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Un exconsejero de Hacienda de Moreno cobró un plus por estar 20 días en su Gobierno gracias a un informe ex profeso

José Alberto García Varela (Madrid, 1971) juró el cargo como consejero de Hacienda, Industria y Energía en el primer Gobierno de Juan Manuel Moreno en Andalucía el 22 de enero de 2019, y dimitió el 11 de febrero alegando “problemas de salud”. Estuvo 20 días en el Ejecutivo, pero un mes después de dimitir reclamó por escrito a su antiguo departamento que le pagara el complemento salarial que la Junta abona a los altos funcionarios que se incorporan a la política para evitar que pierdan poder adquisitivo.

La solicitud del exconsejero provocó “dudas jurídicas” a los nuevos responsables de la Consejería de Hacienda, que debía autorizar el pago de esos incentivos. La ley andaluza que regula los pluses de compensación para funcionarios designados altos cargos de la Junta especifica que sólo tendrán derecho a solicitarlos quienes “mantuvieran en el momento de su nombramiento una relación de servicio permanente con alguna Administración Pública”.

García Varela tiene plaza de funcionario en la Agencia Tributaria, pero cuando Moreno le nombra consejero de Hacienda estaba trabajando para una empresa privada, la consultora Ernest & Young (EY), una de las cuatro grandes firmas del sector de auditorías en Andalucía, de la que es socio director y a la que regresó tras dimitir como consejero.

Nueve meses después de su cese, en octubre de 2019, la Consejería de Hacienda bajo la dirección de su sustituto, Juan Bravo, ingresó a García Varela 4.406,35 euros en concepto de compensación salarial por esos 20 días de trabajo, según consta en un informe de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta al que ha tenido acceso este periódico. Ese plus se sumó a la nómina que le correspondía por aquel breve periodo [en ese momento el sueldo de un consejero estaba estipulado en 68.150,30 euros al año].

Bajo el mandato de Moreno, desde enero de 2019 hasta hoy, son 34 altos cargos de su Gobierno los que han percibido o aún perciben estos incentivos salariales para funcionarios, por un montante total de 1,3 millones de euros, como adelantó elDiario.es ese lunes. En el listado aparece una casilla específica para García Valera con un único cobro, pero su caso es excepcional.

Los 'magdalenos'

El exconsejero, que volvió a la misma consultora tras su dimisión, ha explicado en conversación con este periódico que “entró en el Gobierno andaluz perdiendo dinero”, porque en la privada le pagaban “mucho más”. Fuentes de su entorno aseguran que García Varela no supo realmente cuánto iba a cobrar como titular de Hacienda en el Ejecutivo de Moreno hasta después de jurar el cargo.

La Secretaría General Técnica de Hacienda, responsable de las nóminas, plantea dudas sobre la posibilidad de pagarle ese plus para funcionarios, porque su último puesto antes del nombramiento está en el sector privado. Eso no concuerda con la literalidad de la ley. Se eleva, por tanto, una consulta al gabinete jurídico de la Junta sobre la interpretación de la disposición adicional séptima de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, que regula los pluses a funcionarios.

“El personal designado para ocupar un cargo por el cual quede excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía (...) y que mantuviera en el momento del nombramiento una relación de servicio permanente con alguna Administración Pública no podrá percibir retribuciones inferiores a las que pudieran corresponderle en el puesto de trabajo que desempeñaba en la Administración de origen”, reza la citada cláusula.

Toda la cúpula de la Consejería de Hacienda de Andalucía está compuesta por altos funcionarios de la Agencia Tributaria, cuyos salarios públicos se encuentran entre los mejor pagados de la Administración del Estado. La diferencia de ingresos para quienes deciden entrar en política es notable. La cláusula continúa así: “Cuando se diera esta circunstancia, se devengará un complemento personal obtenido por la diferencia retributiva, teniendo en cuenta para su cálculo todos los conceptos retributivos del puesto de origen, con exclusión de las gratificaciones por servicios extraordinarios y del cargo en que han sido designados, en cómputo anual”.

Y concluye: “Este complemento se actualizará en el mismo porcentaje en que lo sea el incremento general de retribuciones de cada ejercicio presupuestario. No obstante absorberá cualquier otro incremento superior a éste en las retribuciones del cargo en que fueron nombrados”.

Esta cláusula, de carácter “definitivo”, lleva vigente 25 años en la Junta de Andalucía. Fue aprobada en su día por la exconsejera de Hacienda y exministra Magdalena Álvarez, de ahí que en el argot interno de la Administración pública andaluza a estos sobresueldos se les conozca popularmente como “los magdalenos” o “la cláusula Magdalena”.

El caso de García Varela fue analizado por los letrados del gabinete jurídico de la Junta, dependiente de la Consejería de Presidencia, que emitió una respuesta a la consulta de la Consejería de Hacienda el 1 de marzo de 2019. Para entonces, el exconsejero había dimitido ya hacía un mes, pero como entendió que el informe era “favorable” a su reclamación, el 7 de marzo “solicitó por escrito que le fuera concedido el complemento salarial, estando en tiempo y forma para reclamarlo pese a haber cesado ya en su cargo”, confirman fuentes de la Consejería.

Un informe, dos interpretaciones

El escrito del gabinete jurídico no es un informe “preceptivo”, como el que exige cualquier norma. Se trata de un informe “facultativo” ad hoc, a demanda del órgano responsable de abonar esos pluses –la Secretaría General Técnica de Hacienda–, que tenía “dudas jurídicas” sobre la petición de García Varela.

La pregunta que se hacen en Hacienda es “si el nombramiento en un cargo mediante decreto del Consejo de Gobierno desde una situación administrativa distinta a la de servicio activo habilita al percibo del complemento” para funcionarios. La consulta que se eleva a los letrados advierte de que la llamada “cláusula Magdalena” está redactada de forma ambigua y, por tanto, caben dos interpretaciones posibles: o bien se entiende que la condición de funcionario es inherente al que tiene plaza, aunque no la esté ocupando en el momento de pedir el plus; o bien, una interpretación “más restrictiva”, es decir, que la expresión “mantener en el momento de su nombramiento una relación permanente con la Administración pública” tenga “un contenido limitado al servicio activo inmediato”.

Finalmente los letrados suscriben la primera interpretación, más favorable a la reclamación de García Varela, que termina cobrando el dinero que reclamaba de forma retroactiva. La Consejería de Presidencia no ha proporcionado el informe íntegro solicitado por este periódico, pero sí el siguiente extracto que resume su conclusión:

“La falta de claridad de las expresiones empleadas [en la ”cláusula Magdalena“ de la ley] al hablar de 'una relación de servicio permanente con alguna Administración Pública', y a las que pudieran corresponderle en el puesto de trabajo que desempeñaba en la Administración de origen”, impiden atender exclusivamente a una interpretación literal o gramatical, y obligan a acudir a una interpretación lógica y finalista de la disposición adicional séptima [la citada cláusula], que aboga por considerar que el complemento se reconoce o aplica a los funcionarios que sean nombrados alto cargo de la Administración andaluza, cualquiera que sea la situación administrativa en que se hallen al tiempo que sean nombrados“.

A pesar de este informe, Hacienda requiere otra serie de documentos extra a la Agencia Tributaria para determinar qué cantidad deben asignar al exconsejero en concepto de compensación, cómo calcular el plus. Esa documentación no llega hasta el 26 de junio, de ahí que el ingreso de los 4.000 euros en la cuenta de García Varela no se ejecute hasta octubre de 2019.

Hombre de confianza de Montoro y Rajoy

La “situación administrativa” de García Varela en el momento de ser nombrado era una excedencia de su puesto de funcionario. Su último cargo público antes de jurar como consejero expiró en julio de 2018. Entonces ocupaba un puesto de confianza, en condición de servicios especiales, dentro del Gobierno de Mariano Rajoy: director general de Tributos en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirigía Cristóbal Montoro.

Tras las llegada del socialista Pedro Sánchez a la Moncloa, García Valera cesa en su cargo y se incorpora a la consultora EY en septiembre de 2018, puesto que está ocupando cuando el presidente andaluz le llama para incorporarle a su Gobierno, cuatro meses después, en enero de 2019. En su perfil de LinkedIn, aparece como socio de EY Abogados y director en Andalucía de la consultora “desde septiembre de 2018 hasta la actualidad: cuatro años y ocho meses”, aunque en medio de ese periodo figura su breve paso de 20 días por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.

En conversación con este periódico, García Varela reconoce haber solicitado el plus que le “correspondía”, aunque asegura que lo hizo “estando en el cargo”, no a posteriori. Sin embargo, su escrito de solicitud es del 7 de marzo, un mes después de su cese. El exconsejero desconoce por qué el dinero se lo ingresaron nueve meses después y admite que no recuerda cuánto le pagaron por ese concepto. “Serían unos 800 o 1.000 euros por los dos meses que estuve en la Junta, no sé la cantidad exacta que cobraría. Eso fue en 2019, ¿cómo voy a acordarme?”, asegura.

García Varela reconoce que la ley que regula los pluses para funcionarios establece que sólo podrán cobrarlos quienes ocupen su plaza “en el momento de su nombramiento”, pero se remite al “informe específico que se pidió al gabinete jurídico, y que consideró posible pagarme el complemento correspondiente a mi última retribución como funcionario público en activo”. “Cuando me llama el presidente, pregunto si tengo derecho a cobrar el magdaleno. La persona pertinente lo consulta a los servicios jurídicos de Hacienda, que emite un expediente intachable, y sólo entonces acepto. Obviamente yo me fui a la Junta perdiendo dinero”, repite.

El puesto público que ocupaba García Valera antes de fichar por la consultora Ernst & Young, desde la que accede a la Junta, no era su plaza de funcionario, sino un cargo político de confianza designado a dedo por el entonces ministro Montoro, y con mejores retribuciones. La cantidad que percibe en el plus de compensación –esos más de 4.000 euros– se calcula a partir de ese puesto, más beneficioso en el cálculo.

Es la misma premisa desde la que parte Juan Bravo cuando le nombran su sustituto en la Consejería de Hacienda. Bravo también solicitaría un informe ad hoc para saber si, proviniendo de un puesto político (pero público) y estando en excedencia de su plaza de funcionario en calidad de “servicios especiales”, tenía derecho a cobrar los magdalenos.

García Varela tiene una trayectoria profesional muy pareja a la de Bravo, hoy vicesecretario económico del PP: fue funcionario de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria durante 19 años, delegado especial en Andalucía, Ceuta y Melilla entre 2012 y 2016, profesor executive de la Universidad de Loyol, entre 2001 y 2017, director general en el Ministerio de Hacienda dos años, de 2016 a julio de 2018, y socio de una consultora de abogados desde entonces, con un brevísimo paso por la Junta en medio.