Suecia da un nuevo paso en su senda antimigración y ofrece hasta 35.000 euros a los refugiados para que se vayan
Suecia ya no es el país generoso, abierto y solidario de 2015, cuando recibió a 163.000 personas solicitantes de asilo, la mayoría procedentes de Siria. Ese año, dentro de la Unión Europea, solo Alemania acogió a un número mayor de refugiados. Esta política de puertas abiertas quedó definitivamente enterrada desde que el actual Gobierno conservador llegó al poder en 2022 con el apoyo parlamentario de la ultraderecha.
En los últimos cuatro años, el Ejecutivo encabezado por Ulf Kristersson ha impulsado una serie de medidas orientadas a convertir al país en un entorno abiertamente hostil para quienes llegan en busca de protección. El Gobierno ha calificado este giro como un “cambio de paradigma” en materia migratoria y lo justifica por lo que considera un “fracaso de las políticas de integración” aplicadas durante décadas en el país escandinavo.
Para incentivar el retorno de refugiados a sus países de origen, este año ha entrado en vigor una de las medidas más significativas que el Gobierno conservador prometió aprobar cuando entró en el poder, la denominada “subvención para la repatriación”. Antes de 2026, el Ejecutivo ofrecía 10.000 coronas suecas (900 euros) como apoyo económico a los refugiados que decidían dejar voluntariamente de vivir en Suecia. Desde enero, esta cifra de dinero ha aumentado hasta 350.000 coronas (35.000 euros) a cambio de que estas personas renuncien a su permiso de residencia en la nación nórdica y decidan volver a su país de origen o ir a otro país donde tengan derecho a establecerse.
El Gobierno sostiene que la idea de dar dinero da una nueva oportunidad en sus países de origen a las personas que, afirma, se sientan excluidas a pesar de llevar ya tiempo viviendo en el país. “No nos dirigimos a las personas que han aprendido el idioma y se han integrado en la sociedad, sino a aquellos que anhelan volver a casa y no quieren integrarse”, dijo anteriormente el ministro de Inmigración, Johan Forssell.
Sin embargo, los expertos creen que es poco probable que la medida resulte efectiva, pese al aumento drástico de la ayuda. La Cruz Roja Sueca la rechazó, refutando que fuera adecuada para el objetivo de combatir la exclusión.
No funciona como el Gobierno tenía previsto
La medida ha tenido un efecto inmediato ya desde enero. Ese mes, según datos de la Agencia de Inmigración, 272 personas solicitaron recibir la ayuda. Durante todo el año pasado solo se recibieron 109 peticiones y finalmente solo se otorgó en un caso, que cumplió con los requisitos. Entre los solicitantes, la mayoría son personas llegadas desde Siria que huyeron hace una década, y entre ellos hay medio centenar que son menores de edad.
El Gobierno decidió seguir adelante con la medida a pesar de que el propio grupo de expertos que lo asesora, antes de aprobar la ley, desaconsejó hacerlo, argumentando que el incentivo para la repatriación sería una medida inefectiva y dificultaría a la integración de otros inmigrantes en la sociedad sueca.
La retórica sobre los refugiados ha cambiado en pocos años, con el añadido de que el partido de los socialdemócratas también apoya el endurecimiento de las leyes
De hecho, según la agencia de migración sueca, a pesar de la oleada de peticiones, la idea planteada por el Gobierno no acaba de salir bien. Las autoridades han rechazado dar la ayuda a 82 personas y solamente se ha aprobado una solicitud, mientras que el resto sigue pendiente de resolución. Henrik Emilsson, experto en migración de la Universidad de Malmö, dice a elDiario.es que esto es la prueba de que la medida es inefectiva, ya que “las personas a las que el Gobierno sueco quiere animar a regresar a su país no solicitan la ayuda, pero, en cambio, lo hacen otras que no cumplen con los requisitos”. “La mayoría de los inmigrantes considera que el permiso de residencia vale más que 35.000 euros”, asegura.
La agencia migratoria concluyó que el dinero no es un factor decisivo para fomentar las repatriaciones de refugiados, sino que hay razones emocionales como la seguridad, la pertenencia o la reunificación familiar mucho más importantes que los incentivos económicos. “La gente necesita sentir que hay algo a lo que volver y que recibe apoyo en su país de origen”, dijo Leila Pacula Nielsen, experta de la agencia.
“El retorno es un derecho humano y debe realizarse por iniciativa libre e informada del individuo. Ningún incentivo económico debe crear una sensación de coacción o socavar la libertad que es fundamental en nuestra visión de los derechos humanos. Esto corre el riesgo de tener el efecto contrario”, argumentó en la misma línea la Cruz Roja Sueca. “Basándonos en nuestra experiencia en el apoyo a personas que están considerando la repatriación, podemos afirmar que los incentivos económicos no son el factor decisivo”, señaló la entidad, que destacó el riesgo que pueden suponer este tipo de propuestas en un momento de “polarización creciente, en la que el racismo y la xenofobia se han normalizado cada vez más en el debate público”.
El Gobierno conservador se enfrenta, además, a una serie de municipios que se niegan a aplicar la medida, entre ellos las tres ciudades más pobladas del país, Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, que han comunicado al Gobierno central que no colaborarán para llevarla a cabo, en una reacción que se convirtió viral en las redes sociales en otoño.
“Un impacto muy grave en la vida de las personas”
Hace un año, el Ejecutivo sueco sacó pecho de que por primera vez en medio siglo el país había tenido más emigrantes que inmigrantes, y lo utilizó para señalar que sus políticas estaban dando resultados. “Es consecuencia de unas políticas que en algunos casos son simbólicas, pero, en otros, tienen un impacto muy grave en la vida de las personas”, dice el experto Henrik Emilsson.
Organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil como Amnistía Internacional en Suecia y Civil Rights Defenders han expresado graves preocupaciones ante el endurecimiento de las leyes migratorias en Suecia, al considerar que pueden vulnerar los derechos humanos y propiciar la estigmatización de las personas migrantes.
A pocos meses de las elecciones generales, los medios de comunicación suecos se hacen eco de cada vez más casos de adolescentes de familias de refugiados que al cumplir los 18 años reciben una carta de la administración anunciando que deben abandonar el país y volver a su lugar de origen, a pesar de haber sido escolarizados en Suecia, hablar el idioma, tener trabajo y llevar años viviendo allí. Esto ocurre porque, desde 2023, el Gobierno cambió las normas para obtener el permiso de residencia para los solicitantes de asilo, y ahora la administración considera que, al cumplir los 18 años, se es ya un adulto independiente y ya no se puede obtener automáticamente los papeles basados en el estatus de refugiado de los padres.
“La retórica sobre los refugiados ha cambiado en pocos años, con el añadido de que el partido de los socialdemócratas también apoya el endurecimiento de las leyes”, dice Emilsson. El experto augura que la inmigración volverá a ser un tema central en las elecciones y que los socialdemócratas, que actualmente son el partido con más representación en el Parlamento, dirán a sus votantes que pueden “ser tan o más duros con los inmigrantes que los partidos de centroderecha o los populistas”.
El experto también señala que hoy es casi imposible obtener asilo por razones humanitarias en Suecia, lo que ha generado un cambio enorme. “Antes los refugiados solían llegar desde Alemania o Dinamarca en tren, ahora simplemente se quedan en Alemania porque no quieren arriesgarse a hacer un esfuerzo extra para llegar hasta aquí”, concluye.
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