Vuelven a Europa los viejos tiempos de los controles fronterizos. La decisión unilateral del gobierno italiano de Georgia Meloni de discriminar a los ciudadanos procedentes de España del resto de europeos y someterlos a un control de entrada al país al margen de la libre circulación del espacio Schengen tuvo una repuesta contundente desde España: someter a esa misma excepcionalidad a los ciudadanos que viajen desde Italia que pisen suelo español desde este fin de semana.

El Gobierno de Pedro Sánchez había reclamado a Italia de manera insistente en los últimos días que cesara en su actitud “injusta, discriminatoria y desproporcionada” de entorpecer la libre circulación de españoles en base a un argumento que ven poco justificable: la entrada por la frontera de Ceuta el pasado 31 de julio de hasta 72.000 personas, según los datos oficiales.

“La medida adoptada por el Gobierno italiano es injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española. Por ello, instamos al Gobierno de Italia a que rectifique, ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos. Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”, rezaba el comunicado oficial remitido por el Ejecutivo español el viernes a modo de advertencia y ultimátum.

No tardó en replicar entonces Meloni. “Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras”, señaló el gobierno italiano en un comunicado hecho público a mediodía del viernes en el que especificó que mantendrá esos controles al menos hasta el próximo 15 de agosto, una de las fechas mencionadas por varios grupos de WhatsApp e Instagram que organizan un nuevo cruce a Ceuta desde Marruecos. Y fue entonces cuando el Gobierno anunció que esos controles a ciudadanos italianos entrarían en vigor de manera inminente, desde este sábado en el que, según ha informado el Ministerio del Interior, se han practicado 199 controles a pasajeros de terceros países procedentes de Italia en los pasajes de 12 vuelos desde las 00.01 y hasta las 21.00 horas.

El choque entre ambos países, vecinos y socios europeos, se desató tras la entrada en suelo español de 72.000 personas por la frontera entre Marruecos y Ceuta. En plena crisis y con la ciudad autónoma colapsada, Italia promovió un escrito de varios gobiernos de la UE para reprender la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez y llegó a plantear incluso la exclusión española del espacio Schengen de libre circulación. España recibió ese movimiento como una declaración de hostilidades y una deslealtad.

“Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España. Desde el año 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros. A pesar de lo anterior, España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central”, recriminó este viernes el Gobierno español en el mismo escrito de advertencia a Meloni.

“Solo cuando tengamos la certeza de que no hay riesgos de seguridad y de terrorismo y de que no habrá una nueva oleada y de que no haya migrantes irregulares que se dirijan a territorio europeo, nos plantearemos revisar las decisiones que hemos tomado hasta ahora”, replicó el Ejecutivo de Meloni en lo que supone ya un choque al máximo nivel entre los dos países. Pese a eso, Italia también intentó rebajar trascendencia de cara al futuro: “Cuando pase el peligro, mantendremos una relación constructiva”.

En su anuncio de controles a ciudadanos españoles, el Ejecutivo de Sánchez respondió con la misma moneda: “El Gobierno ha decidido restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de la República Italiana, ante la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino”

En paralelo a esa crisis institucional con Italia, el Gobierno se ha volcado en revertir el rapapolvo generalizado que recibió de la mayoría de socios europeos en el peor momento de la crisis de Ceuta. Con decenas de miles de personas deambulando por las calles de la ciudad autónoma, 22 de los 27 países miembros se adhirieron a los reproches de Italia y dejaron a un socio como España abandonado a su suerte en un momento de riesgo sin precedentes en la frontera sur de Europa. Una respuesta “egoísta e irresponsable” que provocó la queja formal de España.

Sánchez contactó con Macron para encauzar la situación

Ese toque de atención, con una carta de Pedro Sánchez a la presidenta de la Comisión Europea, desencadenó además movimientos diplomáticos de primer nivel que han servido para encauzar la situación, al menos públicamente. Pedro Sánchez contactó personalmente con el presidente francés, Emmanuel Macron, un socio clave para España que se descolgó de la escalada de reproches generalizados y que ha jugado también un papel relevante en que las instituciones europeas hayan recuperado en los últimos días su buen tono con nuestro país.

El lunes, Von der Leyen se rectificó a sí misma y felicitó tanto a España como a Marruecos por la gestión de la crisis. El martes llegó un mensaje unánime de “solidaridad” de los ministros europeos de Interior, que también valoraron “los rápidos y eficaces esfuerzos de las autoridades españolas”. Y cerró el círculo el Comisario Europeo de Interior y Migraciones para desvincular lo ocurrido en Ceuta de la regularización de migrantes llevada a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, uno de los mantras de los últimos días difundidos por la derecha y la extrema derecha española y europeas.

Ahora, el Gobierno se centra en dos frentes. El primero, garantizar la seguridad de la frontera española con Marruecos tras los últimos llamamientos a replicar episodios como el del 31 de julio. La seguridad del Estado se toma en serio esos mensajes distribuidos por redes sociales y el Ministerio de Interior ha aumentado el dispositivo desplegado en Ceuta. Para este fin de semana la Policía Nacional va a desplegar una nueva Unidad de Intervención Policial (UIP) integrada por 45 agentes. Además, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se ha reforzado con 160 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía, y cuenta además con la colaboración de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la ciudad autónoma.

Desde el Gobierno se incide, no obstante, en que “nada hace prever” que una situación remotamente similar pueda volver a producirse. En primer lugar, argumentan, porque ya se cuenta con información fidedigna de esos movimientos al otro lado de la frontera y no existe el factor sorpresa. Pero también porque se sigue confiando en la cooperación con Marruecos, a quien el Ejecutivo español continúa sin hacer reproche público alguno por lo ocurrido. “Sin la colaboración de Marruecos no hubieran vuelto 70.000 personas en 48 horas”, resaltan.

Pero también urge la crisis humanitaria que viven en primera persona los miles de niños, niñas y menores no acompañados que aún permanecen en Ceuta, muchos de los cuales no han tenido hasta ahora garantizados servicios básicos de acogida como comida, agua, ducha o un lugar para dormir. El Gobierno central ha dotado un presupuesto extraordinario de 25 millones de euros para ayudar en esa acogida a la ciudad de Ceuta, a pesar de lo cual cientos de menores continúan sin un lugar al que acudir, durmiendo a la intemperie y dependiendo de la solidaridad de los vecinos de Ceuta.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (Valencia, 1973), atiende a elDiario.es en plena visita oficial a Ceuta, a donde ha viajado ocho días después de la entrada de 72.000 personas por la frontera marroquí. Una crisis fronteriza sin precedentes convertida ya en crisis humanitaria, no solo por el número de víctimas mortales, más de un centenar, sino también por la situación en la que malviven los niños y niñas que permanecen en la ciudad autónoma.

Muchos de ellos han estado días sin comida ni agua y siguen hoy sin un lugar donde poder dormir o ducharse. Y solo la solidaridad de algunos vecinos de Ceuta ha sido capaz de tapar una respuesta humanitaria a la que las administraciones públicas han llegado tarde. “Ahora mismo hay registrados 1.342 niños no acompañados, pero la cifra va a ser mayor. Se están poniendo en marcha los recursos. Se acaba de abrir el tercer centro escolar para dar acogida de emergencia a estos niños”, explica Rego durante una entrevista telefónica con elDiario.es.

¿Qué se ha encontrado en Ceuta?

Una ciudad que ha tenido un evento extraordinario y que ahora mismo está iniciando los procedimientos para tratar de dar una acogida digna a los niños y niñas que han llegado a la ciudad. Ahora mismo hay registrados 1.342 niños no acompañados, pero la cifra va a ser mayor. Se están poniendo en marcha los recursos. Se acaba de abrir el tercer centro escolar para dar acogida de emergencia a estos niños.

¿Se está cumpliendo estrictamente la ley? ¿Se ha devuelto a menores no acompañados a Marruecos contra su voluntad? Hay algunas imágenes muy preocupantes al respecto.

A mí no me consta que se hayan devuelto a menores contra su voluntad. Es verdad que todos hemos visto escenas dolorosas que no podemos permitirnos. Aunque el niño de esas imágenes que menciona me consta que se encuentra registrado en el sistema de acogida. Entendemos que la situación es desbordante, pero tenemos que garantizar que se cumplen los derechos de todos los niños y todas las niñas. Trabajamos para dar prioridad en el registro a los niños menores de 13 años y también a las niñas como segmentos más vulnerables. Estamos volcados en acelerar ese proceso y en sacar a los niños de la calle.

Tenemos que asumir que esto ha sido un fracaso de la política migratoria europea. Toca hablar de vías legales y seguras y de una migración diferente para evitar episodios como este

¿Cómo se explica que en un país como España, que forma parte de uno de los lugares más ricos del mundo como es la Unión Europea, niños y niñas pasen días en la calle sin comida, ni agua, ni lugar para ducharse o dormir?

Ya hay un procedimiento por el cual se está repartiendo comida y agua y se ha sacado de la calle a las personas que estaban en una situación de vulnerabilidad más extrema. El trabajo con Ceuta es constante. Desgraciadamente, el nivel de entradas ha desbordado la capacidad de absorción con la rapidez que hubiese sido necesaria. Tenemos la obligación de hacernos cargo de la situación y hacer la autocrítica necesaria para intentar que situaciones como esta no vuelvan a repetirse. Y hace falta un análisis en profundidad de por qué se producen este tipo de fenómenos como se han producido.

¿Tiene alguna conclusión de lo ocurrido?

Hay multiplicidad de causas y hay que ver fundamentalmente el uso instrumental que se puede hacer en algunos casos de la desesperación y de la necesidad de muchas personas vulnerables. Y hay que mirar de frente también cuál es la política migratoria que está haciendo la Unión Europea: fronteras externalizadas, militarizadas, controladas por terceros países que no siempre tienen los intereses de nuestro país. Hay que ver también cómo esas fronteras son impermeables para los seres humanos, pero son muy permeables precisamente para la transferencia de recursos que vienen directamente de países africanos, por ejemplo. Lo que tenemos ahora mismo que asumir es que esto ha sido un fracaso de la política migratoria europea. Toca hablar de vías legales y seguras y de una migración diferente precisamente para evitar episodios como este.

¿El Gobierno ha llegado tarde? ¿Por qué la ministra de Infancia ha tardado ocho días en ir a Ceuta en estas circunstancias?

Me he puesto a disposición desde el primer momento y hemos querido ser respetuosos con los propios tiempos de las autoridades locales, con las que hemos estado en constante contacto y coordinación. En el momento en el que me han dicho que era oportuno venir, he venido. Era una cuestión de respeto y de deferencia. Esto no significa que no hayamos seguido trabajando durante todos estos días previos.

Veo mucho oportunismo y mucha propaganda de la derecha y de la extrema derecha. Pero más allá de los exabruptos y de los mensajes de odio, la realidad es que se tienen que plegar porque tienen que cumplir con la ley

¿Hay alguna comunidad autónoma que ya haya puesto problemas o se haya negado a acoger a los menores y alguna que se haya ofrecido a echar una mano?

Hemos convocado una comisión sectorial el día 13 de agosto para empezar a trabajar la cuestión de la partida presupuestaria.

¿Teme que alguna, al calor de los pactos entre el PP y Vox, se declare en rebeldía y se niegue a cumplir la ley?

Veo mucho oportunismo y mucha propaganda de la derecha y de la extrema derecha, que francamente ya hay veces que me cuesta diferenciarlas. Pero más allá de los exabruptos y de los mensajes de odio, la realidad es que se tienen que plegar porque tienen que cumplir con la ley. Criminalizar a los niños y niñas que llegan solos a nuestro país es un ejercicio meramente propagandístico.

¿Ha podido estar con algunos de los menores que han llegado a Ceuta?

Hemos estado con un grupo de niños y niñas muy pequeños recién llegados. El perfil ha cambiado mucho. Hay bebés, hay niños de siete, ocho, nueve años. No deja de conmover hablar con ellos y pensar en las dificultades que tienen niños que son exactamente iguales a los que vemos en cualquier centro educativo y que solo quieren jugar y ser felices.

Hay mucha gente que no entiende el tono excesivamente amable del Gobierno con Marruecos, al que no le hace el más mínimo reproche por lo ocurrido. ¿Usted lo entiende o tiene algún reproche que hacerle a Marruecos?

Me parece incomprensible que 70.000 personas se muevan sin que Marruecos supiera algo. Insisto en que hay una multiplicidad de causas y habrá que evaluarlas todas y analizarlas correctamente. Pero hay cosas que ya sabemos, como que esto no es algo que surja la semana pasada. Esto es algo que tiene mucho que ver con el tipo de política migratoria que ha puesto en marcha la Unión Europea. Hay que defender un modelo migratorio diferente.

¿Cuántos días faltan para que el Gobierno pueda garantizar que ningún niño o niña va a estar durmiendo en la calle o no va a tener para comer o beber?

Yo estoy trabajando con muchísima determinación para que sea lo antes posible. Ya estamos en condiciones de decir que comida y agua tienen todos, pero estamos trabajando para que lo más rápidamente posible todos tengan la atención de acogida integral a la que tienen derecho.

España vuelve a ir al choque con Italia. El Gobierno ha decidido este viernes imponer de manera temporal controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de este país en respuesta a la negativa del Ejecutivo de Giorgia Meloni de levantar los suyos, reintroducidos desde la crisis de Ceuta.

Estos controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00:00 horas de este sábado 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad –pasaporte– y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visa permiso de residencia, según explican fuentes de Moncloa.

Estas medidas se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que haya “un cambio en las circunstancias” que han motivado su adopción.

El día ha sido un cruce de comunicados. El primero del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez llegó al mediodía, con un ultimátum: fuera los controles en Italia a viajeros que proceden de España o se tomarán “medidas proporcionales”. Meloni replicó unas horas después, elevando el tono. No solo decidió que mantendría las restricciones, sino que respondió a España que “no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras”.

Dado que Italia conservará esas medidas hasta tener la seguridad de que “no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo”, España ha respondido en torno a las 21.00 que aplicará las mismas medidas “ante la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino”.

Una medida que España ve injustificada

El choque entre ambos países, vecinos y socios europeos, se desató tras la entrada en suelo español de 72.000 personas por la frontera entre Marruecos y Ceuta. En plena crisis y con la ciudad autónoma colapsada, Italia promovió un escrito de varios gobiernos de la UE para reprender la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez y llegó a plantear incluso la exclusión española del espacio Schengen de libre circulación. España recibió ese movimiento como una declaración de hostilidades y una deslealtad.

“Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España. Desde el año 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros. A pesar de lo anterior, España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central”, recriminó este viernes el Gobierno español en el mismo escrito de advertencia a Meloni.

El Gobierno de España pasa a la ofensiva tras las hostilidades abiertas por Italia a consecuencia de la crisis de Ceuta. Después de que la ultra Giorgia Meloni decidiera de manera unilateral establecer controles fronterizos en suelo italiano a viajeros españoles, el Ejecutivo da ahora un ultimátum: o levanta esas restricciones a la libertad de movimientos antes del domingo o responderá de manera “proporcional”.

“La medida adoptada por el Gobierno italiano es injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española. Por ello, instamos al Gobierno de Italia a que rectifique, ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos. Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”, reza un comunicado oficial del Gobierno.

En ese mismo escrito, el Ejecutivo analiza la respuesta de Italia a la crisis fronteriza vivida en Ceuta el pasado 31 de julio. “El pasado 1 de agosto, el Gobierno de Italia reintrodujo los controles en frontera con España, afectando a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival. Esta medida, sin precedentes en la historia reciente, se adoptó sin aviso previo, de forma unilateral, y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad”, apunta el comunicado, en el que España arremete contra la situación migratoria de Italia y su doble vara de medir.

“Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España. Desde el año 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros. A pesar de lo anterior, España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central”.

Por último, España recuerda que “ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma de Ceuta tiene un régimen especial en el mismo” así como que “que la práctica totalidad de ellos ya han retornado a Marruecos”.

Italia “no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero”

El Gobierno de Giorgia Meloni ha respondido en un comunicado público al mensaje del Ejecutivo español y ha asegurado que “Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras”.

“En ningún caso tenemos intención de reconsiderar la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que lleguen desde España, al menos hasta el 15 de agosto y, en cualquier caso, hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia”, ha detallado en el escrito.

El propio Gobierno italiano ha tratado de justificar que no levantará las medidas porque “se espera una nueva oleada de migrantes en Ceuta en esa fecha”. “Solo cuando estemos seguros de que no habrá riesgos para la seguridad ni riesgos terroristas para Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo, será posible revisar lo que ya se ha decidido”, ha replicado.

Italia sigue consideran “un país amigo” a España y defiende que esto “no menoscaba la relación, al igual que decisiones similares adoptadas en el pasado por el gobierno italiano, por ejemplo, hacia Eslovenia, y por gobiernos europeos hacia Italia y la propia España”.

“Las autoridades fronterizas italianas harán todo lo posible para garantizar la máxima accesibilidad a los ciudadanos españoles y europeos, quienes, cabe destacar, no se ven afectados por la reintroducción de los controles en las fronteras aéreas y marítimas”, ha reiterado.

El Gobierno mantiene el dispositivo desplegado en Ceuta y estrecha la coordinación con Marruecos ante un nuevo llamamiento masivo en redes sociales y otros canales para organizar un cruce a España similar al del pasado 31 de julio, cuando atravesaron la frontera y llegaron a suelo español 72.000 personas, según datos oficiales. Aunque la Seguridad del Estado da plena credibilidad a esos mensajes difundidos en grupos de WhatsApp, Facebook y en publicaciones en Instagram, desde el Ejecutivo rebajan la alarma y creen “muy poco probable” que un episodio de tal magnitud sea posible en estos momentos.

“Estamos en permanente contacto con Marruecos y ambos gobiernos ya estamos sobre aviso”, trasladan desde el Ejecutivo, desde donde mandan un mensaje de calma. “Nada hace prever que algo ni remotamente parecido pueda ocurrir otra vez. No hemos bajado la guardia y estamos en plena coordinación con el gobierno marroquí”, subrayan esas mismas fuentes.

En las últimas horas han corrido como la pólvora mensajes parecidos a los que circularon los días previos por redes sociales y que llegaron a convencer a decenas de miles de personas de jugarse la vida para cruzar a Ceuta. Muchos de ellos hacen referencia al próximo 15 de agosto como fecha para sortear la frontera. Aunque algunos mensajes en grupos de WhatsApp proponen adelantarlo a “antes del 15, porque ese día habrá demasiada gente”, según los chats a los que ha accedido Maldita.es y ha publicado este periódico. En el Gobierno consta, incluso, que algunas publicaciones se refieren también a este próximo fin de semana.

Pero según el Ejecutivo español, todos los mecanismos de vigilancia y alerta desplegados tras la crisis de la semana pasada continúan activos. Los ministerios de Defensa, Interior, Exteriores y Migraciones mantienen reuniones periódicas para compartir información y también interlocución directa con sus homólogos marroquíes, que reportan planes específicos de controles fronterizos en suelo marroquí e incluso medidas preventivas excepcionales, como cortes de tráfico o desvíos de carreteras que impidan la vía libre que se encontró hacia la frontera el 31 de julio.

“Todo se verá el 15 de agosto”

Según la información publicada por Maldita en elDiario.es, en Instagram las publicaciones entremezclan perfiles personales con otros dedicados específicamente a contar cómo cruzar la frontera. La mayoría comparten sus fotos con la fecha del 15 de agosto de 2026 e incluyen etiquetas como “Fenideq”, “Fnidaq”, o “FENIDG CEUTA” para indicar el punto de salida, Castillejos (Marruecos), y la frase “todo se verá/aparecerá ese día”.

Muchos de los perfiles identificados nunca habían publicado sobre migración y lo hicieron por primera vez entre el 31 de julio y el 3 de agosto. Los comentarios se centran en darles ánimos y pedir cuidado y precaución, mientras otros usuarios comparten sus números de teléfono y piden ser añadidos en los canales de WhatsApp.

En un grupo en Facebook llamado ‘Alhucemas, puerta de Ceuta’, un usuario escribió el pasado 3 de agosto un mensaje explícito: “Hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra”. Una fecha que ya sonaba desde el propio 31 de julio: “¿Qué sucederá el día 15/8/2026?”, escribió otro usuario anónimo el 31 de julio de 2026 a las 8:52 de la mañana (hora peninsular española). “¿Cuál es el plan del 15/8?”, escribe otro, a lo que otro integrante del grupo responde pidiendo precaución: “Tened cuidado, esto no es un ataque al azar. Esto no es lo mismo que la destrucción de ayer”.

En un grupo de Telegram al que también accedió Maldita.es, un usuario pide redirigir la conversación a chats privados: “Hermanos, hay un golpe antes del 15; el día 15 estará demasiado lleno. Quien quiera ir, que envíe un mensaje privado”. A lo que otros integrantes responden con mensajes de voz en los que se mencionan “cortes” entre Marruecos y España, cierres en las fronteras, avisos de una mayor presencia policial y advertencias de que no encontrarán ayuda para cruzar. “Hermanos, ¿cuánto mide la red de abajo donde pusieron una barrera entre Ceuta y Fnideq [Castillejos] para el que quiera sumergirse?”, pregunta otro usuario en un audio por la barrera flotante que ha instalado el Gobierno español en el espigón del Tarajal.

Ceuta pide blindar la frontera

Mientras cientos de menores continúan en las calles de Ceuta a la espera de recibir agua, comida y de ser filiados para acceder al sistema de acogida al que tienen derecho, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pide el “blindaje” de la frontera común con Marruecos y mayor dotación de medios personales y materiales“.

“Nuestra población se siente triste, impotente, inquieta, temerosa y preocupada. Y tiene motivos, porque es inevitable preguntarse si esto no se producirá en otro momento, y ese será el definitivo para la caída al abismo”, dijo en su intervención ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.

En esa cita, el mandatario ceutí comenzó defendiendo que en su ciudad ha habido una “invasión” y que, según el diccionario de la Real Academia Española, “por invasión debe entenderse en su segunda acepción la ocupación anómala o irregular de un determinado lugar”. Según el Gobierno, 70.000 de las 72.000 personas que cruzaron el 31 de julio ya han vuelto a Marruecos y solo quedan en suelo español 2.000, gran parte de ellos menores de edad.

Tan solo tres días después de que 22 de los 27 países de la Unión Europea firmaran en plena crisis de Ceuta una durísima carta para señalar la política migratoria española, el Gobierno ha conseguido que tanto sus socios como las autoridades comunitarias se retracten. Al menos, que lo hagan en sus mensajes públicos.

Tras la felicitación el lunes de la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, a la gestión de España y Marruecos, este martes llegó mensaje unánime de “solidaridad” de los ministros europeos de Interior, que también valoraron “los rápidos y eficaces esfuerzos de las autoridades españolas”. Cerró el círculo el Comisario Europeo de Interior y Migraciones para desvincular lo ocurrido en Ceuta de la regularización de migrantes llevada a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, uno de los mantras de los últimos días la derecha y la extrema derecha española y europeas.

“No se ve un vínculo directo en este momento entre la regularización y los incidentes en Ceuta”, admitió Magnus Brunner, que en cualquier caso dejó claro que su postura como político de la derecha austríaca es que “la regularización no es una buena señal”. Brunner destacó el mensaje tranquilizador trasladado por el ministro español, Fernando Grande-Marlaska, en una reunión con todos sus homólogos comunitarios que se prolongó durante más de tres horas este martes. “El ministro español confirmó que la situación está bajo control, que nadie se ha trasladado a la España continental y que el espacio Schengen no ha sido afectado. Ha sido un encuentro para clarificar los hechos sobre el terreno”.

Tras esa cita por videoconferencia, que tuvo lugar después de que Grande-Marlaska arremetiera contra el “egoísmo” y la “falta de solidaridad” del conjunto de socios europeos, el titular de Interior compareció ante los medios de comunicación para explicar el viraje de los 27 y de las instituciones comunitarias. “Quiero entender que la visión de unas imágenes que son impactantes o quizás un interés más partidista les hizo responder de esa forma. Pero han recapitulado la situación, la han analizado y han reconocido que somos un socio leal que hace su trabajo. Estamos a la vanguardia de la inmigración legal y segura”, reivindicó.

Al término de esa reunión, solicitada formalmente por Pedro Sánchez, la UE difundió un comunicado para mostrar su “solidaridad” con España tras encontrar un “entendimiento común” sobre la necesidad de “seguir luchando sin descanso” contra las redes de tráfico de migrantes y para valorar “los rápidos y eficaces esfuerzos de las autoridades españolas para responder a la situación en Ceuta”.

Ese respaldo expreso a España tras afrontar una crisis como la de Ceuta llega después de que la tensión con la mayoría de socios europeos provocara un choque político e institucional en toda regla. La veda la abrió la ultraderechista Giorgia Meloni. Tras las imágenes de decenas de miles personas cruzando desde Marruecos la frontera de Ceuta para pasar a territorio español la primera ministra italiana llegó a plantear la posibilidad de expulsar a España del Tratado de Schengen que permite la libre circulación de ciudadanos entre los países europeos. Una iniciativa que secundaron Finlandia, la República Checa o Dinamarca.

El movimiento, que pilló al Gobierno español en plena gestión de una crisis fronteriza sin precedentes tras la entrada de 72.000 personas en 24 horas, generó un profundo malestar. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, tras unas declaraciones de su homólogo italiano, Antonio Tajani. Y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió a sus socios.

“Me dirijo a ustedes para expresar mi profunda preocupación por la reciente reacción que algunos gobiernos europeos han mostrado tras el incidente ocurrido en la frontera exterior de la Unión Europea, en Ceuta”, le escribió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y que ejerce funciones de mediación. El jefe del Ejecutivo recordó a los países críticos que “la solidaridad y la empatía son opcionales” pero “el respeto a los tratados europeos y a los datos, no”, tras compartir algunas cifras de entradas de migrantes en varios puntos de la frontera de la Unión Europea que constatan que no es España el principal punto de entrada de los flujos de inmigración ilegal.

Lo que sí volvió a exigir este martes el Gobierno es que Italia cese en sus controles a ciudadanos españoles que pisan suelo italiano. “En mi primera intervención he trasladado que no entendía los controles de Italia a viajeros de España”, dijo Marlaska sobre su reunión con los ministros del Interior. “España nunca ha levantado controles cuando había riesgos reales de movimientos secundarios de inmigración en otros puntos. Pero es que aquí ninguna persona sale de Ceuta sin control. El espacio Schengen no ha estado en riesgo en modo alguno. Vamos a ver qué pasa y a ver si Italia repiensa la situación. Yo solicito que inmediatamente se levanten esos controles”, apostilló.

Fue el propio ministro quien elevó a 72.000 el número de personas que cruzaron el 30 de julio por la frontera de Ceuta, de los cuales asegura que ya solo quedan 2.000 en territorio español. Para dar respuesta a la acogida de esas personas el Gobierno anunció este martes una partida extraordinaria de 25 millones de euros. Las ONG que trabajan en Ceuta denuncian que cientos de personas han pasado días en suelo ceutí sin recibir ni agua ni comida ni ningún tipo de atención humanitaria.

El Gobierno da por zanjada la crisis abierta con la mayoría de socios europeos que se lanzaron a criticar la política migratoria de España en plena crisis fronteriza de Ceuta. Tras una reunión por videoconferencia de más de tres horas del conjunto de ministros de Interior de la Unión Europea, Fernando Grande-Marlaska ha comparecido ante los medios de comunicación para dar cuenta de un encuentro en el que asegura que los 27 han trasladado a España su reconocimiento por el trabajo hecho.

“Se ha reconocido el trabajo extraordinario, eficaz e inmediato de las autoridades españolas ante una crisis de tal magnitud. Todos lo han puesto en valor y lo han reconocido. Y han puesto en valor el trabajo de coordinación con el Reino de Marruecos, con quien hemos trabajo de manera firme para evitar tragedias humanas antes y después del 30 de julio”, ha dicho en rueda de prensa.

Cuestionado por el viraje del conjunto de países de la Unión Europea, al que el propio Ejecutivo español llegó a definir como “egoístas” y faltos de solidaridad, el ministro del Interior ha asegurado que sus colegas comunitarios tienen hoy más información que en los primeros momentos de la crisis. “Quiero entender que la visión de unas imágenes que son impactantes o quizás un interés más partidista les hizo responder de esa forma. Pero han recapitulado la situación, la han analizado y han reconocido que somos un socio leal que hace su trabajo. Estamos a la vanguardia de la inmigración legal y segura”.

Marlaska ha vuelto a rechazar de plano que su departamento o el conjunto del Gobierno tuvieran aviso alguno de los servicios de inteligencia sobre que una situación así podría ocurrir en la frontera, aunque ha querido evitar las críticas expresas al CNI. “No censuro a nadie. Mi confianza y reconocimiento al CNI es absoluta. Juegan un papel prioritario y esencial y garante. Dicho esto, no hubo ningún informe ni aviso de que nada de lo acontecido pudiera pasar. Insisto: ni informe, ni aviso. Si alguien lo preveía nos lo hubiera hecho saber, se me hubiera trasladado y hubiera remitido y transmitido a quien vosotros podéis entender (en referencia a Presidencia del Gobierno). Y hubiéramos activado y conformado una reunión de emergencia para tomar las medidas necesarias”.

El ministro, que ha dicho que “estas cosas pueden ocurrir” pero que lo importante es que “estamos preparados para responder a una crisis de este tipo”, ha cifrado en 72.000 la cifra de personas que atravesaron el paso fronterizo y entraron en territorio ceutí, de las cuales asegura que ya han regresado 70.000. Y garantiza que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cumplen la ley a rajatabla para no vulnerar los derechos de los menores no acompañados y no devolverlos contra su voluntad, ya que están amparados por la legalidad y tienen derecho a permanecer en territorio nacional y a ser acogidos.

Comunicado de la UE

La UE ha emitido un comunicado posterior a la reunión de ministros del Interior en el que manifiestan que hubo unanimidad entre los países presentes para mostrar su “solidaridad” con España. Los 27 encontraron un “entendimiento común” sobre la necesidad de “seguir luchando sin descanso” contra las redes de tráfico de migrantes, reforzar los retornos, “fortalecer” las fronteras de la UE, establecer alianzas sólidas con terceros países y mejorar la capacidad de previsión, según señala el comunicado.

“Los ministros han valorado los rápidos y eficaces esfuerzos de las autoridades españolas para responder a la situación en Ceuta. También expresaron sus condolencias por las personas que perdieron la vida”, añade la UE.

La mayor crisis fronteriza documentada de la historia reciente de nuestro país tensiona a dos de los departamentos estratégicos del Gobierno de Pedro Sánchez. Los ministerios de Interior y Defensa chocan por el reparto de responsabilidades en la falta de anticipación de España a los movimientos que se produjeron en Marruecos los días previos a que cruzaran la frontera ceutí 60.000 personas, según los cálculos del propio Ejecutivo central. Aunque evitó referencias explícitas a la polémica en torno a la actuación del Centro Nacional de Inteligencia, Margarita Robles salió este lunes a defender expresamente el trabajo de los servicios de información españoles después de que Fernando Grande-Marlaska señalara que no ofrecieron información o aviso alguno que ayudara a prevenir la crisis.

“Quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS [Centro de Información de las Fuerzas Armadas], de los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil que, en todo momento y en condiciones muy difíciles que no se pueden contar, realizan su trabajo”, dijo la ministra, que decidió atender a los medios de comunicación tras visitar la Base Aérea de Zaragoza. A primera hora de la mañana, la Cadena SER había informado de que sí existieron avisos previos del CNI (dependiente jerárquicamente de Defensa) a Interior sobre el riesgo de una entrada masiva de personas por el paso fronterizo de Ceuta. Algo que en el equipo de Marlaska desmienten de plano.

“Es absolutamente falso. Negamos rotundamente cualquier comunicación, informe o aviso del Centro Nacional de Inteligencia al Ministerio del Interior. Al ministro le pilló por sorpresa el episodio ocurrido en Ceuta”, apuntan fuentes del departamento de Marlaska, desde donde se insiste en que los servicios de inteligencia dependen de Defensa. Y añaden que, de existir esos informes, lo “lógico” es que hubieran sido remitidos tanto al departamento de Margarita Robles como a presidencia del Gobierno, algo que la portavoz del Ejecutivo también rechazó este lunes. “No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a las que se ha tenido que dar respuesta”, dijo Elma Saiz en una entrevista en TVE.

En privado, los reproches entre Interior y Defensa son cruzados, algo que tampoco resulta novedoso por la complicada relación política y personal que es conocido que mantienen Robles y Marlaska. Creen en Interior que Defensa intenta eludir la responsabilidad política de un fallo en los servicios de inteligencia que ha impedido reaccionar de manera preventiva al desafío al que se enfrentó la semana pasada la frontera española en Ceuta y que ha acabado con la muerte de más de 80 personas. Una acusación que rechazan en Defensa, desde donde se desliza que sí que existía información suficiente como para que Interior hubiera dado órdenes mucho antes de lo que lo hizo. “Yo no voy a entrar en ninguna discusión que no favorece a nadie y que solamente favorece a unos pocos”, salió al paso Margarita Robles de las preguntas de la prensa para desmarcarse de las críticas al CNI tras recordar que también Interior tiene sus propios servicios de inteligencia.

En esa misma comparecencia improvisada ante los medios fue también la ministra de Defensa la que puso la nota discordante respecto al tono mantenido por el Gobierno con Marruecos, al que hasta ahora ha evitado criticar o reprochar nada siquiera de manera implícita. Pero Robles sí quiso mandar un mensaje al país vecino. “Hay que tener muy claro que la integridad territorial, la soberanía española, no se tocan, que a Ceuta y a Melilla no se les toca. Yo le pido al Gobierno de Marruecos que haga lo mismo que España y llegue hasta el final de la investigación, que no puede ser que se utilice a menores como se han utilizado a esas personas, echándoles a la muerte sin más”.

En las antípodas de ese atisbo de crítica se expresó antes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que cuestionado por la actitud del país vecino ante la movilización de decenas de miles de personas que acabaron por entrar en territorio español volvió a insistir en su agradecimiento a Marruecos. “Desde el primer minuto nos mostraron su disposición total e inmediata sin solicitar nada ni pedir ningún tipo de elemento más para que regresaran todos inmediatamente. Hasta el último de los que han entrado va a retornar. Es la voluntad de Marruecos”, dijo en una entrevista en TVE en la que sí arremetió duramente contra los socios europeos que se lanzaron a criticar la política migratoria española en plena gestión de la crisis.

Mientras, en Ceuta continúa desplegado el dispositivo extraordinario que implica a Policía, Guardia Civil y Ejército para localizar y devolver a Marruecos a las personas que cruzaron la frontera, gran parte de las cuales ha regresado a pie y por voluntad propia a través del paso fronterizo. Las organizaciones humanitarias han pedido una respuesta a los líderes europeos “con solidaridad” a lo sucedido. El régimen de Mohamed VI, que achaca lo ocurrido a “la actuación de redes de tráfico” y a la interpretación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra las devoluciones en caliente por mar, asegura ahora que “seguirá siendo un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, va a verse las caras con sus homólogos europeos por primera vez tras el ácido cruce de declaraciones y comunicados a raíz de la crisis desatada la semana pasada por la entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta. Este martes, los titulares de Interior de los 27 socios de la UE mantendrán una reunión por videoconferencia para analizar las repercusiones del episodio, que ha dejado 88 muertos, según datos del Gobierno ceutí. Y fuentes de Interior explican que Marlaska tiene intención de denunciar la actitud “egoísta e insolidaria” que, considera el Ejecutivo, han mantenido socios como Italia ante la crisis, además de exponer que las llegadas de migrantes irregulares a la frontera española se han reducido en los últimos dos años.

El encuentro se mantendrá a petición, por una parte, de España, y por otra, de los 22 Estados miembros que el sábado pasado firmaron una dura carta —a iniciativa de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni— denunciando las “políticas que puedan servir como factores de atracción, tales como la regularización de un número muy elevado de migrantes irregulares”. La alusión al proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez era muy clara aunque no citase expresamente el caso de España, puesto que los firmantes aseguraban que no se puede permitir “que los cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas generen la percepción de que la entrada ilegal en la UE es posible” o de que “la entrada ilegal de un migrante pueda convertirse en una estancia legal”.

Esa carta fue tan solo el corolario del choque que comenzó el viernes, cuando Italia decretó la suspensión (luego matizada) por un mes del acuerdo Schengen con España, una medida que posteriormente respaldaron —aunque sin llegar a adoptarla— otros gobiernos, como los de Finlandia o Dinamarca. La situación interna de esos países no es baladí a la hora de interpretar su reacción a la crisis de Ceuta, y evidencia la importancia de esta en el tablero ideológico europeo.

Al ejecutivo italiano, coalición de ultraderecha y derecha clásica, le ha aparecido en los últimos meses un competidor aún más extremista que los Hermanos de Italia de Meloni. Por su parte, en el gobierno finlandés la más beligerante con España fue la ministra del Interior, Mari Rantanen, de la formación ultra Partido de los Finlandeses, frente al primer ministro Petteri Orpo, del centroderechista Partido de Coalición Nacional, que intentó rebajar la tensión asegurando que “España no está sola” ante la crisis. Y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha abanderado desde hace años algunas de las posiciones más duras en materia migratoria pese a liderar a los socialdemócratas.

La decisión de Meloni de reinstaurar los controles fronterizos para los viajeros procedentes de España y el apoyo que recibió en sus críticas por parte de otros gobiernos de la UE provocó una airada reacción del Ejecutivo español. El mismo presidente Pedro Sánchez asumió en primera persona la respuesta a través de una carta que envió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el presidente de turno del Consejo de la UE, el primer ministro irlandés Micheál Martin, para expresarles su “seria preocupación” por los “ataques” recibidos por parte de algunos socios europeos.

En su escrito, Sánchez criticaba haber recibido “muy poco apoyo” de otros socios de la UE y tachaba de “egoísta e ilícita” la actuación de varios de sus líderes, a quienes achacaba haber actuado movidos “por los prejuicios, las noticias falsas, la ignorancia o el interés político”. El presidente pedía la celebración de la reunión que tendrá lugar este martes con el fin de “establecer una respuesta común a situaciones de este tipo y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros, y no solo de aquellos en la primera línea de la Unión”.

Sánchez no fue el único en reclamar una conferencia de los ministros del Interior europeos: en su propia carta a Von der Leyen, Costa y Martin, también fechada el mismo sábado, todos los socios de la UE a excepción de Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo exigían una reunión “ante la gravedad de la situación” para discutir “el apoyo necesario a España para restablecer el control efectivo de la frontera exterior de la Unión y prevenir nuevos cruces incontrolados”.

Fuentes de Interior explican que, en la reunión con sus homólogos de este martes, Marlaska tiene pensado defender la “política migratoria preventiva y no cortoplacista” del Gobierno, “que ofrece resultados estables y sólidos, gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito, como Mauritania, Senegal, Gambia y, también, Marruecos”. “No se puede dudar del compromiso de España con sus obligaciones europeas o cuestionar la diligencia española en materia migratoria”, espetan estas fuentes, que sostienen que el ministro expondrá que las cifras de llegadas irregulares a España se han reducido “en más de un 42% en 2025” y, “hasta el 16 de julio, reflejan un descenso cercano al 25% en el conjunto de España”.

Von der Leyen trata de mediar

Este lunes, en la víspera de la reunión de los ministros del Interior de los Veintisiete, Von der Leyen intentó calmar los ánimos. Lo hizo mediante su respuesta al documento que le envió Sánchez el sábado, en otra misiva en la que calificó de “eficiente y eficaz” la actuación que llevaron a cabo en Ceuta las autoridades España y Marruecos. La presidenta de la Comisión Europea evitó respaldar las críticas de la mayor parte de los Estados de la UE al Gobierno español y dio la razón a Sánchez al afirmar que “la protección de todas nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad europea compartida” y que “solo juntos podemos preservar la integridad del espacio Schengen”, aunque también dejó caer que “queda claro que debemos hacer más para reforzar aún más nuestras fronteras en puntos críticos, tanto con vigilancia constante como con el uso de barreras físicas donde sea necesario”.

El intento de conciliación de Von der Leyen, no obstante, no ha disipado la tensión entre España y el resto de los Estados miembros de cara a la reunión de los ministros del Interior. Este lunes, el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se mostraba singularmente duro con Italia y presumía de la “rapidez” con la que ha respondido España a la crisis en comparación con los problemas que, dijo, tiene este Estado —“el país con mayor número de entradas irregulares en Europa”— año tras año en la isla de Lampedusa. Albares, incluso, aseguraba que las críticas que ha recibido el Ejecutivo parten de los miembros de la “internacional reaccionaria”, que censuraron la respuesta de España antes de que el Gobierno pudiera “comprender qué es lo que estaba ocurriendo” y la “amplitud” de la crisis.

En una línea similar se expresaba el sábado el ministro Marlaska, quien aseguró entonces que la crisis de Ceuta “se ha instrumentalizado” y “se ha utilizado con fines absolutamente políticos” y pedía “más solidaridad, más responsabilidad y menos egoísmo” a Meloni. En 2023, recordó Marlaska, España “compartió la carga” de la “situación absolutamente difícil” que se produjo en la isla de Lampedusa, donde también hubo una llegada de miles de personas que querían acceder a territorio europeo de manera irregular. “Algunos tienen la memoria muy corta”, espetó el ministro del Interior, que achacó a “ignorancia o mala fe” las críticas recibidas por algunos países europeos.

El Comité Federal del PSOE debatió según lo previsto. El más crítico con la actual situación fue Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha que lleva meses exigiendo que se adelanten las elecciones generales por el daño que los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno dañen las expectativas electorales de alcaldes y candidatos autonómicos socialistas.

Page dedicó apenas unos segundos a ensalzar los logros económicos y sociales del Gobierno de Pedro Sánchez y muchos minutos a denunciar la falta de respuesta del partido y del Gobierno a los casos de corrupción. El presidente castellanomanchego volvió a reclamar el adelanto electoral. Fue una petición que cayó en saco roto, a juzgar por las mayoritarias intervenciones que le siguieron en el comité federal.

La única intervención que siguió la línea de Page correspondió a Míriam Andrés Prieto, alcaldesa socialista de Palencia, quién afeó a Sánchez sus nombramientos de secretarios de Organización (José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión, y Santos Cerdán, imputado por corrupción), y pidió el adelanto de las elecciones generales para que se celebren antes de los comicios locales de mayo de 2027. Terminó su intervención con un nuevo reproche a todo el órgano: “No entiendo por qué esté comité electoral se resiste a ver que el rey está desnudo. Por lealtad, no me resisto a gritar que el rey va desnudo”.

Mientras, ministros y exministros, como Óscar López o María Jesús Montero, respondieron a Page con dureza. Lo hicieron en representación de las federaciones de Madrid y Andalucía que ambos lideran. López y Montero expresaron en sus intervenciones un apoyo “abrumador, político y personal” a Pedro Sánchez y denunciaron las campañas de la derecha política y mediática para tumbar al Gobierno creando una falsa sensación de que la corrupción es generalizada.

Hubo otras intervenciones de apoyo cerrado a Sánchez. Pilar Alegría, exministra de Educación y líder socialista de Aragón, señaló que las campañas de insultos contra la mujer y el hermano del presidente son indignas: “No se lo hacen porque sea Pedro Sánchez, se lo hacen porque es el secretario general de nuestro partido y porque es el presidente del Gobierno de España (...). En política se admite la crítica, pero hay ataques que solo forman parte de la crueldad. Y ante eso, todos los que estamos aquí tenemos que poner pie en pared, por los valores que representan este partido”.

La presidenta del Congreso y líder balear, Francina Armengol, ensalzó la gestión del Gobierno de Sánchez y de los alcaldes y presidentes autonómicos socialistas: “Los socialistas de Baleares tenemos muy claro que las elecciones generales serán cuando el presidente decida, y su historia le avala (...) El pasado, pasado es. Hay que hablar de futuro y de esperanza. La gente vota esperanza y vota ilusión, por las propuestas que les transmitimos”.

Al final de la reunión ha tomado la palabra el propio Sánchez. “Es claro y evidente que España está hoy mucho mejor que en 2023 y no digamos ya que en 2018. Creo que tenemos muchas garantías de poder volver a repetir una mayoría parlamentaria”, ha afirmado. Para concluir, el presidente se ha preguntado: “¿El proyecto está agotado? Si a mí me preguntan, yo les digo: ”¡Tengo unas ganas de volver a ganar en 2027!“.

Con un mensaje idéntico al que lanzó el miércoles en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez ha salido al paso este sábado en el Comité Federal de su partido de las críticas por los escándalos de corrupción que afectan al PSOE. Y ha vuelto a advertir a quienes piden un adelanto de las elecciones generales que el Gobierno seguirá en pie hasta 2027. “Limpiaremos lo que haya que limpiar y seguiremos gobernando”, ha dicho.

El secretario general de los socialistas ha admitido el desgaste sufrido por casos como el de José Luis Ábalos o Santos Cerdán, pero ha combatido durante toda su intervención el discurso de que todos los partidos y los políticos sean iguales. “Entiendo la decepción por la corrupción, pero no todos somos iguales”, ha clamado, para insistir en la idea de que su objetivo es que el Ejecutivo progresista continúe impulsando reformas. “A veces nos equivocamos, pero merece la pena mejorar la vida de la gente”.

“Esto no es el y tú más. Es la contundencia frente a la connivencia con la corrupción”, ha señalado respecto a la ofensiva de PP y Vox, a los que ha responsabilizado de representar “el regreso de la corrupción sistémica”. “Entiendo que después de pasar 30 minutos ante el televisor viendo esta cascada de informaciones, los ciudadanos pues tengan la tentación de pensar que todos somos iguales, que no importa qué prioridades, qué ideas, qué principios tengamos quienes ocupamos los puestos de responsabilidad porque al final todos somos lo mismo. Pero no es cierto”, ha dicho para reivindicar las políticas sociales desplegadas por su Ejecutivo.

“Gobernar no es fácil en estos tiempos. A veces incluso nos equivocamos. Pero mejorar la vida de la gente siempre merece la pena. Por eso también somos molestos para los de arriba, porque somos útiles para todos los demás”, ha apostillado.

El presidente del Gobierno, que ha reciclado para la cita ante su partido la literalidad de gran parte del discurso que pronunció ante las Cortes Generales, ha vuelto a distinguir la naturaleza de los casos que afectan a su partido. Tras encajar el desgaste de casos de corrupción como los de Ábalos y Cerdán, que ha dicho que se “sirvieron” a sus espaldas de un PSOE que “no se ha financiado ilegalmente”, Pedro Sánchez ha vuelto a pedir respeto a la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.

“Me consta, porque hablo con él de manera regular, que dará todas las explicaciones precisas”, ha dicho el presidente del Gobierno, antes de volver a defender el legado político de Zapatero y de denunciar la filtración de sus datos personales. “No es aceptable el atropello que tanto él como su familia han sufrido de sus derechos fundamentales, filtrando a la opinión pública su agenda privada de los últimos años”. Y ha vuelto a reclamar a la Justicia “que sea justa”, en referencia a los casos de su pareja y su hermano, Begoña Gómez y David Sánchez, cuya inocencia ha defendido.

Page pide elecciones

Como ya es un clásico, la voz más crítica entre los líderes territoriales que han desfilado ante la prensa a la entrada del Comité Federal ha sido la del castellanomanchego, Emiliano García-Page. “Es el peor momento de la historia reciente del PSOE, el más grave. España entera se pregunta solamente cuándo (habrá elecciones). Y tenemos que anteponer los intereses de España a los propios, y los del PSOE de mañana a cualquier dirigente”, dijo en la puerta de la sede socialista de la calle Ferraz.

Page insistió ya de puertas adentro en la exigencia de unas elecciones generales anticipadas y en denunciar “la falta de autocrítica” de Sánchez y la dirección ante los escándalos de corrupción. “Lamento que no haya ni una sola palabra, ni una sola explicación, sobre los resultados en las últimas cuatro elecciones autonómicas. Alguna responsabilidad tendrá la política nacional, el Gobierno y la dirección federal cuando han votado varios millones de españoles”, ha sotenido el presidente castellanomanchego, según fuentes de su entorno.

“Las cosas están peor que hace un año. Insisto en que la moción de confianza o elecciones hubiera sido un mensaje contundente que hubiera sido bien recibido por los ciudadanos. ⁠Si hay adelanto electoral, que sea pensando en nuestra infantería, no en las exigencias de PNV y Junts. A los alcaldes les interesa que el ruido de la política de Madrid no impida que se hable de su gestión. Hoy la tensión de la política nacional lo tapa todo”, ha señalado. A esa demanda de Page, la de que Sánchez disuelva las Cortes y adelante las elecciones, el presidente replicó en su cierre: “Abandonad toda esperanza”. Y apostilló que quienes ahora piden que tire la toalla y convoque son los mismos que en su día propiciaron la investidura de Rajoy. Una vez finalizado el Comité Federal, desde el equipo de Page respondieron a esa réplica que “los que piden elecciones ahora lo hacen con los mismos argumentos que Sánchez utilizó en 2018 para decirle a Rajoy que si él dimitía, retiraba la moción de censura”.

Page ha puesto encima de la mesa que la dirección del PSOE abra expedientes “a algunos militantes”, en una referencia que muchos han relacionado con la situación de José Luis Rodríguez Zapatero. Y ha pedido que el partido se querelle contra Leire Díez. “Los culpables de la corrupción son los corruptos. Pero la gente distingue entre culpabilidad y responsabilidad y para evitar que nos hagan responsables hay que tener más cortafuegos contra ellos como presentar una querella contra Leire”.

Illa pide “lealtad” para Pedro Sánchez

En el lado opuesto, Salvador Illa ha suscrito “completamente, sin matices” las palabras del secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “El diagnóstico ya está hecho, lo que toca ahora es centrarse en por qué hay que seguir y para qué”, ha dicho el president de la Generalitat de Catalunya, que ha reclamado respeto a los valores socialistas y lealtad a Pedro Sánchez.

“Ser socialista es compartir unos valores y comprometerse con ellos. Llevar la máxima igualdad y fraternidad a la ciudadanía. Ante tanto ruido y desinformación no hay mejor relato, mejor narrativa, que la verdad de los hechos. Por lealtad al proyecto político, a los valores. A la organización de la que formamos parte. Al secretario general del partido. El coste personal que está sufriendo merece lealtad por parte de todos. Me siento orgulloso de ser socialista, la cara bien alta. Ni nos doblan ni nos callan. Admitir los errores y corregirlos. No hay una organización perfecta, pero sí fiel a sus principios”, ha dicho. Un mensaje ampliamente secundado entre las 33 intervenciones del Comité Federal de este sábado.

Cuatro derrotas electorales (Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura); varias investigaciones judiciales sobre corrupción, una mayoría parlamentaria que reclama elecciones generales y una dirigencia crítica en distintos grados con la estrategia resistente del secretario general. Pedro Sánchez llega al Comité Federal del PSOE sin el respaldo unánime que hubiera deseado y en un momento de debilidad manifiesta, pero tendrá el apoyo cerrado del máximo órgano entre congresos del partido, donde se respira una calma tensa ante el nuevo ciclo electoral. “La paz de los cementerios”, prefiere llamarlo uno de los barones territoriales, que no oculta su inquietud por “la lealtad mal entendida” que hoy reina en el socialismo español.

Quien así habla está convencido de que, más allá del castellano-manchego Emiliano García Page, o la alcaldesa de Palencia, Miriam de Andrés, durante la cita de este sábado nadie se atreverá a cuestionar ni la estrategia ni los plazos que determine Pedro Sánchez, pese a que hay una mayoría silente que no comparta la narrativa del “vienen a por nosotros” que ha construido el sector oficialista para defenderse de la campaña política, mediática y judicial de acoso y derribo contra el Gobierno.

Aun así, nadie espera otra cosa que no sea que unidad orgánica en mitad de lo peor de la tormenta por la que atraviesa un PSOE cercado por una sucesión de causas judiciales que han acostumbrado a Pedro Sánchez a vivir al borde del precipicio. A las puertas del calendario electoral de 2027, que incluirá elecciones generales, municipales y varias autonómicas, el presidente del Gobierno y secretario general se dirigirá a su partido para levantar la moral de una formación política lastrada y herida por casos especialmente dolorosos, como la histórica condena de 24 años de prisión a José Luis Ábalos o la traumática investigación a José Luis Rodríguez Zapatero que instruye la Audiencia Nacional.

Los negocios del expresidente del Gobierno y la fotografía de las joyas que guardaba en la caja fuerte del despacho de Ferraz han impactado en el mismísimo corazón de la dirigencia y de la militancia hasta tal punto que varios secretarios generales consultados por elDiario.es sostienen que “aunque salve lo judicial, lo ético ya nunca será reparable”. Algo de esto se percibe también en el ámbito del Gobierno, donde el propio presidente ha empezado a marcar distancias con una causa que afecta a “alguien que no ocupa cargo institucional ni orgánico desde hace 15 años”.

Todos los barones sin excepción distinguen entre los casos Ábalos, Cerdán y Leire y los que afectan a la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, que consideran “una auténtica persecución cuyo único objetivo es minar la resistencia probada de Sánchez”. De hecho, hay secretarios generales que perciben entre los cargos y las bases “una respuesta de acción-reacción” que podría extenderse a un electorado “que empieza a percibir que la derecha política y judicial ha traspasado todas las líneas rojas de la decencia y la ética”.

Entre quienes consideran que ni todo es lawfare ni todo es corrupción, y los que dibujan un horizonte negro para el PSOE en los próximos meses, lo que sí habrá este sábado son voces que defiendan una moción de confianza o la convocatoria anticipada de elecciones, como viene haciendo la derecha desde antes incluso que salieran a la luz los casos de corrupción de Ábalos o Cerdán. Unas prefieren que sean en otoño, para que entre generales y autonómicas y locales haya un tiempo razonable en medio que permita a alcaldes y candidatos regionales recuperarse de “una segura debacle”. Y otras creen que podrían convocarse en febrero o marzo de 2027, una vez que el Congreso tumbe los Presupuestos Generales.

En cualquier caso, se trata de una incógnita cuya respuesta solo tiene el presidente y que hay quien sostiene que “se utiliza torticeramente para justificar posibles malos resultados en determinados territorios que no tienen que ver con la acción del Gobierno, sino también con la gestión de alcaldes y barones”, añade otro secretario general. En Ferraz manejan, de hecho, informes cualitativos que todavía hoy sitúan a Pedro Sánchez en valoración por encima de la de los candidatos a elecciones autonómicas e incluso por encima de la marca PSOE. El presidente del Gobierno ha dejado caer ya en todo caso que el horizonte de las urnas podría anticiparse respecto al verano de 2027, descartando así el superdomingo electoral del que recelaban tanto los socios parlamentarios como gran parte de los territorios del PSOE.

Calendario de primarias y medidas anticorrupción

El Comité Federal de este sábado servirá, además, para activar la maquinaria de cara al ciclo electoral que se avecina ya a la vuelta del verano. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, elevará una propuesta ya negociada con las federaciones en la que, por primera vez, se incluirán tres ventanas voluntarias para celebrar primarias: julio, septiembre y noviembre. Cada municipio, cabildo, consell insular, junta general de Euskadi y comunidad autónoma puede concurrir a la ventana que prefiera.

La primera se abrirá el 29 de junio, justo tras el Comité Federal, y la votación se celebrará el 19 de julio. Según este calendario, del 29 de junio al 1 de julio se establece el plazo para comunicar qué municipios y comunidades concurren al calendario de ese mes. Del 2 al 3 de julio se podrá llevar a cabo la presentación de candidaturas mientras que la recogida de avales tendrá lugar del 4 al 11 de julio. A partir del día siguiente, el 12 de julio, comenzará la campaña de información, que se extenderá hasta el 18. Finalmente, el 19 de julio se celebrará la jornada de votación de la primera vuelta. En el caso de que haya que ir a una segunda vuelta, esta se votará el día 26, reservando del 20 al 25 para la campaña.

Según explican en Ferraz, el calendario responde a la petición que los territorios han ido trasladando a la Secretaría de Organización del PSOE de que los plazos fueran flexibles, de manera que cada territorio pueda adaptarse a sus necesidades.

Tras la crisis de reputación de una formación política golpeada por casos como los de Leire Díez y sus dos exsecretarios de organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, el PSOE volverá a impulsar en este Comité Federal un paquete de medidas anticorrupción que abundará en las diseñadas hace ya justo un año, cuando saltó a la luz el escándalo de Cerdán.

Entre ellas se incluirán como novedades más competencias para la Comisión Federal de Ética y Garantías. Desde este sábado, ese órgano podrá comprobar y custodiar las declaraciones de bienes y actividades, realizar de oficio o a instancia de la Comisión Ejecutiva Federal propuestas o emisión de informes en materia de transparencia, integridad, buen gobierno y ética pública.

Pedro Sánchez avisa a la oposición y a sus propios socios: quien tenga algún tipo de expectativa de que tire la toalla y convoque ya elecciones por los casos de corrupción que afectan a su partido, que espere sentado. El presidente del Gobierno salió al paso este miércoles en el Congreso de la ofensiva sin cuartel del PP y de Vox, pero también de las críticas de sus propios socios. Lo hizo tras admitir como “particularmente dolorosas” las “ilegalidades” cometidas por José Luis Ábalos, tras desligar a su Ejecutivo de cualquier vicisitud judicial que tenga que afrontar Zapatero y tras defender a su pareja y a su hermano de “acusaciones infundadas”. Y lo hizo para pasar al contraataque.

“Para mí la pregunta no es si debemos continuar, la pregunta es cómo no vamos a hacerlo. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país es evidente que será un Gobierno como el nuestro, y no uno del PP con Vox, el que podrá acabar con ellos”, dijo el presidente en su primera intervención. En ese arranque de comparecencia, de apenas media hora, aprovechó para solventar el trago de mencionar, uno a uno, casi todos los casos judiciales que atenazan al Ejecutivo en los tribunales, que definió como un “nubarrón que eclipsa nuestro debate público” y que quiso diferenciar en tres grupos.

“Hay un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero. Una investigación en torno al expresidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de coalición progresista no tiene nada que ocultar ni lamentar. Y una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar al Gobierno mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras”, enumeró.

Sobre Ábalos, a cuyo escándalo no puso paños calientes, aseguró que se trataba de un caso que le daña especialmente. “Sus ilegalidades son particularmente dolorosas, porque he compartido camino político con él. Y me cabrean y me apenan”. Sobre Zapatero, volvió a apostar por su inocencia y por defender su legado político, aunque esta vez introdujo un elemento de distancia respecto al porvenir judicial del expresidente para desligar a su Ejecutivo de los negocios privados que se investigan.

“Seamos francos. En este asunto, al Gobierno solo le compete una cosa: aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra. Y la respuesta es clara: no lo hubo. Por tanto, señorías, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, que no especule. Ni insinúe. Ni susurre en los pasillos. Que lo demuestre con pruebas. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo bien hecho”. Y al final clamó por los casos de su pareja y su hermano. “Para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, dijo sobre David Sánchez y Begoña Gómez para pedir a la Justicia “que sea justa”.

Desde ese momento, Sánchez pasó al ataque. Con sus socios, para advertirles de que una alternativa que pase por PP y Vox solo empeorará las cosas en cuanto a la lucha contra la corrupción y también respecto al retroceso “de 50 años” en la conquista de derechos y libertades. Y a la oposición para recordarle que no está dispuesto a aceptar lecciones de quienes considera que no tienen autoridad moral para dar ejemplo. “No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo instante por montar toda una policía patriótica con la que espiaron, durante años, a más de un centenar de rivales políticos y periodistas y con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados”, le dijo a Feijóo.

Como suele hacer en los momentos más complicados del Ejecutivo, el presidente volvió a recordarle al líder del PP su relación de amistad con el narcotraficante gallego Marcial Dorado. “Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Lo saben todos los diputados progresistas, lo saben los diputados nacionalistas, pero, sobre todo, lo sabe el señor Abascal, los diputados y diputadas de Vox y algunos de sus colegas de la bancada del Partido Popular. Por eso Vox les eligieron a ustedes como socios de gobierno y a usted le eligieron para liderarles, porque esperan que usted juegue sucio para tumbar este gobierno, como hizo en Galicia, y que les ayuden a dar pelotazos con privatizaciones”, le dijo.

Feijóo clama en el desierto de los socios de Sánchez

Lo que volvió a constatar el líder del PP este miércoles es que no tiene los números para una moción de censura contra Pedro Sánchez, ni siquiera 48 horas después de una sentencia histórica: 24 años de cárcel para el que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos. De hecho, Alberto Núñez Feijóo vio cómo uno de los socios del Gobierno que en las últimas semanas había pedido elecciones anticipadas, Junts, esta vez no lo hizo.

En su primera intervención, Feijóo se dirigió a “los socios”, a los que pasó a llamar “cómplices”. “Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura. Por mí hoy, lo haríamos hoy mismo”, espetó, para volver a prometer “unas elecciones que Sánchez se niega a convocar”.

Pero el ánimo de los socios está muy lejos del expresado por Feijóo. Para muestra, lo ocurrido en el Senado mientras Sánchez comparecía en el Congreso. El PP presentó una moción para reclamar elecciones anticipadas, con un texto calcado al que planteó Junts la semana pasada. El PNV votó en contra y los de Carles Puigdemont optaron por no participar en la votación. El pasado mes de mayo, ambos partidos se abstuvieron en una iniciativa similar.

Los socios elevan el tono sin romper

Como se esperaba, PP y Vox fueron las formaciones más críticas con un Sánchez al que la ultraderecha, incluso, acusó sin pruebas de estar preparando un fraude electoral para perpetuarse en el poder más allá de 2027. No obstante, la mayor parte de los socios del presidente tampoco escatimaron en críticas, aunque evidenciaron que no son un bloque unívoco.

Algunos, como ERC o Podemos, elevaron el tono contra la Moncloa, pero solo los morados le pidieron convocar elecciones. Otros, como EH Bildu, mantuvieron una actitud mucho más templada y se centraron en exigir a Sánchez que reactive la legislatura. Y Junts, que dinamitó los puentes con el Gobierno hace ya meses, incluso le propuso una salida que no implicaría convocar elecciones, como habían pedido hasta ahora: dimitir para elegir otro presidente socialista en el Congreso.

En el PP no se toman en serio la propuesta que hizo Junts para que Sánchez dimita. Una “ocurrencia discursiva”, según apuntan desde la dirección del PP. “¿Cuántas sentencias necesitan?”, se cuestionan en Génova. “¿Queréis seguir? Seguid. ERC sube y Junts baja; PNV baja y Bildu sube”, apuntan las mismas fuentes, que zanjan: “Los socios quieren seguir apadrinando a este Gobierno. Así sea”.

La formación de Carles Puigdemont denominó a su propuesta la “vía Starmer”, en referencia al primer ministro británico, que anunció el martes su renuncia para dejar paso a otro dirigente laborista tras sus pésimos resultados en las elecciones locales de hace unas semanas. “Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir con Catalunya y los catalanes”, le espetó a Sánchez la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que afirmó que el presidente “no tiene mayoría ni legitimidad para ocupar el poder”. “A veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero no el pueblo por un hombre”, apostilló.

Pero Sánchez, lejos de recoger ese guante, elevó el tono contra un Junts al que esta legislatura ha evitado generalmente tratar con dureza, pese a que los de Puigdemont se han alejado de forma progresiva del Gobierno hasta terminar enfrentados con él. “No se anden por vericuetos, señoría. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el PP y con Vox, háganlo, pero no se busquen subterfugios”, espetó el presidente, quien, de manera irónica, atribuyó a sus políticas de distensión en Catalunya el mérito de que Junts pueda hablar con el PP “y que el PP les reconozca a ustedes como un actor político con el que armar una mayoría para hacer una moción de censura”.

Tampoco se arredró Sánchez ante las críticas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que no abrió la puerta a que los republicanos retiren su apoyo al Ejecutivo, pero sí preguntó a Sánchez si “sabía algo” en relación a los casos de José Luis Ábalos o Leire Díez y, directamente, si ha “robado”. “El 'y tú más', el 'y tú peor', el 'yo no sé nada', no sirve”, dijo el portavoz de ERC, que recordó que él mismo negoció “durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez” y afirmó que “su palabra era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez”. “Así que menos caritas y no me cuenten milongas, que sé perfectamente lo que estoy preguntando”, reclamó.

“Yo no me voy a rendir para poder envolverme en un halo de supuesta superioridad moral, señor Rufián”, le contestó Sánchez, que aseguró que está dispuesto a “asumir los errores” que haya cometido y a “actuar en consecuencia”. Pero eso, dijo, “no se hace desde la oposición, ni tampoco desde Twitter”. “Gobernar no es resistir, pero tampoco es desistir”, y “según todas las encuestas, hay una amplísima mayoría de votantes de ERC, en concreto el 70%, que quiere que el Gobierno agote la legislatura”, le dijo Sánchez a Rufián.

Al presidente tampoco le gustaron las críticas que le hizo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que aseguró que “es el momento de que deje paso porque el daño que le han hecho al proceso político de transformación impulsado por el 15M y por el 8M y a nuestra democracia es irreparable” y sostuvo que “este Gobierno no aporta ya nada más que decepción tras decepción”.

“Bueno, señora Belarra, pues claro, todo empezó y termina con Podemos”, respondió de forma irónica Sánchez, que despachó displicentemente a la líder morada en apenas 30 segundos de su réplica. “Dice que yo soy el del rearme militar y que apoyo de mentira a los palestinos porque estoy con Israel y con EEUU. Pues para usted la perra gorda, qué quiere que le diga”, zanjó. Y se marchó tras uno de sus plenos más difíciles. Sin convencer a casi nadie, pero con su eterna promesa de que el epílogo de su historia política, tantas veces anunciado, aún está por escribirse.

Los partidos que hicieron hace tres años presidente del Gobierno a Pedro Sánchez tienen cada vez menos claro el futuro de la legislatura, aunque este miércoles volvieron a evidenciar que no son un bloque unívoco. Mientras algunos, como ERC o EH Bildu, mantienen su apoyo a Sánchez pese a endurecer el tono contra él, otros, como Junts, volvieron a exigirle la dimisión, si bien los de Carles Puigdemont improvisaron este miércoles una nueva propuesta: que el presidente imite al ya ex primer ministro británico, Keir Starmer, y renuncie a su cargo sin convocar elecciones para que el Congreso escoja un nuevo presidente.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, fue quien reclamó la puesta en marcha de esta vía para investir a un nuevo candidato con la misma mayoría que dio la investidura al líder del PSOE en 2023. “Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir con Catalunya y los catalanes”, planteó durante su respuesta a la comparecencia de Sánchez tras la sentencia que ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel.

Nogueras reprochó a Sánchez que, en los últimos meses, “una gran parte de la energía” del Gobierno “se dedica a gestionar problemas de usted”. “Todo no puede quedar paralizado por una persona”, y “no tiene mayoría ni legitimidad para ocupar el poder”, le espetó la portavoz al presidente, a quien también dijo que “a veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero no el pueblo por un hombre”.

Por su parte, su homóloga del PNV, Maribel Vaquero, también evitó pedir a Sánchez que adelante las elecciones, y durante su intervención dejó muy claro que tampoco tiene intención de respaldar una hipotética moción de censura del PP contra él. Pero los nacionalistas vascos se han mostrado muy críticos con el Gobierno tras conocer la sentencia del caso Mascarillas. “El PNV no está en ninguna operación contra nadie. Algo que le quiero dejar claro también al Partido Popular. Nosotras no estamos aquí para salvar su gobierno u otro gobierno de España. Estamos para representar a Euskadi”, remarcó Vaquero desde el atril del Congreso.

La representante del PNV recordó que apoyaron la investidura de Sánchez “a cambio de un acuerdo que no se ha cumplido en su totalidad”, y por eso le pidió avanzar en esas medidas. Pero también acusó a Sánchez de “dar la espalda a una ciudadanía hastiada, cansada, enfadada, que ya no sabe en qué ni a quién creer”. A su juicio, “el Gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo, que vienen PP y Vox, de la derecha y la ultraderecha, como si ese aviso permanente pudiera sustituir la rendición de cuentas, la gestión o la explicación de sus propias decisiones”. No obstante, ante esos acuerdos de las derechas, el PNV aseguró que “va a seguir defendiendo unas instituciones libres de dogmatismos, políticas que permitan seguir mejorando la situación de la ciudadanía”.

Quien sí pidió por primera vez elecciones anticipadas fue la líder de Podemos, Ione Belarra. Durante su intervención, Belarra recordó que “millones de personas confiaron” en Sánchez “para dos cosas, regenerar la política española y avanzar en derechos”, y espetó que “a la primera usted ha contestado con gravísimos casos de corrupción y a la segunda, con el mayor rearme de la historia de este país que está destinando a armas y a tanques el dinero de nuestra educación y de nuestra sanidad públicas”.

“Usted y el PSOE no han servido para ninguna de las dos cosas que tenían que hacer. Y por eso es el momento, presidente, de que dejen paso, porque el daño que le han hecho al proceso político de transformación impulsado por el 15M y por el 8M y a nuestra democracia es irreparable”, señaló Belarra. A su juicio, “ningún demócrata presidente debería tener miedo a que la gente tome la palabra en un momento de crisis como éste en el que este gobierno no aporta ya nada más nada”.

Rufián eleva el tono, pero ni él ni Bildu piden elecciones

El mismo tono duro utilizó contra Sánchez el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que elevó la contundencia de sus críticas contra el Gobierno en el pleno de este miércoles. En ningún caso Rufián abrió la puerta a que los republicanos retiren su apoyo al Ejecutivo, pero sí preguntó directamente a Sánchez si “sabía algo” en relación a los casos de José Luis Ábalos o Leire Díez y, directamente, si ha “robado”. “El ‘y tú más’, el ‘y tú peor’, el ‘yo no sé nada’, no sirve”, espetó el portavoz de ERC, que sostuvo que en política “está lo legal y está lo moral” y sostuvo que “cuando la izquierda roba, nuestra gente llora, y cuando la derecha roba, su gente ficha”.

“He aquí la pregunta, señor presidente: ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Más sencillo y más simple. ¿Ustedes han robado?”, cuestionó Rufián a un Sánchez que le miró con rostro muy serio durante toda su intervención. El portavoz de ERC justificó el endurecimiento de su tono recordando que “al exnúmero dos del PSOE, el que ayudó” a Sánchez “a ganar otra vez la secretaría general” del partido, “una persona tremendamente poderosa en su Gobierno, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta”. “Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez, su palabra era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas y no me cuenten milongas, que sé perfectamente lo que estoy preguntando”, espetó Rufián.

Más suave en las formas fue su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que aunque aseguró que “la lucha contra la corrupción no puede ser superficial ni selectiva, debe ser integral”, también sostuvo que eso debe implicar “saberlo todo”: tanto lo relativo a las causas que afectan al Gobierno y al PSOE como lo referente a “los corruptores, las estructuras, redes e intereses que hay detrás de todo ello”. Aizpurua aseguró que estas redes se incardinan en los aparatos del Estado, y pidió a Sánchez en el que también pidió al presidente Pedro Sánchez “dejar de resistir, superar la parálisis, abandonar la estrategia del ‘y tu más’” y recuperar la iniciativa política para culminar lo que queda de legislatura.

En este contexto, la portavoz abertzale afirmó que Sánchez debe “asumir tres compromisos claros que den un sentido a la legislatura si desea continuar: aclarar, depurar y tomar las medidas necesarias ante cualquier atisbo de corrupción; enfrentar la operación política con medidas profundas y estructurales de democratización; y desplegar una agenda plurinacional real y profundamente social que dote de un propósito a lo que reste de legislatura”. Y es que, a juicio de Aizpurua, los “casos que estamos conociendo sobre supuestas prácticas alrededor de su partido” son “muy graves”, pero eso “no obsta para que también exista una evidente operación en marcha para acabar la legislatura, tumbar su gobierno y, especialmente, cerrar la ventana de oportunidad para un ciclo social y plurinacional”.

“Nosotros no damos por buena cualquier actuación policial o judicial por el simple hecho de venir revestida de legalidad: no es desconfianza abstracta, es memoria política”, espetó la portavoz de EH Bildu. Aizpurua aseguró que en ciertos sectores del Estado se han “encendido todas las alarmas” y se está “justificando cualquier actuación” ante “la posibilidad de articular una mayoría plurinacional y progresista que realmente pueda impulsar una democratización profunda que rompa los candados del régimen del 78 y conlleve cambios estructurales en la propia concepción social y nacional del Estado español”.

Condena a la corrupción de Ábalos, distancias con el 'caso Zapatero, defensa de su pareja y su hermano y ofensiva contra el PP y Vox. Pedro Sánchez ha dedicado su comparecencia de este miércoles en el Congreso para repasar los temas judiciales que afectan a su partido y a su Gobierno, que ha diferenciado en tres categorías, y para pasar al ataque con la oposición, a quien ha acusado de estar intrínsecamente ligada a la corrupción. “Todos los diputados de esta Cámara sabemos que un gobierno suyo con Vox no serviría para limpiar España de corruptos, serviría para que España se llene de ellos y que nuestras instituciones volviesen 50 años atrás en el tiempo”, le ha dicho a Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno ha defendido que “no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas. Sean quienes sean”. Y ha insistido en que el PSOE no se ha financiado ilegalmente y que él no conocía ni uno solo de los comportamientos investigados o ya sentenciados. “Es razonable suponer que, en los próximos meses, el goteo de noticias y avances judiciales continúe. Habrá nuevos hallazgos. Nuevas acciones judiciales. Las derechas mediática y política venderán como una nueva muestra más de eso que llaman ahora degradación política. Pero no nos equivoquemos. Desgraciadamente, la degradación ya ocurrió. Lo que vamos a presenciar en los próximos meses es su persecución y su purga”, ha sostenido.

El líder del Ejecutivo ha diferenciado la cascada de causas judiciales que sepultan al Gobierno y que ha definido un “nubarrón que eclipsa nuestro debate público”. “Hay un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero. Una investigación en torno al Expresidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y en la que el Ejecutivo de coalición progresista no tiene nada que ocultar ni lamentar. Y una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar al Gobierno mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras”, ha enumerado.

Sobre la condena de 24 años de cárcel por corrupción del que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, el presidente del Gobierno no ha ocultado el impacto. “Son particularmente dolorosas, porque he compartido camino político con él. Y me cabrean y me apenan”. Sánchez ha vuelto a defender la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha reconocido, nuevamente, su legado político. Aunque ha marcado distancias con el porvenir judicial al que pueda enfrentarse el expresidente.

“Seamos francos. En este asunto, al Gobierno solo le compete una cosa: aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra. Y la respuesta es clara: no lo hubo. Por tanto, Señorías, no debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación del Gobierno. Y quien quiera proyectarla, que no especule. Ni insinúe. Ni susurre en los pasillos. Que lo demuestre. Con pruebas. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros del trabajo bien hecho”.

También se ha referido Sánchez a las situaciones judiciales que afrontar su pareja o su hermano, que ambos casos en el PSOE consideran ejemplos claros de ofensiva política desde los tibunales. “Para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, ha dicho sobre David Sánchez y Begoña Gómez. “Solo voy a pedir a la Justicia que sea justa”, ha apostillado.

“Ante ese panorama”, ha proseguido, “para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a hacerlo. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país es evidente que será un Gobierno como el nuestro y no uno del PP con VOX el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos no los hemos tapado; los hemos perseguido. Y porque nosotros trabajamos para la gente, no para las élites”, ha apuntado para descartar cualquier sombra de duda sobre un adelanto electoral precipitado.

Y en ese punto, ha pasado a la ofensiva para entrar al choque con el PP y con Vox. “No sean hipócritas. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen al ex Fiscal General cuando presumen públicamente, cada semana, de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo instante por montar toda una policía patriótica con la que espiaron, durante años, a más de un centenar de rivales políticos y periodistas y con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados”.

Es ese mismo argumento en el que ha empleado la práctica totalidad del tiempo de su segundo turno de palabra, cuando ha dado la réplica a los grupos parlamentarios. “Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Lo saben todos los diputados progresistas, lo saben los diputados nacionalistas, pero, sobre todo, lo sabe el señor Abascal, los diputados y diputadas de Vox y algunos de sus colegas de la bancada del Partido Popular. Por eso Vox les eligieron a ustedes como socios de gobierno y a usted le eligieron para liderarles, porque esperan que usted juegue sucio para tumbar este gobierno, como hizo en Galicia, y que les ayuden a dar pelotazos con privatizaciones”, le ha reprochado al líder de la oposición.

“Ustedes hostigan a mi mujer por llevarse cero euros en su trabajo y protegen a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos”, ha proseguido el presidente en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, Sánchez le ha afeado a Feijóo que cuando era presidente de la Xunta de Galicia “no hizo nada” ante los casos de corrupción que le afectaron. Y le ha recordado “los contratos que firmó el señor Feijóo cuando era el responsable del Servicio de Salud de Galicia con las empresas de Marcial Dorado, que era un narcotraficante amigo con el que pasaba veraneos y se iba de vacaciones”. “Cuando estalló el caso Bárcenas, el señor Feijóo dijo del tesorero del Partido Popular que era un pillo y que había que distinguir entre el partido y la persona que trabajaba para el partido”, ha añadido.

Mitigar un incendio que hasta hoy está fuera de control. Esa es la principal misión con la que Pedro Sánchez llega este miércoles al Congreso, en mitad de un aluvión de causas judiciales que asedian al Gobierno y mantienen la legislatura al borde del bloqueo. La sentencia de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, el hombre que lo fue todo en política para el presidente, ha sido la puntilla. Cada vez más socios del PSOE marcan distancias y exigen explicaciones y responsabilidades de escándalos como el del exministro, el de Santos Cerdán y Leire Díez o el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque Sánchez pondrá también sobre la mesa causas como la de su pareja, Begoña Gómez, como paradigma de un intento de “causa común” para derribar a su Ejecutivo a cualquier precio.

“No vale confundirlo todo, no todos los casos son iguales. Hay algunos que están empeñados en mezclarlo todo para hacer una causa común”, dijo este martes el ministro Óscar López. Un argumento al que recurrirá el presidente en su comparecencia del Congreso. Pedro Sánchez asumirá ante la Cámara Baja sus errores con personas de su máxima confianza, como el propio Ábalos o Santos Cerdán. Pero volverá a reivindicar que su partido fue capaz de romper amarras con dos pesos pesados de primer nivel en momentos muy incipientes de los procedimientos, incluso antes de ser imputados, y por muy traumáticas y dolorosas que resultaran sus salidas. Y enfrentará esa forma de actuar con el propio proceder del Partido Popular.

“Asumimos lo que tengamos que asumir, pero no vamos a aceptar lecciones del PP en materia de corrupción en ningún caso”, apuntan desde las filas socialistas. Ese recurso, el de la falta de credibilidad de la derecha para erigirse en ejemplos anticorrupción, será una de las principales bazas del líder del Ejecutivo, que piensa arrojarle a Alberto Núñez Feijóo sus dificultades para actuar, criticar o siquiera afear el escándalo que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez apretará a Feijóo, además, con el encumbramiento por parte de la derecha y la ultraderecha del empresario corruptor de la trama de Ábalos y Koldo, Víctor Aldama. Eximido por el Supremo de entrar en prisión por su colaboración en la investigación, Aldama se ha consagrado como algo parecido a un héroe antisanchista que amenaza, de plató en plató, al Gobierno en bloque y a su presidente en particular. Y el líder del Ejecutivo intentará poner al presidente del PP en la tesitura de condenar la acción corrupta del empresario, que también acredita la sentencia, como los socialistas hacen hoy con José Luis Ábalos.

También recurrirá al cuerpo a cuerpo con el PP en el caso de Leire Díez, la investigación que llevó a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a las oficinas de la sede socialista de la calle Ferraz. “Si quieren hablar de cloacas, hablaremos de cloacas”, reflexionaban en el Ejecutivo sobre el contenido de la comparecencia del presidente en referencia al 'caso Kitchen', el gran escándalo de corrupción policial que anidó en el ministerio del Interior del gobierno popular de Mariano Rajoy.

Otro de los casos más delicados que deberá abordar Pedro Sánchez es el de la investigación a los negocios privados de José Luis Rodríguez Zapatero. La estrategia de defensa del expresidente, todo un símbolo y referente del socialismo, pasa por el momento por conseguir la nulidad de la causa en base a criterios procedimentales. Pero hasta ahora no ha sido capaz de despejar las sospechas sobre sus trabajos de consultoría, los contratos de sus hijas o el origen de las joyas incautadas. Todas ellas bombas de relojería para su partido, para el Gobierno y para el propio presidente, que este miércoles insistirá en mantener su confianza en la inocencia de Zapatero y en defender su legado de políticas progresistas.

No se espera, en principio, que Sánchez recurra a insinuaciones o acusaciones directas de prevaricación al juez Peinado, que instruye la causa contra su pareja. Pero sí aludirá a este caso para dibujar que, en mitad de otros episodios con un verdadero recorrido jurídico, existen otros alimentados artificialmente que solo buscan dañarle en lo personal y en lo político y que no tienen base alguna para seguir adelante. Por la tarde, Begoña Gómez deberá acudir al juzgado para entregar su pasaporte y asumir las medidas cautelares impuestas por Peinado.

Aunque nadie en el Ejecutivo ni en el PSOE oculta ya que se atraviesan las horas más delicadas desde que Pedro Sánchez puso un pie en la Moncloa, el mensaje político general del presidente girará en torno a que sí merece la pena sostener la legislatura. Al menos, hasta el primer trimestre del año que viene, con la culminación de los fondos europeos que terminará de recibir nuestro país el próximo 31 de diciembre como gran hito señalado en rojo por Pedro Sánchez.

Que la derecha y la ultraderecha, crecidas ante el infierno judicial del Ejecutivo, recurrirán al tono habitual e incluso al insulto para descalificar personalmente al presidente y políticamente al conjunto del Gobierno es algo que se da por descontado en el equipo de Moncloa. Donde también esperan tirones de orejas de muchos de sus socios, cada vez más distantes del Ejecutivo a cuenta de los casos de corrupción, con la tranquilidad real de que no hay viso alguno de una moción de censura que haga a Feijóo presidente.

Los socios miran con desconfianza

A este respecto, quien mantuvo una actitud más dura en la víspera de esa comparecencia es Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, dio directamente por muerta este martes la legislatura tras la sentencia contra Ábalos, Koldo y Aldama. Belarra calificó de “definitivo” este fallo, y aunque evitó pedir expresamente la convocatoria de elecciones anticipadas o la dimisión de Sánchez, sí deslizó que “no hace falta solo capacidad de resistencia, también es necesario tener dignidad y ética”. De cara a la comparecencia de este miércoles, la líder de Podemos afirmó que su partido ya no le “pide” nada a un mandatario que considera amortizado y que, dijo, “en cuanto ha tenido un Gobierno en el que solo manda el PSOE ha destinado todo el dinero al rearme, a la especulación con la vivienda” y ha albergado casos de “corrupción”.

Otros socios del Gobierno, por el contrario, se mantienen expectantes ante lo que pueda decir un Sánchez al que cada vez ven con más recelos, aunque aún le conceden algo de crédito. PNV y Junts, los más críticos con él, evitaron lanzar nuevas andanadas contra el Ejecutivo a lo largo del martes. Los nacionalistas vascos, por boca de su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, se limitaron a insistir en que darían la legislatura por “agotada” si caen los Presupuestos, e insistió en que es en ese proyecto donde Sánchez debe dejar claras sus “prioridades” de cara a lo que queda de un mandato que, pese a todo, el PNV considera agonizante.

Mientras tanto, Sumar, que desde el estallido de los últimos casos de corrupción que afectan al PSOE ha mantenido un complejo equilibrio, volvió a mostrarse este martes crítico con los socialistas, pero, a la vez, despejó cualquier duda sobre la posibilidad de salir del Ejecutivo. Lejos de abonar esta opción, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, aseguró que la comparecencia de Sánchez este miércoles debe aportar “contundencia”, “transparencia” y “verdad”, y exigió al ala socialista que el Gobierno aproveche los meses que quedan de legislatura para reactivar la agenda legislativa.

“Lo que toca ahora es avanzar en esta legislatura para conseguir más derechos para la gente”, sostuvo Martínez, que afirmó que Sumar espera que Sánchez, en su comparecencia de este miércoles, exponga tanto un paquete de “medidas de democratización y contra la corrupción” para “recuperar la confianza” de la ciudadanía como también iniciativas “para solucionar crisis de vivienda”, para aprobar el control horario en las empresas o para poner en marcha la prestación universal por crianza. Este miércoles “no basta con hablar de corrupción”, argumentó Martínez, mientras la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, abundó en la misma línea que la coalición espera “acción y medidas” además de “transparencia y verdad” por parte de Sánchez.

También se muestra expectante ante la comparecencia de este miércoles ERC, que, sin embargo, asegura que el presidente debe coger el toro por los cuernos porque “no está para decepcionar más”. El lunes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguraba públicamente que “gobernar es legislar, no resistir”, y que “aguantar” solo tiene sentido si existe un “para qué” y la legislatura se llena de “contenido”. Y fuentes de la formación republicana sostienen que, si Sánchez “solo se queda en el y tú más” en la comparecencia, “va a ser una decepción”. “Tiene que proponer algo, no quedarse en aguantar por aguantar”, insisten estas fuentes, que celebran, por ejemplo, el aumento de la inversión en dependencia aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

En la misma línea se expresaba el lunes el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una entrevista en Radio Popular en la que afirmó que la duda que debe despejar el Gobierno de cara a los meses que quedan de legislatura es “qué propósito tiene”. “No vale con decir los otros son peores o más corruptos: no tiene que haber corrupción y tiene que haber un programa plurinacional de izquierdas que le dé a la gente satisfacción en problemas como el de la vivienda”, argumentó Otegi. No obstante, los independentistas vascos tienen decidido mantener su apoyo al Ejecutivo ante la “barbarie que representan Trump y las extremas derechas a lo largo y ancho del mundo”. “Nosotros no somos equidistantes, frente a eso estamos en el otro lado de la línea”, aunque “evidentemente queremos un Gobierno que combata la corrupción”, zanjó.

El Gobierno afronta, otra vez, unas horas críticas. La histórica sentencia a José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel por el 'caso mascarillas', pesa ya como una losa sobre un Ejecutivo que se abrió paso mediante una moción de censura, precisamente, contra la corrupción del PP. A la espera de la comparecencia de este miércoles del presidente, Moncloa traslada un mensaje de contundencia contra la corrupción pero pide no hacer “causa común” con la cascada de investigaciones que afectan a los socialistas.

“No vale confundirlo todo, no todos los casos son iguales. Hay algunos que están empeñados en mezclarlo todo para hacer una causa común. Pero lo importante es actuar y el PSOE actuó, mientras el PP está volcado en tapar la corrupcion de Ayuso”, dijo en rueda de prensa el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Aunque ni el ministro ni la portavoz del Ejecutivo quisieron entrar a valorar los detalles de la sentencia, sí que insistieron en el mensaje de que la corrupción no se combate igual en todas las formaciones políticas. “Quienes creemos en la política, en la democracia y en la separación de poderes sabemos que lamentablemente se dan casos de corrupción en la politíca. Y sabemos que la inmesa mayorría de políticos hace un trabajo honesto, como la mayoría de los jueces o los periodistas. Pero que también hay veces que algunos no”, prosiguió López.

Preguntado expresamente por las responsabilidades políticas en el seno del Gobierno y del partido tras la condena a un hombre que tuvo todo el poder político y económico tanto en el Consejo de Ministros como en Ferraz, el ministro de Transformación Digital puso en valor las decisiones tomadas en su día para suspenderlo de militancia y expulsarlo del grupo parlamentario. “Nosotros tenemos muy claro que el que la hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso. Lo importante es combatir la corrupción. Y en el PSOE se actuó meses antes de que hubiera una sentencia”.

En esa misma línea, Elma Saiz destacó que el Gobierno asumió “desde el primer momento” las responsabilidades políticas tras las primeras investigaciones judiciales que salpicaron al exministro José Luis Ábalos. La portavoz del Ejecutivo también ha asegurado que desde Moncloa insistieron en que iban a respetar los tiempos de la justicia y que condenan “sin matices” los comportamientos “que se alejan de los valores que lleva a gala este Gobierno”.

“De integridad, de transparencia, de mérito. Esos son los valores que sustentan la acción política del Gobierno. Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del Gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda”, ha apuntado Saiz, que ha evitado además valorar los “detalles” de la sentencia que condena al que fuera ministro de Transportes, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

Otro golpe durísimo para el Gobierno. La histórica condena a José Luis Ábalos de 24 años de cárcel supera de largo las previsiones hechas en el Partido Socialista, que considera “desproporcionada” la sentencia y que tendrá que afrontar ahora la digestión política de ver a su exnúmero tres como el ministro de la democracia con mayor pena sobre sus hombros. Aunque en Ferraz y Moncloa se afanaron desde el estallido del caso en romper puentes con Ábalos para perimetrar el impacto de un caso de corrupción en el corazón del Ejecutivo, la resolución este lunes del Tribunal Supremo sobre el conocido como 'caso mascarillas' supuso otro torpedo en la línea de flotación de los socialistas, asediados en los juzgados por una cascada de casos.

Expulsado del partido y desterrado en su día al Grupo Mixto del Congreso tras negarse a renunciar a su acta, la figura de Ábalos resulta trascendental para entender la trayectoria política de Pedro Sánchez. Fue el hombre hoy condenado quien, cuando casi todo el mundo le había dado la espalda, le organizó al líder socialista las primarias en las que consiguió doblarle el brazo a todo el aparato de su partido para volver a proclamarse secretario general. Y un personaje central en la negociación de la moción de censura de 2018 que lo convirtió en presidente y que él mismo defendió en la tribuna contra la corrupción del PP de Mariano Rajoy.

De esos dos hitos políticos obtuvo como recompensa convertirse en uno de los hombres más poderosos del país: fue encumbrado por Sánchez como secretario de Organización del Partido Socialista y también como ministro de Transportes, el departamento con mayor presupuesto público de todo el organigrama del Ejecutivo. Una situación de privilegio que, según el Supremo, fue aprovechada para poner en pie una “organización” criminal para “obtener un común beneficio económico”.

Por esos hechos, el alto tribunal decidió este lunes condenarle por unanimidad a 24 años y tres meses de cárcel, un castigo exponencialmente superior al de otras sentencias históricas como la del ministro José Barrionuevo, condenado a 10 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, malversación y falsedad documental en el Caso GAL, o Jaume Matas y Rodrigo Rato, condenados a nueve y cuatro años respectivamente también por escándalos de corrupción.

Aunque de manera oficial el PSOE y el Gobierno emitieron sendos comunicados de respuesta en los que acataba la resolución, entre las filas socialistas es generalizado el sentimiento de que el Tribunal Supremo ha vuelto a resultar un terreno “hostil” para el Ejecutivo con decisiones que consideran cuanto menos “discutibles” y que resaltan que se han sucedido desde la aprobación esta legislatura de la Ley de Amnistía. Para esa lectura el Partido Socialista no solo pone el foco en la elevadísima condenada a José Luis Ábalos, sino que también le otorga relevancia política y judicial al dictamen sobre Víctor Aldama.

El Supremo rebaja extraordinariamente la pena al empresario corrupto que se benefició con 3,7 millones de euros e incluso le exonera de entrar en prisión a cambio de trabajos para la comunidad. Una decisión contra la que varios dirigentes del Partido y ministros del Gobierno se lanzaron públicamente. “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora”, publicó en sus redes Óscar Puente. La portavoz de Ferraz, Montse Mínguez, planteó también en sus redes sociales: “24 años para Ábalos. 19 años para Koldo. 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. ¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo”.

Erigido ahora en referente del 'antisanchismo' y apadrinado por Vox o por Desokupa en las manifestaciones contra el Gobierno, Aldama quiso mandar un mensaje público este lunes a su salida del Supremo tras conocer su condena y quedar en libertad. “Estoy satisfecho, espero que los demás que vienen detrás, colaboren”. Un mensaje explícito, deslizado también desde la propia oposición, y que en el PSOE y en el Gobierno creen que es la principal moraleja que subyace del fallo judicial de este lunes.

Lo que temen en las filas socialistas es que el paso dado por el Supremo con el empresario corrupto, al que ni siquiera le reclama devolver los más de 3 millones de euros que se embolsó con el 'caso mascarillas', sea un aviso a navegantes para las causas que aún se encuentran en plena investigación. Y que figuras como Leire Díez, Santos Cerdán o Julio Martínez vean un claro incentivo en aportar en sus procedimientos munición contra el Gobierno para aliviar sus situaciones procesales.

Por el momento, la reacción de los socialistas es mantener el rumbo con el calendario electoral de 2027 y salir al paso de las voces, incluso de sus propios socios, que proclaman que la legislatura no da más de sí. “Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público. A lo largo de estos años, hemos construido equipos, actuado, e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello. Por eso lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada”, emitió Moncloa en una nota pública.

Este miércoles el presidente comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los casos que se amontonan en torno al PSOE y al Gobierno. Según fuentes del Ejecutivo, Sánchez asumirá su responsabilidad en casos como el de Ábalos o Cerdán, pero hará una diferenciación clara respecto a otros que los socialistas consideran directamente lawfare, como los casos de la pareja o el hermano del jefe del Ejecutivo. E intentará retratar la permisividad del PP de Feijóo con sus propios escándalos para defender que “la corrupción no solo define a quienes la cometen, sino que también retrata a quienes actúan y a quienes miran hacia otro lado”.

Una estrategia destinada a destruir personalmente a Pedro Sánchez para que tire la toalla y se marche. Así reciben en el Palacio de la Moncloa la última maniobra del juez Peinado, que este sábado envió a juicio a la pareja del presidente, Begoña Gómez, e hizo suya la petición de la asociación ultraderechista HazteOir para imponerle la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días como medidas cautelares. Una decisión que “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”, según una nota distribuida a los medios por el propio Ejecutivo.

Aunque la noticia no cayó por sorpresa en el Gobierno, la confirmación de que Juan Carlos Peinado está dispuesto a llegar hasta el final y cruzar todas las líneas rojas procesales ha conseguido soliviantar a las filas socialistas después de semanas de 'shocks' postraumáticos por las investigaciones de José Luis Rodríguez Zapatero o Leire Díez. La sensación de flagrante injusticia respecto a una causa que afecta al entorno familiar más íntimo del presidente volvió a recorrer este sábado los chats internos de federaciones, de dirigentes y de militantes del PSOE, en los que incluso en algún caso se animó a salir a la calle en señal de protesta y apoyo a Sánchez y Begoña Gómez.

“Estamos ante un señor que utiliza de manera autoritaria el poder que le confiere ser juez para humillar a una persona y para reventar al presidente. No nos engañemos, esto no busca desgastarlo sin más para que pierda las próximas elecciones. Es más grave. Busca reventar a Sánchez en lo personal y que se rinda ya hoy por el miedo a que su mujer acabe en la cárcel”, apunta una de las personas del Ejecutivo más cercanas al presidente.

El impacto de las medidas cautelares en lo personal, en efecto, es enorme. Además de la exposición pública a la que obliga a Begoña Gómez por tener que acudir cada dos semanas a uno de los juzgados más concurridos de Madrid, la pareja del presidente del Gobierno no puede desde este sábado viajar fuera de España. La razón esgrimida por Juan Carlos Peinado es que podría fugarse. Y no tiene reparos incluso en señalar a los agentes de su permanente escolta policial como posibles facilitadores.

“Es un delirio. Y aunque nos afecte en primera persona lo que más nos preocupa es la afectación a la institucionalidad básica en una democracia. Porque puede fallar un eslabón de la cadena, como es el juez Peinado, pero no debería fallar el sistema. El Poder Judicial tendría que haber impedido llegar hasta aquí”, reflexiona otra fuente del más alto nivel en el Ejecutivo.

Más allá de lo personal, en el plano político empieza a consolidarse el 'efecto Peinado' como un elemento nuclear de la foto fija de la legislatura. En mitad de una tormenta perfecta de investigaciones que monopolizan el debate público y de las que hoy parece imposible que el PSOE salga indemne, como las de Zapatero o Leire Díez, la evidencia de que la causa contra la pareja del presidente es un exceso y un atropello judicial —la Audiencia Provincial ha tenido que revertir algunas de sus decisiones— ayuda al Ejecutivo a intentar asentar en la opinión pública la idea de una campaña orquestada para tumbar al Gobierno por medios no democráticos. Un discurso que pone en bandeja el proceder del instructor que investiga a Begoña Gómez y con el que los socialistas se lanzan ahora en tromba en busca de algo parecido a un efecto bumerán.

“Es una persecución injusta contra una persona inocente. Se ha intentado destruir su reputación y utilizar su nombre como arma política contra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE”, emitieron desde Ferraz en un comunicado. En esa línea se sucedieron mensajes públicos durante toda la jornada. “La instrucción pone de manifiesto una obsesión enfermiza por parte de Peinado por llevarse por delante a la mujer del Presidente del Gobierno, como sea”, publicó en sus redes sociales el ministro Óscar Puente. “Es un atropello sin precedentes: la fijación, el ensañamiento y la ausencia de garantías desde el primer momento. Así no se defiende el Estado de derecho, se erosiona. La justicia debe ser igual para todos. No se puede perseguir a una persona inocente por cuestiones políticas”, compartió Óscar López. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, reaccionó: “Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia. Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo. ¿Quién reparará el daño causado?”.

A la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid responda al recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, nadie esperaba este sábado en Moncloa giros de guion del presidente del Gobierno, que tras la imputación de su pareja se tomó cinco días de reflexión y amagó con dimitir. Según las fuentes consultadas, aquella decisión de no tirar la toalla ante el envite “personal y político” de Peinado y la estrategia del PP y la ultraderecha se mantiene vigente. Y se preguntan cuánto de lejos no habrá ido el juez en su escrito para que salieran en cascada a reprender su argumentación organizaciones tan poco amistosas con el Gobierno de Pedro Sánchez como los sindicatos policiales.

A última hora del día, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó la “más enérgica queja” a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” realizado por el magistrado Juan Carlos Peinado. El ministro del Interior defendió que la actuación de los agentes “se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho”. Y por eso, según un comunicado del departamento de Marlaska, decidió ponerlas en conocimiento de la presidenta del Poder Judicial “al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones”.

Primer trimestre de 2027. Esa es la fecha máxima de caducidad que el Partido Nacionalista Vasco, uno de los socios estratégicos del Gobierno, le pone a la legislatura. Y no es una fecha lanzada al azar. Que las elecciones generales se convocaran en los primeros meses del año que viene implicaría acercar la disolución de las Cortes al calendario de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno se dispone a poner en marcha de forma inminente. Justo lo que los nacionalistas le reclamaron esta semana a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y a lo que el presidente, a preguntas de la prensa en Bruselas, no cerró la puerta este jueves.

“Agradezco el tono constructivo de grupos como el PNV, que se abre a negociar esos presupuestos. A partir de ahí negociaremos con ellos y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos cuando se produzcan estas hipótesis”, dijo tras ser cuestionado por la posibilidad de que las elecciones se convoquen una vez decaigan las cuentas. El día antes, la portavoz del PNV fue explícita desde su escaño en la sesión de control. “Presidente, presente los Presupuestos Generales del Estado, es su obligación. Pero, si no consigue un acuerdo en esta Cámara, disuelva las Cortes y convoque elecciones”, le reclamó Maribel Vaquero.

El mensaje público del PNV llegó después de semanas de conversaciones privadas al máximo nivel entre Sabin Etxea y Moncloa que se intensificaron después de que Aitor Esteban elevara el tono de su crítica contra el Gobierno y diera por amortizada la legislatura. Los nacionalistas vascos, en plena competencia electoral en Euskadi con EH Bildu, trasladaron a sus interlocutores del PSOE en esas reuniones su rechazo frontal a la hipótesis de un superdomingo electoral que hiciera coincidir generales con municipales en mayo de 2027. Y también la conveniencia de presentar y debatir el primer proyecto de Presupuestos Generales del Estado desde 2023 para que dote los próximos meses de algún contenido legislativo de calado a un mandato sepultado, a día de hoy, por los problemas judiciales del Ejecutivo.

Dicho y hecho. En cuestión de días el propio Pedro Sánchez se encargó de solemnizar como compromisos públicos las dos demandas del PNV, que considera un lastre para su estrategia política que las municipales pudieran impregnarse del debate político estatal: el presidente se apresuró a descartar en público ese 'superdomingo' electoral y anunció la puesta en marcha del calendario de Presupuestos. Según las fuentes consultadas en Hacienda, el plan ahora es aprobar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad en Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Y dar luz verde al proyecto de Presupuestos a principios de otoño para cumplir, esta vez sí, con la obligación constitucional de presentarlos antes del 1 de octubre. En paralelo, el PSOE ya ha puesto en marcha también su maquinaria electoral con el impulso al calendario de primarias.

Los cálculos aproximados que manejan en Moncloa son que la tramitación de las cuentas podría llevar al mes de noviembre el debate de enmiendas a la totalidad en el Pleno, la primera ocasión de la oposición para derribar el proyecto. Y nadie espera que se supere ese trámite parlamentario por la esperada mayoría en contra que representarían, al menos, PP, Vox y Junts. Es ese contexto, el de la derrota parlamentaria de unos Presupuestos Generales del Estado, el que ahora parece más propicio para que Pedro Sánchez procediera a disolver las Cortes y convocar elecciones en el primer trimestre del año que viene. Un escenario sobre el que en el equipo del presidente, aunque prefieran mantener la prudencia, consideran ya que en ningún caso supondría “un adelanto como tal”.

Celebrar las elecciones en febrero o marzo cumpliría, en realidad, con la hoja de ruta que siempre marcó Sánchez y que pasaba por descartarlas de plano para cualquier momento anterior a 2027. “No solamente tenemos que gestionar y culminar con éxito los fondos europeos, que terminan el 31 de diciembre de 2026. Tenemos que culminar la aplicación total y efectiva de la Ley de Amnistía, precisamente para ensanchar de nuevo nuestra democracia, volver a reencontrarnos y abordar los problemas de fondo, los conflictos territoriales que tiene nuestro país”, insistió esta semana en el Congreso para refrendar unos planes, en cualquier caso, al albur del calvario judicial del Ejecutivo y del siempre posible volantazo en la estrategia del presidente.

“Es la oportunidad de que tus medidas brillen”

Los socios del PSOE no son ajenos a que la puesta en marcha de la maquinaria para elaborar los Presupuestos puede ser el primer paso del proceso para convocar las elecciones. Los habituales aliados parlamentarios de la Moncloa se muestran cautos, dado que es Sánchez el único que tiene la capacidad de disolver las Cortes y poner una fecha para celebrar los comicios. Pero la sensación general es que la derrota de las cuentas en el Congreso —que se da por descontada— despejaría a la Moncloa el camino para adelantar las generales al primer trimestre de 2027 en una situación más favorable que la actual: no obligado por su negro panorama judicial, sino tras haber expuesto durante meses su programa político en el debate presupuestario.

Así lo analizan fuentes de Sumar, que aseguran que los Presupuestos son una oportunidad única para que el Ejecutivo exponga su “proyecto” a la ciudadanía con los focos mediáticos sobre él. “El mejor capital político del Gobierno es lo que hace, su proyecto”, y las cuentas “te dan oportunidad de venderlo” y de “que tus medidas brillen”, insisten estas fuentes, que lamentan que, tanto en 2024 como en 2025, el PSOE haya rechazado presentar Presupuestos ante el convencimiento de que no tenía apoyos en el Congreso para sacarlos adelante.

Sumar asegura que aún no se han iniciado las negociaciones con el PSOE para elaborar el proyecto de Presupuestos que el Gobierno presentará ante la Cámara Baja, pero aseguran que reclamarán prioritariamente medidas en materia de vivienda o transición ecológica y también una reforma fiscal para subir impuestos a rentas altas y grandes empresas. Y este viernes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya planteó que quiere tener “una discusión parlamentaria” con grupos como Junts o el PNV “sobre si están de acuerdo o no en aumentar la inversión en vivienda o sobre si están de acuerdo o no en una prestación universal para las familias”, aunque también admitió que sería “lógico” un adelanto electoral si los Presupuestos caen porque “estamos en el tramo final de la legislatura”.

La Moncloa “está dibujando un escenario que le conviene”, coinciden por su parte fuentes de ERC, que —al igual que Sumar— consideran que poner en marcha una negociación de Presupuestos, “sea real o ficticia”, permitirá a Sánchez poner el foco sobre sus propuestas políticas e intentar desviarlo de los casos de corrupción que afectan al PSOE. Y no solo los socialistas pueden aprovechar esa negociación presupuestaria como un escaparate preelectoral: se convoquen o no los comicios, las fuentes de ERC consultadas explican que la formación republicana intentará imprimir su sello al proyecto de cuentas. Y, si el Gobierno rechaza sus iniciativas de máximos, esas propuestas para los Presupuestos “nos servirán para explicar nuestro modelo de sociedad”, afirman.

Podemos, por su parte, lleva días expresando en privado sus dudas sobre las intenciones de la Moncloa con su decisión de presentar unos Presupuestos que no ha querido plantear en los tres últimos años. Fuentes de la formación morada sugerían hace días la posibilidad de que Sánchez estuviera preparando “el terreno de cara al futuro calendario electoral”. Y, aunque Podemos no se va a negar a negociar con el Gobierno un eventual proyecto de cuentas públicas, lo cierto es que sus posiciones están muy alejadas en materias como el gasto en defensa, una distancia que el runrún preelectoral no ayuda a cerrar.

De los socios que hicieron a Sánchez presidente, no obstante, el único que mantiene una estrategia de oposición frontal de cara a una eventual recta final de la legislatura es Junts, que hace meses decidió romper los puentes con la Moncloa. Desde que hace un mes estallara el caso Zapatero, los de Carles Puigdemont han exigido que se disuelvan ya las Cortes y se convoquen elecciones generales, y no tienen ninguna intención de negociar los Presupuestos de un Gobierno que consideran que no tiene “capacidad de hacer nada”, en palabras de su diputado Josep Maria Cruset el miércoles. Por ahora, Junts no se plantea apoyar junto a Vox una moción de censura presentada por el PP. Pero el martes escenificó de nuevo su entendimiento con las derechas de ámbito estatal al unir sus votos en el Congreso para aprobar una moción sobre la continuidad de la legislatura, un texto en el que PP y Junts intentaron incluir una exigencia expresa de adelantar las elecciones que fue vetada por PSOE y Sumar.