de estas instalaciones, previa consulta con Nuuk y Copenhague. En cuanto a las inversiones extranjeras en sectores estratégicos, el trato prohíbe la presencia de actores y empresas de fuera de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El texto aprobado también indica que el territorio autónomo danés será integrado en el proyecto de escudo antimisiles (Golden Dome) de Donald Trump.

“Hemos pagado un precio alto, pero inevitable”

Para la prensa y los medios de comunicación daneses, los gobiernos de Copenhague y Nuuk tienen motivos para celebrar el acuerdo, aunque mantienen la cautela ante los posibles giros de guion de Trump. Los principales medios de comunicación del país consideran que el texto firmado en Nueva York reafirma la integridad territorial de Groenlandia dentro del Reino de Dinamarca sin ceder soberanía a EEUU y reconoce la posibilidad de que los groenlandeses ejerzan su derecho a la autodeterminación.

El principal periódico del país, Politiken, lo califica de “obra maestra diplomática” y defiende que “no hay nada malo que decir sobre el acuerdo”. En su editorial del miércoles señala que, con la firma del texto, “con suerte, el pueblo groenlandés ya no se sentirá como una mercancía en medio del juego geopolítico”, aunque en otro artículo se apunta a que “el pacto es un asunto político de alto riesgo y aún no está claro cómo se deben interpretar algunos detalles del texto”.

El periódico Ekstra Bladet se muestra un poco más crítico, a pesar de que describe el acuerdo “como una victoria ganada duramente”. El periódico subraya que permite a Trump utilizar Groenlandia para cuestiones ajenas a la OTAN, pero entiende que el compromiso era obligado. “Hemos pagado un precio alto, pero inevitable”, resume. En esta misma línea, Information califica la firma como un triunfo diplomático y a la vez “una sumisión de Dinamarca a una potencia tiránica”. Y censura: “Ha sido un asalto irresponsable, negociando con amenazas de conquista y un menosprecio colonialista descarado hacia los groenlandeses”.

En Dinamarca una preocupación respecto a las inversiones chinas en sectores considerados estratégicos (...). El acuerdo pone sobre el papel una tendencia que ya existía

Mikkel Runge Olesen — Analista del Instituto Danés de Estudios Internacionales

Finalmente, en Berlingske entienden lo sucedido como “un triunfo de la diplomacia inteligente y persistente”. “Asimismo, es importante que todos nos acordemos de dormir con las botas puestas mientras el presidente de EEUU se llame Donald Trump”, agrega. En TV2, el analista Noa Redington también insiste en la necesidad de “desconfiar de EEUU”, pues “muchas cosas pueden salir mal” y “Trump puede cambiar de opinión de un día para otro”.

El pacto cierra Groenlandia al capital chino

El analista del Instituto Danés de Estudios Internacionales (DIIS) Mikkel Runge Olesen coincide en hacer una valoración positiva del acuerdo, principalmente porque podría poner fin a la crisis abierta, aunque admite también que se han hecho “concesiones moderadas” a EEUU.

Uno de los principales cambios introducidos por el nuevo acuerdo respecto al pacto de seguridad entre EEUU y Dinamarca firmado en 1951 se refiere a las inversiones, señala Olesen a elDiario.es, quien lo define como “una limitación designada principalmente para contrarrestar a China”. El investigador recuerda que “ya existía en Dinamarca una preocupación respecto a las inversiones chinas en sectores considerados estratégicos”, hasta el punto de que desde Copenhague se ha frenado en algunos casos la entrada de capital chino en Groenlandia, como ocurrió con la construcción del aeropuerto de Nuuk. Por ello, considera que el nuevo pacto supone “poner sobre el papel una tendencia que ya tenía lugar antes”.

Se reconoce la autodeterminación de Groenlandia

Por otra parte, Julie Rademacher, directora de la asociación UAGUT (que significa nosotros en groenlandés y agrupa a la comunidad inuit en Dinamarca), se muestra satisfecha porque “por primera vez, un acuerdo vinculante, refrendado también por un presidente estadounidense, declara que el pueblo groenlandés es un pueblo amparado por el derecho internacional con derecho a la autodeterminación”. En un comunicado, Rademacher señala que, si bien algunos hablaban del control permanente sobre Groenlandia, “el futuro aún está en manos de los groenlandeses. Esta es una victoria mayor de la que muchos se atrevían a soñar”.

Por primera vez, un acuerdo vinculante, refrendado también por un presidente estadounidense, declara que el pueblo groenlandés es un pueblo amparado por el derecho internacional con derecho a la autodeterminación

Julie Rademacher — Directora de la asociación representativa de la comunidad inuit

Olesen también considera especialmente relevante que, sobre el papel, el convenio suscrito remite al pacto alcanzado entre Dinamarca y Groenlandia en 2009 sobre el camino hacia una eventual independencia de la isla ártica. “A la luz de la crisis actual, este respeto a la soberanía es también muy importante tanto para Groenlandia como para Dinamarca”, dice Olesen, que señala además que el texto contempla que, en caso de independencia, Groenlandia permanecería dentro de la estructura de la OTAN.

El articulado no prevé, sin embargo, ninguna compensación económica específica para Groenlandia por acoger las bases estadounidenses. “Tampoco lo esperábamos ver; si piensas recibir una suma importante de dinero por tener las bases militares, olvídate: EEUU nunca firmaría eso”, advierte el experto.

Según el recuento final de las elecciones generales en Suecia, el bloque progresista se impuso al conservador por poco más de 50.000 votos de diferencia, en unos comicios en los que votaron 6,3 millones de personas. Con este resultado, los partidos de la izquierda ya han comenzado las negociaciones para formar gobierno bajo el liderazgo de la socialdemócrata Magdalena Andersson. Pero teniendo en cuenta las líneas rojas planteadas por las diferentes formaciones, las negociaciones se esperan largas y complicadas.

En el bloque de la derecha ha llegado la hora de hacer balance de la derrota electoral de los tres partidos que integraban la coalición gobernante desde 2022: los Moderados, los Liberales y los Demócratas Cristianos. Pero a quien más le está costando digerir el fracaso en las urnas es a los Demócratas de Suecia (SD), la formación de ultraderecha que aspiraba a entrar por primera vez en un gobierno conservador. Las urnas han defraudado sus expectativas: SD ha sido el partido del Parlamento que más apoyos ha perdido respecto a las anteriores elecciones, un retroceso de 3,1 puntos porcentuales, y ha pasado a ser la tercera fuerza política de la cámara.

Sin apenas tiempo para analizar los resultados, los dirigentes del partido ultraderechista y otros opinadores de la derecha conservadora señalaron rápidamente a un culpable: los inmigrantes. Algunos llegaron incluso a hablar de un supuesto “gran reemplazo” del electorado, una teoría según la cual el cambio demográfico por la llegada de personas inmigrantes y solicitantes de asilo en los últimos años podría dificultar las opciones de la derecha de volver a ganar en futuras elecciones.

Movilizar el “voto islamista”

En el último debate electoral televisado antes de las votaciones, el líder de SD, Jimmie Åkesson, ya dejó caer la idea de que “la inmigración musulmana” sería “determinante” en las elecciones, alimentando todo tipo de teorías de la conspiración. Según Åkesson, “mediante la inmigración a Suecia procedente de la parte musulmana del mundo, [la izquierda] se ha hecho con el poder político en Suecia”, tal y como apuntó en SVT.

Con la publicación de los resultados electorales, esta teoría ha ido circulando en las redes sociales, en los perfiles afines a SD, y también ha sido repetida por los líderes del partido de ultraderecha. “Como movimiento, somos más fuertes que nunca”, dijo Åkesson el viernes en una rueda de prensa en el Parlamento, donde volvió a atribuir la victoria de los socialdemócratas y el crecimiento del Partido de Izquierda al hecho de que “han movilizado al voto islamista”.

Por su parte, desde el Partido de Izquierda, la portavoz Maria Forsberg contestó al líder ultraderechista diciendo que “su visión es el racismo y fomentar la división. Cuando los resultados de las elecciones no les convencen, empiezan a cuestionar el proceso democrático y rechazan la idea de que el voto de todos vale lo mismo. Esto amenaza la democracia sueca”, alertó.

Los que sustentan la teoría del “gran reemplazo” electoral se aferran a la publicación de una encuesta a pie de urna, elaborada por Valu, con una muestra de 13.000 participantes y publicada por SVT antes de empezar el recuento de votos en la noche electoral. Los datos del sondeo apuntaban a que el bloque progresista obtuvo el 48% de votos entre los votantes nacidos en Suecia, frente al 67% de apoyos entre los votantes inmigrantes procedentes de países no europeos. Con la publicación de los resultados finales, se ha demostrado que esta brecha se hace todavía más evidente en algunos de los barrios más vulnerables del país, donde la población de origen inmigrante tiene un peso importante. En Rosengård, uno de los barrios de Malmö, los Socialdemócratas y el Partido de Izquierda sumaron el 95% de los votos. En Rinkeby, al noroeste de Estocolmo, ambas formaciones alcanzaron conjuntamente el 90%.

Uno de los diputados de SD que más ha mencionado la teoría del “gran reemplazo” electoral es el diputado Tobias Andersson. “Es un poco osado creer que hay elecciones completamente libres cuando podemos tener una mayoría de más del 90% en todo un distrito electoral”, afirmó en el periódico Svenska Dagbladet. Lo que obvió Andersson es que también hubo distritos electorales, como el barrio pudiente de Södra Djursholm, en Estocolmo, donde los partidos del bloque conservador obtuvieron el 88,1% de los votos.

Además, el diputado ultra reprochó a los miembros del Gobierno saliente no haber suspendido el acceso a la nacionalidad a las personas inmigrantes en otoño de 2022, cuando el primer ministro conservador, Ulf Kristersson, llegó al poder. “Si perdemos, será porque hemos concedido la nacionalidad a más de 200.000 personas y han votado a la izquierda”, reaccionó Andersson en la entrevista.

Por otra parte, el político local y antiguo diputado de SD Kent Ekeroth atribuyó el resultado electoral a una “bomba demográfica” de la que, según sostuvo, su partido lleva tiempo advirtiendo. Ekeroth aseguró que la izquierda ha logrado movilizar políticamente a una parte del electorado a través de las mezquitas y de las redes comunitarias presentes en las zonas con mayor población inmigrante. “Parece que esto ha jugado un papel decisivo en estas elecciones, que llevan a Suecia hacia un camino completamente distinto del que han elegido los mismos suecos”, afirmó. En unas declaraciones abiertamente hostiles hacia la población inmigrante, Ekeroth añadió: “Han tenido la osadía de venir aquí y poder determinar el futuro del país”.

Más allá de la ultraderecha, esta teoría también ha comenzado a circular entre algunos miembros de los Moderados, hasta ahora la principal fuerza gobernante. El diputado conservador Fredrik Kärrholm se ha añadido al coro de voces que responsabilizan a la inmigración del resultado electoral y, en un artículo publicado en la revista británica The Spectator, argumentó que “la inmigración en Suecia no solo ha provocado un aumento de la criminalidad, de los problemas sociales y del desempleo”. Y agregó: “Hoy, el Gobierno, que había comenzado a resolver estos problemas con éxito, ha sido desalojado de las urnas por culpa de esa misma inmigración”.

Los datos desmontan la teoría

El foco puesto por SD en el voto de los ciudadanos nacidos fuera de Suecia permite a la formación dejar en segundo plano otras tendencias que, según los politólogos, resultan más relevantes para entender el retroceso electoral de la ultraderecha. Por ejemplo, la caída que la formación ha sufrido en Escania, en el sur del país, considerada uno de sus principales feudos electorales. Aunque SD continúa siendo la fuerza más votada en 18 de los 33 municipios de la región, su apoyo ha disminuido de forma generalizada y el partido ha perdido más de 27.000 votos respecto a las elecciones de 2022. Otro de los datos destacados es el fuerte retroceso de SD entre los votantes más jóvenes: el partido perdió siete puntos porcentuales entre los electores de 18 a 21 años, más del doble de su caída en el conjunto del electorado, donde su apoyo se redujo en 3,3 puntos.

Según los analistas, estos resultados pueden explicarse, en parte, por el menor peso que tuvieron la inmigración y la seguridad durante la campaña electoral, desplazadas por otras cuestiones como la sanidad y la educación. Este cambio de prioridades habría contribuido a desmovilizar a parte del electorado de SD respecto a las elecciones de 2022. El politólogo de la Universidad de Lund, Anders Sannerstedt, también apunta que SD “ya no es un partido que se perciba al margen del establishment tras colaborar con el anterior Gobierno, por lo que una parte de sus votantes no han ido a votar”.

Desde la Fundación Järvaveckan, dedicada a fomentar la participación ciudadana en la democracia en las zonas más vulnerables, cuestionan la teoría del “gran reemplazo electoral” con datos que apuntan a una realidad más compleja. Su encuesta muestra que el voto en los barrios vulnerables no es necesariamente contrario a las propuestas de los partidos del bloque conservador.

Según el sondeo, entre los ciudadanos de origen extranjero de estos barrios, el 70% apoya reducir los impuestos sobre el trabajo y el 66% rebajar los impuestos de la gasolina y el diésel. Además, el 71% respalda duplicar las penas por delitos vinculados a redes criminales y el 51% apoya que se pueda encarcelar a partir de los 14 años por delitos graves. “Los partidos conservadores deben escuchar a estos votantes en las zonas más vulnerables y competir para ganarse su confianza y dejar de cuestionar la igualdad de la ciudadanía en el voto”, concluyó el fundador de la Fundación Järvaveckan, Ahmed Abdirahman.

El acuerdo sobre Groenlandia está todavía envuelto en incógnitas. Estados Unidos y Dinamarca anunciaron por sorpresa el viernes por la noche un pacto de seguridad negociado durante meses, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya expresado reiteradamente sus ambiciones expansionistas para hacerse con el control de la estratégica isla ártica desde que fue reelegido en la Casa Blanca.

El acuerdo está pendiente de firmarse la semana que viene en Nueva York, en el marco de la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según la interpretación de Trump en sus redes sociales, el pacto supone una “victoria” para Estados Unidos, una lectura que contrasta con las valoraciones expresadas en Copenhague y Nuuk, mucho más cautelosas y comedidas, aunque todas las partes han coincidido en destacar los beneficios del acuerdo.

Experto danés: “No hay mucho nuevo bajo el sol”

A falta de conocer el contenido del pacto, los analistas apuntan a que, por ahora, la mayor pregunta es qué novedades introduce el nuevo texto respecto al acuerdo de defensa sobre la isla ártica firmado por Washington y Copenhague en 1951 y que todavía sigue vigente. Hasta ahora, el pacto daba amplios márgenes a que EEUU pudiera desarrollar su actividad militar, ya que reconoce que la isla tiene importancia para la seguridad estadounidense.

En este sentido, el profesor de la Academia de Defensa Danesa, Petter Viggo Jakobsen, cree que “no hay mucha cosa nueva bajo el sol”, señalaba. Según Jakobsen, una de las voces más reconocidas en materia de defensa en Dinamarca, “los EEUU ya tienen amplias posibilidades de presencia militar en Groenlandia”. Por lo que el anuncio de Trump de que EEUU aumentará “inmediatamente” el número de efectivos militares “no significa necesariamente que se hayan otorgado mayores derechos a los norteamericanos con el nuevo acuerdo”. Jakobsen señalaba, sin embargo, un aspecto no menos importante: “Ahora Trump puede decir que ha ganado y que es un presidente brillante, mientras el resto se pone a trabajar”, dijo en una entrevista con TV2.

Actualmente, EEUU mantiene una única base militar permanente en Groenlandia, la Pituffik Space Base, donde están destinados alrededor de 150 militares estadounidenses. Sin embargo, en los últimos meses, medios de comunicación daneses han informado de que Washington y Copenhague ya negocian la apertura de tres nuevas instalaciones militares en la isla.

Soberanía y autodeterminación

Según expresó Trump en la red Truth Social, el nuevo acuerdo otorga “el control permanente sobre la seguridad y sobre todas las otras necesidades de EEUU en Groenlandia”, una cláusula “sin fecha de caducidad y válido de forma infinita”. Este punto es uno de los aspectos que preocupa más al investigador sénior del Instituto Danés de Estudios Internacionales (DIIS), Ulrik Pram Gad, especializado en geopolítica ártica y en las relaciones entre Groenlandia y Dinamarca.

Gad apunta a la posibilidad de que el acuerdo permita a EEUU ejercer determinados derechos de manera permanente o sobre nuevos ámbitos que hasta ahora no estaban incluidos en el pacto de seguridad anterior, por lo que “veo una particular línea roja en conceder a EEUU ciertos derechos incondicionalmente para siempre, dependiendo de cómo se formule en el texto del acuerdo, puede ser controvertido”, apuntaba el experto.

En referencia a la integridad territorial y a la autonomía de Groenlandia, tanto la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, como el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, destacaron que el nuevo acuerdo “reconoce la soberanía del Reino de Dinamarca” y el derecho a la autodeterminación.

El control de las inversiones extranjeras, foco de controversia

Una de las principales novedades del acuerdo respecto al firmado en 1951 podría ser, según los expertos consultados, que EEUU se reserve algún tipo de capacidad para supervisar las inversiones extranjeras en Groenlandia: “Es posible que el nuevo acuerdo incluya algún aspecto que otorgue a EEUU un papel, formal o informal, amplio o muy limitado, en la evaluación de las inversiones extranjeras en Groenlandia”, señala el experto Ulrik Pram Gad.

Este punto hace referencia a la especial preocupación que ha despertado China por su interés en sectores estratégicos como la minería o las infraestructuras en el Ártico, aunque la presencia real de Pekín en Groenlandia sigue siendo limitada y varios de sus proyectos han quedado paralizados. Para Gad, hay temor de que este mecanismo “se pueda convertir, a la práctica, en una limitación de la capacidad de Groenlandia para decidir sobre sus propias inversiones”, lo que afectaría directamente a su soberanía.

¿Habrá alguna compensación para Groenlandia?

Otro de los puntos importantes que hasta ahora no se ha mencionado, según el experto del DIIS, son las posibles compensaciones que Groenlandia podría obtener a cambio de la presencia militar estadounidense. Ulrik Pram Gad recuerda que, desde la perspectiva groenlandesa, las bases estadounidenses no se consideran necesariamente una garantía de protección para la isla. “Creo que nadie en Groenlandia piensa particularmente que su isla necesite defensa”, señala. Por el contrario, “existe un problema relacionado con la protección del medio ambiente y con la limpieza tras la gran cantidad de catástrofes ambientales que han producido las bases estadounidenses”. El investigador considera, por tanto, que habrá que comprobar si el nuevo acuerdo incluye compromisos en materia de contratos para empresas groenlandesas o danesas, protección medioambiental y limpieza de la contaminación heredada de anteriores instalaciones estadounidenses.

Por último, Gad se pregunta si el acuerdo alcanzado será capaz de estabilizar las relaciones entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. A su juicio, tanto en Copenhague como, sobre todo, en Nuuk, “hay un fuerte desgaste por la crisis y hay un interés en cerrar el conflicto”, señala. Sin embargo, a la vista de los antecedentes de Trump en materia de cumplimiento de acuerdos internacionales, advierte que “Todavía está por verse si un acuerdo con Donald Trump es realmente un acuerdo.”.

La reacción eufórica de la líder del Partido de la Izquierda (Vänsterpartiet), Nooshi Dadgostar, tras conocerse los resultados electorales se explica porque, por primera vez en su historia, la formación, heredera del antiguo Partido Comunista Sueco, tendrá un papel decisivo en la formación de un Gobierno. A nivel nacional, el partido consiguió el 8,3% de los votos y 29 de los 349 escaños en el Parlamento, lo que la sitúa como la cuarta fuerza en el Riksdag. La formación, la más izquierdista de la Cámara, es la que más crece en todo el arco parlamentario, aumentando cinco escaños y 1,5 puntos porcentuales.

Más allá de este crecimiento, el periódico Dagens Nyheter se ha fijado en que la formación, cuya presidenta nació en un centro de acogida de refugiados del sur de Suecia, ha cosechado un mayor número de votos en las zonas de las ciudades donde vive una población más vulnerable. En Rinkeby, en las afueras de Estocolmo, la formación ha doblado sus resultados respecto a 2022, consiguiendo el 54% de los votos, mientras que en el sur de la ciudad de Jönköping y en la periferia de Malmö sus resultados se han multiplicado por tres. En estas zonas, feudos tradicionales del Partido Socialdemócrata, esta vez el Partido de la Izquierda ha logrado superarlos en algunos barrios.

“El Partido de Izquierda se ha centrado claramente en atraer a los grupos de inmigrantes y a las personas que viven en zonas vulnerables, donde se ha asegurado ser una fuerza de contraste con la ultraderecha de Demócratas de Suecia”, explica a elDiario.es la politóloga de la Universidad de Södertörn, Jenny Madestam. Por su parte, el politólogo de la Universidad de Lund, Anders Sannerstedt añade: “Han tenido una presencia remarcable en los barrios vulnerables”.

El Partido de Izquierda ha centrado su campaña electoral en hablar de política exterior y del apoyo a Palestina, pero también del precio del alquiler, de las escuelas, del estado de los servicios públicos y de las listas de espera de la sanidad, en un sistema que se ha ido privatizando en las últimas décadas.

Con todo, en las últimas semanas, el Partido de Izquierda se ha visto envuelto en una polémica después de que varios de sus candidatos fueran acusados de difundir mensajes antisemitas o mostrar apoyo a grupos considerados terroristas. La controversia llevó a la formación a retirar de sus listas electorales a al menos 24 candidatos. Por su parte, la líder de los Socialdemócratas, Magdalena Andersson, fue muy crítica con el Partido de Izquierda por los casos de antisemitismo, “pero en ningún caso los escándalos parecen haber tenido un efecto disuasorio sobre los votantes”, según Madestam.

A pesar del cierto distanciamiento político de la líder del Partido de la Izquierda, Nooshi Dadgostar, con el actual Partido Socialdemócrata, en varias entrevistas ha repetido que su mayor influencia política es el ex primer ministro socialdemócrata Olof Palme. Los padres de Dadgostar llegaron a Suecia huyendo de la persecución política en Irán a principios de los años ochenta, cuando Palme estaba en el Gobierno. Según ella misma ha contado, cuando llegaron al país nórdico no tenían prácticamente nada, y Dadgostar nació en un centro de acogida para refugiados en Perstorp. Posteriormente, su familia se trasladó a vivir a Gotemburgo, donde, con 14 años, empezó a militar en las Juventudes de Izquierda, a la vez que era una estudiante brillante en el instituto.

Más tarde, Dadgostar se trasladó a Estocolmo, donde fue elegida como representante en un ayuntamiento de las afueras de la capital y se convirtió en una voz destacada del movimiento por la defensa de la vivienda asequible. En 2014 fue nominada como líder del Partido de Izquierda y, en 2021, tuvo un papel central en la histórica moción de censura que provocó la caída del primer ministro socialdemócrata Stefan Löfven. Puede que desde entonces la desconfianza entre el Partido de Izquierda y los Socialdemócratas se hiciera más profunda, pero ahora Dadgostar y Andersson se verán obligadas a cooperar si quieren sacar adelante un Gobierno progresista.

“Los socialdemócratas no hicieron buena campaña”

La otra cara de la noche es la del Partido Socialdemócrata, que volvió a ser la fuerza más votada en las elecciones generales del domingo en Suecia, pero la victoria no oculta que ha vuelto a registrar uno de los peores resultados de su historia. Si la presidenta del partido, Magdalena Andersson, vuelve a ser nominada como primera ministra del país escandinavo, será a pesar de haber perdido apoyos respecto a las últimas elecciones en 279 de los 290 municipios del país. En cuanto al resultado nacional, situado en torno al 28% de los votos, supone además el peor registro de los Socialdemócratas en un siglo.

Junto al incremento en votos de los Verdes y el Partido del Centro, el Partido de la Izquierda aspira ahora a formar una mayoría de izquierdas para gobernar los próximos cuatro años, aunque se vaticina que las negociaciones dentro del bloque no serán nada fáciles.

Todavía sin haber terminado el recuento, y tras una noche electoral de infarto para los Socialdemócratas, el análisis de los resultados apunta a que el Partido de la Izquierda y las demás formaciones del bloque progresista han sabido ocupar parte del espacio perdido por el partido de Magdalena Andersson.

La estrategia de Andersson durante la campaña, quien ya ocupó el cargo de primera ministra entre 2021 y 2022, estuvo centrada en advertir del riesgo de que la ultraderecha entrara por primera vez en el Gobierno y asumiera carteras ministeriales. A su vez, durante sus años en la oposición, los Socialdemócratas han dado un giro en materia migratoria y de seguridad que los ha acercado a las posiciones de los partidos conservadores, alejándolos de algunos de sus aliados naturales dentro del bloque progresista. Esta estrategia está inspirada en los socialdemócratas de Dinamarca, donde la primera ministra Mette Frederiksen consiguió este año revalidar el mandato.

“Los socialdemócratas no hicieron una buena campaña electoral en los medios, no quedó muy claro cuál es el mensaje principal del partido”, opina el politólogo de la Universidad de Lund, Anders Sannerstedt. A su vez, “se han acercado un poco más a los cuatro partidos de derecha en temas como el retorno de la energía nuclear, la lucha contra la delincuencia y la política de refugiados”, añade Sannerstedt, “y eso también podría haberles perjudicado”.

Los resultados de las elecciones generales en Suecia todavía pueden variar, pero, tras una noche electoral marcada por un recuento extremadamente ajustado y muchos nervios, el Partido Socialdemócrata de Magdalena Andersson se ha impuesto como la fuerza más votada. Los partidos del bloque progresista han logrado además una ajustadísima mayoría parlamentaria, con el 49,5% de los votos y 176 escaños, frente al 49,1% y 173 escaños obtenidos por el bloque conservador.

Estos resultados impiden al primer ministro y líder de los Moderados, Ulf Kristersson, reeditar la mayoría que sostuvo su Gobierno durante la pasada legislatura. En 2022, Kristersson formó una coalición, conocida como Acuerdo de Tidö, junto a los democristianos y los liberales, con el apoyo externo de los ultras Demócratas de Suecia que, pese a ser la segunda fuerza del Parlamento, quedó fuera del Ejecutivo.

El revés más destacado de la noche electoral se lo ha llevado Demócratas de Suecia, que por primera vez desde su entrada en el Parlamento ha visto caer su apoyo en unas elecciones generales. En el otro extremo, el Partido de Izquierda, con una agenda feminista y ecologista, se consolida como la formación que más crece y asciende hasta convertirse en la cuarta fuerza parlamentaria.

El desenlace final depende del voto exterior

La noche electoral no dejó un bloque ganador claro, aunque con el 99% del voto escrutado, los partidos del bloque progresista (formados por Socialdemócratas, Partido de Izquierda, Partido Verde y Partido de Centro) tienen una ligera ventaja de 2 escaños por encima de la mayoría parlamentaria. Los resultados finales, sin embargo, pueden tardar hasta el miércoles en saberse, ya que depende del recuento del voto anticipado y del voto en el extranjero emitido en puntos de votación situados en embajadas y consulados.

Este recuento final aún podría hacer cambiar el reparto de escaños en el Parlamento, una situación que ya pasó en las pasadas elecciones generales del 2022. En aquel recuento, la diferencia entre los dos bloques de gobierno era de 0,72 puntos porcentuales. Esta vez los resultados aún han sido más ajustados con una diferencia de solamente 0,45 puntos porcentuales, lo que corresponde a 28.600 votos más en favor del bloque de partidos de izquierda-verde. Aun así, según apuntan los análisis de la cadena de televisión pública SVT, estos resultados actuales se mantendrán tras el recuento final de votos.

¿Qué gobierno pueden formar los socialdemócratas?

La victoria de los socialdemócratas ha sido agridulce. Aunque se mantienen como el partido más votado de Suecia, han cosechado su peor resultado en un siglo. Durante la noche electoral, Magdalena Andersson pidió a sus simpatizantes que esperaran al resultado definitivo del recuento, aunque aseguró que su partido “está dispuesto a asumir la responsabilidad por el resultado” y a “tratar de formar un nuevo Gobierno”.

Los laboristas tendrán que hacer frente a unas negociaciones con una posición debilitada, ya que han sido el único partido de la oposición que ha retrocedido en votos. Frente al retroceso de los socialdemócratas, destaca el buen resultado del Partido de Izquierda, la formación que más crece en el Parlamento, que ha obtenido sus mejores resultados en las grandes ciudades, donde los laboristas han perdido más votos. Con el 8,2% de los votos y 29 escaños, su líder, Nooshi Dadgostar, ha reclamado a los socialdemócratas que tomen en serio su avance y cuenten con ellos para formar el próximo Gobierno.

Sin embargo, formar una mayoría de Gobierno de izquierdas y verdes no será una tarea sencilla para Andersson, ya que los partidos que integran el bloque llegan a las negociaciones profundamente divididos. El partido de Centro (7,1% de los votos y 25 escaños) se ha negado en campaña a colaborar en un ejecutivo con el Partido de Izquierda tras acusar a sus miembros de promover el antisemitismo y apoyar a grupos palestinos señalados por terrorismo.

Ante este escenario, los socialdemócratas podrían buscar alianzas en el centro político, especialmente con los liberales. Sin embargo, estos ya han advertido de que no apoyarán un Gobierno del que no formen parte, mientras que el Partido de Izquierda rechaza tajantemente cualquier acuerdo con la polémica líder liberal, Simona Mohamsson. Si, por el contrario, los socialdemócratas optaran por gobernar en minoría en solitario, las posibilidades de que el Partido de Izquierda les brindara su apoyo serían muy escasas.

La ultraderecha frena su ascenso

El ambiente más enrarecido de la noche electoral se vivió en la sede de Demócratas de Suecia, el partido de ultraderecha que aspiraba por primera vez a entrar a un gobierno. En estas elecciones, sin embargo, la formación de Jimmie Åkesson ha dejado de ser el partido más votado del bloque conservador, lo que pone en riesgo su capacidad para influir en un eventual Gobierno de derechas. Además, SD ha sido el partido que más apoyo ha perdido de todo el arco parlamentario.

El partido, de marcado discurso xenófobo, populista y nacionalista, parece haber frenado el ascenso que experimentaba desde su entrada en el Parlamento en 2010. En esta campaña, además, las prioridades de los votantes han cambiado, con la lucha contra el crimen organizado y la inmigración perdiendo peso frente a cuestiones como el estado de los servicios públicos y el coste de la vida.

Los Moderados quieren mantener el poder

En cambio, para los Moderados del primer ministro Ulf Kristersson, la noche electoral resultó más favorable de lo previsto, después de que las encuestas anticiparan un resultado decepcionante para la formación. Finalmente, el partido ha recuperado su posición como principal fuerza conservadora del Parlamento, un puesto que perdió frente a Demócratas de Suecia en 2022.

En la noche electoral, Kristersson reconoció que los partidos del bloque progresista habían conseguido más escaños, pero a la vez señaló que existen “muchas posiciones irreconciliables” entre los partidos del bloque, por lo que puso en duda su capacidad de llegar a un acuerdo.

En este sentido, Kristersson afirmó que estaba dispuesto a buscar una mayoría alternativa al bloque de izquierda-verde en el Parlamento, “para encontrar una coalición viable que garantice el apoyo a la política económica que los votantes suecos han aprobado” en los últimos cuatro años. Una de las opciones de los Moderados para alcanzar una mayoría sería atraer al Partido de Centro hacia el bloque conservador, pese a que esta formación rechaza cualquier colaboración con la ultraderecha, cuyo apoyo también sería necesario.

El recuento en la noche electoral en Suecia se ha hecho muy largo en unas votaciones muy ajustadas. Los socialdemócratas han ganado las elecciones en unos comicios en que estaba en juego que la ultraderecha entre por primera vez en un gobierno del país escandinavo, un escenario que no se puede aún descartar.

Con el 94% de los votos escrutados, y con una participación del 78,8%, los socialdemócratas han sido la fuerza más votada, con el 28% de los sufragios y 99 escaños. Les siguen los Moderados, que han obtenido el 19,9% y 70 diputados, mientras que el ultraderechista Demócratas de Suecia se sitúa como tercera fuerza con el 17,7% de los votos y 63 escaños.

Este resultado deja una ventaja extremadamente estrecha para el bloque progresista, que suma el 49,3% de los votos, frente al 49,1% de las formaciones conservadoras. Esta diferencia tan ajustada hace que el reparto definitivo de mayorías aún pueda cambiar con el escrutinio del voto exterior, cuyos resultados no se conocerán hasta el próximo miércoles. Según la televisión pública SVT, apenas 20.000 votos separan actualmente a ambos bloques.

Los socialdemócratas de Magdalena Andersson han planteado las elecciones como una defensa frente a la posible entrada de la ultraderecha en el gobierno del país nórdico, con el lema de campaña “Vota por alguien que no tenga ideas extremistas”. Pese a imponerse en las urnas, los socialdemócratas han firmado su peor resultado electoral de la historia, con una caída de 2,7 puntos porcentuales respecto a 2022, cuando el partido ya había sufrido un importante retroceso. Aun así, la formación mantiene su condición de fuerza más votada del país y queda en disposición de intentar formar gobierno, en un escenario europeo en el que los partidos socialdemócratas han ido perdiendo terreno e influencia.

Retroceso de la extrema derecha

Por su parte, el partido de ultraderecha Demócratas de Suecia, que aspira a entrar en el próximo ejecutivo si el bloque conservador logra finalmente reeditar la mayoría, ha sufrido el primer retroceso electoral desde su entrada en el Parlamento en 2010. El cordón sanitario que los partidos suecos habían mantenido en anteriores elecciones frente a la ultraderecha se ha roto por completo y ahora Demócratas de Suecia ya es aceptada por todas las formaciones del bloque conservador para formar un gobierno.

Hace cuatro años, SD consiguió por primera vez más votos que los conservadores tradicionales (Moderados), situándose como segunda fuerza en el Parlamento. En estas elecciones, el líder ultra Jimmie Åkesson expresó que el objetivo era obtener un número de cargos ministeriales “proporcional” a sus resultados en las votaciones.

SD, considerado como un partido populista, nacionalista y xenófobo, ya ha tenido un peso muy importante en la política sueca en los últimos cuatro años, ya que su apoyo ha sostenido externamente el Gobierno de Kristersson, formado por Moderados, Demócrata Cristianos y Liberales. La huella de SD se ha hecho especialmente visible en el endurecimiento de las políticas migratorias y de seguridad, dos de los principales frentes del giro conservador que ha experimentado Suecia en los últimos años.

El bloque de izquierda llega dividido 

“Mi mensaje es claro, los socialdemócratas siempre estaremos listos para asumir la responsabilidad del resultado. Parece que será muy ajustado, pero ahora vamos en cabeza y si se mantiene así, Suecia tendrá un nuevo gobierno”, dijo la líder de ese partido, Magdalena Andersson.

Andersson es presidenta de los socialdemócratas desde 2021, cuando sucedió al veterano ex primer ministro Stefan Löfven, con quien había desarrollado buena parte de su carrera política. Antes de asumir la presidencia del partido, Andersson había sido ministra de Finanzas y, posteriormente, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Suecia. Las encuestas la han señalado desde hace tiempo como la futura primera ministra, pero hasta ahora ha evitado hablar de futuros pactos de gobierno, ya que desconfía del Partido de Izquierda como socio de gobierno. 

Esta formación, liderada por Nooshi Dadgostar, ha mejorado sus resultados hasta convertirse en la cuarta fuerza del Parlamento, con el 8,1% de los votos. Durante la campaña, el Partido de Izquierda ha puesto el foco en el refuerzo de los servicios públicos y en una mayor presión fiscal sobre los más ricos como forma para combatir la desigualdad. A la vez, la formación ha cuestionado el giro en la política migratoria de los socialdemócratas, cada vez más restrictiva.

Más allá de este asunto, para conseguir una mayoría en el bloque progresista también hace falta el apoyo del Partido de Centro (7,1% de los votos), de carácter liberal y agrario, que durante la campaña se ha negado con rotundidad a colaborar con el Partido de Izquierda. Otro partido que integraría el bloque profresista es el del Medio Ambiente, que ha logrado el 6,1 % de los votos. Si se confirma que han obtenido la mayoría para gobernar, se prevén unas negociaciones complicadas.

El hasta ahora primer ministro, Ulf Kristersson, ha admitido que el resultado puede llevar a unas negociaciones “complicadas”, pero ha dicho que, independientemente de qué bloque gane, está dispuesto a explorar todas las opciones.

Suecia vota este domingo en unas elecciones ajustadas que se han convertido, en la práctica, en un plebiscito sobre la entrada al gobierno de la formación de ultraderecha Demócratas de Suecia (SD). Su eventual incorporación al ejecutivo culminaría la transformación de un partido que durante décadas fue considerado un paria político en un socio de confianza en el Gobierno.

Según las últimas encuestas del viernes, SD obtendría alrededor del 18% de los votos mientras que los partidos del bloque de centroderecha que lidera el primer ministro Ulf Kristersson se han comprometido a incorporar a la formación ultra al Gobierno para reeditar su mandato. Sin embargo, Kristersson afronta unas elecciones cuesta arriba, ya que los sondeos dan la victoria al partido de los socialdemócratas (con el 28,6% de los votos) y dan opciones a formar una coalición de izquierda-verde, aunque la ventaja respecto a los partidos del bloque conservador se va haciendo cada vez más ajustada con cada nueva encuesta.

Ulf Kristersson, de 62 años, fue elegido primer ministro en 2022 como líder del Partido Moderado, al frente de una coalición junto a los Demócratas Cristianos y los Liberales. El Ejecutivo salió adelante gracias al apoyo parlamentario de Demócratas de Suecia, que, aunque ha permanecido fuera del Gobierno, ha logrado ejercer una influencia significativa sobre sus políticas.

En los últimos cuatro años, el Ejecutivo ha abolido la residencia permanente para los solicitantes de asilo, ha endurecido las normas para que los inmigrantes reciban ayudas sociales y ha intensificado las deportaciones para las personas que no tienen derecho a vivir en el país. El primer ministro ha defendido durante la campaña que Suecia necesita un gobierno de mayoría estable para hacer frente a los principales desafíos del país, desde la seguridad nacional hasta la lucha contra el crimen organizado. Y sostiene que para lograrlo será necesario incorporar a Demócratas de Suecia al Ejecutivo, lo que supondría la entrada por primera vez de la ultraderecha en un gobierno sueco.

El partido ultraderechista lleva dos décadas bajo el liderazgo de Jimmie Åkesson, quien ha transformado la formación, nacida en los márgenes de la extrema derecha y con vínculos neonazis en sus orígenes, en la principal fuerza de la derecha en el Parlamento sueco. A finales de junio de 2025, el partido publicó un extenso informe sobre sus orígenes, detallando sus vínculos pasados con organizaciones fascistas y nazis, así como las opiniones xenófobas y antisemitas de algunos de sus miembros. Åkesson pidió disculpas en nombre del partido, aunque sigue fomentando el odio hacia la población musulmana en sus discursos.

El debate migratorio pierde peso

En esta campaña, el mantenimiento de la ley y el orden público, que durante años figuraron entre las principales preocupaciones de los suecos, ha perdido protagonismo frente a la sanidad, la educación y la economía, unos temas en los que, según los analistas, los socialdemócratas tienen ventaja. Al mismo tiempo, los tiroteos y la violencia de las bandas, dos de los principales argumentos esgrimidos por la ultraderecha para conseguir votos, han experimentado un fuerte descenso en los últimos años.

Según datos de los cuerpos policiales, los tiroteos se han reducido casi a la mitad en 2026 y, por primera vez en muchos meses, en mayo no se registró ninguna muerte por arma de fuego en Suecia. Un descenso que, paradójicamente, pone de relieve hasta qué punto la violencia vinculada a las bandas llegó a convertirse en un problema grave en el país.

A pesar del consenso sobre la inmigración, muchos suecos siguen sintiendo una profunda inquietud hacia la llegada de la extrema derecha al gobierno

Jonnas Hinnfors — Politólogo de la Universidad de Gotemburgo

Kristersson atribuye este descenso de la violencia a la acción de su Gobierno –a pesar de que el problema de las pandillas persiste–. Su ejecutivo ha endurecido las penas por los delitos violentos y ha dado mayores poderes a los cuerpos policiales para actuar contra el crimen organizado. El Partido de los Moderados también ha reivindicado en campaña que en la última legislatura ha impulsado el crecimiento económico con medidas como bajar los precios de la energía y los alimentos, a la vez que se ha reducido la llegada de solicitantes de asilo hasta mínimos históricos.

Jonnas Hinnfors, politólogo de la Universidad de Gotemburgo, explica que el debate migratorio ha perdido peso en esta campaña, aunque sigue siendo uno de los principales factores que movilizan al electorado de SD. Con la caída de las solicitudes de asilo, señala, el foco del debate se ha desplazado. “Los partidos ya no discuten sobre cómo frenar las llegadas, sino sobre la integración y qué hacer con quienes ya viven en Suecia”, dice el experto a elDiario.es.

Un bloque de izquierdas dividido

Algunas ideas que han calado estos cuatro años de gobierno apoyado por la ultraderecha –y han supuesto el fin de la cultura de la acogida en el país nórdico– han terminado impregnando los postulados de la oposición de centroizquierda. El partido de los socialdemócratas de la candidata Magdalena Andersson se ha comprometido a mantener estas políticas de inmigración cada vez más restrictivas si llega al poder. “Pero, a pesar de este consenso sobre la inmigración, muchos suecos siguen sintiendo una profunda inquietud hacia la llegada de la extrema derecha al gobierno”, subraya Hinnfors.

Al ser preguntada sobre su postura en la materia, Andersson afirmó que la política migratoria que Suecia había mantenido anteriormente era insostenible. La líder socialdemócrata también ha expresado que su partido estaría dispuesto a apoyar los “centros de retorno” para inmigrantes en terceros países fuera de la UE para las personas cuya solicitud haya sido rechazada.

Andersson, de 59 años, ya ocupó el cargo de primera ministra entre 2021 y 2022, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Suecia en llegar al puesto. Durante su mandato, tuvo que conducir el país en medio de la crisis de la COVID y dio los primeros pasos para el posterior ingreso en la OTAN. En sus dos años de Gobierno, Andersson, formada en la gestión financiera, se ganó fama de ser una política impaciente, directa y frugal en cuanto a las negociaciones de los presupuestos con la UE. Su candidatura para esta campaña se ha basado en hacer una defensa férrea del Estado del bienestar frente al giro liberal-conservador de los últimos años.

Durante meses, las encuestas han dado prácticamente por segura una victoria de Andersson junto con una mayoría para el bloque de izquierda-verde, que llegó a aventajar en hasta 12 puntos al bloque de centroderecha en algunos sondeos de primavera. Sin embargo, en los últimos meses han perdido terreno en las encuestas y habrá que esperar al domingo para comprobar cómo se traduce finalmente en las urnas.

En un mensaje publicado en Facebook durante la campaña, Andersson ha advertido de que las elecciones no se reducen a decidir entre ella y el actual primer ministro, Ulf Kristersson. También está en juego, sostiene, la influencia que la ultraderecha tendrá sobre áreas como la defensa, la educación, la cultura y las finanzas. “Eso daría lugar a una Suecia muy diferente”, ha afirmado.

Una victoria de Andersson tampoco garantizaría un gobierno estable. Los cuatro partidos del bloque progresista, los socialdemócratas, los Verdes, el Partido de la Izquierda y el Partido del Centro, comparten una apuesta general por reforzar el Estado del bienestar y aumentar el gasto público, pero discrepan en cuestiones clave, como la creación de un impuesto para los multimillonarios o la construcción de nuevos reactores nucleares. Además, el Partido del Centro ha descartado formar parte de un ejecutivo junto al Partido de la Izquierda, una posición que podría complicar las negociaciones para formar gobierno.

El mitin del partido ultraderechista Demócratas de Suecia (SD) arranca pareciendo más un concierto de rock que un acto político. Sobre el escenario, suena a todo volumen una banda iluminada por un juego de luces y llamaradas que interpreta una canción compuesta y escrita, entre otros, por el líder de la formación, Jimmie Akesson. El público va ocupando el espacio, hay café y pastas de canela gratuitos, y bebidas energéticas para los numerosos asistentes, muchos de ellos todavía adolescentes sin edad de votar en las próximas elecciones generales, que se celebran el domingo. El ambiente es festivo, a pesar del aparatoso despliegue policial que acordona la plaza. Cuando termina la música, varios centenares de personas esperan la aparición de Jimmie Åkesson, el líder de la formación ultraderechista, que se ha convertido en la gran estrella de la tarde en Malmö.

SD ha apoyado durante los últimos cuatro años a un gobierno minoritario de centroderecha que ha impulsado profundos cambios políticos en el país escandinavo. Hasta el punto de que Åkesson afirma haber “ganado la batalla de las ideas” y considera que su formación merece formar parte del gobierno, un hecho del que no hay precedentes.

Los sondeos electorales señalan que la ultraderecha puede volver a superar a la derecha tradicional del Partido Moderado, la formación del primer ministro, Ulf Kristersson. Las encuestas las lidera el partido socialdemócrata, con una diferencia de entre seis y ocho puntos sobre SD, aunque esta distancia se va estrechando en los sondeos a medida que se acerca el día de las votaciones.

De las raíces nazis a la aceptación

Entre los asistentes al mitin de Malmö está el diputado de SD de origen iraní Nima Gholam Ali Pour. El parlamentario sostiene que en la política sueca ya no queda ni rastro del ostracismo al que durante años estuvo sometida la formación de ultraderecha a la que representa. Según la interpretación de Pour, tanto los conservadores como los democristianos aceptarían la entrada de SD en una coalición de gobierno, mientras que el partido de los liberales también ha dejado de ser un impedimento: “No hay obstáculos, pero los gobiernos de Tidö (nombre que recibe la coalición de gobierno de derechas) tienen que conseguir la mayoría, ese es el único obstáculo” dice.

No obstante, aunque SD repitiera en las próximas elecciones los resultados de hace cuatro años, su líder descarta reclamar el puesto de primer ministro: “Aún nos tenemos que ganar la confianza de los otros partidos paso a paso” justifica Pour.

Con el auge de SD, el relato político ha cambiado de forma radical en lo que respecta al endurecimiento de la inmigración y en cuanto a las políticas contra el crimen organizado

Jonnas Hinnfors — Politólogo de la Universidad de Gotemburgo

La presencia de un refugiado iraní como Pour en las filas de SD ilustra hasta qué punto el partido ha tratado de desprenderse de su pasado vinculado a los movimientos supremacistas blancos desde su fundación, en 1988, para convertirse en una fuerza política con aspiraciones mayoritarias en Suecia. Esta transformación se debe en buena medida a Åkesson, de 47 años, que se incorporó al partido en los años 90 y asumió el liderazgo en 2005. Desde entonces, SD no ha dejado de crecer elección tras elección.

Sin embargo, la política antimigratoria y la relación de migración con delincuencia es un pilar constante de sus discursos. “Suecia ha tenido una política de inmigración totalmente irresponsable durante décadas, y ustedes aquí en Malmö lo saben mejor que nadie en el país: saben a lo que ha llevado en forma de segregación, exclusión, criminalidad, erosión del bienestar, dependencia de subsidios y escasez de vivienda”, señala el líder ultra desde el escenario. “No me gusta la palabra 'integración' si significa que los suecos debamos adaptarnos a valores medievales que han llegado aquí; son quienes han venido los que deben adaptarse a nosotros, punto final”.

Exteclista en una banda de rock vikingo, el líder ultra cultiva una imagen formal y simpática, mientras la formación aboga por prohibir la vestimenta islámica tradicional en las calles, demoler mezquitas y aumentar las expulsiones de inmigrantes. Para el politólogo de la Universidad de Gotemburgo Jonnas Hinnfors, la influencia de SD se mide no solo por sus resultados electorales, sino por cómo ha conseguido que sus adversarios políticos adopten parte de su agenda. “Con el auge de SD, la narrativa política ha cambiado de forma radical, sin duda en lo que respecta al endurecimiento de la inmigración, pero también en cuanto a las políticas contra el crimen organizado”, dice.

Los ultras pueden haber tocado techo

Los diputados de ultraderecha de SD a menudo han utilizado Malmö (la tercera mayor ciudad del país) como un ejemplo de inseguridad, delincuencia y segregación asociada con la inmigración irregular y con las bandas del crimen organizado que controlan el mercado ilegal de drogas. El partido responsabiliza de esta situación a décadas de gobiernos socialdemócratas y acompaña este discurso de una retórica marcadamente antimusulmana.

Sin embargo, en los últimos años, la intensidad de la delincuencia y la violencia relacionada con las bandas se ha reducido de forma notable en Malmö, lo que se refleja en los datos de la policía: los tiroteos han caído un 65% desde 2017 y las explosiones, un 72%. Con el declive de la inseguridad en la ciudad, el diputado Nima Gholam Ali Pour reconoce que “ahora nuestros votantes están empezando a fijarse en otros temas” dice.

La ultraderecha ha desplazado el foco de la campaña a la preservación de la identidad sueca, las políticas energéticas o el Estado del bienestar

Anders Sannerstedt — Politólogo de la Universidad de Lund y especialista en ultraderecha

Según Anders Sannerstedt, politólogo de la Universidad de Lund y especialista en movimientos de ultraderecha en Suecia, SD ha desplazado el foco en esta campaña, pasando de la delincuencia, una de las banderas que hasta ahora les había permitido ganar más votos, a cuestiones como la “preservación de la identidad sueca, las políticas energéticas, o el Estado del bienestar”. En este giro de agenda hacia políticas más sociales, el partido ha prometido en la campaña ampliar las subvenciones públicas para los tratamientos odontológicos de los ciudadanos suecos. Pero, pese al cambio de prioridades, Sannerstedt subraya que “la inmigración sigue siendo la explicación de su éxito electoral”.

El experto sostiene, además, que SD ha logrado transformar el debate político hasta situarse en el centro del sistema de partidos y arrastrar a otras formaciones a sus posiciones. Sin embargo, advierte de que ese desplazamiento no se está traduciendo necesariamente en más votos para la ultraderecha, estacando en torno al 20%, y vaticina: “Han llegado a su punto máximo”.

Giro a la derecha

En los últimos años, la opinión pública en Suecia ha experimentado un notable giro derechista, especialmente en materia de inmigración, en un país donde una de cada cinco personas ha nacido en el extranjero, según Statistics Sweden.

El número de solicitantes de asilo llegados a Suecia se redujo un 97% el año pasado en comparación con el máximo, alcanzado hace una década. Este dato es el resultado de que uno de los sistemas de inmigración más acogedores de Europa se haya convertido en uno de los más estrictos bajo el ejecutivo de Kristersson: el acceso al mercado laboral está sujeto a nuevos requisitos, entre ellos el conocimiento del idioma y de la sociedad sueca, mientras que las ayudas públicas para solicitantes de asilo se han recortado. En paralelo, las autoridades han reforzado las medidas contra los inmigrantes que cometen delitos y han puesto en marcha incentivos económicos para quienes opten por abandonar el país de manera voluntaria.

Estos cambios son atribuibles a la influencia en el Gobierno de SD, actualmente la segunda fuerza del Parlamento, con 79 de 349 escaños. Akesson ha defendido que, en caso de que los partidos del bloque conservador —que incluye también a los democristianos y liberales— consigan ganar las elecciones, su partido debe integrarse de pleno en una nueva coalición para controlar los ministerios clave.

Islandia ha cerrado la puerta a reabrir las negociaciones para ingresar en la Unión Europea por un margen que no podía ser más ajustado. A falta de cerrar dos distritos electorales donde ya ganaba el “no”, la opción negativa se impone con un 52,8% frente al 47,2% del “sí”, frenando así el proceso que el Gobierno de centroizquierda de la primera ministra, Kristrún Frostadóttir, había trazado para replantear la relación del país con Europa. El referéndum había cobrado fuerza ante la creciente incertidumbre económica y geopolítica que en los últimos años ha sacudido al país nórdico y que ha reabierto el debate sobre su lugar en Europa. Según la cadena pública RÚV, la participación ha sido muy alta, comparable a la de las últimas elecciones generales, en las que votaron alrededor del 80% de los electores.

Este resultado tan ajustado no significa que Islandia haya rechazado definitivamente y para siempre entrar en la UE, ya que la consulta del sábado preguntaba a los ciudadanos si autorizaban al Gobierno a volver a sentarse a negociar con Bruselas, no si querían ser miembros del club comunitario. Pero el resultado de las urnas refleja que el país está prácticamente dividido en dos por la cuestión, después de una campaña marcada por el coste de la vida, la inflación, el contexto de seguridad geopolítico en el Ártico y el control de los recursos naturales como la pesca.

El principal temor entre los partidarios del “no” era que una eventual entrada en la UE obligase a Islandia a ceder parte del control de sus ricos caladeros y a someterse a la política pesquera común de los 27 socios de la UE. En este sentido, la pesca no solo representa la principal fuente de riqueza del país (40% de las exportaciones y alrededor del 7% del PIB), sino que también forma parte de la identidad económica y nacional de Islandia. Los expertos señalan que la gestión de los recursos marinos ha sido, además, uno de los argumentos que más han movilizado a los votantes durante la campaña.

Con estos resultados, el Gobierno de Reikiavik, que impulsó el referéndum tras la formación de la coalición de Gobierno en 2024, se reunirá en los próximos días con la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento para votar la retirada de la solicitud de adhesión a la UE, como ya ocurrió hace una década. Entonces, las negociaciones suspendidas en 2013 no llegaron a abordar los temas más delicados, como la pesca y la agricultura, y el proceso se dejó de lado con un cambio de Gobierno que no era favorable a entrar a formar parte de la UE.

El mayor argumento para la campaña del “no” ha sido señalar que Islandia ya se beneficia de la integración europea, al formar parte del Espacio Económico Europeo (EEE) y de la zona Schengen, sin tener que ser miembro de la UE, una fórmula similar a la de otro país nórdico, Noruega. En este sentido, Islandia ya ha incorporado alrededor del 75% de la legislación de la Unión Europea a través de su pertenencia al EEE. Sin embargo, los defensores del “no” han argumentado que, con una población de apenas 400.000 habitantes, el país seguiría siendo un Estado muy pequeño dentro del bloque y tendría dificultades para hacer oír su voz e influir en las decisiones que se toman en Bruselas.

Durante la campaña, la misma primera ministra Frostadóttir ha enfatizado que solamente estaría a favor de la adhesión a la UE si el país conseguía negociar un buen acuerdo con la UE. Los defensores del “no” han sostenido que, durante el proceso de negociaciones iniciado en 2013, la UE ya rechazó hacer concesiones significativas a Islandia en materia de pesca. La política pesquera común establece unas reglas comunes para el acceso y la gestión de los caladeros de los Estados miembros, y los partidarios del rechazo consideran que no había motivos para pensar que Bruselas estuviera ahora dispuesta a cambiar su posición en este ámbito. En cambio, muchos de los detractores de la adhesión consideran que la capacidad para decidir sobre asuntos como el de la pesca constituye uno de los pilares de la soberanía del país, conseguida en 1944 tras siglos de dominio colonizador por parte de Noruega primero y después de Dinamarca.

Otro de los argumentos esgrimidos por los partidarios del “no” para defender la soberanía nacional frente a Bruselas es que, en apenas un siglo, Islandia ha pasado de ser uno de los países más pobres de Europa a convertirse en una de las economías más prósperas del mundo sin necesidad de formar parte de la UE. Los defensores del “sí”, en cambio, han situado la actual incertidumbre económica en el centro de la campaña, poniendo el foco en la inflación, el elevado coste de vida y la volatilidad de la corona islandesa.

Rechazo mayoritario en las zonas rurales

El referéndum sobre la UE también ha dejado una fractura evidente entre el entorno urbano de la capital, Reikiavik, donde la opción del “sí” ha ganado más votos, y las regiones más aisladas de la costa que dependen más estrechamente de la pesca y la agricultura, donde la opción del “no” ha ganado de forma mayoritaria.

Durante la campaña, el Gobierno favorable a la adhesión trató de tranquilizar al sector pesquero, responsable del 40% de las exportaciones y de alrededor del 7% del PIB, asegurando que el control de los caladeros sería una línea roja en unas eventuales negociaciones con Bruselas. Sin embargo, finalmente se ha impuesto el argumento de quienes consideran que ceder a la UE el control sobre los recursos naturales supondría una pérdida de soberanía, uno de los principales pilares del discurso euroescéptico.

Este resultado también ha supuesto un revés para los que pensaban que el nuevo escenario de incertidumbre geopolítica justificaba un acercamiento a Bruselas. La guerra de Ucrania, el aumento de la tensión entre Rusia y Occidente y, sobre todo, las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia han colocado al Ártico en el centro de la geopolítica internacional, donde Islandia se encuentra estratégicamente situada entre Europa y América, siendo parte de la OTAN, pero sin tener un ejército propio.

Para el Gobierno de Frostadóttir, una mayor integración europea podía reforzar la posición internacional del país en un momento de incertidumbre, pero el argumento geopolítico no ha sido suficiente para convencer a una mayoría de islandeses.

Con todo, el estrecho margen de los resultados deja entrever que el debate sobre la UE no desaparecerá, ya que la sociedad continúa estando dividida y la relación con la UE seguirá siendo un asunto de fondo.

El referéndum del 29 de agosto ha sido presentado por el Gobierno socialdemócrata de Islandia como una oportunidad de “ahora o nunca” para aceptar la posibilidad de entrar en la Unión Europea. Si gana la opción del “sí”, el Ejecutivo de Reikiavik reanudará las conversaciones con Bruselas, aunque la decisión de unirse formalmente a la UE requiere de un segundo referéndum que posiblemente se celebraría en 2028. Si, por el contrario, los islandeses (402.000 habitantes) optan por el “no”, el país nórdico mantendrá el statu quo dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) y del espacio Schengen que les ha permitido beneficiarse de buena parte de las ventajas de la UE, pero sin voz ni voto en la mesa de decisiones de Bruselas.

La relación del país de los volcanes, los glaciares y los géiseres con la UE ha tenido altibajos. Islandia solicitó el ingreso al bloque europeo en 2009 a raíz de una profunda crisis financiera. Pero el acercamiento duró poco, ya que la llegada al poder de una coalición de gobierno euroescéptica puso fin a las negociaciones en 2013. Más de una década después, el debate europeo volvió a abrirse en la política islandesa en 2024 con la formación de una nueva coalición de gobierno de centroizquierda que asumió el compromiso de retomar las negociaciones durante la legislatura.

El mayor argumento de los defensores de la adhesión es que, en tiempos de incertidumbre económica y geopolítica que ha alcanzado de lleno las puertas del Ártico, la UE ofrece estabilidad y seguridad. Por su parte, en el bando del “no”, formado por la derecha nacionalista, los partidos más a la izquierda del Parlamento y el lobby pesquero, argumentan que la UE podría menoscabar la soberanía islandesa, especialmente en ámbitos tan cruciales como la pesca y la agricultura.

A pocos días de la cita con las urnas, las encuestas dibujan una sociedad prácticamente partida en dos, con una ligera ventaja del “sí” (51,3%) sobre el “no” (48,7%). Una diferencia de apenas 2,6 puntos que deja el resultado completamente abierto y hace imposible a los expertos aventurar qué ocurrirá el sábado.

Dilema entre la independencia y la integración total a la UE

En los últimos meses, el escenario geopolítico en el extremo norte del Atlántico se ha vuelto más incierto que nunca tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de anexionarse la vecina Groenlandia, elevando la tensión en una región donde las potencias mundiales compiten entre ellas por el control y la influencia en el Ártico.

En este escenario, Islandia es el único miembro de la OTAN que no cuenta con un ejército propio y cuya defensa depende, en buena medida, del acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos en 1951. Sin embargo, la llegada de Trump a la Casa Blanca ha puesto en duda la solidez de esta garantía de seguridad en Reikiavik.

En un informe en abril de este año, la ministra de Asuntos Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, escribió: “El sistema internacional con el que hemos convivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial se tambalea”. La ministra añadió que una mayor cooperación con la UE era “una variable clave” para salvaguardar los intereses de Islandia. Hasta ahora, “los islandeses nunca habían visto la UE como una institución que tuviera algo que ver con la seguridad y defensa, pero ahora esto está cambiando”, reconoce el politólogo de la Universidad de Bifröst, Eiríkur Bergmann.

Pese a ello, la convocatoria de la consulta del sábado es anterior a este giro en el panorama internacional y, durante la campaña, las cuestiones relacionadas con la defensa y la geopolítica han quedado en un segundo plano, mientras que la discusión se ha concentrado sobre todo en los argumentos económicos y la identidad nacional.

Para el politólogo Bergmann, el debate sobre Europa tiene una dimensión existencial que trasciende cuestiones prácticas como la entrada en el euro o la pesca. En el fondo, sostiene Bergmann, la discusión gira en torno a “qué significa ser islandés después de décadas de independencia”, conquistada en 1944 tras siglos de dominio primero noruego y después danés: “Un argumento fundamental es que Islandia debe ser totalmente autónoma y no volver a someterse jamás a un dominio extranjero”, dice Bergmann, “pero por la otra parte, hay la voluntad de ser un país plenamente integrado en la comunidad internacional”.

El control de la pesca, una línea roja

El principal problema para una eventual adhesión a la UE sigue siendo la pesca y el control de los ricos caladeros islandeses, una cuestión que los partidarios del “no” han asociado directamente a la independencia nacional. Junto al turismo, la pesca es el pilar de la economía del país insular, ya que genera el 40% de las exportaciones, además de sostener buena parte de la actividad económica en las zonas costeras. En este sector, una mayoría teme que la adhesión a la UE provoque un daño irreversible al abrir los caladeros a las flotas pesqueras europeas: “La pesca no es simplemente un sector económico, es una línea roja identitaria” expone Bergmann. “Ningún gobierno de Islandia volvería de Bruselas sin un acuerdo que garantizara el control de los caladeros porque saben que la población no lo aprobaría de ninguna manera”, afirma el politólogo.

Por otro lado, una ventaja económica que esgrimen los que quieren formar parte del bloque europeo es que abandonar la corona islandesa mejoraría la economía, ya que el euro es mucho más estable y ayudaría a controlar una inflación disparada de casi el 5,2%, el doble que en la UE, que hace de Islandia uno de los países europeos más caros donde vivir.

Por último, Bergmann considera que “la UE está mucho más interesada en la adhesión de Islandia ahora que antes”, ya que su incorporación aportaría “ventajas geoestratégicas por sus intereses en el Ártico”. El experto apunta, además, que “tras el fracaso que supuso el Brexit, Bruselas está buscando un caso de éxito” que podría ser “la entrada al club europeo de un país próspero y con una democracia consolidada como Islandia”. Por otro lado, en caso de que saliera el “no”, “tendría pocas consecuencias inmediatas”, sostiene Bergmann, “aunque políticamente el gobierno saldría debilitado y el país quedaría más alejado de sus socios europeos”.

El primer ministro sueco en los años ochenta, Olof Palme, es una de las figuras políticas que más huella ha dejado en el país nórdico por su papel en la expansión del Estado del bienestar, basado en la defensa de los servicios públicos universales, la redistribución de la riqueza y la igualdad social, que se convirtieron en un referente internacional para la socialdemocracia.

Pero del mito de Suecia como paraíso del Estado del bienestar hoy más bien quedan unos pocos restos. Gran parte de la gestión de los servicios públicos en el país escandinavo se ha privatizado mediante un modelo en el que el Estado sigue financiándolos al 100%, pero las empresas que los gestionan pueden obtener beneficios sin apenas límites.

Como consecuencia de esto, en las próximas elecciones generales de septiembre, el Partido de la Izquierda, el Partido Verde y el partido socialdemócrata concurren a las urnas con la propuesta de prohibir que las empresas privadas se lucren mediante la prestación de servicios públicos. Esto pasa especialmente en la educación, donde el país ha permitido que cada vez más escuelas estén gestionadas por empresas con ánimo de lucro que cotizan en el mercado de valores de Estocolmo. También en la sanidad, donde casi la mitad de las clínicas de atención primaria son de propiedad privada, una tendencia que también se ve en la gestión de las residencias para la gente mayor.

Mientras tanto, la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando, con el número de multimillonarios pasando de 28 a 542 en 25 años, al mismo tiempo que ha aumentado la proporción de hogares con bajos ingresos. Suecia también encabeza la clasificación mundial de patrimonio acumulado por los millonarios en relación con el tamaño de su economía, seguida de Rusia. Unos multimillonarios que, a menudo, pagan menos impuestos que el resto, ya que en los últimos años se han abolido el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de sucesiones y el impuesto sobre las donaciones.

Por todo esto, el periodista económico Andreas Cervenka, autor del libro Girig-Sverige (Suecia avariciosa), defiende que Suecia se ha convertido “en un paraíso para los superricos”. Cervenka sostiene en su libro que los ricos no se han beneficiado solamente por la baja fiscalidad, sino que argumenta que la liberalización y la privatización de los servicios públicos han creado nuevas oportunidades para hacer grandes fortunas. Esta tesis fue investigada por el periódico Aftonbladet, que concluyó que la riqueza de al menos 18 nuevos multimillonarios está vinculada a los negocios relacionados con el Estado del bienestar, incluyendo escuelas privadas, sanidad, farmacias online y otros servicios.

La privatización y las desigualdades territoriales han debilitado el funcionamiento del modelo de bienestar universal sueco

Åsa Plesner — Investigadora de la Universidad de Estocolmo

La investigadora de la Universidad de Estocolmo, Åsa Plesner, especializada en la gestión de los servicios públicos, explica a elDiario.es que Suecia continúa “teniendo formalmente un modelo de bienestar universal, pero la privatización y las desigualdades territoriales han debilitado su funcionamiento”.

La investigadora señala que, aunque esa privatización comenzó bajo gobiernos conservadores, los posteriores ejecutivos socialdemócratas no revirtieron el proceso y, en algunos casos, incluso lo profundizaron: “Comenzó como una decisión ideológica a finales de los años noventa y principios de los 2000. Pero en la última década el sector privado ha ejercido mucha presión mediante el lobby para mantener las cosas como están y, como consecuencia, ahora tenemos unos pocos grupos corporativos muy importantes que, básicamente, son demasiado grandes para dejarlos quebrar” explica Plesner.

Oligarcas del Estado del bienestar

Según la experta, la educación “es uno de los sectores donde se ha extendido más el modelo de privatización”. Desde las reformas introducidas en los años 1990, las familias pueden elegir libremente entre las escuelas públicas y las escuelas privadas o independientes (friskola). La particularidad del sistema es que, en las friskolor, el Estado sigue financiando la educación y los centros reciben más fondos públicos a medida que aumentan su número de alumnos, mientras que las empresas propietarias pueden tener incentivos para reducir costes y obtener más beneficios.

Los críticos también advierten de que este sistema aumenta el riesgo de segregación socioeconómica entre los alumnos de los centros públicos y los privados, ya que “son los padres con mayor nivel educativo, más comprometidos y con mayor ventaja socioeconómica quienes toman decisiones activas sobre el centro escolar, mientras que las familias más desfavorecidas suelen quedarse en las escuelas públicas”, argumenta Plesner. Mientras tanto, Suecia ha experimentado en los últimos años un acusado retroceso en el rendimiento escolar, según las clasificaciones del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA).

A todo esto, aproximadamente uno de cada 10 estudiantes de la escuela secundaria asiste a un centro gestionado por la empresa ArcadeMedia, la mayor empresa educativa en el norte de Europa, con más de 650 centros y que actualmente está en proceso de expansión por Noruega, Finlandia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Esta compañía es un ejemplo claro de lo que los medios del país escandinavo llaman “los oligarcas del Estado del bienestar”, (välfärdsoligarker), una expresión que se utiliza de forma crítica para referirse a los inversores que han acumulado grandes fortunas financiándose principalmente con dinero público.

Centros sanitarios al límite

Los cambios hacia un modelo más privatizado del Estado del bienestar también son evidentes en la sanidad. Los profesionales del sector se quejan de la falta permanente de personal, la prioridad por la eficiencia económica y el empeoramiento de las condiciones laborales. Además, los sindicatos alertan de que se está produciendo una concentración de médicos privados en las zonas urbanas más ricas donde a menudo resulta más económico atender a los pacientes, dejando para los centros públicos los casos más complejos o costosos de tratar de las zonas rurales.

“Los profesionales sanitarios en Suecia ya no disponen del tiempo necesario para proporcionar una atención médica segura”, alerta a elDiario.es Sophia Godau, presidenta del mayor sindicato de los trabajadores de la atención médica, Vårdförbundets. Según Godau, los problemas, como la presión constante para liberar camas y enviar los pacientes a casa lo más rápido posible, “son estructurales y se han ido acumulando en los últimos diez años por no priorizar la sanidad pública”.

Los profesionales sanitarios en Suecia ya no disponen del tiempo necesario para proporcionar una atención médica segura

Sophia Godau — Presidenta del mayor sindicato de los trabajadores de la atención médica, Vårdförbundets

En 2024, las administraciones públicas financiaron el 86% del gasto sanitario sueco, según Statistics Sweden, a pesar de que el 40% de los centros sanitarios ya son de propiedad privada y algunos de ellos están controlados por firmas de private equity, fondos que compran empresas que no cotizan en bolsa con el objetivo de mejorar el valor del negocio para luego venderlo más caro y generar grandes ganancias.

Auge de la extrema derecha

Finalmente, la investigadora Åsa Plesner señala que el deterioro de los servicios públicos ha causado un malestar social que ha sabido aprovechar el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, a pesar de que en su programa electoral no defienden deshacer el modelo de privatización que ha contribuido a generar el malestar: “La derecha populista está atrayendo a votantes que, en general, están descontentos con el Gobierno y el sector público, pero no están abogando ni impulsando políticas para mejorar dicho sector”, afirma.

Por otro lado, el partido socialdemócrata, que lidera las encuestas para las elecciones de septiembre, durante la campaña electoral está recuperando la agenda para recobrar el buen nombre del Estado del bienestar sueco. Sin embargo, Plesner apunta que “el proceso tiene que ser hecho de forma gradual y puede tardar años en llegar”.

Lo sucedido en Ceuta a finales de julio ha consolidado la unión de una extraña pareja dentro de la Unión Europea, formada por la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen y la ultraderechista italiana Giorgia Meloni. Pese a pertenecer a familias políticas antagónicas, la primera ministra italiana y su homóloga del país nórdico comparten un mismo objetivo: reducir a cero la llegada de inmigración irregular a sus países con una política de mano dura.

El último ejemplo de esta alianza entre Roma y Copenhague fue el comunicado conjunto publicado el lunes, en el que ambas mandatarias alertaron de los efectos de la inmigración “descontrolada” y se posicionaron a favor de los centros de repatriación fuera de la UE y de la defensa de los “valores cristianos” europeos.

Meloni y Frederiksen han estrechado su colaboración en los últimos años para promover una transformación del sistema europeo de asilo y reforzar las políticas de deportación de inmigrantes a países de fuera de la UE. El argumento de ambas líderes es que “nadie puede negar que la inmigración ilegal tiene un impacto negativo”, al provocar un “aumento de las tasas de criminalidad”, ejercer “más presión sobre los servicios públicos” y erosionar “la confianza en las instituciones públicas”, según el comunicado conjunto.

En el caso de Meloni, el control migratorio se ha convertido en una de las principales señas de identidad del Gobierno que ella encabeza, formado por tres partidos de derecha y ultraderecha, de marcado carácter conservador y populista.

En el caso de Dinamarca, resultan más llamativos los gestos de complicidad de Frederiksen con Meloni, ya que acercan a la dirigente socialdemócrata a los discursos de la ultraderecha, pese a que encabeza una coalición gobernante de centroizquierda formada hace apenas unos meses. Con todo, Frederiksen lleva tres legislaturas al frente del país nórdico, durante las cuales ha desarrollado una combinación de políticas poco habitual dentro de la familia socialdemócrata, con una firme defensa del estado del bienestar y los servicios públicos, pero acompañada de algunas de las leyes migratorias más restrictivas de la UE.

Desde que Frederiksen llegó al poder, su Gobierno ha introducido mayores obstáculos para acceder al asilo, ha retirado permisos de residencia en determinados casos y ha promovido el retorno de refugiados y solicitantes de asilo a sus países de origen cuando los servicios migratorios consideran que las circunstancias que justificaban su protección han dejado de existir.

El último comunicado de Meloni y Frederiksen también destaca la fuerte carga identitaria al remarcar la necesidad de preservar “los valores europeos” y proteger “el patrimonio cultural cristiano de Europa”. Esta reivindicación de las raíces cristianas encaja perfectamente con la conservadora Meloni, pero ha sorprendido más por el perfil progresista de Frederiksen.

Sin embargo, no es la primera vez que la líder socialdemócrata introduce esta cuestión en su discurso, ya que hace un año sorprendió al afirmar que Dinamarca necesitaba un “rearme espiritual”, pese a que el país es de los más seculares de Europa.

Juntas para reformar el sistema de asilo de la UE

La relación política entre Frederiksen y Meloni comenzó a estrecharse en abril de 2023, cuando las dos mandatarias se encontraron por primera vez en una reunión bilateral en Roma, con la cuestión migratoria como uno de los principales asuntos sobre la mesa. Dos años después, en mayo de 2025, ambas impulsaron junto a otros siete países europeos una iniciativa para revisar el actual sistema comunitario de asilo y explorar nuevas vías para gestionar la inmigración.

Frederiksen subrayó entonces la particularidad de su alianza con Meloni: reconoció que pertenecían a “dos familias políticas completamente distintas”, pero que, pese a ello, habían construido una cooperación “muy, muy estrecha”, según informó el Gobierno danés. Las dos dirigentes también unieron sus voces para cuestionar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por algunas de sus resoluciones que han dificultado la expulsión de extranjeros condenados por delitos en Dinamarca.

Su preocupación por un posible repunte de los flujos migratorios volvió a unir a Frederiksen y Meloni en marzo de este año, cuando ambas alertaron del impacto que el conflicto armado en Irán podía tener sobre Europa. En una declaración conjunta, las dos dirigentes advirtieron de que la UE debía evitar que se repitiera el escenario migratorio de 2015, cuando el continente recibió la llegada de un gran número de personas refugiadas y migrantes, principalmente del conflicto en Siria.

Con todo, la propuesta más concreta de la pareja formada por Frederiksen y Meloni ha sido trasladar a los socios de la UE la construcción de centros de retorno de migrantes instalados en terceros países fuera de las fronteras comunitarias. El Gobierno de Meloni ya intentó este modelo con Albania, donde levantó espacio de recepción y un centro de retención. A pesar de ser la medida estrella de la política migratoria ultra de la italiana, el plan fue puesto en entredicho por la Justicia europea.

Por su lado, Dinamarca ya había explorado esta vía de externalización de los centros migratorios lejos de sus fronteras en 2018, cuando llegó a un principio de acuerdo con Ruanda. Un año más tarde, el Gobierno de Frederiksen hizo suyo el proyecto, aunque las trabas jurídicas acabaron llevando al Ejecutivo a aparcar la iniciativa y a buscar una fórmula que pudiera desarrollarse de manera coordinada con otros países europeos.

Finalmente, la presión ejercida por Italia y Dinamarca junto con otros socios europeos dio sus frutos a principios de junio, cuando la UE aprobó el Pacto de Migración y Asilo, que autoriza a los Estados miembros a firmar acuerdos con terceros países que se consideren “seguros” para deportar a los migrantes.

La nueva legislación permite establecer centros de retorno fuera de las fronteras de la UE para personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada o que ya no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario –entre los países que podrían acoger los primeros centros figuran Uganda, Ruanda y Montenegro–. Con iniciativas como estas aprobadas por Bruselas, que podrían entrar en funcionamiento en el plazo de un año, Frederiksen y Meloni están más cerca de ver realizada una de las principales apuestas políticas de sus Gobiernos.

En caso de cruzarse con un lobo durante las vacaciones, las autoridades danesas recomiendan por primera vez a los turistas que “permanezcan quietos y establezcan contacto visual con el animal”. Si este no se aleja por iniciativa propia, la recomendación es “agitar los brazos, aplaudir y gritar” para demostrar autoridad. Las instrucciones también insisten en “no seguir al lobo ni darle nunca la espalda” y, en el caso de que llegue a atacar, “oponer la máxima resistencia, golpear, patear y usar cualquier objeto contundente”.

Estas recomendaciones del Ministerio de Medio Ambiente responden al regreso del lobo al país nórdico tras más de dos siglos de ausencia. Aunque la especie volvió a establecerse hace algo más de una década, en el último año se han multiplicado los avistamientos y encuentros con personas, especialmente en destinos turísticos de la costa del Mar del Norte, en la península de Jutlandia.

Los encuentros entre lobos y personas suelen ser poco frecuentes. Sin embargo, en los municipios de Varde y Øksbøl, donde se han avistado varios ejemplares incluso en zonas urbanas, las autoridades han decidido repartir folletos con recomendaciones disponibles en danés, inglés y alemán entre los visitantes de las casas de verano, los campings y en la oficina de turismo. Las indicaciones incluyen que los niños menores de 10 años deben ir acompañados de un adulto en los alrededores del pueblo de Oksbøl.

El objetivo no es asustar a nadie, sino que las recomendaciones se han hecho a petición de los comercios locales para informar a los turistas, explicó la segunda teniente de alcalde de Varde, Sandie Eis Ravn: “Si visitan algún lugar y saben que hay un lobo en el bosque cercano, asegúrense de seguir las normas de conducta adecuadas al encontrarse con este animal”, afirmó. “Somos un municipio con muchos turistas y queremos que estén contentos, por eso es importante comunicarse con claridad”, añadió Ravn.

El comportamiento habitual de los lobos es mantenerse alejados de los humanos, pero hay que tener cuidado con aquellos animales que se han acostumbrado a la presencia de personas

Peter Sunde — biólogo y profesor de Ecología

Al igual que en muchos otros territorios en Europa, el retorno del lobo ha creado mucha controversia y genera reacciones encontradas en Dinamarca. Por un lado, están los que creen que su presencia es una buena noticia para la biodiversidad, y, por lo tanto, piensan que el animal debería seguir estando protegido por las directivas de la Unión Europea que garantizan la supervivencia de las especies en peligro de extinción. Por otro lado, sus detractores sostienen que los ataques al ganado son cada vez más frecuentes y reclaman medidas para controlar la población de lobos, que actualmente se estima en unos 49 ejemplares adultos en toda Jutlandia.

Encuentros más frecuentes

Desde que los lobos regresaran a Dinamarca en 2012, no se ha registrado ningún ataque a humanos. Sin embargo, los expertos creen que el aumento de los avistamientos refleja que algunos ejemplares han perdido parte de su cautela natural hacia las personas, un comportamiento que puede producirse cuando los lobos asocian la presencia humana con una fuente de alimento.

El pasado mes de enero, una niña de 14 años fue perseguida muy de cerca por un lobo por las calles nevadas de Oksbøl. A pesar de que entró en pánico, la adolescente lo grabó todo con el móvil y subió el vídeo en las redes sociales. En febrero, una mujer que volvía a casa por la noche en la localidad de Blåvand quedó conmocionada cuando un lobo se le acercó a menos de un metro de distancia. En abril, un matrimonio fue perseguido por un grupo de lobos hasta que el hombre disparó tres veces al aire para asustar a una manada de seis ejemplares.

El biólogo y profesor de Ecología de la Universidad de Aarhus, Peter Sunde, ha estudiado todos estos encuentros ocurridos a partir de los relatos de los testigos y de las imágenes captadas durante los incidentes: “El comportamiento habitual de los lobos es mantenerse alejado de los humanos, pero aquellos animales que se han acostumbrado a la presencia de personas son con los que debemos tener más cuidado”, señala a elDiario.es.

Hay espacio natural para que los ejemplares de lobos se dupliquen o tripliquen, pero este crecimiento dependerá de las decisiones políticas

Peter Sunde — biólogo y profesor de Ecología

Según el investigador, el retorno del lobo en Dinamarca responde a dos factores: por un lado, “la protección legal de la especie” y, por otro, “la abundancia de presas como ciervos o animales de granja”. Por ello, considera que su expansión “no puede atribuirse únicamente a la recuperación de los bosques y los ecosistemas”.

En el año 2023, Sunde, junto con el Centro Nacional del Medio Ambiente y la Energía, hizo una proyección del aumento de la población de lobos en Dinamarca en los próximos años. Llegó a la conclusión de que “hay espacio natural para que los ejemplares de lobos se dupliquen o tripliquen, pero este crecimiento dependerá de las decisiones políticas”, afirma.

Actualmente, el lobo es un animal protegido en Dinamarca, como en el resto de la UE, pero la ley permite disparar a un ejemplar si se detecta que es problemático y las autoridades dan el permiso. Según la legislación, un lobo problemático es aquel animal que no se acobarda frente a las personas, vaga por zonas urbanas, ataca al ganado protegido por vallas o representa un peligro para la seguridad humana.

Cómo convivir con los lobos

Los lobos también se colaron en el debate político en la campaña de las pasadas elecciones generales, cuando candidatos de varias formaciones reclamaron flexibilizar la ley para permitir abatir a determinados ejemplares. Cuatro diputados de la formación ultraderechista Partido Popular Danés fueron más allá y compartieron una publicación en Facebook que instaba a la gente a “disparar al lobo”, por la que fueron denunciados.

Según el investigador Peter Sunde, la discusión sobre la presencia del lobo trasciende los aspectos ecológicos, ya que “el lobo se ha convertido en un símbolo de un debate social más amplio sobre los valores y el territorio, por lo que la cuestión se ha vuelto muy acalorada”.

La coexistencia tiene que ver con los límites de tolerancia, la prevención y la preparación para afrontar problemas que nunca se podrán evitar por completo

Peter Sunde — biólogo y profesor de Ecología

Para el criador de ovejas y empresario, Jørgen Blazejewicz, los ataques de lobos se han vuelto un problema muy recurrente en su granja de Holstebro. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, los lobos atacaron el año pasado un total de 1.200 reses en 239 ataques registrados.

La granja de Blazejewicz ha invertido en los últimos años en reforzar las vallas que protegen el ganado y en electrificarlas. De lo contrario, “hubiéramos perdido más animales”, cuenta el dueño a elDiario.es. Las indemnizaciones y la ayuda económica que recibe tras cada ataque “son útiles, pero no cubren todas las pérdidas”, según el ganadero.

Por ello, defiende que se apliquen más medidas de control de la población de lobos: “Podríamos regular su presencia hasta un nivel menor que signifique que permanezcan en los grandes espacios naturales, pero ahora se les ve en los pueblos pequeños, en los jardines y por todas partes”. “Más allá de la granja”, añade, “también tengo hijos pequeños y perros, por lo que me hace muy poca gracia saber que hay un lobo correteando por aquí”.

Para Peter Sunde, la convivencia entre humanos y lobos es posible, pero requiere tolerancia y una gestión que se adapte a las circunstancias locales: “La coexistencia tiene que ver con los límites de tolerancia, la prevención y la preparación para afrontar problemas que nunca se podrán evitar completamente, como los ataques al ganado”, explica. “Pero también puede haber hábitats urbanos donde podemos impedir que el lobo viva tan cerca”, concluye.

Una joven sonríe mientras avanza con movimientos tambaleantes sentada sobre una bicicleta. A su lado, un hombre se aferra al portaequipajes de la suya y la empuja hacia adelante por el carril bici. Un tercer amigo les sigue grabando con el móvil junto a la Plaza del Ayuntamiento de Copenhague. Casi con toda seguridad, el vídeo acabará en las redes sociales como prueba de haber completado una de las experiencias que se han vuelto imprescindibles para los turistas que visitan la capital danesa: lanzarse a recorrer la ciudad sobre dos ruedas como lo hacen los copenhagueses.

No todos los visitantes se comportan como en esta escena, pero en los meses de verano se ha vuelto habitual ver a turistas que circulan a contramano por un carril bici muy transitado, o cruzando un paso de peatones sin bajarse de la bicicleta, mientras que otros no distinguen entre circular por el carril bici, la calzada y la acera. Tampoco faltan quienes se detienen en mitad del carril para hacerse una foto o esperan allí mismo, interrumpiendo el tráfico, y a los propios compañeros del grupo que pedalean unos metros por detrás.

Para un turista poco acostumbrado a ir en bicicleta por una ciudad, circular en hora punta por las principales calles de Copenhague sería el equivalente a recibir la primera clase de la autoescuela en medio de una autopista. Cada mañana, el 62% de sus residentes va al trabajo en bicicleta y casi uno de cada tres desplazamientos por la ciudad se realiza pedaleando. El resultado es un incesante tráfico de unos 265.700 ciclistas que recorren cada día el centro de la capital danesa.

La ciudad, considerada como una suerte de paraíso para los amantes del pedaleo, tiene una buena infraestructura para garantizar la fluidez del tráfico de bicicletas, pero surgen problemas cuando los carriles bici son compartidos entre turistas y quienes usan las dos ruedas como una forma efectiva y cómoda de desplazarse de un punto a otro de la ciudad. Según una encuesta del Consejo Danés de Seguridad Vial, el 49% de los residentes en la ciudad afirma que los turistas son, “en cierta medida”, un problema para el tráfico, mientras que un 32% ven a los visitantes como un problema de seguridad vial “alto o muy alto”.

En el caso de los turistas, no existen estadísticas oficiales sobre cuántos resultan heridos en el tráfico de Copenhague. Un reciente reportaje del diario Politiken recoge el testimonio del jefe de cirugía ortopédica del Rigshospitalet, Claus Munk Jensen, quien asegura que reciba muchos turistas en ambulancia, incluso con casco, que llegan al centro de traumatología tras sufrir fuertes golpes“. A su juicio, la explicación es sencilla: ”Simplemente, no están acostumbrados a montar en bicicleta“.

Para poner remedio a esta situación, el Consejo Danés de Seguridad Vial ha puesto en marcha una campaña destinada a recordar las normas de circulación en los carriles para bicicletas: “El objetivo es garantizar que los turistas no tengan problemas mientras están de vacaciones en Dinamarca, pero también se trata de cuidar a los residentes de Copenhague que circulan cada día y se exponen a situaciones peligrosas”, ha dicho el director general de seguridad vial, Joakob Bøving Arendt.

No es tan complicado andar en bicicleta, pero si no es parte de tu vida diaria, ir por Copenhague puede resultar intimidatorio

Josephina Kalshoven — Monitora de un taller para turistas

La campaña será visible en distintos espacios de la ciudad y también en las redes sociales, para que los visitantes puedan informarse de las normas generales para circular en bicicleta por la ciudad. La Policía local cree que la iniciativa también tendrá un impacto positivo para los residentes. “Lamentablemente no siempre se cumplen las normas, por lo que hacemos una llamada a la gente de Copenhague para que den buen ejemplo y cumplan las leyes, y si ven a alguien que circula de forma insegura, también tengan consideración”, ha afirmado el comisario Benjamin Touré.

Manual no escrito para sobrevivir

La campaña también ha involucrado al sector turístico. Se ha pedido a los hoteles, tiendas de alquiler de bicicletas y oficinas de turismo que ayuden a informar a los visitantes sobre las normas de la cultura ciclista danesa.

Una de las iniciativas más llamativas la ha puesto en marcha la organización Wonderful Copenhagen, que por primera vez organiza talleres gratuitos en los que los visitantes pueden aprender las normas, muchas de ellas no escritas, de circular en bicicleta: “Es importante para nosotros ayudar a los visitantes a comprender cómo funciona el ciclismo en una ciudad donde tantas personas usan la bicicleta a diario, contribuyendo así a que sea una experiencia segura y placentera para todos”, explica a elDiario.es la directora de comunicación Rikke Holm-Petersen. Los talleres están dirigidos tanto a personas con poca experiencia sobre la bicicleta como a visitantes más habituados a pedalear. La razón, indica Petersen, es que cada ciudad “tiene su propio ritmo, su propia cultura y una forma distinta de moverse”.

Josephina Kalshoven es una de las monitoras que imparte los talleres desde la tienda Tropical Bikes. “No es tan complicado andar en bicicleta, pero si no es parte de tu vida diaria, ir por Copenhague puede resultar intimidatorio”, dice Kalshoven a este medio. “Los daneses van muy rápido, y no dudarán en gritarte si molestas”.

Para evitar problemas, el primer consejo que da Kalshoven es “mantenerse lo más a la derecha posible en el carril para no ralentizar el tráfico”. Lo segundo, es “señalizar los giros y las paradas con las manos, además de respetar los semáforos para ciclistas”. Otro aspecto a tener en cuenta es aprender a girar en las intersecciones de tráfico, ya que “la forma de hacerlo es algo exclusivo de Escandinavia y no sucede en otros sitios, donde simplemente se gira, si haces esto aquí te metes en problemas, puedes perder el control de la bicicleta y entonces ocurren los accidentes”, dice.

A pesar del día frío y lluvioso en pleno mes de julio, Danny Hoskin y Mike Hawkes son dos turistas británicos que han decidido hacer un tour guiado en bicicleta. “Te permite ver gran parte de la ciudad en poco tiempo y además nos gusta ir en bicicleta”, dice Hoskin. Ambos creen que Copenhague está mejor preparada para ir en bicicleta que la ciudad en la que viven, y agradecen iniciativas como los talleres para enseñar las normas básicas de circulación a los turistas. “Es una ciudad muy concurrida y si no estás familiarizado puedes estorbar a la gente”, reconoce Hawkes. “Aunque para nosotros la experiencia ha sido muy tranquila y nadie nos ha recriminado nada”.

Josef Klint también querían probar la experiencia de ir en bicicleta en familia junto a su pareja y sus dos hijos, en este caso en tándems. “Copenhague es famosa por ser una capital de la bicicleta y esta es una de las razones por las que queríamos recorrerla en bici”, dice Klint. Esta familia sueca ya está acostumbrada a desplazarse pedaleando en su ciudad de origen, pero aun así decidió participar en el taller de circulación vial. “Creo que la información es muy útil porque la forma de moverse en bicicleta cambia mucho de un lugar a otro. A diferencia de los coches, donde las normas están más estandarizadas, existen reglas diferentes en cada parte del mundo. Por eso creo que es importante aprender cómo funciona aquí”, asegura Klint.

Las autoridades suecas podrán revocar el permiso de residencia y ordenar la expulsión de inmigrantes que el Gobierno considere que tienen una “mala conducta”. La ley no especifica qué tipo de conductas se consideran inaceptables para vivir en el país nórdico, pero el Gobierno ha mencionado como ejemplo los casos en que las personas tengan deudas impagadas, trabajen de forma no declarada o tengan vínculos con organizaciones extremistas, entre otros supuestos.

El Parlamento de Suecia aprobó la ley para que la norma se aplique de forma retroactiva para los permisos de residencia ya concedidos y para los que están aún pendientes de tramitar. Esta medida, que refuerza la represión contra las personas inmigrantes, forma parte del endurecimiento general de las normas de inmigración que el Gobierno conservador de Suecia, con el apoyo del partido ultra Demócratas de Suecia, está llevando a cabo de cara a las elecciones parlamentarias del próximo mes de septiembre.

La ley ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición y por grupos defensores de los derechos de los migrantes por considerarla una norma arbitraria, ya que la retirada de los permisos de residencia se basaría en conductas que no son catalogadas como delito en el código penal. Sin embargo, el Gobierno ganó las elecciones en 2022 con la promesa de reducir la inmigración y combatir la delincuencia, por lo que defiende que las personas que se comportan mal o cometan delitos no son bienvenidas en Suecia: “Quien no se esfuerce por hacer lo correcto no debería poder contar con quedarse”, dijo el ministro de Migración, Johan Forssell, cuando propuso el proyecto de ley en marzo.

Además, el país nórdico aprobó también otra normativa que ya ha sido bautizada por sus detractores como la “ley del soplón”. La medida obliga a algunos empleados públicos a informar a las autoridades sobre cualquier persona que consideren sospechosa de encontrarse en situación administrativa irregular.

Supone un grave retroceso para los derechos humanos en Suecia. Las obligaciones de información impuestas a los organismos públicos generan un clima de miedo que perjudica no solo a las personas indocumentadas, sino a todos aquellos que dependen de estas instituciones, incluidos los funcionarios que trabajan en ellas

Louise Bonneau — Plataforma para la Cooperación Internacional por los Inmigrantes Indocumentados

Está previsto que estos cambios legislativos entren en vigor a partir del mes de julio, y el Gobierno cree que afectarán a unas 100.000 personas. La Agencia de Migración tendrá la tarea de revisar los permisos de residencia caso a caso, mientras que las decisiones podrán ser recurridas ante un tribunal migratorio especializado. El Ejecutivo ha señalado que la medida no se aplicará a quienes hayan obtenido la residencia por motivos de asilo o reunificación familiar, ni tampoco a los ciudadanos de la Unión Europea, que quedan expresamente excluidos de la normativa.

Todos los partidos en el Parlamento que se sientan en los bancos de la oposición han criticado la medida por no dejar claro en qué supuestos se permitirá a las personas permanecer viviendo en Suecia. En este sentido, el grupo de presión en defensa de los derechos humanos con sede en Estocolmo, Civil Rights Defenders, ha señalado que “la ley de buena conducta genera incertidumbre sobre qué acciones o expresiones podrán ser utilizadas en contra de las personas migrantes”.

La organización ha dejado claro en un comunicado que la norma aprobada “socava el estado de derecho y el principio de igualdad ante la ley”. Además, creen que “da pie a decisiones desproporcionadas basadas en estereotipos, prejuicios o suposiciones incorrectas sobre el estilo de vida o las circunstancias de las personas”. Esto, en la práctica, “comporta el riesgo de que las personas que no tengan la ciudadanía sueca tengan un grado menor de libertad de expresión por miedo a las consecuencias de la ley” dice el comunicado.

Aprobada la “ley del soplón”

La segunda medida que ha generado una fuerte controversia es la que obliga a determinados funcionarios públicos a informar a la policía y a las autoridades migratorias sobre personas indocumentadas o en situación irregular. La disposición ha provocado un debate incluso mayor que la denominada ley de “mala conducta”. Según el texto aprobado, la obligación afectará a trabajadores de organismos como el Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social, el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional, la Agencia de Pensiones y la Agencia Tributaria.

El primer borrador de la ley, presentado por el Gobierno hace un año, contemplaba también que empleados del sistema sanitario, centros educativos y servicios sociales tuvieran que denunciar a inmigrantes sin documentación. Sin embargo, la presión ejercida por profesionales de estos sectores, sindicatos y formaciones políticas llevó finalmente a excluirlos de la normativa.

Los críticos de la medida argumentaron que esta obligación puede generar un efecto disuasorio, haciendo que muchas personas migrantes eviten acudir a servicios esenciales por miedo a ser denunciadas. Según sus detractores, esta situación podría poner en riesgo su salud, su seguridad y el acceso a derechos fundamentales. Por el momento, Suecia mantiene el principio de que cualquier persona, independientemente de su situación migratoria, tiene derecho a recibir atención sanitaria, no solo en casos de emergencia.

Pero a pesar de la excepción añadida en el texto final de la ley, desde la Plataforma para la Cooperación Internacional por los Inmigrantes Indocumentados (PICUM), la portavoz Louise Bonneau, expresó en un comunicado que “supone un grave retroceso para los derechos humanos en Suecia”.

“Las obligaciones de información impuestas a los organismos públicos generan un clima de miedo que perjudica no solo a las personas indocumentadas, sino a todos aquellos que dependen de estas instituciones, incluidos los funcionarios que trabajan en ellas”, dice. Según Bonneau, las excepciones de los servicios sanitarios, las escuelas y los servicios sociales en la ley no ofrecen suficiente protección, ya que “en la práctica la información circulará entre los proveedores de servicios, los organismos y las autoridades de inmigración”, asegura la experta.

En la misma línea, Jacob Lind, investigador en migración internacional en la universidad de Malmö, argumenta que el Gobierno está poniendo en riesgo la propia reputación de las agencias estatales “solo para crear un entorno hostil para los migrantes. Se trata de una política cruel e ineficaz que abre la caja de Pandora de la delación, una característica propia de los Estados autoritarios”, asegura.

Cambio de paradigma migratorio

Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de centroderecha sueco ha impulsado un progresivo desmantelamiento de las ayudas públicas y de las políticas destinadas a la integración de la población migrante. El objetivo del Ejecutivo ha sido endurecer las condiciones de acogida y reducir el atractivo del país para nuevos migrantes, en un giro que contrasta con la imagen de antaño de Suecia como uno de los países europeos más garantistas con los inmigrantes y solicitantes de asilo.

Este cambio de rumbo en la política migratoria ha sido impulsado gracias al respaldo de la extrema derecha, que en 2022 se convirtió en la segunda fuerza política más votada del país y que, desde entonces, actúa como socio parlamentario clave para sostener al gobierno en minoría. Para la campaña de las elecciones en septiembre, los ultras de Demócratas de Suecia continúan vinculando la inmigración a la oleada de violencia protagonizada por el crimen organizado y las pandillas. Este discurso les da buenos resultados, ya que, a pocos meses de las elecciones, los sondeos apuntan a que el partido radical xenófobo continúa teniendo la clave para decidir la formación de un gobierno en el país nórdico.

En el centro penitenciario de Rosersberg, situado en las afueras de Estocolmo, faltan pocas semanas para que lleguen los primeros reclusos menores de edad. El edificio que acogerá a los internos juveniles no estará listo hasta el año que viene, por lo que, de forma temporal, han optado por adaptar las antiguas celdas de adultos para que en cuestión de semanas empiecen a recibir a niños de 14 años.

La reforma ya está casi terminada: se ha encargado mobiliario nuevo, se han retirado las camas adicionales para que cada niño tenga una celda propia, y se ha pintado la pared en un tono verde boscoso con la intención de que sea más relajante. En la celda también hay un baño privado, un televisor y una ventana sin barrotes por la que se ve un muro de alambre con un paisaje verde detrás y el cielo. Dentro del módulo, los jóvenes detenidos estarán distribuidos en grupos de cinco por sección y supervisados permanentemente por 10 miembros del personal de prisiones, además de psicólogos, pedagogos y profesores.

La medida de encarcelar a menores que hayan cometido delitos graves constituye una de las reformas más polémicas impulsadas por el Gobierno conservador que gobierna Suecia con el apoyo de la extrema derecha. El Parlamento aprobó en mayo la primera parte de la ley que autoriza el encarcelamiento de jóvenes de 15 a 17 años. Para la segunda parte del cambio legislativo, que se aprobará durante el mes de junio, el Gobierno tenía la intención de rebajar la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años para los delitos castigados con al menos cuatro años de prisión. Sin embargo, en el seno del Gobierno de coalición hay dudas entre los miembros del partido liberal, por lo que la edad penal podría quedar finalmente fijada en los 14 años tras la votación en el Parlamento. Para cumplir la ley, el país nórdico ha seleccionado seis centros penitenciarios para recibir a los reclusos adolescentes, de los cuales uno es un centro penitenciario para mujeres.

A pesar de las críticas que ha levantado la rebaja de la edad penal por parte de organismos como la Fiscalía, organizaciones policiales, sindicatos de trabajadores penitenciarios y organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno está ignorando las críticas. El Ejecutivo argumenta que se trata de una medida necesaria para frenar la “epidemia de violencia” relacionada con las bandas y evitar el reclutamiento de niños cada vez más jóvenes por parte de las redes criminales.

La situación es que, pese a que la cifra de homicidios lleva tres años descendiendo (hay 84 casos registrados en 2025, entre una población de 10,6 millones de habitantes), la participación de menores en delitos graves relacionados con el crimen organizado se ha disparado. En el año pasado fueron procesados 52 adolescentes menores de 15 años por asesinato y tentativa de asesinato, mientras que otros 127 fueron investigados por su presunta implicación en la planificación de estos crímenes.

Un adolescente nunca reconocerá delante de los demás que necesita un peluche, pero si hay uno en todas las unidades, podrá recurrir a él sin tener que admitir públicamente esa necesidad

Gabriel Wessman — director de la prisión

Hasta ahora, los adolescentes que cometían estos delitos eran internados en centros educativos con un régimen cerrado (SiS). Pero en los últimos años la gestión de estos centros ha sido muy criticada porque los jóvenes conseguían escaparse, además de que los SiS se habían convertido en un punto de reclutamiento para las redes criminales. En vista de este panorama, el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, había admitido en abril que “la realidad es que hoy no conseguimos ni proteger a la sociedad de la violencia homicida, ni hacer justicia a las víctimas, ni ayudar a los niños a salir de una espiral destructiva”, justificó.

Ositos de peluche en las celdas

Para la llegada de niños reclusos, el director del centro penitenciario de Rosersberg, Gabriel Wessman, y todo el personal penitenciario, han recibido una formación específica: “Está la parte teórica, pero luego nos encontraremos con la realidad, y nadie tiene experiencia en ello”, admite Wessmann, quien lleva más de 20 años trabajando en el servicio penitenciario sueco. “Para mí, lo que puede ser más duro es encontrarme con un niño llorando y, aun así, que sean las ocho de la tarde y tengas que cerrar la puerta de su celda con llave. No hay nada que puedas hacer”, dice.

Una de las medidas de apoyo psicológico que el personal de Rosersberg está valorando, aunque aún no lo han decidido, consiste en colocar un osito de peluche en cada celda. “Un adolescente nunca reconocerá delante de los demás que necesita algo así, pero si hay uno en todas las unidades, podrá recurrir a él sin tener que admitir públicamente esa necesidad”, explica Wessman. A los reclusos menores también se les permitirá personalizar la celda con fotografías o posters de sus ídolos, “siempre y cuando no tengan relación con las pandillas, pero es importante que tengan una cierta sensación de sentirse en su hogar”, dice el director.

Durante el día, los reclusos menores estarán obligados a acudir a la escuela, en unas aulas situadas en el mismo módulo. En el centro habrá cinco profesores que tendrán que seguir un currículo educativo como el de una escuela pública: “Aunque algunas asignaturas como natación u orientación en la naturaleza no las podremos hacer por razones obvias”, aclara la profesora Julia Lindqvist.

Esta profesora tiene el convencimiento de que en Rosersberg los niños tendrán los recursos y la atención suficiente para terminar sus estudios. “Aunque la falta de motivación en la clase puede ser el mayor problema, pero los profesores nos encargaremos de mostrarles que tienen un futuro allí fuera”, dice Lindqvist.

Suecia era conocida por el excepcionalismo nórdico y por tener un número bajísimo de presos, pero ahora las teorías sobre los aspectos preventivos y de bienestar en las políticas penales se han desmoronado

Henrik Tham — criminólogo de la UNiversidad de Estocolmo

En el resto de la jornada, los menores reclusos estarán encerrados en sus celdas 11 horas por la noche (una hora menos que los adultos), y tendrán una hora al día para salir al patio al aire libre. También dispondrán de un espacio común y una sala polivalente para hacer ejercicio, aunque no tendrán permitido tener acceso a un teléfono móvil propio. “Cuando estos jóvenes ingresen en prisión, protegemos a la sociedad de quienes han cometido delitos graves, pero al mismo tiempo tenemos el objetivo de evitar que los menores se involucren aún más en actividades criminales relacionadas con la red de pandillas. Esperemos que la prisión les permita romper con estos vínculos criminales para que cuando salgan puedan ganarse la vida”, dice Wessmann.

“No hay garantía que la medida sea positiva para los jóvenes”

La entrada en vigor de la reducción de la edad de responsabilidad penal coincidirá con el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales de septiembre. La medida fue impulsada por el partido de extrema derecha, Demócratas de Suecia, como condición para respaldar al Gobierno en minoría del primer ministro Ulf Kristersson, cuya agenda ha situado la lucha contra el crimen organizado como una de las principales prioridades de su Ejecutivo.

Sin embargo, la decisión de encarcelar a menores ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales como Save the Children y Unicef por ser incompatible con la convención internacional sobre los derechos de la infancia. Sus detractores sostienen además que supone un cambio drástico en el sistema judicial sueco, que hasta hace pocos años era reconocido internacionalmente por su enfoque humanista.

Los trabajadores del sistema penitenciario sueco critican que añadirá aún más presión a unos centros que se encuentran hoy sobrepoblados y desbordados, ya que la población carcelaria se ha duplicado en una década a consecuencia del endurecimiento de las penas. “Suecia era conocida por el excepcionalismo nórdico y por tener un número bajísimo de presos, pero ahora las teorías sobre los aspectos preventivos y de bienestar en las políticas penales se han desmoronado”, dice el criminólogo de la Universidad de Estocolmo, Henrik Tham.

Este académico señala que la rebaja de la edad penal es una medida más política que efectiva, ya que ha sido aprobada por la presión que ejerce la ultraderecha sobre el gobierno conservador de Kristersson. “Estoy totalmente a favor de intervenir cuando se observa que la situación de un niño va por el mal camino y los padres no pueden hacerse cargo, pero esto debe hacerse en el marco de la política social, no penal”, dice el académico.

Para otros, como la criminóloga sueco-chilena Camila Salazar, esta reducción de la edad penal podría resultar contraproducente e incluso favorecer el reclutamiento de niños cada vez más pequeños. En su análisis recuerda el caso de Dinamarca, que en 2010 intentó rebajar la edad de responsabilidad penal, aunque en 2012 decidió revertir la medida y restablecerla en los 15 años: “Tenemos un problema real con las pandillas que usan a niños muy jóvenes para cometer delitos muy graves, pero no veo que haya ninguna evidencia ni ningún tipo de garantía de que la medida pueda tener algún efecto positivo en los jóvenes”, concluye.