Las crisis de salud pública no deberían convertirse nunca en un campo de batalla política. Cuando está en juego la protección de la población, el único objetivo legítimo debe ser garantizar respuestas coordinadas, eficaces y solidarias, poniendo el interés general por encima de cualquier cálculo partidista o territorial.

La experiencia de la pandemia dejó enseñanzas muy claras que no podemos permitirnos olvidar. La ciudadanía necesita instituciones capaces de cooperar, gobiernos que compartan información con transparencia y responsables públicos que actúen con serenidad, rigor y sentido de Estado. Sin embargo, demasiadas veces seguimos asistiendo al espectáculo del enfrentamiento permanente, del ruido político y de discursos que priorizan la confrontación antes que la salud colectiva.

Resulta especialmente preocupante observar actitudes insolidarias ante situaciones que requieren cooperación entre territorios y lealtad institucional. Ninguna comunidad autónoma puede afrontar sola una gran crisis sanitaria, migratoria o social. Defender únicamente intereses particulares, cerrarse a acuerdos comunes o utilizar el miedo y la confrontación para obtener ventaja política supone debilitar la capacidad colectiva de respuesta del país.

La salud pública necesita exactamente lo contrario: coordinación, corresponsabilidad y altura política. También exige respetar el trabajo de los equipos técnicos y sanitarios, que deben poder actuar con autonomía profesional, alejados de presiones partidistas y de estrategias de desgaste político. Se les puede exigir rendición de cuentas y evaluación, por supuesto, pero no convertir cada decisión en munición ideológica.

España necesita un gran acuerdo de país para la gestión de las crisis de salud pública y de las emergencias sociales que inevitablemente seguirán llegando. Un pacto que comprometa a todas las fuerzas políticas a mantener unos mínimos de responsabilidad institucional: compartir información veraz, evitar alarmismos interesados, no utilizar el sufrimiento de la población como herramienta electoral y priorizar siempre la protección de las personas más vulnerables.

Porque una crisis sanitaria no debería medir quién gana un titular o un puñado de votos. Debería medir la capacidad de un país para actuar unido, proteger a su gente y demostrar que sus instituciones están a la altura del bien común.

El pasado noviembre, el Parlamento andaluz rechazó una propuesta para publicar las listas de espera de pruebas diagnósticas, además de rechazar la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de las mismas, dejando a la ciudadanía sin información sobre un derecho básico: su propia salud.

¿Qué se pedía y por qué?

La iniciativa sobre su publicación, respaldada por todos los grupos excepto el PP, pedía transparencia: datos actualizados sobre mamografías, radiografías, resonancias, TAC y otras pruebas, desglosados por especialidades, centros y provincias, incluyendo la evolución histórica desde 2018. El argumento de los promotores era claro: sin esa información, la ciudadanía no puede saber cuántas personas están pendientes de diagnóstico, ni desde cuándo, ni en qué condiciones, lo que supone una “opacidad intolerable” para un derecho tan básico como la salud.

Los datos reflejan un deterioro alarmante: en 2018, la media de espera en pruebas diagnósticas era de 43 días, con solo 10.000 personas, en toda Andalucía, esperando más de un mes.

Hoy, solo en el hospital Juan Ramón Jiménez, hay 40.000 personas esperando meses para una prueba; en el Virgen del Rocío, 1.330 mujeres esperan más de un mes para una mamografía, y las colonoscopias se programan con hasta 15 meses de retraso. Incluso las ecografías en Sevilla tardan más de un año. Para 2026, el Gobierno andaluz ha previsto derivar a la privada más de un millón de pacientes para realizarse pruebas diagnósticas. Es probable que estos datos reflejen que más de 2 millones de personas estén esperando una prueba en Andalucía.

El veto: no quieren que se sepa

El PP votó en solitario contra la propuesta, alegando dificultades técnicas en la homogeneización de datos, duplicidades y desactualización, que, según su versión, impedirían una publicación fiable, aunque 12 CCAA las publican sin dificultad alguna. Con ello, Andalucía (desde junio de 2018, antes sí se publicaban) permanece entre las cinco comunidades que no dan públicamente los tiempos reales de espera: Valencia, Baleares, Aragón y Navarra.

Las consecuencias para los pacientes son alarmantes. Personas con dolencias sin diagnosticar quedan en un limbo: no saben si su solicitud sigue activa o ha sido descartada. La falta de información impide evaluar si se cumplen los plazos legales y agrava las desigualdades: quienes pueden recurren a la sanidad privada, mientras otros sufren retrasos potencialmente peligrosos.

Especialistas denuncian que los fallos en programas de cribado, como el de cáncer de mama, no son casos aislados, sino síntomas de un problema estructural del sistema público. La decisión del PP supone un “apagón informativo” que impide conocer la magnitud real del problema. Organizaciones de pacientes coinciden: sin transparencia, no hay control, no hay garantías, no hay justicia.

Un retroceso grave en materia de salud pública

El veto no es solo un detalle administrativo; es un retroceso en salud pública. Mientras tanto, muchas personas esperan meses —o incluso años— para un diagnóstico, con el daño que ello supone: riesgos sanitarios, angustia y deterioro físico y psicológico. Este silencio institucional sirve para maquillar datos, desviar culpa y privatizar de facto la atención cuando los plazos no se cumplen. Añade, además, una capa más de injusticia al sistema público de salud.

Sin transparencia, no hay control, no hay garantías, no hay justicia. La salud no puede ser opaca: publicar los tiempos de espera no es solo un acto de información, sino un acto de protección, responsabilidad y justicia social.

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María Ángeles Prieto Rodríguez, diputada del Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz

Joan Carles March Cerdá, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública

En el tablero político andaluz, las piezas se mueven con precisión cuando se trata de desmantelar instituciones públicas. Un actor clave en esta estrategia ha sido Alberto García Valera, exconsejero de Hacienda del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla y exdirector general de Tributos con Cristóbal Montoro. Su paso por la Junta fue breve, pero dejó huella: presiones internas para obtener un sobresueldo y facilitar contratos a su antigua consultora, Ernst & Young (EY), marcan su legado. Años después, esa misma empresa firmaría una de las auditorías más polémicas de la Junta: la de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

EY fue una de las principales beneficiarias del plan de auditorías externas pactado entre el PP y Vox: obtuvo el 44% del total licitado (1,3 millones de euros), incluyendo la auditoría a la EASP. No era casual. La sede andaluza de EY está dirigida por el propio García Valera, reincorporado tras su dimisión como consejero. Una puerta giratoria entre política y empresa que muestra cómo el aparato institucional puede ponerse al servicio de intereses privados.

La auditoría a la EASP estuvo plagada de irregularidades. Aunque el informe técnico no contenía recomendaciones graves, apareció una hoja suelta, sin paginar ni indexar, en la que se proponía su extinción y el traspaso de funciones a entidades como la Fundación Progreso y Salud (FPS) o el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP). Esa hoja no se correspondía con los análisis previos ni estaba justificada técnicamente. Funcionaba como una hoja de ruta política, camuflada bajo un supuesto criterio técnico.

La maniobra para reconvertir la EASP en un instituto centrado en la investigación y despojado de su vocación formativa y de salud pública es parte de un plan más amplio de desmantelamiento institucional

La respuesta del Comité de Empresa de la EASP fue contundente. Denunció que el informe final ignoraba las alegaciones previas, y que la supuesta duplicidad de funciones carecía de fundamento. Recordaron que la EASP está legalmente respaldada por la Ley Andaluza de Salud Pública y desarrolla funciones únicas en salud pública, formación y gestión sanitaria. Es, además, Centro Colaborador de la OMS y miembro de redes internacionales como ASPHER, EHMA o ALAESP. Ni la FPS ni FIBAO —entidades propuestas como sustitutas— cuentan con competencias ni experiencia para reemplazarla. El informe omitía el prestigio y la proyección internacional que la EASP ha cultivado durante décadas.

Más que una herramienta para mejorar la gestión, la auditoría fue usada como instrumento político. Se trataba de debilitar una institución incómoda por su independencia y su papel crítico dentro del sistema sanitario andaluz. La interventora general de la Junta, Amelia Martínez Sánchez, también nombrada por el PP, fue quien firmó el contrato con EY. La falta de transparencia y el desprecio a las alegaciones revelan una preocupante complicidad institucional.

El caso EY no es aislado. Las grandes auditoras arrastran escándalos por falta de independencia, errores graves e incluso conflictos de interés en sus informes. Su papel como legitimadoras de decisiones políticas ya tomadas es cada vez más evidente, erosionando la confianza en el control externo y en la propia administración pública.

Lo que está en juego con la EASP es mucho más que una institución. Es un modelo de salud pública. La maniobra para reconvertirla en un instituto centrado en la investigación y despojado de su vocación formativa y de salud pública es parte de un plan más amplio de desmantelamiento institucional. Y sucede, además, en un momento crítico: después de una pandemia que evidenció la necesidad de sistemas sanitarios sólidos, públicos y preparados.

Andalucía no necesita menos EASP, necesita más. Necesita instituciones sólidas, independientes, al servicio del bien común

La EASP no solo forma profesionales sanitarios o asesora a gobiernos. Su trabajo influye directamente en la capacidad del sistema de salud andaluz para responder a crisis, prevenir enfermedades y formar líderes en salud pública. Atentar contra ella es debilitar deliberadamente una de las herramientas más valiosas con las que cuenta la comunidad autónoma.

La reconversión legal de la EASP en 2024 fue el último paso: la convirtió en un instituto limitado, relegando su papel estratégico en salud pública. Fue la culminación del proceso iniciado años antes por García Valera, cuyo paso fugaz por la Junta bastó para influir decisivamente en el destino de una institución clave. Su trayectoria, marcada por sus vínculos con Montoro y la consultora EY, ejemplifica cómo los intereses privados pueden influir en decisiones públicas que afectan a toda la ciudadanía.

Andalucía no necesita menos EASP, necesita más. Necesita instituciones sólidas, independientes, al servicio del bien común. La historia reciente de la EASP es una advertencia sobre lo que ocurre cuando se convierte la política en una extensión de los negocios. La defensa de la EASP no es nostalgia burocrática: es la defensa del derecho a una salud pública de calidad, libre de injerencias, al servicio de todos.

El 28 de agosto de 2003, El País publicaba en portada: 'Un hospital de Granada da heroína a toxicómanos por primera vez en España'. La crónica empezaba: “Lo de ayer fueron los dos primeros chutes legales de heroína de España”.

Seis años de espera era un punto de partida complicado, pero, después de más de nueve meses de arduo trabajo con cada uno de los pacientes, encontramos que el medicamento heroína podía ser una nueva alternativa para el tratamiento de los heroinómanos a quienes no les había ido bien en anteriores tratamientos. El 70,4% respondió positivamente al tratamiento con heroína –junto al medicamento, dábamos apoyo psicosocial– mientras que en el grupo de metadona la cifra fue del 34,8%, también con el mismo apoyo. Por tanto, la probabilidad de éxito fue mayor en el grupo experimental (el de heroína, dos veces por día; con metadona, por la noche) que en el grupo control (grupo de metadona).

Esta victoria parcial tenía como componentes que la salud física de nuestros pacientes del grupo de heroína mejoró más de cuatro veces con respecto a la de los del grupo de metadona, que la salud mental mejoró casi el doble, que el riesgo de contagiarse con el VIH fue casi cuatro veces menor y que la actividad delictiva se redujo de forma muy importante. Un resultado esperanzador de un proyecto difícil, complicado, pero probablemente el mejor proyecto de salud pública de la Escuela Andaluza de Salud Pública en sus 38 años de vida.

Los pacientes que teníamos, y seguimos teniendo 20 años después, eran personas que habían fracasado como mínimo en dos tratamientos, se inyectaban la mayoría de los días y cumplían dos de estos tres requisitos: tenían una enfermedad (VIH, hepatitis…), problemas de salud mental (patología dual) y de tipo familiar-legal. En definitiva, eran personas con una dependencia severa, con una situación de salud física y psicosocial muy dura y, además, excluidas.

Terminó el ensayo clínico y, en 2004, el Ministerio de Sanidad autorizó su uso compasivo para los siete primeros pacientes del ensayo de prescripción de heroína y metadona, que permitió seguir legalmente con el tratamiento aunque ya hubieran pasado los nueve meses de duración del ensayo, y que luego se fue extendiendo. Fue el primer reconocimiento oficial de que la heroína mejora la integración del heroinómano más que la metadona.

Hablar de heroína terapéutica puede sonar a algo raro, pero la realidad es que a personas que han estado perdidas en el mundo de la droga, gastando todo su dinero y el de sus familias en ello, entrando en un pozo sin fondo lleno de dolor, enfermedad, malestar personal y familiar, infecciones, problemas físicos y mentales, delincuencia, robos, daños..., era necesario buscarles una solución. Y la solución la habían encontrado los ingleses utilizando desde hacía años la heroína en la farmacopea británica, les siguieron los suizos con un proyecto que cubría y sigue cubriendo a casi todo el país y a más de 1.000 pacientes, para posteriormente Holanda plantear un ensayo clínico del que nosotros en Granada, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, con apoyo de profesionales suizos y discusiones y debates con investigadores de Alemania, Reino Unido y Holanda, fuimos capaces de poner en marcha.

La Junta de Andalucía planteó una estrategia avanzada y valiente hace 20 años con la utilización de la heroína como medicamento. Era y es la solución receta. El resultado fue exitoso, ya que la heroína-medicamento ayudó a mejorar la salud de la ciudad de Granada al disminuir en un 1.700% los delitos de las personas que entraron en el ensayo clínico, además de mejorar la salud física, mental, social y familiar de heroinómanos que hoy siguen tomándola en el hospital Virgen de las Nieves. Esta receta de la heroína-medicamento, convirtió a Granada en 2003 en referencia nacional e internacional con un ensayo que permitió demostrar que la administración de la heroína bajo control médico es más eficaz que la metadona, al mejorar la salud de los 62 heroinómanos, el doble que con metadona. Y estos resultados coinciden con los de los otros países donde hay alrededor de 3.000 pacientes en tratamiento en una relación sanitaria positiva y con un afianzamiento social mediante la estabilización del empleo y el domicilio y el contacto con la familia.

Pero la legalización de la heroína como medicamento, a pesar de los buenos resultados en España y de que países como Alemania o Dinamarca así lo han considerado, no está sobre el tapete. Un error según mi opinión, ya que el Pepsa, el programa más avanzado que se ha hecho en este país hasta la fecha en el campo de las drogodependencias, pervive gracias al tratamiento como uso compasivo que se le concedió tras la finalización del ensayo clínico, tal como permite el Real Decreto 223/2004, luego modificado por el Real Decreto 1090/2015 de 4 de diciembre.

El programa de administración de heroína que se sigue desarrollando en Granada, ahora con 15 pacientes, podría beneficiar a los heroinómanos de toda España, sin duda alguna, pero no hay ninguna administración que haya querido poner en en marcha un proyecto de este tipo. Dejo fuera a la Generalitat de Catalunya, que intentó y sigue intentando poner en marcha un nuevo proyecto, y también a algún internista hospitalario que se ha acogido al protocolo de Granada para llevar a cabo el tratamiento con heroína a algún paciente en Barcelona. Sería un paso más, 20 años después, en el avance de la heroína terapéutica.

Poca gente esperaba que tuviéramos éxito, pero la realidad fue espectacular. Algunas personas nos tachaban de locos, de poco profesionales, de dar una “droga” en el hospital… Pero nuestro programa ha sido y es un espaldarazo de salud y vida para muchas personas, ya que les ha devuelto la alegría de vivir, de sentirse personas con dignidad, de poder ir con la cabeza alta, con posibilidades de iniciar una nueva vida, recuperando sus amigos de siempre. Sus familias se sentían y sienten agradecidas día a día y todo gracias al empeño de la búsqueda de alternativas a los tratamientos existentes hasta el momento.

El tratamiento de la heroína, según los resultados de los estudios coste-beneficio suizos, holandés y alemán, indican que el ahorro por persona y día es muy significativo. Y como dicen los pacientes españoles (de Granada): “Nosotros hemos ido viendo cómo nuestras vidas cambiaban, cómo la esperanza de tener una vida digna algún día se iba haciendo realidad. Y, aún más importante, la vida de nuestras familias y de las personas de nuestro entorno también han cambiado”. “Solo pedimos comprensión. Es barata”.

Con la evidencia de los estudios, pido a los políticos, a los gobiernos, que cualquier ciudadano/a español/a que cumpla los requisitos del ensayo clínico de heroína, viva donde viva en España, pueda tomar el medicamento que a los pacientes en Granada les ha devuelto la vida y la salud física, social y familiar. Junto con ello, pido que se facilite el uso de nuevas formas de la heroína, como la heroína en comprimidos, la heroína ora; que ayude a encontrar nuevas alternativas terapéuticas a las existentes actualmente. Y además pido que se fomenten programas de apoyo psicológico, deportivo, legal, digital, social, de empleo… a personas que las drogas los sacó hace tiempo de todo “mercado” laboral.

Si hoy en día se habla mucho de fentanilo, un opioide que mata a miles de personas en EEUU y Canadá, es necesario plantear que necesitamos medidas valientes que ayuden a mejorar la situación de esas personas y también, como hicimos nosotros, de los heroinómanos. No estamos hablando del pasado. Hoy sigue siendo una problemática real.

Si hace 20 años políticos de la Junta de Andalucía fueron capaces de dar un paso adelante en el abordaje del problema de las drogodependencias y buscar nuevas alternativas terapéuticas con un programa con heroína como medicamento, con la evidencia científica en la mano esperemos que hoy y mañana, cualquier ciudadano/a español que la necesite, la pueda usar. Y es que la heroína también salva vidas. Ellos/ellas (su dignidad), junto a la de sus familias y la sociedad en su conjunto lo agradecerán.

30 de marzo 2021. Andalucía tenía una incidencia acumulada (IA) de 130. Solo Almería pasaba de los 200, tenía 216. El 15 de marzo era aún menor, 122. Las restricciones eran importantes con el horario de comercios, actividades y servicios (incluida la hostelería) hasta las 20.00 horas para los municipios en nivel de alerta 3 en su grado 1 y superior y con restricciones perimetrales provinciales. Ahora tenemos una IA de 206. Cuando el pasado martes se anunciaba la reapertura de la movilidad entre provincias, todas excepto Málaga y Cádiz pasaban de 200 y cuatro de ellas de 250. Granada, a la cabeza, con 416. Y en este contexto, Andalucía levantaba el confinamiento provincial y relajaba las restricciones, con la hostelería y el comercio que podrán cerrar más tarde: a las 23.00 horas los primeros y a las 22.30 horas los segundos. ¿Alguien conoce los argumentos de la Junta de Andalucía y sus “expertos” para tomar la decisión de abrir las restricciones perimetrales provinciales? ¿Una cuestión técnica o quizás política?

Parece que por los datos nos inclinamos porque la política vuelve ganar a la ciencia en esta decisión de la Junta de Andalucía.

Hay varias comunidades que están con cifras menores de 100 y tienen mayores restricciones que Andalucía. Habría que valorarlo para plantearnos tener el mejor verano posible. Sabemos que hay una recomendación de cierre de los interiores de los bares y restaurantes por encima de 150 de IA a partir de una revisión de literatura científica que Andalucía no cumple. Y creo que no podemos avanzar hacia unas mejores medidas, a pesar de lo dura que está siendo la pandemia y los efectos que tiene sobre la salud mental, sin poner encima de la mesa los criterios técnicos y científicos.

Hace más de 5 meses, en una carta que dirigí a Juan Manuel Moreno, decía que me gustaría pedirle varias cosas, entre las cuales destacaría que tomara las decisiones basadas en criterios científicos, adelantándose al virus y que permitiera conseguir parar la pandemia; además, que planteara medidas sobre los espacios cerrados, abriendo bares y restaurantes al exterior y cerrando los interiores, como manera de ayudar a disminuir la transmisión del virus y que no cierre espacios abiertos como parques y jardines sin valorar la necesidad que tiene la población de usarlos con mesura; que favoreciera la unidad de acción en la toma de decisiones que se toman en Andalucía y que apoyaran de una forma clara las medidas que entre todas las CCAA son importantes tomar en estos momentos y con ello, la evaluación de la gestión de la pandemia de una forma seria y bien planteada. En definitiva, le pedía más expertez, más criterios puestos sobre la mesa y más hacer lo que es necesario hacer. Cinco meses más tarde, seguimos casi igual.

Vale la pena recordar el periodo de desescalada de la primera ola como comentábamos hace unos meses. The Lancet pasaba revista a España y decía que la desescalada de junio fue demasiado rápida y descuidada. En su editorial, la revista destacaba que cuando terminó el periodo de confinamiento se abrió demasiado rápido. Además, destacaba que el sistema público español ya era frágil cuando llegó la pandemia, porque la política de austeridad tras la crisis económica de 2008 redujo “las plantillas y la capacidades del sistema público de salud”, que sigue falto de recursos y personal, advirtiendo que España tiene casi un 40% menos de enfermeras por habitante que la media de la Unión Europea (5,9 en España, frente a 9,3 de media entre los veintisiete).

Y vuelvo a pedir al presidente de la Junta de Andalucía estas seis cualidades para ser un verdadero líder como son “Visión, Humildad, Autoconciencia, Integridad, Compromiso y Generosidad”. Creo y lo digo muchas veces que la mediocridad es una lacra que hay que extirpar de las organizaciones. Y es que lo mediocre es mirarse demasiado a sí mismo.

Es evidente que se toman decisiones políticas en esta pandemia. Quienes tienen que tomarlas son políticos. El problema es que las decisiones sean políticas sin aval científico. Y no puedo entender que estas decisiones se tomen sin coherencia con las que tomaron hace menos de un mes. Creo que el aval es fundamental para que las decisiones se puedan entender. La ciencia como elemento clave en esta pandemia por encima de lo político.

Leía hace unos días que el 70,8% de los mayores de 80 años había recibido al menos una dosis de la vacuna para el coronavirus en España y que Andalucía lo había hecho al 91%, mientras Cataluña se quedaba en el 54% . Buenas noticias en un entorno de una vacunación a ritmo lento. También leí que el Presidente de la Junta de Andalucía hacía unas declaraciones sobre la vacunación en Andalucía y decía que la comunidad andaluza es “la primera en alcanzar el medio millón de personas inmunizadas”. Unos días después ha vuelto a reafirmarlo añadiendo que: Andalucía es líder en la vacunación, “somos los que más vacunamos en términos relativos y absolutos” Y yo diría que a pesar de los buenos datos en la vacunación de los mayores de 80 años, o bien no sabe el Presidente de la Junta que Andalucía es la Comunidad Autónoma más poblada de España o si lo sabe, quiere mandar un mensaje engañoso como que es la Comunidad donde más se está vacunando o realmente miente al afirmar que es Andalucía la comunidad que más vacuna cuando no es cierto. 

No es así: Andalucía había vacunado hasta el primer día de sus declaraciones, al 5,82 por ciento de su población, ocupando la séptima posición en España entre las CCAA. La primera, como dice nuestro COVIDiario en la Escuela Andaluza de Salud Pública que dirige el profesor Emilio Sánchez-Cantalejo, es Asturias con el 9,07%, seguida por Castilla y León, Cantabria, Extremadura y Aragón. Y en la parte última de la tabla están Canarias, País Vasco, Ceuta, Baleares y Melilla. Ante la segunda declaración, Baleares le supera en tanto por ciento de vacunas administradas sobre entregadas. Y además, Asturias tenía inmunizados al 9,07% de su población, mientras que Andalucía al 6,20%, ocupando la novena posición, un poquito por encima de la media española que estaba en 6,06.

Drucker decía que las oportunidades están siempre fuera. Hay directivos que tienen su ego como perímetro prioritario. Nada más mediocre. Genial digo yo para aprender a no ser mediocre.

Por tanto, ante estas situaciones no necesitamos que nos engañen o nos tergiversen o manipulen la información o nos mientan, sino que queremos líderes que sean transparentes, que tengan la ética como un elemento clave, líderes que sean responsables de prever, de dar forma y salvaguardar el futuro, creando claridad en medio de esta situación de incertidumbre. Porque un liderazgo sin ética no es liderazgo Sr Presidente de la Junta de Andalucía. 

Y si se me permite, le recomendaría al presidente de la Junta de Andalucía estas seis cualidades para ser un verdadero líder como son “Visión, Humildad, Autoconciencia, Integridad, Compromiso y Generosidad”. Creo, y lo digo muchas veces, que la mediocridad es una lacra que hay que extirpar de las organizaciones. Como bien dice Xavier Marcet, una organización o una empresa es mediocre cuando sus líderes son mediocres (gente que se sirve más que gente que sirve). Y esos líderes mediocres, dice él, son líderes que expresan valores caducos y formas que no ayudan a sacar nada bueno de los que les rodean, con una concentración de profesionales tóxicos en la organización mayor que la media. Y reitera: lo mediocre es mirarse demasiado a sí mismo. Drucker decía que las oportunidades están siempre fuera. Hay directivos que tienen su ego como perímetro prioritario. Nada más mediocre. Genial digo yo para aprender a no ser mediocre.

Y algunas ideas para mejorar la vacunación:

1. No almacenar AstraZeneca-Oxford (ni Pfizer-Biontech ni Moderna). Inyectar todas las vacunas que tenemos.

2. Ampliar AstraZeneca a todas las edades y no solo a menores de 65 años.

3. Vacunar por edad, no por profesión. Hay vacunados de 30 años, y aún faltan de 80.

4. Aumentar los puntos de inyección.

5. Evitar demoras.

6. Vacunar a más pacientes crónicos dentro del grupo de personas vulnerables 

Y todo ello en un entorno de que hoy sabemos que: 

1. Apenas dos semanas tras la primera dosis de la vacuna Pfizer, se lograr una eficacia frente la muerte por COVID19 del 72%. Un dato que debe hacer reflexionar sobre la política de vacunación con esta vacuna.

2. De 596.618 personas vacunadas en Israel solo fallecen 9 pero se infectan 4.460 y de ellas 55 tienen COVID-19 grave. Sin una estrategia de ZeroCovid , solamente con la vacuna no dejaremos de convivir con el virus. Israel en su afán de eliminar la curva de infecciones tiene un 96% menos casos, un 90% menos de nuevos enfermos críticos diarios, un 85% menos muertes, con un número de casos diarios (promedio semanal) de 327 (dato equiparable a junio de 2020)

3. El 72% de los mayores de 65 años en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de alguna vacuna frente a la COVID19, y el 47% están completamente vacunados, en un entorno donde se administran más de 4 millones de dosis de vacuna en un solo día. Un enorme paso en la protección de los más vulnerables. Y va reportando cada día menos personas fallecidas; son muchas cada día, pero ya es la cifra más baja desde marzo de 2020. 

4. El 80% de la población de países pobres o en vías de desarrollo no recibirá ninguna vacuna durante el 2021. Triste pero cierto.

5. Las reglas de oro para el contagio por aerosoles son espacios cerrados, aforo completo y mala ventilación. Y yo me y le pregunto: ¿cuántos contagios nos ahorraríamos como dice la literatura científica, si a partir de una cifra determinada, cerráramos los interiores de bares y restaurantes? 

Para terminar le preguntaría por qué no están entre los posibles vacunados ya, entre esta gente que es y fue vulnerable, además de muchos más pacientes crónicos de los que eran en la lista de posibles vacunados, quienes siguieron cuando casi todo paró, con mucha angustia y poco conocimiento del peligro que tenían, y atendieron a miles de clientes: cuidadoras domésticas de ancianos y niños, cajeras de supermercado, taxistas, camioneros, trabajadores del campo y del mar, quiosqueros o abogados de oficio que fueron declarados trabajadores esenciales cuando se decretó el confinamiento. Y una segunda cuestión: ¿por qué no se acelera la producción de vacunas liberando los laboratorios las patentes?

Y un último comentario: sabemos que la edad es posiblemente el mayor factor de riesgo en la COVID19 ya que la mayor parte de los fallecidos (>90-95%) tenían más de 60 años. Por tanto, proteger a este colectivo, y el que padezca co-morbilidades debe ser el gran objetivo de la vacunación, una vez protegido al sistema sanitario y a las personas de las residencias de mayores.

Una auditoría permite identificar errores cometidos en una organización y enmendarlos a tiempo para tomar medidas que permitan retomar el rumbo correcto en la empresa. Hay auditorías mercenarias que se hacen con el objetivo no de ayudar sino de cargarse una institución, aunque ello conlleve modificar y manipular lo que se ha encontrado en la misma. Este último es el caso de la auditoría que ha hecho Ernst & Young (EY) sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), una auditoría hecha por una auditora mercenaria (auditora que desempeña por otra entidad un servicio por el salario que le da) que pretende extinguir, sin ningún argumento, la EASP.

EY es una de las multinacionales dedicadas a los servicios profesionales más importantes a nivel mundial, con servicios de auditoría, finanzas, contabilidad, asesoría legal y asesoramiento empresarial, entre otros. Popularmente es conocida como una de las Big Four, es decir, una de las cuatro empresas más importantes del mundo en el sector de la consultoría y la auditoría, junto a PricewaterhouseCoopers, Deloitte y KPMG. Y lógicamente ha estado entre las auditoras que ha elegido la Junta de Andalucía para auditar el sector público empresarial en el marco del acuerdo con Vox. Se licitaron para 3.004.424,16€ y a la firma EY se le adjudicó 1.335.840€, es decir, un 44% del total y entre ellas, la auditoría a la EASP. Primera curiosidad.

Ernst & Young, con sede en Londres, opera a nivel mundial, incluida España, donde ofrece servicios de seguros, fiscales, legales, transaccionales y de consultoría. Para ello se nutre de profesionales con amplia experiencia en el sector, así como de estudiantes y recién licenciados, según indica en su propia web. Y curiosamente entre los profesionales con experiencia aparece una lista de políticos del Partido Popular que, tras su etapa política en el Gobierno, decidieron retirarse al sector privado, concretamente a la Big Four. Un caso más de puertas giratorias en el que aparecen nombres como Juan Costa, Josep Piqué, Román Escolano, Juan Pablo Riesgo, Borja Sémper o Isabel García Tejerina. Y en Andalucía quien la dirige es el exconsejero de Hacienda Alberto García Valera que regresó a EY como socio director de Andalucía. Segunda curiosidad.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, argumentó durante una comparecencia parlamentaria que las auditorías licitadas por el Gobierno andaluz sobre el sector público autonómico “son auditorías operativas, no buscamos culpables, buscamos soluciones”. Y Vox reclamó su contribución a la iniciativa de las auditorías. En ese entorno, el consejero de Hacienda esgrimió que el trabajo de las auditorías sobre el sector público supone “dotarlo de objetividad cuando se toman decisiones” e insistió en que “no queremos tomar decisiones políticas, sino objetivas”. Y lo que hacen desde la Junta de Andalucía en esta auditoría a la EASP es decirles a la auditora que pongan en una hoja lo que ellos políticamente tiene que hacer pero que se base en un documento “objetivo” escrito por EY. Auditorías al dictado de la Junta. Tercera curiosidad.

¿No debería un resumen de la auditoría no añadir conclusiones que no aparecen en los resultados de la auditoría como ocurre en el el caso del informe de la EASP?

Cuarta curiosidad: EY realiza la auditoría de la Escuela Andaluza de Salud Pública y manipula sus resultados para, a petición de sus contratantes de la Junta (y del PP naturalmente), pegar una estocada (casi mortal) a una de las instituciones de más prestigio que hay en el sector público andaluz, si no la que más: la EASP. El proceso es muy sencillo. Se le adjudica la auditoría de la EASP a EY, la realiza, el informe es razonablemente bueno para la entidad, pero curiosamente aparece una hoja sin paginar, sin indexar y sin relación con el informe en el que se pide el cese de su actividad, la extinción de la entidad y el traspaso de recursos y actividades a otras entidades con mucho menos prestigio y trayectoria que la EASP: Increíble pero cierto. Y ¿cómo se consigue eso? Pues muy sencillo, Habrá que ver qué papel ha tenido en todo esto la interventora general de la Junta Amelia Martínez Sánchez, nombrada a propuesta del PP, que fue consejera de la Cámara de Cuentas, a propuesta del PP y que es la responsable de este contrato.

Hay que decir que según las normas de auditoría del sector público, las conclusiones y recomendaciones tendrán que guardar una relación lógica con los hechos presentados en el informe. Las conclusiones trascendentales tienen que estar debidamente fundamentadas en evidencia suficiente, pertinente y válida y dicha argumentación tiene que ser incluida en el informe. Tales afirmaciones exigen una argumentación, justificación, exposición de datos y del trabajo de análisis ejecutado, que avale este planteamiento a lo largo del informe, hecho que no se produce en absoluto en el informe de la EASP. ¿No debería un resumen de la auditoría no añadir conclusiones que no aparecen en los resultados de la auditoría como ocurre en el el caso del informe de la EASP?

Cuatro curiosidades en un mundo de puertas giratorias donde por ejemplo, Deloitte, una de las cuatro grandes auditoras mundiales, acumula una larga lista de polémicas y líos judiciales en el último lustro. Su historia reciente cuenta con numerosos nubarrones. Ante la Caja de Ahorros del Mediterráneo presentó unos beneficios de 201 millones de euros y el ICAC sancionó a la auditora con 2,4 millones de euros. BDO nunca puso en duda las cuentas de Pescanova y el juez Pablo Ruz imputó a BDO por un presunto delito de falseamiento de información financiera. EY, la consultora que hizo esta auditoría a la EASP, se vio arrastrada por el escándalo de la quiebra de la compañía alemana de pagos en línea Wirecard por sus deficiencia en la verificación de las cuentas. Y por último, el organismo regulador de la práctica auditora impuso tres sanciones muy graves a PWC, por 10,49 millones de euros por el incumplimiento del deber de independencia en relación con la elaboración de las cuentas de Aena. Muchas irregularidades de las auditoras en diversos proceso y en diversos momentos.

Y es que la corrupción pone en duda la figura de las auditoras. ¿Qué relación puede haber entre estos errores y el poder político? Las grandes firmas de consultoría y auditoría han engrosado desde hace años el mercado de fichajes de altos y ex altos cargos de las administraciones públicas. Sin duda, en el caso de la auditoría de la EASP encontramos una manipulación burda, una invención de una hoja sin relación al informe y una tergiversación increíble en beneficio solo de uno: el PP y sus políticas que no tienen a la salud pública en su objeto fundamental. Que pena que esto además ocurra en una pandemia. ¡Cuánta falta nos hace la Salud Pública! ¡Cuánto nos sobran las auditoras mercenarias del poder político!