Sergio Amante (Sevilla, 1994) acaba de ser elegido presidente de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas. Graduado en Ciencias Políticas y Administración, asume el liderazgo de un foro en el que confluyen organizaciones juveniles progresistas de todo el planeta en mitad de un mundo desbaratado por las guerras y marcado por el auge de populismos de extrema derecha como el de Donald Trump. Un contexto en el que España alza la bandera del 'no a la guerra' y se consolida como voz crítica ante la deriva impuesta por Estados Unidos.

¿Lo han elegido porque España está de moda para la izquierda por el ‘no a la guerra’?

Lo interpreto en clave de partido y de país. Tengo la oportunidad de poder viajar y ver lo que se dice fuera de nosotros. La solvencia que representa el proyecto de Pedro Sánchez a nivel internacional ha servido para unir a todos los comités: el americano, el europeo, el Mediterráneo, que engloba a los países árabes. Mis compañeros de otros países me dicen que hacen falta más líderes de izquierda como Sánchez en un contexto en el que la ultraderecha está en auge. Yo creo que Sánchez, a nivel internacional, le está poniendo un poco las pilas al resto de la socialdemocracia y de la izquierda global. Porque motiva que haya una izquierda que se atreve a plantarle cara al mundo que intentan imponer Trump, Netanyahu o Putin.

¿Cómo convencería a quien le lea de que las asociaciones juveniles de los partidos no son únicamente espacios para medrar y acabar ganándose la vida de la política?

A mí me hace gracia que nos dediquemos a criticar a la juventud todo el rato. Que si la juventud pasa, que si no vota, que si se queda en casa… Pero luego si esa juventud participa en política se la estigmatiza y se le cuelga ese sambenito injusto. Creo que no deberían subestimar la implicación de los jóvenes en la política. En las generales de 2023, la fuerza más votada entre los jóvenes de entre 18 y 24 años fue el PSOE. Y ha pasado recientemente en Hungría, donde la participación de la juventud fue clave para frenar a Orbán. La organización es importante. La agenda de la ultraderecha está muy coordinada y las izquierdas tenemos que coordinarnos también.

Entonces combate la idea de que la juventud pasa de la política absolutamente y que la que no pasa es porque se ha vuelto de extrema derecha.

No comparto ninguna de las dos ideas. No podemos acomplejar a los jóvenes que se meten en política, como si les tuviera que dar vergüenza involucrarse. Conozco a muchos compañeros que están perdiendo dinero, gasolina y calidad de vida, tiempo de sus parejas, o de sus familias y que hacen esto porque se lo creen.

Para demostrar que las organizaciones juveniles no están solo para hacerle la pelota al jefe, dígame una crítica que le haga al Gobierno de Pedro Sánchez o al PSOE.

He visto a muchos compañeros y compañeras decir 'no' a ciertas posiciones que ha tomado el partido o incluso apretar en otras. En mi agrupación, que es la Agrupación Socialista de la Macarena en Sevilla, ya le pedimos al Gobierno en nuestro último comité que recuperara la proposición de ley por la que se pedía regularizar a personas migrantes, que había caído en el olvido después de su votación en el Congreso. Y ahora la han aprobado y el Gobierno y el PSOE hacen bandera de ello. Creo que sí hay un punto crítico que hay que saber canalizar con el partido.

Se le ha olvidado la crítica.

Bueno, la crítica es que yo creo que el partido debería poner un poco más de cariño en sus perfiles jóvenes cuando hace las listas. Hay muchos compañeros y compañeras que se merecen estar en puestos de salida, que están haciendo un trabajo increíble para llegar a votantes jóvenes a través de las redes sociales y combatir las ideas de la extrema derecha. Y yo creo que a esos jóvenes les gustaría referenciarse luego en una candidatura que sientan más cercana.

Lo que también le gustaría a los jóvenes y a los no tan jóvenes es poder pagar el alquiler. ¿Entiende que el drama de la vivienda, que tanto marca las condiciones de vida de la gente, sea un motivo de desapego hacia la política? ¿Que la gente piense que, vote lo que vote, da igual porque no le van a bajar el alquiler?

Entiendo que eso se pueda pensar cuando se impone el relato de la derecha y la ultraderecha, que son quienes gobiernan la mayoría de las autonomías. Porque esta competencia es autonómica, y esto hay que decirlo. El Gobierno está concienciado y lo ha demostrado con las medidas que ha aplicado, pero su capacidad también es limitada.

¿No es un clamor en su entorno político y personal el enfado con el Gobierno por este tema? ¿Por no hacer más por atajar el escándalo de los precios de la vivienda?

Nadie vive ajeno a esto, yo también lo sufro. Buscar vivienda en Madrid o en otras ciudades es un auténtico drama. Te alquilan habitaciones como si fuesen suites nupciales. Pero es que no nos podemos hacer trampas. Si nos hemos dado unas reglas de un sistema autonómico en el que recaen muchas competencias, no vale que cuando haya un problema no se quieran ejercer o se ejerzan para ir en contra de lo que necesita la gente en vivienda, sanidad o educación. Es la derecha quien recorta.

¿Qué le diría a un joven que piense que la política no va con él y no sirve para nada?

Pues que piensen si les gustaría que las decisiones importantes de su vida, las más trascendentales, las tomara otra persona y no le dejasen siquiera opinar. La política es todas esas cosas importantes de la vida, porque todo es política, nos guste o no. Si tú no tomas partido cuando toca, por ejemplo cuando nos desmantelan y nos tumban el sistema público de salud o universitario como ocurre en Andalucía, puede que luego te quedes sin plaza para estudiar o sin médico que te atienda a ti o a tus padres. Son cosas reales, de la vida cotidiana, que nos pasan a todos.

¿El trumpismo y sus guerras están reanimando a una izquierda que estaba de brazos caídos?

Pienso que sí, porque nadie quiere pagar las consecuencias de todas estas causas tan injustas. El sentimiento de injusticia siempre ha sido un revulsivo para la movilización de la izquierda. Nadie ha elegido esa guerra más que dos señores por ciertos intereses económicos, y eso está costando miles de vidas inocentes y consecuencias para todo el mundo. Y yo creo que hay otro elemento. Los que venimos de familias humildes y tuvimos la oportunidad de disfrutar del ascensor social ahora tenemos miedo de que ese ascensor deje de existir. Y eso saca a mucha gente de la abstención en defensa propia, para protegerse de la injusticia y de la barbarie. Por eso creo que cada vez hay más gente convencida de que la alternativa que se ofrece en este momento a Pedro Sánchez no es viable. Porque nadie en su sano juicio quiere a un presidente del Gobierno español que sea aliado de Trump, como Feijóo o Abascal.

La regularización llevaba solo media hora en marcha cuando las primeras cien solicitudes fueron registradas. Un día después, se superaban las 13.000 peticiones telemáticas presentadas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, llega a la redacción de elDiario.es con un punto de euforia contenida ante la “normalidad” que, defiende, ha caracterizado a la entrada en vigor de una medida que la derecha mira con lupa y ya intenta frenar en los tribunales.

“Cuando el Gobierno escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado”, dice la también portavoz del Ejecutivo para referirse a un proceso de negociación particular: tras el pacto con Podemos, el movimiento impulsor de la iniciativa, Regularización YA, ha sido otro de los actores clave en el resultado final de un real decreto que ha mantenido la esencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 personas, aunque ha acabado excluyendo algunas de sus demandas.

Elma Saiz hace balance en caliente de ese arranque y habla de los obstáculos a los que podrá enfrentarse la medida. La regularización, presentada como un hito por el Gobierno, nace también rodeada de resistencias: ayuntamientos que amenazan con no colaborar, críticas de la oposición y dudas sobre cómo aterrizará en la práctica un procedimiento que depende, en parte, de informes sociales y del acompañamiento de organizaciones sobre el terreno.

Acaba de entrar en vigor la regularización. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es su balance?

Está yendo con total normalidad. Como estaba previsto, dando respuesta a la vía telemática y también a la solicitud de cita con total normalidad. A modo de anécdota, en la primera media hora de este proceso, que ha empezado a la medianoche, ya había 100 solicitudes telemáticas presentadas. Llevamos muchas semanas preparando este procedimiento con muchísimo cariño, sabiendo que tenía que estar a la altura de este hito para nuestro país.

Uno de los requisitos de última hora que está generando angustia a parte de los solicitantes es el informe de vulnerabilidad, exigido a los migrantes sin papeles [que no puedan probar vinculación laboral ni hijos menores], que deben ser por servicios sociales y ONG. Algunos ayuntamientos critican que no han recibido instrucciones por parte del Ministerio y mucha gente no logra conseguirlo. ¿Se ha coordinado este punto con todos los actores?

En este plan operativo se ha caminado de la mano del papel que tienen las entidades colaboradoras con el Ministerio, no solamente las entidades que ya vienen desde atrás colaborando, sino más allá, a través del nuevo registro de entidades colaboradoras de Extranjería, donde ya están más de 200 entidades que han dado un paso hacia adelante. Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. El informe de vulnerabilidad va a ser un informe tipo, al que se puede acceder a través de la web del Ministerio, sencillo de rellenar y fácil, comprensible, accesible. A partir de ahí las diferentes entidades que tienen presencia en todo el país van a poder revisarlo y validarlo. 

Hemos sido muy conscientes de que no podíamos permitir que ningún trámite burocrático obstaculizara este importantísimo proceso que va a dar respuesta a muchísima gente. Vamos a mantener reuniones constantes con las entidades sociales para monitorizar cómo ir solventando cualquier dificultad que pueda aparecer en el camino.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que no va a colaborar en ningún trámite y otros ayuntamientos se han posicionado en ese sentido. ¿Temen que muchos ayuntamientos del PP puedan obstaculizar la emisión de esos informes sociales y que no sea suficiente con las ONG? ¿Hay un ‘plan B’ en este caso?

El boicot que pretenden hacer desde el Partido Popular es un boicot que no se lo hacen al Gobierno, se lo están haciendo a miles de ciudadanos que tienen sus esperanzas, su dignidad, sus proyectos de vida detrás de este procedimiento. Esta medida es tan potente que va a salir bien a pesar del Partido Popular. 

Estamos hablando de un hito. No voy a permitir el boicot del PP ni de quien quiera poner piedras en el camino de esta regularización. Cuando, además, es absolutamente incoherente. Quiero recordar que el Partido Popular hace dos años dio luz verde a esta ILP de la que cogemos el testigo. Ese giro en política migratoria, por ser preso de Vox en sus políticas nacionales e internacionales, no va a conseguir torpedear un procedimiento que nos hace mejor país y que da respuesta a miles de ciudadanos.

El Gobierno no solo ha mantenido en el cajón durante gran parte de la legislatura esta iniciativa legislativa popular, sino que llegó a calificar como inviable una regularización masiva. Han defendido ustedes en el pasado que las regularizaciones se estudiaran caso a caso. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora sí es viable?

La política migratoria del Gobierno de España es absolutamente coherente. Esta iniciativa se votó en el Congreso hace dos años con 310 votos a favor, solo votó en contra Vox. Pero el Partido Popular, con un giro de 180 grados en su política migratoria precisamente por ser preso de Vox la tenía paralizada. Por eso no teníamos el consenso suficiente para sacarla adelante. Este es un paso más de una política migratoria que es mucho más completa. Llevamos a cabo un procedimiento de regularización en Valencia tras la dana. Y todos los días damos respuesta y se regularizan a personas en nuestro país por las vías de arraigo, que ampliamos hace año y medio. El PP ha votado en el Congreso para eliminar la figura del arraigo. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar

El PP parece haber cambiado de opinión, pero es verdad que también hay una evolución sobre este tema en el discurso del Gobierno. Sus adversarios políticos dicen que esa evolución es oportunismo político.

Insisto, todos los días llevamos a cabo procesos de regularización caso a caso. Es muy importante que el texto haya visto la luz porque estamos viendo ese discurso racista y xenófobo que intenta abrirse camino. Y sabemos lo que quieren hacer porque cada vez que han tenido oportunidad han intentado implementar un discurso racista vinculando inmigración con delincuencia o poniendo piedras en el camino, negando servicios o documentos a personas que están queriendo regularizarse. Por eso hemos trabajado con rigor y por eso es tan importante ese aval recibido por parte del Consejo de Estado con un texto garantista, serio, riguroso.

Esta regularización fue negociada con Podemos en el marco también de un diálogo a tres bandas con Junts para la cesión de competencias migratorias. ¿Este proceso vuelve a abrir la puerta a esa negociación pendiente con Junts?

Yo querría separar las cuestiones. El Gobierno cumple sus acuerdos, que se trabajan muchísimo porque no son sencillos, son materias delicadas. Pero este texto coge el testigo de esa ILP que tiene una triple legitimidad: la de 900 entidades sociales y 700.000 firmas, la legitimidad política de 310 votos a favor y una legitimidad económica, porque la apoyan los empresarios. Lo hablamos con un grupo político como Podemos, que tiene un contacto especialmente intenso con determinados colectivos, y se alcanzó este acuerdo que hoy es una realidad y que nos hace ser un país mejor.

La derecha ha dicho que lo hacen para ganar votantes en el futuro, Feijóo ha calificado el texto de “inhumano” y ha llegado a decir también que ustedes van a darle papeles a hombres que han abusado de mujeres. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar, que llevó a cabo bajo su presidencia un proceso de regularización. Debería conocer un poquito mejor la normativa que rige en nuestro país y dejar de alimentar un marco que no voy a alimentar ni por un segundo. Este proceso de regularización es para personas en situación irregular, no para delincuentes. Carecer de antecedentes penales es un requisito imprescindible. Ya está bien por parte del señor Feijóo de intentar comprar un discurso claramente xenófobo y racista. Así que no voy a entrar ni por un segundo en ese marco. Pediría al señor Feijóo que fuera un poco más responsable en sus declaraciones. 

No solo hay una ofensiva política, también judicial contra esta medida. El Supremo ha inadmitido las medidas cautelarísimas que pedía una asociación ultra. ¿Le inquieta desde un punto de vista meramente técnico, legal o jurídico lo que pueda suceder con la regularización en los juzgados?

Este es un texto sólido, riguroso, que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado. Afrontamos con total tranquilidad este procedimiento.

Han quedado fuera de la regularización los solicitantes de apatridia, que en España la mayoría son saharauis. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?

Este procedimiento es para personas en situación irregular y también para solicitantes de protección internacional, y es diferente. España es uno de los pocos países que, fruto de ese compromiso con el pueblo saharaui y de los acuerdos internacionales, tiene un estatuto específico desde el año 2001 para proteger la situación de los apátridas. Y de hecho, todos los años miles de personas que lo solicitan, muchas de ellas saharauis, tienen esa protección por ese estatuto. Es importante diferenciar ambas situaciones, como por ejemplo también en lo que se refiere a los ucranianos, que tienen una protección temporal internacional y que tampoco entran en este procedimiento porque no están en situación irregular. 

En el caso de los solicitantes, aún no son apátridas y no tienen esa protección que usted menciona. Su resolución suele tardar unos dos años. Por tanto, esa justificación no encaja con la protección real que tienen en el día a día los solicitantes de apatridia, que son quienes necesitan pedir la regularización. Si no se corrige la norma, ¿se plantea solucionar esa situación?

Lo que puedo asegurar es que con este procedimiento se van a liberar recursos, con el compromiso de que haya una mayor celeridad, acortando plazos y siendo mucho más exigentes a la hora de poder tramitar y resolver expedientes. Es importante precisamente que esto se lleve a cabo para acortar esos plazos de los que me habla.

Durante este Gobierno ha habido varias decisiones que han afectado al pueblo saharaui, como el cambio de posición con respecto al Sáhara Occidental. Algunos saharauis y activistas dicen que puede deberse a una presión de Marruecos. ¿Tiene algo que ver?

De ninguna manera. Era una de las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado y era muy importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente.

Hay otro colectivo sobre el que han mostrado preocupación las ONG: los migrantes con arraigo que están en estos momentos encerrados en los CIE. En elDiario.es hemos publicado varios casos de personas que tenían un arraigo documentado y que iban a ser igualmente expulsados. ¿Abrirán algún tipo de vía para que estas personas puedan pedirla con garantías para no ser discriminados?

Son personas que, si cumplen los requisitos, claro que van a poder pedir esta regularización. Estar en un CIE no es una decisión unilateral del Gobierno, sino que es una cuestión que viene de un procedimiento judicial. Pero efectivamente podrán pedir y acogerse a este proceso de regularización quienes cumplan los requisitos. 

¿Cómo? Porque estando en el CIE es muy difícil acceder a toda esa documentación que se pide…

Hay muchísimas entidades acreditadas que van a poder dar respuesta. Y al margen de eso tenemos una vía telemática, una vía presencial y se establecerá la posibilidad de que, quien cumpla los requisitos, pueda acceder. De hecho, ha puesto usted un ejemplo [el de Oussama, que finalmente fue liberado a horas de su repatriación] que demuestra la colaboración interministerial. Somos un Gobierno. Esto es una regularización extraordinaria, un proceso de un Gobierno. Así que estaremos a la altura para dar respuesta a todos los que cumplan los requisitos.

La oposición critica también la regularización apelando a la economía. ¿Qué les dicen sus datos sobre cómo va a afectar el proceso de regularización al mercado laboral y también a nivel social?

En primer lugar, tras la última regularización con el presidente Zapatero se multiplicaron por cuatro las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Anualmente. En los últimos días, antes de la regularización, ya hemos batido récords en afiliación extranjera con 3,2 millones de afiliados extranjeros. Con su aporte, estamos consiguiendo las cifras de paro más bajas de los últimos 18 años y reducir la temporalidad. Todos los datos son positivos. El 42% del empleo creado desde la reforma laboral procede de trabajadores extranjeros con cada vez más presencia en sectores altamente cualificados. Esta es la España por la que estamos trabajando muchísima gente.

¿Qué España quiere el Partido Popular? Estas personas ya están aquí, ya llevan a sus hijos al colegio, ya caminan por nuestras calles, ya viven en nuestros barrios. El Partido Popular, que los quiere silenciados, escondidos, con miedo, sin derechos. Pues no.

¿Cómo lleva lo de ser portavoz y tener que meterse no solo en sus propios charcos, sino en los charcos de todo el Gobierno?

Me parece un honor contar la acción de un Gobierno, rendir cuentas, contestar a sus preguntas aunque muchas veces no sean fáciles. Le dedico mucho trabajo para estar a la altura. 

Con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto del juez Peinado que son inauditos y que van más allá de lo jurídico

Vamos a aprovechar ese honor para preguntarle por esos otros charcos. Óscar Puente ha hablado de la posibilidad de que haya instrucciones judiciales enfocadas a violentar a representantes elegidos democráticamente y no a hacer justicia. Lo decía en el contexto de la instrucción del juez Peinado sobre la pareja del presidente. ¿Usted cree que hay lawfare contra el Gobierno?

Yo creo en la inocencia de Begoña Gómez, en su trayectoria impecable, profesional y personal. Tengo formación jurídica, soy licenciada en Derecho y he ejercido la abogacía. Y con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto que son inauditos y que van más allá de lo jurídico. 

¿Pero que un auto vaya más que lo jurídico, que es a lo que a lo que se debería ceñir un auto, no es otra cosa que prevaricar, no?

Mire, yo le digo que no solamente le hablo como ministra portavoz, sino desde mi formación jurídica: no son pocos los profesionales de mi mundo jurídico, también de su mundo periodístico, que coinciden en afirmar esto que le digo y que hay pasajes que son inauditos y que van mucho más allá de lo jurídico. Yo creo en la Justicia, en que la Justicia tiene que hacer su trabajo y en que lo hará.

No quiere decir entonces que el juez Peinado prevarique. 

Creo que he sido bastante clara con mis afirmaciones.

Apuesto a que, desde que usted es ministra portavoz, la pregunta que más le han hecho los medios es si va a haber Presupuestos.

Pues creo que gana usted la apuesta.

¿Y cuánto tiempo más lo vamos a tener que seguir preguntando?

Estamos dando respuesta a lo que necesita la gente con unos presupuestos prorrogados. No es lo mismo tener un presupuesto prorrogado de un Gobierno que recorta que un presupuesto prorrogado que está permitiendo, por ejemplo, desplegar un paquete de cinco mil millones de euros para proteger a la ciudadanía frente a la guerra de Irán. Dicho esto, vamos a presentarlos. 

¿No le parece una anomalía política que vayamos hacia el cuarto ejercicio sin ni siquiera presentar unas cuentas?

Lo que me parece una anomalía es que haya comunidades autónomas que, por esperar un acuerdo entre el PP y Vox, estén paralizadas y no estén poniendo en marcha medidas que acompañen este importante paquete que ha desplegado el Gobierno de España. Eso sí que es una anomalía, porque eso es hacer daño a la gente. Tener un presupuesto prorrogado no está siendo un problema para seguir teniendo una política social coherente, de acompañamiento y respuesta a la situación mundial que estamos viviendo tan complicada.

16 mujeres han sido asesinadas por parejas o exparejas en lo que va de año. El caso de esta semana en Córdoba es bastante paradigmático de hasta qué punto hemos normalizado un fallo sistémico. La víctima hizo todo lo que se le 'pide': denunció y se dispuso a acudir a un juicio por malos tratos, pero fue asesinada en la víspera. ¿Qué está haciendo mal el Gobierno para que esto ocurra y además parezca que no pasa absolutamente nada?

No, no, sí que pasa. En este contexto todavía es más inexplicable que podamos estar viendo cómo el Partido Popular y Vox ahí donde gobiernan alcanzan acuerdos negacionistas de la violencia de género. Vox es un partido que no acude a los homenajes, a los minutos de silencio.

Intento extrapolar esta situación a cualquier otra consideración de asesinados o asesinadas y seguramente se paralizaría el país. Cuando una víctima hace todo lo que le estamos diciendo que tiene que hacer para proteger su vida y en el proceso la matan es que aquí están fallando la policía, los jueces, las administraciones públicas, el Gobierno central. Por eso le decía que la sensación es de fallo sistémico y no se paraliza nada. ¿No tiene la sensación de que minusvaloramos este asunto?

Lo que le puedo decir es que no podemos bajar los brazos, no podemos ser tibios, no podemos seguir como si nada pasara. Tenemos que ser mucho más contundentes, con pedagogía desde la educación de los más pequeños. No vamos a dejar de trabajar ni un minuto para acabar con esta lacra.

¿Cómo asiste al juicio contra su excompañero José Luis Ábalos, al que le piden 25 años de cárcel?

Lo veo con repulsa, con asco. Porque cuando hay mucha gente que se está dejando la piel por construir un país mejor y por demostrar que las políticas públicas sirven, funcionan y mejoran la vida de la gente, ver determinados comportamientos hace daño, porque hacen que la gente se aleje de la política, que nos metan a todos en el mismo saco y que haya un descrédito. Pero también siento orgullo de la contundencia con la que se responde en el PSOE ante cualquier atisbo de corrupción. Eso no es un eslogan, sino que es una realidad. El Partido Popular de hoy sigue celebrando y homenajeando a M. Rajoy.

Sobre las pensiones se está empezando a consolidar un debate de guerra generacional que sostiene que la culpa de que los jóvenes tengan bajos salarios es de los pensionistas que tienen una pensión digna. ¿Dónde se sitúa en ese debate? ¿Es necesaria una reforma de las pensiones o la sostenibilidad está garantizada?

Está garantizada. Y en ese debate me sitúo donde está el Gobierno, en el rigor de los datos. Puedo lanzar el mensaje de tranquilidad de la sostenibilidad de las pensiones públicas. La reforma la hicimos con la mirada a largo plazo, no con la mirada cortoplacista de quien intenta embarrar también esto. ¿Sabe quién intenta enfrentar a nietos con abuelos? Los que defienden la privatización. Feijóo prometió a los autónomos bajarles la cuota si se abrían un plan de pensiones privado. Frente a quien quiere el descrédito de lo público y hace solamente política para unos pocos, datos, rigor y una reforma de pensiones que transmite certidumbre a los miles de pensionistas de hoy y también a los que los seremos un día.

A usted le ha tocado ser ministra-portavoz en un mundo en guerra. ¿Cómo vive la tensión diplomática con aliados tradicionales de España, como pueden ser Estados Unidos o Israel, ante la política exterior lanzada por su Gobierno del ‘no a la guerra’?

Me siento absolutamente orgullosa de pertenecer a un gobierno coherente que siempre ha defendido la paz, el multilateralismo, el respeto al orden internacional. Hemos alzado la voz y hemos llegado los primeros, pero cada vez nos siguen más países. España es un faro y cada vez que acudimos a un foro internacional son muchísimos los países de cualquier latitud que nos preguntan, que se interesan y que ponen como ejemplo al Gobierno de España y a sus políticas.

Volviendo a la regularización para acabar. Ha sido particular porque, además de Podemos, también ha tenido un gran papel el movimiento Regularización YA. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Este jueves hemos tenido un encuentro con el presidente del Gobierno donde estaban desde la Iglesia Católica, sindicatos, patronal, organizaciones de entidades del Tercer Sector y entidades colaboradoras en materia de extranjería. Y, viendo el unánime aplauso a esta iniciativa, me quedo con algo: lo importante que es para miles de personas. Esto demuestra que el Gobierno, cuando escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado. Y esa es la manera de gobernar. 

La izquierda global se espolea como reacción a los designios del trumpismo y bajo la bandera del 'no a la guerra' que enarbola España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó este sábado en Barcelona durante la clausura de la 'Global Progressive Mobilisation' a pasar página de una ola reaccionaria que, ha dicho, llega a su fin. “Que no os engañen. Los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando. Gritan porque saben que su tiempo se acaba”.

“Su ortodoxia neoliberal, ineficiente y cruel, murió en 2008, con la Gran Crisis Financiera. Y su visión del orden internacional está siendo desmantelada por los aranceles y las guerras ilegales”, ha clamado ante el auditorio de la Fira de Barcelona, repleto con 6.500 asistentes que han ovacionado sus mensajes dirigidos a la “internacional ultra”.

“La derecha ya no lidera, languidece. No importa cuánto griten. Ni cuántos bulos inventen. La gente se está dando cuenta de que no tienen proyecto ni soluciones. Solo odio, eslóganes vacíos y unas políticas equivocadas que nos han traído cuatro cosas al mundo: guerra, inflación, desigualdad y fractura social. Eso es todo lo que han dado al mundo”.

Por eso, Pedro Sánchez se ha aventurado a decretar el fin de la era del populismo ultra y sus recetas. “El tiempo de la internacional ultraderechista y de la derecha rendida a esos postulados reaccionarios ha llegado a su fin. Y vamos a traer una nueva era de progreso. Vamos a reconstruir lo que han tratado de destruir. Vamos a demostrar al mundo que el futuro puede ser mejor. Que aún quedan nuevas cotas de bienestar y desarrollo por conquistar”.

El presidente español ha apelado al “orgullo” de la tradición política progresista ante el intento de estigmatización y humillación de las derechas. “Han intentado que nos avergonzásemos de nuestras ideas y nuestro pasado, pero eso se acabó. Termina hoy, porque hoy la vergüenza cambia de bando. Y lo va a hacer para siempre. A partir de ahora, ¡que se avergüencen ellos! Los que callan ante la injusticia, los que explotan a los trabajadores, los que criminalizan al diferente, los que convierten derechos en mercancías, los que apoyan la guerra y la violencia poniéndose de frente o de perfil, como unos cobardes”.

“La vergüenza, para ellos”, ha proseguido. “Para nosotros, a partir de hoy, el orgullo de ser pacifistas, ecologistas, sindicalistas y feministas. El orgullo de ser de izquierdas y socialdemócratas. El orgullo por estar en el lado correcto de la historia. Por defender el derecho internacional y la paz. Y por gritar una y mil veces 'sí a la paz y no a la guerra'”.

Como colofón a un fin de semana repleto de cumbres internacionales que se acabaron por convertir en una especie de baño de masas en torno a la política exterior española, Sánchez pidió a sus colegas progresistas de Brasil, México, Colombia, Sudáfrica o Uruguay levantar la mirada y el ánimo para no abandonar el ímpetu de cambiar las cosas.

“Quieren que renunciemos a la posibilidad de un futuro más justo y más próspero. Que nos conformemos con el 'status quo'. Pero no lo vamos a hacer. No vamos a comprar su pesimismo. Ni su desesperanza. Vamos a defender que un mundo mejor es posible. Que se pueden subir salarios y crear empleo a la vez. Que se puede frenar la emergencia climática y ganar competitividad. Que la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres son palancas de progreso social. Que la prosperidad de las naciones o es compartida o no será”.

“Y lo vamos a hacer doblándoles el brazo a quienes se creen intocables”, ha enfatizado para erigirse en la antítesis internacional de Donald Trump. “A los multimillonarios que explotan a la gente y cuya codicia no tiene límites. A los especuladores que juegan con los ahorros y las casas de la gente. A los tecno-oligarcas que quieren llenarse el bolsillo a costa de la salud de nuestras democracias y la salud mental de nuestros jóvenes. Vamos a hacerlo, porque cuando gobernamos los progresistas, los Estados no se arrodillan ante las élites, las ponen en su sitio”.

Pedro Sánchez clausuró de esta forma el encuentro del progresismo global tras una segunda jornada en Barcelona en la que se dieron cita cerca de una veintena de líderes mundiales, entre jefes de Estado y de gobierno, como la presidenta mexicana, el presidente colombiano, el sudafricano y los vicepresidentes alemán, británico o austriaco.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este viernes contra el acuerdo anunciado por el PP y Vox para gobernar Extremadura. Ese pacto, que asume la inspiración xenófoba de las políticas migratorias de la ultraderecha, implica para Sánchez “una traición” a una historia extremeña marcada en buena medida por la gente que tuvo que migrar en busca de oportunidades.

“Extremadura ha sido históricamente tierra de migrantes, algunas veces muy a su pesar. Migrantes a otras partes de España y fuera de España. Estoy convencido de que esos padres y esas madres que vieron a sus hijos partir lo que deseaban es que los países o los territorios de acogida les reconocieran derechos de ciudadanía. Y eso es lo que cuestiona este pacto. Derechos de ciudadanía. Y, por tanto, traiciona la historia de la propia Extremadura, que es una tierra de migrantes”, ha dicho el presidente durante su comparecencia junto al presidente de Brasil.

A preguntas de la prensa, Pedro Sánchez ha cargado también contra los recortes en energías renovables pactados por los de Feijóo y Abascal para gobernar Extremadura. “Entiendo que un gobierno autonómico quiera que su gente viva en Extremadura. Pero para eso tendrás que crear las condiciones. Y cuando lees el acuerdo lo que hacen es frenar y oponerse al desarrollo de las energías renovables, que es sinónimo de reindustrialización. Ponen en riesgo esas oportunidades por el dogmatismo climático. Recorta las oportunidades presentes y futuras para los extremeños declarando la guerra a la principal fuente de energía y materia prima energética que es la energía renovable”, ha dicho.

El líder del Ejecutivo ha advertido también “a la derecha y a la ultraderecha” que, como ya ocurrió en otras ocasiones, su Gobierno estará vigilante con las medidas que puedan atentar directamente contra derechos y libertades conquistadas. “El papel lo aguanta todo, pero sí le digo a la derecha y a la ultraderecha que el Gobierno de España va a recurrir a toda la fuerza del estado de derecho para velar por los derechos y libertades de los extremeños y extremeñas. Eso es lo que va a hacer el Gobierno”, ha apostillado.

Es una fotografía inédita en 40 años de democracia. Un diputado de ultraderecha, José María Sánchez, sube por las escaleras de la presidencia del Congreso en pleno debate parlamentario y se encara con el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente de la cámara y que en ese momento presidía la sesión. A pocos centímetros de su cara, el político de Vox le increpa de manera continuada hasta que, finalmente, puede ser expulsado. Una imagen que simboliza hasta qué punto la extrema derecha parece ser capaz de llegar a la hora de tensionar la institucionalidad del parlamento y la propia convivencia democrática.

Cuesta entender qué llevó a ese diputado de Vox a subir al estrado y encararse con usted. ¿Nos lo puede explicar?

Fue una situación muy tensa y muy triste para la democracia española, es una imagen muy icónica de lo que significa la llegada de la ultraderecha a España. La imagen de ayer se asemeja mucho a otra que es la subida al estrado por parte de Tejero en el 23 F, salvando todas las distancias del dramatismo de aquel momento, por supuesto. Pero la raíz ideológica es la misma, que es la destrucción de los principios democráticos y de convivencia.

¿Pero en qué contexto se produjo esa salida de tono tan lamentable? ¿Qué quería ese diputado ultra?

En mitad de la intervención de otro diputado pidió la palabra por alusiones, porque según él le decían algo desde ERC. Y se le denegó porque las alusiones no se solicitan en mitad de los debates, sino al final. La presidenta Armengol le llamó entonces al orden la primera vez porque interrumpió el debate. Volvió a ocurrir una segunda vez mientras yo presidía, también se la denegué y le apercibí por segunda vez por volver a interrumpir. Y entonces se acercó al estrado y empezó a gritarle a la letrada. Yo le conminé a que la dejara en paz y él volvió a interrumpir y a pedir la palabra una tercera vez. No se la di porque no se puede interrumpir a los portavoces durante los debates. Fue entonces cuando subió de manera agresiva, violenta, poniéndose a pocos centímetros de mi cara. En ese momento, sinceramente, pensé en algún tipo de agresión física.

¿Pensó que le podía agredir físicamente?

Sí, claro, valoré que me podía agredir. Fueron varios segundos y lo que sí me dio tiempo a pensar es que, si me llegaba a agredir, yo no le iba a responder de la misma manera. No quise perder la firmeza, porque todos los demócratas tenemos que estar firmes ante este tipo de situaciones, pero yo solo quería que abandonara el Pleno, que es lo que al final ocurrió.

La imagen es tremenda. Él subido al estrado a pocos centímetros de su cara y usted expulsándolo. ¿Qué le decía él?

Sinceramente, no lo recuerdo porque no estaba prestándole mucha atención. Nada de lo que me dijera era importante porque la simple subida al estrado y la violencia verbal y física que trasladó ya eran suficientes como para hacerlo inadmisible y que no importara nada más.

No recuerdo una situación así. ¿Usted?

Algo similar ya pasó con este mismo diputado cuando insultó a la diputada del Grupo Socialista Laura Berja, cuando la llamó bruja. También subió al estrado para protestar, aunque no fue de un modo tan violento como esta vez.

¿Le preocupa que esto suponga un antes y un después?

Creo que es muy preocupante, ya no por el funcionamiento de la cámara o por lo que podamos sufrir cada uno de nosotros. Para mí lo importante es que esa imagen simboliza que están en riesgo los valores democráticos y de convivencia. Y lo digo porque en muchas ocasiones se tiende a pensar que hay polarización, que hay cierta equidistancia incluso e igualdad de responsabilidades entre unos y otros, que todos los políticos somos iguales. Y no es verdad, no es para nada verdad. Hay una posición ideológica que tiene la violencia como principio fundacional.

Este señor ha sido expulsado del pleno, por tanto esta semana no va a participar, pero ante situaciones así de graves se pueden tomar otras medidas contra él. ¿Se plantean imponer algún tipo de sanción o valoran la apertura de expediente?

Poder, se puede, pero se valorará jurídicamente si es factible o no y, a partir de ahí, se tomarán las decisiones oportunas. Pero creo que hay suficiente armazón jurídico para valorarlo. Lo estudiaremos en estos días, a ver qué sucede.

¿Que se haya llegado hasta aquí tiene que ver con haber sido demasiado permisivo con la extrema derecha durante todo este tiempo y con que no se hayan atajado antes sus actitudes?

La llegada a las instituciones y también al Congreso de estas posiciones violentas por parte de la extrema derecha son una novedad democrática. Tendremos que ir poco a poco creando nuevas realidades jurídicas para afrontar estas nuevas situaciones. Pero sí le digo una cosa: frente al que tiene como principio fundamental de su acción política la violencia, ya sea ideológica o física, no hay herramientas o instrumentos que lo detengan. La única forma de pararlos es estar firmemente frente a ellos siempre y apelar a la responsabilidad de partidos como el Partido Popular, que le está abriendo las puertas en muchos ámbitos institucionales. Los ciudadanos tienen que tener claro que no se trata de izquierda o de derecha. Se trata de violencia sí o violencia no. Y por eso hay que expulsar democráticamente a estos partidos de los ámbitos institucionales. Yo creo que esa es la única vía.

Imagino que ni este señor ni nadie de Vox se ha dirigido a usted para pedirle disculpas, ¿no?

Un diputado de Vox me ha dicho que siente bochorno de lo que hizo su compañero.

Anda.

Es lo que me ha transmitido delante de más gente, en la cafetería del Congreso. Y se lo he agradecido.

El último paso de Juan Carlos Peinado ha terminado de borrar cualquier atisbo de contención en el Gobierno respecto a su forma de actuar con la pareja del presidente. La decisión del juez de sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria, es sustentada en un auto en el que el magistrado llega a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII. Un hito que ha abierto de par en par la puerta a que los miembros del Ejecutivo se lancen en tromba a reprender su instrucción.

El fuego, este martes, lo abrió el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Afortunadamente hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y, por tanto, tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho”.

Bolaños se reafirmó así en su primera reacción pública del lunes tras conocer el auto. Una opinión, aseguró, compartida por la opinión pública y por la carrera judicial. “Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. El ministro de Justicia no tiene limitada su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor y una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y les aseguro que es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas decisiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia”.

Por eso, prosiguió el ministro, lo que espera ahora el Ejecutivo es que instancias superiores corrijan la deriva de Peinado. “Quiero manifestar una vez más mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento”.

Aunque ningún periodista le había preguntado por ello, ni la ministra portavoz le había dado la palabra, pidió intervenir sobre el tema el otro miembro del Gobierno presente en la sala: el ministro de Transportes, Óscar Puente. “Me vais a perdonar, pero quedarme sin opinar de esto me va a costar un poquito”, dijo ante la sorpresa de Saiz y Bolaños.

Puente llevó entonces la reacción del Gobierno a la instrucción de Peinado un paso más allá, hasta situarla justo como un posible riesgo a la democracia. “En una democracia sana no deben existir espacios de impunidad. Los cargos públicos y sus familiares deben estar sometidos al imperio de la ley. Pero, tan importante como eso, es que los cargos públicos y sus familiares no sean perturbados por el mero hecho de serlo”, comenzó a exponer para, inmediatamente después, elevar un peldaño la crítica al magistrado.

“¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad o ante causas que pretenden violentar a los representantes elegidos democráticamente? De la respuesta depende el presente y futuro de la democracia. Es bueno que esta pregunta nos la respondamos todos”, dijo el ministro de Transportes. Óscar Puente añadió que prefería no dar su propia respuesta. No hacía falta.

En medio de esa tesitura, con un ministro a cada lado, se encontró la portavoz del Gobierno, que no tuvo más remedio que sumarse al rejonazo colectivo al juez Peinado de los representantes del Consejo de Ministros en la sala de prensa de Moncloa y defender, de paso, a la pareja del presidente del Gobierno. “Creo en la inocencia de Begoña Gómez, es una mujer de una trayectoria profesional y personal intachable. El auto tiene párrafos que van más allá de lo jurídico. Confío en la justicia, pero no es incompatible con criticar algunos procedimientos que la desprestigian profundamente”, aseveró Elma Saiz.

Toda la pólvora contra el procesamiento de Begoña Gómez la pusieron, en realidad, los ministros de Pedro Sánchez, puesto que el propio presidente prefirió jugar un papel más mesurado en su respuesta pública desde China, donde conoció la noticia. “Estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio. No tengo que decir nada más”, zanjó.

“Que alguien ponga orden”

Preguntados en el Ejecutivo por la postura del Consejo General del Poder Judicial, que este martes exigía respeto a las decisiones judiciales, en la Moncloa afirman que les gustaría “que alguien ponga orden” respecto a instrucciones como las del juez Peinado, sin que sea necesario elevar una queja por ello y que sea, por tanto, el Ejecutivo el que tenga que dar el paso.

Mientras, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordaron las primeras declaraciones que Bolaños realizó este lunes contra Peinado en la reunión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada a primera hora este martes. Aunque la voluntad del bloque conservador era que se hiciera una declaración institucional específica en clave de repulsa, finalmente los miembros de esa Comisión acordaron no hacer un pronunciamiento público, pero sí recordar la necesidad de que se respeten las resoluciones judiciales sin citar expresamente al ministro.

Las fuentes consultadas afirman que, tras mantener un debate, la decisión fue remitirse a los acuerdos previos en los que el órgano ha advertido de la importancia de “salvaguardar” la independencia judicial. El pasado mayo, la Permanente aprobó por unanimidad una declaración en la que reclamó “responsabilidad institucional” a los políticos después de que Bolaños cuestionara la decisión de una jueza de Badajoz de proponer llevar a juicio al hermano de Pedro Sánchez por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz.

Las palabras de Bolaños también han sido criticadas por las asociaciones de jueces que cubren el espacio de la derecha y el centroderecha. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, calificó de “inadmisibles” las críticas del ministro de Justicia. “Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos. Lo que necesitan es respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno”, recoge esta asociación en un comunicado.

También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se autodefine como independiente, mostró su “profunda preocupación” por el “descrédito” que, a su juicio, “tales manifestaciones suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran”.

En un comunicado, la asociación afirmó que “este tipo de declaraciones supone un ataque directo” a la independencia judicial y a la separación de poderes y exigió “responsabilidad institucional” a los poderes públicos, “en especial de quienes integran el Gobierno”, para que contribuyan “al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza”.

Por su parte, el PP ha bajado el tono contra Begoña Gómez en las últimas semanas. Pero no porque consideren que la esposa de Sánchez no merezca escuchar gravísimas acusaciones contra ella y su familia (como que su padre regentaba una red de prostíbulos), sino por la coincidencia temporal con un juicio muy importante, el de la trama Kitchen, la organización parapolicial ideada por el Gobierno de Mariano Rajoy para eliminar las pruebas de la corrupción del PP.

A ese juicio están llamados a declarar como testigos, entre otros, el propio Rajoy y el senador Javier Arenas, hoy uno de los principales asesores de Feijóo. En el banquillo de los acusados se sientan el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Este lunes compareció ante la prensa la dirigente Alma Ezcurra, una de las más duras del PP. Con el procesamiento de Gómez recién conocido, Ezcurra obvió el tema en su presentación inicial. Solo a preguntas de los periodistas, la también eurodiputada se limitó a declarar: “Solo cabe decir una cosa. La tetraprocesada está en Pekín. Es una situación absolutamente increíble. Y como no puede ser de otra forma, respetamos el trabajo de la justicia”.

Este martes fue Feijóo quien se refirió al asunto en un discurso ante sus diputados y senadores en el que tildó a Sánchez de “Orbán del sur”. “Ni en Hungría ni en ningún otro lugar de Europa es aceptable tener a un presidente con su mujer procesada”, dijo, para arremeter contra la reacción del Ejecutivo ante el auto de Peinado: “Le ha durado su euforia por la separación de poderes en Hungría, lo que la justicia ha tardado de procesar a su esposa en España”. Y ya.

Una posible explicación a la rebaja en el tono del PP la pudo dar este martes el representante de Manos Limpias en la investigación contra Gómez, y asesor a sueldo del propio PP en el Senado. En un hilo en Twitter, Víctor Soriano siembra dudas sobre la instrucción de Peinado, cree prematuro el procesamiento de la esposa de Sánchez, sostiene que hay diligencias importantes sin hacer y anticipa “el riesgo de una sentencia parcial o totalmente absolutoria”.

Tres ministros han comparecido este martes en la Moncloa y los tres han arremetido duramente contra el juez Peinado tras su decisión de llevar al banquillo a Begoña Gómez, pareja del presidente del Gobierno, por cuatro supuestos delitos. El más duro de todos ellos ha sido Óscar Puente, que pidió permiso a la ministra portavoz para dar su opinión sobre un tema acerca del cual nadie le había preguntado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“En una democracia sana no deben existir espacios de impunidad. Los cargos públicos y sus familiares deben estar sometidos al imperio de la ley. Pero, tan importante como eso, es que los cargos públicos y sus familiares no sean perturbados por el mero hecho de serlo”, comenzó a exponer Puente, que llevó su reflexión incluso a alertar sobre el riesgo para la democracia de procesos como el instruido por el juez Peinado.

“¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad o ante causas que pretenden violentar a los representantes elegidos democráticamente? De la respuesta depende el presente y futuro de la democracia. Es bueno que esta pregunta nos la respondamos todos”, dijo el ministro de Transportes.

Antes, el ministro de Justicia había reiterado que, bajo su punto de vista, las resoluciones de Peinado no están sujetas a derecho. “Mi opinión es muy compartida por una buena parte de la ciudadanía española y por la carrera judicial. Pero afortunadamente España es un estado de derecho, no como en tiempos de Fernando VII”, (en alusión al auto de Peinado). “Por eso creo que las instancias superiores tomarán decisiones ajustadas a derecho”, remachó.

Bolaños insistió en su “confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento”.

La ministra portavoz, Elma Saiz, también cargó contra el juez Peinado y defendió a Begoña Gómez. “Creo en la inocencia de Begoña Gómez, es una mujer de una trayectoria profesional y personal intachable. El auto tiene párrafos que van más allá de lo jurídico. Confío en la justicia, pero no es incompatible con criticar algunos procedimientos que la desprestigian profundamente”.

En un extenso auto, el magistrado ahonda en la tesis de que Begoña Gómez utilizó conscientemente su estatus como esposa del presidente del Gobierno para proyectar su carrera profesional, conseguir fondos privados y obtener favores en el ámbito académico y empresarial. Pero va más allá y llega a acusar a la mujer de Pedro Sánchez de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. El magistrado realiza esta acusación a pesar de que en dos años de investigación no ha aparecido ni un solo indicio de que Begoña Gómez se apropiara de ese dinero.

La regularización extraordinaria mantendrá la esencia planteada por el movimiento ciudadano que impulsó la medida, al menos sobre el papel. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que permitirá la salida de la clandestinidad de alrededor de 500.000 personas, según los cálculos oficiales. Pese a que algunas de las modificaciones propuestas por el Ministerio del Interior pretendían acotar el alcance de la medida, el texto definitivo, al que ha tenido acceso elDiario.es, mantiene las bases del primer borrador, aunque añade un nuevo requisito para justificar la vulnerabilidad ligada a la irregularidad y endurece parcialmente las opciones para probar la carencia de antecedentes penales. Eso sí, mantendrá una vía para apoyar a los migrantes a certificar que no han cometido delitos en caso de que sus países de origen no se lo faciliten.

La norma entrará en vigor el próximo 15 de abril, el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El texto que llega este martes al Consejo de Ministros mantiene el caracter amplio de la medida y sus requisitos principales: podrán acogerse, por un lado, todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. Por otro, los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha, sin tener la obligación de desistir de su procedimiento de asilo previamente, pero sí después de recibir la concesión del permiso extraordinario de residencia por esta vía.

Tras las recomendaciones planteadas por el Consejo de Estado, la mayoría trasladadas por el Ministerio del Interior, el Gobierno ha incluido una serie de cambios que afectan más a los métodos de prueba de algunos de los requisitos que al fondo de la normativa, según aseguran fuentes gubernamentales, que consideran que se trata de modificaciones de caracter “técnico”. Entre las novedades, el Ejecutivo ha incluido una nueva condición que, aunque ya se llegó a plantear durante las negociaciones con Podemos y en las reuniones mantenidas con colectivos sociales, aún no había sido confirmada: un informe social para probar la situación de “vulnerabilidad” que conlleva vivir en España sin permiso de residencia.

El último borrador del real decreto contempla diferentes supuestos por los que una persona sin papeles podrá acogerse a la regularización extraordinaria -que no computan en el caso de los solicitantes de asilo, pues carecen de estas exigencias-. Por un lado, la vía laboral, a través de una oferta de contrato de trabajo o una declaración de responsable de un proyecto de empleo por cuenta propia. Por otro, la familiar, es decir, probar encontrarse en el país como parte de una unidad familiar con hijos a cargo o personas dependientes. Y, en tercer lugar, encontrarse en “situación de vulnerabilidad”. Es en este punto donde será necesario aportar el nuevo informe social.

Informe para las personas sin papeles

Como el primer borrador no especificaba cómo se tendría que acreditar dicha vulnerabilidad, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, había aclarado en diversas ocasiones que la propia situación de irregularidad administrativa se entendería por sí misma como condición de vulnerabilidad, por lo que no haría falta justificar dicha situación. Sin embargo, el Consejo de Estado solicitó al Gobierno una mayor concreción y un método para probar este supuesto.

Finalmente, la solución encontrada por el Gobierno, en conversación con el movimiento Regularización YA y distintas ONG especializadas, ha sido la exigencia de presentar un nuevo informe social que “a través de un modelo específico” permita acreditar la vulnerabilidad extra que sufren los migrantes solicitantes por el hecho de vivir sin papeles. Además de las “entidades competentes en materia de asistencia social” de las comunidades autónomas (cuya emisión de este tipo de informes adolece en ocasiones de trabas o grandes retrasos), el Ejecutivo ha abierto una nueva vía inédita hasta el momento para emitir este tipo de documentos.

“Podrán acreditar también dicha situación las entidades del Tercer Sector inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, indica el texto de la medida. El Gobierno ha creado así un registro amplio de ONG especializadas en extranjería que estarán habilitadas para desarrollar estos informes de “vulnerabilidad”, lo que evita la exclusión de quienes se podrían encontrar con obstáculos para cumplir dicho trámite a través de los servicios sociales autonómicos o municipales, un problema mencionado habitualmente por los migrantes que intentan solicitar permisos de residencia por la vía del arraigo.

Aunque Interior había solicitado reducir en parte la flexibilidad de los medios de prueba con los que los migrantes sin papeles pueden probar los cinco meses de residencia continuada en España, el último texto normativo la mantiene. Según el real decreto, podrán demostrar su permanencia en el país con cualquier medio de prueba, como facturas de la luz, certificados médicos, participación en actividades municipales, formaciones o documentos caducados (el departamento de Fernando Grande-Marlaska rechazaba específicamente que pudiesen presentar documentos expirados) siempre que incluyan el nombre completo del solicitante.

Esta flexibilidad en los métodos de prueba es clave para la población en situación irregular, que se enfrenta a menudo a muchas trabas para realizar trámites como el empadronamiento, por lo que permitir un amplio abanico de documentos puede evitar la exclusión de miles de personas, según los colectivos sociales. 

Carencia de antecedentes

Lo que sí ha endurecido el Gobierno, de manera parcial, es el procedimiento para justificar la falta de antecedentes penales. Pese a los distintos bulos difundidos por la derecha, todos los borradores de la normativa han incluido como requisito para acceder a la regularización carecer de antecedentes penales.

El punto cuestionado por el Consejo de Estado y el Ministerio del Interior tenía que ver con la posibilidad planteada por el borrador inicial para probar la inexistencia de antecedentes penales en el país de origen en el caso de que el certificado no llegase a tiempo, dado que determinados países tardan en emitir este tipo de documentos meses o incluso años. Para evitar dejar fuera de la medida a quienes no logran recibir el certificado por los problemas de la administración de su país, el Ejecutivo planteaba una segunda vía para dar más margen y mayor flexibilidad: a través de una declaración responsable de falta de antecedentes, que abriría una segunda fase de comprobaciones diplomáticas por parte del Gobierno, mientras dichos expedientes continuaban su curso. En caso de demostrar finalmente que sí contaba con antecedentes, la Administración suspendería el permiso de residencia.

Tanto el Ministerio del Interior como el Consejo de Estado rechazaron la inclusión de esta opción tal y como aparecía redactada inicialmente. El Ejecutivo ha optado por mantener esta segunda fórmula para justificar los antecedentes penales en otro país, con el objetivo de evitar cerrar la puerta a miles de personas ante los previsibles retrasos de estos certificados internacionales. Sin embargo, el último texto endurece sus condiciones y limita el alcance de esta posibilidad, dejando paralizados temporalmente esos expedientes durante tres meses, que acabarán siendo rechazados si en un plazo determinado no se logra confirmar la falta de causas penales en sus lugares de origen.

Tampoco se permitirá suplir la justificación de la inexistencia de antecedentes penales en los casos de quienes demuestren haber vivido de forma continuada en el país durante los últimos cinco años, como había sido incluido en la redacción inicial de la norma. El Consejo de Estado consideró que “ha de concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países”, por lo que finalmente el Ejecutivo ha eliminado esta posibilidad.

Oficinas de Correos habilitadas

Las solicitudes se podrán presentar desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 30 de junio de 2026, de manera presencial o telemática. Las oficinas de extranjería no serán los principales espacios para presentar los expedientes, debido al colapso en el que se encuentran. Por ello, el Gobierno va a habilitar “oficinas públicas en todo el territorio nacional”, que incluirán “las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y determinadas oficinas de extranjería”.

A las oficinas de Correos se les encomendará “tareas de apoyo y gestión” en el procedimiento a través de la presentación telemática de la solicitud de las autorizaciones, dado que las personas sin papeles no pueden optar por sí mismas a la vía online al carecer de documentación electrónica para acceder al sistema. “Correos cuenta con una amplísima red de oficinas en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales y municipios pequeños, lo que garantiza que todas las personas, con independencia de dónde vivan, puedan acceder al procedimiento en condiciones de igualdad”, indica el último borrador del real decreto.

Además, Inclusión encomendará al grupo TRAGSA el desarrollo de tareas administrativas de “caracter exclusivamente instrumental”, en funciones de “apoyo material y técnico” para la preparación de los procedimientos para su resolución. Las labores encargadas a esta empresa, aclara el texto normativo, “no supone en ningún caso el ejercicio de potestades públicas, ni comprende la instrucción sustantiva de los procedimientos, la valoración jurídica de las solicitudes ni la adopción de decisiones sobre las mismas”.

El movimiento Regularización Ya, formado mayoritariamente por personas racializadas, consigue así sacar adelante una versión bastante parecida a la regularización sin apenas condiciones por la que empezaron a luchar en las calles hace más de cinco años, materializada en una ILP que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas hasta acabar en el Consejo de Ministros para ser aprobada por la vía exprés tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos. “Parece que el enfoque sigue siendo bastante amplio y la intención es respetar nuestro planteamiento, pero queremos ser cautas hasta su publicación en el BOE y seguiremos de cerca su aplicación, para que no deje a gente atrás”, sostiene Silvana Cabrera, una de las portavoces de la plataforma.

El Gobierno aprobará este martes por real decreto la regularización extraordinaria de migrantes, según ha confirmado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Los técnicos del Ministerio de Migraciones apuran las modificaciones del texto definitivo tras el dictamen del Consejo de Estado, que aunque ha solicitado algunas correciones, el Ejecutivo considera que respalda la esencia de la norma, así como su aprobación por la vía exprés.

Desde el Ministerio de Migraciones han considerado positivo el análisis del Consejo de Estado. Su mayor temor se encontraba en la posiblidad de que el organo consultivo rechazase la fórmula elegida para su aprobación, a través de una reforma del reglamento de extranjería en vez de la Ley Órganica, lo que permitía sacarla adelante sin necesidad de respaldo parlamentario. “Se está trabajando con el texto para incorporar sus recomendaciones a la mayor brevedad”, sostienen desde la cartera liderada por Elma Saiz.

“El Consejo de Estado respalda la aprobación con carácter urgente de las modificaciones del Reglamento de Extranjería para dar comienzo al procedimiento de regularización extraordinaria que se anunció por parte del Gobierno de España y que beneficiará a miles de personas que se encuentran ya en nuestro país”, sostienen fuentes del departamento dirigido por Saiz. “Valora positivamente los objetivos generales de la regularización: integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa”, añaden.

El órgano consultivo no ha presentado objeciones al fondo del texto, pero sí ha señalado algunos detalles sobre cómo justificar los requisitos establecidos, como la carencia de antecedentes penales o la situación de vulnerabilidad. La inexistencia de antecedentes ha sido una exigencia clave para optar a la medida desde el primer borrador de la norma, pero las recomendaciones se centran en los trámites necesarios para demostrarlo, pues algunos de ellos han sido considerados laxos en la línea a las peticiones realizadas por el Ministerio del Interior.

El informe del organismo consultivo también solicita “aclarar la definición de vulnerabilidad”. Los primeros borradores de la norma eran confusos, como ya habían indicado algunos abogados de extranjería puesto que, si bien sostenían que todas las personas en situación irregularidad que estuviesen en España en el plazo establecido podrían optar a la norma, luego incluían como exigencia encontrarse en “situación de vulnerabilidad”. Si bien el Gobierno aclaró que por “situación de vulnerabilidad” se entendía la irregularidad, no aparecía reflejado con claridad en el texto normativo, según ha indicado el Consejo de Estado. Por lo que Migraciones aclarará en el real decreto “que se entenderá por vulnerable toda aquella persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve cinco meses en situación irregular en el momento de presentar la solicitud”. Está por confirmar si será necesario presentar algún tipo de documentación extra, como un informe elaborado por entidades sociales, para justificar dicha vulnerabilidad.

Según Migraciones, las moficiaciones no alterarán el alcance de la regularización previsto inicialmente. De ser así, los requisitos para optar a estos permisos extraordinarios se mantendrían con respecto a los anunciados por el Ejecutivo hace meses.

Requisitos conocidos hasta ahora

Según el borrador inicial de la normativa, todas las personas extranjeras que demuestren haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y haber vivido un mínimo de cinco meses en el país de forma continuada antes de registrar la solicitud. También pueden acogerse los solicitantes de asilo que hubiesen registrado su petición hasta esa misma fecha. La autorización será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector, confirman fuentes oficiales de Migraciones. El permiso inicial será temporal, con una vigencia de un año. Superado ese plazo, los migrantes regularizados por esta vía podrán solicitar uno de los permisos ordinarios regulados en el actual reglamento de extranjería.

El primer borrador apuntaba que los soliciantes podían probarlo con “cualquier documento público, privado o una mezcla de ambos”. Más allá del empadronamiento, los migrantes también podrán demostrarlo con otro tipo de documentos que evidencien una vida continuada en el país, como facturas de la luz, informes médicos, resguardos de servicios municipales, etc. Se desconoce si el texto definitivo acotará las fórmulas con las que los solicitantes podrán probar su tiempo de vida en el país, dado que Interior pidió algunos cambios al respecto.

El Gobierno no ha detallado por el momento cuándo entrará en vigor la normativa. Tras el anuncio de la regularizción, el Ministerio preveía que los solicitantes pudiesen empezar a registrar sus peticiones de regularización a partir de abril. Según los plazos iniciales, que podrían cambiar, una vez registrada, la Administración tiene un máximo de 15 días para admitir a trámite la solicitud. Tras la admisión a trámite, aunque no haya una resolución en firme, las personas tienen un permiso de residencia temporal que les permitirá trabajar y evitará que puedan ser expulsadas.

Posteriormente, se estudiará en profundidad la solicitud. Según el texto inicial, la tramitación de la petición puede durar máximo tres meses, según Migraciones. La resolución positiva conllevará un permiso temporal de residencia y trabajo de un año.

El mundo asiste a unas conversaciones de paz sobre Oriente Próximo tan frágiles como determinantes para la seguridad global. La guerra en Irán emprendida el 28 de febrero de manera unilateral por Estados Unidos e Israel ha vuelto a poner al planeta patas arriba. Miles de muertos, cientos de miles de desplazados y consecuencias económicas planetarias por la deriva belicista de las administraciones israelí y norteamericana. Un contexto en el que España abandera el 'no a la guerra' como línea maestra de la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, acompaña estos días al presidente de viaje oficial a China, país al que asegura que hay que acercarse como socio comercial y como actor global ante los posicionamientos de Donald Trump. Frente a los cuales también demanda “la independencia” militar europea para actuar “sin coerciones”, mientras el secretario general de la OTAN toma parte por Estados Unidos.

Albares concedió esta entrevista a elDiario.es este pasado jueves, a las puertas de las conversaciones de paz y tras la masacre de Israel en Líbano en pleno alto el fuego. Horas después, Benjamín Netanyahu amenazó a España con pagar “un precio inmediato” por lo que considera una “guerra diplomática” del Ejecutivo de Sánchez. Y el ministerio de Exteriores israelí convocó a la representante española en el país para recibir una reprimenda por la elección de Netanyahu en la localidad malagueña de El Burgo para su 'Quema de Judas' de este año, una fiesta popular con un siglo de historia que ha valido a Israel para acusar a España de antisemitismo. Cuestionados tras la entrevista, en Exteriores se limitan, por el momento, a calificar de “acusación infundada” la respuesta de Israel, pero evitan más comentarios sobre el Gobierno de Netanyahu. A última hora de este sábado, los representantes de Irán y Estados Unidos aseguraron concluir con “optimismo” la primera ronda de negociaciones en Islamabad. Por la mañana, Israel mató a otras diez personas tras un nuevo ataque en Líbano.

¿Se puede considerar real un alto el fuego durante el cual se masacra un país como Líbano?

No, no es la mejor forma de empezar una tregua. Exigimos que en este alto el fuego se incluya al Líbano. No tiene sentido lo que vimos el miércoles. El día que se anunciaba el alto el fuego Israel lanzó el mayor ataque contra un estado soberano de manera indiscriminada. Cientos de bombas, más de 300 muertos, mil heridos. No puede ser. Esta no es una guerra del Líbano ni del pueblo libanés. El Gobierno de Líbano llevaba ya muchos meses trabajando activamente para poder desarmar a Hezbolá y para garantizar también la seguridad del pueblo de Israel evitando esos lanzamientos de cohetes que nosotros condenamos. Israel tiene derecho a su existencia en paz y en seguridad, pero exactamente el mismo derecho que tiene el pueblo libanés a un Estado en paz y seguridad.

Tras el genocidio en Gaza y la masacre en Líbano, Israel parece llevar al mundo al borde del precipicio. ¿Qué tiene que pasar para que la Unión Europea rompa el acuerdo de asociación con Israel?

Estamos ante la crisis mundial más importante de este siglo. La Unión Europea e Israel tienen un consejo de asociación que establece el respeto de los derechos humanos. Ni en Gaza, ni en estos momentos en Líbano, las acciones de Israel respetan los derechos humanos. Son violaciones flagrantes del derecho internacional. Por eso España planteó que ese consejo de asociación se suspendiera íntegramente. Y por eso lo volvemos a reclamar en estos momentos.

¿Le defrauda la connivencia o la condescendencia de las instituciones europeas con respecto a Israel?

En Europa siempre tiene que haber uno que enarbole la bandera, que avance más rápido, que lidere a los demás. En este caso está siendo claramente España. Como me dicen mis homólogos del mundo árabe y de Oriente Medio, España está salvando la dignidad de Europa con el reconocimiento del Estado palestino, con la situación en Gaza y, ahora, con Líbano o con la postura en la guerra en Irán. España fue el primero, pero rápidamente se han ido sumando todos. Lo que esperan de Europa es que defendamos el derecho internacional. La disyuntiva es: el orden mundial de paz, o el caos y el desorden. Europa tiene que estar del lado del orden de paz.

Israel tiene derecho a su existencia en paz y en seguridad, pero exactamente el mismo derecho que tiene el pueblo libanés a un Estado en paz y seguridad

En menos de 24 horas Trump pasó de amenazar con aniquilar a toda una civilización a decir que ahora estamos a las puertas de una oportunidad histórica para la paz. ¿Usted cree que estamos realmente más cerca que hace unos días de una paz mínimamente estable y duradera, o que todo sigue siendo muy frágil y peligroso?

Hemos evitado una escalada de consecuencias inasumibles para toda la humanidad, pero todavía estamos muy lejos de la paz. Hay que decir las cosas muy claras a los españoles y españolas: este es un alto el fuego muy frágil, abiertamente amenazado. Lo estamos viendo con los ataques de Israel al Líbano. He estado en muchas negociaciones diplomáticas de todo tipo. Dos semanas es muy poco tiempo, pero hay que apostarlo todo a la paz. Es la mejor oportunidad que tenemos, pero estamos todavía muy lejos de esa paz.

Dijo en su comparecencia en el Congreso que hay muchos actores interesados en que esa paz ni siquiera se empiece a negociar.

Por supuesto. Hay muchas personas interesadas, no ya en que esas negociaciones en Islamabad no lleguen a ningún puerto, sino que ni siquiera llegaran a sentarse.

Se refiere a Israel.

Cuando toda la humanidad respiraba aliviada por el alto el fuego, claramente el Gobierno de Israel seguía empecinado en una guerra que no es buena para nadie. Tampoco para las legítimas demandas de seguridad de Israel. Yo condeno todas las acciones de Hezbolá cuando se producen, pero la fuerza militar por sí sola no garantiza la seguridad de nadie. Por eso reabrimos nuestra embajada en Teherán y regresa nuestro embajador a Teherán, para que desde todos los sitios, desde todas las capitales, la política exterior de España apoye esa mediación y esa esperanza.

¿No es un poco precipitada la reapertura de la Embajada de Teherán teniendo en cuenta la inestabilidad o la fragilidad de la paz?

No, al contrario. El tiempo es muy poco, por eso lo hemos hecho. Hemos tomado la decisión sabiendo que hay dos semanas de alto el fuego y que, por lo tanto, podemos volver allí con garantías de seguridad para el embajador y el personal, que era una de las cosas que nos hizo tener que cerrar la embajada.

España está salvando la dignidad de Europa con el reconocimiento del Estado palestino, con la situación en Gaza y, ahora, con el Líbano

Se va a negociar una paz en la que no terminamos de tener claro qué es a lo que aspira una de las partes. ¿Podría explicarle a la ciudadanía a qué ha ido Donald Trump, a qué han ido los Estados Unidos de América, a Irán?

No ha habido una explicación al respecto, solo el presidente de los Estados Unidos podría responder a esa pregunta. Lo que sí es evidente es que esta guerra, igual que lo fue la guerra de Irak, son guerras en violación del derecho internacional, completamente ilegales. Si trazamos ese paralelismo entre la guerra de Irak y esta guerra, todos los españoles son muy conscientes. ¿Dónde se habría situado España si en estos momentos hubiera un gobierno distinto al de Pedro Sánchez al frente de nuestro país? Ahí están las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo diciendo sí a la guerra de Irán, o las declaraciones del primer día del señor Feijóo diciendo que España tenía que estar con sus aliados en esta guerra. Hubiéramos estado en el rincón de la historia y de la legalidad internacional en vez de estar donde estamos, que es en el de la paz. Todo está en estos momentos conectado, absolutamente todo. Irán, Gaza, Líbano, Ucrania, Groenlandia, Cuba. Todo responde a lo mismo, a intentar imponer la ley del más fuerte frente al orden internacional de paz.

¿Comparte el diagnóstico de que Estados Unidos está perdiendo la guerra?

Las guerras las pierden todos. Las pierden los ciudadanos. Lo estamos viendo con los ciudadanos iraníes. No es con bombas como va a llegar la igualdad de las mujeres iraníes, la democracia, los anhelos de libertad que nosotros respaldamos. Y sus consecuencias son mundiales.

¿El régimen iraní es ahora más fuerte que cuando empezó la guerra?

En cualquier caso, el régimen sigue ahí y nosotros hemos condenado todas las violaciones de derechos humanos del régimen. Yo voté a favor de la inclusión de la Guardia Revolucionaria dentro de los grupos terroristas de la Unión Europea y he condenado cada una de las ejecuciones de opositores y de ciudadanos en Irán. Insisto, no es con bombas desde el cielo como van a llegar la igualdad y la democracia. Con las guerras llega la espiral de violencia y llega el caos.

¿Este presidente de los Estados Unidos de América es un peligro para la paz mundial?

La paz mundial la construimos entre todos, pero Estados Unidos es un país especialmente importante. Estamos hablando de la primera potencia militar del mundo, la primera economía del planeta y un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene como misión fundamental velar por la paz y la seguridad mundiales. Por supuesto que necesitamos a Estados Unidos para garantizar la paz y la seguridad mundiales. Es un actor fundamental.

Asistimos día tras día a declaraciones del secretario general de la OTAN en las que prácticamente se pone al servicio de los intereses de solo uno de sus socios, Estados Unidos. En las últimas horas ha asegurado que la guerra es una buena idea y que hay que seguir adelante con ella. ¿Puede explicar a la ciudadanía española qué utilidad sigue teniendo una institución como la OTAN en este contexto?

La relación transatlántica ha sido mutuamente beneficiosa para europeos y norteamericanos a lo largo de todas estas décadas, tanto en materia comercial como de seguridad. Pero es evidente que, para que eso siga siendo así, necesitamos a ambas partes. Europa y la nueva administración norteamericana tienen postulados distintos. Este es un momento en el que Europa tiene que avanzar hacia su soberanía y su independencia en materia económica y también tener la disuasión en nuestras manos con un ejército europeo y con una integración de nuestras industrias de defensa. Porque Europa tiene que ser libre para poder decidir libremente sin coerción, sea arancelaria o sea militar.

¿Al margen de la OTAN?

No es lo que nosotros queremos. Pero si uno de los socios fundamentales tiene otros postulados y nos anima a ello, desde luego que nosotros tenemos que seguir garantizando la seguridad, que no se garantiza solo con tanques. Nunca ha habido una contradicción entre un pilar europeo sólido de la OTAN con una seguridad común europea. Al contrario, lo que hace es reforzarla.

Ha publicado en las últimas horas el Wall Street Journal que Estados Unidos amenaza con retirar tropas de suelo español y dejar vacías las bases de Rota y Morón. No parece, según lo que estamos hablando, que Estados Unidos sea en estos momentos el aliado más fiable para Europa y para España. ¿Tiene sentido, aun en este contexto, mantener las bases americanas?

Las bases se rigen por un convenio hispano-norteamericano y hay unos canales de comunicación que están plenamente operativos. No ha habido ninguna indicación.

¿No le han comunicado que se vayan a retirar?

En absoluto. Y la comunicación es totalmente fluida y natural.

Las amenazas del presidente de los Estados Unidos a España durante varias semanas, que sepamos, también han quedado en nada.

Hace comentarios sobre distintos países, distintos presidentes, distintos líderes. Pero no hay nada ni hay ninguna comunicación en ningún sentido. La relación es fluida.

El presidente y usted mismo viajan ahora a China, con quien se han intensificado las relaciones diplomáticas y comerciales en los últimos tiempos. ¿China es un aliado fiable para España?

Lo que nosotros buscamos es hablar con esa otra gran potencia militar y económica, porque nuestra política exterior es global. China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, por lo tanto, fundamental para la estabilidad, la paz y el desarrollo económico mundiales. En segundo lugar, buscamos equilibrar un déficit comercial muy pronunciado para España con un gran mercado como es el chino y mantener relaciones diplomáticas y políticas de primer nivel como mantenemos con todos los grandes países del planeta.

¿Es un socio más fiable que Estados Unidos en estos momentos?

Son socios distintos, Estados Unidos es un aliado. Lo que sí es cierto es que las posiciones de la Administración norteamericana llevan a que los europeos tengamos que buscar nuevos socios comerciales. Lo hemos hecho con Mercosur, por cierto, liderados por España. Lo hemos hecho con India, con Australia. Y también hay que mirar hacia China.

No sé si sabe cuál es la situación del soldado español, miembro de las misiones de las Naciones Unidas en Líbano, que estuvo retenido por Israel.

Sé que se encuentra bien. Lo que sí le confirmo es que, al tener conocimiento de esta situación inaceptable que rechazo y condeno con rotundidad, convocamos inmediatamente a la encargada de negocios de la Embajada de Israel al Ministerio de Asuntos Exteriores y le entregamos una nota verbal de protesta. Es inadmisible que un soldado de una fuerza de Naciones Unidas, que es inviolable en todo momento, sea retenido de esta manera.

Las posiciones de la administración norteamericana llevan a que los europeos tengamos que buscar nuevos socios comerciales

La portavoz del Partido Popular hizo un chiste con esa retención del soldado español.

Me parece una auténtica vergüenza. Como ministro de Asuntos Exteriores me avergüenzo de que haya representantes políticos que hagan esas declaraciones. En primer lugar, por un mínimo patriotismo. Estamos hablando de un soldado español. En segundo lugar, por una defensa del derecho internacional y de las Naciones Unidas. Es un soldado español con casco azul bajo bandera de las Naciones Unidas, que tiene un estatuto de especial protección. Y en tercer lugar, porque la misión que están realizando es una misión de paz. Sinceramente, esas declaraciones demuestran una vez más que el Partido Popular está absolutamente incapacitado para gobernar España.

¿Qué le parece el intento de viraje del PP respecto a Irán? Estuvieron semanas ridiculizando el ‘no a la guerra’ del Gobierno y ahora lo hacen suyo.

El 'no a la guerra' del Partido Popular sí que es para ellos un eslogan. Siguen sin comprender que es un sentimiento abrumadoramente mayoritario entre los españoles. Pero cuando hubo que tomar la decisión de cómo se iba a posicionar España en su política exterior y qué se iba a hacer con las bases de Estados Unidos de soberanía española, el presidente del Gobierno y el Gobierno de España no tuvimos al Partido Popular de nuestro lado. Ese era el momento de haber dicho 'no a la guerra'. Y en ese momento, no lo olvidemos, el señor Feijóo dijo que teníamos que estar al lado de Estados Unidos.

¿Cree realmente que el riesgo que afronta el mundo es tan elevado como para que estén en juego la paz y la seguridad de una época y que, en ese caso, la opinión pública es plenamente consciente de ello?

Sí, es totalmente consciente. Lo constato cuando los ciudadanos se me acercan en la calle y me preguntan por la guerra. Son conscientes de la gravedad, de que esta es una crisis mundial, de que no es una crisis como cualquier otra y que aquí las cosas se pueden realmente ir de las manos para toda la humanidad. Son conscientes del impacto que tiene para su vida cotidiana y para su economía familiar y personal. Y son conscientes de que aquí nos estamos jugando cosas absolutamente básicas, impensables hasta hace muy poco.

¿La propia seguridad de nuestro país?

La seguridad no es solamente una seguridad militar, también lo es de flujos energéticos. España los tiene garantizados con países como Argelia, un gran socio. O la soberanía energética que tenemos con las energías renovables. Pero la ciudadanía es consciente de que el incremento de precios de la gasolina o de los alimentos es también su bienestar y, por lo tanto, su seguridad.

Pedro Sánchez vuelve a pedir a la Unión Europea suspender el acuerdo de asociación con Israel: “No permitamos una nueva Gaza en el Líbano, porque ante violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario, Europa tiene que actuar con coherencia”, ha reclamado este viernes en Barcelona.

El presidente del Gobierno ha defendido esta suspensión “por coherencia y también por empatía” y para que la posición mantenida por la Unión en Ucrania sea apoyada por el resto del mundo. “España, por supuesto, está preparada para dar ese paso junto con otros muchos países europeos”, y ha asegurando que Israel “atropella y viola” muchos de los artículos del acuerdo de asociación.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha cargado este viernes directamente contra España por su posición crítica ante su actuación genocida en Gaza y le ha acusado de librar una “guerra diplomática” contra ellos.

“No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad”, ha asegurado en un vídeo difundido en redes sociales, tras lo que ha anunciado la expulsión inmediata de España del centro Kyriat Gat, que coordina la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, a través de Rafah.

Además, el primer ministro israelí ha acusado a España de “difamar” a su Ejército, al que ha calificado del “más moral del mundo”. Mientras, Israel continúa los bombardeos en el Líbano donde las víctimas superan los 200 muertos y el millar de heridos.

“Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región”, ha afirmado. “No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello”.

La negociación para conseguir convalidar en el Congreso el decreto de medidas de vivienda aprobado hace unas semanas por el Consejo de Ministros no carbura. El ala minoritaria del Gobierno, la de Sumar, es la que ha tomado el timón de las conversaciones con los grupos parlamentarios para intentar convencerles de votar a favor de un texto que, hoy por hoy, tiene muy pocas opciones de obtener los votos para seguir en vigor. Pero los de Yolanda Díaz, que son conscientes de la dificultad de sacar el paquete adelante, no han logrado mover ni un milímetro la negativa de PP y Junts, de quienes depende que el decreto se convalide. Y el PSOE no está haciendo muchos esfuerzos para intentar revertir ese rechazo y ha decidido no involucrarse en una negociación que, consideran, está abocada al fracaso.

Buena muestra de la soledad con la que Sumar está viviendo esta negociación es que se ha visto obligado a vehicular las conversaciones a través de su grupo parlamentario y no de sus ministerios. El lunes, de hecho, los cuatro principales partidos de esa coalición —IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar— presentaron la campaña 'Pide la prórroga, defiende la prórroga' y anunciaron que su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, convocaría reuniones con todos los socios habituales del Gobierno y también con el PP. No obstante, 24 horas después los populares respondieron con un portazo y anunciaron que se niegan a mantener un encuentro con el grupo parlamentario de Sumar porque su posición en relación con el decreto y con medidas como la prórroga de los alquileres que venzan en 2026 y 2027 es “de sobra conocida”.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy —que está pilotando la negociación de este decreto por parte de Sumar— reaccionó rápidamente a esa negativa criticando que “la respuesta del PP frente a la crisis de vivienda siempre es la misma: no hacer nada”. “Esta vez se equivocan”, dijo, porque “si votan contra la prórroga de alquileres pagarán un precio político altísimo”. “Entre los 2,6 millones de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes”, recordó Bustinduy. Y fuentes de Sumar señalan que “el 70% de los del PSOE están de acuerdo con la medida” y que “alrededor de un cuarto de los votantes de derechas también la apoya”.

Sumar asegura que ha cerrado reuniones con otros grupos parlamentarios, pero no concreta con cuáles ni si Junts está entre ellos. Y, tras la negativa del PP a sentarse a negociar, solo los independentistas catalanes podrían salvar la convalidación del decreto. Pero las perspectivas con ellos tampoco son buenas para Sumar, puesto que Junts ha endurecido su posición en materia de vivienda y, en los últimos meses, ha tumbado en dos ocasiones sendos decretos del Gobierno con medidas de vivienda mucho más tibias que la prórroga de los alquileres. Los de Carles Puigdemont se han negado a mantener la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables que no podían pagar su alquiler, y esa iniciativa afectaba a muchos menos caseros que la extensión al mismo precio de los contratos que vencen en 2026 y 2027.

Desde el inicio de la legislatura, Sumar ha hecho bandera de sus diferencias con el PSOE en materia de vivienda. Esa distancia volvió a evidenciarse, precisamente, en la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó este decreto, cuyo inicio se tuvo que retrasar por la negativa de Díaz y los suyos a participar si los socialistas no se comprometían a aprobar la prórroga de los alquileres que el PSOE llevaba rechazando de plano muchos meses. Estos movimientos de Sumar, no obstante, no pueden aislarse del contexto político en el que están teniendo lugar: en plena precampaña para las elecciones autonómicas en Andalucía del 17 de mayo y también en mitad del proceso de reconfiguración de la izquierda alternativa, por cuya primacía los partidos que componen Sumar mantienen un pulso con Podemos.

Una negociación imposible

Lo que defienden en las filas socialistas es que toda esa puesta de largo en torno a una negociación que califican de imposible tiene más que ver con la necesidad de Sumar de recuperar algo de foco político que con una creencia real de que se pueda sacar adelante el texto. Explican en el PSOE que, por el momento, ni siquiera tienen constancia de que hayan arrancado las conversaciones de su socio de coalición con los grupos respecto al contenido de un decreto que aún no tiene fecha de convalidación en el Congreso. Y que, en cualquier caso, el recorrido de esas conversaciones es, en su opinión, nulo.

“Nosotros estamos a favor de esas medidas, nos parecen necesarias y por eso el Gobierno las ha vuelto a aprobar, después de aplicarlas anteriormente. Pero las habas están contadas y tenemos la certeza de que el PP, Vox y Junts las van a tumbar, porque nos lo han dicho claramente”, sostienen en las filas socialistas, donde apostillan que, si la negociación con la derecha es imposible, con la izquierda ni siquiera hace falta. “No hace falta negociar con ERC, Bildu o Compromís ese decreto porque ya sabemos que lo apoyan. La clave, como tantas veces, es Junts. Y no pueden ser más claros en su rechazo”.

Ese convencimiento del PSOE respecto a la postura de los independentistas catalanes, que en la práctica ya ejercen de fuerza de oposición en el Congreso desde hace meses salvo contadas excepciones, está de hecho en el origen del choque en el Consejo de Ministros extraordinario que protagonizaron los socios de coalición. El presidente del Gobierno y su equipo se cerraron en banda a incluir en el decreto de medidas económicas por la guerra de Irán el paquete de vivienda exigido por Sumar. Porque de hacerlo, defendieron entonces y sostienen aún hoy, todo el plan hubiera sido rechazado por el Congreso, que hubiera tumbado la rebaja fiscal a los combustibles o la prórroga al bono social eléctrico y térmico.

Los socialistas aseguran que “respetan” las estrategias políticas de sus socios y que no pondrán ningún tipo de trabas al intento de Sumar de apropiarse de la defensa de un decreto cuyas medidas están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Entre otras cosas, el texto permite una prórroga legal de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027, de los contratos de alquiler que finalicen a partir del 21 de marzo. Algo de lo que pueden beneficiarse hasta 2,6 millones de inquilinos y un millón de hogares a los que les aplicaría la limitación de la actualización de la renta.

Si Luis Bárcenas llegó a ser un día “ese señor del que usted me habla” para Mariano Rajoy, el expresidente ocupa hoy un lugar parecido en el discurso de su partido. En pleno juicio de la causa contra la guerra sucia del PP para destruir pruebas de su caja B, en Génova intentan ahora marcar distancias con el hombre que estuvo al frente de un Gobierno en el que su Ministerio del Interior organizó y ejecutó una operación con fondos públicos reservados para tapar su propia corrupción y con el que han contado políticamente hasta hace menos de un mes para la campaña electoral de Castilla y León.

“Yo no soy el juez ni el responsable para decidir quién es culpable o inocente”. Esa fue la respuesta oficial que se limitó a ofrecer este lunes la dirección de los populares en boca de su vicesecretario general, Juan Bravo, que evitó mojarse más ante la pregunta específica de la prensa sobre si la actual dirección del PP confía en la inocencia de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en relación con la operación Kitchen tras ser señalados por Bárcenas. Bravo se limitó a pedir “respeto” al procedimiento judicial y a esperar “que los jueces decidan y exijan responsabilidades a quien lo haya hecho”, sin atisbo de mano en el fuego por sus compañeros de filas.

“El PP tiene una posición clara: que la Justicia actúe con independencia y los culpables paguen por los delitos”, insistió el dirigente del PP, que hizo hincapié en establecer un cordón sanitario con un Partido Popular que, a su juicio, ya no existe. “Condenamos sin ningún matiz cualquier causa de corrupción. El PP de 2026 no es Kitchen, ni Gürtel; ni el PSOE de 2026 es Filesa. Respetamos a la justicia y planteamos un análisis claro: Feijóo no tiene en su equipo a nadie involucrado en casos de corrupción”, zanjó Bravo ante las preguntas de la prensa tras dar a entender que su partido ya pagó por la corrupción el precio que tenía que pagar: “El PP tuvo una moción de censura y salió del Gobierno”.

Esa estrategia de los populares de intentar desvincularse ahora de Mariano Rajoy y su legado de corrupción supone, en realidad, un volantazo de última hora en toda regla. Porque el expresidente no es, ni mucho menos, un denostado para los de Feijóo, que han contado con él activamente para la última cita electoral de Castilla y León. Y que le otorgó un papel destacado en el último congreso del partido el verano pasado, cuando Rajoy llegó a reivindicar su mano dura contra la corrupción entre la ovación de su partido.

“Cuando nosotros tuvimos problemas, nos juntamos y lo que hicimos fue endurecer las leyes para mejorar la lucha contra el delito. Ahora que hay un agujero negro, se han puesto a endurecer las leyes contra la independencia judicial. Esa es la diferencia, unos actuamos contra la corrupción y otros contra los jueces, contra los fiscales y la Guardia Civil”, dijo Rajoy entonces respecto a su balance como gestor de escándalos.

En mitad de la cascada de noticias sobre la socialista Leire Díez y su presunta implicación en intentos de chantaje, el político que encargó a Jorge Fernández Díaz ponerse al frente de la Policía y la Guardia Civil llegó a hablar de un escándalo “nunca visto” en España. “Una destacada militante socialista arropada por el secretario de Organización de su partido, creando un sindicato de intereses con personajes de dudosa condición para organizar campañas de desprestigio contra jueces, fiscales y guardias civiles... yo por lo menos, no lo había visto. Es algo increíble. Es alucinante. Es asombroso. No se conocen precedentes de algo así ni parecido”. Su ministro del Interior se enfrenta ahora a una pena de 15 años de cárcel por organizar un grupo parapolicial que fabricó pruebas falsas contra rivales políticos e intentó destruir las pruebas de la histórica corrupción del PP conocida como ‘caso Gürtel’ que guardaba el que fuera tesorero de la formación, Luis Bárcenas.

Sobre nada de ello se pronunció este lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que guardó silencio incluso en sus propias redes sociales tras participar en el Comité de Dirección de su partido. Los populares sí se volcaron, en cambio, en el otro gran juicio de la semana contra la corrupción del PSOE por el conocido como 'caso mascarillas', que tiene en el centro de la trama al exministro socialista José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor Aldama.

El PSOE pide imputar al PP

Mientras, la acusación popular que ejerce el PSOE solicitó este lunes en el juicio del 'caso Kitchen' que vuelva a ser imputada María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y que se atribuya a la formación política de Alberto Núñez Feijóo la condición de responsable civil a título lucrativo. Los socialistas quieren que el tribunal valore “nuevos elementos probatorios” que han permanecido durante dos años en secreto en una pieza distinta del caso Villarejo y sobre los que, consideran, la Audiencia Nacional no se ha pronunciado.

La abogada Gloria Pascual, en representación de los socialistas, aportó el contenido de un informe de la Unidad de Asuntos Internos en el que se solicitó hace tres años una valoración por el juez del caso, en ese momento Manuel García Castellón, algo que nunca se llegó a producir. García Castellón había abierto una pieza donde envió los nuevos audios de Villarejo difundidos por medios de comunicación y redes sociales con indicios contra Cospedal y el Partido Popular. Aunque el contenido de esa causa no ha podido ser consultado por las partes hasta hace unos meses.

En uno de esos audios, Cospedal reconoce que tenía acceso a los informes de la caja B del Partido Popular antes del juez porque se los suministraba el ministro del Interior en persona, según reveló elDiario.es en diciembre del pasado año. Otro de los audios de los que la Policía pedía valoración al juez es el referente a la “libretita” –los papeles de Bárcenas– que Cospedal pidió a Villarejo que parara. El tercero es de 2017 y Villarejo, quien ya se sabía investigado, pide a la número dos del PP intercesión ante los problemas judiciales que le vienen.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y el actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, rechazaron la petición del PSOE realizada entonces. Piña, en un duro auto, cargó contra el PSOE, al que acusó de actuar en contra de “la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta”. Según el juez Piña, los audios “no contienen elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída con relación a la Sra. Cospedal”. Será ahora el tribunal de Kitchen quien decida sobre la petición de los socialistas.

Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

Pedro Sánchez volvió a demostrar esta semana que el ruido de sus socios e incluso algunos recelos en sus propias filas están muy lejos de poder influir en su toma de decisiones. El presidente resolvió la salida de María Jesús Montero con dos movimientos quirúrgicos y no con una crisis de Gobierno en profundidad. El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ostentará desde ahora la responsabilidad de vicepresidente primero. Y la cartera de Hacienda recae en manos del valenciano Arcadi España, una persona con experiencia en la gestión de la política fiscal y de la confianza de su predecesora. Aunque España no estaba en las quinielas, es mayor el impacto político del ascenso de Cuerpo, una elección que genera suspicacia en algunos en el PSOE y que llega justo después de que Sumar lo elija como foco de conflicto en su estrategia por marcar algo de perfil propio en el Ejecutivo.

“Mi más sincera enhorabuena a Carlos Cuerpo por esta nueva responsabilidad en la vicepresidencia primera”, publicó en sus redes sociales la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tras el anuncio del presidente. 48 horas antes, la también ministra de Trabajo había acusado directamente al titular de Economía de ponerse “del lado de las patronales que incumplen las horas extras de nuestro país”. Hace unos meses, en plena negociación interna de la reducción de jornada, Díaz llegó a calificar como “de mala persona” oponerse a que la gente trabaje menos, en referencia clara a su compañero en el Gobierno.

Y es que, aunque ese choque se haya recrudecido en los últimos días, viene de lejos. Desde la pasada legislatura, Díaz ha tenido a los diferentes ministros de Economía como sus némesis: primero, a Nadia Calviño y, desde que esta salió del Gobierno para asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a su sucesor, Carlos Cuerpo. Y ese choque se ha dejado notar en diferentes asuntos: desde la negociación de la reforma laboral, en cuya recta final Calviño trató de interferir para descafeinar la ley, hasta la mencionada y fallida reducción de la jornada de trabajo, donde Díaz y Cuerpo tuvieron sus más y sus menos públicamente por el intento del ahora vicepresidente de retrasar la tramitación de la propuesta.

Tras unos meses de calma, la última crisis entre ambos dirigentes ha tenido lugar esta semana a raíz de lo que, para Sumar, son maniobras de Cuerpo para “torpedear” el reglamento para reforzar el control horario de los trabajadores y evitar las horas extra impagadas, un texto que Trabajo lleva meses preparando. Fuentes del Ministerio afirman que el nuevo vicepresidente ha intentado boicotear, vía Consejo de Estado, la puesta en marcha de ese reglamento. Pero también aseguran que van a mantener el pulso y que tienen intención de hacer únicamente cambios mínimos para sortear las dudas jurídicas que pueda generar su propuesta: en ningún caso, prometen, incluirán las modificaciones que exige Cuerpo, como un plazo mayor para que las pymes apliquen la norma.

Ese conflicto se suma a la decisión de Sumar de endurecer el tono con el PSOE en relación a la vivienda después de que el pulso que echaron la semana pasada a los socialistas les saliera relativamente bien. Los de Díaz consiguieron que Sánchez aceptase aprobar la prórroga de los contratos de alquiler tras negarse a entrar en el Consejo de Ministros y retrasar su comienzo, aunque esa medida se desgajó del resto y tanto el PSOE como Sumar saben que tiene muy pocas opciones de que sea convalidada en el Congreso. Pese a ello, durante esta semana Díaz y los suyos han presumido de haber torcido el brazo a Sánchez y le han presionado públicamente para tomar más medidas en materia de vivienda.

No obstante, y a pesar de los roces de las últimas semanas, fuentes de diferentes familias de la coalición Sumar quitan hierro al enfrentamiento entre Cuerpo y Díaz. Y algunos dirigentes, incluso, deslizan que la propia vicepresidenta ha cargado las tintas públicamente contra el titular de Economía con el objetivo de marcar territorio ante él y, asimismo, para reforzar su propio perfil confrontando con el representante de la doctrina económica más “ortodoxa” dentro del Gobierno, en palabras de la propia Díaz.

De hecho, la mayor parte de las fuentes consultadas de los diferentes partidos que conforman Sumar están de acuerdo en que el nombramiento de Cuerpo no va a complicar el entendimiento entre las dos alas del Gobierno, aunque tampoco facilite asuntos que ya eran muy complicados de gestionar para la coalición, como la vivienda. Y varios de los dirigentes del espacio que comanda Yolanda Díaz coinciden en señalar que al titular de Presidencia, Félix Bolaños, como el ministro que verdaderamente seguirá moviendo los hilos de las relaciones entre las dos almas del Ejecutivo y que retendrá un enorme mando en plaza, aunque nominalmente estará por debajo del nuevo vicepresidente.

Es más: varias de las fuentes de Sumar consultadas coinciden en que el ascenso de Cuerpo y la sustitución de María Jesús Montero por Arcadi España en el Ministerio de Hacienda, aunque reordene las piezas, no va a suponer un giro brusco en materia económica, ni en una dirección ni en otra. Y eso es así porque, aunque los ministros tienen mucho poder y capacidad de negociación, al final la dirección de la política económica corresponde a Sánchez, y es con él con quien Díaz ha tenido que negociar, en última instancia, el desbloqueo de algunas de las crisis entre PSOE y Sumar de los últimos años. Incluida, por ejemplo, la del Consejo de Ministros que aprobó los decretos de medidas por la guerra de Irán.

El ascenso de Cuerpo

Desde la Moncloa trasladan que la elección de Cuerpo responde una lógica del presidente del Gobierno por poner el foco en la gestión y por reivindicar el estado de salud de la economía española, un tema tabú en el discurso de la oposición desde que se vinieron abajo los vaticinios de recesión lanzados por Feijóo tras su aterrizaje en la política nacional. “Carlos Cuerpo es uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Está haciendo un trabajo excepcional al frente del ministerio de economía y será también un fantástico vicepresidente”, dijo Sánchez durante su comparecencia del jueves.

Funcionario de carrera, economista de prestigio en lo académico, con dilatada experiencia internacional y con una interacción fluida con la élite empresarial del país, Carlos Cuerpo ha hecho gala desde su incorporación al Consejo de Ministros en diciembre de 2023 de un discurso y un talante de moderación y templanza al que la propia oposición admite que cuesta hincarle el diente. Por eso, y por el balance de gestión económica del Ejecutivo, interpretan en el Gobierno que su ascenso es precisamente una dificultad añadida para la estrategia de confrontación permanente que despliega la derecha, con quien incluso Cuerpo mantiene abiertas habituales vías de diálogo.

La percepción entre algunas voces de referencia en el PSOE, no obstante, es que la salida de una persona como María Jesús Montero del Consejo de Ministros requería la elección de un perfil más político para un puesto de tanta responsabilidad y exposición como es la vicepresidencia primera del Gobierno y en un momento de inicio del ciclo electoral. Esa corriente de opinión entre los socialistas asiste ahora con cierta inquietud al ascenso fulgurante de un hombre al que algunos de sus críticos señalan como “más liberal que progresista” y como “más técnico que político”. Opiniones, reacciones o análisis múltiples y variados sin permeabilidad alguna en las decisiones del presidente.

La salida del Gobierno de María Jesús Montero para ser candidata en Andalucía ha supuesto dos movimientos en el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez encarga la vicepresidencia primera al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que asciende de esta forma hasta convertirse en 'número 2' del Ejecutivo tras sustituir hace poco más de dos años a la también vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Cuerpo no asumirá en cambio el Ministerio de Hacienda porque el presidente ha evitado la creación de una macrocartera económica. La responsabilidad de dirigir la política fiscal se la encarga a Arcadi España, actual secretario de Estado de Política Territorial. El presidente del Gobierno lleva a cabo, de este modo, una crisis de Gobierno 'quirúrgica' al estilo de las ya emprendidas tras las salidas de la propia Nadia Calviño o de Pilar Alegría.

El nombramiento de Arcadi España como máximo responsable de la política fiscal del Gobierno ha supuesto una sorpresa para mucha gente entre las filas socialistas y en el seno del propio Ejecutivo, puesto que no estaba en ninguna de las quinielas de las últimas semanas. España, hasta ahora mano derecha del ministro Ángel Víctor Torres, ya ostentó la responsabilidad del departamento de Hacienda en la Generalitat Valenciana bajo las órdenes de Ximo Puig, por lo que su nombramiento también se interpreta como un guiño y un impulso a la federación socialista valenciana, una de las que Ferraz y Moncloa tienen marcada en rojo para disputar el poder en las autonómicas del año que viene tras una legislatura marcada por los escándalos del popular Carlos Mazón.

Nacido en Carcaixent en 1974, Arcadi España es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, máster en Dirección y Gestión Pública para Analistas Financieros Internacionales. Es secretario de Estado de Política Territorial desde 2023. Hasta su nombramiento era portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialistas en Les Corts Valencianes. En la Administración General del Estado ha sido asesor parlamentario en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y director del Gabinete del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios. En la Administración Autonómica, director del Gabinete del President de la Generalitat Valenciana, conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y conseller de Hacienda y Modelo Económico.

Montero le deja encima de la mesa una tarea titánica: no solo tendrá que presentar y tratar de atar los primeros Presupuestos de la legislatura, que ya están preparados; sino que tendrá que adaptar las cifras de las cuentas públicas para responder a los efectos económicos de la guerra en Irán, sin perder de vista el corsé fiscal de Bruselas.

La vicepresidenta dejó preparada la condonación de la deuda autonómica, el compromiso que cerró el PSOE con ERC para atar la investidura de Pedro Sánchez en 2023, pero que todavía espera su turno en el Congreso. Otro melón importante es la reforma del sistema de la financiación autonómica, que el equipo de Montero ya tenía diseñado, pero que aún tiene que pasar por el Consejo de Ministros. El objetivo era tenerlo aprobado a finales de este año, pero los cambios en la cartera anticipan un retraso en su tramitación.

En su comparecencia para anunciar los cambios, Pedro Sánchez ha ensalzado la labor de María Jesús Montero como “una de las mejores políticas que he conocido”, así como el papel desempeñado hasta la fecha por Carlos Cuerpo al frente de Economía. “Es uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Está haciendo un trabajo excepcional al frente del ministerio de economía y será también un fantástico vicepresidente”.

Sobre el nuevo ministro de Hacienda, Sánchez ha apuntado que Arcadi España “tiene una dilatada trayectoria como servidor del estado. Es una persona recta, inteligente, comprometida, que dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero y ayudará, junto a Carlos Cuerpo, a mantener a España en la senda de transformación y prosperidad”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, convocó este lunes un Consejo de Gobierno extraordinario para informar de la disolución del Parlamento y la convocatoria de las elecciones autonómicas el próximo 17 de mayo. La campaña electoral arrancará la noche del jueves 30 de abril, la semana posterior a la Feria de Sevilla, y en pleno mayo festivo en Córdoba.

Pedro Sánchez llama a Europa a “no doblegarse” ante los Estados Unidos de Donald Trump para construir un proyecto europeo “más libre y más autónomo” en plenos tiempos de guerra. El presidente del Gobierno ha inaugurado este jueves el VI Foro Económico organizado elDiario.es y ha vuelto a reivindicar una voz propia nítida y unidad de acción a sus colegas de la UE para proteger mejor al viejo continente de los aires belicistas que recorren el mundo.

“Tenemos suficientes credenciales para contribuir a este debate desde una posición de liderazgo y de ejemplo bien liderado. Europa forma parte de nuestras vidas. Es hora de tomar decisiones valientes. Nos estamos jugando la posibilidad de una Europa mucho más autónoma, más sólida, más libre y más resiliente”, ha reivindicado tras insistir en que no sería “un compromiso inteligente” para Europa aceptar el 5% del gasto en defensa exigido por EEUU y la OTAN.

“La guerra la iniciaron mandatarios de países extranjeros, no podemos dejar que la paguen 20 millones de hogares españoles. Es una catástrofe, un gran error político Y geopolítico. Y desestebaliza una arteria fundamental del comercio internacional como es el estrecho de Ormuz. Amenaza con un terremoto global. Ya está impactando en los bolsillos de nuestros connciudadanos” ha alertado para pedir apoyo al decreto anticrisis que se vota hoy en el Congreso.

“Confío en que todas las fuerzas parlamentarias estén a la altura del momento histórico que estamos atravesando. A veces la política se reduce a lo esencial. Es aquí y ahora cuando se demuestra el sentido de estado y el verdadero patriotismo”, ha dicho.

El presidente ha reivindicado, además, el valor de su Gobierno para encabezar una política exterior claramente distanciada de la deriva de Donald Trump. “Clamamos por la paz casi en solitario desde el principio, ya son muchos los que se han sumado a este clamor. Y ahora nos volcamos en lo prioritario: ayudar a nuestra gente, sobre todo a nuestra gente de a pie”.

Ahora ya nadie defiende la guerra ni hace seguidismo ciego a Donald Trump. Si aún quedaba vigente algún atisbo de la campaña de ridiculización de la derecha y la extrema derecha al 'no a la guerra' de Pedro Sánchez como respuesta a los ataques a Irán, tal estrategia terminó de desaparecer este miércoles en el Congreso de los Diputados. La política exterior expuesta por el presidente del Gobierno durante su comparecencia no solo ha arrastrado ya a un buen número de socios europeos a rechazar el conflicto emprendido por Trump y Netanyahu, sino que incluso consigue marcar el paso del posicionamiento estratégico de la oposición en España.

La deriva de la guerra, el fracaso de los planes de Estados Unidos e Israel y la incertidumbre sobre las consecuencias y la duración del conflicto llevaron incluso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a entonar también el “no a la guerra” para sumarle la coletilla doméstica de “no a Pedro Sánchez”y. Ni siquiera el líder de Vox, Santiago Abascal, fue capaz de defender desde la tribuna y ante la opinión pública española los planes del presidente de Estados Unidos. Y contra ambos arremetió el presidente para acorralarlos en sus contradicciones.

“Callar ante una guerra injusta no es prudencia ni lealtad. Es un acto de cobardía y de complicidad”, les dijo Sánchez a los líderes de las derechas, a los que interpeló por su patriotismo. “Patriotismo es oponerse a una guerra ilegal que en nada beneficia a los intereses de los españoles ni de los europeos”, dijo.

Especialmente duro se mostró con el líder del PP, al que acusó de “no saber nada” de Irán, ni de la guerra, ni de sus consecuencias. Y por eso le achacó “no estar capacitado” para llevar “el timón” de la gobernabilidad de España. “Señor Feijóo, se lo digo con todo el respeto, pero usted no está preparado para llevar el timón de este país. Se lo dije hace tiempo, desde que usted salió de la Xunta de Galicia, a usted la política nacional o le queda lejos, o le queda grande”, le espetó.

El presidente llegó a burlarse de los argumentos esgrimidos por Feijóo respecto a Irán. “Primero, usted dijo que la caída de un régimen como el de Jamenei es una buena noticia para la libertad y para la democracia. ¡Ah! ¿Pero es que ha caído el régimen? Y su segundo argumento sin saber nada, absolutamente nada de Irán, fue aplaudir el ataque unilateral de Estados Unidos y de Israel en pro de la seguridad internacional porque dijo que persigue la bomba nuclear. Claro, la bomba nuclear. Pero usted esto ¿dónde lo ha leído, señor Feijóo? ¿En Okdiario? No sabe usted poner a Huelva en el mapa, ¿pero sí sabe dónde están las armas nucleares en Irán? Es impresionante”, ironizó.

Durante su intervención inicial, Sánchez dedicó buena parte de su discurso a enumerar los efectos de la guerra para defender las líneas maestras de su política exterior. “¿Qué han logrado los promotores de esta guerra ilegal?”, se preguntó. “Socavar la legalidad internacional, desestabilizar Oriente Medio, llevar la inseguridad a países del Golfo que hasta ahora eran seguros, incentivar los programas nucleares de Pakistán y Corea del Norte, dar a Putin unos 8.000 millones de euros adicionales para financiar su guerra y cambiar a un Jamenei por otro Jamenei aún peor. Resumiendo en pocas palabras: un desastre absoluto”, relató.

El líder del PP, sin margen de maniobra para desmarcarse de esa exposición, intentó reenfocar el debate en el marco de la política doméstica e intentó situar a Sánchez como defensor del régimen de los ayatolás. “No a la guerra y no a usted. Difícilmente se puede defender la paz si la propaganda iraní estampa tu cara en un misil”. “Le han dado las gracias el régimen iraní, los terroristas de Hezbolá y Maduro. Le falta el régimen norcoreano”, insistió Feijóo tras el ataque de Pedro Sánchez a su falta de coherencia con la guerra. “Usted es un pacifista de pacotilla. ¿Sabe cómo le llama en privado algún homólogo suyo? El traidor de Europa”, dijo en referencia a una supuesta conversación con algún primer ministro de la UE.

Decreto de medidas por la guerra

El corolario de esta semana en la que la Moncloa ha vuelto a intentar ensanchar su espacio a través del ‘no a la guerra’ tendrá lugar este jueves, cuando, salvo sorpresa de última hora, el Congreso convalidará el primero de los dos decretos anticrisis que el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado. El Ejecutivo tiene atados los apoyos para sacar el texto adelante, puesto que Junts confirmó el martes que le dará luz verde a cambio de una condición prácticamente simbólica: que el PSOE acepte una proposición no de ley —una iniciativa de presión política, pero sin efectos legales— relativa a la exención del IVA a los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros anuales.

Aunque con el apoyo de los independentistas catalanes —y el de los socios de izquierdas, pese a sus recelos— el decreto tiene los votos suficientes para ser convalidado, la Moncloa busca que las medidas cuenten con el mayor número posible de apoyos. En este sentido, la incógnita fundamental es cuál será la posición que mantendrá el PP, que ha evitado cuidadosamente concretar el sentido de su voto de este jueves. El discurso de los populares, asimismo, ha sido ambiguo: en los últimos días han criticado que el texto “se queda corto”, pero también han elogiado que incluya varias rebajas fiscales e incluso el secretario general del PP, Miguel Tellado, lo llegó a calificar como el decreto “de derechas” de los dos que aprobó el Gobierno la semana pasada.

Precisamente estas bajadas en los impuestos que se aplican a productos como la gasolina, la electricidad o el gas son las que no gustan a algunos de los socios de izquierdas de Sánchez, ya que consideran que no lograrán bajar los precios y se quejan, además, de que quitan recursos al Estado en lugar de obligar a las grandes empresas a pagar el coste del escudo social. Ninguno de los aliados progresistas del Gobierno va a votar en contra del decreto, y tan solo Podemos ha anunciado que se abstendrá, aunque con el 'sí' de Junts su posición es irrelevante. Pero varios de ellos trasladaron este miércoles su incomodidad a un Sánchez que, por su parte, tampoco hizo grandes esfuerzos por pedir el apoyo al decreto que sí satisface enteramente a las formaciones progresistas: el que incluye medidas de vivienda, que no se votará este jueves.

Uno de los partidos que se expresó con mayor dureza fue EH Bildu, cuya portavoz, Mertxe Aizpurua, criticó las rebajas “generalizadas” de impuestos “sin control de precios” y aseguró que buena parte de las medidas contempladas en el paquete están “hechas a la medida” de las grandes empresas “con el único objetivo de mantener y agrandar sus ganancias”. “Hoy las petroleras ya han reabsorbido la mayor parte de la rebaja que se pretendía lograr, y en unos días el efecto de las rebajas de impuestos será nulo para el consumidor”, pronosticó Aizpurua, que denunció que “las energéticas engordarán sus beneficios con un dinero público que no se recuperará porque las derechas tumbaron el impuesto energético que el Gobierno no ha querido recuperar”.

En la misma línea, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, preguntó a Sánchez si, “aparte de bajar impuestos, va a intervenir el mercado” para evitar que las grandes empresas aumenten sus márgenes de beneficio aprovechando el alza de los precios de productos básicos. “Más de 2.000 gasolineras subieron el precio del combustible antes de que se bajaran los impuestos”, y lo hicieron porque el Gobierno “no intervino el mercado”, criticó Rufián, que pidió al Ejecutivo que sea “valiente” y vaya más allá de las medidas que ya ha adoptado. “Bajar impuestos sin intervenir en el mercado solamente favorece” a los “dueños” de las grandes empresas, espetó.

Podemos, por su parte, fue el socio progresista del Ejecutivo que criticó con más dureza el decreto. Su secretaria general, Ione Belarra, espetó a Sánchez que “tristemente” el paquete de medidas “ni es un escudo social ni es un plan de respuesta, es una bajada masiva de impuestos”, y afirmó que no va a servir para bajar los precios de productos como la gasolina. El efecto, afirmó Belarra, “va durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio”, puesto que las rebajas fiscales “las va a devorar la especulación de Repsol, de Iberdrola, de Moeve o de Endesa”.

El presidente del Gobierno llamó al conjunto de partidos de la Cámara a respaldar un paquete de medidas que consideró imprescindibles para proteger a la ciudadanía de los efectos económicos de la guerra. “Aquí, en nuestro país, el diésel y el gas han llegado a subir un 35 y 95% respectivamente. Y el IBEX 35 ha acumulado una caída del 9%. Eso significa que las empresas españolas han perdido más de 100.000 millones de euros en menos de un mes. Casi 5.000 millones de euros por cada día de conflicto”, remarcó Pedro Sánchez, que remarcó durante buena parte del debate parlamentario la actitud de su Gobierno en este conflicto en contraposición a la “catadura moral” de Aznar con la invasión de Irak de 2003.

Pedro Sánchez alerta de que el mundo que amanecerá tras la guerra de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio estará lastrado por las consecuencias de un conflicto que ha comparado con el de Irak en 2003. “La historia se repite. Porque a Aznar le han reemplazado Feijóo y Abascal. Y a Bush, Trump. Y en lugar de Irak tenemos a Irán, que es un país dos veces más poblado y con un peso en la economía global cinco veces mayor. Un país que cuenta con más soldados regulares que Alemania, Francia e Italia juntos, y con tecnologías muy avanzadas, capaces de destruir F-35s en pleno vuelo, lanzar misiles balísticos a 4.000 km de distancia, y controlar el estrecho de Ormuz pese a la presencia de la flota norteamericana. Irán es una potencia militar”.

Por eso, el presidente del Gobierno advierte de que el riesgo es “mucho peor” que el de 2003, cuando la administración Bush decidió invadir Irak bajo la mentira de que el régimen de Sadam Hussein escondía armas de destrucción masiva. “No estamos ante el mismo escenario. Estamos ante algo mucho peor. Con un potencial de impacto mucho más amplio y profundo”.

Sánchez ha recordado que, en solo un mes de guerra, hay confirmados 2.000 muertos, más de 4 millones de personas desplazadas en Irán y en Líbano, “un Primer Ministro, Netanyahu, envalentonado y cuyo objetivo es repetir en el Líbano la misma destrucción y sufrimiento que el cometido en Gaza. Una respuesta del régimen de Irán cruel e ilegal a sus países vecinos que condenamos y rechazamos. Unos 12.000 millones de dólares de dinero público gastado en las operaciones militares. Una contracción severa del turismo, del comercio marítimo y del tráfico aéreo mundial. Y un incremento drástico del precio de los hidrocarburos, los fertilizantes, el helio y otras materias primas esenciales para el correcto funcionamiento de la economía mundial y para la seguridad alimentaria de millones de personas”.

“Todo esto, ¿para qué? ¿Qué han logrado los promotores de esta guerra ilegal?”, ha proseguido. “Socavar la legalidad internacional. Desestabilizar Oriente Medio. Reavivar los conflictos en Líbano e Irak. Enterrar Gaza bajo más escombros. No de hormigón esta vez, sino de olvido e indiferencia. Llevar la inseguridad a países del Golfo que hasta ahora eran seguros. Incentivar los programas nucleares de Pakistán y Corea del Norte. Dar a Putin unos 8.000 millones de euros adicionales para financiar su guerra, gracias al aumento del precio de los combustibles y al levantamiento de las sanciones. Agravar las dificultades energéticas y logísticas del pueblo y el ejército ucraniano. Y, en Teherán, cambiar a un Jameneí por otro Jameneí aún peor. Resumiendo en pocas palabras: un desastre absoluto”, ha relatado.

Sánchez ha subrayado también que en España los efectos económicos ya se notan. Y que, por eso, el verdadero “patriotismo” es proteger a los ciudadanos de las consecuencias de la guerra. “Aquí, en nuestro país, el diésel y el gas han llegado a subir un 35 y 95% respectivamente. Y el IBEX 35 ha acumulado una caída del 9%. Eso significa que las empresas españolas han perdido más de 100.000 millones de euros en menos de un mes. Casi 5.000 millones de euros por cada día de conflicto”.

El líder del Ejecutivo ha arremetido contra la oposición por no posicionarse en un contexto como este del lado de la legalidad internacional y los derechos humanos y nítidamente en contra de la deriva del presidente de los Estados Unidos. “Eso es lo que sus señorías del PP y Vox han contribuido con su silencio. Callar ante una guerra injusta no es prudencia ni lealtad. Es un acto de cobardía y de complicidad”.

Sánchez ha reivindicado durante toda su comparecencia la política exterior desplegada por su Gobierno para oponerse a una guerra “injusta e ilegal” en contraposición a la actitud de José María Aznar durante la invasión de Irak. “Aznar nos arrastró a esa locura porque quería sentirse importante, porque quería que el presidente George Bush le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa”, ha denunciado antes de calificar el conflicto de Irak como “el mayor desastre geopolítico desde la guerra de Vietnam”. “Una guerra a cambio de ego, la dignidad de todo un país a cambio de esa foto” de las Azores, ha criticado tras recordar que el expresidente aún no ha perdido perdón. “Eso mide su catadura moral”.

Frente a la actuación de aquel Gobierno del PP, Sánchez ha defendido que su Ejecutivo desplegará todas las medidas económicas necesarias para paliar los efectos de la guerra. “El señor Montoro, ministro de Hacienda entonces, no aprobó ni una sola rebaja fiscal, cero reformas y cero ayudas. Se ve que estaba demasiado ocupado enriqueciéndose y traficando con el Boletín Oficial del Estado como para preocuparse por la ciudadanía”, ha criticado. “Y ahora el PP dando lecciones. Qué cara más dura”.

El presidente ha avisado a Donald Trump de que “ser aliados no significa obediencia ni seguidismo ciego”. Y que, por eso, “España no va a ser cómplice: ni de agresiones ilegales, ni de mentiras disfrazadas de libertad”. “No podemos condenar la invasión de Ucrania con una mano y aplaudir los ataques sobre Irán con la otra. No podemos exigir que se respete la integridad territorial de Groenlandia y callar cuando esta es atropellada en Gaza o en el Líbano. Patriotismo es oponerse a una guerra ilegal que en nada beneficia a los intereses de los españoles ni de los europeos”, ha concluido.

Feijóo, a Pedro Sánchez: “No a la guerra, y no a usted”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha espetado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la posición de su partido ante los ataques ilegales de EE UU e Israel es “no a la guerra y no a usted”. En su intervención en el Congreso tras la comparecencia de Sánchez, el líder de la oposición ha repartido descalificativos al Ejecutivo y a sus socios. “Ha intentado imitar a Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias es mucho más auténtico que usted. La defensa de la paz difícilmente se puede defender si la propaganda iraní estampa tu cara en un misil”, ha dicho.

“Le han dado las gracias el régimen iraní, los terroristas de Hezbolá y Maduro. Le falta el régimen norcoreano”, ha ironizado, para sostener que Sánchez no estará “al nivel de Nelson Mandela”. “Usted un pacifista de pacotilla”, le ha dicho. Feijóo también ha comparado a España con Cuba, y ha concluido desvelando la supuesta conversación con algún primer ministro de la UE: “¿Sabe cómo le llama en privado algún homólogo suyo? El traidor de Europa”.

Feijóo también ha arremetido contra el decreto de ayudas por la guerra de Irán, que “llega tarde” y, ha dicho, no recoge las medidas necesarias, aunque no ha desvelado el sentido de su voto. El líder del PP ha hablado de corrupción, de energía nuclear, sobre la amenaza de que las personas migrantes sean, en realidad, terroristas.

“Preside el Gobierno con el mayor gasto militar de la historia. Su problema es la falta de coherencia”, ha añadido, para zanjar: “Compartimos los deseos y los compromisos por la paz de los españoles. Pero alguien tan irresponsable como usted no puede condicionar servir a España con la seriedad que usted no tiene”.

En su turno de respuesta, Pedro Sánchez ha reprochado a Feijóo que use “los mismos argumentos que Aznar” con Irak. “Sostuvo que el ataque era legítimo porque Irán persigue la bomba nuclear. ¿Dónde lo ha leído, en OKDiario?”, le ha preguntado.

“No sabe usted poner a Huelva en el mapa pero sí sabe dónde están las bombas nucleares en Irán. Es impresionante”, ha dicho Sánchez, que también ha pedido “tranquilidad” a los ciudadanos y ha recordado que “los servicios de inteligencia estadounidenses han dicho que no hay riesgo de bomba nuclear por parte de Irán”.

También ha criticado que 24 horas antes de la votación del decreto con el paquete contra la guerra no se conozca cuál es el voto del PP pese a calificar como “correctas” las medidas y asumir que son en su mayoría suyas.

También ha arremetido contra el lider de Vox, Santiago Abascal, tras las acusaciones de sus excompañeros de filas. “Dice que todo esto lo hace por la patria. Y llega el señor Gallardo y dice que cobra dinero de forma ilegal. El señor Espinosa de los Monteros, asegura que Vox se ha convertido en un entramado económico que es cada vez más sospechoso y opaco. Y el señor Ortega Smith, uno de los fundadores, asegura que el señor Abascal ha convertido a Vox en su gallina de los huevos de oro”.

“Sabemos que ahora mismo el señor Abascal desvía 2,5 millones de euros de la Fundación Disenso a su bolsillo personal. El que venía a regenerar la vida democrática de nuestro país”, ha añadido para concluir que, en su opinión, “el señor Abascal no es un político, es un intermediario. Y por tanto hemos pasado de la caja B de Bárcenas del Partido Popular a la caja A de Abascal en Vox”.

Sumar exige a Sánchez defender a Cuba

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, se ha mostrado “orgullosa de que nuestro gobierno se plantara desde el primer momento y dijera con contundencia 'no a la guerra'”, pero también ha pedido a Sánchez una mayor contundencia en la defensa de Cuba ante la presión creciente de los Estados Unidos y su amenaza de invasión. “¿Qué petróleo tiene Cuba? ¿Qué amenaza supone Cuba para Estados Unidos? Ninguna. Esto no va de seguridad, va de pura humillación, es un acto de matonismo, va del placer obsceno de castigar a un pueblo que no se arrodilla”, ha criticado Martínez, que se ha preguntado “dónde está España”, “qué pasa con la solidaridad hispanocubana” o “dónde está España cuando a un pueblo hermano se le quiere doblegar con asfixia, con hambre y con un colapso energético”.

“Lo que está en juego en Cuba va mucho más allá de Cuba. Igual que en Gaza, igual que en Sudán, igual que en el Sáhara Occidental, lo que se está decidiendo es si la dignidad humana va a seguir siendo un principio universal o va a quedar reducida a una excepción geopolítica”, y por eso España debe “actuar”, ha planteado la portavoz de Sumar a Sánchez, a quien también ha felicitado por su defensa de las energías renovables y por haber afirmado que es de interés nacional abandonar progresivamente las energías fósiles, pero a quien le ha exigido no caer en la “tentación con incumplir el calendario de cierre de las nucleares”. 

Por otra parte, Martínez ha presumido de que su formación ha logrado que las medidas anticrisis aprobadas por el Consejo de Ministros la semana pasada no se hayan limitado a ser “algo que no cumpliese con los mínimos de un Gobierno progresista”. Pero, asimismo, ha cargado contra Junts por no querer convalidar el decreto con iniciativas de vivienda, entre ellas la prórroga de los contratos de alquiler durante dos años a partir de su vencimiento al mismo precio, y ha exigido a los de Carles Puigdemont “escuchar” a sus propios votantes. “Señorías de Junts, yo les reconozco una cosa: suelen defender lo que piensan, sin avergonzarse, defienden a los poderosos con total transparencia, así que no tiren de excusas, porque todos sabemos de qué estamos hablando: de fondos buitres y de rentistas”, ha criticado.

En la misma línea, Martínez ha cargado contra el PP afirmando que “cada vez que hay que elegir entre proteger a la gente o alinearse con la derecha trumpista”, los populares “acaban siempre en el mismo sitio”: junto a Vox. “En cuanto Trump chista, ustedes se cuadran”, ha ironizado la portavoz de Sumar. Y la misma crítica planteó el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que aseguró que a PP, Vox y Junts “lo de ser patriotas les viene grande”. “Sí, hombre, mucho golpe de pecho, mucha pulserita, mucho Don Pelayo, mucha Cruz de Borgoña, mucho Tercio de Flandes, mucho Blas de Lezo, mucho no surrender, mucho 1714, mucha bandera, hasta en el cuello de la camisa. Pero a la que empieza la fiesta, a la primera amenaza de un ególatra multimillonario extranjero, venden a su gente”, ha espetado.

“Dicen que el ridículo lo hacemos aquellos que plantamos cara a un asesino como Netanyahu y a un pedófilo como Trump, pero no, eso no es ridículo, eso realmente es ser patriota”, ha aseverado Rufián, que —como Sánchez— ha recordado el papel de Aznar en la guerra de Irak. “Ridículo era poner los pies encima de la mesa con un puro, decir aquello de 'estamos trabajando en ello' o pasearte por Bruselas con la cabeza gacha porque no sabes decir ni good morning. Eso era ridículo, no plantarte frente a esta gente”, ha afirmado.

Podemos reclama topes de precios

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha querido reconocer a Sánchez que haya abanderado el “no a la guerra”, pero —como ha hecho en las últimas semanas— le ha exigido que lo llene de “acciones concretas” y no se quede en las “palabras bonitas”. Belarra ha reclamado medidas como un “tope a los márgenes de beneficios de los alimentos, al alquiler y a las hipotecas”, y que se apruebe “sin trampas ni trocear decretos”, en referencia a la decisión del Gobierno de llevar a un decreto separado las medidas relativas a la vivienda.

“Tenemos el deber de actuar en defensa propia, de la vida y del planeta”, y por ello es imperativo, a juicio de la líder de Podemos, convocar un “referéndum” sobre la permanencia de España en la OTAN “para que la gente pueda elegir su destino”. “Mientras estemos en el mismo equipo que Trump y Netanyahu, seguiremos siendo cómplices de sus crímenes”, ha razonado.

Por el contrario, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha felicitado a Sánchez por su decisión de separar en dos las medidas adoptadas el viernes pasado, lo cual permitirá que las iniciativas fiscales sean aprobadas este jueves sin mayores problemas y sin que corran riesgo de ser tumbadas por el rechazo de la mayoría del Congreso a las de vivienda. Vaquero, no obstante, también reclamó al Gobierno que no utilice la guerra de Irán como “excusa” para volver a retrasar la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). “No cuela”, denunció.

La convocatoria de las elecciones andaluzas para el 17 de mayo anunciada por Juan Manuel Moreno, antes de lo previsto, supondrá el cierre del miniciclo electoral abierto el pasado mes de diciembre y con los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León en el aire por la falta de entendimiento de PP y Vox, que mantienen abierta su negociación, al PSOE con María Jesús Montero todavía más pendiente de Madrid que de Sevilla y a la izquierda dividida en tres candidaturas con pocos visos de entenderse.

Moreno busca maximizar la participación en unas elecciones que se le presentan complicadas cuando su objetivo declarado es el de revalidar la mayoría absoluta que logró en 2022 gracias a llevarse los últimos diputados en algunas provincias solo por un puñado de votos. Su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, también le exige que iguale un éxito difícil de repetir.

“Todo parece indicar que el PP va a ganar las elecciones y la discusión es si las va a ganar o no con mayoría absoluta”, reconoció este martes Feijóo en una entrevista en Antena 3. El líder del PP admitió que es “difícil” que Moreno lo consiga. La experiencia de los últimos comicios les obliga a la prudencia: María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco quedaron lejos, y los dos primeros perdieron incluso votos sobre la anterior cita electoral.

Vox logró en las tres comunidades un aumento de sus apoyos, y en Castilla y León rozó el 19% del voto. En Andalucía, aún sin candidato, las encuestas anticipan un resultado similar. Por eso, Moreno dijo este martes en Onda Cero que no deben “estar obsesionados” con el partido de Santiago Abascal, que marca de forma constante el camino discursivo al PP.

“Cuanto menos hablemos de Vox, mejor”, dijo Moreno, quien ha anticipado que pedirá el voto para evitar que Andalucía caiga en el “bloqueo” que sufren sus compañeros. 

La semana pasada, Feijóo planteó este mes de marzo como fecha límite para que Vox acordara con el PP en las tres comunidades pendientes, pero nada apunta a que se vaya a cumplir su petición.

El líder del PP reveló este martes que ambos partidos se reunirán de manera “formal” esta misma semana en Extremadura para intentar avanzar en un acuerdo. En Aragón, Azcón ha asumido que las elecciones andaluzas sí pueden influir en sus negociaciones. En un acto informativo este martes, recordó que la fecha límite para un acuerdo es “el 3 de mayo, y sería deseable que sirvan para adelantar los acuerdos de Aragón y Extremadura”. Lo cual es tanto como admitir que puede tener el efecto contrario. En cuanto a Castilla y León, los plazos son otros porque los comicios acaban de celebrarse y, de momento, ni siquiera se han constituido las Cortes.

El PSOE, frente a los peores presagios

En el PSOE, mientras, se afanan en el desembarco definitivo en Andalucía de María Jesús Montero, que este martes asistió a su último Consejo de Ministros como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Aunque Montero ha compaginado estos últimos meses su agenda ministerial con la de candidata, en su día tomó la decisión de apurar los plazos para abandonar su trabajo en el Ejecutivo, algo que está previsto que sea oficial antes de que finalice la semana. 

No le otorgan mucha relevancia en las filas socialistas al impacto de la fecha elegida por Juan Manuel Moreno, el 17 de mayo, para unos comicios que también se podría haber llevado al mes de junio. Pero la propia candidata socialista aseguró en una comparecencia en Sevilla este martes que ella sí atisba la intencionalidad de que no prenda el ambiente electoral en la ciudadanía. 

“Moreno Bonilla no quiere ambiente electoral ni de campaña, porque sabe que eso le perjudica. Por eso ha puesto esa fecha, en mitad de las fiestas de primavera”, dijo Montero, que llegó a insistir en que su partido experimenta un “repunte” que hace temer al PP. “Moreno Bonilla ha adelantado las elecciones porque sabe del repunte del PSOE y del desgaste de su gestión” apuntó. 

El gran reto en las filas del PSOE de Andalucía, antaño un garante de éxitos electorales para la calle Ferraz, es conseguir activar al partido y al electorado progresista en tiempo récord para voltear unas encuestas que pronostican el peor de los resultados posibles. Los últimos sondeos internos señalan la posibilidad, incluso, de que la candidatura de María Jesús Montero obtenga peores números que la de Juan Espadas hace cuatro años. Y el riesgo cierto, por tanto, de cosechar el suelo electoral de los socialistas en una tierra que era bastión hasta hace apenas dos legislaturas. 

El guion trazado pasa por poner toda la maquinaria electoral al servicio de la gran causa de la sanidad pública, el auténtico agujero negro de gestión de la era Juanma Moreno, con el escándalo de los cribados de cáncer de mama como principal argumento. “En estas elecciones nos va la vida, nos va la salud de los andaluces. No son unas elecciones más, son un referéndum sobre la sanidad pública”, clamó Montero. 

Mientras, en Moncloa y en Ferraz miran con recelo la cita del 17 de mayo. Persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez y una de las pocas ministras que ha permanecido a su lado desde que fue investido presidente, un batacazo de María Jesús Montero implicaría en gran medida un duro revés para el propio presidente y para el PSOE en su conjunto. Encomendados a la capacidad de reanimación de la fuerte maquinaria socialista andaluza, en el Ejecutivo defienden en cualquier caso como “un activo” el bagaje de Montero como ministra con “una gestión inmejorable” y como “la mejor candidata posible”.

La izquierda alternativa, dividida

A la izquierda del PSOE, por el contrario, el problema no es tanto que la convocatoria electoral haya cogido al espacio en un momento de debilidad política como que parece imposible que vaya a presentarse unido. Ahora mismo, la izquierda alternativa prevé concurrir en tres listas separadas: la de Por Andalucía (la coalición entre IU y Movimiento Sumar, la más fuerte de las tres, aunque no termina de arrancar en las encuestas), la de Adelante Andalucía (la formación de Teresa Rodríguez) y la de Podemos. Y, aunque ni IU ni los morados quieren descartar un acuerdo de última hora para acudir conjuntamente a las elecciones, las fuentes consultadas ven muy complicado que ese pacto termine produciéndose.

Una vez se ha puesto en marcha la cuenta atrás para los comicios, Podemos e IU tienen diez días naturales para intentar reconducir la situación, puesto que será entonces cuando termine el plazo para registrar las coaliciones. Pero ni en público ni en privado los mensajes que trasladan sus dirigentes son demasiado halagüeños. Este martes, el coordinador de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, dejó en manos de Podemos —que ha elegido como candidato a Juan Antonio Delgado— la decisión de integrarse en su proyecto, que a su juicio es el “único unitario” en la izquierda alternativa. Pero también dejó caer que su organización había esperado sin éxito durante “nueve meses” a que Podemos “respondiera” a su invitación.

Por su parte, la secretaria general morada, Ione Belarra, también evitó cerrar expresamente la puerta a una coalición, pero planteó que su modelo es “el de Extremadura”, que ahora mismo es inasumible para IU. En esas elecciones —celebradas el pasado diciembre—, los de Maíllo aceptaron que Movimiento Sumar quedara fuera de la alianza y que la lista la liderase la candidata de Podemos, Irene de Miguel. En Andalucía, en cambio, IU ya ha cerrado un acuerdo político con el pequeño partido de Yolanda Díaz y no tiene intención de romperlo. Varios pesos pesados de la dirección andaluza de Podemos han defendido públicamente la reconciliación con IU, pero la dirección estatal que lidera Belarra siempre se ha mostrado esquiva ante esa posibilidad. 

Sin embargo, fuentes de la cúpula estatal de Podemos sostienen que, lejos de buscar un pacto, son los de Maíllo quienes están haciendo todo lo posible por torpedear cualquier posibilidad de entendimiento, y afirman que el acuerdo solo se producirá si IU “cambia de actitud”. Para los morados, no obstante, las elecciones andaluzas llegan en un momento muy complicado, tras dos batacazos electorales consecutivos en Aragón y Castilla y León —en ninguna de las dos comunidades llegaron al 1% de los votos— y con malas perspectivas también para la cita de mayo. Las encuestas, de hecho, coinciden en pronosticar que Podemos se quedaría fuera si se presentara en solitario.

Alejada de esta pugna se encuentra Adelante Andalucía, que aspira a recoger una parte del voto desencantado con el resto de la izquierda alternativa. La formación andalucista, que presentará como candidato a José Ignacio García, mantiene un discurso muy crítico con el PSOE y también serias diferencias estratégicas con los demás partidos de su espacio, puesto que rechaza compartir gobiernos con los socialistas. Y su objetivo es intentar ampliar su espacio tras haber obtenido representación la pasada legislatura en el Parlamento de Andalucía por primera vez, después de su traumática ruptura con Podemos e IU.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asistido este martes a su último Consejo de Ministros. Montero ha comparecido ya esta tarde en la sede del Partido Socialista de Andalucía, del que será candidata en las elecciones a la Junta del 17 de mayo. “Mi salida del Gobierno es inminente, está todo listo. En el PSOE de Andalucía estamos preparados, estamos ilusionados y estamos convencidos”, ha dicho durante una comparecencia en la que ha estado arropada por la plana mayor del partido.

La todavía vicepresidenta ha advertido de que se presenta como candidata a la Junta con el bagaje de saber “lo que es gestionar”. Y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía andaluza para salir en defensa “de la sanidad pública, de la educación pública, de las ayudas a la dependencia. Nos jugamos la vida en estas elecciones, nos jugamos la salud de los andaluces”.

Por la mañana, sus compañeros del Consejo de Ministros la despidieron después de siete años como parte del Gobierno. “Ha sido un Consejo de Ministros emotivo. Les digo, desde la emoción, que para mí María Jesús Montero es una espectacular política, siempre ha sido un referente. La respeto, la quiero, me ha enseñado muchísimo. La echaremos de menos”, ha dicho la ministra portavoz, Elma Saiz, en rueda de prensa.

En unos términos parecidos se ha expresado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha destacado la trayectoria en el Gobierno de una de las pocas personas que acompaña a Pedro Sánchez en el Ejecutivo desde que puso un pie en Moncloa. “Quiero agradecer la labor de la vicepresidenta. La echaremos de menos tanto en el ámbito personal como profesional”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, convocó este lunes un Consejo de Gobierno extraordinario para informar de la disolución del Parlamento y la convocatoria de las elecciones autonómicas el próximo 17 de mayo. La campaña electoral arrancará la noche del jueves 30 de abril, la semana posterior a la Feria de Sevilla, y en pleno mayo festivo en Córdoba.

El candidato del PP a la reelección decide así terminar con la legislatura un mes antes de lo previsto, pero apurando casi hasta el final un mandato completo de cuatro años, algo que no ocurría en Andalucía desde 2012. El domingo 17 de mayo están llamados a las urnas 6,5 millones de andaluces.

Siete años al frente de Hacienda

La primera vez que María Jesús Montero defendió unos Presupuestos Generales del Estado en el Congreso no fueron los suyos. Su estreno en la tribuna del Congreso fue para defender las Cuentas de Cristóbal Montoro, su antecesor en el cargo, ya que la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa coincidió en plena tramitación presupuestaria. Este inicio de por sí inusual marcó su mandato al frente de Hacienda, al que siguió un Presupuesto tumbado (2019), tres aprobados (2021, 2022 y 2023) y una legislatura en la que, de momento, no hay siquiera un borrador.

Montero deja los pasillos de Hacienda con el récord de los Presupuestos más longevos y con muchas carpetas encima de la mesa. La principal, la financiación autonómica. La primera propuesta firme en más de una década sigue pergeñándose en los despachos de su Ministerio, a la espera de que el tren electoral deje un momento más propicio para presentarla. Tampoco verá, como vicepresidenta, la aprobación de la quita de la deuda autonómica, un compromiso con ERC que está paralizado en el Congreso. En su haber, la gestión de los millonarios fondos europeos o el haber amarrado una mayoría casi imposible, la de la investidura de Pedro Sánchez, para sacar adelante una reforma fiscal que mantuvo el impuesto extraordinario a la banca y que subió el IRPF a las rentas del capital y que votaron desde Podemos a Junts.

Ahora pone rumbo a Andalucía, donde ya fue consejera y de donde ha querido recordar este martes que nunca se fue. “No he dejado de trabajar por Andalucía desde el Gobierno de España. Estas elecciones son una buena noticia para los andaluces y andaluzas que esperan una cita médica”, ha subrayado.