Pedro Sánchez avisa a la oposición y a sus propios socios: quien tenga algún tipo de expectativa de que tire la toalla y convoque ya elecciones por los casos de corrupción que afectan a su partido, que espere sentado. El presidente del Gobierno salió al paso este miércoles en el Congreso de la ofensiva sin cuartel del PP y de Vox, pero también de las críticas de sus propios socios. Lo hizo tras admitir como “particularmente dolorosas” las “ilegalidades” cometidas por José Luis Ábalos, tras desligar a su Ejecutivo de cualquier vicisitud judicial que tenga que afrontar Zapatero y tras defender a su pareja y a su hermano de “acusaciones infundadas”. Y lo hizo para pasar al contraataque.

“Para mí la pregunta no es si debemos continuar, la pregunta es cómo no vamos a hacerlo. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país es evidente que será un Gobierno como el nuestro, y no uno del PP con Vox, el que podrá acabar con ellos”, dijo el presidente en su primera intervención. En ese arranque de comparecencia, de apenas media hora, aprovechó para solventar el trago de mencionar, uno a uno, casi todos los casos judiciales que atenazan al Ejecutivo en los tribunales, que definió como un “nubarrón que eclipsa nuestro debate público” y que quiso diferenciar en tres grupos.

“Hay un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero. Una investigación en torno al expresidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de coalición progresista no tiene nada que ocultar ni lamentar. Y una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar al Gobierno mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras”, enumeró.

Sobre Ábalos, a cuyo escándalo no puso paños calientes, aseguró que se trataba de un caso que le daña especialmente. “Sus ilegalidades son particularmente dolorosas, porque he compartido camino político con él. Y me cabrean y me apenan”. Sobre Zapatero, volvió a apostar por su inocencia y por defender su legado político, aunque esta vez introdujo un elemento de distancia respecto al porvenir judicial del expresidente para desligar a su Ejecutivo de los negocios privados que se investigan.

“Seamos francos. En este asunto, al Gobierno solo le compete una cosa: aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra. Y la respuesta es clara: no lo hubo. Por tanto, señorías, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, que no especule. Ni insinúe. Ni susurre en los pasillos. Que lo demuestre con pruebas. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo bien hecho”. Y al final clamó por los casos de su pareja y su hermano. “Para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, dijo sobre David Sánchez y Begoña Gómez para pedir a la Justicia “que sea justa”.

Desde ese momento, Sánchez pasó al ataque. Con sus socios, para advertirles de que una alternativa que pase por PP y Vox solo empeorará las cosas en cuanto a la lucha contra la corrupción y también respecto al retroceso “de 50 años” en la conquista de derechos y libertades. Y a la oposición para recordarle que no está dispuesto a aceptar lecciones de quienes considera que no tienen autoridad moral para dar ejemplo. “No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo instante por montar toda una policía patriótica con la que espiaron, durante años, a más de un centenar de rivales políticos y periodistas y con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados”, le dijo a Feijóo.

Como suele hacer en los momentos más complicados del Ejecutivo, el presidente volvió a recordarle al líder del PP su relación de amistad con el narcotraficante gallego Marcial Dorado. “Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Lo saben todos los diputados progresistas, lo saben los diputados nacionalistas, pero, sobre todo, lo sabe el señor Abascal, los diputados y diputadas de Vox y algunos de sus colegas de la bancada del Partido Popular. Por eso Vox les eligieron a ustedes como socios de gobierno y a usted le eligieron para liderarles, porque esperan que usted juegue sucio para tumbar este gobierno, como hizo en Galicia, y que les ayuden a dar pelotazos con privatizaciones”, le dijo.

Feijóo clama en el desierto de los socios de Sánchez

Lo que volvió a constatar el líder del PP este miércoles es que no tiene los números para una moción de censura contra Pedro Sánchez, ni siquiera 48 horas después de una sentencia histórica: 24 años de cárcel para el que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos. De hecho, Alberto Núñez Feijóo vio cómo uno de los socios del Gobierno que en las últimas semanas había pedido elecciones anticipadas, Junts, esta vez no lo hizo.

En su primera intervención, Feijóo se dirigió a “los socios”, a los que pasó a llamar “cómplices”. “Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí hoy, lo haríamos hoy mismo”, espetó, para volver a prometer “unas elecciones que Sánchez se niega a convocar”.

Pero el ánimo de los socios está muy lejos del expresado por Feijóo. Para muestra, lo ocurrido en el Senado mientras Sánchez comparecía en el Congreso. El PP presentó una moción para reclamar elecciones anticipadas, con un texto calcado al que planteó Junts la semana pasada. El PNV votó en contra y los de Carles Puigdemont optaron por no participar en la votación. El pasado mes de mayo, ambos partidos se abstuvieron en una iniciativa similar.

Los socios elevan el tono sin romper

Como se esperaba, PP y Vox fueron las formaciones más críticas con un Sánchez al que la ultraderecha, incluso, acusó sin pruebas de estar preparando un fraude electoral para perpetuarse en el poder más allá de 2027. No obstante, la mayor parte de los socios del presidente tampoco escatimaron en críticas, aunque evidenciaron que no son un bloque unívoco.

Algunos, como ERC o Podemos, elevaron el tono contra la Moncloa, pero solo los morados le pidieron convocar elecciones. Otros, como EH Bildu, mantuvieron una actitud mucho más templada y se centraron en exigir a Sánchez que reactive la legislatura. Y Junts, que dinamitó los puentes con el Gobierno hace ya meses, incluso le propuso una salida que no implicaría convocar elecciones, como habían pedido hasta ahora: dimitir para elegir otro presidente socialista en el Congreso.

En el PP no se toman en serio la propuesta que hizo Junts para que Sánchez dimita. Una “ocurrencia discursiva”, según apuntan desde la dirección del PP. “¿Cuántas sentencias necesitan?”, se cuestionan en Génova. “¿Queréis seguir? Seguid. ERC sube y Junts baja; PNV baja y Bildu sube”, apuntan las mismas fuentes, que zanjan: “Los socios quieren seguir apadrinando a este Gobierno. Así sea”.

La formación de Carles Puigdemont denominó a su propuesta la “vía Starmer”, en referencia al primer ministro británico, que anunció el martes su renuncia para dejar paso a otro dirigente laborista tras sus pésimos resultados en las elecciones locales de hace unas semanas. “Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir con Catalunya y los catalanes”, le espetó a Sánchez la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que afirmó que el presidente “no tiene mayoría ni legitimidad para ocupar el poder”. “A veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero no el pueblo por un hombre”, apostilló.

Pero Sánchez, lejos de recoger ese guante, elevó el tono contra un Junts al que esta legislatura ha evitado generalmente tratar con dureza, pese a que los de Puigdemont se han alejado de forma progresiva del Gobierno hasta terminar enfrentados con él. “No se anden por vericuetos, señoría. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el PP y con Vox, háganlo, pero no se busquen subterfugios”, espetó el presidente, quien, de manera irónica, atribuyó a sus políticas de distensión en Catalunya el mérito de que Junts pueda hablar con el PP “y que el PP les reconozca a ustedes como un actor político con el que armar una mayoría para hacer una moción de censura”.

Tampoco se arredró Sánchez ante las críticas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que no abrió la puerta a que los republicanos retiren su apoyo al Ejecutivo, pero sí preguntó a Sánchez si “sabía algo” en relación a los casos de José Luis Ábalos o Leire Díez y, directamente, si ha “robado”. “El 'y tú más', el 'y tú peor', el 'yo no sé nada', no sirve”, dijo el portavoz de ERC, que recordó que él mismo negoció “durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez” y afirmó que “su palabra era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez”. “Así que menos caritas y no me cuenten milongas, que sé perfectamente lo que estoy preguntando”, reclamó.

“Yo no me voy a rendir para poder envolverme en un halo de supuesta superioridad moral, señor Rufián”, le contestó Sánchez, que aseguró que está dispuesto a “asumir los errores” que haya cometido y a “actuar en consecuencia”. Pero eso, dijo, “no se hace desde la oposición, ni tampoco desde Twitter”. “Gobernar no es resistir, pero tampoco es desistir”, y “según todas las encuestas, hay una amplísima mayoría de votantes de ERC, en concreto el 70%, que quiere que el Gobierno agote la legislatura”, le dijo Sánchez a Rufián.

Al presidente tampoco le gustaron las críticas que le hizo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que aseguró que “es el momento de que deje paso porque el daño que le han hecho al proceso político de transformación impulsado por el 15M y por el 8M y a nuestra democracia es irreparable” y sostuvo que “este Gobierno no aporta ya nada más que decepción tras decepción”.

“Bueno, señora Belarra, pues claro, todo empezó y termina con Podemos”, respondió de forma irónica Sánchez, que despachó displicentemente a la líder morada en apenas 30 segundos de su réplica. “Dice que yo soy el del rearme militar y que apoyo de mentira a los palestinos porque estoy con Israel y con EEUU. Pues para usted la perra gorda, qué quiere que le diga”, zanjó. Y se marchó tras uno de sus plenos más difíciles. Sin convencer a casi nadie, pero con su eterna promesa de que el epílogo de su historia política, tantas veces anunciado, aún está por escribirse.

Los partidos que hicieron hace tres años presidente del Gobierno a Pedro Sánchez tienen cada vez menos claro el futuro de la legislatura, aunque este miércoles volvieron a evidenciar que no son un bloque unívoco. Mientras algunos, como ERC o EH Bildu, mantienen su apoyo a Sánchez pese a endurecer el tono contra él, otros, como Junts, volvieron a exigirle la dimisión, si bien los de Carles Puigdemont improvisaron este miércoles una nueva propuesta: que el presidente imite al ya ex primer ministro británico, Keir Starmer, y renuncie a su cargo sin convocar elecciones para que el Congreso escoja un nuevo presidente.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, fue quien reclamó la puesta en marcha de esta vía para investir a un nuevo candidato con la misma mayoría que dio la investidura al líder del PSOE en 2023. “Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir con Catalunya y los catalanes”, planteó durante su respuesta a la comparecencia de Sánchez tras la sentencia que ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel.

Nogueras reprochó a Sánchez que, en los últimos meses, “una gran parte de la energía” del Gobierno “se dedica a gestionar problemas de usted”. “Todo no puede quedar paralizado por una persona”, y “no tiene mayoría ni legitimidad para ocupar el poder”, le espetó la portavoz al presidente, a quien también dijo que “a veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero no el pueblo por un hombre”.

Por su parte, su homóloga del PNV, Maribel Vaquero, también evitó pedir a Sánchez que adelante las elecciones, y durante su intervención dejó muy claro que tampoco tiene intención de respaldar una hipotética moción de censura del PP contra él. Pero los nacionalistas vascos se han mostrado muy críticos con el Gobierno tras conocer la sentencia del caso Mascarillas. “El PNV no está en ninguna operación contra nadie. Algo que le quiero dejar claro también al Partido Popular. Nosotras no estamos aquí para salvar su gobierno u otro gobierno de España. Estamos para representar a Euskadi”, remarcó Vaquero desde el atril del Congreso.

La representante del PNV recordó que apoyaron la investidura de Sánchez “a cambio de un acuerdo que no se ha cumplido en su totalidad”, y por eso le pidió avanzar en esas medidas. Pero también acusó a Sánchez de “dar la espalda a una ciudadanía hastiada, cansada, enfadada, que ya no sabe en qué ni a quién creer”. A su juicio, “el Gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo, que vienen PP y Vox, de la derecha y la ultraderecha, como si ese aviso permanente pudiera sustituir la rendición de cuentas, la gestión o la explicación de sus propias decisiones”. No obstante, ante esos acuerdos de las derechas, el PNV aseguró que “va a seguir defendiendo unas instituciones libres de dogmatismos, políticas que permitan seguir mejorando la situación de la ciudadanía”.

Quien sí pidió por primera vez elecciones anticipadas fue la líder de Podemos, Ione Belarra. Durante su intervención, Belarra recordó que “millones de personas confiaron” en Sánchez “para dos cosas, regenerar la política española y avanzar en derechos”, y espetó que “a la primera usted ha contestado con gravísimos casos de corrupción y a la segunda, con el mayor rearme de la historia de este país que está destinando a armas y a tanques el dinero de nuestra educación y de nuestra sanidad públicas”.

“Usted y el PSOE no han servido para ninguna de las dos cosas que tenían que hacer. Y por eso es el momento, presidente, de que dejen paso, porque el daño que le han hecho al proceso político de transformación impulsado por el 15M y por el 8M y a nuestra democracia es irreparable”, señaló Belarra. A su juicio, “ningún demócrata presidente debería tener miedo a que la gente tome la palabra en un momento de crisis como éste en el que este gobierno no aporta ya nada más nada”.

Rufián eleva el tono, pero ni él ni Bildu piden elecciones

El mismo tono duro utilizó contra Sánchez el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que elevó la contundencia de sus críticas contra el Gobierno en el pleno de este miércoles. En ningún caso Rufián abrió la puerta a que los republicanos retiren su apoyo al Ejecutivo, pero sí preguntó directamente a Sánchez si “sabía algo” en relación a los casos de José Luis Ábalos o Leire Díez y, directamente, si ha “robado”. “El ‘y tú más’, el ‘y tú peor’, el ‘yo no sé nada’, no sirve”, espetó el portavoz de ERC, que sostuvo que en política “está lo legal y está lo moral” y sostuvo que “cuando la izquierda roba, nuestra gente llora, y cuando la derecha roba, su gente ficha”.

“He aquí la pregunta, señor presidente: ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Más sencillo y más simple. ¿Ustedes han robado?”, cuestionó Rufián a un Sánchez que le miró con rostro muy serio durante toda su intervención. El portavoz de ERC justificó el endurecimiento de su tono recordando que “al exnúmero dos del PSOE, el que ayudó” a Sánchez “a ganar otra vez la secretaría general” del partido, “una persona tremendamente poderosa en su Gobierno, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta”. “Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez, su palabra era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas y no me cuenten milongas, que sé perfectamente lo que estoy preguntando”, espetó Rufián.

Más suave en las formas fue su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que aunque aseguró que “la lucha contra la corrupción no puede ser superficial ni selectiva, debe ser integral”, también sostuvo que eso debe implicar “saberlo todo”: tanto lo relativo a las causas que afectan al Gobierno y al PSOE como lo referente a “los corruptores, las estructuras, redes e intereses que hay detrás de todo ello”. Aizpurua aseguró que estas redes se incardinan en los aparatos del Estado, y pidió a Sánchez en el que también pidió al presidente Pedro Sánchez “dejar de resistir, superar la parálisis, abandonar la estrategia del ‘y tu más’” y recuperar la iniciativa política para culminar lo que queda de legislatura.

En este contexto, la portavoz abertzale afirmó que Sánchez debe “asumir tres compromisos claros que den un sentido a la legislatura si desea continuar: aclarar, depurar y tomar las medidas necesarias ante cualquier atisbo de corrupción; enfrentar la operación política con medidas profundas y estructurales de democratización; y desplegar una agenda plurinacional real y profundamente social que dote de un propósito a lo que reste de legislatura”. Y es que, a juicio de Aizpurua, los “casos que estamos conociendo sobre supuestas prácticas alrededor de su partido” son “muy graves”, pero eso “no obsta para que también exista una evidente operación en marcha para acabar la legislatura, tumbar su gobierno y, especialmente, cerrar la ventana de oportunidad para un ciclo social y plurinacional”.

“Nosotros no damos por buena cualquier actuación policial o judicial por el simple hecho de venir revestida de legalidad: no es desconfianza abstracta, es memoria política”, espetó la portavoz de EH Bildu. Aizpurua aseguró que en ciertos sectores del Estado se han “encendido todas las alarmas” y se está “justificando cualquier actuación” ante “la posibilidad de articular una mayoría plurinacional y progresista que realmente pueda impulsar una democratización profunda que rompa los candados del régimen del 78 y conlleve cambios estructurales en la propia concepción social y nacional del Estado español”.

Condena a la corrupción de Ábalos, distancias con el 'caso Zapatero, defensa de su pareja y su hermano y ofensiva contra el PP y Vox. Pedro Sánchez ha dedicado su comparecencia de este miércoles en el Congreso para repasar los temas judiciales que afectan a su partido y a su Gobierno, que ha diferenciado en tres categorías, y para pasar al ataque con la oposición, a quien ha acusado de estar intrínsecamente ligada a la corrupción. “Todos los diputados de esta Cámara sabemos que un gobierno suyo con Vox no serviría para limpiar España de corruptos, serviría para que España se llene de ellos y que nuestras instituciones volviesen 50 años atrás en el tiempo”, le ha dicho a Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno ha defendido que “no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas. Sean quienes sean”. Y ha insistido en que el PSOE no se ha financiado ilegalmente y que él no conocía ni uno solo de los comportamientos investigados o ya sentenciados. “Es razonable suponer que, en los próximos meses, el goteo de noticias y avances judiciales continúe. Habrá nuevos hallazgos. Nuevas acciones judiciales. Las derechas mediática y política venderán como una nueva muestra más de eso que llaman ahora degradación política. Pero no nos equivoquemos. Desgraciadamente, la degradación ya ocurrió. Lo que vamos a presenciar en los próximos meses es su persecución y su purga”, ha sostenido.

El líder del Ejecutivo ha diferenciado la cascada de causas judiciales que sepultan al Gobierno y que ha definido un “nubarrón que eclipsa nuestro debate público”. “Hay un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero. Una investigación en torno al Expresidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de coalición progresista no tiene nada que ocultar ni lamentar. Y una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar al Gobierno mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras”, ha enumerado.

Sobre la condena de 24 años de cárcel por corrupción del que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, el presidente del Gobierno no ha ocultado el impacto. “Son particularmente dolorosas, porque he compartido camino político con él. Y me cabrean y me apenan”. Sánchez ha vuelto a defender la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha reconocido, nuevamente, su legado político. Aunque ha marcado distancias con el porvenir judicial al que pueda enfrentarse el expresidente.

“Seamos francos. En este asunto, al Gobierno solo le compete una cosa: aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra. Y la respuesta es clara: no lo hubo. Por tanto, Señorías, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, que no especule. Ni insinúe. Ni susurre en los pasillos. Que lo demuestre. Con pruebas. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo bien hecho”.

También se ha referido Sánchez a las situaciones judiciales que afrontar su pareja o su hermano, que ambos casos en el PSOE consideran ejemplos claros de ofensiva política desde los tibunales. “Para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, ha dicho sobre David Sánchez y Begoña Gómez. “Solo voy a pedir a la Justicia que sea justa”, ha apostillado.

“Ante ese panorama”, ha proseguido, “para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a hacerlo. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país es evidente que será un Gobierno como el nuestro y no uno del PP con VOX el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos no los hemos tapado; los hemos perseguido. Y porque nosotros trabajamos para la gente, no para las élites”, ha apuntado para descartar cualquier sombra de duda sobre un adelanto electoral precipitado.

Y en ese punto, ha pasado a la ofensiva para entrar al choque con el PP y con Vox. “No sean hipócritas. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen al ex Fiscal General cuando presumen públicamente, cada semana, de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo instante por montar toda una policía patriótica con la que espiaron, durante años, a más de un centenar de rivales políticos y periodistas y con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados”.

Es ese mismo argumento en el que ha empleado la práctica totalidad del tiempo de su segundo turno de palabra, cuando ha dado la réplica a los grupos parlamentarios. “Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Lo saben todos los diputados progresistas, lo saben los diputados nacionalistas, pero, sobre todo, lo sabe el señor Abascal, los diputados y diputadas de Vox y algunos de sus colegas de la bancada del Partido Popular. Por eso Vox les eligieron a ustedes como socios de gobierno y a usted le eligieron para liderarles, porque esperan que usted juegue sucio para tumbar este gobierno, como hizo en Galicia, y que les ayuden a dar pelotazos con privatizaciones”, le ha reprochado al líder de la oposición.

“Ustedes hostigan a mi mujer por llevarse cero euros en su trabajo y protegen a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos”, ha proseguido el presidente en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, Sánchez le ha afeado a Feijóo que cuando era presidente de la Xunta de Galicia “no hizo nada” ante los casos de corrupción que le afectaron. Y le ha recordado “los contratos que firmó el señor Feijóo cuando era el responsable del Servicio de Salud de Galicia con las empresas de Marcial Dorado, que era un narcotraficante amigo con el que pasaba veraneos y se iba de vacaciones”. “Cuando estalló el caso Bárcenas, el señor Feijóo dijo del tesorero del Partido Popular que era un pillo y que había que distinguir entre el partido y la persona que trabajaba para el partido”, ha añadido.

Mitigar un incendio que hasta hoy está fuera de control. Esa es la principal misión con la que Pedro Sánchez llega este miércoles al Congreso, en mitad de un aluvión de causas judiciales que asedian al Gobierno y mantienen la legislatura al borde del bloqueo. La sentencia de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, el hombre que lo fue todo en política para el presidente, ha sido la puntilla. Cada vez más socios del PSOE marcan distancias y exigen explicaciones y responsabilidades de escándalos como el del exministro, el de Santos Cerdán y Leire Díez o el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque Sánchez pondrá también sobre la mesa causas como la de su pareja, Begoña Gómez, como paradigma de un intento de “causa común” para derribar a su Ejecutivo a cualquier precio.

“No vale confundirlo todo, no todos los casos son iguales. Hay algunos que están empeñados en mezclarlo todo para hacer una causa común”, dijo este martes el ministro Óscar López. Un argumento al que recurrirá el presidente en su comparecencia del Congreso. Pedro Sánchez asumirá ante la Cámara Baja sus errores con personas de su máxima confianza, como el propio Ábalos o Santos Cerdán. Pero volverá a reivindicar que su partido fue capaz de romper amarras con dos pesos pesados de primer nivel en momentos muy incipientes de los procedimientos, incluso antes de ser imputados, y por muy traumáticas y dolorosas que resultaran sus salidas. Y enfrentará esa forma de actuar con el propio proceder del Partido Popular.

“Asumimos lo que tengamos que asumir, pero no vamos a aceptar lecciones del PP en materia de corrupción en ningún caso”, apuntan desde las filas socialistas. Ese recurso, el de la falta de credibilidad de la derecha para erigirse en ejemplos anticorrupción, será una de las principales bazas del líder del Ejecutivo, que piensa arrojarle a Alberto Núñez Feijóo sus dificultades para actuar, criticar o siquiera afear el escándalo que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez apretará a Feijóo, además, con el encumbramiento por parte de la derecha y la ultraderecha del empresario corruptor de la trama de Ábalos y Koldo, Víctor Aldama. Eximido por el Supremo de entrar en prisión por su colaboración en la investigación, Aldama se ha consagrado como algo parecido a un héroe antisanchista que amenaza, de plató en plató, al Gobierno en bloque y a su presidente en particular. Y el líder del Ejecutivo intentará poner al presidente del PP en la tesitura de condenar la acción corrupta del empresario, que también acredita la sentencia, como los socialistas hacen hoy con José Luis Ábalos.

También recurrirá al cuerpo a cuerpo con el PP en el caso de Leire Díez, la investigación que llevó a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a las oficinas de la sede socialista de la calle Ferraz. “Si quieren hablar de cloacas, hablaremos de cloacas”, reflexionaban en el Ejecutivo sobre el contenido de la comparecencia del presidente en referencia al 'caso Kitchen', el gran escándalo de corrupción policial que anidó en el ministerio del Interior del gobierno popular de Mariano Rajoy.

Otro de los casos más delicados que deberá abordar Pedro Sánchez es el de la investigación a los negocios privados de José Luis Rodríguez Zapatero. La estrategia de defensa del expresidente, todo un símbolo y referente del socialismo, pasa por el momento por conseguir la nulidad de la causa en base a criterios procedimentales. Pero hasta ahora no ha sido capaz de despejar las sospechas sobre sus trabajos de consultoría, los contratos de sus hijas o el origen de las joyas incautadas. Todas ellas bombas de relojería para su partido, para el Gobierno y para el propio presidente, que este miércoles insistirá en mantener su confianza en la inocencia de Zapatero y en defender su legado de políticas progresistas.

No se espera, en principio, que Sánchez recurra a insinuaciones o acusaciones directas de prevaricación al juez Peinado, que instruye la causa contra su pareja. Pero sí aludirá a este caso para dibujar que, en mitad de otros episodios con un verdadero recorrido jurídico, existen otros alimentados artificialmente que solo buscan dañarle en lo personal y en lo político y que no tienen base alguna para seguir adelante. Por la tarde, Begoña Gómez deberá acudir al juzgado para entregar su pasaporte y asumir las medidas cautelares impuestas por Peinado.

Aunque nadie en el Ejecutivo ni en el PSOE oculta ya que se atraviesan las horas más delicadas desde que Pedro Sánchez puso un pie en la Moncloa, el mensaje político general del presidente girará en torno a que sí merece la pena sostener la legislatura. Al menos, hasta el primer trimestre del año que viene, con la culminación de los fondos europeos que terminará de recibir nuestro país el próximo 31 de diciembre como gran hito señalado en rojo por Pedro Sánchez.

Que la derecha y la ultraderecha, crecidas ante el infierno judicial del Ejecutivo, recurrirán al tono habitual e incluso al insulto para descalificar personalmente al presidente y políticamente al conjunto del Gobierno es algo que se da por descontado en el equipo de Moncloa. Donde también esperan tirones de orejas de muchos de sus socios, cada vez más distantes del Ejecutivo a cuenta de los casos de corrupción, con la tranquilidad real de que no hay viso alguno de una moción de censura que haga a Feijóo presidente.

Los socios miran con desconfianza

A este respecto, quien mantuvo una actitud más dura en la víspera de esa comparecencia es Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, dio directamente por muerta este martes la legislatura tras la sentencia contra Ábalos, Koldo y Aldama. Belarra calificó de “definitivo” este fallo, y aunque evitó pedir expresamente la convocatoria de elecciones anticipadas o la dimisión de Sánchez, sí deslizó que “no hace falta solo capacidad de resistencia, también es necesario tener dignidad y ética”. De cara a la comparecencia de este miércoles, la líder de Podemos afirmó que su partido ya no le “pide” nada a un mandatario que considera amortizado y que, dijo, “en cuanto ha tenido un Gobierno en el que solo manda el PSOE ha destinado todo el dinero al rearme, a la especulación con la vivienda” y ha albergado casos de “corrupción”.

Otros socios del Gobierno, por el contrario, se mantienen expectantes ante lo que pueda decir un Sánchez al que cada vez ven con más recelos, aunque aún le conceden algo de crédito. PNV y Junts, los más críticos con él, evitaron lanzar nuevas andanadas contra el Ejecutivo a lo largo del martes. Los nacionalistas vascos, por boca de su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, se limitaron a insistir en que darían la legislatura por “agotada” si caen los Presupuestos, e insistió en que es en ese proyecto donde Sánchez debe dejar claras sus “prioridades” de cara a lo que queda de un mandato que, pese a todo, el PNV considera agonizante.

Mientras tanto, Sumar, que desde el estallido de los últimos casos de corrupción que afectan al PSOE ha mantenido un complejo equilibrio, volvió a mostrarse este martes crítico con los socialistas, pero, a la vez, despejó cualquier duda sobre la posibilidad de salir del Ejecutivo. Lejos de abonar esta opción, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, aseguró que la comparecencia de Sánchez este miércoles debe aportar “contundencia”, “transparencia” y “verdad”, y exigió al ala socialista que el Gobierno aproveche los meses que quedan de legislatura para reactivar la agenda legislativa.

“Lo que toca ahora es avanzar en esta legislatura para conseguir más derechos para la gente”, sostuvo Martínez, que afirmó que Sumar espera que Sánchez, en su comparecencia de este miércoles, exponga tanto un paquete de “medidas de democratización y contra la corrupción” para “recuperar la confianza” de la ciudadanía como también iniciativas “para solucionar crisis de vivienda”, para aprobar el control horario en las empresas o para poner en marcha la prestación universal por crianza. Este miércoles “no basta con hablar de corrupción”, argumentó Martínez, mientras la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, abundó en la misma línea que la coalición espera “acción y medidas” además de “transparencia y verdad” por parte de Sánchez.

También se muestra expectante ante la comparecencia de este miércoles ERC, que, sin embargo, asegura que el presidente debe coger el toro por los cuernos porque “no está para decepcionar más”. El lunes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguraba públicamente que “gobernar es legislar, no resistir”, y que “aguantar” solo tiene sentido si existe un “para qué” y la legislatura se llena de “contenido”. Y fuentes de la formación republicana sostienen que, si Sánchez “solo se queda en el y tú más” en la comparecencia, “va a ser una decepción”. “Tiene que proponer algo, no quedarse en aguantar por aguantar”, insisten estas fuentes, que celebran, por ejemplo, el aumento de la inversión en dependencia aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

En la misma línea se expresaba el lunes el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una entrevista en Radio Popular en la que afirmó que la duda que debe despejar el Gobierno de cara a los meses que quedan de legislatura es “qué propósito tiene”. “No vale con decir los otros son peores o más corruptos: no tiene que haber corrupción y tiene que haber un programa plurinacional de izquierdas que le dé a la gente satisfacción en problemas como el de la vivienda”, argumentó Otegi. No obstante, los independentistas vascos tienen decidido mantener su apoyo al Ejecutivo ante la “barbarie que representan Trump y las extremas derechas a lo largo y ancho del mundo”. “Nosotros no somos equidistantes, frente a eso estamos en el otro lado de la línea”, aunque “evidentemente queremos un Gobierno que combata la corrupción”, zanjó.

El Gobierno afronta, otra vez, unas horas críticas. La histórica sentencia a José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel por el 'caso mascarillas', pesa ya como una losa sobre un Ejecutivo que se abrió paso mediante una moción de censura, precisamente, contra la corrupción del PP. A la espera de la comparecencia de este miércoles del presidente, Moncloa traslada un mensaje de contundencia contra la corrupción pero pide no hacer “causa común” con la cascada de investigaciones que afectan a los socialistas.

“No vale confundirlo todo, no todos los casos son iguales. Hay algunos que están empeñados en mezclarlo todo para hacer una causa común. Pero lo importante es actuar y el PSOE actuó, mientras el PP está volcado en tapar la corrupcion de Ayuso”, dijo en rueda de prensa el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Aunque ni el ministro ni la portavoz del Ejecutivo quisieron entrar a valorar los detalles de la sentencia, sí que insistieron en el mensaje de que la corrupción no se combate igual en todas las formaciones políticas. “Quienes creemos en la política, en la democracia y en la separación de poderes sabemos que lamentablemente se dan casos de corrupción en la politíca. Y sabemos que la inmesa mayorría de políticos hace un trabajo honesto, como la mayoría de los jueces o los periodistas. Pero que también hay veces que algunos no”, prosiguió López.

Preguntado expresamente por las responsabilidades políticas en el seno del Gobierno y del partido tras la condena a un hombre que tuvo todo el poder político y económico tanto en el Consejo de Ministros como en Ferraz, el ministro de Transformación Digital puso en valor las decisiones tomadas en su día para suspenderlo de militancia y expulsarlo del grupo parlamentario. “Nosotros tenemos muy claro que el que la hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso. Lo importante es combatir la corrupción. Y en el PSOE se actuó meses antes de que hubiera una sentencia”.

En esa misma línea, Elma Saiz destacó que el Gobierno asumió “desde el primer momento” las responsabilidades políticas tras las primeras investigaciones judiciales que salpicaron al exministro José Luis Ábalos. La portavoz del Ejecutivo también ha asegurado que desde Moncloa insistieron en que iban a respetar los tiempos de la justicia y que condenan “sin matices” los comportamientos “que se alejan de los valores que lleva a gala este Gobierno”.

“De integridad, de transparencia, de mérito. Esos son los valores que sustentan la acción política del Gobierno. Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del Gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda”, ha apuntado Saiz, que ha evitado además valorar los “detalles” de la sentencia que condena al que fuera ministro de Transportes, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

Otro golpe durísimo para el Gobierno. La histórica condena a José Luis Ábalos de 24 años de cárcel supera de largo las previsiones hechas en el Partido Socialista, que considera “desproporcionada” la sentencia y que tendrá que afrontar ahora la digestión política de ver a su exnúmero tres como el ministro de la democracia con mayor pena sobre sus hombros. Aunque en Ferraz y Moncloa se afanaron desde el estallido del caso en romper puentes con Ábalos para perimetrar el impacto de un caso de corrupción en el corazón del Ejecutivo, la resolución este lunes del Tribunal Supremo sobre el conocido como 'caso mascarillas' supuso otro torpedo en la línea de flotación de los socialistas, asediados en los juzgados por una cascada de casos.

Expulsado del partido y desterrado en su día al Grupo Mixto del Congreso tras negarse a renunciar a su acta, la figura de Ábalos resulta trascendental para entender la trayectoria política de Pedro Sánchez. Fue el hombre hoy condenado quien, cuando casi todo el mundo le había dado la espalda, le organizó al líder socialista las primarias en las que consiguió doblarle el brazo a todo el aparato de su partido para volver a proclamarse secretario general. Y un personaje central en la negociación de la moción de censura de 2018 que lo convirtió en presidente y que él mismo defendió en la tribuna contra la corrupción del PP de Mariano Rajoy.

De esos dos hitos políticos obtuvo como recompensa convertirse en uno de los hombres más poderosos del país: fue encumbrado por Sánchez como secretario de Organización del Partido Socialista y también como ministro de Transportes, el departamento con mayor presupuesto público de todo el organigrama del Ejecutivo. Una situación de privilegio que, según el Supremo, fue aprovechada para poner en pie una “organización” criminal para “obtener un común beneficio económico”.

Por esos hechos, el alto tribunal decidió este lunes condenarle por unanimidad a 24 años y tres meses de cárcel, un castigo exponencialmente superior al de otras sentencias históricas como la del ministro José Barrionuevo, condenado a 10 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, malversación y falsedad documental en el Caso GAL, o Jaume Matas y Rodrigo Rato, condenados a nueve y cuatro años respectivamente también por escándalos de corrupción.

Aunque de manera oficial el PSOE y el Gobierno emitieron sendos comunicados de respuesta en los que acataba la resolución, entre las filas socialistas es generalizado el sentimiento de que el Tribunal Supremo ha vuelto a resultar un terreno “hostil” para el Ejecutivo con decisiones que consideran cuanto menos “discutibles” y que resaltan que se han sucedido desde la aprobación esta legislatura de la Ley de Amnistía. Para esa lectura el Partido Socialista no solo pone el foco en la elevadísima condenada a José Luis Ábalos, sino que también le otorga relevancia política y judicial al dictamen sobre Víctor Aldama.

El Supremo rebaja extraordinariamente la pena al empresario corrupto que se benefició con 3,7 millones de euros e incluso le exonera de entrar en prisión a cambio de trabajos para la comunidad. Una decisión contra la que varios dirigentes del Partido y ministros del Gobierno se lanzaron públicamente. “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora”, publicó en sus redes Óscar Puente. La portavoz de Ferraz, Montse Mínguez, planteó también en sus redes sociales: “24 años para Ábalos. 19 años para Koldo. 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. ¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo”.

Erigido ahora en referente del 'antisanchismo' y apadrinado por Vox o por Desokupa en las manifestaciones contra el Gobierno, Aldama quiso mandar un mensaje público este lunes a su salida del Supremo tras conocer su condena y quedar en libertad. “Estoy satisfecho, espero que los demás que vienen detrás, colaboren”. Un mensaje explícito, deslizado también desde la propia oposición, y que en el PSOE y en el Gobierno creen que es la principal moraleja que subyace del fallo judicial de este lunes.

Lo que temen en las filas socialistas es que el paso dado por el Supremo con el empresario corrupto, al que ni siquiera le reclama devolver los más de 3 millones de euros que se embolsó con el 'caso mascarillas', sea un aviso a navegantes para las causas que aún se encuentran en plena investigación. Y que figuras como Leire Díez, Santos Cerdán o Julio Martínez vean un claro incentivo en aportar en sus procedimientos munición contra el Gobierno para aliviar sus situaciones procesales.

Por el momento, la reacción de los socialistas es mantener el rumbo con el calendario electoral de 2027 y salir al paso de las voces, incluso de sus propios socios, que proclaman que la legislatura no da más de sí. “Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público. A lo largo de estos años, hemos construido equipos, actuado, e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello. Por eso lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada”, emitió Moncloa en una nota pública.

Este miércoles el presidente comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los casos que se amontonan en torno al PSOE y al Gobierno. Según fuentes del Ejecutivo, Sánchez asumirá su responsabilidad en casos como el de Ábalos o Cerdán, pero hará una diferenciación clara respecto a otros que los socialistas consideran directamente lawfare, como los casos de la pareja o el hermano del jefe del Ejecutivo. E intentará retratar la permisividad del PP de Feijóo con sus propios escándalos para defender que “la corrupción no solo define a quienes la cometen, sino que también retrata a quienes actúan y a quienes miran hacia otro lado”.

Una estrategia destinada a destruir personalmente a Pedro Sánchez para que tire la toalla y se marche. Así reciben en el Palacio de la Moncloa la última maniobra del juez Peinado, que este sábado envió a juicio a la pareja del presidente, Begoña Gómez, e hizo suya la petición de la asociación ultraderechista HazteOir para imponerle la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días como medidas cautelares. Una decisión que “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”, según una nota distribuida a los medios por el propio Ejecutivo.

Aunque la noticia no cayó por sorpresa en el Gobierno, la confirmación de que Juan Carlos Peinado está dispuesto a llegar hasta el final y cruzar todas las líneas rojas procesales ha conseguido soliviantar a las filas socialistas después de semanas de 'shocks' postraumáticos por las investigaciones de José Luis Rodríguez Zapatero o Leire Díez. La sensación de flagrante injusticia respecto a una causa que afecta al entorno familiar más íntimo del presidente volvió a recorrer este sábado los chats internos de federaciones, de dirigentes y de militantes del PSOE, en los que incluso en algún caso se animó a salir a la calle en señal de protesta y apoyo a Sánchez y Begoña Gómez.

“Estamos ante un señor que utiliza de manera autoritaria el poder que le confiere ser juez para humillar a una persona y para reventar al presidente. No nos engañemos, esto no busca desgastarlo sin más para que pierda las próximas elecciones. Es más grave. Busca reventar a Sánchez en lo personal y que se rinda ya hoy por el miedo a que su mujer acabe en la cárcel”, apunta una de las personas del Ejecutivo más cercanas al presidente.

El impacto de las medidas cautelares en lo personal, en efecto, es enorme. Además de la exposición pública a la que obliga a Begoña Gómez por tener que acudir cada dos semanas a uno de los juzgados más concurridos de Madrid, la pareja del presidente del Gobierno no puede desde este sábado viajar fuera de España. La razón esgrimida por Juan Carlos Peinado es que podría fugarse. Y no tiene reparos incluso en señalar a los agentes de su permanente escolta policial como posibles facilitadores.

“Es un delirio. Y aunque nos afecte en primera persona lo que más nos preocupa es la afectación a la institucionalidad básica en una democracia. Porque puede fallar un eslabón de la cadena, como es el juez Peinado, pero no debería fallar el sistema. El Poder Judicial tendría que haber impedido llegar hasta aquí”, reflexiona otra fuente del más alto nivel en el Ejecutivo.

Más allá de lo personal, en el plano político empieza a consolidarse el 'efecto Peinado' como un elemento nuclear de la foto fija de la legislatura. En mitad de una tormenta perfecta de investigaciones que monopolizan el debate público y de las que hoy parece imposible que el PSOE salga indemne, como las de Zapatero o Leire Díez, la evidencia de que la causa contra la pareja del presidente es un exceso y un atropello judicial —la Audiencia Provincial ha tenido que revertir algunas de sus decisiones— ayuda al Ejecutivo a intentar asentar en la opinión pública la idea de una campaña orquestada para tumbar al Gobierno por medios no democráticos. Un discurso que pone en bandeja el proceder del instructor que investiga a Begoña Gómez y con el que los socialistas se lanzan ahora en tromba en busca de algo parecido a un efecto bumerán.

“Es una persecución injusta contra una persona inocente. Se ha intentado destruir su reputación y utilizar su nombre como arma política contra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE”, emitieron desde Ferraz en un comunicado. En esa línea se sucedieron mensajes públicos durante toda la jornada. “La instrucción pone de manifiesto una obsesión enfermiza por parte de Peinado por llevarse por delante a la mujer del Presidente del Gobierno, como sea”, publicó en sus redes sociales el ministro Óscar Puente. “Es un atropello sin precedentes: la fijación, el ensañamiento y la ausencia de garantías desde el primer momento. Así no se defiende el Estado de derecho, se erosiona. La justicia debe ser igual para todos. No se puede perseguir a una persona inocente por cuestiones políticas”, compartió Óscar López. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, reaccionó: “Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia. Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo. ¿Quién reparará el daño causado?”.

A la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid responda al recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, nadie esperaba este sábado en Moncloa giros de guion del presidente del Gobierno, que tras la imputación de su pareja se tomó cinco días de reflexión y amagó con dimitir. Según las fuentes consultadas, aquella decisión de no tirar la toalla ante el envite “personal y político” de Peinado y la estrategia del PP y la ultraderecha se mantiene vigente. Y se preguntan cuánto de lejos no habrá ido el juez en su escrito para que salieran en cascada a reprender su argumentación organizaciones tan poco amistosas con el Gobierno de Pedro Sánchez como los sindicatos policiales.

A última hora del día, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó la “más enérgica queja” a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” realizado por el magistrado Juan Carlos Peinado. El ministro del Interior defendió que la actuación de los agentes “se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho”. Y por eso, según un comunicado del departamento de Marlaska, decidió ponerlas en conocimiento de la presidenta del Poder Judicial “al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones”.

Primer trimestre de 2027. Esa es la fecha máxima de caducidad que el Partido Nacionalista Vasco, uno de los socios estratégicos del Gobierno, le pone a la legislatura. Y no es una fecha lanzada al azar. Que las elecciones generales se convocaran en los primeros meses del año que viene implicaría acercar la disolución de las Cortes al calendario de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno se dispone a poner en marcha de forma inminente. Justo lo que los nacionalistas le reclamaron esta semana a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y a lo que el presidente, a preguntas de la prensa en Bruselas, no cerró la puerta este jueves.

“Agradezco el tono constructivo de grupos como el PNV, que se abre a negociar esos presupuestos. A partir de ahí negociaremos con ellos y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos cuando se produzcan estas hipótesis”, dijo tras ser cuestionado por la posibilidad de que las elecciones se convoquen una vez decaigan las cuentas. El día antes, la portavoz del PNV fue explícita desde su escaño en la sesión de control. “Presidente, presente los Presupuestos Generales del Estado, es su obligación. Pero, si no consigue un acuerdo en esta Cámara, disuelva las Cortes y convoque elecciones”, le reclamó Maribel Vaquero.

El mensaje público del PNV llegó después de semanas de conversaciones privadas al máximo nivel entre Sabin Etxea y Moncloa que se intensificaron después de que Aitor Esteban elevara el tono de su crítica contra el Gobierno y diera por amortizada la legislatura. Los nacionalistas vascos, en plena competencia electoral en Euskadi con EH Bildu, trasladaron a sus interlocutores del PSOE en esas reuniones su rechazo frontal a la hipótesis de un superdomingo electoral que hiciera coincidir generales con municipales en mayo de 2027. Y también la conveniencia de presentar y debatir el primer proyecto de Presupuestos Generales del Estado desde 2023 para que dote los próximos meses de algún contenido legislativo de calado a un mandato sepultado, a día de hoy, por los problemas judiciales del Ejecutivo.

Dicho y hecho. En cuestión de días el propio Pedro Sánchez se encargó de solemnizar como compromisos públicos las dos demandas del PNV, que considera un lastre para su estrategia política que las municipales pudieran impregnarse del debate político estatal: el presidente se apresuró a descartar en público ese 'superdomingo' electoral y anunció la puesta en marcha del calendario de Presupuestos. Según las fuentes consultadas en Hacienda, el plan ahora es aprobar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad en Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Y dar luz verde al proyecto de Presupuestos a principios de otoño para cumplir, esta vez sí, con la obligación constitucional de presentarlos antes del 1 de octubre. En paralelo, el PSOE ya ha puesto en marcha también su maquinaria electoral con el impulso al calendario de primarias.

Los cálculos aproximados que manejan en Moncloa son que la tramitación de las cuentas podría llevar al mes de noviembre el debate de enmiendas a la totalidad en el Pleno, la primera ocasión de la oposición para derribar el proyecto. Y nadie espera que se supere ese trámite parlamentario por la esperada mayoría en contra que representarían, al menos, PP, Vox y Junts. Es ese contexto, el de la derrota parlamentaria de unos Presupuestos Generales del Estado, el que ahora parece más propicio para que Pedro Sánchez procediera a disolver las Cortes y convocar elecciones en el primer trimestre del año que viene. Un escenario sobre el que en el equipo del presidente, aunque prefieran mantener la prudencia, consideran ya que en ningún caso supondría “un adelanto como tal”.

Celebrar las elecciones en febrero o marzo cumpliría, en realidad, con la hoja de ruta que siempre marcó Sánchez y que pasaba por descartarlas de plano para cualquier momento anterior a 2027. “No solamente tenemos que gestionar y culminar con éxito los fondos europeos, que terminan el 31 de diciembre de 2026. Tenemos que culminar la aplicación total y efectiva de la Ley de Amnistía, precisamente para ensanchar de nuevo nuestra democracia, volver a reencontrarnos y abordar los problemas de fondo, los conflictos territoriales que tiene nuestro país”, insistió esta semana en el Congreso para refrendar unos planes, en cualquier caso, al albur del calvario judicial del Ejecutivo y del siempre posible volantazo en la estrategia del presidente.

“Es la oportunidad de que tus medidas brillen”

Los socios del PSOE no son ajenos a que la puesta en marcha de la maquinaria para elaborar los Presupuestos puede ser el primer paso del proceso para convocar las elecciones. Los habituales aliados parlamentarios de la Moncloa se muestran cautos, dado que es Sánchez el único que tiene la capacidad de disolver las Cortes y poner una fecha para celebrar los comicios. Pero la sensación general es que la derrota de las cuentas en el Congreso —que se da por descontada— despejaría a la Moncloa el camino para adelantar las generales al primer trimestre de 2027 en una situación más favorable que la actual: no obligado por su negro panorama judicial, sino tras haber expuesto durante meses su programa político en el debate presupuestario.

Así lo analizan fuentes de Sumar, que aseguran que los Presupuestos son una oportunidad única para que el Ejecutivo exponga su “proyecto” a la ciudadanía con los focos mediáticos sobre él. “El mejor capital político del Gobierno es lo que hace, su proyecto”, y las cuentas “te dan oportunidad de venderlo” y de “que tus medidas brillen”, insisten estas fuentes, que lamentan que, tanto en 2024 como en 2025, el PSOE haya rechazado presentar Presupuestos ante el convencimiento de que no tenía apoyos en el Congreso para sacarlos adelante.

Sumar asegura que aún no se han iniciado las negociaciones con el PSOE para elaborar el proyecto de Presupuestos que el Gobierno presentará ante la Cámara Baja, pero aseguran que reclamarán prioritariamente medidas en materia de vivienda o transición ecológica y también una reforma fiscal para subir impuestos a rentas altas y grandes empresas. Y este viernes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya planteó que quiere tener “una discusión parlamentaria” con grupos como Junts o el PNV “sobre si están de acuerdo o no en aumentar la inversión en vivienda o sobre si están de acuerdo o no en una prestación universal para las familias”, aunque también admitió que sería “lógico” un adelanto electoral si los Presupuestos caen porque “estamos en el tramo final de la legislatura”.

La Moncloa “está dibujando un escenario que le conviene”, coinciden por su parte fuentes de ERC, que —al igual que Sumar— consideran que poner en marcha una negociación de Presupuestos, “sea real o ficticia”, permitirá a Sánchez poner el foco sobre sus propuestas políticas e intentar desviarlo de los casos de corrupción que afectan al PSOE. Y no solo los socialistas pueden aprovechar esa negociación presupuestaria como un escaparate preelectoral: se convoquen o no los comicios, las fuentes de ERC consultadas explican que la formación republicana intentará imprimir su sello al proyecto de cuentas. Y, si el Gobierno rechaza sus iniciativas de máximos, esas propuestas para los Presupuestos “nos servirán para explicar nuestro modelo de sociedad”, afirman.

Podemos, por su parte, lleva días expresando en privado sus dudas sobre las intenciones de la Moncloa con su decisión de presentar unos Presupuestos que no ha querido plantear en los tres últimos años. Fuentes de la formación morada sugerían hace días la posibilidad de que Sánchez estuviera preparando “el terreno de cara al futuro calendario electoral”. Y, aunque Podemos no se va a negar a negociar con el Gobierno un eventual proyecto de cuentas públicas, lo cierto es que sus posiciones están muy alejadas en materias como el gasto en defensa, una distancia que el runrún preelectoral no ayuda a cerrar.

De los socios que hicieron a Sánchez presidente, no obstante, el único que mantiene una estrategia de oposición frontal de cara a una eventual recta final de la legislatura es Junts, que hace meses decidió romper los puentes con la Moncloa. Desde que hace un mes estallara el caso Zapatero, los de Carles Puigdemont han exigido que se disuelvan ya las Cortes y se convoquen elecciones generales, y no tienen ninguna intención de negociar los Presupuestos de un Gobierno que consideran que no tiene “capacidad de hacer nada”, en palabras de su diputado Josep Maria Cruset el miércoles. Por ahora, Junts no se plantea apoyar junto a Vox una moción de censura presentada por el PP. Pero el martes escenificó de nuevo su entendimiento con las derechas de ámbito estatal al unir sus votos en el Congreso para aprobar una moción sobre la continuidad de la legislatura, un texto en el que PP y Junts intentaron incluir una exigencia expresa de adelantar las elecciones que fue vetada por PSOE y Sumar.

El PSOE tenía señalada en rojo la fecha de este miércoles 17 de junio. Los socialistas ansiaban que las explicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional ayudaran a aliviar el boquete en el corazón del partido que implica que el expresidente esté bajo la sombra de la sospecha en una causa que indaga sobre siete delitos. No fue así. Según el juez, la declaración de Zapatero no sirvió para disipar los indicios delictivos que en su opinión son suficientes para investigarlo por organización criminal, tráfico de influencias, delito fiscal, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales y contrabando. Y tampoco vale, por el momento, para revertir su crisis reputacional ante una opinión pública a la que pidió, al salir del juzgado, fe en su inocencia.

“Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza”, trasladó Zapatero en cuanto puso un pie fuera de la Audiencia Nacional. Y la reacción del PSOE fue casi inmediata para volver a cerrar filas. “Respalda y se remite al comunicado del propio Zapatero, en el que proclama su inocencia y reafirma hoy su confianza plena en la Justicia, su voluntad de seguir ofreciendo todas las explicaciones necesarias y su absoluta transparencia”.

Todos los dirigentes socialistas o ministros cuestionados por la prensa en los pasillos del Congreso salieron al paso de las preguntas con la misma apelación a la confianza en la Justicia. Aunque en privado, sin embargo, ninguno ocultaba su pesadumbre ante una de las jornadas políticas más duras para el partido y que pasará a la historia como la primera vez que un presidente del Gobierno acude a declarar como imputado. Porque en el PSOE puede haber más o menos felipistas y más o menos sanchistas, pero ninguna otra figura que aúne tanto consenso como el referente de José Luis Rodríguez Zapatero. Al menos, hasta ahora.

Por eso, y aunque cada vez son más las voces internas que temen que en algún momento “puede que haya soltarle la mano”, la orden de Pedro Sánchez se mantiene intacta: apoyo al presidente Zapatero aunque siga el chaparrón. Nadie en el PSOE es capaz, de hecho, de atisbar de qué manera podrían distanciarse de un hombre que representa casi todo en lo que creen y reivindican con más orgullo: el 'no a la guerra', el fin de ETA, los derechos LGTBI. Así que hay quien admite incluso que está dispuesto a defender siempre su legado hasta las últimas consecuencias. “Yo siempre con Zapatero”, comentaba cabizbajo a la salida del hemiciclo este miércoles uno de los hombres que compartió parte de su trayectoria con el expresidente.

Los socios del Gobierno evitan la crítica

Entre los socios del PSOE, la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional ha sido recibida con reservas, aunque ninguno de los aliados parlamentarios del Gobierno aprovechó para elevar el tono. Por el contrario, Sumar, como parte del Gobierno, circunscribió sus críticas a Zapatero, a quien la portavoz parlamentaria de la formación, Verónica Martínez, afeó haber ofrecido una información insuficiente sobre su supuesta implicación en una trama corrupta. “Fue muy relevante para los progresistas en este país, lo ha sido y sigue siendo, y, por tanto, querríamos un poquito más que una declaración por escrito”, sostuvo Martínez.

Por su parte, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, evitó referirse expresamente al expresidente durante el miércoles y, en su intervención en la sesión de control en la Cámara Baja, incluso ofreció algo de oxígeno a Sánchez cuando afirmó que debe ser a finales de este año, si el Gobierno no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado, cuando el presidente convoque las elecciones generales. Hasta ahora, los nacionalistas vascos habían exigido a Sánchez que disolviera ya las Cortes tras el estallido de los últimos casos de corrupción, entre ellos el de Zapatero.

El único mensaje directo que lanzó Vaquero en relación con estos supuestos escándalos lo dedicó a asegurar que “son demasiadas las causas abiertas en torno a la Presidencia del Gobierno”, así como a afirmar que es clave que los tribunales investiguen “si esto es cosa de unos pocos o hay vinculaciones claras con el Gobierno actual”. Y también trató de esquivar el embrollo judicial de Zapatero la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que al igual que el PNV no quiso mencionar el nombre del expresidente durante todo el miércoles y, al ser preguntada por él, se limitó a asegurar —antes del fin de la comparecencia de Zapatero ante el juez— que estaba expectante por ver si las explicaciones que ofrecía “convencen”. Los abertzales evitaron ofrecer su opinión sobre dichas explicaciones.

Por el contrario, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sí entró de lleno a valorar la presencia de Zapatero este miércoles ante el juez, y aseguró que el expresidente debería aclarar “lo legal y lo moral”. “El debate se centra en unas joyas, pues que explique de dónde salen, quién las regaló, cuándo y a cambio de qué”, sostuvo Rufián, que echó en cara al PSOE que no tenga su “casa limpia”. “La UCO se inventa cosas, hay jueces que persiguen a políticos por sus ideas, hay gente que ha estado en la cárcel por motivos políticos, pero tampoco tienes que dar excusas”, espetó Rufián, que sostuvo que “es complicado” defenderse “cuando tienes a dos números dos en la cárcel” y “a un referente” como Zapatero “con cosas que cuesta explicar”.

Quien más dura se mostró —en línea con lo que viene ocurriendo desde hace meses— fue la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que en la sesión de control de este miércoles acusó a Sánchez y al PSOE de dar “gasolina a la derecha” y de ofrecer al PP, “el partido más corrupto de Europa”, la posibilidad de “dar lecciones de corrupción”. Belarra no mencionó expresamente a Zapatero, pero se mostró muy crítica con las “informaciones sobre corrupción” que afectan al Ejecutivo. “Todo el mundo ve lo que es evidente: que a ninguna de esas personas” supuestamente involucradas en estas tramas “le habrían abierto ninguna puerta si no hubieran tenido acceso a usted y al Gobierno”, denunció la líder de Podemos, que acusó a Sánchez de haber “traicionado la confianza de quien le votó”.

En la Moncloa, mientras, se resignan nuevamente a una espera exasperante: a de los tiempos de la justicia y de la estrategia de defensa de Zapatero. Que por ahora, están muy lejos de acompasarse con los de la crisis política que el Gobierno ni siquiera atisba, por el momento, a taponar. Y asumen que, más que les pese, el 'caso Zapatero' no ha hecho más que comenzar.

El Partido Socialista mantiene intacto su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero. Al menos, lo hace públicamente. En un comunicado remitido tras las tres horas de declaración ante el juez del expresidente, el PSOE “mantiene exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día: defensa de la presunción de inocencia y respeto absoluto a la Justicia. Por lo que mantenemos el apoyo al presidente Zapatero”.

En ese mismo texto Ferraz “respalda y se remite al comunicado del propio Zapatero, en el que proclama su inocencia y reafirma hoy su confianza plena en la Justicia, su voluntad de seguir ofreciendo todas las explicaciones necesarias y su absoluta transparencia”. Y pone en valor que haya puesto “voluntariamente a disposición del Tribunal una autorización universal para que pueda comprobarse la inexistencia de sociedades, cuentas, productos financieros o cualquier otro activo de su titularidad fuera de España”.

“Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos algo tan sencillo como el Estado de Derecho: que las investigaciones se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos. También seguimos reivindicando el legado de José Luis Rodríguez Zapatero, un presidente que amplió derechos, fortaleció el Estado del bienestar y contribuyó decisivamente a modernizar España. Ese legado sigue plenamente vigente”, concluye la nota remitida a los medios de comunicación.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado este miércoles a preguntas del magistrado José Luis Calama que no ha ejercido ninguna influencia para favorecer que la aerolínea Plus Ultra lograra el rescate público de 53 millones de euros en plena pandemia, informan a elDiario.es fuentes conocedoras del contenido de su declaración. El expresidente ha precisado que no contactó con funcionario alguno o autoridades por el rescate de Plus Ultra.

Nada más salir de la Audiencia Nacional, el propio Zapatero ha remitido otra nota pública en la que ha vuelto a defender su inocencia. “Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza”.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez José Luis Calama después de las tres horas de declaración de José Luis Rodríguez Zapatero como investigado que le retire el pasaporte, así como que comparezca ante el juzgado cada 15 días y que no salga de España sin autorización, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas. Ahora, el juez Calama deberá adoptar una decisión.

En mitad de la crisis política del Gobierno más grave de la legislatura, los avisos del PNV resuenan aún con más fuerza entre las paredes del Congreso. Los nacionalistas vascos no se han sumado a la maniobra del PP y Junts de intentar colar en el orden del día una moción para exigir la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de las elecciones generales, una prerrogativa exclusiva del presidente, pero a la misma hora en que José Luis Rodríguez Zapatero comparece en la Audiencia Nacional lanzan una advertencia a Pedro Sánchez que implica ponerle fecha de caducidad a su mandato.

“Presidente, presente los Presupuestos Generales del Estado, es su obligación. Pero si no consigue un acuerdo en esta Cámara, disuelva las Cortes y convoque elecciones”, le ha dicho la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, durante la sesión de control de este miércoles. En su respuesta, Sánchez, ha proyectado un horizonte político que va, cuanto menos, hasta principios de 2027. “No solamente tenemos que gestionar y culminar con éxito los fondos europeos, que terminan el 31 de diciembre de 2026. Tenemos que culminar la aplicación total y efectiva de la Ley de Amnistía, precisamente para ensanchar de nuevo nuestra democracia, volver a reencontrarnos y abordar los problemas de fondo, los conflictos territoriales que tiene nuestro país”.

En su turno, el presidente ha aprovechado, además, para anunciar un nuevo paquete de medidas económicas para paliar las consecuencias de la guerra de Irán. “Nuestra intención es negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán”, ha adelantado.

“Es evidente que usted ha perdido la mayoría de investidura”, le ha comentado la portavoz del PNV. “Anunció el 3 de junio que el Gobierno presentaría su propuesta de Presupuestos generales. No es la primera vez que realiza este anuncio y después de tres años mareando la perdiz con los presupuestos diciendo que los va a traer y sin dar el paso, ahora es real su voluntad. Le digo lo de Santo Tomás: ver para creer. Y usted está acabando con la fe de este grupo parlamentario”, ha advertido.

Antes, el líder de la oposición no ha perdido la oportunidad de sacar tajada de uno de los días más complicados para el PSOE, con la declaración judicial del primer presidente del Gobierno imputado de la democracia. “La historia le recordará por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española”, le ha dicho Feijóo, que ha calificado a Pedro Sánchez como un “cobarde” por impedir que el Congreso vote sobre el adelanto electoral. “Usted es un cobarde”, le ha dicho.

“No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en una sede financiada en B”, le ha contestado Sánchez, que ha insistido en su idea de mantener la legislatura en pie para implementar políticas que redunden en el beneficio de la mayoría social.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, niega haber colaborado jamás en las andanzas de Leire Díez, la exmilitante del PSOE que colaboraba con Santos Cerdán para, presuntamente, interferir en investigaciones en marcha contra los socialistas o contra el Gobierno de Pedro Sánchez. “No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la UCO; ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna otra persona. No he frenado ni he interferido en ninguna investigación”, ha dicho en el Senado.

“No he participado jamás, nunca, en ninguna campaña contra la Guardia Civil. No he adoptado jamás, nunca, ninguna medida contra ningún agente de la UCO, ni de la unidad de delincuencia económica o de cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Jamás. Ni como elemento de presión ni para alterar investigaciones que afecten ni al Gobierno ni a nadie”, ha incidido.

Mercedes González sí ha vuelto a reconocer que tuvo varios encuentros con Leire Díez, como desveló la UCO en los informes remitidos al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, pero afirma que “nunca” fueron destinados a participar en ninguna campaña de desprestigio “ni influenciada por la señora Díez ni otra persona”.

También ha dicho que no ha adoptado nunca “ninguna medida como elemento de presión” contra los agentes, tras apuntar la UCO a que se abrieron varias informaciones reservadas, lo que los agentes relacionaron con la influencia de Leire Díez sobre la directora general de la Guardia Civil.

“Cada uno de mis días al frente de esta institución los dedico a fortalecer la Guardia Civil, continuando la línea marcada por mis antecesores, Félix Azón, María Gámez y Leonardo Marcos, y de acuerdo siempre a la política marcada por el Ministerio del Interior y por su propio ministro”, ha aseverado.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha revelado este martes en el Senado que trasladó al teniente coronel Antonio Balas y al resto de la cadena de mando de la UCO que había mantenido encuentros con Leire Díez. La reunión se produjo, a iniciativa de González, tres días después de que El Confidencial publicara un audio en el que Leire Díez participaba en una reunión en la que aseguraba que quería ver “muerto” a Balas, jefe de las investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno.

elDiario.es informó en exclusiva de ese encuentro al día siguiente, el 30 de mayo de 2025. Este martes, González ha revelado dos datos nuevos. El primero, que en esa reunión no solo trasladó su apoyo y el del Gobierno a la labor de la UCO sino que también les habló de la exmilitante del PSOE: “Expresamente reconocí que conocía a Leire y que me había visto con ella en alguna ocasión”.

La directora de la Guardia Civil también ha revelado que la misma cadena de mando de la UCO fue convocada al día siguiente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien también les trasladó personalmente su apoyo y el del Gobierno.

Niega las purgas

En sus turnos de respuesta, González ha rechazado todas y cada una de las acusaciones del PP y de Vox. La directora de la Guardia Civil ha cargado contra los grupos de la oposición por decirle en la Comisión de Interior del Senado que había promulgado una “purga” contra, entre otros, el teniente coronel Antonio Balas, máximo jefe de la lucha contra la corrupción en el instituto armado al frente de la UCO. “Dígame dónde está la purga, dígame dónde estaba el teniente coronel Balas cuando yo llegué y dígame dónde está el teniente coronel Balas cuando yo estoy aquí desde hace dos años”, le ha preguntado a Luis Santamaría, portavoz de los populares en la comisión de Interior.

“En el mismo sitio”, ha remarcado González, “haciendo su trabajo escrupulosamente”. “Lo defiendo sin ningún tipo de problemas a él y a todos los agentes que trabajan en esa unidad”, ha remarcado.

González ha asegurado, además, que sus encuentros con Leire Díez fueron informales y rechaza considerarlos reuniones. “Nunca me he reunido con Leire Díez. Fueron dos cafés, punto. O tés, porque todo el mundo sabe que yo no como ni tomo café”, ha dicho durante su comparecencia de este martes en el Senado. Y ha rechazado también que Díez acudiera nunca a dependencias de la Guardia Civil, ni recibida por ella ni por nadie de su equipo. “Jamás, nunca se reunieron desde mi gabinete. Ni el DAO, ni nadie. Ni se usaron fondos reservados. Jamás, nunca la guardia civil protegió a Leire Díez”, ha remarcado.

No habrá respiro. Pedro Sánchez afrontará una semana de calvario judicial que dejará secuelas. Las causas de su pareja, Begoña Gómez, y del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se sucederán en los tribunales en los próximos días sin solución de continuidad y en pleno estallido del 'caso Leire', por el que la directora de la Guardia Civil se someterá además al interrogatorio de la oposición en el Senado. Un calendario político envenenado que en La Moncloa encaran como uno más de los trances a afrontar en la carrera de obstáculos en que ha vuelto a convertirse el final del curso político. A todo ello se sumó el viernes la apertura de una nueva pieza separada contra Zapatero, a quien se le investigará también por contrabando y delito fiscal, por las joyas encontradas en su despacho y valoradas por una joyería madrileña en 1,3 millones de euros.

La primera gran cita de enjundia será el mismo lunes. Ese día, el juez Peinado espera a la pareja del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contra quien el polémico magistrado podría adoptar incluso algún tipo de medida cautelar. En su escrito de citación, Peinado habló abiertamente de la posibilidad de que los encausados puedan tener alguna conducta “tendente a eludir la acción de la Justicia”. Y llegó a amenazar con el “apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar” previsto para las seis de la tarde del lunes, día y hora del debut de la selección española en el Mundial de Fútbol.

Antes, por la mañana, el presidente del Gobierno volverá a sentarse frente la Ejecutiva Federal de su partido, zarandeada en las últimas semanas tras el estallido del 'caso Leire'. Lo previsto es que Sánchez incida en el mensaje que trasladó a la cúpula del PSOE hace dos semanas, tras los registros de la UCO en la sede de Ferraz: que los socialistas agiten con orgullo la bandera de un “Gobierno limpio y un partido honesto” y contrarresten la ofensiva judicial con la tesis de la campaña orquestada.

Para ese argumento, el de la campaña orquestada, encuentran en Moncloa elementos de sustento como el proceso judicial en torno al hermano del presidente, David Sánchez, ya visto para sentencia y en el que las acusaciones de ultraderecha piden hasta seis años de cárcel a pesar de la falta de consistencia del proceso que ha quedado patente en el juicio. Una situación muy similar a la de Begoña Gómez, cuya instrucción de su caso el juez Peinado ha convertido en todo un esperpento procesal que tampoco ha arrojado indicios delictivos a lo largo de dos años.

Para el martes está previsto otro mal trago para el Ejecutivo, esta vez en relación a la presunta trama organizada por Santos Cerdán y Leire Díez para entorpecer investigaciones judiciales. A petición del PP, comparecerá en el Senado la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, señalada por la investigación tras conocerse que recibió al menos tres veces a Díez. Aunque por el momento el propio Pedro Sánchez mantiene su respaldo a González, militante socialista de la federación madrileña y persona muy cercana al presidente, en el Ejecutivo admiten que su situación es especialmente delicada porque desde Interior se habían negado de manera insistente en los últimos meses unos encuentros que han acabado por confirmarse.

La dificultad para explicar la razón y el contenido de esos encuentros, que Interior ya esbozó en un comunicado público, marcarán una comparecencia ante la que la oposición se frota las manos. Porque la interlocución de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez compromete de manera indirecta a su jefe político, el ministro Grande-Marlaska. Y por elevación supone también un quebradero de cabeza extra para Pedro Sánchez. Lo que esperan en las filas socialistas es que Mercedes González sea capaz de evitar que el PP y Vox la acorralen y pueda ceñirse al guion oficial: que mantuvo dos encuentros de carácter “personal” y que tras el tercero, en el que Díez pidió maniobrar en favor de un agente imputado en la trama 'Koldo', ni se llevó a cabo maniobra alguna ni se volvieron a ver jamás.

Un nuevo golpe para Zapatero

Y ya el miércoles aguarda la traca final: José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez como primer presidente del Gobierno imputado. Tras el retraso de su declaración para preparar su estrategia de defensa, que ha supuesto para el Ejecutivo estirar la agonía mediática del caso, Zapatero se dispone a intentar echar abajo la tesis de la UCO y del juez de que parte de su actividad privada, centrada en negocios con empresarios de dudosa reputación, pertenece a una trama criminal dedicada, entre otras cosas, al tráfico de influencias.

La información que tienen en el Gobierno respecto a esa estrategia de defensa es la que les traslada directamente el presidente Zapatero, según el cual su equipo jurídico y él mismo estarían en disposición de desmontar las acusaciones que se ciernen sobre sus negocios. Esta semana, además, la tesis de una cascada de decisiones judiciales que esconden maniobras políticas se ha visto alimentada tras conocerse que EEUU tardó cinco años en enviar a España los chats del empresario venezolano que fueron claves para imputar al expresidente español. Es decir, que Estados Unidos requisó el móvil en 2021 pero no llegó a la UDEF hasta el 16 de marzo de 2026, en plena escalada de tensión entre Pedro Sánchez y Donald Trump a cuenta de la guerra de Irán.

Lo que ha hecho la defensa del expresidente es hacer llegar al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, un escrito en el que plantea dudas sobre la obtención y la correcta custodia del contenido del teléfono móvil que fue interceptado por agentes norteamericanos en 2021 a Rodolfo Reyes, el empresario que por entonces era socio mayoritario de Plus Ultra. Un movimiento que podría estar encaminado incluso a solicitar la nulidad del caso.

Su situación se complicó, no obstante, el viernes. Calama acordó abrir una pieza separada del caso para investigar a Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, cuyo origen “en estos momentos no está justificado” y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

Comparecencia en el Congreso

Tras el Consejo de Ministros del martes y la sesión de control del miércoles en el Congreso, la agenda pública del presidente del Gobierno le llevará a Bruselas para asistir al Consejo Europeo de los días 18 y 19 de junio. Y a su llegada, el jueves, se espera que Pedro Sánchez pueda atender algunas preguntas de la prensa tras la montaña rusa judicial de la semana. Será en cualquier caso el próximo 24 de junio cuando Sánchez comparecerá formalmente en el Congreso para cumplir con la liturgia parlamentaria de trasladar el contenido de la cumbre europea pero también para dar cuenta de la cascada de casos que afectan al PSOE.

Sobre el de Leire Díez, a la que Sánchez niega haber recibido jamás ni tampoco amparado su presunta actividad delictiva, en el equipo del presidente advierten: “Si quieren hablar de cloacas, hablaremos de las de verdad”, en referencia a la guerra sucia del PP del 'caso Kitchen' que también se juzga ahora.

El halo de la visita del papa se esfumó pronto del Congreso de los Diputados para dar paso a otra batalla sin cuartel en la sesión de control de este miércoles. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido a Sánchez acabar “con esta basura” y convocar elecciones “para darle la voz a los españoles” a cuenta de los casos de corrupción del PSOE. “Es evidente que usted no tiene límites. Al final sí que pasará a la historia. Lo hará como inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de nuestra democracia”.

“Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos”, ha incidido Feijóo, que ha señalado directamente a Sánchez. “La financiación de las primarias con dinero de la prostitución. Y usted no sabía nada. Sus dos manos derechas competían por el dinero de las mordidas en obra pública. Y usted no sabía nada. Corrían billetes por Ferraz y se pagaban orgías y cloacas con dinero público. Y usted no sabía nada. La SEPI rescataba empresas a través del tráfico de influencias. Y usted no sabía nada. Zapatero parece que era la joya de una trama internacional corrupta. Y usted no sabía nada. ¿Pero usted no se cansa de tomarle el pelo a los españoles? ¿Pero a quién se cree que está gobernando? Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente”, le ha espetado al presidente, al que se ha referido por sus iniciales, P.S, en referencia a las agendas de Leire Díez.

“Yo asumo mis errores, pero jamás voy a asumir su grado de hipocresía ni lecciones del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado”, ha contestado Pedro Sánchez, que ha acusado a Feijóo de no ser un líder político con las manos libres. “El problema es que usted no tiene voz propia. Usted es la voz de sus amos. Y yo ya sé que somos incómodos. Este Gobierno es incómodo para sus amos, para aquellos que ven mal el que se suba el salario mínimo interprofesional, que se revalorice las pensiones, que se fortalezca el Estado del bienestar, que se aprueben leyes que benefician a la convivencia territorial y no a la confrontación territorial, que es donde ustedes están siempre instalados”.

“Llevan ocho años haciendo oposición marrullera. Sigan con sus maniobras, todas las que quieran, que nosotros seguiremos gobernando todos los años que quieran los españoles hasta 2027 y mucho más allá. Y le diré una cosa, señoría. Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M.Rajoy”, le ha respondido al líder del PP, a quien ha recordado que la sede de Ferraz “no está pagada con dinero negro” como la de la calle Génova.

A Sánchez le acompañaron en la bancada del Gobierno durante su intercambio de reproches con Feijóo varios de los pesos pesados de su Ejecutivo, incluidos los vicepresidentes primero y tercera, Carlos Cuerpo y Sara Aagesen. No estuvo presente, por el contrario, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que optó por no acudir a la sesión de control y evitó por segundo día consecutivo pronunciarse sobre las acusaciones conocidas el martes de maltrato laboral —que ella niega— contra la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, mano derecha de Díaz en lo orgánico. Fuentes del Ministerio de Trabajo argumentan que la ausencia de la vicepresidenta en la Cámara Baja se debe a que tiene “varias reuniones” fijadas este miércoles por la mañana. 

Ni supo, ni mucho menos avaló “las andanzas” de Leire Díez. Tras nueve días sin contestar preguntas sobre el terremoto judicial que sacude al Partido Socialista, Pedro Sánchez decidió atender este viernes a los medios de comunicación en la cumbre europea de Montenegro para salir al paso de una hipótesis deslizada en los informes de la UCO y que había empezado a monopolizar el debate público en España desde que se conoció el sumario del caso.

“Nunca he conocido, ni nunca se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Que los ciudadanos no tengan ninguna duda. Y no se me informó porque, si me las hubieran dicho, no las hubiera tolerado”, dijo el presidente del Gobierno para intentar zanjar la teoría de que era él quien realmente orquestaba la trama investigada en la Audiencia Nacional.

En esa misma comparecencia ante la prensa, Sánchez trasladó su “decepción, preocupación e indignación” por el cariz y la gravedad de los hechos investigados, sobre los que en ningún momento quiso extender la sombra de sospecha de una campaña judicial orquestada, como sí han apuntado en las últimas semanas varios de sus ministros y dirigentes del partido. En realidad, esa declaración pública para dar las explicaciones pendientes sobre el escándalo que azota a su partido fue decidida en el último momento por el presidente del Gobierno y su equipo, que habían apostado desde el estallido del caso por pasar de puntillas sobre un asunto que también han querido enmarcar en los “comportamientos individuales” de unos cuantos “farsantes, resentidos y oportunistas”.

Ese argumentario, reciclado de los escándalos de José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán, envejeció pronto y mal en las últimas horas. Porque la investigación apunta a que la mancha de aceite del 'caso Leire' se extendió mucho más allá de los tentáculos de Cerdán y estaba lejos de resultar una relación encapsulada. Así, la UCO sostiene que la denominada 'fontanera' de Ferraz no solo cobraba del Partido Socialista y se servía de su logística para desarrollar su presunta actividad delictiva, sino que tuvo contacto con otros dirigentes del PSOE e incluso con altos representantes de algunas instituciones del estado.

El ejemplo más claro es el de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a quien el presidente aún mantiene, al menos formalmente, su apoyo. “Desde el Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en su honestidad. Solamente puedo apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza”, se limitó a contestar. Después de que el propio ministerio del Interior lo negara, el departamento de Grande-Marlaska admite ahora las tres reuniones de González con Díez que acredita el sumario. Y admite también que la última de ellas fue para pedirle ayuda sobre un comandante implicado en el 'caso Koldo'. Lo que niega Interior es que la directora de la Guardia Civil aceptara “interferir jamás en ninguna investigación”.

Con el agua al cuello ante el terremoto judicial de las últimas semanas, lo que muchos socialistas demandaban en privado a su partido y a su Gobierno es que saliera a dar explicaciones para sofocar, en la medida de lo posible, una crisis de primer nivel. Tras las últimas novedades del caso, nadie creía que fuera viable guardar silencio hasta la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados prevista para el 24 de junio. La conclusión más extendida era que se requería un mensaje urgente y contundente para defender la reputación de las siglas, ahora gravemente herida, y desechar la idea que intenta apuntalar la oposición de una corrupción sistémica en Ferraz. Justo el extintor de incendios que sacó Sánchez este viernes.

“No voy a permitir que las corruptelas de unos pocos y el ruido interesado de una oposición marrullera empañen la acción de un Gobierno que mejora la vida de la gente y que es referente fuera de nuestras fronteras. Mi Gobierno es un Gobierno limpio y mi partido es un partido íntegro”, reivindicó el presidente, que dejó la puerta abierta a decisiones que pueda adoptar en el futuro para la depuración de más responsabilidades. ,

Acercamiento al PNV

Ese nuevo cortafuegos establecido respecto a las conductas de Santos Cerdán o Leire Díez se suma ahora a la otra gran baza del presidente del Gobierno para mantener a flote una legislatura amenazada por las incontables vías de agua: el portazo a Alberto Núñez Feijóo de formaciones como Junts o PNV, refrendado justo esta semana cuando, al igual que otras tantas veces, un tropiezo no forzado del líder de la oposición regaló algo de aliento a un Ejecutivo acorralado.

Fue muy celebrada en la Moncloa, por ejemplo, la respuesta del dirigente de Junts, Jordi Turull, a la mano tendida de Feijóo para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. “Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben cómo funciona”, le dijo Turull al líder del PP para invitarlo a ir a reunirse con Carles Puigdemont, a quien ha definido durante toda la legislatura como un “golpista” y un “prófugo”.

También intentaron pescar los populares en las aguas del Partido Nacionalista Vasco, que en las últimas semanas había endurecido el tono contra el Partido Socialista y había llegado a reclamar elecciones anticipadas para este año 2026. Pero la respuesta que recibió Feijóo también fue el portazo. “Si ni siquiera he hablado con él, puede pensar usted qué opinión puedo tener”, respondió Aitor Esteban a la pregunta de un periodista sobre la moción de censura. Para remachar, el presidente del PNV enumeró los agravios que hacen inviable su entendimiento con el PP, sin siquiera entrar a la incompatibilidad manifiesta con Vox. “El PP es un partido que no ha querido el euskera en Europa, que ha defendido en el Senado que no se hagan las transferencias pendientes del Estatuto de 1979, que se ha opuesto con uñas y dientes a la selección de pelota vasca y que ha dicho verdaderas burradas del palacio de Avenue Marceau”, el histórico edificio recuperado por el PNV en París.

Después de que el propio Aitor Esteban elevara el tono de sus reproches públicos contra el Gobierno, desde el Partido Socialista y el entorno del presidente se han intensificado los contactos para recomponer una interlocución magullada con los nacionalistas vascos. Es desde hace algún tiempo Antonio Hernando, dirigente en Ferraz y 'número dos' de Óscar López en el Ministerio de Transformación Digital, el nexo entre el Palacio de la Moncloa y Sabin Etxea. Y el hombre que en las últimas semanas se ha afanado en dispensar a Esteban el trato que el líder del PNV demandaba.

Intranquilos por los azares de una legislatura ahora cortocircuita por los casos de presunta corrupción del PSOE, reclaman los nacionalistas vascos desde hace meses desbloquear la agenda de transferencias pendientes o mejorar la colaboración parlamentaria en el Congreso de los Diputados para tener más información de la agenda legislativa del Gobierno, sobre la que reprochan que les obliguen “a ir a ciegas” a los Plenos. Y dos aspectos más: el impulso a un debate parlamentario sobre los Presupuestos Generales del Estado que no se ha dado en todo el mandato y que bajo ningún concepto las elecciones generales coincidan con las municipales de mayo de 2027. Justo los dos temas sobre los que Pedro Sánchez ofreció esta semana garantías públicas.

“Puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral. Hay un debate que se tiene que sustanciar, que es el de los alcaldes y alcaldesas candidatos a las alcaldías, también a las presidencias autonómicas que concurran en esos comicios del próximo mes de mayo. Lo que sí que les puedo garantizar a los españoles y a todos los partidos políticos es que desde luego no va a haber un superdomingo electoral”, dijo este viernes, en plena consonancia con la exigencia del PNV de que el debate político estatal no monopolice una cita con las urnas en la que se juegan gran parte de su poder institucional.

El presidente también anunció que en 2027 sí habrá, al menos, un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que verá la luz en el Consejo de Ministros y que será tramitado y debatido en el parlamento. Sin cuentas durante toda la legislatura, Sánchez traslada ahora el impulso a esos Presupuestos justo para un año que será eminentemente electoral, con la ya mencionada cita de municipales y autonómicas y a la espera de que sean fijadas las generales. Un contexto de competición política a cara de perro que, con toda probabilidad, hará inviable el acuerdo necesario para sacar adelante unas cuentas que, en caso de decaer, servirían como excusa perfecta para la disolución de las Cortes. Y que, de paso, le permiten ya a Pedro Sánchez proyectar su mandato hacia 2027 mientras sus rivales lidian con el ansia de unas elecciones inmediatas y sus compañeros de filas con la incertidumbre de cómo sobrevivir a las siguientes 24 horas.

Pedro Sánchez descarta también este año presentar los Presupuestos Generales del Estado y pone el foco ya en 2027. “El Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los Presupuestos de 2027. Esta misma semana se publicará en el BOE la orden de elaboración”, ha anunciado el presidente durante su intervención en el Cercle d'Economía de Barcelona.

Sánchez ha asegurado que ese proyecto de Presupuestos no solo tendrá una “ambición social”, sino que incluirán “el mayor despliegue de recursos públicos de la historia de la democracia en la prioridad de la vivienda”. “Serán unos Presupuestos más ambiciosos, aún más sociales, y aún más responsables desde el punto de vista fiscal”, ha añadido el presidente, que también ha adelantado que esas cuentas incorporarán propuestas para “resolver también el problema de la financiación autonómica”.

Desde las elecciones generales de 2023 el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido cada año a presentar unas cuentas que hasta la fecha no han visto la luz. Con las dificultades de ahormar una mayoría parlamentaria suficiente que han atravesado toda la legislatura, los socialistas han preferido esquivar esa derrota en el Congreso y por eso María Jesús Montero, la exministra de Hacienda y ahora líder del PSOE andaluz, ni siquiera llegó a impulsar las cuentas.

En el propio Gobierno mantienen las reticencias sobre si finalmente será posible presentar y tramitar parlamentariamente los Presupuestos Generales del Estado de 2027, tal y como ha vuelto a comprometerse este miércoles el presidente. Porque el recorrido hasta esas cuentas volverá a ser turbulento, con hitos previos como la senda de estabilidad para la que, a día de hoy, Sánchez no tiene apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados.

El escenario de impulsar una negociación tan compleja como los Presupuestos Generales del Estado en un contexto plenamente electoral, como será 2027, también hace desconfiar en las propias filas del Ejecutivo de la viabilidad real de aprobar unas cuentas en este mandato. Porque en primavera del año que viene están previstas las municipales y buena parte de las autonómicas a la espera, además, de la convocatoria de las generales. Un ambiente político muy poco propicio para conseguir poner de acuerdo a una mayoría parlamentaria que sustente los Presupuestos y, de paso, regale un aldabonazo a Pedro Sánchez y al Gobierno.

“Feijóo nos da la razón con la amnistía”

Durante su intervención en el Cercle d'Economía de Barcelona, Pedro Sánchez ha vuelto a despejar cualquier hipótesis de adelanto electoral inminente. Entre las tareas pendientes que ha fijado para lo que queda de legislatura, el presidente se ha referido a la necesidad de “completar la agenda del reencuentro” entre Catalunya y España y ha expresado su voluntad porque la aplicación de la ley de amnistía pueda ser cien por cien efectiva en los próximos meses, en referencia a la situación de un Carles Puigdemont aún pendiente de la resolución de los tribunales.

En cualquier caso, Sánchez ha celebrado como un éxito los pasos dados con los indultos y la propia amnistía a los políticos y ciudadanos procesados y condenados como consecuencia del procés independentista. Y ha señalado la propia actitud del líder del PP, que ahora tiende la mano a Junts para una moción de censura, como prueba de ese éxito de reparación.

“Hay en Feijóo un reconocimiento implícito de Junts como actor político. Me parece una buena noticia. Significa que los indultos y la amnistía tuvieron su efecto. Es una buena noticia que en un futuro la derecha española se pueda encontrar con la derecha vasca y catalana. En su discurso sobre la moción de censura Feijóo nos ha dado la razón. Y es una cosa seria. Es un cambio y es un cambio para bien”, ha apuntado.

El Gobierno carga contra la última maniobra de Alberto Núñez Feijóo para intentar provocar un final anticipado de la legislatura de Pedro Sánchez. Tras el llamamiento del líder del PP a PNV y Junts para que apoye una moción de censura, el Ejecutivo le reprocha la incongruencia de tenderla ahora la mano a dos formaciones con las que se ha enfrentado agriamente durante toda la legislatura.

“Lo resumiríamos en dos palabras: cinismo y desesperación”, ha calificado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Saiz ha reprochado al líder del PP que ahora pida ayuda a Junts y PNV cuando no ha tenido en cuenta “la pluralidad, la diversidad y el respeto” a las comunidades de Catalunya y Euskadi. “Por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa y siempre ha criticado los acuerdos de avance de autogobierno en esos territorios. El PP lleva años insultando a esas organizaciones políticas”.

“A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país”, ha incidido Elma Saiz, que también ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene un proyecto “para hacer avanzar a España”, con una “hoja de ruta clara” basada en “hechos y resultados”, como las cifras económicas o de creación de empleo, mientras la oposición continúa con una postura “marrullera” que “está vacía y no aporta”.

En este contexto, Saiz ha puesto en valor la “buena relación” del Gobierno de Sánchez con sus socios, pese a que algunas de las formaciones que apoyaron a Pedro Sánchez en su investidura, como Junts y PNV, ya reclaman un adelanto electoral tras las novedades en el 'caso Leire', la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o la falta de presupuestos generales del Estado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado este martes en Barcelona la posibilidad de viajar a Waterloo (Bélgica) para negociar con Carles Puigdemont el apoyo de Junts a una hipotética moción de censura para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

Pedro Sánchez ha vuelto a pedirle este lunes a la dirección federal del PSOE en la reunión de la Ejecutiva lo que ya le había pedido en privado a gran parte de sus ministros y dirigentes del partido tras la imputación de Zapatero y la investigación de la UCO en Ferraz: que salgan a defender contra viento y marea la acción del Gobierno y a difundir el mensaje de que una confluencia de intereses judiciales, políticos y mediáticos intenta tumbarlo con malas artes.

“El partido está viendo que, en el entorno de ciertas investigaciones, hay intereses claros para tumbar la acción del Gobierno. Y no viene de ahora, viene de 2023 porque algunos, que tenían ya repartidos los ministerios, aún no lo han superado”, ha dicho en rueda de prensa la portavoz socialista, Montse Mínguez. Mínguez ha explicado que el mensaje del presidente del Gobierno y secretario general de puertas hacia adentro ha sido claro. Por una parte, “serenidad, tranquilidad y colaboración con la justicia”. Pero también un llamamiento a la ciudadanía ante lo que consideran una ofensiva orquestada.

“Ahí tenemos a Feijóo diciendo que está dispuesto a todo para tumbar al Gobierno o Aznar pidiendo que el que pueda hacer, que haga. Con los antecedentes de la 'Kitchen' y la policñia patriótica, nos echamos a temblar. Ese es el malestar de los socialistas. Las coincidencias o las dobles varas de medir que dañan a las instituciones y generan desconfianza sobre la imparcialidad de algunos hechos”, ha señalado la portavoz.

Mínguez ha llegado a señalar explícitamente el doble rasero que, a su juicio, sigue la UCO en en sus investigaciones. “¿Qué ven los ciudadanos? Que Begoña Gómez tiene dos informes de la UCO y llevamos un año esperando el del novio de la señora Ayuso. Al señor Zapatero se le dan quince días para declarar, y al señor Montoro lo tenemos imputado desde un año y todavía no ha declarado. Tenemos un juicio al hermano del presidente y un caso idéntico con la hermana de Moreno Bonilla con el que no pasa nada. Informes de la UCO rapidísimos para todo lo que sea socialista y otros que todavía estamos esperando”.

“¿Todo esto es casualidad o causalidad? La verdad es que genera desconfianza sobre la imparcialidad de algunos procesos”, ha apuntado la portavoz, que ha señalado que estos procesos forman parte luego de la estrategia de oposición de la derecha. “Todo esto es lo que está intentando utilizar el señor Feijóo para desmovilizar a nuestro electorado. Generar un ambiente irrespirable, una batalla psicológica para que bajemos los brazos. Y no nos van a doblegar. España está mejor que nunca. Tenemos una oposición marrullera y a un Gobierno que está respondiendo a los problemas de la gente”.

Los socialistas advierten al PP, además, de que no aceptarán lecciones de ética ni de lucha contra la corrupción. “En este partido se ha expulsado a gente, se ha apartado a secretarios de organización que no cumplían con los estándares de comportamiento de nuestras siglas y se ha cambiado la manera de actuar. Tenemos toda la voluntad de esclarecer los hechos, pero la ciudadanía tiene que saber que no somos iguales los unos que los otros y que no vamos a aceptar ni media lección del PP”.

“Aquí la UCO no encontró que se estaban destruyendo discos duros”, ha proseguido. “Aquí no van a encontrar falsos curas ni familias amordazas, no vamos a secuestrar familias de nadie, ni habrá chóferes infiltrados, ni vamos a pedir que se quite el nombre de nadie de ningún informe. Aquí encontramos tolerancia cero, transparencia y colaboración con la justicia”, ha reivindicado.

Preguntada por los detalles del auto del juez Pedraz, que señala que la exmilitante Leire Díez estuvo 22 veces en Ferraz para reunirse con Santos Cerdán y que tuvo un sueldo del partido a través de facturas interpuestas, la portavoz del partido ha esquivado dar detalles y ha pedido respetar el secreto de sumario y los tiempos de la justicia. “La justicia necesita sus tiempos, el PP lo que necesita son titulares”. Y ha insistido en que, en el seno del partido, el sentimiento es claro: “Hay quien está intentando derribarnos por tierra, mar y aire”.

Shock, abatimiento y reacción a la ofensiva. El PSOE sigue a rajatabla el guion que tantas veces le funcionó en la gestión de crisis y que ahora vuelve a poner en liza en mitad de un terremoto político. El impacto de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y de la entrada de la UCO en la sede de Ferraz para requerir documentación de una presunta trama de chantajes y presiones a investigadores, ha dejado sin resuello durante días a un partido sepultado por causas judiciales de todo tipo. Pero el toque de corneta ha vuelto a sonar en la Moncloa, desde donde Pedro Sánchez desoye cualquier petición de fin de mandato y llama a los suyos a pasar al ataque para combatir la idea de un Gobierno afligido.

La estrategia salta a la vista solo con escuchar las declaraciones públicas en los últimos días de ministros y dirigentes socialistas. “Con todo el respeto, pero cuanto mayor me hago, más me cuesta creer en las coincidencias”, dijo Óscar López al respecto de las decisiones judiciales. Una teoría a la que se sumó también Salvador Illa. “Respeto la justicia, pero sé distinguir lo que es casualidad de lo que no lo es”, dijo el president de la Generalitat, que presume ante todo de ser un hombre templado.

El menos sutil, como de costumbre, fue Óscar Puente, que criticó “los intentos de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticas”, en referencia a las filtraciones de causas a medios de comunicación. Puente señaló que “en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada y determinadas acciones para derribar un gobierno”. Y apostilló, sobre la acción de los tribunales: “Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. Díganme qué posibilidades tiene de coincidir en el tiempo un juicio de un asunto de hace una pila de años (la ‘Kitchen’) justo con el comienzo del juicio del hermano del señor Sánchez. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando: que hay un Gobierno al que se quiere derribar con métodos nada democráticos. Y eso es innegable”.

Lo que hace Puente es poner voz a un convencimiento bien enraizado en la sala de máquinas de la Moncloa: que el descrédito de la Justicia ante la opinión pública, ahora azuzado desde la política pero abonado durante años por méritos propios con causas groseras en su forma y en su fondo, es terreno fértil para la movilización del electorado progresista. Incluso en las peores circunstancias, como las que ahora atraviesa Pedro Sánchez.

Esa tesis se puso a punto tras la imputación de Begoña Gómez y durante los cinco días de reflexión que se tomó el presidente. Justo el momento, por cierto, en que la Audiencia Nacional fecha los primeros movimientos coordinados de Santos Cerdán con Leire Díez para enredar en causas judiciales abiertas contra el PSOE o contra el entorno familiar del propio Sánchez.

Con un proceder estrambótico y una instrucción contraria tanto a dictámenes policiales como a la propia opinión de otras instancias judiciales en varias ocasiones, la causa dirigida por el juez Juan Carlos Peinado contra la pareja del presidente resulta decisiva en esa estrategia de Moncloa. Primero, porque es la que mayor afectación personal de cuantas se hayan llevado a cabo ha tenido en la figura de Pedro Sánchez. Y segundo, porque su falta de consistencia y su apariencia de arbitrariedad ponen en bandeja a los socialistas sostener que se trata de una ofensiva meramente política, impulsada desde lo jurídico. Una causa fácilmente etiquetable como injusta después de que en dos años de investigación no se haya aportado indicio delictivo alguno. Y que no solo sirve para facilitar el cierre de filas en torno al presidente, sino incluso como paradigma para cualquier tipo de investigación.

Sin diferenciación alguna del fondo, la forma o incluso la reputación y trayectoria del juez instructor, el ‘efecto Peinado’ resulta ya útil para acogerse automáticamente al comodín de la campaña orquestada ante cualquier sobresalto que llegue desde los tribunales. Da igual que sea una presunta trama de comisiones ilegales y tráfico de influencias o una operación para entorpecer el trabajo a policías y fiscales porque la tesis de la ofensiva para derribar al Gobierno ya lo impregna todo y se ha convertido casi en un automatismo. “El que pueda hacer que haga elevado a su máxima expresión”, se apresuró a apuntar el PSOE en cuanto se conoció la imputación de Zapatero en una evidente insinuación de ‘lawfare’.

Lo que defienden en las filas socialistas es que, si esa teoría ha calado en una parte de la opinión pública que ahora ve en los casos del expresidente y de Leire Díez más de lo mismo, es porque la propia acción de la Justicia ha contribuido a ello con ejemplos como el del fiscal general del Estado, el hermano del presidente o el mencionado de Begoña Gómez. Casos que siguen un patrón idéntico: denuncia del grupo ultraderechista Manos Limpias, escándalo mediático e instrucción judicial, cuanto menos, controvertida.

Y es en ese contexto en el que muchos se explican en el PSOE, aunque no lo justifiquen, aquella operación estrambótica que presuntamente emprendió Santos Cerdán como secretario de Organización: poner a sueldo del partido a personajes estrafalarios como Leire Díez o contar con gente como el empresario Pérez Dolset para entorpecer, si no frustrar, causas judiciales con supuestos chantajes y presiones a fiscales y policías. Para esa especie de operativo Cerdán se reunió en Ferraz 22 veces con Díez, según el auto del juez Pedraz. Lo que dice la Moncloa es que Pedro Sánchez ni lo supo, ni mucho menos lo instigó.

El pulso por la amnistía

Ya sea por interés político o por convencimiento, lo cierto es que cuesta encontrar a alguien en el Gobierno que no sostenga que esa cascada de reveses judiciales tiene que ver con un pulso poco disimulado del poder Judicial al Ejecutivo. Y que se hizo patente desde el principio justo de una legislatura que vio la luz al calor de la ley de amnistía al procés de Catalunya. Sin que esa ley, que exigía Puigdemont para que los diputados de Junts permitieran la investidura de Pedro Sánchez, estuviera siquiera en tramitación parlamentaria se produjo una imagen insólita: jueces y magistrados de toda España manifestándose togados a las puertas de los juzgados.

No fue el único desafío lanzado desde la judicatura. En otro gesto inaudito, el Consejo General del Poder Judicial emitió una durísima declaración institucional también antes de empezar a tramitarse la amnistía. En ese comunicado, el CGPJ llegaba a acusar al Gobierno directamente de provocar la “abolición del Estado de derecho” en España con el impulso a la medida de gracia. Desde el poder Legislativo que representa el Congreso de los Diputados se acabó por aprobar definitivamente una ley a la que los tribunales, por ahora, no han permitido acogerse a Carles Puigdemont. Y desde cuyo impulso nada volvió a ser igual en la relación entre poderes del estado.

Lo que le reprochan muchos socios de izquierda a Pedro Sánchez es que solo haya sido capaz de identificar comportamientos anómalos en la Justicia cuando le han afectado a él personal o políticamente. Y recuerdan casos de procedimientos insostenibles que se prolongaron en el tiempo sin base sólida para ello, como el de la financiación de Podemos o el pago de sobresueldos en ese partido, que acabaron archivados.

Ahora, en paralelo al juicio a su hermano por un presunto enchufe cuando Sánchez no era siquiera presidente, y del procesamiento a su pareja por una cátedra con la que no obtuvo ingresos opacos, según la propia UCO, caen en cascada casos de una naturaleza radicalmente diferente: la inminente sentencia a José Luis Ábalos por el supuesto cobro de comisiones ilegales, la investigación a Zapatero por un presunto tráfico de influencias con empresarios de dudosa reputación y el caso de Leire Díez. Sobre este último Sánchez dará explicaciones en el Congreso obligado por sus socios, aunque ya adelantan en su equipo que el presidente está lejos de bajar los brazos. Y avisan a la derecha: “Si quieren hablar de cloacas, vamos a hablar de cloacas”.

Todo fue cosa de Santos Cerdán y Pedro Sánchez no sabía nada. Esa es, a grandes rasgos, la versión que ofrece el Gobierno del último terremoto judicial que azota al Partido Socialista. En la Moncloa sostienen que el auto del juez Pedraz conocido este miércoles, después de que la Guardia Civil se personara en Ferraz en busca de pruebas de una supuesta trama organizada para maniobrar contra fiscales y policías, ni interpela al presidente ni merece siquiera la categoría de escándalo. Y que por eso el plan, por ahora, es seguir adelante como si nada.

“Esto es una investigación que no tiene nada que ver con nosotros. El presidente no conocía esa operación. Aquí hay quien quiere hacer creer al mundo que esto es la 'Kitchen' del PSOE y nada más lejos de la realidad. Eran unos flipados que se creían que luchaban contra las cloacas del Estado”, alegan desde el equipo de Pedro Sánchez para intentar blindar al Ejecutivo de la metralla del 'caso Leire' tras la crisis política abierta con el 'caso Zapatero'.

Lo que apunta la instrucción de Pedraz es que Leire Díez, que se dio de baja de militancia en el PSOE hace justo un año cuando salió a la luz su caso, cobraba de Ferraz. Y que formaba parte de un equipo de trabajo que el secretario de Organización, Santos Cerdán, se encargó de coordinar a raíz de la imputación de Begoña Gómez por el juez Peinado. Una vinculación, económica y logística, que el Ejecutivo y el partido siempre negaron y de la que, ahora, se lavan las manos.

Los socialistas aseguran que desconocían que —tal y como sospecha la Audiencia Nacional— habrían llegado a pagarle 4.000 euros al mes a Díez a través de empresas interpuestas como la del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías, a pesar de insistir desde hace un año en que han revisado sus cuentas hasta la extenuación y han mirado con lupa cada apunte contable. “La verdad la sabrán Zarrías y Cerdán. Imaginamos que Santos creía que Leire iba a acabar con las cloacas del estado y que le pagó por ello. Pero la pregunta es qué dijo Leire después por ahí, si lo hizo por encargo y lo que realmente consiguió. Porque dicen que su misión era torpedear investigaciones contra Pedro Sánchez y a las pruebas nos remitimos: esta semana declara su hermano en el juicio”, defiende el PSOE, que rebaja la trama a una “pandilla de frikis” incomparable a la cloaca policial del Gobierno de Rajoy que se juzga ahora. “Lo que hacía el PP es pedirle a la Policía que se inventara informes contra rivales políticos”.

En su auto, sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional es contundente y complica esa teoría de que Santos Cerdán iba por libre sin reportar a nadie sus movimientos. Primero, porque Pedraz fecha el inicio de las maniobras contra investigadores de causas que afectaban al PSOE justo cuando el presidente decidió tomarse “cinco días de reflexión” tras la imputación de su pareja. Y segundo, porque señala a la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, como la persona que dio el visto bueno a las presuntas facturas ficticias que acabaron por llenar los bolsillos de Leire Díez.

Preguntas sobre cómo es posible que un secretario de Organización se reuniera decenas de veces con Leire Díez en la sede nacional del Partido Socialista sin que nadie lo reportara a Pedro Sánchez ni tampoco nadie fiscalizara o preguntara por la presencia y el papel de la exmilitante quedan, por ahora, en el aire. “No sabemos muy bien cómo Santos pudo acabar ahí ni cómo pudo llegar a creer que esta señora, que se creía James Bond, era capaz de encontrar pruebas de corrupción en las cloacas del estado. Nosotros nos desvinculamos completamente de este tema”, se limitan a justificar desde las filas socialistas.

A pesar de la tormenta perfecta que ha supuesto en tan solo una semana la caída de Zapatero y la personación de la UCO en la calle Ferraz por el 'caso Leire', Pedro Sánchez vuelve a descartar el final precipitado de la legislatura que le exige la oposición por sus problemas judiciales. “No quiero minusvalorar la gravedad de la investigación de la Audiencia Nacional que está en curso y traslado nuestra total colaboración con la justicia. Pero también decir que, si hablamos del caso de la exmilitante Leire Díez, ya se tomaron decisiones inmediatas cuando saltó a la luz este caso hace más de un año. Y si hay nuevos comportamientos irregulares, actuaremos con la misma contundencia”, apostilló tras admitir que había “tenido que preguntar” por el caso tras pillarle la operación de visita oficial en el Vaticano.

Así que la hoja de ruta en la Moncloa, por el momento, es la de siempre: aguantar el chaparrón y esperar a que escampe, aunque cada vez arrecie más fuerte. Desde primera hora de la tarde de este miércoles el presidente está de vuelta en España, pero no se espera que tome la iniciativa de comparecer para dar explicaciones de un caso que todavía está bajo secreto de sumario pero que vuelve a poner en el disparadero la credibilidad del partido de Gobierno.

Tampoco nadie emite, ni se pronuncia, ni sabe qué decir desde la calle Ferraz, donde muchos dirigentes admiten la inexistencia de vida orgánica alguna tras la caída en desgracia de los exsecretarios de organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Así que ni la número 2 del partido, María Jesús Montero, ni la número 3, Rebeca Torró, ni ningún otro dirigente o portavoz se atrevieron a trasladar a la opinión pública o a su militancia algo parecido a una explicación.

“Quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Somos un partido íntegro. Vamos a seguir colaborando con la Justicia como venimos haciendo, convencidos de nuestra honestidad y principios”, se limitó a tuitear Torró. Antes, por la mañana, el dirigente y ministro de Transformación Digital, Óscar López, alimentó a su forma la teoría de la conspitación sobre la cascada de actuaciones judiciales coincidentes en el tiempo y que sepultan al Ejecutivo en la, probablemente, mayor crisis política del mandato de Sánchez. “Con todo el respeto, pero cuanto mayor me hago, más me cuesta creer en las coincidencias”, dijo el ministro.

Lo cierto es que las fichas de dominó caen a tal velocidad que, durante 24 horas, la operación de la UCO y el 'caso Leire' lograron incluso tapar el tsunami desatado por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente, que continúa con la preparación de su estrategia de defensa, volvió a ser respaldado explícitamente por Pedro Sánchez durante su comparencia en Roma. “Reitero todo mi apoyo al presidente Zapatero, como ya hice la semana pasada. Con la información que tenemos, no hay motivo suficiente para cambiar de postura”, dijo. Otra cosa será que, como tantas otras veces, los acontecimientos le obliguen a tener que modular, si no cambiar radicalmente, esa postura.