Ecuador ha declarado este martes el estado de excepción después de que uno de los delincuentes más peligrosos del país desapareciera de su celda y los funcionarios de prisiones fueran dominados y tomados como rehenes en medio de disturbios en cárceles de todo el país.

El lunes se inició una intensa persecución con miles de soldados y policías en busca de Adolfo Macías, alias Fito, líder convicto de la banda de narcotraficantes Los Choneros.

El narcotraficante, de 44 años, fue dado por desaparecido el domingo tras evadirse de la prisión de la ciudad portuaria de Guayaquil, donde cumplía condena, justo antes de ser trasladado a un centro de máxima seguridad de la misma ciudad.

En respuesta, el presidente Daniel Noboa, elegido en octubre, declaró a última hora del lunes el estado de excepción durante 60 días: “Se acabó el tiempo para que los condenados por narcotráfico, asesinato y crimen organizado le digan al gobierno qué hacer”.

Noboa, de 35 años, que fue elegido en noviembre con la promesa de acabar con la delincuencia violenta, dijo que su gobierno había dado instrucciones al ejército y a la policía para que tomaran medidas. “No negociaremos con terroristas y no descansaremos hasta devolver la paz a los ecuatorianos”, dijo Noboa en un mensaje publicado en las redes sociales.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una pesadilla de violencia, en la que los sucesivos gobiernos se han mostrado incapaces de frenar a las facciones del crimen organizado. La desaparición de Macías, una figura influyente que incluso grabó un vídeo musical de “narcocorridos” entre rejas, hizo que las autoridades se apresuraran a averiguar si se había fugado como hizo hace una década de otra cárcel.

Las autoridades penitenciarias ecuatorianas confirmaron la toma de guardias como rehenes en cinco cárceles del país, sin dar más detalles. Vídeos no corroborados compartidos en las redes sociales mostraban a guardias de prisiones aparentemente retenidos como rehenes por miembros de bandas enmascarados y armados con cuchillos, que leían declaraciones idénticas en las que imploraban al presidente Noboa que “velara por sus vidas y su seguridad”.

“Somos padres de familia, cabezas de hogar, que en muchos casos entendemos sus acciones, pero lo amonestamos por no preocuparse por quienes estamos en el campo de batalla, enfrentando las balas”, decía la declaración en los videos, cuya veracidad no pudo ser verificada de manera independiente.

César Zapata, comandante general de la Policía Nacional, dijo a los medios el domingo por la noche que Macías había desaparecido de su celda y que estaban investigando.

La fiscalía de Ecuador tuiteó el domingo que estaba investigando el caso como una probable “fuga de presos” y añadió el lunes que dos funcionarios habían sido detenidos como sospechosos de ayudar a la fuga de Maciás.

Macías cumplía una pena de 34 años desde 2011, condenado por narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada. Se encontraba en la prisión Guayas 4, conocida como La Regional, en Guayaquil, la ciudad portuaria en el centro de la despiadada guerra contra las drogas.

Los Choneros es una de las bandas ecuatorianas consideradas por las autoridades responsables de un aumento de la violencia que alcanzó un nuevo nivel el año pasado con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Los analistas de seguridad afirman que la banda tiene vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa.

Antes de su muerte, el político dijo que la facción criminal le había amenazado, pero hasta ahora las autoridades no han acusado directamente a Macías o a su grupo de estar detrás del asesinato de Villavicencio.

Días después del asesinato de Villavicencio, Macías fue trasladado de La Regional a la prisión de máxima seguridad del mismo gran complejo de centros de detención de Guayaquil, pero fue devuelto a la misma prisión de menor seguridad en menos de un mes sin ninguna explicación.

Lisbeth Candia llora desconsoladamente mientras espera en la morgue central de Cuzco a que recuperen el cadáver de su hermano Remo, el último manifestante asesinado por las fuerzas de seguridad peruanas durante el peor episodio de violencia política que ha vivido el país en décadas.

“Que no haya más muertes, que sea la última”, dice entre sollozos durante una entrevista telefónica con el periódico The Guardian. “No queremos que su muerte haya sido en vano”, dice desde la sala de espera en la mañana del jueves, mientras los forenses le hacen la autopsia al cadáver de su hermano. 

A Remo Candia, de 50 años, lo habían trasladado la noche anterior al hospital Antonio Lorena de Cuzco con una herida de bala en el abdomen. Los médicos no pudieron salvarlo. “Estaba ejerciendo su derecho a protestar y dispararon a quemarropa contra él”, dice Lisbeth. 

Su hermano era un popular líder de Urinsaya Ccollana, la comunidad campesina de habla quechua donde vive la familia en la provincia de Anta. El almuerzo del domingo fue la última ocasión en que Lisbeth lo vio con vida.

Padre de tres hijos (el más pequeño solo tiene cinco años), Remo había llevado al grupo de campesinos de su pueblo a las protestas de la capital regional de Cuzco para exigir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte por los 41 civiles que en poco más de un mes han muerto durante los violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

17 muertos en un día

La espiral de violencia comenzó a principios de diciembre, cuando obligaron al expresidente Pedro Castillo a abandonar su cargo y lo detuvieron por rebelión tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto con el objetivo de evitar un tercer juicio político.

La vicepresidenta Boluarte heredó el cargo pero no le llevó mucho tiempo perder popularidad debido a la violencia letal desatada por la policía contra los partidarios de Castillo, lo que a su vez exacerbó la ira y provocó nuevas protestas y bloqueos.

En Juliaca, cerca de la frontera con Bolivia, se han vivido momentos de rabia y dolor visceral, con la ciudad sacudida por el letal estallido de violencia tras más de un mes de protestas contra el gobierno. Bajo toque de queda, la ciudad estaba sumida en la tristeza este miércoles, con miles de personas siguiendo los féretros de al menos 17 manifestantes y transeúntes muertos por heridas de bala.

Entre los fallecidos había una joven de 17 años que trabajaba como voluntaria en un refugio de animales y un estudiante de medicina de 31 años que trataba de ayudar a un manifestante herido. También se encontraron los restos de un agente de policía en un coche patrulla que había sido calcinado. Según su compañero, que tenía heridas en la cabeza, los atacó una turba.

El origen del conflicto

Candia resultó herido de muerte cuando los manifestantes trataban de asaltar el aeropuerto de Cuzco, la puerta de entrada al Machu Picchu, la principal atracción turística del país. Los manifestantes exigen la dimisión de Boluarte, pero los analistas creen que el verdadero origen de la ira es el cisma de décadas entre la élite política de Lima y las comunidades marginadas de indígenas y campesinos en la Amazonia y los Andes.

Muchos peruanos de las zonas rurales pensaron que habían encontrado a un líder que los representara en Castillo, un exmaestro de escuela sin experiencia política anterior. Aunque fue acusado de corrupción, de rodearse de amigotes, y de no saber gobernar, muchos se pusieron de su lado cuando se enfrentó a unos medios de comunicación hostiles y a un muy impopular Congreso de mayoría opositora.

En la pobre y mayoritariamente indígena región de Puno, cerca del 90% de la población votó por Castillo en 2021 por su promesa de ayudar a los pobres. El gobernador Richard Hancco dice que el diálogo con el Gobierno de Boluarte estaba descartado. “Para nosotros, este es un gobierno asesino, no le da ningún valor a la vida”, dice Hancco. “Es totalmente inaceptable que un gobierno provoque más de 40 muertos y no haya habido ni una sola dimisión”.

Coalición con la extrema derecha

Según Javier Torres, editor del medio regional Noticias Ser, la violencia de este lunes representa una escalada brutal incluso para los estándares de las fuerzas de seguridad peruanas. “Nuestras fuerzas de seguridad están acostumbradas a disparar contra la gente, pero creo que aquí han cruzado una línea que no se había cruzado antes. Fue una masacre, no encuentro otro término para describirla”, dice.

En opinión de Omar Coronel, profesor de Sociología y de la Pontificia Universidad Católica de Perú, el Gobierno de Boluarte ha formado una coalición tácita con poderosos legisladores de extrema derecha que presentan a los manifestantes como “terroristas”, un retroceso al conflicto interno con Sendero Luminoso de los años 80 y 90. 

El terruqueo, como lo llaman en Perú, es una práctica habitual para deshumanizar a protestantes que tienen quejas legítimas llamándolos terroristas. “La policía peruana está acostumbrada a tratar a los manifestantes como terroristas”, dice Coronel. “La lógica es que los que protestan son enemigos del Estado”.

Según Torres, la absoluta desconfianza que hay en las instituciones políticas y el clamor creciente para la dimisión de Boluarte ha hecho demasiado lejano el plan de adelantar en dos años las elecciones, para celebrarlas en 2024. “Si seguimos así, habrá protestas, seguidas de masacres, y eso no es viable”, declara.

La oficina de derechos humanos de la ONU ha exigido una investigación sobre los muertos y heridos, mientras que la Fiscalía general de Perú ha abierto una investigación por genocidio y homicidio contra Boluarte y sus principales ministros.

En la morgue de Cusco, Lisbeth Candia oscila entre la tristeza y la rabia. “¿Por qué hay que perder tantas vidas solo porque esa mujer no quiere dejar el Gobierno? Ella tiene que irse, no la queremos, queremos que pague por la muerte de mi hermano, por la muerte de tantos”, dice furiosa. “Queremos vivir en una nueva patria, donde no nos consideren como ciudadanos de segunda clase”.

Traducción de Francisco de Zárate

Se le conocía como el 'Rasputín peruano'. Estaba a cargo del servicio de inteligencia de uno de los regímenes más corruptos y brutales del país.

Vladimiro Montesinos era la mente maestra detrás de una red de espionaje político mediante la cual controlaba la cúpula militar, la corte y los medios de comunicación, mientras vaciaba las arcas públicas para lograr su cometido, hasta que una de sus propias grabaciones, en las que se lo veía sobornando políticos, acabó con su carrera.

Ahora Montesinos, exasesor y mano derecha del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, ha reaparecido tras casi dos décadas en relativa oscuridad, debido a su supuesto intento por ayudar a la hija de Fujimori, Keiko, cuyas denuncias infundadas de fraude electoral han llevado a Perú a atravesar las semanas más convulsas de su historia reciente.

Con todos los votos de las elecciones del 6 de junio ya contados, el candidato izquierdista Pedro Castillo cuenta con una pequeña ventaja de alrededor de 44.000 votos, sobre un total de más de 19 millones.

Pero Fujimori –con el apoyo de los medios de comunicación, en su mayoría partidistas, y de un torrente de desinformación– ha exigido que decenas de miles de votos fueran recontados o anulados, en especial en las áreas rurales, donde Castillo cuenta con un apoyo abrumador.

Montesinos está cumpliendo con múltiples condenas por crímenes de lesa humanidad, corrupción y tráfico de armas y drogas en una prisión naval de máxima seguridad, pero aun así pudo usar un teléfono fijo, desde el que realizó 17 llamadas a Pedro Rejas, exmilitar y miembro fiel del séquito de Alberto Fujimori, quien dio a conocer las grabaciones.

El ministro de Defensa de Perú confirmó esta violación a la seguridad en la cárcel controlada por la Armada y dijo que tres guardias y un oficial fueron apartados de sus cargos.

La conversación

En una conversación, días después de las elecciones, Montesinos pareciera sugerir que se paguen sobornos a través de un intermediario a tres de los cuatros miembros del tribunal electoral, para así favorecer a Fujimori en el recuento.

“Si hubiéramos hecho el trabajo que habíamos planteado ya no estaríamos en este problema de mierda”, dice Montesinos, de 76 años, en una de las llamadas.

Las grabaciones son el último giro de guion en el tortuoso panorama postelectoral, pero también un recordatorio desagradable de algunos de los momentos más oscuros de la historia reciente del país.

Jo Marie Burt, asesora principal de la Washington Office on Latin America (WOLA), dice: “Keiko Fujimori hace tiempo que intenta separar a su padre y a sí misma de Montesinos”.

“No sabemos si está siguiendo sus consejos o no”, añade Burt, que fue observadora internacional del juicio contra Alberto Fujimori, que terminó en 2009 con una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

Burt dice que Keiko Fujimori representa la continuación del proyecto político de su padre, del cual Montesinos era una parte integral. “Ellos eran uña y carne. Ninguno podía existir sin el otro”.

Fujimori considera a las grabaciones de Montesinos como un intento por distraer la atención sobre el proceso electoral. Pero hay indicios de que los seguidores de Fujimori están distanciándose de ella. “Ya estuvo bueno” dijo en su editorial de este domingo el periódico El Comercio, parte del grupo de medios más grande de Perú, que anteriormente apoyaba a la candidata en su tercera campaña presidencial.

“Hoy queda claro que lo que empezó con el empleo de recursos legales legítimos para cuestionar la idoneidad de algunas actas (…) ha empezado a transformarse en un intento de diferentes sectores políticos por dilatar el proceso lo más posible”, dice el texto.

El partido de Castillo, Perú Libre, ha negado las acusaciones de fraude. Asimismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos describió el proceso como un “modelo para la democracia” y la Unión Europea ha llamado a las elecciones “libres y democráticas”.

La aparición de las grabaciones de Montesinos fue el último episodio de una semana inquietante: tras discrepancias con los otros magistrados respecto a las peticiones de anular votos, uno de los cuatro fiscales encargados de evaluar las denuncias de fraude renunció a su cargo, dejando al tribunal electoral sin quórum. Fue reemplazado el sábado por otro juez, aunque ambos se enfrentan a sendas investigaciones por supuesta corrupción.

El tribunal electoral tiene hasta el 28 de julio, día de la Independencia de Perú, para declarar un ganador. Si no lo hace, la constitución indica que se debe llamar nuevamente a elecciones.

Mientras tanto, la corte busca condenar a exmilitares –entre ellos, el exdictador Francisco Morales Bérmudez, procesado por el asesinato de civiles italianos en la Operación Cóndor– por sedición y conspiración, debido a tres cartas abiertas en las que pedían a las Fuerzas Armadas que rechazaran la victoria de Castillo.

“Lo que estamos presenciando es una conspiración a cámara lenta que busca evitar que Castillo sea presidente”, dice Burt.

Traducido por Julián Cnochaert.