Según la Real Academia Española la primera acepción para “paciente” sirve para adjetivar a aquella persona “que tiene paciencia”; por su parte, la quinta acepción de la palabra, como sustantivo, es la “persona que es o va a ser reconocida médicamente”. En Euskadi, el máximo responsable del Departamento de Salud se ha propuesto estabilizar en la normalidad que la riqueza sitúe a las personas en una u otra acepción: ante un problema de salud, un seguro privado rápidamente te convierte en paciente, mientras que la sanidad pública te hace esperar paciente. Esta realidad tiene una serie de implicaciones, en primer lugar, sociales y, en segundo lugar, económicas, sobre las que conviene que nos detengamos a reflexionar. Al fin y al cabo, estamos hablando de cómo normalizamos el incremento de la desigualdad.

Según publicaba este mismo medio, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, reconocía el incremento de los seguros médicos privados en Euskadi (120.000 personas más en apenas una década). El propio consejero achacaba este hecho a los problemas de accesibilidad que registra la sanidad pública; sin embargo, añadía que, en los casos graves, las personas se dirigían a la red pública: “cuando uno se pone enfermo de verdad, va a Osakidetza”, sentenciaba.

Estas declaraciones, que han pasado relativamente desapercibidas, dibujan un escenario para asistencia sanitaria en Euskadi en el que, por un lado, tenemos a esa parte de la ciudadanía que sí puede —y quiere— permitirse un seguro privado y cuyo acceso a la atención sanitaria cuando “tenga problemas no graves” será cuasi-inmediato. Por otro lado, tenemos a esa otra parte de la ciudadanía que no puede permitirse un seguro privado y cuyo acceso a la atención sanitaria cuando “tenga problemas no graves” se demorará en el tiempo. De este modo, el acceso más o menos inmediato a la atención sanitaria depende de la renta de las personas. Y esta última, la riqueza y, por ende, la pobreza, no es neutra en lo que respecta a los efectos de la salud personas. Si atendemos a la Encuesta de Salud del País Vasco elaborada por el Departamento de Salud (2023), pertenecer a la última clase social reduce tu calidad de vida relacionada con la salud hasta casi 9 puntos. Además, la prevalencia de los problemas crónicos en la cúspide de la pirámide social es del 31,6 %, mientras que en la base es del 49,6 %.

Considerados tanto el diagnóstico del consejero —a mayor renta, más rápido acceso a la atención— como la panorámica de salud en Euskadi —a mayor renta, menores problemas de salud—, podemos afirmar que las personas con menores problemas de salud acceden antes a la atención sanitaria que las personas con mayores problemas. Y partir de aquí es fácil hilar acerca de las consecuencias en la salud de las personas a medio y largo plazo. Una salud lastrada por la posición social que se ocupa se verá agravada por un tardío acceso al diagnóstico que solo el dinero parece poder acelerar. De hecho, de acuerdo con algunos estudios, el poder adquisitivo de una persona alcanza incluso a ‘comprar’ entre tres y cuatro años de vida.

Al margen lo anterior, desde el punto de vista exclusivamente económico, nos situamos en un marco en el que la atención sanitaria, digamos, rentable, se mueve en la esfera privada. Nos referimos al acceso al diagnóstico de problemas de salud que, en palabras del consejero, no revisten a priori gravedad y, por lo tanto, no requerirán costosas actividades terapéuticas. Ahora bien, “cuando uno se pone enfermo de verdad” y, por lo tanto, la atención que requiere es menos rentable, salta a la esfera pública para que Osakidetza se haga cargo. Se trata de un 'modus operandi' del que recientemente se ha vuelto a hablar en relación con Muface y la “evidente práctica” de las aseguradas privadas de derivar pacientes económicamente no rentables al Sistema Nacional de Salud.

Lamentablemente, ni la posibilidad de comprar un más rápido acceso a la atención, ni la distinción de la atención en función de la rentabilidad, son en Euskadi un patrimonio exclusivo de la salud, también se están produciendo en los cuidados. La introducción de cheques en el Sistema Vasco de Servicios Sociales (recibir una ayuda económica para comprar una plaza privada), con Araba como punta de lanza, ha supuesto que las familias que pueden permitirse la diferencia entre la cuantía del cheque y el precio de la plaza accedan rápidamente a la atención. En paralelo, aquellas familias que no pueden permitírselo soportan largas listas de espera para acceder a una plaza pública. Además, en claro paralelismo a lo que ocurre con los seguros médicos privados, con el paso del tiempo y el incremento de la dependencia, se reduce la rentabilidad económica de los cuidados y, en muchos casos, la atención salta a la esfera pública. Eso sí, antes, la atención privada se ha ‘comido’ gran parte del patrimonio de la persona. Dejemos constancia por último de que la atención privada sanitaria y la atención privada a la dependencia no solo comparten 'modus operandi', sino que también operadores.

Concluyamos. Las palabras del consejero de Salud, lejos de estar acompañadas de un propósito de enmienda, son un ejercicio de normalización de la situación descrita y, aunque no se expliciten, de sus consecuencias. Incluso, en otras declaraciones, ha llegado a afirmar que el recurso a los seguros privados es una mera “opción personal” —como si estuviera al alcance de todas y todos— que debe merecer un ‘premio’ fiscal ya que no se acude al sistema público. Pretenden presentarlo como una especie de relación simbiótica, en la que sanidad privada coadyuva a la pública —“liberan de carga de trabajo a la sanidad pública”. Sin embargo, tal y como nos explica la biología, la simbiosis se puede producir en mutuo beneficio o no: y, como hemos visto, esta relación no es mutualista, sino parasitista. Una de las principales funciones de los sistemas sanitarios públicos consiste en la reducción de la desigualdad. Garantizar, al fin y al cabo, que independientemente de la posición socioeconómica que ocupemos, nuestros problemas de salud recibirán igual respuesta. Y es precisamente esta función la que algunas palabras —y hechos— están poniendo en cuestión.

Cuarenta personas mayores en situación de dependencia acuden diariamente al centro de día Aiton-Etxe en Oiartzun. La dirección ha anunciado a las familias que en el centro no se administrará vacuna alguna, mientras en su fachada se exhibe el escudo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Afortunadamente, se trata de un hecho aislado; aunque este no podría haberse producido si determinadas decisiones políticas no hubieran propiciado el ecosistema idóneo. Desgraciadamente, nos estamos malacostumbrando a que la responsabilidad de lo que ocurre en los servicios sociales rara vez sea pública.

Supongamos que la gerente de una Organización Sanitaria Integrada de Osakidetza anuncia que en los centros de salud bajo su responsabilidad no se suministrará la vacuna contra la COVID-19. Seguramente, a todas nos parecerá que un suceso así no se podría producir en el Servicio Vasco de Salud. Por el contrario, el Sistema Vasco de Servicios Sociales vivió un episodio semejante del que tuvimos conocimiento en el cambio de año a través de este mismo medio: la directora de un centro de día integrado en la red de responsabilidad pública comunicaba a las familias de las personas usuarias la decisión de “no administrar el medicamento”.

No voy a desmontar los “motivos” argüidos por la dirección del centro para adoptar una medida que no le compete; otras personas lo han hecho con anterioridad, mucho mejor de lo que yo podría hacerlo —un ejercicio pedagógico que, por otra parte, considero imprescindible y en el que debemos persistir—. Mi intención hoy es otra distinta. Lo ocurrido en el centro de día para personas mayores de Oiartzun es un síntoma de una patología que afecta al Sistema Vasco de Servicios Sociales: el progresivo distanciamiento de la noción de ‘responsabilidad pública’.

Antes de nada, conviene que contextualizamos el episodio. La mayoría de las personas usuarias del centro de día para personas mayores Aiton-Etxe acudieron al Sistema Vasco de Servicios Sociales en demanda de cuidados. La Diputación Foral de Gipuzkoa asignó a estas personas una plaza pública en dicho centro. Es decir, independientemente de la propiedad del centro, la mayoría de sus plazas están integradas en la red pública. De este modo, a las personas usuarias del centro de día se les ha negado el derecho al acceso a determinadas prestaciones sanitarias en el seno del Sistema Vasco de Servicios Sociales. No nos encontramos, por lo tanto, ante un problema privado, sino ante un problema público.

La concertación es una modalidad de prestación de servicios contemplada en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. Esta opción en modo alguno conlleva que las personas usuarias vean mermados los derechos que les corresponden. Hasta aquí, al menos, la teoría. Ahora bien, en la práctica, estamos asistiendo a un proceso progresivo en el que, junto a la prestación del servicio, se externaliza la responsabilidad pública sobre casi cualquier aspecto del mismo.

Cuando la dirección del centro de día Aiton-Etxe se pone en contacto con las familias de las personas usuarias, actúa, a todos los efectos, en representación de la red foral de servicios sociales. Es por eso que, una vez hecha pública la ignominiosa misiva, aguardaba con interés la reacción de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

A pesar de que la Diputación Foral de Gipuzkoa tenía conocimiento de lo ocurrido, al menos, desde el jueves día 31, no anunció —ni ha adoptado a día de hoy— ninguna medida hasta que la noticia corrió como la pólvora en otros medios de comunicación. La institución foral utilizaba el indicativo futuro, “se pondrá en contacto con el centro de día Aiton-Etxe para conocer los motivos del escrito”, dando a entender que aún no se había interesado al respecto. De hecho, la dirección del centro sigue afirmando que no se va a administrar la vacuna en sus instalaciones. El tono de la nota de prensa foral era sorprendentemente tibio; afirmaba que, “en su caso, se estudiarán y tomarán las medidas pertinentes”, como si lo ocurrido no constituyera razón suficiente para actuar. Y, lo que es peor, en ningún momento llega a afirmar con rotundidad que en el centro de día de Oiartzun se vaya a realizar la vacunación —si finalmente se establece así por parte de la autoridad sanitaria—.

La prestación de servicios a través de la concertación no supone que se diluya la responsabilidad pública sobre lo que ocurre en ellos

Lo anterior nos enfrenta a las consecuencias del distanciamiento de la noción de ‘responsabilidad pública’. En primer lugar, la Diputación Foral de Gipuzkoa muestra un preocupante desconocimiento de lo que ocurre en la red foral de servicios sociales. Es más, hemos podido saber que, previamente, el centro de día Aiton-Etxe se negó a participar en la campaña de vacunación antigripal, sin que se desprendiera ninguna actuación por parte de la administración responsable —si es que se tenía conocimiento de ello, claro—.

En segundo lugar, la comunicación de la dirección a los familiares es abordada como si de un problema privado se tratara; en ningún momento parece entender la Diputación Foral de Gipuzkoa que la responsabilidad última le corresponde, puesto que se ha producido en uno de sus servicios. Una actitud que recuerda mucho a la mantenida ante el conflicto laboral de los centros residenciales para personas mayores en Gipuzkoa; un problema, la precariedad laboral que enfrentan miles de mujeres, que es también presentado como exclusivamente privado.

En tercer lugar, se resta gravedad a lo ocurrido. La decisión anunciada por la dirección del centro no le merece a la Diputación Foral de Gipuzkoa ningún calificativo, hecho que contrasta con otro tipo de comunicados; porque si públicamente se asumiera la relevancia del episodio, inevitablemente implicaría la necesidad de intervenir, y esa es una línea que no se desea cruzar. Este es un patrón que se ha repetido a lo largo de toda la pandemia. A pesar de que hemos conocido hechos graves, tenemos el dudoso ‘honor’ de ser una de las pocas comunidades autónomas que no han intervenido un solo centro residencial durante la crisis de la COVID-19.

La prestación de servicios a través de la concertación no supone que se diluya la responsabilidad pública sobre lo que ocurre en ellos. La titularidad de los centros de servicios sociales se está viendo sometida a una suerte de superposición cuántica: posee simultáneamente dos valores. Cuando se alzan voces que reclaman que la garantía de la protección y el buen cuidado de nuestra ciudadanía debe ser pública, reciben por toda respuesta que la división público-privada es ‘simplista’. En cambio, cuando afloran los problemas en determinados servicios externalizados, raudos y veloces recuerdan la titularidad de los mismos. De hecho, durante la pandemia, nunca antes habíamos podido leer tantas veces el término ‘privado’ en los comunicados de nuestras administraciones —con el  precedente de la gestión política de la tragedia de Zaldibar—.

Cuando la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales previó la integración de servicios y centros de titularidad privada concertada en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, reconoció al mismo tiempo a las administraciones una serie de competencias para garantizar la responsabilidad pública sobre los mismos. No obstante, con algunas excepciones, estas competencias apenas han sido ejercidas. Como afirmaba César Rendueles, a propósito del retraso en la administración de la vacuna, asistimos al “resultado del desmantelamiento neoliberal del aparato administrativo y normativo que, entre otras cosas, permite intervenciones rápidas y eficaces en emergencias”.

Sin embargo, aunque parezca mentira, la renuncia a desarrollar y hacer uso de los mecanismos de intervención en los servicios y centros de titularidad privada concertada no es el principal inconveniente. El mayor problema es que en la última década ha habido una apuesta política por abandonar este (débil) marco de responsabilidad pública en favor de la ausencia total de control. Recientemente, en el contexto de la evaluación del I Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAPV, pudimos ponerle números a este proceso de desmantelamiento del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública. En 2011, la red de responsabilidad pública de centros de día para personas mayores contaba con 2.909 plazas; en 2018, contaba con 2.851 plazas. Mientras tanto, la creciente demanda de cuidados fruto del proceso de envejecimiento de la población fue ‘atendida’ a través de ‘cheques-servicio’; a pesar de que este uso por parte de las administraciones forales de la Prestación Económica Vinculada al Servicio contraviene dos leyes y un decreto. Así, las casi doscientas familias en las que ha ‘crecido’ la atención diurna en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, en realidad, han recibido un ‘cheque’ para la compra del servicio en el mercado.

¿Y qué implica lo anterior? Si las 630 familias que en 2018 recibían un ‘cheque’ en vez de un plaza en un centro de día, público o concertado, tuvieran que enfrentar una situación como la que ha motivado este artículo, la administración pública no podría actuar, y las personas usuarias y sus familias quedarían abandonas a su suerte. Este es el escenario que pretende legalizar, legitimar, promover y extender el Gobierno vasco; el ocaso de la responsabilidad pública en el Sistema Vasco de Servicios Sociales.