En septiembre comenzó en Austria el juicio por la demanda civil contra el Gobierno presentada por la viuda y el hijo de un hombre que murió de COVID-19 tras pasar unas vacaciones en Ischgl, la estación de esquí considerada por muchos como sede de un evento supercontagiador a comienzos de la crisis sanitaria. La semana anterior, un juzgado había ordenado a la exministra de Sanidad francesa, Agnès Buzyn, que respondiera por la falta de anticipación del Gobierno galo ante la pandemia.

Mientras tanto, en Reino Unido el Gobierno se ha comprometido a abrir una investigación oficial sobre la gestión de la crisis. Su inicio está previsto para la próxima primavera. Quienes presionan para que comience antes argumentan que las lecciones aprendidas aún pueden salvar vidas, pero repartir culpas es otra de las funciones de una investigación oficial. El dedo acusador se ha levantado desde el comienzo de la pandemia y ahora está dando palmaditas en hombros reales.  

Es entendible que quienes atraviesan un duelo quieran obtener respuestas. Asimismo, es probable que los gobiernos tengan lecciones que aprender, las cuales salvarían más vidas antes de que la pandemia se termine. No obstante, no queda claro que el “juego de la culpa” sea de ayuda para quienes han perdido seres queridos ni que garantice que cualquiera de nosotros esté mejor protegido ante pandemias futuras. De hecho, podría hacer lo opuesto.

Los límites

En primer lugar, repartir culpas entre quienes coordinaron la respuesta a la pandemia a nivel local o nacional desvía la atención de aquellas actividades transfronterizas, como la cría industrial de animales, que son las primeras en disparar el riesgo de pandemias.

En segundo lugar, todos los esfuerzos por identificar culpables están impulsados por la mirada retrospectiva, cuando incluso los científicos sabían entre poco y nada en el momento de muchos de los sucesos en cuestión. Aun en retrospectiva es difícil evaluar si una decisión oficial determinada puede justificarse en términos de vidas salvadas. ¿Las vidas de quiénes? ¿Durante qué período de tiempo? ¿Cómo se determina el valor de estas decisiones? Si las personas en lugares de poder saben que cualquier cosa que hagan será criticada –y que serán acusados de hacer demasiado o demasiado poco–, lo peligroso sería que no hagan nada la próxima vez.

La experiencia de 1918

Este es uno de esos casos en los que la historia resulta instructiva. En 1918, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, priorizó la guerra sobre la peor pandemia en la historia moderna –la cual mató a muchos más estadounidenses– y prácticamente nadie se quejó.

Cincuenta años después, otra pandemia de gripe estalló y Gerald Ford, tras ser advertido de que Estados Unidos podría volver a afrontar una situación similar, anunció una campaña de vacunación masiva. Esa pandemia terminó siendo leve en comparación con la de 1918 y el presidente fue criticado por todo el arco político.

La ministra francesa Buzyn puede consolarse con que, durante pandemia de gripe de 2009, su antecesora, Roselyn Bachelot, fue ridiculizada por haber tenido que cancelar decenas de millones de dosis de vacunas que había encargado preventivamente.

La deprimente lección es que la historia es irremediablemente poco informativa respecto a la próxima pandemia y que queda clarísimo que el político que no haga nada por prevenirla recibirá un cálido y mayor agradecimiento en las urnas que aquel que sí lo haga.

Demandas

Hay un nuevo giro en el inminente juego de la culpa: las demandas contra aquellos que, ya sea por negligencia o con intencionalidad, hayan causado que otros se contagien de COVID-19. Por ejemplo, al negarse a ser vacunados contra la enfermedad. No hay una demanda así todavía, pero la jurista Dorit Reiss de la Facultad de Derecho de Hastings de la Universidad de California cree que es solo cuestión de tiempo y que adoptará dos formas distintas.

La primera es la demanda civil realizada por un individuo que haya contraído COVID-19 –o uno de sus parientes– contra otro individuo. Por ejemplo, un maestro o un trabajador de residencia de mayores que se haya negado a recibir la vacuna, al que, rastreo de contactos mediante, pueda adjudicársele fácilmente el contagio al demandante (en este caso, puede que la escuela o la residencia también sean demandados). La segunda es la demanda colectiva contra una organización que haya difundido desinformación sobre las vacunas, como Children’s Health Defense, dirigida por Robert Kennedy Jr., o America’s Frontline Doctors.

Si ninguno de estos tipos de demanda ha sido anunciado hasta ahora es porque ambos se enfrentan a grandes obstáculos. Sin entrar en detalles legales, los cuales dependen de la jurisdicción en la que se desarrolle la causa, pueden establecerse tres categorías principales de trabas: comprobar que el acusado tenía el deber de proteger a otros; en caso de tener el deber, probar que se comportó indebidamente; y probar que causó daño, en este caso en forma de contagio. Aunque probar la causalidad es la más difícil, a medida que más gente recibe su vacuna y las condiciones para la transmisión de la COVID-19 se conocen mejor, se está volviendo más fácil. Demandar a una organización por difundir desinformación supone un obstáculo adicional: el derecho en muchas jurisdicciones a la libertad de expresión.

El primero de estos casos será una prueba fascinante cuyo resultado es difícil predecir. Tomemos como ejemplo a Reino Unido, donde la ley ya tiende a priorizar al individuo sobre lo colectivo. En las últimas décadas, las personas que han sufrido daños a causa de las vacunas han sido, en general, compensadas mediante un programa de indemnización sin culpa antes que en los tribunales. Tales programas –que también existen en Estados Unidos y otros países– representan la noción de que ningún riesgo asociado con otorgar un beneficio colectivo fue creado deliberadamente y, por ende, no es culpa de nadie. Lo mismo podría decirse de quienes se niegan a acceder a tal beneficio: no eligieron ser un riesgo para los demás.

El caso de Israel

Estados Unidos es un buen candidato para albergar un caso de prueba, al igual que Israel. Según me cuenta Ido Baum, periodista jurídico del diario Haaretz, Israel es un país altamente litigioso donde “realizar una demanda por recibir correo basura es casi un deporte” y la gente corriente a menudo acude a los tribunales para impulsar el cambio social. Pero cuando en una columna reciente, Baum se preguntó en voz alta por qué una demanda por infección negligente de COVID-19 no había surgido aún en Israel, se sorprendió por la respuesta: los lectores estaban completamente en contra de algo así.

Según el jurista Tsachi Keren-Paz de la Universidad de Sheffield, incluso si el caso de prueba fallara, probablemente modificaría el debate sobre dónde debe situarse el equilibrio entre los derechos y las responsabilidades, tanto individuales como colectivas. El debate ya está en marcha. Las propuestas giran entorno a hacer responsables a los “contagiadores” negligentes de la COVID-19 por los costes de rastrear y contener el brote que causaron, y criminalizar su comportamiento del mismo modo que se castiga a los conductores peligrosos. De un lado, están quienes quieren mayor protección legal para el colectivo social; del otro, quienes argumentan que la coerción no es el camino y que esta podría resultar contraproducente al empujar a la gran mayoría de las personas que se niegan a vacunarse –que simplemente tienen dudas o interrogantes– a posiciones aun más extremas.

La COVID-19 ya está cambiando las leyes. A su vez, los académicos intentan comprender la legalidad de muchas de las intervenciones sin precedentes que hemos visto durante los últimos 20 meses: desde confinamientos y programas de subsidios a quienes no podían trabajar, hasta la obligación de usar mascarillas o de recibir vacunas.

La pregunta es: ¿deberían esos cambios hacer que la asignación de la culpa sea más fácil? Si nuestro objetivo es estar mejor protegidos la próxima vez que afrontemos una crisis así, la respuesta probablemente sea no. Sería mejor preguntarse por qué nuestro contrato social está deshaciéndose y qué podemos hacer para reforzar la solidaridad. La investigación pública que logre abordar esas preguntas en un entorno sin culpa sería de suma utilidad.

Laura Spinney es periodista científica y autora de Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How it Changed the World (El jinete pálido. 1918: la pandemia que cambió al mundo).

Traducción de Julián Cnochaert.

Hace un año, cuando la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que mostraba que China había acabado con un virus altamente contagioso en una ciudad de 11 millones de habitantes, el epidemiólogo Michael Baker supuso que la organización internacional aconsejaría al resto del mundo que siguiera el ejemplo de China. Cuando, para su sorpresa, no lo hizo, este científico decidió que Nueva Zelanda (con cinco millones de habitantes) debía seguir su propio camino y empezó a presionar al Gobierno para que siguiera una estrategia de eliminación.

Encontró unos aliados inesperados en los multimillonarios neozelandeses que, al oír lo que proponía, contactaron por teléfono con los ministros del Gobierno. El 23 de marzo, Nueva Zelanda se confinó y, siete semanas más tarde, sus ciudadanos se encontraron con un país libre de virus. Baker, que calcula que la medida salvó unas 8.000 vidas, preguntó más adelante a los multimillonarios por qué se habían sumado a su causa: “Dijeron: 'No nos hicimos inmensamente ricos sin ser buenos en la evaluación y gestión del riesgo'. Lo hacían pensando a largo plazo”.

Baker ha tratado de convencer a otros países de que no es demasiado tarde para cambiar a una estrategia de eliminación, y de que será mejor para ellos a largo plazo, incluso ahora que han empezado a vacunar a la población, e incluso si, como piensan la mayoría de los científicos, el virus que causa la COVID-19 está en camino de convertirse en endémico (lo que significa que seguirá circulando en parte de la población mundial durante mucho tiempo). Calcula que alrededor de una cuarta parte de la población mundial vive en países que están impulsando estrategias de eliminación del virus, y ese número puede crecer.

Europa sopesa una estrategia de “cero COVID-19”, y John Nkengasong, responsable de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, también es partidario de una estrategia de eliminación para el continente africano, aunque sabe que es ambiciosa.

Un mundo, dos estrategias

El resto del mundo sigue una estrategia de mitigación y contención del virus, según la cual tendremos que convivir con la COVID-19 y, por tanto, debemos aprender a gestionar la enfermedad, buscando la inmunidad de rebaño de la forma más indolora posible.

Uno de los máximos exponentes de este enfoque es el epidemiólogo jefe de Suecia, Anders Tegnell, quien me dijo hace unos días que la eliminación era una quimera para la mayor parte del mundo, porque aunque un país fuera capaz de lograrlo una vez, sería imposible evitar las nuevas llegadas del virus sin contar con un dispositivo de vigilancia costoso y potencialmente restrictivo.

Si la estrategia fracasara, el país tendría que volver a la contención de todos modos, pero la población habría pagado un precio mucho mayor. Dice que él también está pensando a largo plazo, que la “sostenibilidad” es su lema. Así es como justifica el endurecimiento gradual de las restricciones en su país, que en un inicio apostó por medidas muy laxas.

Y así, el mundo se divide en dos, con cada bloque operando de acuerdo con un conjunto diferente de supuestos, en una especie de recreación de la guerra fría en materia de salud pública.

Un bloque considera que el virus se puede eliminar, el otro no. El segundo cree que el primero persigue una utopía imposible. El primero piensa que la utopía podría alcanzarse si todos se unieran.

Por qué el coronavirus es diferente

Los epidemiólogos incorporan supuestos en sus modelos cuando hay incertidumbre, cuando carecen de datos. Las premisas cuando surge una nueva enfermedad se extraen de la experiencia con otras enfermedades. Es inevitable.

Antes de la aparición de la COVID-19, la mayoría de los planes de respuesta a las pandemias en el mundo tenían como referencia a la gripe, ya que esta ha sido la causante de la mayoría de las pandemias de la historia. La gripe se propaga rápidamente entre la población, porque una persona infectada puede contagiar a otras antes de desarrollar los síntomas, y porque la enfermedad tiene un intervalo de serie (el tiempo entre casos sucesivos) corto, de tres días. Por estas razones, el consenso es que la gripe no puede ser eliminada, se tiene que gestionar.

Los coronavirus se comportan de forma diferente. Hasta 2020, los epidemiólogos podrían haber afirmado que se podían eliminar. Esa fue la experiencia en 2003 con el síndrome respiratorio agudo severo (Sars), causado por un virus estrechamente relacionado con el que causa COVID-19, y con el síndrome respiratorio de Oriente Medio (Mers), cuyos brotes se han controlado localmente desde 2012. Pero la COVID-19 es un auténtico rompecabezas, nadando entre dos aguas.

El virus que causa la enfermedad es más contagioso que el Sars, el Mers y la gripe, lo que significa que cada persona infectada contagia a un número más alto de personas, pero se propaga más lentamente que la gripe, teniendo un intervalo de serie aproximadamente dos veces mayor. También tiene un periodo de incubación mucho más largo, pero no está claro hasta qué punto la transmisión presintomática –o asintomática– impulsa su propagación. La proporción de casos de COVID-19 que son asintomáticos –que antes se creía que era la gran mayoría– se ha revisado a la baja para situarla en torno al 20%.

La mortalidad también es importante, porque determina el esfuerzo que estamos dispuestos a hacer para contenerla. La COVID-19 parece ser menos mortal que el Sars, el Mers y la gripe “española” de 1918, por ahora, pero más mortal que la gripe estacional. La aparición de nuevas variantes está cambiando este panorama, al igual que las mejoras en el cuidado de los pacientes.

Y, por supuesto, a diferencia del Sars y el Mers, el virus causante de la COVID-19 se ha extendido por todo el mundo.

¿Podemos realmente frenarlo?

Los precedentes no son de mucha ayuda. La OMS ha puesto en marcha planes de eliminación para una serie de enfermedades, entre ellas el sarampión, que es mucho más contagioso que la COVID-19, pero menos mortal. Gracias a ese plan, la cifra anual de muertes por sarampión –que mata principalmente a niños pequeños– se ha reducido en más de un 70% desde 2000, y ahora se sitúa en torno a 140.000 muertes. Las dudas sobre la vacunación han contribuido a un cierto retroceso últimamente, pero entre los países que conservan el estatus de libres de sarampión está Suecia.

La OMS no tiene un plan de eliminación de la COVID-19, pero algunos países lo han conseguido, mientras que otros están a punto de hacerlo. Tampoco tiene un plan de eliminación de la gripe estacional, que mata a unas 650.000 personas al año en todo el mundo, y sin embargo la gripe ha sido prácticamente eliminada este año, como consecuencia de los esfuerzos por contener la pandemia actual.

Sigue habiendo mucha incertidumbre con respecto a la COVID-19, sobre todo en cuanto a la capacidad de las vacunas para detener la propagación del virus. Sin embargo, algunas cosas han quedado dolorosamente claras.

En primer lugar, la eliminación es mucho más fácil al principio (incluso Baker admite que la fatiga de la población, que tras un año de medidas para frenar el virus se muestra cansada, ha reducido sus posibilidades de éxito ahora), y muchos de los lugares que se fijaron en ella lo hicieron cuando aún no sabían casi nada de la enfermedad.

En segundo lugar, cualquier país que consiga eliminar la COVID-19 tendrá que seguir en guardia contra la vuelta del virus, como ocurre con el sarampión, la rubeola y la poliomielitis. En tercer lugar, los países que no buscan la eliminación suponen un riesgo para los que sí lo hacen.

Además, lo más importante, si los gobiernos no consideran posible la eliminación, entonces no lo es, pero si lo hacen, podrían acabar eliminando otras enfermedades por el camino. En este sentido, se trata realmente de una profecía autocumplida.

Tegnell y Baker coinciden en que no sabremos hasta dentro de un tiempo –quizá décadas– qué enfoque fue el correcto, debido a la necesidad de evaluar el impacto social, sanitario y económico de cada uno. Eso es cierto. Pero lo más importante es que gran parte del mundo ni siquiera se planteó la eliminación desde el principio.

A menudo se ha dicho que siempre estamos reaccionando a la última pandemia, y la más reciente, la gripe H1N1 de 2009, fue relativamente leve. Los llamamientos a la eliminación entonces seguramente se habrían considerado un mazazo. De media, en los últimos 500 años, la humanidad ha visto tres pandemias por siglo. Quizá la próxima sea leve, o quizá no. Ya que no tenemos forma de saberlo hasta que se produzca, ¿podemos al menos acordar que la eliminación debería estar sobre la mesa la próxima vez?

Traducido por Emma Reverter

A finales de marzo, una semana después del primer confinamiento en Reino Unido, los delitos registrados en Lancashire cayeron en un sorprendente 40% comparado con la media de los últimos cuatro años. 

“Al principio, cundió un poco el pánico”, explica Eric Halford, inspector jefe de la Policía de la ciudad. “La mayoría de los agentes experimentados esperaban un aumento”. 

La verdad es que patrullar una ciudad confinada no figura en los manuales de la fuerza policial. Sin embargo, a casi un año del comienzo de la pandemia, ha quedado claro que la criminalidad no se ha extinguido, sino que ha mutado en busca de las nuevas oportunidades que presenta la crisis sanitaria que ha alterado todos los aspectos de nuestras vidas, y de maneras que no han sido siempre inmediatamente visibles para quienes aplican la ley.

Nuevas formas de delinquir

Durante la primavera, cuando muchos países decretaron confinamientos, los delitos tradicionales como los hurtos en tiendas o los robos en las viviendas bajaron debido a que los comercios estaban cerrados y la gente estaba en casa. Sin embargo, aumentaron los casos de delitos informáticos, de violencia machista y de comportamiento antisocial, este último probablemente debido a infracciones de las restricciones por la COVID-19. Cuando las medidas se levantaron alrededor de junio, estas tendencias se revirtieron en cierta medida. 

Aquellas personas que cometían delitos tradicionales adaptaron sus formas de actuar. Los ladrones armados en California se dieron cuenta de que las mascarillas ofrecían un cómodo anonimato. Lo mismo pensaron dos meticulosos hombres que se pusieron guantes de látex para atracar una oficina de correos de Luton, Inglaterra.

Los ladrones comenzaron a buscar nuevas categorías de objetos. Se robaron botes de oxígeno de los hospitales. Los bancos de alimentos sufrieron saqueos. Y si bien en general bajaron los delitos violentos, durante el confinamiento apareció una nueva categoría de agresión: la malintencionada tos con coronavirus. Cuando el culpable es un niño, puede ser expulsado del colegio. Los adultos, cuyas víctimas han incluido trabajadores esenciales, pueden ir a la cárcel. 

El aumento de la violencia machista y contra la infancia

Contrarrestando la disminución general de la violencia, aumentaron los casos de violencia machista en el hogar durante e inmediatamente después del confinamiento. Normalmente, este es un delito que no suele denunciarse, pero las ONG que trabajan con las víctimas informaron de que se estaban disparando las llamadas pidiendo ayuda y tienen pruebas de que esta violencia aumentó rápidamente, algo que la policía había previsto.

“Lo que hicimos fue enviar agentes y asesores independientes sobre violencia machista a supermercados y otros sitios donde las víctimas tenían permitido ir, con la esperanza de ofrecerles una salida”, afirma Halford.

Los niños también fueron víctimas de violencia con mayor frecuencia, incluyendo el abuso sexual físico o en Internet. En algunos países, el cierre de escuelas y la ausencia de lugares seguros alternativos agravaron este problema, dice Heather Flowe, psicóloga forense de la Universidad de Birmingham, porque en muchos casos los niños se quedaban solos en casa mientras sus padres salían a trabajar, a menudo con acceso a Internet, o deambulaban por las calles. 

En Kenia, donde el presidente Uhuru Kenyatta ordenó una investigación sobre este tema en julio, el equipo de Flowe encuestó a más de 1.000 supervivientes de abusos, con preocupantes resultados. “La media de edad de los niños de esta encuesta es cuatro años menor que la edad media en tiempos prepandémicos”, asegura. La caída en la edad media de las víctimas, de 16 a 12 años, se explica por el cambio en los patrones de oportunidad, dice Flowe.

Después de la epidemia del ébola de 2014 en Sierra Leona, cuando se tomaron medidas de protección hacia los niños pequeños, la edad de las víctimas aumentó y se dispararon los embarazos en adolescentes. Esta vez, los delincuentes han sido, en gran medida, vecinos o las personas que más tiempo pasaban en Internet.

“En circunstancias 'favorables', la posibilidad de que individuos 'normales' cometan abuso sexual contra menores es más amplio de lo que quizás nos gustaría reconocer”, escribió Richard Wortley, científico forense del Instituto Jill Dando del University College de Londres, cuando anticipó el problema en mayo. 

Los mercados ilegales

Los mercados, tanto los legales como los ilegales, se vieron afectados por las alteraciones en las cadenas globales de suministro. No hay muchos datos sobre cómo afecto la pandemia a la trata de personas, pero los expertos temían que las cifras no iban a ser buenas y hay indicios de que tenían razón.

Ilias Chatzis, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en Viena, destaca los casos de mujeres víctimas de trata para la explotación sexual que fueron abandonadas sin papeles ni medios de subsistencia en los lugares de destino.  

Y si bien la migración disminuyó radicalmente cuando se cerraron las fronteras, los factores que empujan a las personas a migrar son tan potentes como siempre. “Para las personas que huyen de la guerra, la persecución o la pobreza extrema, puede valer la pena correr el riesgo de contagiarse de COVID-19 en un país seguro”, indica Chatzis.

El impacto en el negocio de las drogas

Los narcotraficantes también han tenido que enfrentarse a fronteras menos permeables. Para empezar, dice Niamh Eastwood, director ejecutivo del centro británico de expertos en droga Release, en Reino Unido el mercado de drogas ilegales demostró ser notablemente resistente.

Muchas personas drogodependientes se pasaron de la heroína a las benzodiazepinas sintéticas, no porque no pudieran conseguir heroína, sino porque los ingresos por hurtos y limosnas se redujeron, y los “benzos callejeros” son más baratos. “Cada pastilla se vende por menos de lo que vale una cerveza”, asegura Eastwood.

Por otro lado, a los proveedores de drogas para fiestas o clubs nocturnos se les cayó el negocio durante el confinamiento, aunque luego recuperaron parte del mercado. Sin embargo, ahora se empieza a notar la sequía, dice Fiona Measham, criminóloga de la Universidad de Liverpool.

A causa de las restricciones en los viajes, a los fabricantes de drogas se les dificultó obtener las sustancias químicas precursoras y a los narcotraficantes obtener las drogas finales. “Lo que sucede cuando hay pérdidas es que sube el precio y baja la calidad”, dice Measham, y hay pruebas anecdóticas de que los narcotraficantes están vendiendo existencias de calidad inferior que en tiempos normales los consumidores no aceptarían.

Las variaciones de pureza son peligrosas en ambos sentidos: si es mayor, aumenta el riesgo de sobredosis, y si es menor, porque las personas pueden intentar compensarlo y por tanto sufrir luego una sobredosis al recuperarse el nivel de pureza anterior. Los aditivos también pueden ser peligrosos. En las calles se ha detectado la venta del potente opioide sintético fentanilo, que crea una dependencia rápida.

También ha pasado factura el estrés que genera la situación. “Tenemos informes de casos en los que aumentó la violencia, pero se trataba en general de ataques de un drogodependiente contra otro”, explica Eastwood. Opina que esto se podría haber evitado si las autoridades hubieran asegurado un suministro seguro de drogas, como se hizo en Canadá.

Las oportunidades en la 'dark web'

A medida que los mercados tradicionales del narcotráfico y de personas se reducían, los grupos de crimen organizado diversificaron sus actividades, contrabandeando Equipos de Protección Individual, productos farmacéuticos e incluso servicios funerarios.

Viendo una oportunidad de propaganda, en algunos lugares ampliaron su influencia ofreciendo su ayuda allí donde las respuestas oficiales a la crisis se consideraban insuficientes.

Según un informe de la UNODC, en Japón la yakuza (mafia japonesa) repartió mascarillas y papel higiénico gratuitos, mientras que en Afganistán los talibanes enviaron equipos de personal sanitario a zonas remotas. En Ciudad del Cabo (Sudáfrica), las pandillas llegaron a una tregua temporal y se organizaron para repartir paquetes de comida.

A medida que surgían nuevos mercados ilegales, la 'dark web' les hizo un hueco. El comercio de equipos de protección individual fue frenético y ya en marzo, antes de que ninguna empresa farmacéutica hubiera dado con una vacuna contra la COVID-19, se podía comprar una falsa por solo 163 euros, aunque los precios llegaron a subir hasta llegar a decenas de miles de euros. 

¿Eran solamente de agua azucarada? ¿Vacunas experimentales robadas de un laboratorio auténtico? ¿O brebajes hechos con sustancias extraídas de personas recuperadas de la COVID-19? Nadie lo sabe.

De vez en cuando, algunos sitios de la 'dark web' demostraron tener escrúpulos. “Nunca, bajo ninguna circunstancia, utilice la COVID-19 como una herramienta de marketing”, advertía un sitio de compraventa de la 'dark web'. “Aquí tenemos clase”. 

Sin embargo, el aumento de la ciberdelincuencia generado por la pandemia va mucho más allá, dice Benoît Dupont, criminólogo de la Universidad de Montreal, en Canadá. Aunque algunos de estos delitos son perpetrados por diferentes grupos de crimen organizado tradicional, otros son cometidos por comerciantes individuales y emprendedores que vieron la oportunidad desde el ordenador de su habitación.

Puede que algunos de los delincuentes más jóvenes, incluso de 12 años, hayan actuado por aburrimiento o frustración, pero también porque se encontraron frente a una oportunidad gigantesca. Ante las insuficientes ayudas económicas gubernamentales, aparecieron quienes estafaban a la gente con préstamos usureros.

Ha sido impresionante la velocidad con que los delincuentes informáticos han reaccionado ante los acontecimientos, señala Dupont. A principios de febrero surgió en Japón una serie de fraudes basados en la suplantación de identidad, con delincuentes a menudo haciéndose pasar por reconocidas organizaciones de salud pública. En marzo, se extendieron a Europa y luego se instalaron en Norteamérica. 

Un recorrido similar tuvieron los ciberataques contra hospitales y laboratorios de investigación. Es sabido que los delitos informáticos son un efecto colateral de los desastres, pero incluso los expertos quedaron atónitos ante la magnitud de estos. “Nadie pensó que un virus biológico provocaría todos estos virus digitales, y que estos dos tipos de virus irían tan juntos de la mano”, afirma Dupont.

El futuro de la pandemia

¿Entonces, cuál será el futuro del crimen, dado que la pandemia está lejos de terminar? Aunque aún es pronto para afirmar cómo se ha comportado la gente en los últimos confinamientos, con restricciones más leves que en el primero, Clifford Stott, psicólogo social de la Universidad de Keele, señala que la gran mayoría de las personas han cumplido las reglas, como suelen hacerlo en casos de emergencias masivas.

“En los sitios donde esto no está sucediendo, no es porque haya un colapso moral”, asegura Stott, que asesora al gobierno británico como miembro del Grupo Científico contra la Pandemia de la Influenza sobre Comportamiento (SPI-B). “Todas las pruebas sugieren que cuando la gente no cumple las normas es porque no puede”. 

Aún así, a veces sucede algo, como el viaje al norte del país de Dominic Cummings, asesor principal del primer ministro británico, que sirve de argumento contra la narrativa que remarca el cumplimiento del confinamiento, el “estamos juntos en esto”. Por ejemplo, dice Stott, ahora pueden estar surgiendo tensiones generacionales, ya que los jóvenes se sienten agobiados por unas restricciones pensadas para contener una enfermedad que afecta principalmente a la gente de mayor edad. 

Respecto a los incidentes de bajo nivel y disturbios contra la policía, como los que hubo el mes pasado en algunas partes de Inglaterra, dice: “Ese tipo de situaciones está sucediendo en todo el país”. ¿Los confinamientos locales producirán nuevos patrones de delitos y respuestas locales como los planes de vigilancia barriales? La policía está esperando a ver qué pasa.

A nivel internacional, a Chatzis le preocupa el impacto de la crisis económica. “Una situación en la cual las economías se están contrayendo, con altas tasas de paro, con gran demanda de mano de obra barata, genera las condiciones perfectas para que aumente la trata”.

Dupont afirmó que es muy probable que los ciberdelincuentes consoliden sus ganancias: “Están pasando de nichos comerciales o tiendas a lo mainstream”.

El nuevo “oro líquido”

A pocos día de acabar el 2020, hay una oportunidad delictiva que brilla más que las demás: la vacuna, o vacunas, contra la COVID-19, que Jürgen Stock, secretario general de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, comparó recientemente con “oro líquido”. 

Las primeras vacunas ya han sido aprobadas, pero aún hay decenas de otras vacunas que siguen en fases experimentales, generando una combinación irresistible de alta demanda y escasez de oferta. 

Un mercado negro de cualquier vacuna contra la COVID-19, real o falsificada, conlleva un peligro doble: las personas que se la pongan podrían comportarse como si fueran inmunes a la enfermedad sin serlo, poniendo en riesgo su propia vida y las de los demás, y además, podría representar un gran obstáculo en el desarrollo de los ensayos clínicos de otras vacunas, cuya fiabilidad se basa en el control de los científicos sobre quién recibe la vacuna y quién un placebo. 

En septiembre, los criminólogos Graham Farrell de la Universidad de Leeds y Shane Johnson del University College de Londres advirtieron del posible robo de envíos de vacunas y sobornos a cambio de trato preferencial por parte de los proveedores, e incluso de la escalofriante posibilidad de que se propague el virus a propósito “para alimentar el mercado”. Pidieron a los gobiernos que no cayeran en la tentación de reducir los controles sobre la cadena de suministro de la vacuna, ya que esto podría recrudecer la delincuencia. 

Desde entonces, se han incautado varias vacunas falsas contra la COVID-19, la policía ha hecho retirar publicidad en Internet de otras y se han denunciado robos de vacunas y ciberataques a organizaciones que distribuyen las vacunas reales.

El 2 de diciembre, Interpol emitió una alerta naranja que decía que los delitos contra la vacuna representan “una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública”, pidiendo a todas las fuerzas de seguridad del mundo a mantenerse alerta. Como los estafadores ya estaban vendiendo supuestas vacunas contra la COVID-19 en marzo, nadie puede pensar que la amenaza no tenga peso. 

Como dicen Farrell y Johnson, “puede que estemos adentrándonos en una tormenta de crímenes”.

Traducido por Lucía Balducci.

Dejar que el virus que causa la COVID-19 circule más o menos libremente es peligroso. Y no solo por su riesgo de desbordar los sistemas sanitarios poniendo vidas en un peligro innecesario, sino también porque podría retrasar la evolución del virus a una forma más benigna e incluso, potencialmente, hacerlo más letal.

Aunque los datos que tenemos aún son incompletos y las medidas son crudas, es posible que este efecto esté influenciando la diferencia entre las tasas de mortalidad de Suecia –que hasta hace poco adoptó un enfoque relajado de la contención– y Noruega, cuyas medidas han sido mucho más estrictas. Suecia tiene más del triple de muertes por cada 100 casos que su vecino.

La explicación de esta sorprendente brecha puede derivarse por un lado de la selección natural y, por otro, de la “carrera armamentística biológica” entre el patógeno y su huésped. Dentro de cada población, hay variación genética. Los virus no son diferentes. Algunas versiones de un virus serán ligeramente más peligrosas para la salud humana –más virulentas–, otras menos. Si las condiciones son correctas, aquellas que son algo más virulentas comenzarán a imponerse y a causar más daño.

Según esta interpretación de las diferencias entre lo que sucede en Suecia y lo que sucede en Noruega, no es que cada país tenga una versión diferente del virus. Es solo que las condiciones en Suecia han permitido que prosperen las variantes ligeramente más virulentas que ya existen del virus en la población. Si quiere un ejemplo verdaderamente espectacular, pero extremo, de este mecanismo, eche un ojo a la pandemia de gripe de 1918.

Aquella pandemia terminó con la vida de al menos 50 millones de personas, la gran mayoría de las cuales murieron en la segunda ola –en apenas 13 semanas, entre septiembre y diciembre de 1918– y, aunque los datos entonces eran aún más incompletos que ahora, se cree que fue al menos 25 veces más letal que cualquier otra pandemia de gripe de la historia. El hecho de que fuera tan excepcional exige una explicación, y los biólogos evolucionistas la han encontrado en las excepcionales condiciones que imperaban aquel verano en el Frente occidental [de la Primera Guerra mundial].

Antes de llegar a eso, sin embargo, permítanme dar un paso atrás. Un patógeno, un organismo causante de enfermedades, no “quiere” matar a su huésped. Su única meta evolutiva es sobrevivir y reproducirse, y si tiene que matar para lograr ese objetivo, lo hará. Provoca daños porque necesita la maquinaria celular de su anfitrión para replicarse y pasar así a un nuevo huésped. Nos sentimos enfermos porque nuestro cuerpos necesitan desviar recursos y por nuestra propia respuesta inmunológica.

Cuando un patógeno nuevo llega a los humanos tras haber saltado de su reservorio animal no está adaptado a nosotros. Si es demasiado virulento, tiene el riesgo de inmovilizar a su huésped por enfermedad o muerte antes de poder propagarse a uno nuevo. Si no es suficientemente violento, y el trasmisor es débil, es otro callejón sin salida evolutivo. Los científicos han demostrado recientemente que un patógeno exitoso es aquel que evoluciona con un nivel intermedio de virulencia, de modo que puede propagarse sin causar demasiado daño.

Los humanos damos forma a ese proceso porque también nos adaptamos al patógeno. Ponemos obstáculos en su camino en forma de medidas de contención, vacunas y, al final, la inmunidad de grupo. Aunque el huésped y el patógeno se ajustan sin cesar el uno al otro, un nuevo virus altamente virulento que se encuentra estos obstáculos evolucionará para ser menos virulento más rápidamente, para no morir antes de encontrar organismos susceptibles de convertirse en nuevos huéspedes.

Volvamos a 1918. La primera ola de la pandemia, la que impactó en primavera en el hemisferio norte, parecía una gripe estacional ordinaria. Pero, cuando estalló la segunda ola en agosto, la enfermedad era apenas reconocible. Sus víctimas se ponían azules y se asfixiaban con los pulmones llenos de líquido. ¿Qué pasó para que el virus de la gripe fuera mucho más virulento?

El biólogo evolucionista Paul Ewald, de la Universidad de Louisville en Kentucky, ha señalado la proximidad de los hombres en las trincheras del frente y el hecho de que, lejos de ser inmovilizados, los enfermos eran transportados a focos sucesivos de huéspedes susceptibles: de la trinchera a la tienda de campaña, luego a trenes, y de hospital en hospital.

La trágico de la situación, en otras palabras, es que los humanos hicieron el trabajo del virus, que no tuvo necesidad de reducir su virulencia para seguir extendiéndose. De hecho, su interés evolutivo radicaba en transmitirse cada vez más rápido, ya que no tenía ningún coste para el virus. Desde las trincheras de Flandes, y en gran medida debido a los movimientos de tropas, este bicho letal fue transportado por todo el mundo, provocando el terrible daño que provocó antes de llegar a un punto de equilibrio con la humanidad, mucho más tarde de lo que hubiera pasado de otra manera.

Aquella cepa pandémica circuló por el mundo, en formas modificadas y más leves, hasta 1957, cuando fue derrocada por la que causó la siguiente pandemia, conocida como “gripe asiática”.

Los virus se guardan otro as en la manga. Algunos pueden sobrevivir un tiempo fuera de un huésped vivo –en las superficies y en el aire, por ejemplo–. Esto altera las reglas de combate. Provoca que sean menos dependientes de sus anfitriones para propagarse y ayuda a determinar el nivel de virulencia hacia el que finalmente gravita el virus.

El virus que causa la COVID-19, el Sars-CoV-2, es casi tan duradero fuera de un huésped vivo como lo es el virus de la gripe. Eso lleva a Ewald a sospechar que se aproxima a un nivel de virulencia comparable al de la gripe estacional. La gripe estacional causa, de media, una muerte por cada 1.000 personas contagiadas. El Sars-CoV-2 está matando a un ritmo aproximadamente 10 veces superior al de la gripe estacional

Es demasiado pronto para interpretar los datos sobre la COVID-19, en parte porque nadie sabe cuántas personas se han contagiado –con muchos factores en juego, como el perfil de edad cambiante de los pacientes o las mejoras en la atención– pero es posible que ya estemos viendo esa evolución viral en la caída de las tasas de mortalidad. Como ha señalado el epidemiólogo Andrew Noymer, de la Universidad de California-Irvine, esto iba a suceder de todos modos con el tiempo. Pero esta es la cuestión: podemos acelerarlo, si escogemos hacerlo. Probablemente ya lo estemos haciendo en algunas partes del mundo.

“Si invertimos en medidas como las cuarentenas favorecemos cepas virales que son tan leves que la gente no sabe que está enferma”, dice Ewald. Su colega de la Universidad de Louisville, la bióloga Holly Swain Ewald, ha argumentado que tales medidas son fundamentales para la reducción de la virulencia. Si es así, entonces es probable que sea uno de los motivos que contribuyen a las diferentes tasas de mortalidad en Noruega y Suecia.

Proteger a la ciudadanía a través de medidas de salud pública también nos permite ganar tiempo. Pospone el momento en que muchas personas contraen la enfermedad hasta que sea mucho más leve. Eso podría significar una gran diferencia para todas aquellas personas en el mundo que no tienen acceso a una atención médica adecuada.

En gran medida, la pelota está en nuestro tejado. Tenemos algo que decir en lo referente a la duración de la pandemia y a cuánta gente va a morir. Esto ya se ha dicho, pero aquí está el argumento desde el punto de vista de la evolución. La clave para comprenderlo es que no lo vemos desde la barrera, con pasividad, que tenemos tanta responsabilidad en configurar el virus como el virus nos configura a nosotros. A la larga, la COVID-19 no será peor que una gripe estacional o un resfriado. Tratemos de llegar a esa situación lo más rápidamente que podamos.

Laura Spinney es periodista científica y autora de 'El jinete pálido', un libro sobre cómo la llamada “gripe española” cambió el mundo en 1918.

Traducido por Alberto Arce