El delegado del Gobierno en Ceuta remitió un informe al Ministerio del Interior antes de la histórica crisis fronteriza del 30 de julio por la “previsión de serio desborde en las próximas semanas” y para demandar ayuda urgente del Gobierno de España a la ciudad autónoma. “Urge tomar decisiones de calado ante la previsión de intentos masivos de entrada irregular que desborden por completo las capacidades de acogida y gestión”, reza el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es y que fue enviado a la Secretaría de Estado de Seguridad los días previos a la emergencia del Tarajal.

Ese informe, que no figura entre los documentos desclasificados por el Gobierno y que fue remitido entre los días 25 y 28 de julio según admite también Interior, plantea el complejo escenario migratorio al que se enfrenta la ciudad autónoma como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo, “que anula la posibilidad de realizar rechazos fronterizos por mar”. Una situación de excepcional complejidad para la frontera sur de Europa. “La sentencia está provocando un severo efecto llamada que están empezando a multiplicar los intentos de cruce irregular. No solo no es descartable que, pese a la colaboración de las autoridades marroquíes, ocurran repetidos episodios de intentos de entrada masiva, sino que el escenario es altamente probable una vez se den contextos de niebla”.

La delegación del Gobierno en Ceuta refiere además que no se trata solo de un flujo migratorio procedente del África subsahariana, como resultó habitual en anteriores contextos, sino también “un altísimo porcentaje de ciudadanos de origen marroquí”. En concreto, “en torno al 80% de la capacidad del CETI lo conforman migrantes de nacionalidad marroquí”. Además, el escrito pone el foco también en el significativo aumento de entrada de menores de edad, algunos de ellos de muy poca edad.

“El incremento (...) está siendo muy preocupante. En tres días han llegado 70, una cifra que va en aumento y que se repite como viene siendo habitual con la llegada de la época estival. Y eso añade complejidad al trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ya de por sí ingente (...). Conlleva que el triaje de adultos se ralentice, (la Policía nos comunica que tienen capacidad para hacer 30 triajes al día siempre que no existan entradas de menores)”.

Por todo ello, la Delegación del Gobierno ceutí urge al Ministerio del Interior a tomar esas “decisiones de calado” por la previsión de “intentos masivos”. Y pide priorizar en concreto seis actuaciones: “Instalación de infraestructura urgente por parte del Ministerio del Interior para poder dar cumplimiento al sistema de triaje; espacios alternativos para la instalación de literas ante la sobreocupación del CETI; agilización de los traslados a la península de personas solicitantes de asilo; refuerzo de Policía y Guardia Civil y refuerzo de medios para el servicio marítimo”.

La respuesta de Interior

Lo que sostiene el ministerio del Interior, que admite que los informes de la Delegación del Gobierno llegaron a la Secretaría de Estado de Seguridad, es que en ningún caso esos avisos previos calibraron la magnitud de lo que acabaría ocurriendo el 30 de julio. Y que, además, la situación derivada de la sentencia del Supremo sí implicó el despliegue de nuevos esfuerzos en la frontera de Ceuta.

En concreto, el departamento de Fernando Grande-Marlaska apunta que la Guardia Civil reforzó su despliegue con 70 efectivos para hacer frente a un hipotético incremento de inmigrantes irregulares: 60 agentes dedicados a funciones de seguridad ciudadana en el vallado fronterizo con Marruecos y 10 dedicados al control fronterizo marítimo, justo donde ponía el foco el informe de la Delegación del Gobierno y el punto crítico que dejaba al descubierto la sentencia del Supremo.

Además, Interior revela que la Guardia Civil contó con 7 embarcaciones para tareas de vigilancia marítima, con sus correspondientes tripulaciones: un buque de altura, una patrullera de alta velocidad y 5 embarcaciones semirrígidas. Y el 20 de julio la Policía Nacional amplió su despliegue con un grupo operativo de la UIP de 35 efectivos para reforzar la gestión de la seguridad ciudadana. El 25 de julio se decidió la creación de un Centro de Atención temporal de Extranjeros (CATE) en Ceuta para atender el incremento de entradas que se venía produciendo desde el 8 de julio.

La crisis de Ceuta tiene, además, una vertiente judicial. La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha citado esta semana como testigos tanto al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, como al ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, en el marco de la investigación abierta por la entrada masiva de migrantes en esa ciudad los días 30 y 31 de julio. Un paso que podría seguir con el propio Miguel Ángel Pérez Triano.

La magistrada ha solicitado a diferentes organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que hubieran emitido en relación con los hechos, los destinatarios de los mismos y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar. “Resulta de particular relevancia la diligencia que tiene como finalidad reconstruir el flujo de información previo a los hechos y determinar las actuaciones desarrolladas en respuesta al riesgo detectado”, explica en un auto.

Entre esos organismos incluye a la Delegación del Gobierno en Ceuta y al Ministerio del Interior: quiere que aporten “todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva” y que detallen que respuesta se dio.

El delegado del Gobierno en Ceuta confirmó este lunes su dimisión y su decisión también de abandonar la política. “Lo fácil hubiera sido irme el 30 de julio. Se me ha criticado por gran parte de asuntos en los que no tengo competencias”, dijo en una comparecencia sin preguntas en la que defendió su trabajo y el de su equipo en base, precisamente, a los informes previos remitidos.

El Gobierno apura las últimas horas de negociación con sus socios y, particularmente, con Junts para aprobar este martes el decreto de vivienda con el que quiere responder al malestar social generado a raíz del desahucio de Maricarmen. El Ministerio que lidera Isabel Rodríguez ha mantenido durante todo el fin de semana abiertas las conversaciones con los grupos para llegar al primer Consejo de Ministros tras el polémico desalojo con un texto ya encarrilado. Y, aunque el paquete de medidas aún no está cerrado, la decisión de no retrasar más su puesta en marcha es firme, habida cuenta de la presión que no afloja por parte del Sindicato de Inquilinas, que ya afronta su tercera noche de acampada en la Puerta del Sol.

Las negociaciones han discurrido a toda velocidad tras el enorme impacto que provocó el desalojo de una mujer de 87 años de su vivienda, en la que llevaba residiendo 70. Lejos de ser un desahucio más, el de Maricarmen ha cobrado en los últimos días categoría de símbolo y ha puesto contra las cuerdas a un Ministerio de Vivienda que lleva desde julio retrasando la aprobación del decreto de medidas para hacer frente a la crisis de acceso a un techo. El ala socialista del Gobierno apostaba hasta el martes pasado —pese a la presión de Sumar— por no dar luz verde al texto hasta tener atados los apoyos para sacarlo adelante. Pero la ola de indignación social y las críticas por su izquierda han forzado al presidente Pedro Sánchez a cambiar de posición.

La intención de Vivienda ha sido, desde la semana pasada, aprobar el decreto el martes. Pero no ha sido hasta este mismo domingo, menos de 24 horas después de la masiva manifestación en Madrid por el derecho a un techo que ha desembocado en una acampada en la Puerta del Sol de la capital, cuando el Gobierno ha confirmado con total certeza que el texto estará listo para esta semana. El propio Sánchez, durante su intervención en un mitin del PSOE madrileño, se dirigió expresamente a la recién desalojada Maricarmen para asegurar el Ejecutivo “está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes” el paquete de medidas al Consejo de Ministros con el finde “empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional”.

Este lunes, a primera hora, fuentes del Ministerio de Vivienda han enviado un comunicado en el que reconocen que el Gobierno sigue negociando, pero confirma que se centra en la protección ante los desahucios, “para que no haya una sola Maricarmen más” o la prohibición de la “compra especulativa a los fondos buitre”. Según el departamento que dirige Isabel Rodríguez encima de la mesa también está la “estabilización de los contratos de alquiler” y la regulación de los alquileres de temporada, la aplicación del IVA a los pisos turísticos.

Además, el Gobierno contempla bonificaciones fiscales tanto para inquilinos como para los propietarios “que bajen el precio del alquiler”, así como ayudas para la compra de la primera vivienda, el blindaje del parque estatal de vivienda u otra reducción del IVA a la construcción de vivienda protegida. “La concreción de estos puntos sigue en negociación. El Gobierno está afanándose en construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios que responda al clamor social y mejore el acceso a la vivienda de la ciudadanía”, señala Vivienda.

No obstante, fuentes de Sumar también han especificado a primera hora “que el acuerdo sobre el texto sigue muy lejos”. “El decreto debe escuchar el clamor de la calle”, explican desde la coalición, que remarcan que los borradores con los que se trabajan quedan “aún lejos de dar una respuesta clara en puntos muy concretos: una protección completa frente a desahucios, la regulación de temporada y habitaciones, la prórroga de los contratos, atajar el fraude los pisos turísticos, y la renovación de los contratos”.

“No vamos a permitir que se diluyan elementos que son centrales para atajar la crisis de vivienda que sufre nuestro país. A esta hora estamos lejos de tener un acuerdo sobre el texto y vamos a seguir trabajando durante el día de hoy. No vamos a validar un texto que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía”, zanjan.

La confirmación de que el decreto se aprobará finalmente el martes desactiva parcialmente el órdago lanzado el sábado por Sumar, que amenazó con volver a “plantarse” y no entrar al Consejo de Ministros —como ya hicieran los cinco ministros de la formación hace medio año— si la intención de Vivienda era no dar “ya” luz verde al paquete de medidas. Fuentes de Sumar explican que, durante unas horas en el fin de semana, temieron que la Moncloa retrasara la puesta en marcha del texto, aunque finalmente ese no ha sido el caso.

Las conversaciones continúan

En su intervención de este domingo, Sánchez pidió a sus aliados en el Congreso hacer “un último esfuerzo” para que el texto sea convalidado dentro de unas semanas en la Cámara Baja. Pero lo cierto es que el Ejecutivo se va a ver obligado a hacer encaje de bolillos para conciliar las exigencias de sus socios de derechas y las de los partidos de izquierdas.

Aún se desconoce cuáles serán las medidas exactas que se incluirán en el paquete. Y, además, el hecho de que se vaya a aprobar este martes un decreto en el Consejo de Ministros no es el final del camino, sino solo el primer hito del mismo. Una vez recibida la luz verde del Gobierno, el texto entraría en vigor, pero la ley establece que, en el plazo de un mes, tendrá que ser sometido a votación en el Congreso para ser convalidado o derogado. Como ya ha ocurrido en varias ocasiones durante la legislatura, no puede descartarse que la negociación se alargue hasta el fin del plazo, aunque la intención de Vivienda es tener los votos lo más atados posible antes del martes.

Además, el Ejecutivo va a tener que afrontar la presión del Sindicato de Inquilinos, que logró mantener activa la acampada de la Puerta del Sol durante todo el domingo y que ha avisado de que no tiene intención de levantarla hasta que no se apruebe un paquete de medidas ambicioso. El colectivo exige a Vivienda que el decreto del martes contenga cinco puntos: “medidas estructurales para impedir los desahucios”, la regulación de “los alquileres por temporada y por habitaciones”, “la congelación de los precios actuales del alquiler”, “la aprobación de prórrogas efectivas” y “la renovación automática de todos los contratos, para que pasen a ser indefinidos, como ya ocurre en países como Inglaterra”. Sin todas esas medidas, considera el Sindicato de Inquilinos, “este Gobierno no tiene sentido”.

De estas exigencias, el Ejecutivo lleva meses trabajando en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones para que estén sujetos a las mismas restricciones y normas que los arrendamientos ordinarios, y también se prevé que el decreto incluya la posibilidad de que los inquilinos soliciten una prórroga de sus contratos por dos años al mismo precio. No obstante, parece más complicado que el texto vaya a establecer “medidas estructurales para impedir los desahucios”, puesto que, en todos los escudos sociales aprobados en los últimos años, estas iniciativas han tenido carácter temporal y han tenido que ir prorrogándose. Igualmente, la conversión de todos los arrendamientos en indefinidos tampoco es compartida por el ala socialista del Gobierno.

Convencer a Junts y Podemos

La base sobre la que ha negociado Vivienda con sus aliados durante los últimos días es el borrador de decreto que les envió en el mes de julio. Entonces, ese paquete fue recibido con frialdad por Junts y Podemos, que aseguraron que no estaban dispuestos a apoyarlo en esos términos. Las razones de ambos, no obstante, eran radicalmente diferentes. Los morados rechazaban que incluyera una reforma de la ley del suelo para relajar la regulación para la construcción de vivienda. Los independentistas, por su parte, exigían incluir un número mayor de sus exigencias, como la exención de impuestos a todos los inquilinos —se limitaban esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, la deducción para los pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los desahucios exprés o la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda.

En esta última semana, aunque ha mantenido contactos con todos los grupos, Vivienda se ha centrado en intentar atraer al acuerdo a Junts, que el Ministerio considera el socio más escurridizo. Para ello, el Gobierno ha negociado en los últimos días concesiones a la formación liderada por Carles Puigdemont en materia fiscal, habida cuenta de que los independentistas, por primera vez en meses, han expresado públicamente su voluntad de negociar y han señalado que sus reivindicaciones pasan porque el Ejecutivo asumiera las “medidas concretas” —la mayor parte, de carácter impositivo— que ha ido presentando en los últimos tiempos en el Congreso.

Junts lleva meses exigiendo la puesta en marcha de deducciones por adquisición de vivienda habitual y también para cuentas de ahorro destinadas a la compra de vivienda, así como exenciones para los inquilinos con rentas por debajo de los 33.000 euros anuales por el alquiler de su vivienda habitual. En la misma línea, los independentistas propusieron hace unos meses la reducción al 0% del IVA para la compra de vivienda habitual en el caso de los menores de 35 años, así como la cesión a la Generalitat de los inmuebles de la Sareb ubicados en Catalunya. Algunas de esas medidas, aunque no todas, ya estaban contempladas en el borrador del decreto que el Ministerio de Vivienda hizo llegar a los grupos parlamentarios en julio, si bien para Junts ese texto se quedaba corto.

Además, el viernes pasado trascendió que el Gobierno también estaba negociando con Junts otras dos iniciativas para incluir en el decreto: prohibir la compra de viviendas a los fondos de inversión y vetar los desahucios de inquilinos vulnerables que estén arrendando un piso propiedad de una de estas empresas. Estas dos medidas suponen sendos cambios de posición tanto de Junts como del PSOE. Los socialistas, hace un par de semanas, se abstuvieron en la toma en consideración en el Congreso de una proposición de ley de Sumar que pretendía, precisamente, iniciar la tramitación de una ley para prohibir la compra de viviendas a las personas jurídicas, entre ellas los fondos buitre. Por su parte, Junts tumbó —junto a PP y Vox— a principios de este año el escudo antidesahucios que se encontraba vigente desde la pandemia.

La fórmula que negocia ahora Vivienda con Junts buscaría intentar acercar a los independentistas a un acuerdo, dado que los de Carles Puigdemont se abrirían, por primera vez en meses, a recuperar una cierta protección a los inquilinos vulnerables que no pueden pagar su alquiler. No obstante, la medida tan solo afectaría a las familias que vivan alquiladas en pisos propiedad de empresas y fondos, que son la minoría, puesto que el parque de vivienda en alquiler en España pertenece muy mayoritariamente a particulares.

Para solventar este agujero, el Gobierno negocia también con Junts —como adelantó hace unos días elDiario.es— una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir sine die los desahucios y el argumento de Junts de la inseguridad jurídica para los propietarios frente al fenómeno de la “inquiokupación”: que los desalojos de familias vulnerables de inmuebles propiedad de particulares se paralicen hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad tenga una alternativa, pero que sea la administración competente y no el dueño del piso quien acarree con todos los gastos mientras dure el proceso.

El primer mensaje de WhatsApp entra en el teléfono de la abogada de Urbagestión a las 19.17 horas de este pasado martes 22 de septiembre, cuando cientos de personas se concentran ya frente a la casa de Maricarmen ante el inminente desahucio previsto para el día siguiente. “Disculpa mi insistencia, pero es urgente hablar con vosotros”. Quien intenta contactar a la desesperada con la representante legal de la empresa que iba a echar de su vivienda a una mujer de 87 años era Maribel Ramos, presidenta de Casa 47, la entidad pública dependiente del Ministerio de Vivienda.

Durante todo ese día, Ramos llama por teléfono a la que hasta ahora había sido su interlocutora, la abogada de la compañía, para que traslade a sus clientes una solución de última hora que pueda frenar el desalojo. Pero nadie atiende sus llamadas y por eso comunica por escrito que hay una donante anónima dispuesta a pagar los 2.600 euros de alquiler que exige la empresa y que Maricarmen, con una pensión de 1.400, no puede asumir. “Supongo que ya habéis visto la noticia. La donante nos pide hablar contigo o con alguien de la empresa para intentar llegar a un acuerdo. Te ruego, por favor, que al menos escuchéis la propuesta”.

En esa comunicación de WhatsApp a la que ha tenido acceso elDiario.es, la abogada de Urbagestión no da respuesta alguna a una solución que, en realidad, permite a sus clientes ganar todo el dinero que pretendían (cinco veces la renta que pagaba Maricarmen), y evita que echen de su casa de toda la vida a una mujer con un 50% de discapacidad física y un delicado estado de salud. Tampoco contesta la abogada a las llamadas ni a los mensajes del día siguiente en los que se le traslada la última súplica de la inquilina. “Te llamo para rogarte que aceptéis un mes de aplazamiento para buscar una alternativa. Su abogada se compromete a dejar en un mes la vivienda”. El mensaje se manda a las 10.32 horas de la mañana del miércoles y a esa hora un centenar de agentes de policía aparta a los cientos de personas que intentan parar el desahucio. Pero ya no hay marcha atrás porque la empresa ni siquiera responde a los ofrecimientos y la orden del juzgado es clara.

La actitud mantenida por la propia empresa y su representante legal a lo largo de los últimos meses ya adelantaba la imposibilidad de acuerdo alguno y la voluntad inequívoca de que solo se anhelaba un desenlace: el desahucio. Así lo evidencia al menos el rechazo sistemático a todas las propuestas que tanto la propia Maricarmen como el Gobierno, a través de Casa 47, hicieron llegar en los últimos meses y hasta el último minuto a Urbagestión, que ni siquiera permite ahora a la familia de la mujer desahuciada poder recoger su casa. El primero de esos ofrecimientos por parte del Gobierno tiene lugar el pasado 18 de junio, la primera vez que Maribel Ramos contacta personalmente con la abogada de la empresa.

En esa primera conversación, la representante de Casa 47 ofrece a la empresa participar en un proceso de mediación y pone todas las opciones sobre la mesa, según las fuentes consultadas al más alto nivel que están al corriente de la negociación y que han acreditado esas comunicaciones. Entre esas propuestas, se ofrece comprar el inmueble para el parque público de vivienda y para que Maricarmen pueda permanecer en su casa. O un plan B: una negociación sobre el precio del alquiler para poder ayudar a la inquilina con un complemento de renta pública a su pensión. A los dos días, el 20 de junio, la abogada de Urbagesa traslada la respuesta formal de parte de Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, sus clientes y propietarios de Urbagestión SL: aceptan el proceso de mediación, pero en ningún caso la venta del piso, “única vivienda”, alegan, que posee la sociedad.

Descartada, por tanto, la compra de la vivienda, Casa 47 intenta ejercer entonces un papel de intermediación entre la inquilina y la empresa propietaria para alcanzar un acuerdo sobre su alquiler. Con ese objetivo hace llegar la primera propuesta a principios del mes de julio. Según la dirección de la entidad estatal de vivienda, se ofrece un contrato de arrendamiento de siete años con un precio negociado al alza en el que Maricarmen mantendría el pago de 500 euros pero el resto sería completado con un complemento de renta a su pensión. Es decir, un pago extra de la Seguridad Social que solo se concede en condiciones muy tasadas. En esa propuesta se ofrece a la propiedad una renta de 1.000 euros mensuales, abierta a negociarse nuevamente al alza, y se pide contraoferta. Urbagestión da acuse de recibo y se compromete a responder.

“Mis clientes están de vacaciones”

A finales del mes de julio, y tras varias semanas sin noticias, Casa 47 vuelve a insistir en su propuesta y demanda ya una respuesta “urgente” para poder alcanzar un acuerdo y paralizar a tiempo el proceso judicial en marcha. Pero la respuesta que recibe la entidad pública, según su presidenta, resulta elocuente: “Mis clientes están de vacaciones”. A principios de septiembre, esa interlocución salta por los aires tras el bloqueo de la situación y a raíz de una nueva llamada telefónica. La conversación telefónica que se reproduce a continuación es la versión que ofrece la presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, ya que la empresa no ha contestado las llamadas ni los mensajes de este periódico.

A pesar del encontronazo, Maribel Ramos vuelve a intentar retomar la comunicación con la abogada de Urbagestión, que deja de cogerle las llamadas. Para apurar las opciones de frenar el desahucio 'in extremis', el Ministerio de Vivienda decide la semana pasada contactar con la empresa desde otro teléfono. En concreto, el de la secretaria de administración de la 'número dos' de Isabel Rodríguez en el ministerio, Leire Iglesias. Y la maniobra surte efecto, porque esta vez la abogada sí descuelga. El resultado, sin embargo, es el mismo. La representante legal de la empresa traslada que sus clientes “no tienen nada que hablar” con la secretaria de Estado y que tampoco están dispuestos a “ningún aplazamiento” porque ya van “con suficiente retraso”.

El miércoles por la mañana, justo antes del desahucio, la abogada de Maricarmen también intenta a la desesperada evitar a su clienta el trauma de abandonar su casa desde hace 70 años expulsada por la Policía tras echar la puerta abajo. Lo hace a través de la procuradora que representa 'in situ' a la propiedad en el momento del lanzamiento y que mantiene con los empresarios contacto telefónico desde casa de Maricarmen. Y lo hace, además, en presencia de las dos representantes de la comisión judicial mandatadas por la jueza que ordena el desalojo.

Sin margen para el acuerdo, Beatriz Duro (abogada de Maricarmen) suplica a la empresa 15 días de margen para poder ofrecer “una salida digna” a su clienta. Tras la negativa, solicita una semana, pero tampoco es concedida. Según algunos de los testigos presenciales, la impasibilidad y la contundencia de Urbagestión, trasladada a través de la procuradora, sorprenden hasta a una de las dos representantes de la comisión judicial, que se ofrece para ponerse al teléfono y trasladar ella misma la conveniencia de un aplazamiento ante la delicada situación de Maricarmen y los momentos de tensión que se viven en la calle.

Nada sirve. A las 13.05 horas del miércoles 23 de septiembre un cerrajero rompe con una radial la puerta de la casa en la que vive Maricarmen desde 1956. Varios policías antidisturbios entran en la vivienda para desalojarla y su inquilina es trasladada en ambulancia hasta el hospital Gregorio Marañón, en Madrid, donde permanece ingresada. El viernes por la tarde, 48 horas después de desahuciarla, Urbagestión hace público un comunicado para ofrecer el inmueble a los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, de forma que este pueda ponerlo de nuevo a disposición de Maricarmen. Horas más tarde, el Consistorio rechaza la propuesta por “inviable” y ofrece una mediación para el próximo lunes.

Mientras, en el buzón de entrada del Sindicato de Inquilinas se amontonan cientos de correos electrónicos en los que la gente se ofrece a cuidar por las tardes a Maricarmen, a acompañarla en el hospital o a acogerla en alguna habitación libre. También hay dos ofrecimientos de viviendas vacías de particulares para ella sola. Y desde el hospital, ella da las gracias. “No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que no vaya a seguir peleando. Por favor, luchad”.

Prohibir la compra de viviendas a los fondos de inversión y vetar los desahucios de inquilinos vulnerables que estén arrendando un piso propiedad de una de estas empresas. Esas son dos de las medidas medidas que se encuentra negociando el Ministerio de Vivienda con Junts, según adelantó este viernes el diario Ara y confirmó elDiario.es, de cara a incluirlas en el decreto que el Gobierno se encuentra elaborando contra reloj en contacto con sus socios parlamentarios para intentar ponerlo en marcha el próximo martes en el Consejo de Ministros.

Estas dos medidas suponen sendos cambios de posición tanto de Junts como del PSOE. Los socialistas, hace un par de semanas, se abstuvieron en la toma en consideración en el Congreso de una proposición de ley de Sumar que pretendía, precisamente, iniciar la tramitación de una ley para prohibir la compra de viviendas a las personas jurídicas, entre ellas los fondos buitre. Por su parte, Junts tumbó —junto a PP y Vox— a principios de este año el escudo antidesahucios que se encontraba vigente desde la pandemia, y se negó a rectificar su postura pese a que el Gobierno intentó volver a ponerlo en marcha recortándolo para que no se pudieran beneficiar de él los inquilinos de caseros con solo una o dos viviendas en propiedad.

La fórmula que negocia ahora Vivienda con Junts buscaría intentar acercar a los independentistas a un acuerdo, dado que los de Carles Puigdemont se abrirían, por primera vez en meses, a recuperar una cierta protección a los inquilinos vulnerables que no pueden pagar su alquier. No obstante, la medida tan solo afectaría a las familias que vivan alquiladas en pisos propiedad de empresas y fondos, que son la minoría, puesto que el parque de vivienda en alquiler en España pertenece muy mayoritariamente a particulares.

Para solventar este agujero, el Gobierno negocia también con Junts —como adelantó hace unos días elDiario.es— una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir sine die los desahucios y el argumento de Junts de la inseguridad jurídica para los propietarios frente al fenómeno de la “inquiokupación”: que los desalojos de familias vulnerables de inmuebles propiedad de particulares se paralicen hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad tenga una alternativa, pero que sea la administración competente y no el dueño del piso quien acarree con todos los gastos mientras dure el proceso.

Esa medida es básicamente la misma que la que planteó Junts hace meses: que el Estado, en lugar de prohibir los desahucios por impago del alquiler, abone a los caseros la renta que hayan dejado de percibir por parte de sus inquilinos vulnerables para así suspender el lanzamiento.

El Gobierno intensifica los contactos para que el próximo martes el Consejo de Ministros pueda dar luz verde a un decreto de vivienda que tenga garantías de apoyo parlamentario. El estallido social que ha provocado desde el miércoles el desahucio de Maricarmen ha conseguido reactivar las negociaciones políticas a varias bandas en busca de un acuerdo de mínimos que permita alumbrar un texto en el que, sobre todo, se regulen los alquileres y se limiten los desahucios. Pero para ello el Ejecutivo debe volver a poner de acuerdo a formaciones políticas tan dispares como Junts o Podemos, con las que el Ministerio de Vivienda se está volcando para acercar posturas. 

Fuentes del Ejecutivo revelan que es la propia ministra, Isabel Rodríguez, quien lidera la interlocución directa con Míriam Nogueras y Ione Belarra. Y las sensaciones en el Gobierno no son ni mucho menos las de hace solo unas semanas, cuando el decreto permanecía varado ante el absoluto bloqueo de las conversaciones. Existe el convencimiento entre las partes de que el caso de Maricarmen sí que ha agitado la política española y que quizás eso puede dar paso a un acuerdo que hasta ahora parecía imposible: Rodríguez, de hecho, afirmó este jueves que lo ocurrido en las últimas horas “ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas”. Las negociaciones, no obstante, se prevén largas, y que el Ejecutivo pueda aprobar el martes un texto para que entre ya en vigor solo sería el primer hito de las mismas. Después, habría un mes por delante para seguir buscando el pacto antes de que el decreto se sometiera a votación en el Congreso para su convalidación definitiva.

En lo que se centra el Ministerio de Vivienda es en atar los votos de Junts, sin duda los más difíciles de amarrar de cuantos necesita en el Congreso. Porque los independentistas catalanes ya se comportan en la práctica desde hace muchos meses como una fuerza más de oposición junto a PP y Vox, y por eso el Gobierno ya hace una lectura optimista del mero hecho de que ahora se hayan sentado a negociar. Los equipos de Vivienda y de Junts ya se intercambian documentos y la meta es que las cesiones que el Ejecutivo tenga que ofrecer a los de Puigdemont, casi todas en materia fiscal en beneficio de los propietarios, no sean incompatibles con los postulados de Podemos y otros socios de izquierdas. 

Según ha podido saber elDiario.es, una de esas fórmulas que estudia el Gobierno tendría que ver precisamente con las medidas antidesahucios. Lo que recoge la legislación vigente es que desde la primera orden de lanzamiento de un inquilino se abre un plazo legal de cuatro meses en el que ese desalojo se paraliza a la espera de que la administración competente, normalmente comunidades autónomas o ayuntamientos, garanticen una alternativa habitacional. Pero que si transcurrido el plazo no se ha ofrecido esa alternativa, el desahucio se reactiva.

Lo que plantea el texto del Gobierno es una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir sine die los desahucios y el argumento de Junts de la inseguridad jurídica para los propietarios frente al fenómeno de la “inquiokupación”: que a partir del cuarto mes continúe paralizado el desalojo hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad tenga una alternativa pero que sea la administración competente y no el propietario quien acarree con todos los gastos mientras dure el proceso. Esa medida es básicamente la misma que la que planteó Junts hace meses: que el Estado, en lugar de prohibir los desahucios por impago del alquiler, abone a los caseros la renta que hayan dejado de percibir por parte de sus inquilinos vulnerables para así suspender el lanzamiento.

Junts admite negociaciones

Los independentistas confirmaron este miércoles que han iniciado conversaciones con el Ministerio de Vivienda en relación al decreto. Y esa asunción supone una novedad en sí misma, porque Junts lleva muchos meses presumiendo de no negociar nada con el Gobierno, aunque lo cierto es que los puentes nunca se han roto del todo. Fuentes de la formación que lidera Carles Puigdemont aseguraban este jueves que el PSOE está “estudiando” sus propuestas, y afirmaban, además, que “hace dos semanas” hicieron entrega al presidente Pedro Sánchez de un paquete de “medidas concretas para afrontar la crisis de la vivienda” que Junts presentó “hace meses” en el Congreso. “Después de meses de bloqueo del gobierno, el PSOE está estudiando ahora estas propuestas y esperamos una respuesta en las próximas horas”, apuntaban estas fuentes de Junts.

La mención de los independentistas a esas “medidas concretas” que plantearon en el Gobierno “para afrontar la crisis de vivienda” no es casual, sino que señala el camino por el cual los independentistas quieren que discurra la negociación. El pasado mes de abril, Junts presentó una proposición no de ley —una iniciativa sin efectos legales, pero que sí sirve para ejercer presión política— que agrupaba las medidas que, a juicio de los de Puigdemont, deberían adoptarse “en materia de arrendamiento de viviendas”. El grueso de ese paquete es fiscal y va en la línea de lo que los independentistas llevan meses pidiendo al Ejecutivo: deducciones por adquisición de vivienda habitual y también para cuentas de ahorro destinadas a la compra de vivienda, así como exenciones para los inquilinos con rentas por debajo de los 33.000 euros anuales por el alquiler de su vivienda habitual.

En la misma línea, Junts propuso unos meses antes la reducción al 0% del IVA para la compra de vivienda habitual en el caso de los menores de 35 años, así como la cesión a la Generalitat de los inmuebles de la Sareb ubicados en Catalunya. Algunas de las medidas de carácter fiscal exigidas por los independentistas ya estaban contempladas en el borrador del decreto que el Ministerio de Vivienda hizo llegar a los grupos parlamentarios en julio, aunque para Junts ese texto se quedaba corto por no incluir algunas de sus exigencias, como la exención de impuestos a todos los inquilinos —se limitaban esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, la deducción para los pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los desahucios exprés o la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda.

Podemos, la otra formación que mayor distancia mantiene con el Gobierno en materia de vivienda —aunque por motivos radicalmente opuestos a los de Junts—, ni confirma ni desmiente que Vivienda se haya puesto ya en contacto con ellos. Fuentes de la formación prefieren ser cautas y no desvelan cuáles serían las condiciones que pondrían para apoyar el paquete de medidas que prepara el Gobierno, si bien en julio Podemos expresó su línea roja de manera muy clara: no está dispuesto a apoyar ningún decreto que incluya una reforma de la ley del suelo para relajar las regulaciones a la hora de construir vivienda, como pretendía el ala socialista del Ejecutivo. Esta reforma era promovida tanto por el PSOE como por el PNV, aunque Vivienda se niega a concretar si insistirá en incluirla en el decreto y los nacionalistas vascos, por su parte, han evitado pronunciarse a la espera de que la negociación avance.

ERC critica que se negocie primero con Junts

Quien sí decidió este jueves tomar posiciones de cara al reinicio de las conversaciones es ERC. Lo hizo por boca de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que se mostró crítico con la decisión del Ministerio de Vivienda de comenzar las negociaciones por intentar convencer a Junts, con el que los republicanos mantienen una intensa rivalidad en Catalunya. “Es un error”, Puigdemont “no debe ser quien le establezca los límites en Vivienda a los demás”, denunció Rufián, que aseguró que son el Gobierno y “las izquierdas” quienes, “después de negociar, le impongan a Junts qué hacer con la vivienda”. “Y si Junts no quiere votarlo, que se retraten y que se sigan hundiendo en las encuestas”, argumentó el dirigente.

Fuentes de ERC van más allá y lamentan que Vivienda haya comenzado a negociar con un grupo con “intereses inmobiliarios” como los que, denuncian, tiene Junts y algunos de sus diputados. No obstante, estas fuentes también admiten que los republicanos están manteniendo ya conversaciones con el Gobierno, y confían en que la “presión” social tanto en Catalunya como en el resto de España empuje al ala socialista del Ejecutivo a poner en marcha medidas “efectivas” para garantizar el derecho a un techo.

Por el contrario, EH Bildu mantuvo un tono más conciliador y verbalizó su disposición a hacer concesiones para alcanzar un acuerdo, aunque también exigió al resto de los grupos que hagan lo propio. Su portavoz adjunto en el Congreso, Oskar Matute, aseguró este jueves que la formación abertzale es consciente de que tendrá que “asumir ciertas cuestiones” aunque les “satisfagan del todo”, pero pidió “lo mismo al resto de actores políticos, que todos nos dejemos pelos en la gatera en pro de un objetivo común, que es frenar los desahucios y frenar la dramática realidad a la que se enfrentan cientos de miles de personas”. Lo único que concretó Matute sobre la posición inicial de su partido en las negociaciones es que EH Bildu rechaza las bonificaciones fiscales “a la carta y generalizadas” que no discriminen por nivel de renta.

Una respuesta política de urgencia ante el estallido de indignación social provocado por el desahucio de Maricarmen. Esa es la idea con la que trabaja el Gobierno para intentar llegar al próximo Consejo de Ministros con un decreto de vivienda que se encuentra paralizado desde principios de julio por la falta de apoyo parlamentario. En la Moncloa, aunque insisten en recordar que son los grupos de la derecha los que bloquean la norma y que es el PP allí donde gobierna el que no aplica la ley, asumen que la fotografía de una mujer de 87 años sacada de su casa por antidisturbios de la Policía Nacional es un golpe durísimo para un Ejecutivo que prometió que esta sería “la legislatura de la vivienda”. “Por supuesto que vamos a dar una respuesta a esta tragedia social, pero pido altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto que es imperioso”, apuntó el propio presidente, Pedro Sánchez, desde Nueva York.

La orden política ahora es apretar el acelerador en mitad de un chaparrón de críticas de los colectivos de inquilinos y de las fuerzas de izquierda. De hecho, ante el previsible desenlace de la situación de Maricarmen, hay varias voces en el seno del Gobierno que ya defendieron de puertas hacia adentro la conveniencia de que ese decreto hubiera sido aprobado en el Consejo de Ministros de esta misma semana. Pero nunca llegó el visto bueno político a ese paso. Lo que ha defendido el Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta ahora es que ese decreto debía impulsarse cuando se tuviera algún viso de éxito parlamentario, pese al rechazo de Sumar, que lleva semanas exigiendo aprobar el texto y tratar de amarrar los votos con él ya en vigor. Principalmente, para que un paquete que incluye, entre otras cosas, medidas tan sensibles como mecanismos antidesahucios o la prórroga de los alquileres no volviera a estar condenado de antemano al fracaso durante su validación en el Congreso.

Pero todo cambió este miércoles tras el desalojo de Maricarmen, que dejó escenas de gran impacto que recordaron al peor momento de la gran recesión y a sus consecuencias económicas y sociales. El objetivo ahora es que el borrador que tiene preparado desde hace meses un Ministerio de Vivienda en el ojo del huracán sea negociado a marchas forzadas en el seno del Gobierno con Sumar, pero también con el conjunto de socios parlamentarios del Ejecutivo. Y que incluso pueda ser aprobado en el próximo Consejo de Ministros aunque no existan todas las garantías de su refrendo en el Congreso.

En cualquier caso, los contactos han comenzado ya. Esta misma semana la propia ministra de Vivienda ha hablado personalmente con los portavoces de algunos de los grupos parlamentarios cuyo voto resulta indispensable para la convalidación, descontado el 'no' de fuerzas como PP o Vox. Además, fuentes de Vivienda confían en que algunas de las fórmulas estudiadas y planteadas en el borrador del decreto sirvan para alcanzar “la cuadratura del círculo” de toda la legislatura. Es decir, conseguir poner de acuerdo a fuerzas políticas tan dispares como Junts, con un discurso alineado claramente a las tesis de PP y Vox en materia de vivienda, con otras de marcado acento de izquierdas como Podemos, que piden ir más allá.

Según ha podido saber elDiario.es, una de esas fórmulas tendría que ver precisamente con las medidas antidesahucios. Lo que recoge la legislación vigente es que desde la primera orden de lanzamiento de un inquilino se abre un plazo legal de cuatro meses en el que ese desalojo se paraliza a la espera de que la administración competente, normalmente comunidades autónomas o ayuntamientos, garanticen una alternativa habitacional. Pero que si transcurrido el plazo no se ha ofrecido esa alternativa, el desahucio se reactiva.

Lo que plantea el texto del Gobierno es una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir sine die los desahucios y el argumento de las derechas (principalmente Junts) de la inseguridad jurídica para los propietarios frente al fenómeno de la “inquiokupación”: que a partir del cuarto mes continúe paralizado el desalojo hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad tenga una alternativa pero que sea la administración competente, y no el propietario, quien acarree con todos los gastos mientras dure el proceso.

Negociación con Sumar

Fuentes de la parte minoritaria del Ejecutivo, la de Sumar, también confirman a elDiario.es que hay negociaciones en marcha con el PSOE para aprobar un decreto de vivienda en los próximos días. En concreto, estas fuentes señalan que están trabajando con la idea de llevar un texto al Consejo de Ministros del martes de la semana que viene, el último del mes de septiembre. No obstante, todos los dirigentes consultados insisten en que no se trata de una fecha cerrada y en que no es seguro que ese calendario vaya a cumplirse.

“Lo que ha ocurrido este miércoles”, con el desahucio de Maricarmen y la enorme atención mediática que ha suscitado, “ha sido un punto de inflexión” en el debate social y político sobre la vivienda, valora un dirigente del espacio de Sumar. Estas fuentes se muestran esperanzadas y explica que las negociaciones con el PSOE se han intensificado en las últimas horas. Los socialistas “claramente se están moviendo”, aseguran a este respecto.

Otro dirigente de Sumar, por su parte, abunda en esta idea y sostiene que el PSOE ha trasladado a su socio minoritario que estudia aprobar la semana que viene un decreto en materia de vivienda, aunque advierte que los socialistas han evitado dar esa decisión por cerrada. Fuentes de la alianza consideran que la Moncloa se ha visto obligada a moverse tras las críticas recibidas por el desahucio de Maricarmen no solo desde la izquierda alternativa, sino también desde algunos opinadores y referentes mediáticos afines al propio PSOE.

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha calificado de “error” que el Gobierno negocie con Junts este decreto. “Junts no debe ser quien le establezca los límites en Vivienda a los demás. Los demás (Gobierno e izquierdas) deben ser quienes después de negociar le impongan a Junts qué hacer con la Vivienda”, ha escrito en su cuenta de X. Según Rufián, “si Junts no quieren votarlo que se retraten y que se sigan hundiendo en las encuestas para que JAMÁS un partido al servicio de los buitres inmobiliarios tenga la influencia que esta gente tiene”. “Ya basta de chantajes de la derecha catalana”, ha asegurado.

Desgajar el escudo antidesahucios

Fuentes de los socios parlamentarios del Gobierno explican que, según traslada el Ejecutivo, una de las opciones que estaría sobre la mesa es la de aprobar por separado las medidas para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional de personas vulnerables, que podrían concitar un consenso mayor que el resto del decreto y ser convalidadas con mayor facilidad. El Ejecutivo no confirma ni desmiente este extremo, aunque Sumar asegura que apuesta por que el decreto se apruebe de una sola vez, con todas las medidas que estaban comprendidas en el borrador que se envió hace meses a los grupos para comenzar la negociación con ellos.

La iniciativa estrella de ese texto —además del escudo antidesahucios— era la prórroga por dos años y al mismo precio de los alquileres que venzan en 2026, 2027 y la primera mitad de 2028. Además, el borrador del decreto incluía el endurecimiento de la regulación del alquiler temporal y del arrendamiento por habitaciones, para evitar que los propietarios —especialmente en zonas tensionadas— utilicen estas figuras de manera fraudulenta para poder aplicar precios más altos a sus pisos, cambiar más fácilmente de inquilinos y tener menos obligaciones para con ellos.

No obstante, el borrador también contenía una reforma en profundidad de la ley del suelo para relajar la regulación para la construcción de vivienda. Esta es una propuesta clásica del PSOE y también de partidos como el PNV, Junts o incluso el PP, pero choca frontalmente con Podemos, cuyos votos son clave para la convalidación del decreto y que ha asegurado que no piensa apoyar ningún texto que incluya estas reformas. Junts, por su parte, también rechazó el borrador planteado por Vivienda por no incluir algunas de sus exigencias, como la exención de impuestos a todos los inquilinos —se limitaban esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, la deducción para los pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los desahucios exprés o la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda.

Lío en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso este miércoles. La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, protagonizó una acalorada discusión con la diputada y secretaria de Interior del PP, Ana Vázquez, después de que esta mostrase durante su intervención un spray de pimienta, un instrumento que se considera legalmente un arma, cuya posesión está vetada salvo en determinados casos y que está prohibido introducir al Congreso. Armengol exigió a Vázquez que se deshiciera del spray y llegó a amenazarla con la expulsión del hemiciclo si no lo hacía, ante lo cual la parlamentaria terminó abandonando por decisión propia su escaño arropada por los aplausos de la bancada del PP.

La diputada popular mostró el spray durante su intervención en la sesión de control mientras interpelaba al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y criticaba la inseguridad que —dijo— sufren las menores de edad en Ceuta a causa de la estancia en las calles de la ciudad de miles de inmigrantes que accedieron irregularmente a la ciudad en la entrada masiva de finales de julio. “Este es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutíes, este es el material escolar básico, un spray de gas pimienta. ¿Es esta la nueva normalidad a la que se tienen que acostumbrar los ceutíes? ¿Acaso las mujeres de Ceuta no pueden tener libertad, pasear por las calles, que los niños jueguen en los parques, no pueden recuperar su ciudad invadida?”, espetó mientras esgrimía el arma.

Tras su intervención, Armengol llamó al orden por primera vez a Vázquez “por haber enseñado un arma en el Congreso”, lo que provocó una airada protesta de la bancada del PP y de la propia interpelada, que comenzó a gritar a la presidenta de la Cámara desde su escaño sin estar en el uso de la palabra. Armengol no expulsó a la parlamentaria, sino que le pidió salir del hemiciclo para deshacerse del spray y que luego volviera a entrar. Ante la negativa de la diputada a seguir esas instrucciones, la presidenta la llamó al orden por segunda vez y le avisó de que, ante una tercera advertencia, la expulsaría de su escaño, lo que hubiera supuesto que no hubiera podido participar en el resto del pleno.

Finalmente, Vázquez abandonó el hemiciclo por decisión propia antes de ser expulsada entre la ovación de todo su grupo con la excepción de su líder, Alberto Núñez Feijóo, que permaneció sentado en su escaño sin aplaudir. Minutos después del episodio, no obstante, Feijóo acusó a Armengol de estar “muy indocumentada” o de “tener muy mala fe”, y se cuestionó “cómo se puede decir que ha traído un arma” en conversación con los periodistas en los pasillos del Congreso. “No se puede decir a una diputada del PP que ha traído un arma”, insistió el líder del PP, que aseguró que le da “vergüenza” la actuación de la presidenta de la Cámara Baja. “Es inaudito. Quien inflama el debate es Armengol. No es un arma y además está vacía”, apuntó.

No obstante, según explicó Armengol a Vázquez durante su intercambio en el hemiciclo, la ley sí considera el spray de gas pimienta como un arma. El reglamento que regula este tipo de instrumentos establece en su artículo 5.I que “queda prohibida la publicidad, compraventa, tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados” de “los sprays de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancias estupefacientes, tóxicas o corrosivas”. La única excepción que contempla la norma son los sprays aprobados por el Ministerio de Sanidad: su venta sí está permitida, pero eso no significa que no se consideren armas.

Además, el reglamento del Congreso establece en su artículo 101 que los diputados que “portaren armas dentro del recinto parlamentario” se exponen a “la suspensión temporal en la condición de diputado” por razones “de disciplina parlamentaria”. Esta medida, no obstante, debería adoptarla el pleno de la Cámara por su excepcional gravedad.

Intoxicación de una delegada de Mauritania

Minutos después del episodio en el hemiciclo, fuentes parlamentarias informaron de que se habían acordonado y clausurado tres baños y una de las cocinas del Congreso después de que una integrante de la delegación del Parlamento de Mauritania, que se encuentra de visita en España, se sintiera indispuesta al tratar de utilizar el aseo. En un mensaje dirigido a los portavoces de los grupos parlamentarios, Armengol les explicó que, “a las 10.26” horas —una media hora después de la discusión entre Vázquez y la presidenta en el hemiciclo— se había “recibido un aviso de la Policía indicando que alguien había vaciado algún tipo de spray” en esas instalaciones.

En los siguientes minutos, según explicaba Armengol a los portavoces en dicho mensaje, ese “fuerte olor” se extendió a las cocinas, lo que provocó que tanto los tres baños como el comedor fueran clausurados ante el riesgo para “personas con problemas respiratorios”. La delegada de Mauritania, de hecho, tuvo que ser atendida por los servicios médicos del Congreso. Fuentes parlamentarias explican que se están revisando las cámaras de seguridad de la Cámara Baja para intentar determinar quién vació dicha sustancia tóxica en los baños.

Al filo de las 13.00 horas, fuentes del PP confesaban que Vázquez había entregado el bote de spray de gas pimienta a un asesor del grupo parlamentario tras salir del hemiciclo para que lo lavase, y que este lo accionó accidentalmente en un baño. Estas fuentes aseguran que el arma estaba prácticamente descargada, aunque sí admiten que quedaba algo del gas y que este se diseminó cuando el asesor pulso fortuitamente el botón del spray.

Pese a todo, la diputada Vázquez aseguró en declaraciones a los medios durante la mañana del miércole que reincidirá en su comportamiento. “Los volveré a traer [los sprays de gas pimienta] las veces que haga falta”, aseguró secundada por la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz. “Está vacío”, dijo igualmente sobre el spray antes de compararse con “todas las mujeres y niñas de Ceuta” que han comprado armas similares ante el aumento de la inseguridad en la ciudad autónoma.

A un lado, en España, aún no se observaba el rastro del despliegue policial anunciado por Interior bien entrada la noche en el Tarajal. En Marruecos, sí. Horas después, alrededor de las 8:00 de la mañana de este miércoles se han desplegado decenas de antidisturbios de la Guardia Civil y la Policía Nacional a pesar de que la frontera a pesar de que la frontera amaneció sin incidentes ni movimientos sospechosos, según confirma el Ministerio del Interior. Las autoridades españolas y marroquíes han ordenado el refuerzo fronterizo ante los llamamientos localizados en redes sociales que, según el Ministerio del Interior, animan a cruzar en grupo a la ciudad autónoma durante la jornada del 23 de agosto, día de jornada electoral en Marruecos.

El sol cayó este martes en Ceuta con más calma que tensión, pero los nuevos efectivos policiales se preparaban en el interior del entramado fronterizo, aunque apenas se hicieron ver de madrugada por diversos puntos de la frontera. “Calma total durante toda la noche”, confirman fuentes de Interior. En el lado español, el Gobierno decidió mover ficha para evitar sorpresas, aunque resta credibilidad al llamamiento y destaca la “tranquilidad” aparente en la frontera. La Policía Nacional ha incorporado un refuerzo de 75 efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), mientras que la Guardia Civil ha intensificado desde el martes por la noche el trabajo de los tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) destinados en la ciudad autónoma. El operativo cuenta con 120 agentes durante las noches y 90 durante el día, apoyados por un helicóptero y la doble de presencia de drones vigilando la valla y el mar, explican fuentes de Interior.

Omar (nombre ficticio) se ríe cuando se le pregunta sobre la supuesta convocatoria. “¿Creen que van a volver a entrar? Ahora no se puede, está todo cerrado y todo el mundo lo sabe”, dice el joven, que entró a nado a Ceuta a finales de julio sin apenas control marroquí. “Ahora todo ha cambiado. Lo notamos quienes estamos aquí y también los que siguen allí. Si están devolviendo a algunos de los que entremos... ¿cómo va a venir mucha gente ahora?”, responde el marroquí, tras una noche más en el asentamiento del Trampolín.

Al otro lado, en Castillejos (Marruecos), la respuesta marroquí dista del dispositivo desplegado los días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas atravesaron la frontera sin apenas impedimento del país vecino. Unos 3.000 efectivos de las fuerzas de seguridad custodian las inmediaciones del paso fronterizo y sus alrededores, donde se concentran camiones policiales y vehículos cisterna, según informan fuentes desde el terreno. Los montes colindantes, donde días atrás solían verse a grupos de migrantes subsaharianos aguardando una oportunidad, están blindados y vacíos. En el interior, cerca de un centenar de agentes de paisano patrullan en furgones blancos con la orden de interceptar a cualquier posible emigrante, con la intención de subirlo a un vehículo y trasladarlo a autobuses con destino al sur del país.

Lo que trasladan desde Moncloa es el convencimiento de que este miércoles no ocurrirá nada ni “remotamente” parecido a la crisis fronteriza de los días 30 y 31 de julio, a pesar de los avisos de las últimas horas y de que se ha decidido extremar el control de seguridad. “Hoy mismo he estado en contacto con mi homólogo marroquí para que tomen las medidas al respecto y lo que me van trasladando es que, por supuesto, ellos tomarán las medidas que sean necesarias”, afirmó el martes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que anunció una reunión en Nueva York con su homólogo marroquí al margen de la cumbre de Naciones Unidas. Además, el Ministerio del Interior también anunció el inicio de los trámites necesarios para empezar las obras de prolongación del espigón de El Tarajal, una intervención que servirá para reforzar la condición fronteriza con Marruecos de esta construcción.

“Para poder acometer la obra, Interior solicitará el correspondiente informe favorable a la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como a otros organismos estatales que deben dar su visto bueno a la iniciativa. La obra del espigón de El Tarajal se realizará en dos fases. La primera consistirá en la prolongación mar adentro de 15 metros lineales dividida en tres tramos modulados cimentados mediante pilotes y un cerramiento superior de malla ‘antitrepa’ con peines curvos invertidos. En una segunda fase, la actuación permitirá prolongar mar adentro el espigón en 100 metros lineales mediante un dique vertical. Esta actuación, en sus dos fases, tendrá un coste estimado de 7 millones de euros”, explicó el departamento de Marlaska en un comunicado.

Desde el Ministerio del Interior mantienen un discurso de cautela. “La situación en principio es de tranquilidad. Hemos reforzado el dispositivo policial, pero hay que tener en cuenta que varios llamamientos en redes a lo largo del mes de agosto no han fructificado”, señalan fuentes del departamento. Aunque el Gobierno asegura seguir de cerca la convocatoria y exhiben los refuerzos para disuadir cualquier intento, restan gravedad a la supuesta cita de este 23 de septiembre y la equiparan a las convocatorias de los días 12 y 15 que finalmente “quedaron en nada”. Asimismo, recuerdan que la zona permanece bajo un dispositivo reforzado desde el pasado 29 de julio y aseguran que la coordinación con las autoridades marroquíes continúan.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó esta semana que el Gobierno ha activado medidas preventivas y está en contacto con las autoridades marroquíes para “disuadir” una nueva entrada masiva a Ceuta, tras la convocatoria en redes sociales para el 23 de septiembre en la que se llama a cruzar de nuevo. Según dijo, había mensajes en redes sociales que, “por el momento, no están calando”.

Con el objetivo de “luchar contra la desinformación” en el lado marroquí de la frontera, Exteriores lanzó una campaña para que los consulados y la Embajada en Rabat informen a su población de que la entrada irregular a Ceuta y Melilla no implica “ningún derecho” ni tampoco quedarse “indefinidamente” en España y Europa. En este sentido, la Embajada de España en Marruecos ha pedido en redes sociales a los marroquíes que “no se dejen engañar por la desinformación”, alegando que la sentencia del Supremo “no modifica la ley sobre extranjeros”, “no declara ilegal el rechazo en la frontera” y tampoco “impide el retorno”.

La tensión del día previo al 23 de agosto se ha traducido en la difusión de rumores de un posible intento de entrada por la frontera de Benzú, que no era tal, según aseguran desde Interior. Una alerta lanzada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que advertía de un supuesto intento de salto de 800 personas en la zona de Benzú, resultó ser una falsa alarma tras comprobarse la normalidad en la zona.

Una reforma legal para expulsar mucho antes a las personas migrantes que no tengan derecho a asilo en contextos de crisis como la que afronta Ceuta. Según ha podido confirmar elDiario.es con varios de los ministerios implicados, el Gobierno ha empezado ya con los trabajos técnicos para estudiar de qué forma podrían acortarse de manera sustancial los actuales plazos administrativos y judiciales, ahora fijados en un máximo de doce semanas. El objetivo es poder afrontar cuanto antes los operativos de retorno al país de origen en los casos en que el solicitante no cumpla con los requisitos exigidos para ser amparado por los mecanismos de protección internacional, que el Ejecutivo cree que es la situación de la inmensa mayoría de migrantes que permanecen en la ciudad autónoma.

Al proceder de Marruecos, un país considerado seguro por la Unión Europea, la normativa estatal y comunitaria vigente permite denegar de manera prioritaria las solicitudes de asilo. Pero siempre sustentado en un procedimiento garantista muy tasado, que incluye plazos que impiden en la práctica llevar a cabo expulsiones o devoluciones en cortos espacios de tiempo por mucho que los demandantes de protección no tengan el perfil que se requiere. Esto es: ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social, género o preferencia sexual, o huir de un conflicto armado. Y lo que advierte el Gobierno es que la práctica totalidad de marroquíes que cruzaron la frontera del Tarajal lo hicieron por motivos económicos y, por tanto, serán devueltos.

Pero ese retorno a Marruecos será para muchos de ellos el final de un largo proceso administrativo que se inicia ahora, que el Ejecutivo calcula que se puede prolongar hasta finales de año y que obliga al Estado a dar acogida mientras tanto. Un imperativo legal de los países de llegada y un derecho de las personas migrantes que, en el caso de Ceuta, confluye en el colapso de la capacidad de respuesta de las administraciones tras la llegada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma, muchas de las cuales aún duermen en las calles.

Ese procedimiento administrativo arranca con el paso del triaje, que en el caso de Ceuta se lleva a cabo principalmente en las instalaciones del Centro de Atención Temporal (CATE) situado en las naves del Tarajal. Allí se identifica a la persona migrante con la toma de la huella dactilar y, con la ayuda de un traductor, se la somete a una entrevista personal con funcionarios policiales en la que se intenta acreditar de dónde viene, cuáles son sus circunstancias personales, si tiene o no antecedentes y si desea solicitar formalmente el asilo o protección internacional, una pregunta que la ley fija como obligatoria. “La mayoría responde que sí, que solicita asilo. Pero tengo que decir que la mayoría no va a tener derecho a él porque son marroquíes y no cumplen los requisitos”, subrayó este martes el ministro Ángel Víctor Torres.

Una vez queda registrada esa solicitud formal de protección, la Policía Nacional y la Oficina de Atención al Refugiado se encargan de la apertura del expediente, en base a otra serie de entrevistas personales que buscan acreditar la situación real de la persona migrante en su país de origen. Según el Ejecutivo, este paso puede prolongarse de media entre dos y tres semanas antes de que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio se pronuncie en primera instancia. Esa comisión es la que determina si el solicitante tiene o no derecho a asilo y la que publica su resolución en el Boletín Oficial del Estado. Y entonces es cuando se abre la vía judicial.

La persona migrante a la que le resulta denegada en primera instancia su solicitud tiene derecho a recurrirla judicialmente en un plazo de diez días hábiles. Y luego es la justicia, en un plazo aproximado de otras dos o tres semanas, quien acaba por dictaminar si cabe o no cabe recurso, si se contemplan medidas cautelares y, en última instancia, si debe ser expulsado o no. En total, casi tres meses de procedimiento que en muchos casos se prolonga más tiempo por la saturación de los propios recursos administrativos y judiciales.

“De acuerdo al Pacto Europeo de Asilo y Migración, el plazo máximo son unas 12 semanas para tener el expediente concluido, pero desde el Gobierno de España vamos a intentar acortar al máximo ese plazo, incluso con las modificaciones legislativas que sean necesarias”, adelantó el ministro en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Según las fuentes consultadas por este periódico, el Gobierno ya ha solicitado a funcionarios de la abogacía del estado y a técnicos de los distintos departamentos una primera propuesta de reforma legal destinada al recorte de los plazos de expulsión.

Esos trabajos a nivel técnico que ya han comenzado en el seno del Ejecutivo van en la línea de la demanda que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladará a los socios de la Unión Europea la semana que viene en la cumbre de Luxemburgo, durante el Consejo de Justicia y Asuntos Internos del próximo 1 de octubre. Ya el propio Marlaska pidió la semana pasada al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, “cambios legislativos que permitan agilizar los procedimientos en crisis migratorias”.

Búsqueda de nuevas plazas de acogida

En paralelo, el Gobierno también busca nuevos emplazamientos para dar acogida a las 3.500 personas que, según los cálculos oficiales, aún viven a la intemperie en las calles de Ceuta desde finales del mes de julio. Una situación que ha vuelto a desbordar las fallidas previsiones del Ejecutivo desde el inicio de la crisis.

Porque lo previsto hace tan solo tres semanas por el propio presidente del Gobierno era que las 6.000 plazas ya habilitadas fueran “suficientes” para dar cabida “a todo el mundo”. Pero la realidad volvió a superar la previsión de las administraciones. Todos los departamentos ministeriales implicados en el operativo que permitió acoger el pasado viernes a 1.700 personas en las carpas del Puerto admiten su sorpresa porque esas nuevas plazas apenas hayan conseguido aliviar zonas críticas como las playas del Trampolín o de Benítez, donde aún permanecen miles de migrantes. Así que ahora se intentan improvisar sobre la marcha nuevos emplazamientos que consigan cambiar de manera sustancial el paisaje de una Ceuta en la que el clima social, con estallidos de violencia cada vez más graves, se ha vuelto irrespirable.

Con ese objetivo se ha abierto ya una negociación con Juan Jesús Vivas que busca ampliar los emplazamientos acordados en su día en el decreto de actuaciones en Ceuta. La idea, según fuentes gubernamentales, es volver a consensuar esos espacios como ya se hizo en su día. Aunque el posterior boicot al emplazamiento del Puerto por parte de la ciudad autónoma y una tensión política creciente entre el Gobierno y el PP complican las expectativas de un pacto. En cualquier caso, el Ejecutivo se compromete a habilitar nuevos espacios previsiblemente la próxima semana, sin descartarse que las nuevas plazas tengan que instalarse en algunos de los espacios ya habilitados, como por ejemplo el Puerto, y que se vean obligados a ampliar su capacidad.

El Gobierno eleva el tono contra el PP y Vox por la crisis de Ceuta. Después de que ambos partidos hayan confirmado que secundarán las manifestaciones de este próximo fin de semana para exigir la convocatoria de elecciones, el ministro de Política Territorial y mando único ha exigido a Feijóo y Abascal que se corresponsabilicen de la gestión migratoria. “¿De verdad quieren ayudar a Ceuta? Pues que en sus Comunidades Autónomas acojan a algunos de los 3.000 menores que siguen hoy en la ciudad autónoma”, ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Torres ha culpado directamente al PP de que hoy el gobierno local de Vivas se encuentre saturado en cuanto a las plazas de acogida. “La gente que vaya a esas manifestaciones, y también los ceutíes, deben saber que si hoy quedan mil menores en las calles de Ceuta es porque así lo quiere el PP. Nosotros apelamos a la lealtad institucional pero a veces uno se cansa de tanto ataque mientras nos volcamos en buscar soluciones. Y la verdad es que si los menores no salen de Ceuta es porque el PP no quiere”, ha señalado el ministro.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado oficialmente que su partido secunda una concentración convocada para este sábado por la asociación Sociedad Civil Española, y que plantea “que se devuelva la dignidad y la palabra a los españoles y se publique la convocatoria de elecciones generales antes del 15 de noviembre”. “Se trata de un ultimátum del pueblo soberano a la actual coalición de gobierno”, apunta un comunicado de los organizadores.

La convocatoria, secundada primero por Vox y promovida por expolíticos como Marcos de Quinto, se plantea “en defensa de la unidad e integridad territorial de España y contra la invasión de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla”. También pone en duda que el “censo electoral sea 'real” y “en defensa de los jueces, fiscales, de las FAS [Fuerzas Armadas], las FCSE [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado], todos los funcionarios públicos y medios de comunicación que cumplen con su obligación”.

“Si no se cumple el plazo”, asegura la web convocante, “cabe esperar que la presión ciudadana se intensifique por sí misma, de forma pacífica y dentro de la legalidad, y no cabe descartar que llegue a alcanzar una dimensión capaz de paralizar el país”. Los organizadores han aprovechado la convocatoria para montar una tienda 'on line' para vender 'merchandising' como banderas y pancartas.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado en los próximos días se intentarán desbloquear nuevos espacios porque aún son miles las personas que quedan en las calles. “Seguiremos esta semana y la próxima con más habilitaciones de espacios. Vamos a continuar con el trabajo y los dispositivos que sean precisos para que ninguna persona esté pernoctando en las playas de Ceuta”, ha dicho tras cifrar en 6.000 los adultos que ya se encuentran en alguno de los alojamientos y en 2.000 los menores que están en la misma situación.

La crisis de Ceuta sigue muy lejos de ver la luz al final del túnel, pero ha entrado esta semana en una fase distinta tras la puesta en marcha de miles de nuevas plazas de acogida. Los dos puntos de la ciudad en situación más crítica, Loma Colmenar y El Trampolín, se han visto aliviados ostensiblemente con la habilitación por parte del Gobierno de 2.500 alojamientos en solo cinco días. Sin embargo, aún son miles las personas migrantes que permanecen en la calle, una parte de ellas niños y niñas solas bajo tutela del ejecutivo local. Y tanto la gestión de esos menores como la discusión sobre los nuevos emplazamientos para adultos ha derivado en un choque frontal entre administraciones que escala ya al cruce de acusaciones directas entre Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas.

El reproche más explícito por parte del presidente del Gobierno llegó el miércoles, tras la sesión de control en el Congreso. Y sorprendió por el tono y porque Sánchez nunca suele responder en los pasillos de la Cámara Baja a las preguntas al aire que le lanzan los periodistas al salir del hemiciclo. Pero esta vez sí lo hizo. “Presidente, ¿cómo explica que haya todavía mil menores en las calles de Ceuta?”. “Eso pregúntenselo a Vivas”, contestó. El dardo saltó inmediatamente a las portadas de los periódicos y los informativos de radio y televisión.

Después de la lluvia de reproches del presidente de Ceuta, que esta misma semana aseguró que Sánchez “no está capacitado” para seguir en el cargo por no estar a la altura “de sus obligaciones constitucionales”, el Ejecutivo ha decidido pasar a la ofensiva. En la Moncloa explican que detrás de ese “desahogo” del presidente, que algún otro miembro del Gobierno y del PSOE considera “inapropiado”, hay una motivación fundada. “Hasta ahora le guardábamos el aire a Vivas, pero, ante tanta mentira y tantos ataques, hemos decidido defendernos. Nosotros entendemos que haya mil niños en las calles porque es difícil de gestionar, porque es mentira que se puedan devolver sobre la marcha y porque hay problemas de espacio. Pero si nosotros empatizamos con esa situación, que es competencia exclusiva suya, lo que le demandamos es que empatice él con nosotros y deje de machacarnos con populismo barato”, apuntan en la Moncloa.

Un ejemplo claro del choque del Gobierno con Vivas tiene que ver, precisamente, con esa situación de los menores bajo tutela legal de la ciudad autónoma. Desde principios del mes de agosto, el Ministerio de Juventud e Infancia plantea a la administración ceutí el traslado temporal a la Península de 500 niñas solas en situación de especial vulnerabilidad. Una acogida que tendría lugar con recursos del Estado y bajo la gestión de entidades especializadas en la atención a la infancia. Esa propuesta se ha trasladado de manera recurrente y a todos los niveles, desde las reuniones más técnicas con la consejería de Infancia hasta conversaciones personales entre la ministra Sira Rego y Juan Jesús Vivas. Pero es la ciudad, como depositaria de la tutela, quien tiene que dar el visto bueno. Y, por el momento, se niega a hacerlo.

En el departamento de Sira Rego defienden que ese traslado temporal, mientras se tramitan los expedientes de reagrupamiento familiar o de inserción en el sistema de acogida, no solo garantizaría una atención digna a medio millar de niñas solas, sino que ayudaría a aliviar la presión asistencial que soporta ahora la ciudad autónoma. Pero lamentan chocarse continuamente con el bucle de la contradicción de Vivas, que clama por el colapso de la ciudad al mismo tiempo que impide la fórmula que permitiría destensarla. Y todo, con alrededor de mil niños y niñas que, según el cálculo de las administraciones, permanecen sin atender por falta de capacidad de acogida.

Desde el Ministerio aseguran que la propuesta de traslado no solo está vigente, sino que se ofrece de manera sistemática a los responsables locales de Infancia para ponerla en marcha “en cuanto den el 'ok'”. Aunque se muestran cautos a la hora de entrar al choque político con sus interlocutores de la consejería ceutí, de los que destacan su plena disposición a la búsqueda de soluciones, en el Gobierno existe el convencimiento de que se trata de un bloqueo que traspasa la responsabilidad tanto de los técnicos como del Ejecutivo de Vivas en su conjunto, atado de pies y manos por las directrices políticas de la calle Génova, a juicio del Gobierno central.

“No son capaces de darnos una razón o explicarnos qué pasa. Tan solo nos ponen excusas y nos trasladan que eso tienen que negociarlo. Y no sabemos con quién, pero nos lo imaginamos”, sostienen fuentes del Ejecutivo involucradas en primera persona en el dispositivo de coordinación ministerial que trabaja en Ceuta. Esta semana, la Cadena SER desveló un correo electrónico remitido el 28 de agosto en el que se daba traslado nuevamente de la propuesta y que no recibió respuesta. El Consejero de Presidencia de Vivas, Alberto Gaitán, aseguró en TVE no tener conocimiento de ese mensaje, pero insistió en la única idea que repite insistentemente el Gobierno ceutí y el PP de Feijóo: “Esta era una opción más, pero para nosotros la prioridad es la repatriación de menores”.

Los continuos choques con “un Vivas muy diferente”

La lectura política que se hace en el Gobierno de los choques con el presidente de Ceuta es que el Partido Popular ha encontrado un filón en la crisis migratoria en plena cuenta atrás de un año electoral. Y que esa presión de Génova se está llevando por delante el perfil de gestor moderado que hasta ahora ostentaba Juan Jesús Vivas. “La verdad es que nos hemos encontrado un Juan Jesús Vivas muy diferente al de 2021, cuando gestionamos codo con codo otra crisis migratoria muy grave también”, dijo en laSexta Pedro Sánchez este pasado lunes.

Lo que más sorprende en las filas del Ejecutivo es el giro de Vivas respecto a las devoluciones a Marruecos. Un cambio de posicionamiento drástico que es, además, constatable. Porque el 29 de julio de este año, el día antes del paso fronterizo masivo, el presidente de Ceuta afirmó durante una comparecencia institucional: “Puede existir la percepción de quien diga que, si llegan inmigrantes de manera irregular, ¿por qué no se devuelven? Pues hay que decir que porque, con la legislación en la mano, no se puede hacer. Quien lo haga estaría cometiendo un delito (...) Una condición necesaria para que el menor pueda retornar es que el menor quiera retornar. Y ninguno quiere retornar. Por tanto, es imposible, y ya sabemos lo que dijo el Supremo de lo que pasó en esta ciudad. En el caso de que los adultos soliciten asilo, y todos lo solicitan, ya no se pueden retornar al país de origen. Sencillamente, la ley no lo permite”. El vídeo continúa visible en las redes sociales oficiales del Gobierno ceutí.

Antes de que todo saltara por los aires los días 30 y 31 de julio, los posicionamientos del Ejecutivo de Vivas en el mismo sentido eran constantes. En septiembre de 2024, por ejemplo, el Partido Popular de Ceuta votó en contra en la Asamblea de la propuesta de Vox para instar al Gobierno “a activar los mecanismos necesarios para la repatriación inmediata de los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Ciudad Autónoma”. El consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, llegó a hablar de “temeridades ilegales” y reconoció que la ciudad había remitido 600 expedientes a Marruecos y no había sido respondido ninguno.

Ahora, el gobierno de la ciudad alega que se dan “nuevas circunstancias” por la entrada masiva de finales de julio y se pone sus ojos en la supuesta cobertura legal que otorgaría el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y el reglamento de Retornos. Según el PP, esas normas eliminan la opinión del menor a la hora de realizar o no su reunificación familiar, aunque la realidad es que ambas siguen exigiendo garantías individualizadas. Y, en cualquier caso, el reglamento no está en vigor.

Boicot a los emplazamientos

El otro gran campo de batalla política en la gestión de esta crisis tiene que ver con la búsqueda de emplazamientos. Ya a principios del mes de agosto, mucho antes de que Pedro Sánchez aceptara al fin la figura del mando único que reclamó Vivas desde el primer día, los departamentos implicados lanzaron la voz de alarma por el bloqueo a la búsqueda de plazas de acogida que encontraron en el gobierno de la ciudad. Las negociaciones entre el Ejecutivo ceutí y el Ministerio de Migraciones se prologaron días con vetos explícitos a poner carpas en el entorno del hospital militar, en la antigua fábrica de harinas o en las naves del Tarajal. Con argumentos siempre parecidos: rechazo de las asociaciones vecinales, presión de algunos empresarios con negocios en las zonas afectadas y portazo final de la propia administración local.

Cuentan en el Gobierno central que a menudo se han consensuado ubicaciones en reuniones al más alto nivel entre ambas administraciones y que, posteriormente, han sido boicoteadas. Y ponen el ejemplo de los 16.000 metros cuadrados del Puerto habilitados desde este viernes para acoger a 1.700 personas. Tras pactarlo, la autoridad portuaria se desmarcó con un informe desfavorable. Y entonces el Ministerio de Transportes tomó la decisión de manera unilateral. El nivel de desconfianza ha llegado a tal punto que, según ha podido saber elDiario.es de fuentes directas de los equipos ministeriales implicados, en algunos de los operativos desplegados en los últimos días para el realojo de personas migrantes se ha evitado trasladar información precisa a las autoridades locales con demasiada antelación por temor al boicot.

Y en mitad de ese clima, la situación de Ceuta, de los ceutíes y de las personas que se jugaron la vida a nado los días 30 y 31 de julio en busca de un futuro digno continúa lejísimos de solucionarse. El mismo viernes, tras la recepción de 1.700 personas en las naves del Puerto, el Gobierno actualizó los datos para asumir implícitamente, una vez más, su fracaso en la gestión. Las cifras oficiales hablan ahora de al menos 10.000 el número de personas migrantes que quedan en Ceuta. Muy lejos de las 2.000 que dijo el Ejecutivo a principios de agosto, de las 5.000 que apuntó Pedro Sánchez a principios de septiembre y, en cualquier caso, muchas más de las 6.000 plazas comprometidas y que ya están en marcha. Asegura el presidente del Gobierno que espera tener la situación arreglada a final de año.

El Gobierno abrirá una investigación interna para esclarecer las palizas y vejaciones de militares que denuncian al menos una veintena de migrantes de Ceuta y que reveló elDiario.es. Según fuentes de la Moncloa, el Ejecutivo no tenía constancia de esas denuncias de agresiones que también refrendan las organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre el terreno. Aunque, en cualquier caso, se compromete a dar los pasos necesarios para averiguar lo ocurrido y depurar responsabilidades.

Este periódico adelantó este martes que una veintena de testimonios recopilados de manera directa, a los que se suman un centenar de casos detectados por organizaciones sobre el terreno, describen un patrón común por parte de determinados grupos de soldados españoles (especialmente por parte de regulares y legionarios) que actúan con violencia contra los marroquíes llegados a finales de julio a Ceuta, incluidos menores de edad. También denuncian prácticas humillantes, como obligar a raparse el pelo ante la amenaza de devolverles a Marruecos o golpearles en caso de negarse a hacer cualquier cosa que se les ordena con la finalidad de denigrarlos, según los denunciantes.

A pesar de la gravedad de las denuncias, ningún grupo político interpeló al respecto este miércoles en el Congreso ni al presidente, ni a ningún ministro durante la sesión de control. Aunque varios socios del Ejecutivo, preguntados por elDiario.es, sí reclamaron explicaciones a posteriori en declaraciones públicas. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, exigió este miércoles al Ministerio de Defensa y a su titular, Margarita Robles, que pongan en marcha una investigación sobre “las denuncias que estamos conociendo sobre palizas y vejaciones a personas migrantes por parte de militares que patrullan en Ceuta”, desveladas por elDiario.es. Asimismo, Martínez pidió a Robles “depurar responsabilidades” en el Ejército una vez obtenga toda la información sobre estos episodios.

“Nos preocupan e indignan enormemente” estos comportamientos, denunció Martínez, que sostuvo que este tipo de episodios son “contrarios a todos los valores democráticos que debería representar el Ejército de una sociedad democrática”. “Por desgracia, no es la primera noticia sobre actos de este tipo que merecen condena y repulsa”, criticó la portavoz de Sumar, que señaló directamente a la ministra Robles para asegurar que “no puede quedarse sin actuar ante estos hechos” y para exigirle “investigar, dar explicaciones y depurar responsabilidades”. “Si no lo hace, Defensa estaría siendo cómplice de vulneraciones de derechos humanos”, avisó.

En la misma línea se expresó el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Sumar y líder de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que calificó de “inaceptables” estos comportamientos de algunos militares. “Hace dos semanas planteamos nuestra preocupación al respecto en la tribuna del Congreso, y la semana pasada presentamos un escrito, y seguimos sin tener noticia de que el Ministerio de Defensa haya tomado ninguna medida”, denunció Santiago, que acusó al departamento que lidera Margarita Robles de tener, al menos, una “responsabilidad in vigilando” sobre estos malos tratos.

“Esta no es una acusación contra todo el Ejército, porque en las noticias que se han publicado se acota que [los militares acusados] forman parte de determinados cuerpos: es fácil determinar cuáles son esas manzanas podridas”. Y, cuando Defensa lo haga, debería no solo tomar medidas disciplinarias, sino “dar traslado a la Fiscalía” de las eventuales “acciones delictivas” que hubieran llevado a cabo estos militares, espetó el portavoz adjunto de Sumar.

Por su parte, fuentes de Podemos aseguraron que los testimonios recogidos por elDiario.es revelan acciones de “extrema gravedad” que “exigen una investigación en profundidad”, y exigen “la suspensión de empleo y sueldo y la retirada del arma a todos los militares que estén ejerciendo violencia contra personas migrantes en Ceuta” hasta que “se aclare lo ocurrido”. “Si se confirman su participación en los hechos, deberían ser expulsados inmediatamente” del Ejército, plantean igualmente los morados.

Redadas de patrullas militares

Una de las agresiones denunciadas ocurrió la madrugada del viernes 11 de septiembre. elDiario.es recibió el aviso de una redada de dos patrullas de militares españoles en la barriada de Los Rosales. Un equipo de activistas del colectivo Brigadas de Apoyo Mutuo acababa de llegar a la zona para documentar lo ocurrido. Allí, una decena de legionarios estaba desplegada en distintos puntos de un vecindario. Varios uniformados estaban concentrados junto a una casa en ruinas, donde malvivían desde hacía semanas un grupo de migrantes marroquíes. Al percibir la presencia de voluntarios y periodistas, los soldados comenzaron a abandonar ese punto, donde tres migrantes heridos pedían auxilio, y se trasladaron al otro extremo del vecindario, donde otros seis soldados trataban de esconderse de las cámaras.

En ese mismo momento, tres hombres ceutíes se cubrieron el rostro y, colocados delante de los militares que evacuaban la zona, empezaron a lanzar latas y piedras a los activistas y periodistas que observaban los hechos. Los soldados no recriminaron en ningún momento ni trataron de frenar el intento de agresión de los vecinos encapuchados, sino que aprovecharon ese mismo instante para reagruparse y apartarse. En ese momento, un hombre con una gran brecha en la cabeza y la cara ensangrentada, descendió de lo alto del vecindario, mientras uno de los soldados se dirigía al vehículo militar. “¿Quién te ha hecho eso?”, le preguntó Ibrahim Benavides, vecino y líder comunitario de la barriada de El Príncipe, delante del uniformado. “Los militares”, dijo el hombre, casi sin poder mantenerse en pie, señalando a uno de los soldados, que se metió en el vehículo oficial, recogió a otros compañeros y arrancó.

Cuando los militares se retiraron del barrio, un migrante tras otro empiezan a aparecer entre los rincones donde se habían escondido. “Estos militares nos han golpeado y humillado. Nos han quitado los teléfonos y todo lo que teníamos. No han dejado a nadie sin golpear”, dice Adam, uno de los chavales que presenciaron los hechos y, tras recibir un golpe con la defensa de los militares, logró escapar. A su alrededor, una decena de migrantes quieren contar lo sucedido.“Como puedes ver, han abusado de nosotros. Uno de los chicos más golpeados es menor de edad. Se han ensañado con nosotros de la forma más cruel”, añade mientras ese mismo adolescente que menciona, también llamado Adam, toca su labio ensangrentado. Tres jóvenes tuvieron que ser trasladados al hospital al presentar lesiones y heridas de consideración, tras ser recogidos por una ambulancia.

Desde el Gobierno aseguran a elDiario.es que “no les consta ninguna denuncia” y condenan “cualquier tipo de violencia”. “Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan en Ceuta para preservar la convivencia. No cabe duda de que se investigará cualquier agresión que se haya podido cometer”, señalan las mismas fuentes.

Otro golpe de la justicia a la acción del Ejecutivo. A solo unas horas de que arrancara el delicadísimo operativo para trasladar a un millar de migrantes desde la playa de El Trampolín a las nuevas plazas de acogida temporal en el Puerto, todo saltó por los aires. La Audiencia Nacional ordenó paralizar momentáneamente el nuevo campamento. Lo hizo en atención al recurso contencioso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en el que solicitaban esa medida cautelarísima -sin escuchar al Ejecutivo- y pedían dejar en suspenso la habilitación de ese espacio. Y lo hizo este miércoles por la tarde, casi a la misma hora en que concluían los trabajos de acondicionamiento de las carpas y con el Gobierno volcado en el inminente dispositivo de acogida.

La noticia, de hecho, cayó como una bomba en el seno del Gobierno y pilló por sorpresa al conjunto de equipos ministeriales implicados en el operativo y también a la propia Moncloa. “El Gobierno no puede ocultar su perplejidad ante una decisión que frena una solución operativa inmediata sobre el terreno. La medida paraliza un operativo logístico que estaba listo para ejecutarse de forma inminente, que iba a permitir alojar en total a 1.700 personas, diseñado con criterios estrictamente humanitarios y de orden público”, reaccionó el Ejecutivo.

El plan era que los primeros migrantes procedentes de El Trampolín pudieran ser acogidos en las carpas del Puerto de manera inminente, seguramente ya este mismo jueves y después de que finalizaran los últimos trabajos de preparación con la instalación de una bomba de agua a última hora de este miércoles. Pero la decisión judicial desbarató esos planes y paralizó el operativo.

“Los terrenos del Puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo. El Ejecutivo es plenamente consciente de que esta crisis es compleja, pero la complejidad no puede traducirse en inacción o parálisis institucional. Sacar a estos migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad, garantizándoles condiciones dignas de acogida en infraestructuras adecuadas. Es la principal demanda de los ceutíes y del Gobierno de Ceuta”, trasladó a última hora del día la Moncloa en un comunicado.

Lo que apuntan los magistrados de la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional es que, hasta que el Ministerio de Transportes no le entregue el expediente sobre la creación de ese asentamiento, para lo que le da hasta “las 12 del día de hoy” (por el miércoles), deja en suspenso la orden ministerial que habilitaba ese espacio. Y lo que exige ahora el Gobierno es que esa acción de la justicia no condene a Ceuta a la parálisis. “Ceuta no puede esperar. Desde el Gobierno pedimos agilidad y deseamos que se actúe de forma inmediata para aportar soluciones a esta situación sobrevenida”.

En un sector del Gobierno, ya abiertamente enfrentado al Poder Judicial por el reciente bloqueo también del derecho al voto que recoge la conocida como ley de nietos, el paso de la Audiencia Nacional es recibido como “un ataque más” de la judicatura a la acción política del Ejecutivo.

Choque con la ciudad autónoma

La polémica por el emplazamiento del Puerto de Ceuta para la instalación de plazas de acogida viene de largo. Ante la urgencia de habilitar espacios en la ciudad autónoma para sacar de las calles a miles de migrantes y poder empezar sus procedimientos administrativos de asilo o expulsión, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, decidió el pasado 5 de septiembre tomar el control de la autoridad portuaria para sortear los impedimentos del Gobierno del PP de Juan Jesús Vivas.

En una orden firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado, Transportes autorizó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar carpas para acoger a más de un millar de personas migrantes a pesar de la oposición de la Autoridad Portuaria, dependiente del gobierno autónomo ceutí. Una orden que permitía continuar con los trabajos de instalación de carpas temporales frenada anteriormente por responsables del Puerto de Ceuta. Y además, se autorizaba a la Secretaría de Estado de Migraciones a la utilización temporal de esta superficie de 16.000 metros cuadrados.

La decisión unilateral de Transportes llegó pocas horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votase en contra de ceder unos terrenos que habían sido pactados previamente entre el Gobierno central de Pedro Sánchez y el de Juan Jesús Vivas. Pero entonces llegó la denuncia del Sindicato Unificado de Policía que ha desembocado en la paralización cautelar de ese emplazamiento. Una decisión de la Audiencia Nacional que, por el momento, desbarata por completo los planes del Ejecutivo de sacar a más de mil personas de la playa del Trampolín en las próximas horas.

A medianoche de este miércoles, todos los equipos ministeriales implicados en el operativo continuaban a la espera de novedades desde la Audiencia Nacional para volver a reactivar “de manera inmediata” un plan, por ahora, frustrado.

Centenares de niños y niñas solas siguen en las calles de Ceuta sin ser atendidos por las administraciones un mes y medio después de la crisis fronteriza. Y los que sí duermen bajo techo en alguna de las plazas de acogida temporal ni siquiera han podido comenzar la tramitación de su situación administrativa. Esa es la realidad que vive la ciudad autónoma y que no tiene visos de solucionarse a corto plazo en mitad, además, de un choque político que no deja de escalar. Y cuestionado por la prensa en el Congreso a la salida del Pleno sobre esa situación de los menores, Pedro Sánchez no ha dudado en señalar directamente al presidente ceutí: “Eso pregúntenselo a Vivas”, ha respondido el presidente.

Durante la sesión de control, Sánchez ha vuelto a afear al Partido Popular que no “deje de poner palos en las ruedas” a la gestión de la crisis. “¿Ustedes aspiran a solucionarla o a cronificarla, señor Feijóo?”, le ha preguntado el presidente al líder de la oposición, a quien ha reprochado que su grupo plantee en Bruselas la suspensión del acuerdo de cooperación bilateral con Marruecos.

Alberto Núñez Feijóo ha insistido este miércoles en la tesis de la devolución inmediata a Marruecos de todos los migrantes: hombres, mujeres, niños y niñas sin distinción alguna. “Solo hay tres opciones: o usted no quiere y prefiere cronificar el problema, o usted es un incompetente, o alguien aquí está mintiendo. Despejemos la duda. Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlo, se lo dice de forma reiterada y la ley europea habilita al retorno inmediato. ¿Nos puede decir por qué siguen en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80 mil españoles y degradando la imagen de la nación?”, le ha preguntado Feijóo.

Ni el presidente del Gobierno ni ninguno de los parlamentarios, de la oposición o entre sus socios, que ha intervenido durante el pleno ha hecho mención alguna ni ha exigido u ofrecido explicaciones acerca de la violencia que sufren decenas de migrantes y que ha desvelado elDiario.es. Según ha podido acreditar este periódico, una veintena de testimonios recopilados de manera directa y un centenar de casos detectados por organizaciones sobre el terreno, describen un patrón común por parte de determinados grupos de soldados españoles (especialmente por parte de regulares y legionarios) que actúan con violencia contra los marroquíes llegados a finales de julio a Ceuta, incluidos menores de edad.

En una entrevista en Antena 3, el presidente de Ceuta aseguró esta semana que en el Gobierno de Sánchez “hay indolencia, irresponsabilidad y un manifiesto intento de no molestar a Marruecos”, dijo Vivas, que acusó al presidente de no haber estado “a la altura de sus obligaciones”.

La situación administrativa de miles de niños y niñas no acompañadas en la ciudad autónoma de Ceuta se ha mantenido bloqueada durante un mes y medio por un choque jurídico entre el Gobierno central y el de la ciudad autónoma. El ministro de Política Territorial y mando operativo funcional, Ángel Víctor Torres, ha revelado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que este lunes comenzaron a tramitarse, al fin, los expedientes de esos menores bajo la supervisión legal del defensor de menor, justo la figura que se encuentra en el foco del conflicto entre administraciones y que no había sido designada hasta la fecha.

Tal y como reveló elDiario.es, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Juan Jesús Vivas no alcanzaron hasta la semana pasada un acuerdo sobre esa figura legal del defensor del menor a la que obliga la ley de asilo, y sin la cual los niños y niñas no acompañadas no pueden ser ni reagrupados en Marruecos ni distribuidos al sistema de acogida de la Península. Hasta ahora, ambas administraciones han chocado sobre quién debe hacerse cargo de la contratación y el pago de esa figura, un dilema de hecho que han trasladado a la vía judicial y que sigue sin dirimirse.

Pero la semana pasada el propio Ángel Víctor Torres alcanzó una solución de emergencia durante una reunión con los responsables de Infancia del gobierno ceutí: hasta que se resuelva el contencioso, es la ciudad autónoma quien contrata al cuerpo de abogados necesario para ese trámite, pero es el Gobierno central quien asume los costes, con una aportación ya fijada de dos millones de euros. Y por eso ha sido posible que este lunes, un mes y medio después, comience la tramitación de los procesos administrativos de esos menores no acompañados.

“Me alegra decir que en el día de ayer ya se ha comenzado esa tramitación de los diez primeros expedientes a menores. Nos hubiese gustado que fuera antes, lógicamente”, ha dicho el ministro, que ha detallado el choque jurídico con el Gobierno de Vivas. “Estamos ante una controversia porque la ciudad de Ceuta, y también Canarias, afirman que eso es una competencia del Gobierno central. El representante jurídico del Gobierno de España, a través de la Abogacía del Estado, lo que expone es que son competencias de la Comunidad Autónoma. Así que lo que hemos decidido es que ya dirá la Justicia de quién es la competencia, pero el Gobierno de España pone los fondos de manera inmediata. Y ayer fue cuando ya se conformó el convenio para que el Colegio de Abogados esté presente en las entrevistas de los menores. Por eso nos hubiese gustado que hubiese sido bastante antes y ahora lo que esperamos es que esos expedientes puedan estar terminados cuanto antes”.

Ley de Nietos

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria de hacer un “corporativismo” que prescinde de la “realidad” ante resoluciones judiciales que, en su opinión, son cuestionables, como la que retira el derecho al voto a los nacionalizados por la denominada 'ley de nietos'.

En esa misma rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente también ha pedido “algún pronunciamiento” del Poder Judicial “un poco más valiente” y “más realista” a la hora de “valorar lo que está sucediendo en este país con determinadas resoluciones judiciales”.

El titular de Transportes se ha expresado de esta manera después de que la Asociación Conservadora señalara que las críticas del Gobierno hacia el Tribunal Supremo por la suspensión cautelar de los efectos electorales de la denominada 'ley de nietos' suponen “descalificaciones que trascienden la legítima crítica a una resolución concreta”.

Puente ha lanzado varias preguntas a la asociación al interpelarles para que se pronuncien sobre las reuniones “en secreto” que miembros de la Judicatura y Fiscalía mantuvieron con el PP. En concreto, ha pedido saber la opinión del encuentro que mantuvo el ponente de la resolución de la 'ley de nietos', Antonio Narváez, con el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en 2023 y donde, según el ministro, expresó el deseo de que gobernara para que derogara leyes progresistas y mostró dudas sobre sistema electoral español.

Dicho esto, Puente ha reclamado a la Francisco de Vitoria que se pronuncie si Narváez “es el ponente más adecuado para garantizar la apariencia de imparcialidad exigible en este caso” y también sobre las palabras de los magistrados del Supremo en la Junta Electoral Central (JEC) que, según ha dicho, indicaron que el auto del TS era un “despropósito jurídico”.

“Estaría bien que se pronunciaran”, ha insistido Puente, quien ha lamentado también que los miembros de la carrera judicial “se escudan exclusivamente en las declaraciones” de políticos, pero “se tapan los ojos” y “no se dan cuenta de que quien está poniendo en cuestión la propia imparcialidad del Poder Judicial son algunos jueces”.

En este contexto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que se han inscrito 333.696 personas en las oficinas consulares y se han aprobado además 571.000 expedientes, por lo que ha preguntado si ya se sabe “lo que van a votar”, ante las acusaciones del aumento del censo electoral.

“Son españoles, acorde a una ley y, por tanto, quien dice que se adultera el censo porque estas personas pueden votar, también habría que ver si no se adultera el censo si, pudiendo tener ese derecho, no votan”, ha resumido Torres, que también ha recordado que Feijóo ya reclamó en declaraciones pasadas la nacionalidad para nietos e hijos de exiliados.

El Gobierno fija por primera vez un horizonte temporal para la resolución de la crisis de Ceuta. En una entrevista este lunes por la noche en laSexta, Pedro Sánchez ha asegurado que espera el procedimiento administrativo y el retorno de la mayoría de migrantes pueda completarse antes de acabar el año. “Hemos fijado el mando único hasta final de año, esperamos tener esa situación resuelta para entonces”, ha dicho el presidente.

Cuestionado por la falta de contundencia con Marruecos y si teme el espionaje con Pegasus, Sánchez ha sido tajante. “Eso está muy bien para una serie de Neftlix, otra cosa es la realidad. Pero lo inteligente, aunque sea desde un punto de vista pragmático, es tener una buena relación con Marruecos si además queremos el retorno de los migrantes que no tengan derecho a asilo”, ha dicho.

El presidente ha vuelto a negar que la información disponible que tenía el Gobierno antes del 30 de julio fuera suficiente para prever la magnitud de la crisis. “Los mensajes del CNI con la Delegación del Gobierno no son prueba de que hubiera una alerta, más bien al revés. Las alertas de este tipo en un país serio se trasladan al máximo nivel de manera formal”, ha asegurado.

Sánchez ha criticado, además, la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho a voto de los familiares de exiliados recogido en la 'ley de nietos', tras los recursos de Vox y Iustitia Europea. “¿De verdad se puede suspender la ciudadanía, que es el derecho al voto, a 400.000 españoles?”, se ha preguntado, durante la entrevista en El Intermedio, en La Sexta.

El presidente del Gobierno ha dicho que “no puede haber ciudadanos de primera y de segunda y representantes de tercera”, en alusión a partidos como PP y Vox que en los últimos meses han asegurado que esa nacionalización recogida en la Ley de Memoria Democrática suponía una suerte de intento de 'pucherazo' por parte del Gobierno.

Sánchez ha defendido la “independencia” de la Justicia y de la mayoría de los jueces, aunque ha criticado abiertamente al juez Juan Carlos Peinado, que ha instruido la causa contra Begoña Gómez, por su actividad profesional. “Peinado ha hecho mucho daño a la Justicia”, ha concluido.

La Junta Electoral Central acordó dividida este lunes no ir al choque con el Tribunal Supremo tras su decisión de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. El órgano se limitó a acatar la decisión del Supremo sobre la ley de nietos, sin tratar de enmendar el embrollo jurídico generado, según informan elDiario.es varias fuentes conocedoras del contenido de esa reunión, que se alargó durante dos horas. 

El sector alineado con posiciones progresistas trató de dar la batalla para interponer un recurso contra la decisión que privará del ejercicio de ese derecho a miles de descendientes de españoles salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Pero su propuesta decayó por un ajustado resultado de siete votos a seis. En paralelo, el órgano electoral rechazó por ocho votos a cinco dar instrucciones concretas sobre cómo ejecutar la decisión del Supremo, un movimiento de parte de los vocales conservadores tras el que otros miembros del órgano ven un intento de “arreglar el desaguisado” generado. 

En relación con la impugnación ante el Supremo, a los magistrados y catedráticos de orientación conservadora se sumó en esta ocasión el presidente del órgano, Eduardo Calvo, un veterano magistrado del Supremo, que fue afiliado de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, y que aspira ahora a presidir la Sala del Alto Tribunal que la semana pasada falló sobre la ley de nietos. De acuerdo a las fuentes consultadas, Calvo expresó en sus intervenciones motivos a favor y en contra de recurrir y, finalmente, se decantó por la segunda opción.

Impugnar esas resoluciones habría supuesto un conflicto institucional sin precedentes con el Supremo, tribunal al que pertenecen ocho de los miembros de la Junta Electoral, órgano al que llegan tras ser elegidos por sorteo. Los otros cinco miembros de la Junta Electoral son catedráticos elegidos por el Parlamento: dos a propuesta del PP, otros dos a iniciativa del PSOE y una de Sumar. Estos tres últimos secundaron la propuesta de recurrir los autos que alientan la teoría del supuesto pucherazo de Vox y han supuesto el freno de la ley de nietos. A ellos se sumaron los magistrados del Supremo Pilar Teso, Concepción Ureste y Javier Hernández, a los que habitualmente se sitúa en el espectro progresista de ese órgano judicial. 

Antes de la votación, fueron varios los consejeros que expresaron dudas jurídicas sobre lo que consideran un “salto en el vacío” del Supremo y sobre la indefensión en la que quedan los electores a quienes se les retira cautelarmente un derecho vinculado a su nacionalidad sin ofrecerles trámite de audiencia previa. 

De acuerdo a las fuentes consultadas, algunos de estos consejeros discrepantes con la decisión del Alto Tribunal calificaron de “despropósito” y “barbaridad” la decisión del Supremo y auguraron un “sinfín de litigiosidad” como consecuencia de la “inseguridad jurídica total” que ha generado en miles de personas a las que se les niega un derecho fundamental sin la posibilidad de presentar alegaciones. De hecho, alguno de los vocales apuntó que entre los afectados hay miles que ya pudieron votar en las autonómicas y generales de 2023. Sin embargo, algunos de estos mismos consejeros asumen que ese hipotético recurso “no tenía ninguna opción de prosperar” y podría añadir más ruido a una situación ya de por sí endemoniada. 

Por otro lado, los vocales discrepantes con la posibilidad de impugnar la decisión del Supremo consideraron que la vía del recurso no era apropiada y habría supuesto un choque de trenes inédito entre ambas instituciones. En este grupo de vocales están los cuatro que el pasado julio firmaron un voto particular contra la decisión de la Junta Electoral de declararse no competente para frenar los efectos de la ley de nietos. Sus argumentos acabaron, primero, en los escritos en los que Vox y el extraparlamentario Iustitia Europa llevaron el asunto al Supremo; y, después, en las propias resoluciones del Alto Tribunal.  

Los firmantes de ese voto particular son los catedráticos de Derecho Constitucional Carlos Vidal Prado y Javier Tajadura Tejada —elegidos a iniciativa del PP— y los magistrados del Supremo Vicente Magro y Fernando Marín, a los que este lunes se sumaron sus compañeros del Alto Tribunal Fernando Cerdá y Carmen Lamela y el presidente del órgano, el citado Eduardo Calvo, para evitar el recurso a una decisión que ha vuelto a tensar la situación entre el Gobierno y el Poder Judicial. 

De hecho, aunque en la Moncloa ponen el foco en la “salvajada” del Supremo, también critican la respuesta de la Junta Electoral. “Nos sorprende mucho que atienda esa decisión del Supremo, sinceramente”, apuntan desde el Ejecutivo, donde meten prisa al alto tribunal para que solvente la cuestión cuanto antes. 

“Esperábamos que la Junta Electoral cuestionara y reprobara la decisión del Supremo. Y en cualquier caso nos parece imprescindible que se resuelva cuanto antes, porque es muy grave restringir un derecho básico de la condición de ciudadanía como es el derecho al voto”, apuntan fuentes del Gobierno. Pese a acatar la medida cautelar, la Junta Electoral mantendrá su personación en el procedimiento para defender que no tiene competencias para fiscalizar la concesión de la nacionalidad ni la instrucción del Ministerio de Justicia que amplió la aplicación de la ley de nietos y que ahora cuestionan las derechas y el Supremo.

“Cumplirse en sus términos”

Según la decisión de los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, solo podrán seguir en el censo aquellos descendientes de españoles que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Su pronunciamiento pone en el foco esa instrucción, de 2022, que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. 

Según los jueces, el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acordaron mantener la inscripción en el censo solo de quienes puedan acreditar con “prueba documental individualizada” de que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”. En una entrevista en Malas Lenguas de TVE, Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y autora de esa instrucción, recordó que se viene aplicando “pacíficamente” desde 2008, también por gobiernos del PP, ya que es calcada a la que se aprobó aquel año para completar la ley de memoria histórica. 

La Junta Electoral también abordó en su reunión de este lunes cómo hacer frente al mandato del Supremo. Por ocho votos a cinco, el órgano decidió limitar su actuación a trasladar a los organismos implicados las directrices del Supremo, que deben “cumplirse en sus términos”. Esto es, trasladar a la Oficina del Censo Electoral los autos del tribunal para que se cumplan sus requerimientos, así como instar a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares que ordene a los Registros Consulares el desglose entre los nacionalizados que han “demostrado” su condición de descendientes de exiliados y a los que se les aplicó la presunción de exilio de acuerdo a la citada instrucción. 

De hecho, las fuentes consultadas aseguran que se llegaron a eliminar algunos pasajes del borrador inicial elaborado por los letrados para que el acuerdo fuera lo más “escueto” y “apegado” posible al texto de los autos del Supremo. Cuatro de los vocales de orientación conservadora propusieron elaborar una especie de instrucción propia que ordenara notificar la decisión del Supremo individualmente a los afectados, pero la mayoría se mostró en desacuerdo. A su juicio, eso suponía “arreglar los desaguisados del Supremo”, que ha suspendido el derecho fundamental a voto de miles de personas sin darles la opción de presentar alegaciones.

Dos adjudicaciones millonarias en plena crisis migratoria que la ciudad autónoma de Ceuta acaba de formalizar sin publicidad previa y que han ido a parar a familiares directos de cargos de la máxima confianza del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Tal y como puede comprobarse en el perfil oficial de Contratación Pública, los dos contratos tienen fecha de 27 agosto, una de las jornadas más duras vividas en la ciudad desde la entrada fronteriza masiva del 30 de julio.

Ese jueves tuvo lugar el brote de violencia explícita más grave hasta la fecha. A las manifestaciones masivas que se convocaron bajo el lema “invasores, expulsión”, y que fueron secundadas por el propio Vivas y por el Partido Popular, les siguieron después ataques a la prensa y fuertes disturbios que incluyeron el bloqueo de ayuda humanitaria y el incendio de los asentamientos de migrantes en la playa de Benítez. Ese mismo día, dos viejos conocidos de Juan Jesús Vivas se garantizaron ingresos de varios millones de euros del presupuesto público.

El contrato más cuantioso de los que hasta ahora ha adjudicado durante la crisis migratoria el gobierno ceutí ha ido a parar a la empresa Absercon. En concreto, 3.267.698,08 euros para “obras de adecuación y habitabilidad de los espacios de acogida de menores motivada por la situación generada tras la entrada masiva de inmigrantes provenientes del Reino de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio de 2026”.

Según el boletín oficial del registro mercantil, el propietario y administrador único de Absercon es Bartolomé Sánchez-París Contreras, un hombre que forma parte incluso de un círculo personal cercano a Juan Jesús Vivas. Porque su hermano, Javier Sánchez-París Contreras, es un hombre de la máxima confianza del presidente y ostenta actualmente un puesto de asesor en el gobierno autónomo, donde desempeña el cargo de secretario administrativo de presidencia con un sueldo público de 35.635 euros. Ingresos que compagina con los de su trabajo en la federación ceutí de fútbol. Pero ese vínculo personal tan directo no se entiende sin la figura del padre de Bartolomé y Javier, Francisco Sánchez París, exjefe de gabinete de Vivas en la Asamblea de Ceuta entre 2006 y 2011 y amigo íntimo desde la infancia.

Hay un segundo contrato, de 2.483.175 euros, que también ha ido a parar a la empresa de otro familiar directo de un cargo de confianza de Juan Jesús Vivas. El mismo 27 de agosto, y también sin anuncio de licitación en el portal de contratación, se formalizó la adjudicación de un encargo de “mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza” para los espacios de acogida de menores. Y fue a parar a la Ferretería Doncel, un comercio local que, según el registro mercantil, dirige Manuel Jesús Doncel de Luna, primo hermano de Juan Manuel Doncel, presidente del Puerto de Ceuta y otro de los hombres de máxima confianza de Vivas.

La trayectoria de Doncel está ligada estrechamente a la carrera política de Vivas. El presidente ceutí lo llegó a nombrar consejero de fomento de su gobierno en 2008 y, años después, su propio jefe de gabinete, dando cuenta de la máxima cercanía y confianza entre ambos. También Vivas fue quien lo nombró en 2019 presidente del Puerto de Ceuta, cargo que desempeña hoy día.

Contactados por este periódico, desde el gobierno ceutí admiten que se trata de dos contratos adjudicados sin publicidad y sin que otras empresas, locales o de fuera de Ceuta, tuvieran posibilidad de acceder a esas adjudicaciones. Pero niegan que el motivo tenga que ver con los vínculos familiares de los cargos de confianza del presidente.

“Los contratos se han tramitado al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite recurrir a la contratación de emergencia cuando una situación excepcional exige una actuación inmediata por parte de la Administración. Los días 30 y 31 de julio se produjo una situación extraordinaria que hizo necesario actuar con carácter inmediato para habilitar espacios de acogida, adecuar instalaciones y disponer de suministros y equipamientos en el ámbito de menores no acompañados. En estas circunstancias, la ley permite no acudir al procedimiento ordinario de licitación, precisamente para que los plazos administrativos no impidan dar una respuesta inmediata”, argumentan desde la ciudad autónoma.

Defiende el gobierno de Vivas que “la contratación de emergencia no supone ausencia de control ni de expediente administrativo” y que, en cualquier caso, está “respaldada por los informes técnicos y jurídicos del Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma, que justifica la necesidad de actuar por la vía de emergencia”. “Hay que distinguir entre la contratación ordinaria, que está sometida a los procedimientos de publicidad y concurrencia correspondientes, y la contratación de emergencia, que tiene un régimen jurídico específico. Esperar a una licitación ordinaria habría sido incompatible con la necesidad de respuesta inmediata que planteaba la situación”, concluyen.

El Gobierno central aprobó a finales de agosto una inyección de emergencia de 65 millones de euros y posteriormente anunció un plan de choque integral de 309 millones para responder de forma directa a la crisis migratoria. Un paquete económico, presentado a principios de septiembre de 2026 por el Consejo de Ministros, que representa aproximadamente el 16% del PIB de la ciudad autónoma y engloba tanto las medidas de emergencia iniciales como los planes de recuperación.

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864 nuevas plazas de acogida temporal para personas que permanecían hasta este domingo en la calle desde su entrada a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Desde las siete de la mañana se ha llevado a cabo un amplio dispositivo de seguridad para dar traslado a este nuevo centro, ubicado en el barrio de Los Rosales, a una parte de los migrantes que sobrevivían a la intemperie en la zona del Embolsamiento, en Loma Colmenar, uno de los puntos más colapsados de la ciudad.

La ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social coordina sobre el terreno este operativo que persigue aliviar la presión sobre uno de los barrios que soporta más presión desde la crisis fronteriza. “La solución a esta situación pasa por encontrar espacios, encontrar ubicaciones. Son recursos de acogida temporal humanitarios donde, además, se van a poder iniciar los expedientes de solicitud de asilo y, en su caso, las devoluciones”, cuenta la ministra desde el propio centro de acogida de La Reina en conversación con elDiario.es.

A las 7.00 horas, un fuerte despliegue policial ha llegado a los alrededores del embolsamiento de Loma Colmenar, el lugar donde cientos de personas llevan semanas durmiendo en la calle frente a uno de los campamentos del Gobierno a la espera de poder entrar en un centro estatal y dejar de dormir a la intemperie.

La llegada de una decena de vehículos de la Guardia Civil y Policía Nacional ha despertado a los migrantes que, desconcertados, se preguntaban por la razón del despliegue. “¿Nos van a meter en el centro o nos llevan a Marruecos?”, preguntaba uno de ellos, aún con su manta desplegada en el suelo. Cuando un trabajador de la ONG CEPAIM apareció para informar a algunos de los migrantes de su traslado a un centro de acogida, unos a otros empezaron a informarse, y corrieron a recoger sus cosas. En cuestión de unos minutos, había una enorme fila de personas siguiendo las indicaciones de los agentes policiales.

“¿Seguro que no nos llevan a Marruecos?”, decía Reduan, tras tres semanas a la espera de un techo bajo el que dormir. “Tengo mucho miedo”, añadía aún con legañas en los ojos y desconcertado por el sueño. “Me he dejado la mochila allí, pero no puedo volver y perder el sitio”, decía angustiado. Tiempo después, han sido dirigidos a pie por la Policía Nacional e intérpretes de esta misma ONG hasta el nuevo emplazamiento, donde han llegado poco después de las 8.00 de la mañana.

El traslado se ha desarrollado sin apenas incidentes. De manera puntual, la Policía Nacional ha utilizado las defensas y ha golpeado en varias ocasiones a los migrantes que se encontraban en la primera línea de la larga fila en la que han recorrido el trayecto comprendido entre el embolsamiento de Loma Colmenar y el campamento de Rosales. Al ser empujados por quienes se encontraban detrás de ellos, han sido golpeados por los agentes de manera puntual cuando la gran cantidad de jóvenes caminando muy juntos impedían seguir las indicaciones de la Policía.

Saiz, que lleva en Ceuta desde el pasado jueves junto a su equipo ministerial, asegura que es optimista respecto al desbloqueo de nuevos emplazamientos que contribuyan a aliviar la presión sobre las zonas más afectadas de la ciudad de manera inmediata. “Esta próxima semana será una semana muy importante con la apertura de plazas en recursos temporales”, avanza.

De hecho, el Gobierno espera anunciar nuevos emplazamientos en los próximos días que contribuyan a cambiar sustancialmente la situación de las calles de Ceuta. Si todo va según lo previsto, 300 mujeres y niños serán acogidas en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek gracias a un acuerdo del Gobierno con la ONG Luna Blanca.

También se espera que a mitad de la semana que viene estén por fin disponibles los emplazamientos del Puerto de Ceuta, un lugar con capacidad para 1.700 personas que se prevé que suponga un alivio, principalmente, para la playa de El Trampolín, donde miles de personas permanecen en asentamientos improvisados.

Un blindado del Ejército que patrulla las calles de Ceuta frena en seco a la altura de la Glorieta del Teniente Reinoso, en pleno centro de la ciudad. Cuatro soldados armados con fusiles de asalto se bajan del vehículo y se adentran a toda prisa en el suelo acolchado de un pequeño parque de juegos infantil, completamente vacío a esa hora de la mañana del primer día de curso escolar. Se dirigen a un banquito situado frente al tobogán, donde hay tres adolescentes marroquíes sentados. Los tres llevan pantalón corto, camiseta oscura y chanclas. Y en cuestión de segundos se ven rodeados por los cuatro militares. La conversación dura poco. Les preguntan cuándo entraron, si han ido a registrarse ya y qué hacen ahí. Y los echan del parque. Así que los tres chavales se levantan del banco y empiezan a andar calle abajo, sin rumbo.

Las escenas que provoca el despliegue del Ejército, visible casi en cada esquina de la ciudad, rompen enseguida la falsa sensación de normalidad que proyecta la actividad de las tiendas de ropa o las bulliciosas cafeterías del centro, todas abiertas. El trasiego de ceutíes que van o vuelven de trabajar y que se sientan en una terraza a tomar algo es constante en esta zona, donde apenas hacen acto de presencia las miles de personas migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio y que aún permanecen en Ceuta. Pero normalidad ni hay, ni tampoco se la espera a corto plazo en una ciudad en la que ha cambiado todo en apenas mes y medio y en la que nadie habla de otra cosa. Una ciudad atravesada por la ira, por el miedo y por una crisis humanitaria desbordante, cuyas dimensiones nadie es todavía capaz de calcular pero que mantiene hacinados, cuarenta días después, a varios miles de hombres, mujeres, niños y niñas en campamentos de acogida o abandonados aún en la calle. Una realidad que cae a plomo, sobre todo, en los barrios de la periferia.

En esa ciudad, en esos estados de ánimo y en esas circunstancias aterriza el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, este pasado martes 8 de septiembre. Su presencia no despierta entre los ceutíes tantas pasiones como la de Fernando Grande-Marlaska u otros miembros muy señalados del Gobierno central, a quien reprochan masivamente inacción con Marruecos y no haberse tomado la situación lo suficientemente en serio desde el principio. Desde que fue designado mando único operativo el 25 de agosto, Torres pasa más tiempo en Ceuta que en Madrid. Y, por supuesto, mucho más que en su casa de Gran Canaria, donde los médicos lo reclaman de vez en cuando para que no deje de lado las revisiones del cáncer que padeció hace unos meses.

Su obsesión ahora es la carrera contrarreloj por sacar a la gente de la calle. “Es la urgencia absoluta. Cuanto más tardemos en habilitar los espacios, más tardaremos en filiarlos y, por tanto, en devolver a todos los que no tengan derecho a asilo”, cuenta el ministro al que han encargado una misión muy cercana a lo imposible: recuperar a marchas forzadas el tiempo de gestión que el Gobierno perdió en agosto para resolver una crisis migratoria inédita por su dimensión, agravada por un clima de crispación irrespirable y con procedimientos administrativos que lo atan de pies y manos porque pueden demorarse muchos meses. Y todo, en un territorio acotado de 18 kilómetros cuadrados al que, por ahora, no se permite compartir la presión con otras zonas del país.

Con esos condicionantes, Ángel Víctor Torres se afana en mantener a salvo de la estruendosa refriega política su relación con Juan Jesús Vivas y el gobierno ceutí del Partido Popular, con quienes pasa horas al teléfono y encerrado en reuniones para pactar nuevos emplazamientos o el desbloqueo de la situación de los menores. Aunque el panorama está lejos de dejar de ser crítico, el balance de la primera jornada del calendario escolar, una prueba de fuego para Ceuta, otorga un pequeño respiro al Gobierno. Y se nota ese alivio en el rostro de Ángel Víctor Torres a primera hora del miércoles.

“Era un día muy importante y los datos nos permiten hablar de un pequeño éxito. Han acudido el cien por cien de los profesores y del personal no docente, se ha alcanzado una asistencia del 75% de los alumnos y no se ha registrado ni un solo incidente. Y va a ir a mejor”, valora el ministro. Son las ocho y media de la mañana y tiene por delante una gymkhana de reuniones y visitas a instalaciones de acogida. Y una meta para el final del día: sacarle partido a su fama de buen negociador para desbloquear rápido nuevas ubicaciones y pactar soluciones para los menores con la administración local, en manos de un PP que aprieta cada vez más por el convencimiento de estar ante el filón definitivo que acabará con el Gobierno y les devolverá al poder. “Yo creo que podemos conseguir 2.600 plazas más cuestión de muy pocos días. Y con eso podemos aliviar la zona de El Príncipe, de Loma Colmenar y, sobre todo, de El Trampolín. Eso es fundamental”.

Los puntos críticos de Ceuta

Torres nombra los tres puntos críticos de Ceuta en los que, a día de hoy, la situación migratoria es de verdadero colapso. El símbolo por excelencia de esta crisis es la playa de El Trampolín, donde la fotografía aún es impactante un mes y medio después: varios miles de personas hacinadas en 2.000 metros cuadrados de un arenal indistinguible a un campo de refugiados. Quienes aquí sobreviven a la intemperie desde finales de julio, en su inmensa mayoría marroquíes, han levantado chozas, han organizado pequeños tenderetes de ropa, de huevos, de fruta y de galletas. Y hasta han improvisado peluquerías ambulantes con hombres que ofrecen su maquinilla eléctrica para cortar el pelo o la barba.

Cada noche, la Cruz Roja lleva a cabo aquí un imponente despliegue para repartir comida. Y hace unas semanas fue instalada una gran carpa de duchas al aire libre que visualmente se asemeja más a un lavadero de coches que a una zona para el aseo humano. La mayor parte de delitos, aseguran policías y guardias civiles, se producen también contra migrantes. “Hay de todo, como en todos sitios. Y claro que hay gente que delinque. Pero la mayoría de los robos o de las agresiones violentas de todo tipo, que las hay, estamos viendo que las sufren los y las inmigrantes de parte de otros inmigrantes”, afirma un agente del cuerpo armado ante la sensación generalizada de inseguridad que reina en la ciudad y que lleva a algunos ceutíes a admitir abiertamente que llevan un arma blanca al trabajo para protegerse. Esta semana, varios ciudadanos de Ceuta y varios inmigrantes han sido detenidos por robar o agredir a otros inmigrantes.

Fuera de El Trampolín, en el Príncipe, hay otros que han encontrado algo parecido a un refugio y se han resguardado en viviendas de familiares o amigos. Pero muchos siguen todavía en la calle, con la asociación de vecinos del barrio volcada estas semanas en darles lo que no les dio la administración: agua, comida, aseo y al menos un toldo bajo el que dormir. En Loma Colmenar la situación es parecida, con cientos de personas también durmiendo todavía al raso en las aceras, en los bordes de las carreteras, bajo los coches. Y muchos de ellos son niños de ocho, diez, doce años. Y más pequeños.

“Algunos nos critican duramente con respecto a los migrantes que están en las calles y que duermen al raso. Entiendo esa crítica, pero supongo que la harán extensiva al Gobierno de Ceuta. Porque hay muchos menores, e incluso bebés, que están durmiendo en la calle. Y esa tutela y esa responsabilidad es del Gobierno de Ceuta. De verdad, creo sinceramente que todos estamos haciendo el máximo de los esfuerzos”, señala el ministro, que apura el café y pone rumbo a la primera reunión de la mañana.

En la sede oficial del Ejecutivo central en Ceuta, Ángel Víctor Torres se reúne junto al delegado del Gobierno con los responsables de Infancia de la ciudad autónoma. Sobre la mesa está el desbloqueo del traslado temporal de niñas no acompañadas a la Península, la propuesta que el Ministerio de Sira Rego reclama sin éxito desde principios de agosto para aliviar la saturación de la acogida y para dar un trato digno a las menores. Aunque el Gobierno de Juan Jesús Vivas sigue sin dar el visto bueno definitivo, esta semana sí se produjo un avance significativo: un pacto bilateral con el ejecutivo autonómico de Navarra para el traslado de cinco niñas. Un paso ínfimo respecto a la magnitud de la crisis, pero que hay quien interpreta en el Gobierno que puede abrir la puerta a nuevos acuerdos.

Lo que sí se consiguió en esa reunión del mando único con la ciudad autónoma es sortear un llamativo choque jurídico entre administraciones, hasta ahora desconocido, y que en la práctica mantenía bloqueada la situación de los miles de menores no acompañados que están en Ceuta. Se trata de la figura jurídica del representante legal del menor, algo parecido a una tutela judicial a la que tienen derecho los niños y las niñas durante su procedimiento y sin la cual la ley de asilo les impide salir del territorio, ni para ser reagrupados en Marruecos, ni tampoco para ser redistribuidos a la Península. Durante todas estas semanas, Gobierno central y local han mantenido una disputa sobre cuál de las dos administraciones debía hacerse cargo de la contratación de los abogados necesarios para ello. Una discusión ahora resuelta con un pacto: los contrata la ciudad autónoma, pero los paga el Ejecutivo central.

Ya pasado el mediodía, Ángel Víctor Torres se desplaza hacia el Polígono Industrial del Tarajal, donde aún se apuran los últimos retoques para el acondicionamiento de un espacio que sirve de Centro de Acogida Temporal de Migrantes (CATE). En los últimos quince días se han logrado convertir dos naves semiabandonadas en un lugar en el que acoger temporalmente hasta a 400 personas en literas. Y en el que también se ha improvisado una oficina policial para el triaje y el registro de los adultos. Una instalación fundamental para poder avanzar en las filiaciones y en los procedimientos de solicitudes de asilo.

Durante la visita del ministro, al que reciben altos cargos de la Policía que le ponen al día de los avances y del trabajo pendiente, 55 mujeres mayores de edad son atendidas en las líneas de triaje. Hay alguna argelina, pero la práctica totalidad de las que cruzaron a nado los días finales de julio viene de Tánger. En el dorso de sus manos llama la atención un número, muy grande, pintado sobre la piel de cada una de ellas con rotulador azul y que las ordena para sus turnos de atención con los funcionarios.

“Han estado semanas en la calle, algunas con niños pequeños, asistidas muchas de ellas por asociaciones de vecinos. Ahora las atendemos nosotros en un centro por un convenio con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, cuenta a las puertas del CATE Elvira Pérez de Madrid, coordinadora del equipo jurídico de Sur Acoge, que narra que la inmensa mayoría de mujeres que son entrevistadas en ese momento huyen de violencias extremas.

“Hay víctimas de violencia de género, de violencias intrafamiliares de padres, víctimas de trata o hasta matrimonios forzosos con sus proxenetas... una auténtica brutalidad”, cuenta visiblemente afectada. “A muchas les dicen que si tienen denuncias interpuestas en Marruecos eso puede ayudarlas, pero lo que cuentan es que la policía marroquí no les hace caso. Muchas intentaron denunciar y pasaron de ellas”. Lo que reclaman desde Sur Acoge es que los recursos del Estado se pongan a disposición de la emergencia para garantizar una acogida digna y equitativa que, hoy por hoy, resulta utópica. “No entendemos que ni siquiera los perfiles más vulnerables puedan ser acogidas en la Península para ponerlas a salvo y darles un trato digno”, dice la coordinadora.

Aunque nadie del Gobierno quiere pronunciarse sobre procesos de protección internacional que por ley han de ser tramitados de manera individualizada, la presión política nacional e internacional sobre la inmigración hace temer lo peor a las organizaciones de derechos humanos: que al final del largo camino burocrático, pueda esperar una orden de expulsión generalizada para todos y todas los que entraron en Ceuta a finales de julio. Algo así como una respuesta contundente de la administración que suene a aviso para el futuro y de la que solo se libren los casos más flagrantes de víctimas de conflictos bélicos o de violencias explícitas. Y siempre y cuando puedan acreditarlas, algo a menudo imposible. En cualquier caso, una mínima parte de quienes cruzaron a nado o a pie la frontera del Tarajal.

A primera hora de la tarde del miércoles, la crisis política en la Delegación del Gobierno en Ceuta desatada tras la publicación de los mensajes del CNI pilla a Ángel Víctor Torres en mitad de una agenda frenética en la ciudad. Justo después de comer participa en una nueva reunión del comité de situación que cuenta con la presencia de varios ministros implicados en la gestión de la crisis y de representantes de las autoridades locales. Y el balance del segundo día de curso escolar mejora al del martes.

“Ya han acudido más del 80% de los estudiantes a las aulas. Es para felicitar a la comunidad educativa, a las madres, a los padres y al alumnado. Esto es difícil, pero tenemos que volcarnos en garantizar el derecho básico a la enseñanza”, hace balance el ministro, que se sacude las preguntas sobre la polémica en torno al delegado del Gobierno y su jefe de gabinete. “Yo vengo aquí a gestionar, a mejorar las cosas. Y lo que puedo decir es que el resultado del trabajo de hoy va a hacer que en muy pocos días vuelva a verse un cambio grande en las calles de Ceuta. Están a punto de habilitarse muchos espacios nuevos. Y van a llegar más funcionarios para reforzar los triajes del CATE. Esto no es sencillo, y por eso Feijóo es irresponsable cuando habla de soluciones en 24 horas que son ilegales. De verdad, estamos dando todos los pasos para acelerar la resolución de esta crisis”.

Después del comité de situación la tarde le cunde a Ángel Víctor Torres para acudir a una reunión de seguimiento de esos espacios habilitados, especialmente los nuevos emplazamientos del Puerto que también se espera que estén listos en cuestión de días. Y por la noche, de vuelta al hotel, no oculta su frustración porque se haya impuesto el mensaje de que el Gobierno abandonó a Ceuta. “Yo entiendo que todo es muy difícil y respeto todas las críticas, pero es profundamente injusta la caricatura de que tenemos abandonada a Ceuta y que aquí no hacemos nada. Nunca jamás se había llevado a cabo un despliegue y una movilización de recursos como esta para una crisis migratoria”.

La gran duda ahora es si ese despliegue será suficiente para aplacar la peor crisis fronteriza, migratoria y humanitaria documentada en España en su historia reciente. Y si Ceuta, donde el discurso del odio hacia el migrante hace su agosto, podrá aguantarla sola mucho más tiempo.