Las denuncias de fraude electoral de Keiko Fujimori envalentonan a la extrema derecha racista de Perú
La posibilidad de que un hijo de campesinos analfabetos de los Andes se convierta en presidente mientras su rival denuncia fraude electoral ha sacudido el arraigado sistema de clases de Perú y su frágil democracia, desatando un torrente de racismo en la fecha del bicentenario del país.
Con el 100% de los votos oficiales contados, el izquierdista Pedro Castillo obtuvo el 50,12% –una ventaja de 44.000 votos sobre su rival de extrema derecha Keiko Fujimori–. Pero Fujimori ha denunciado fraude y ha cuestionado más de 500.000 votos, solicitando la anulación de la mitad de ellos y obligando a los miembros del tribunal electoral a revaluarlos –a pesar de la falta de pruebas sobre las supuestas irregularidades–.
Dos semanas después de la elección, cuya transparencia fue confirmada por observadores nacionales e internacionales, la hija de Alberto Fujimori –autócrata de los 90 ahora encarcerlado– ha animado a la extrema derecha, que ha prometido no aceptar los resultados.
En un movimiento que ilustra la desigualdad de condiciones, Fujimori ha contratado a los bufetes de abogados más caros de Lima para suprimir 200.000 votos, la mayoría de ellos de regiones andinas pobres que votaron de forma abrumadora por Castillo.
“La tensión ha alcanzado el punto de quiebre”, dice José Ragas, historiador peruano de la Universidad Católica de Chile. “La élite limeña no solamente intenta conservar el poder –no quiere reconocer la victoria de Pedro Castillo–, sino que intenta anular por completo el voto rural”.
Las elecciones han desatado expresiones de racismo que van más allá de la discriminación que ya sufrieron Alberto Fujimor, elegido presidente en 1990 y descendiente de japoneses, y Alejandro Toledo, andino educado en EEUU que gobernó Perú entre 2001 y 2006.
Mensajes de odio
En un caso feo pero no inusual, la página de noticias Sudaca publicó mensajes de texto privados entre hombres blancos de clase media de Lima en los que se afirmaba que había que “dejar morir de hambre” a la población andina y pedían el regreso de las supuestas esterilizaciones forzadas promovidas por Alberto Fujimori y las cuales atacaron principalmente a las mujeres indígenas.
Otros memes de las redes sociales caricaturizaban a Castillo como un burro o decían que la población andina era demasiado ignorante para gobernar. Estas afirmaciones recuerdan a las antiguas “actitudes racistas y clasistas engranadas en el debate social nacional”, dice Ragas. Pero las redes sociales han ampliado la audiencia de esos comentarios.
Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha denunciado semejantes expresiones de odio racial. “Repudio el lenguaje de odio y discriminación en todas sus formas, ya que es inaceptable en cualquier sociedad democrática”, dijo en una declaración la semana pasada, donde pidió a los peruanos aceptar el resultado electoral.
Mientras los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones peruano trabajan horas extra para revisar los votos cuestionados, las redes sociales y medios de comunicación partidistas han ayudado a difundir desinformación que invoca el fantasma de gobiernos totalitarios, violencia e incluso expropiaciones masivas si Castillo es declarado ganador. También se difunden rumores de intentos de golpe de Estado entre la extrema derecha.
Inspirada aparentemente por el rechazo de Donald Trump a aceptar su derrota en las elecciones estadounidenses, Fujimori ha liderado una serie de marchas en contra del “fraude”, diciendo a sus seguidores en una concentración: “Se dará la vuelta a las elecciones, queridos amigos”.
El caso judicial
La tres veces candidata a presidente ya ha pasado más de un año en prisión preventiva, acusada de haber recibido más de 17 millones de dólares en fondos ilegales para su campaña y de encabezar una organización criminal, y podría enfrentarse a una condena efectiva de 30 años si es declarada culpable. Ella niega todas las acusaciones. El juez rechazó este lunes la petición de la Fiscalía de decretar prisión provisional contra Keiko Fujimori.
El viernes, el presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, calificó de “inaceptable” la carta firmada por cerca de cien oficiales militares retirados que instaban a las fuerzas armadas a no reconocer a Castillo si asumía la presidencia. “Pretenden incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho”, dijo en un mensaje a la nación.
Con la creciente tensión –abanicada por la desinformación– José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas en Human Rights Watch, exhortó a “todos los peruanos –y en especial los candidatos, los funcionarios públicos y los miembros de las fuerzas de seguridad” a “respetar los resultados electorales que anuncien las autoridades”.
Traducción de Ignacio Rial-Schies
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