“América Latina es una región que sigue llevando el legado de impunidad”, dice desde Ciudad de México la abogada en derechos humanos Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Para Guevara, la impunidad, la desigualdad social y la corrupción hacen que los Estados no cumplan con su obligación de proteger a los ciudadanos y dejen a las organizaciones sociales y a los defensores de los derechos humanos solos “peleando en la trinchera”.

En esa dirección, Nicaragua es uno de los países más golpeados de la región. Para Guevara, la liberación de 222 detenidos por razones políticas, que han sido obligados a salir del país hacia Estados Unidos, si bien ha sido un avance, deja en evidencia la arbitrariedad con la que se mueve Daniel Ortega. “Para Amnistía Internacional, esta es una muestra más de una política sistemática de represión que usa el exilio como una nueva forma de castigo”, dice Guevara.

Nicaragua liberó a 222 detenidos por razones políticas, ordenó deportarlos a Estados Unidos y les quitó la nacionalidad. ¿Cómo analiza la situación?

Primero decir que nos congratulamos con la noticia de que 222 personas, detenidas arbitrariamente por motivos políticos, hayan podido salir de los centros de tortura, como El Chipote o La Modelo, en los que estaban en condiciones extremas. Sin embargo, vemos con mucha preocupación cómo la excarcelación de estas personas, a las que además se les retiró la nacionalidad a través de una del pase rápido de una ley ridícula, sean enviadas al exilio forzoso a los Estados Unidos sin que pesase su consentimiento. Esa decisión nos habla de una intervención más dentro de un contexto de reconocida represión sistemática que comete el Gobierno de Daniel Ortega.

Es una muestra más de una política sistemática de represión que hoy día usa el exilio como una nueva forma de castigo

Estas personas han llegado a Estados Unidos sin documentación. Algunas de ellas tienen algunos familiares, otras no, por eso decimos que se encuentran en el total desamparo, sin saber qué va a pasar en el futuro cercano con sus vidas. Hoy día se encuentran en una situación forzada de apátridas, debido a que Nicaragua les ha quitado la ciudadanía. Para Amnistía Internacional esta es una muestra más de una política sistemática de represión que usa el exilio como una nueva forma de castigo.

¿Es legal quitarle la nacionalidad a un detenido?

El Gobierno lo hizo a través del Congreso de mayoría oficialista, en donde decretan la retirada del derecho a la ciudadanía de estas personas. Por tanto, si es legal o no, pues es muy subjetivo.

En Nicaragua es legal porque lo hicieron a través de una ley, ahora, es arbitrario. Hemos venido denunciando múltiples leyes que no cumplen con los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos, incluida la ley, bajo la cual muchas de estas personas fueron detenidas, que es una ley sobre la “soberanía del pueblo” y que además no cumple con ningún estándar de debido proceso. De ninguna manera. Así que nuevamente vemos la total anulación del Estado de Derecho y de la división de poderes.

¿Cuál es la situación de los liberados que están en Estados Unidos en este momento?

Mientras hablamos, un equipo de Amnistía Internacional de nuestra sección en Estados Unidos está en camino para poder platicar con algunas de estas personas que se encuentran en un hotel. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas de ellas, incluido Félix Maradiaga, uno de los líderes de la oposición y defensor de los derechos humanos. Lo que sabemos es que la situación es de mucha incertidumbre.

En Nicaragua existe una política sistemática de represión que usa al exilio como una nueva forma de castigo

A nosotros, en Amnistía Internacional, nos han hecho llegar información de que esto se trató de una decisión unilateral por parte del Gobierno de Nicaragua y que los Estados Unidos simplemente facilitaron la salida de estas personas. No sabemos en qué condiciones y bajo qué procesos se les garantizará su derecho a solicitar y a recibir asilo. Pero lo que sí sabemos es que muchas de estas personas y sus familias están en situación de precariedad. Hoy leíamos en declaraciones del Ministerio de Relaciones de Asuntos Exteriores de España que les está ofreciendo la posibilidad de que accedan a alguna forma de protección en España. Creo que se irá aclarando la situación individual de cada persona, pero que en general hay una situación de precariedad y de incertidumbre legal.

¿Qué pueden hacer los organismos internacionales para condenar la violación a los derechos humanos en Nicaragua?

Es importante señalar que las Naciones Unidas, en el seno del Consejo de Derechos Humanos, crearon un grupo especial de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, para analizar aquellos crímenes que pueden constituir delitos de lesa humanidad. Este grupo se someterá en marzo a una extensión de mandato en el próximo Consejo de Derechos Humanos. Esperamos que los Estados apuesten por extender el mandato. Nicaragua no ha firmado el Estatuto de Roma, por ende la Corte Penal Internacional no tiene competencia en ese país, pero existen otros mecanismos para que los propios Estados en el Consejo de Derechos Humanos hagan saber a la Corte Penal Internacional los hechos, abran una investigación y condene a los responsables al más alto nivel, incluido Daniel Ortega.

¿Por qué creen que el Gobierno de Nicaragua ha tomado esta decisión en este momento?

Centroamérica está atravesada por una crisis terrible en materia de derechos humanos. Pienso que es la presión internacional, que ejercen a través de las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, que a pesar de que muchas de ellas se encuentran en el exilio, han logrado continuar su trabajo de documentación para poder evidenciar las graves violaciones en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Pasemos a Perú. Al menos 70 personas han perdido la vida desde diciembre en el contexto de las protestas, que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y un adelanto de elecciones para este año. ¿Cuál es su lectura sobre el tema?

Primero, decirte que mientras estamos teniendo esta conversación Amnistía Internacional ha desplegado uno de nuestros equipos de respuesta de crisis, que desplegamos solo en situaciones en donde las dimensiones de las violaciones a los derechos humanos tienen este contexto de gravedad, en diferentes ubicaciones del país, particularmente en el sur, para registrar lo que está pasando. Pienso que lo que estamos viendo es el resultado de una crisis prolongada en materia de derechos humanos, en donde hay un sistema político que no le ha dado respuesta a las demandas de dignidad de la mayoría de la población.

¿Han documentado el uso excesivo de la fuerza en Perú?

El uso excesivo de la fuerza ha sido documentado en cada una de las protestas que se han dado desde el 7 de diciembre. Con esto me refiero al uso de la fuerza letal, es decir, el uso de armamento letal para intentar controlar las protestas. Nosotros hemos documentado casos de asesinatos de manifestantes en manos de las fuerzas de seguridad que evidencian la intencionalidad de castigo.

En Perú, hemos documentado denuncias de malos tratos y tortura por parte de fuerzas de seguridad

Hemos documentado la detención arbitraria masiva de personas que se encontraban en situación de protesta, sobre todo en zonas de pueblos indígenas, y hemos documentado denuncias de malos tratos y tortura por parte de fuerzas de seguridad. Entonces, estamos frente a una situación de graves violaciones a los derechos humanos, con muy pocas investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía, con un Gobierno que niega que la existencia de protestas pacíficas, que ha tenido una intención de estigmatizar a quienes están protestando en las calles y que no ha cumplido con su rol de protección del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Vamos a Colombia. El Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciaron este lunes el segundo ciclo de negociaciones de paz. ¿Identifica un avance en el tema?

Desafortunadamente, Colombia es un país que sigue sumido en un conflicto armado que está vivo en muchos territorios del país, sobre todo territorios históricamente marginados, de pueblos indígenas, de comunidades negras, en donde las víctimas del conflicto armado continúan sumando grandes números, al igual que las personas víctimas del desplazamiento forzoso. Colombia se mantiene como el país más letal para la defensa de los derechos, particularmente para aquellas personas que defienden el territorio y los recursos naturales, porque la reorganización de estos grupos armados también se debe a la reorganización del poder económico en un momento de transición. El Gobierno del presidente Petro llega al poder con una serie de promesas de reforma estructural, inclusive con una política de paz total, que significa que las negociaciones para la paz se extienden a los diferentes grupos armados.

¿Piensa que Petro consiguió ese objetivo?

Bueno, nosotros consideramos que el Gobierno del presidente Petro va a tener que poner en práctica políticas y reformas estructurales que permitan esta paz total, pero no puede ser a expensas de la justicia. Es decir, se tienen que crear mecanismos en donde las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos puedan acceder a la justicia.

Colombia se mantiene como el país más letal para la defensa de los derechos, particularmente para aquellas personas que defienden el territorio y los recursos naturales

Que la impunidad no siga siendo la norma en un país que lamentablemente sigue enfrentado a múltiples formas de violencia. Le hemos dado la bienvenida a los avances en las negociaciones con la guerrilla del ELN, pero también han sido insuficientes en términos de que no hemos visto un impacto inmediato en el cese de la violencia en comunidades que están bajo el control de la propia guerrilla.

Por último, usted está en México, uno de los países con mayor cantidad de desaparecidos en democracia. ¿Qué lectura hace sobre la situación actual?

Lamentablemente México sigue hundido profundamente en una gravísima crisis en materia de derechos humanos, una de las peores crisis en el hemisferio y en donde los números no mienten. Es el país más letal para el ejercicio del periodismo. El año pasado se conoce que por lo menos 17 periodistas fueron asesinados en el país, de los cuales en 14 casos hay evidencia de que se trató de asesinatos vinculados al ejercicio de su labor periodística.

¿Ha habido avances en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el caso de las más 97.000 personas desaparecidas?

Los avances en términos de justicia son sumamente limitados. Ahora, por lo menos, se tienen mejores estadísticas que cuantifican las personas que permanecen desaparecidas, se ha intentado fortalecer el aparato de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se han hecho algunos esfuerzos para garantizar el escrutinio internacional, como aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas sobre desaparición forzada. Pero todos estos avances han sido no solo insuficientes, sino cosméticos. No ha habido un avance concreto. De hecho, durante el gobierno del presidente López Obrador, han aumentado las tasas de personas desaparecidas en cada uno de los estados de la república mexicana. La violencia sigue incrementándose. El crimen organizado tiene tomados territorios donde la población está sometida a prácticas de terror.

La situación de los derechos humanos en América Latina, según lo que usted describe, es crítica. ¿Cuáles cree que son los motivos que llevan a esta situación?

Las múltiples crisis que enfrentamos dan lugar a un continente atravesado por enormes desigualdades, no solo económicas y sociales, sino desigualdades en el acceso a la participación política. Una región cruzada por la violencia de múltiples formas: la feminicida, la de los grupos del crimen organizado, la violencia estatal.

América Latina es una región que sigue llevando el legado de impunidad

América Latina es una región que sigue llevando el legado de impunidad. Un legado que heredamos de nuestra historia reciente, de la impunidad por las violaciones a los derechos humanos en los contextos de dictadura o de conflicto interno, que ha sido una impunidad, que no solo es un legado, es decir, que ya no es que sigamos arrastrando las violaciones del pasado, sino que ha permeado en las instituciones del Estado. Entonces esa desigualdad, esa violencia y la impunidad, acompañada de la corrupción, siguen siendo un flagelo en todo el continente, que nos lleva a esta situación donde los pocos avances que se van dando gracias a los movimientos sociales y la sociedad civil tienen que seguir peleando en la trinchera sin que los Estados cumplan con su obligación de protección.

La coordinadora del grupo de expertos de Canadá, Dinamarca y Chile, Gloria Ramírez, ha entregado este miércoles a la Justicia chilena un informe pericial que podría determinar los motivos de la muerte de Pablo Neruda. Según los abogados de Rodolfo Reyes, sobrino del premio Nobel de Literatura, la investigación reservada determina que el poeta murió “envenenado” doce días después del golpe militar de 1973.

Horas antes de la entrega del documento, Elisabeth Flores, abogada del los familiares que Neruda, conversó desde Santiago de Chile con elDiario.es. Para Flores, “Neruda habla a través de su cuerpo”. La existencia de clostridium botulinum sería, según ella, un “arma biológica” utilizada por la dictadura de Agosto Pinochet para terminar con la vida del escritor. Para Flores, el peor escenario sería que el informe quede “guardado y archivado”.

¿Cuál es la principal conclusión a la que ha llegado el informe?

Hasta donde sabemos, la principal conclusión reafirma la existencia de la bacteria del clostridium botulinum en el cuerpo de Pablo Neruda. La presencia es endógena, es decir, esa bacteria no ha llegado a la osamenta ni a la pulpa del molar por contagio externo. Es decir, que se le administró por alguna vía. Nosotros, los abogados de la familia, estimamos que puede haber sido vía inyección durante su hospitalización.

Estimamos que puede haber sido vía inyección durante su hospitalización

No olvidemos que en Chile, a 12 días del golpe de Estado, Augusto Pinochet dijo que Neruda iba a morir de “muerte natural”. Por lo tanto, que le iba a dar la apariencia de muerte natural atendiendo que él era una persona inmunodeprimida a causa del cáncer.

En ese sentido, ¿la clave está en demostrar que la bacteria encontrada ha sido creada en un laboratorio e inyectada en Neruda?

La bacteria nunca debió estar en el cuerpo de Neruda. No puede estar en ningún organismo, ni en el tuyo, ni en el mío. Este tipo de clostridium es letal. La única manera de acceder a ella es que la hayan suministrado con un ánimo homicida. Esto no es una casualidad, algo que llegó volando.

Pasaron varios años desde el comienzo de la investigación. ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a este informe?

Nos encontramos con muchas trabas en el camino. Esta causa la comenzó el ministro Mario Carroza, que es abogado a cargo de las causas de derechos humanos.

Estamos ahora con una nueva ministra, Paola Plaza, desde que el ministro Carroza se fue a la Corte Suprema. Recién estamos comenzando a conocer sus resoluciones y la forma de su gestión.

¿Los familiares cuentan con el apoyo del actual Gobierno?

Nosotros tenemos el apoyo de la normativa de la ley. No tenemos ni buscamos apoyos políticos. Al contrario, queremos que nos dejen hacer nuestro trabajo bien.

¿Cuáles serán los pasos siguientes después de conocerse el informe?

Este informe lo conocen el Ministerio del Interior, los abogados querellantes del Partido Comunista, entre otros. Nadie hasta ahora ha dicho nada.

Nosotros tenemos el apoyo de la normativa de la ley. No tenemos ni buscamos apoyos políticos

Recién este martes hicieron unas declaraciones básicas señalando que esperarían a recibirlo para hacer algún comentario. La familia, a través de sus abogados, hemos sido los que difundimos la información porque a nuestro parecer no hay nada más que esperar para que se dé a conocer. Entendemos que el tema está molestando políticamente hace mucho tiempo y más ahora. Pero nosotros no podemos hacernos cargo, no nos interesa.

¿Qué puede destapar la publicación del informe?

Como abogada de los sobrinos de Pablo Neruda, puedo sostener que este informe corrobora lo informado por el panel genómico proteómico, realizado en Chile en 2017, donde el laboratorio de Canadá sostuvo la existencia de clostridium botulinum cepa Alaska E 43, un arma biológica. Esta denominación de arma biológica asusta, pero ellos saben que esa denominación es la aplicable sobre el hallazgo en osamentas y la pulpa del molar, que contenía una cantidad incompatible con la vida. Neruda habla a través de su cuerpo.

Pablo Neruda no murió de muerte natural, ha sido un asesinato, un homicidio premeditado

Esto ocurrió en Chile en 1973. Así como también ocurrieron otros casos, que seguramente pasaron más inadvertidos. Pablo Neruda no murió de muerte natural, ha sido un asesinato, un homicidio premeditado, en un lugar en que se suponía que él iba a estar los cuatro días para ir a México. En vez de ir a México, ese día estaba haciendo su funeral.

¿Cómo ha sido el impacto del informe en la política?

Esto ya ha causando disturbios a muchos niveles. Por eso ha sido muy importante para nosotros contar con el apoyo de la prensa internacional, porque acá en Chile los medios de comunicación escritos, que son los tradicionales, no lo han cubierto, aquí es un tema problemático. Lo que nosotros esperamos es que cesen las dificultades y dejen el avance de la investigación limpia, como cuando la llevábamos con el ministro Carroza.

“Cuando el cambio está fuera de control, solo queda soñar con la grandeza del pasado”, dice François Dubet, sociólogo francés de 76 años y exdirector de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, sobre el modo de pensar que ha llevado a un grupo de electores a optar por Trump, Le Pen o Bolsonaro. Para el autor de La época de las pasiones tristes y Por qué preferimos la desigualdad, el populismo de extrema derecha responde al éxito del imaginario de una sociedad que ha desaparecido y que muchos miran con nostalgia. El éxito de una sociedad industrial que es percibida por estos sectores como “ordenada y protectora”.

¿La identidad de clase, surgida en el apogeo de la sociedad industrial, ha dejado de ser el modo en que se organiza la representación política?

La paradoja actual es que al tiempo que crecen las desigualdades, se borran las clases sociales. Este mecanismo se debe a la transformación en el trabajo, el retroceso de los “reductos obreros” y la expansión del consumo de masas. El capitalismo debilita las clases y multiplica las desigualdades. Mientras que antes todas las desigualdades convergían en el seno de las clases sociales, hoy las desigualdades se multiplican y los individuos se sienten desiguales en función de una multiplicidad de factores y dimensiones. Mientras antes la vida política en las sociedades industriales estaba dominada por el voto de clase y la oposición a la izquierda o derecha, es evidente que el electorado popular oscila ahora entre el populismo de derechas y la abstención.

Por otra parte, los partidos centristas, los socialdemócratas y ecologistas, cuentan con el apoyo de los votantes más educados, de los centros urbanos. Es como si la división de clases hubiera sido sustituida por la oposición entre ganadores y perdedores de la globalización.  

Usted dice que la desigualdad basada en la clase social era injusta, pero también estable y previsible ¿Cómo es percibida ahora la desigualdad?

Esencialmente, en la sociedad de clases, las desigualdades se reproducen en forma de destino: los hijos de obreros y burgueses se convierten en obreros y burgueses. Es un destino injusto, pero del que los individuos no son responsables. Hoy en día, la producción de desigualdades se ha transferido a los individuos en nombre de la igualdad de oportunidades. En la escuela en particular, todo el mundo tiene el derecho y el deber de ascender en la sociedad, hay más mujeres empleadas y la igualdad meritocrática de oportunidades se ha convertido en nuestro principio dominante de justicia.

En la sociedad de clases, la justicia social consistía en reducir las desigualdades en las condiciones de vida en favor de los explotados. Hoy en día, la justicia social consiste sobre todo en luchar contra la discriminación, porque en una sociedad justa todo el mundo debería ocupar una posición social en función únicamente de sus méritos. En este sentido, el ideal de justicia es el de una competición deportiva perfectamente justa.  

¿Por qué el otro pobre o el otro trabajador se convierten en enemigo?

Cuando las desigualdades son múltiples y singulares, cuando todos participan en una competición meritocrática, los vencedores de esta competición piensan que no deben nada a los vencidos. Estos acusan a los que tienen aún menos méritos que ellos para salvaguardar su dignidad y su “honor”. En este caso, el enemigo es el que está por encima de ellos, pero también el que está por debajo: los pobres, los parados, los extranjeros. Esto explica, en gran medida, el giro del voto popular hacia el populismo y el nacionalismo de derechas. Para los “blanquitos”, el enemigo no son tanto los capitalistas, sino los discriminados que obtienen derechos: inmigrantes, mujeres, minorías sexuales.

La producción de desigualdades se ha transferido a los individuos en nombre de la igualdad de oportunidades

¿Cómo se traducen las emociones negativas –o las pasiones tristes– en programas políticos?

Creo que las pasiones tristes crean un estilo, pero no un programa político. El estilo es bien conocido: odio del “pueblo” contra todo lo que “no es el pueblo”, es decir, los extranjeros, las élites, los ricos, los medios de comunicación “oficiales”. Estos “enemigos del pueblo” forman parte de un complot en lugar de verdaderos adversarios sociales porque siempre están ocultos. Las pasiones tristes también las encarna un líder, de derechas o de izquierdas, que encarna la “ira del pueblo”.

Pero el estilo populista de las pasiones tristes no conduce necesariamente a un programa político, porque el propio pueblo está dividido y ninguna política puede satisfacer tantas exigencias, a menudo contradictorias. Por otra parte, el mundo no desaparece y, una vez en el poder, hay populismos de izquierda y de derecha, socialistas y procapitalistas, más o menos racistas. Polonia, Italia, Hungría, los EEUU de Trump, la Inglaterra pos-Brexit, el Brasil de Bolsonaro, la Venezuela de Maduro, todos ellos tienen estilos comunes, pero no políticas comunes.   

¿La indignación es un rasgo de esta época?

Me parece que la indignación proviene de que sentirse despreciado es la emoción política elemental de esta época. Cuanto más singulares somos, cuanto más invisibles nos sentimos, cuanto más discriminados y estigmatizados, más nos sentimos despreciados. En cierto modo, todos somos despreciados y podemos despreciar a todo el mundo. Esta emoción se entiende en la medida en que los individuos no se sienten representados por las iglesias, los partidos ni los sindicatos.

Pero la indignación también procede de una revolución en los repertorios de la acción colectiva. En la sociedad de clases, el paso a la palabra pública estaba mediado por partidos, asociaciones, periódicos, sindicatos, activistas. Estas mediaciones “enfriaban” la ira. Hoy en día, las tecnologías de la información y la comunicación e Internet permiten acceder al discurso público sin mediación y sin filtros. La combinación de un progreso democrático con una explosión de indignación puede crear movilizaciones cómo hemos visto con el Tea Party en Estados Unidos, los pentecostales en Brasil y los Chalecos Amarillos en Francia. 

¿Cómo analiza el crecimiento de la extrema derecha en Francia?

El populismo de extrema derecha aumenta en todas partes, incluso en los países que parecen más inmunes a él, como los escandinavos. Estos partidos, como el Rassemblement National en Francia, no tienen un verdadero programa, pero cargan con la ira del pueblo poniéndole nombre a los enemigos, sin preocuparse por la coherencia. Este éxito se basa en gran medida en el imaginario de una sociedad que ha desaparecido y de la que muchos sienten nostalgia. Una sociedad industrial soberana, una sociedad nacional homogénea, una sociedad en la que reinan la familia, la escuela tradicional, una sociedad percibida como ordenada y protectora. Obviamente, esta apelación al pasado es una poderosa nostalgia, una sociedad idealizada que nunca volverá. Cuando el cambio está fuera de control, sólo queda soñar con la grandeza del pasado. 

¿Cree que los partidos laboristas se ven obligados a redefinir su sujeto político?

Es evidente que todos los partidos de izquierda se encuentran en una profunda crisis y luchan por representar desigualdades múltiples y contradictorias, se ven obligados a combinar sus ideales de justicia con las limitaciones económicas y, en muchos casos, defienden sobre todo los valores democráticos frente a las tendencias autoritarias. Aunque celebro las victorias electorales en contra de Trump y Bolsonaro, no estoy seguro de que los partidos laboristas recuperen rápidamente una base popular y clasista.

La paradoja actual es que al tiempo que crecen las desigualdades, se borran las clases sociales. Este mecanismo se debe a la transformación en el trabajo, el retroceso de los "reductos obreros" y la expansión del consumo de masas

Si a esto añadimos que las cuestiones ecológicas impondrán sacrificios, creo que la recomposición de los partidos de izquierda y de los sindicatos llevará mucho tiempo: hemos cambiado de época histórica. 

El trabajador está más precarizado, más autónomo, menos organizado que hace unas décadas atrás ¿Cómo impactan los cambios en el mundo del trabajo en la representación política?

En Francia, el trabajo es el gran olvidado de las luchas sociales, solo nos preocupamos por el empleo y el paro. El conflicto francés sobre la reforma de las pensiones demuestra que no discutimos sobre las condiciones en las que trabajamos, sobre el cansancio, la administración y la precariedad. Además, los trabajadores se sienten abandonados porque sienten que las condiciones de trabajo se han deteriorado, que la autonomía en el trabajo es una artimaña de dominación, mientras que los individuos siguen queriendo un trabajo que los satisfaga. Así que creo que tenemos que volver al trabajo en el sentido de que una vida de éxito es también una vida laboral feliz. Desde este punto de vista, no debemos abandonar los ideales de la antigua sociedad de clases en la que los trabajadores oponían la dignidad del trabajo a la explotación capitalista.

Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, habla desde Lima con elDiario.es mientras el Congreso sigue tratando el adelanto de elecciones para 2023. Este miércoles, los diputados rechazaron un proyecto de ley que planteaba celebrar comicios generales este año, pero horas más tarde el primer ministro, Alberto Otárola, anunció que se ha presentado en el Congreso una nueva iniciativa legislativa que propone el adelanto electoral a 2023. Otárola cree que todavía hay espacio para el diálogo y confía en que el Legislativo “esté a la altura de la circunstancia”. Para la abogada en derechos humanos, una convocatoria anticipada a las urnas podría descomprimir la delicada situación política que vive Perú.

De cualquier modo, la llave para avanzar con unas nuevas elecciones no depende solo del poder Legislativo. “Si Boluarte renuncia, el Parlamento está obligado a convocar inmediatamente a elecciones. Pero la presidenta se resiste a renunciar. Ella tiene la fórmula para conseguir que las elecciones sean este año”, explica Dador. Esto no es lo que piensa la presidenta de Perú, quien aseguró el domingo que la responsabilidad de aprobar el adelanto de elecciones para este año “depende única y exclusivamente del Congreso”.

Al mismo tiempo, las protestas continúan en varias regiones del país. También la respuesta represiva por parte del Estado. “En los últimos 20 años, en medio de todo tipo de conflicto, la cifra de personas fallecidas no supera las 167 personas. Ahora, en menos de 60 días, son 57. Es una desproporcionalidad absoluta. Nunca hemos tenido una reacción del Estado de este tipo”, dice Dador. La Coordinadora ha registrado 58 fallecidos en los últimos dos meses. Del total, 47 han muerto por responsabilidad directa del Estado, 7 de ellos son menores de edad, un policía ha fallecido en manos de los manifestantes y 10 personas en el contexto del bloqueo de carreteras.

Hace una semana, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que usted dirige presentó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Perú de los últimos 50 días. ¿A qué conclusiones llegaron?

Hemos constatado que el Gobierno ha operado al margen de la ley en la respuesta represiva del Estado. No cumplen ni con los estándares nacionales ni internacionales. No ha habido proporcionalidad alguna. Por ejemplo, una sola intervención del Ejército para el control de una manifestación en Ayacucho dejó 10 personas muertas. Es un despropósito total. En Juliaca, alrededor de 22 personas murieron, no por el Ejército sino por el accionar de la Policía. En las necropsias se ha identificado el uso de proyectiles, de armas de guerra, incluso de fusiles.

En las necropsias se ha identificado el uso de proyectiles, de armas de guerra, incluso de fusiles

Estamos hablando del uso desproporcionado de la fuerza, del uso de armamento prohibido para el control de manifestaciones, que en este caso además comportan masacres. No solo por la cantidad de personas muertas sino también por las ejecuciones extrajudiciales, que no cumplen con los parámetros acordados por la ley.

¿Ha habido un incremento de la dureza en la respuesta del Estado?

Desde el inicio, el Gobierno actuó de esta forma. El Estado entró a matar desde el inicio. No solo a manifestantes, lo cual tampoco se justifica, porque aun siendo un mal elemento, un violento o un vándalo, tampoco te tienen que ajusticiar, sino también a menores de edad, donde la obligación de protección del Estado es doble.

Existen más de 200 personas detenidas por manifestarse. ¿Las detenciones son legales?

Hay un conjunto de detenciones que no solo son arbitrarias, sino que también han sido masivas. Es como si la Policía saliera y tirara una red y atrapara todo lo que caiga en ella. Estamos hablando de detenciones de 200 personas en un solo acto, a veces 50, otras 60 al mismo tiempo. Es una respuesta desproporcionada. Además, en esos grupos de detenciones masivas, también se identificó que se estaban deteniendo a adultos mayores, vendedores ambulantes, mujeres con niños, personas con discapacidad mental. En general, también hay restricciones al trabajo de las abogadas y los abogados para la defensa de los detenidos.

En medio de las protestas un grupo de policías entró el 21 de enero por la fuerza en la Universidad Mayor de San Marcos. ¿Cómo analiza el procedimiento?

Eso ha sido un allanamiento a la universidad, algo que no veíamos desde los años 90 con la dictadura de Alberto Fujimori. La Policía derribó la puerta, lo cual fue un absurdo, metieron una tanqueta para tumbar la puerta y luego entran por la puerta de costado que estaba abierta.

El allanamiento a la universidad fue de una violencia extrema e innecesaria

Y allí detuvieron a 193 personas, entre estudiantes y manifestantes que venían de las regiones que habían sido albergados allí. Pero no solo los detienen, sino que además los ponen contra el piso, los tiran al suelo, son golpeados e ingresaron a las viviendas universitarias. Fue de una violencia extrema e innecesaria.

¿Hay algún antecedente en el país de lo que está pasando?

La situación es excepcional para Perú. No habíamos tenido una represión de esta naturaleza desde la recuperación democrática en el año 2000. Incluso en los últimos 20 años, en medio de todo tipo de conflictos, la cifra de personas fallecidas no supera las 167 personas. Ahora, en menos de 60 días, son 57. Es una desproporcionalidad absoluta. Nunca hemos tenido una reacción de este tipo.

¿Por qué cree que que la respuesta de Baluarte ha sido tan dura?

Pienso que el modo en que ella llega al poder por medio de una sucesión constitucional legitima, eso no se cuestiona, pero lo hizo sin respaldo de una bancada en el Congreso ni partidos, sino que estaba sola, es por eso que el modo de sostenerse en el poder ha sido la presencia militar y policial en alianza con los partidos, que están en el Parlamento y cuyos miembros son almirantes de la Marina en retiro, con discursos muy violentos y antidemocráticos.

La Fiscalía General de Perú ha abierto una investigación en contra de Boluarte y tres ministros por genocidio. ¿Puede la presidenta llegar a ser condenada por esta causa?

Nosotros siempre hemos dicho que las conductas realizadas por la presidenta y sus ministros no corresponden a genocidio. En ese caso se requieren un conjunto de elementos que hacen mucho más difícil de probar el cargo. Nosotros hablamos de ejecuciones extrajudiciales. El hecho de que la Fiscalía haya acogido la causa como genocidio, nos hace pensar dos cosas. Por un lado, que la causa se puede reconducir hacia los delitos que realmente puedan quedar probados. Pero puede responder que no corresponde al tipo penal y que se archiva.

Estamos seguros que Boluarte va a terminar en la cárcel

Nosotros, desde los organismos de derechos humanos, tenemos clarísimo que no solo existe responsabilidad política de la presidenta y sus ministros, sino que hay también responsabilidades penales, por la cadena de mando de cómo se tomaron las decisiones. Nos vamos a demorar algunos años, como suele pasar en la Justicia, pero estamos seguros de que Boluarte va a terminar en la cárcel.

¿Qué piensa sobre el hecho de que la primera presidenta mujer de la historia de Perú pueda quedar detenida?

Provengo del movimiento feminista, por eso digo que el cuerpo de mujer no es la que va a garantizar o representar los intereses de las mujeres. Las mujeres peruanas aprendimos en la dictadura de Fujimori, donde nos daban algunas prebendas, que lo que no es bueno para la democracia no puede ser bueno para las mujeres. No, de ninguna manera.

Boluarte es un accidente en la historia del movimiento de las mujeres en el Perú

Por lo tanto, no la reconocemos como parte del movimiento de mujeres, nunca tuvo una agenda que defienda los intereses o los derechos de las mujeres, ni de las feministas. Es un accidente en la historia del movimiento de las mujeres en el Perú.

¿El expresidente Castillo tiene responsabilidad en los actos de violencia?

No creo que tenga responsabilidad directa. Incluso solo una pequeña parte de la agenda que marcan las protestas pide la liberación del presidente Castillo o la restitución en el poder. En este momento hay tres temas comunes a las distintas movilizaciones: la renuncia de la señora Baluarte, la convocatoria de elecciones generales y, una tercera, que empieza a entrar con más fuerza, que es la necesidad de un proceso constituyente. Luego hacia abajo hay matices.

El Congreso debate en este momento un eventual adelanto de elecciones. ¿Pueden ser las nuevas elecciones una solución al problema en lo inmediato?

Sí, es parte de la respuesta que ayudaría a descomprimir la situación. Cuanto más próxima sea la fecha, será mejor. Ahora, si el Congreso no lo hace, quién tiene que renunciar es Baluarte. Si ella renuncia, el Parlamento está obligado a convocar inmediatamente a elecciones. Pero la presidenta se resiste a renunciar. Ella tiene la fórmula para conseguir que las elecciones sean este año.

La presidenta se resiste a renunciar. Ella tiene la fórmula para conseguir que las elecciones sean este año

El otro tema que también está en discusión es si deben o no convocar a un proceso constituyente en este momento. Para mí, sería muy bueno que se apruebe una consulta, para así preguntar a la ciudadanía en el momento de las elecciones si quiere o no ir a un proceso constituyente.

¿Por qué cree que ha sido el Perú rural el que lidera las protestas y no Lima, como ha pasado en otras ocasiones, por ejemplo, con la renuncia de Manuel Merino en 2020?

Es innegable que la llegada del presidente Pedro Castillo al poder ha marcado un antes y un después en la política peruana. Castillo es un hombre del campo, un maestro rural, un sindicalista, hijo de padres analfabetos, con una historia de pobreza, quien lo ve dice: 'Si él puede, yo también puedo'. Es un reconocimiento por identidad. Nadie niega que la gestión del gobierno de Castillo haya sido desastrosa, pero todos fuimos testigos de que se lo trató de burro, de bestia. Creo que eso terminó por ayudar a un movimiento que estaba en ebullición a tomar impulso.

La ONU recomendó a Perú “limitar el uso excesivo de la fuerza” de policías y militares. ¿Cómo analizar la respuesta internacional?

Ha sido muy importante el acompañamiento porque a raíz de lo que se comunica afuera, entre la prensa internacional y los movimientos, es que rebota e impacta dentro del país. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han recomendado al Estado peruano limitar el uso de la fuerza. Sin embargo, el Gobierno está lejos de implementar esas recomendaciones. Por lo tanto, además de las violaciones a los derechos humanos hay un nivel de torpeza política impresionante por parte del Gobierno.

Después de su paso por Buenos Aires, Luiz Inácio Lula da Silva visitó este miércoles Montevideo para reunirse con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que mantiene firme su reclamo, a los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur), sobre la flexibilización del bloque en sus acuerdos comerciales. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) busca reactivar el organismo multilateral en un momento de tensión después de que Uruguay intentara avanzar de manera bilateral con un posible tratado de libre comercio con China, lo que causó malestar en algunos países del bloque como Argentina.

El mandatario brasileño se ha mostrado partidario a buscar un acuerdo entre China y Mercosur, tal y como también ha defendido Fernández. “China es el primer aliado comercial con Brasil y Brasil tiene un gran superávit con China. Queremos discutir, con nuestros amigos chinos, un acuerdo Mercosur China”, expresó este miércoles el presidente brasileño durante su visita a Uruguay. 

En relación al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, Lula dijo que es “urgente y necesario” que el bloque concrete el pacto. “Vamos a intensificar nuestras discusiones con la Unión Europea para firmar este acuerdo y para que podamos discutir enseguida un posible acuerdo entre China y Mercosur y creo que es posible”.

Luis Lacalle Pou insistió en la necesidad de su país de “abrirse al mundo”. “Tratar de hacerlo con todo el Mercosur, básicamente. Creo entender bien que Uruguay está con sus negociaciones y no tiene ningún impedimento en informar de lo que viene haciendo y negociando”, dijo el presidente de Uruguay.

En la tarde del miércoles, Lula da Silva hizo lugar en su agenda para visitar también al expresidente uruguayo, José “Pepe” Mujica, en su chacra en las afueras de Montevideo. Mujica describió a Lula como un mandatario que está por encima de las diferencias políticas. “Lula ha demostrado con la alianza que hizo que está por encima de las cuestiones ideológicas y tiene un espíritu pragmático abierto para enfrentar las enormes dificultades que tiene”, dijo este miércoles el expresidente.

Puntos de consenso

Más allá de la imagen de Luiz Inácio Lula da Silva con los dos pulgares en alto rodeado de los representantes de 33 Estados y algunos selfies, la VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) de este martes en Buenos Aires ha dejado un centenar de puntos de consenso y casi una docena de declaraciones especiales en la llamada Declaración de Buenos Aires.

Los Estados se comprometieron a coordinar acciones para asegurar el papel central a nivel mundial que América Latina ocupa en la seguridad alimentaria como principal región exportadora neta de alimentos. También a diseñar políticas conjuntas para la protección medioambiental debido a su volumen en la producción de recursos naturales.

Los 33 países se comprometieron a respetar la democracia y los derechos humanos y garantizar “elecciones libres, periódicas y transparentes”. El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, marcó distancias y denunció la situación política en algunos países del continente, como Venezuela, Cuba y Nicaragua. “Claramente hay países acá que no respetan ni las instituciones, ni la democracia ni los derechos humanos”, dijo. “No tengamos una visión hemipléjica según el perfil ideológico”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió la liberación de los “opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna” en Nicaragua y también se refirió a la crisis Venezuela, pidió elecciones “libres, justas y transparentes”.

Pero además de las cuestiones políticas de fondo, hubo una decisión del orden administrativo de la Celac que destaca sobre el resto. Por primera vez, un país del Caribe presidirá el mecanismo de coordinación regional más amplio de América Latina. Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas asumió este martes la presidencia pro tempore del foro, un pequeño país insular formado por 32 islas e islotes, que tiene al mismo mandatario gobernando desde 2001 y que se organiza bajo un sistema de monarquía parlamentaria dentro de la Mancomunidad de Naciones.

Ralph Gonsalves lidera el Partido de la Unidad Laborista y ocupa el cargo desde hace más de 20 años. En las últimas elecciones en 2020, logró su quinto mandato consecutivo. La relación de San Vicente y las Granadinas con el programa PetroCaribe, lanzado en 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez que establece que Venezuela suministra petróleo a los países caribeños a precios más bajos y con facilidades de pago, explican la suspicacia con la que los gobiernos de centroderecha de la región miran a Gonsalves.

Repudio a la represión en Perú

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no asistió a la cumbre, pero sentó posición sobre la crisis en Perú. Lo hizo mediante un vídeo grabado en donde pidió al foro un pronunciamiento conjunto contra la represión en Perú, en las que han muerto más de 60 personas desde diciembre pasado en el contexto de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. “No debemos dejar solo al pueblo hermano del Perú, fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo”, declaró el mandatario mexicano en un mensaje que envió en video a la Cumbre de la Celac que se celebra en Buenos Aires.

Pero López Obrador ha se detuvo ahí sino que pidió por la libertad del exmandatario peruano, Pedro Castillo, que aún es reconocido por México como presidente. La respuesta de la canciller peruana, Ana Gervasi, no se hizo esperar. Gervasi lamentó este martes que en la Celac haya países que “no hayan acompañado a Perú” después del intento del expresidente Castillo de cerrar el Congreso. “Es de lamentar que algunos gobiernos de países particularmente cercanos no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al estado de derecho y a la sucesión constitucional”, dijo la canciller peruana.

Castillo fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre pasado después de que anunciara el cierre del Congreso, la intervención en el poder Judicial y el establecimiento de un gobierno de emergencia, unas horas antes de que el Congreso debatiera la solicitud de destitución en su contra. La Fiscalía peruana le abrió una investigación por rebelión y le impuso 18 meses de prisión preventiva.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que Perú necesita un “cambio de rumbo” ante la violencia “inaceptable” del último mes ante las protestas. “No podemos ser indiferentes cuando hoy en día en nuestra hermana nación de Perú personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas”, dijo Boric el martes. Sin embargo, el presidente de Chile no pidió la liberación de Castillo como sí lo hizo López Obrador, quien le agradeció este miércoles a Boric su postura sobre la crisis de Perú.

“Mi reconocimiento al presidente Boric de Chile, quien el martes en su intervención trató el tema muy bien. Lo mejor en este caso es que se convoque a elecciones, que sea el pueblo el que decida, que se acuda al método democrático”, dijo López Obrador en su rueda de prensa diaria.

“Fuera de la democracia no hay libertad ni dignidad posible”, dijo Boric. “La democracia se debe respetar especialmente en elecciones libres cuando gana aquel con quien no estoy de acuerdo y los derechos humanos son avances civilizatorios que deben ser respetados”, dijo el presidente de Chile.

La otra agenda

En una serie de reuniones paralelas a la cumbre, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta entre 2007 y 2015, recibió este martes a los líderes de la izquierda en su despacho en el Senado. Fernández de Kirchner mantuvo un encuentro con los presidentes de Bolivia, Colombia y Honduras. Si bien la visita más estruendosa ha sido la que no fue, la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien la vicepresidente esperaba poder conversar en el marco del encuentro.

Fernández de Kirchner se reunió, en primer lugar, con el presidente de Bolivia, Luis Arce, en un contexto de dura conmoción interna después de la detención del gobernador de Santa Cruz y uno de los principales líderes de la oposición, Luis Fernando Camacho, por la causa que investiga el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. Además, del debate abierto al interior del gobierno entre Luis Arce y el expresidente Evo Morales, después de la decisión de su partido del 14 de enero pasado de destituir seis diputados de su espacio político por considerarlos “traidores”.

Unas horas después, Fernández de Kirchner recibió en ese mismo lugar al líder colombiano, Gustavo Petro y a la mandataria hondureña, Xiomara Castro, quien visitará España en viaje oficial a finales de febrero, según adelantó a EFE el embajador del país centroamericano en Madrid, Marlom Brevé Reyes.

Con información de EFE

Brasil ha regresado este martes a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el mecanismo de integración regional más amplio América Latina y el Caribe. Lo hace después de la decisión del expresidente Jair Bolsonaro de suspender en enero de 2020 su participación. Es la primera vez, desde su conformación en 2010, que participan los representantes de los 33 países de América Latina y el Caribe, entre ellos 15 jefes de Estado y de Gobierno.

La VII Cumbre de la Celac se reúne en Buenos Aires para debatir los próximos pasos de la política regional. “Vivimos en el continente más desigual del mundo. Por eso, debemos de una vez por todas encarar un proceso que nos lleve hacia la igualdad y hacia la justicia social en nuestras naciones”, dijo el presidente argentino, Alberto Fernández, en la apertura de la cumbre en Buenos Aires.

Para Fernández, la importancia del encuentro radica en atender las amenazas que enfrenta la democracia en la región. “La democracia está en riesgo. Después de la pandemia hemos visto cómo sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. Nosotros no debemos permitir es que esa derecha -recalcitrante y fascista- ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos”.

El encuentro contó con la participación en calidad de observadores del representante de la Casa Blanca, el asesor especial del presidente Joe Biden para las Américas, Christopher Dodd y del presidente de China, Xi Jiping, que lo hará por medio de un vídeo grabado, según confirmó a este medio Cancillería argentina. Mientras que miembros de la Celac y la Unión Europea prevén reunirse el próximo 27 de julio en Bruselas, Bélgica.

La vuelta de Brasil

En la apertura de la cumbre, el presidente argentino pidió un aplauso para celebrar el retorno de Brasil. “Una Celac sin Brasil es una Celac mucho más vacía”, sintetizó Fernández. Luiz Inácio Lula da Silva llegó este domingo a Buenos Aires en su primera visita al exterior como presidente de Brasil en su tercer mandato. Después de una reunión bilateral con Alberto Fernández, que incluyó la firma de acuerdos y una felicitación por la Copa del Mundo, el presidente de Brasil aseguró que la moneda común es “algo que va a suceder”.

“El retorno de Brasil marca que habrá un espíritu diplomático distinto, con apego a resolución pacífica de conflicto y mediación en la región”, dice Bernabé Malacalza, doctor en Ciencias Sociales y profesor de Cooperación Internacional en la maestría en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Para Malacalza, el retorno de Brasil, que define como “punto de partida”, simboliza la “la resurrección del espíritu multilateral regional”.

El canciller de Brasil en los años de Bolsonaro, Ernesto Araújo, llegó a decir en enero de 2020 que su país abandonaba el organismo debido a que se había convertido en un mecanismo que buscaba legitimar países con gobiernos autoritarios como Venezuela, Cuba y Nicaragua. “La Celac no venía teniendo resultados en la defensa de la democracia ni en ningún ámbito. Por el contrario, dio origen a regímenes no democráticos como los de Venezuela, Cuba, Nicaragua”, decía el excanciller. 

Para Alejandro Frenkel, doctor en Ciencias Sociales y profesor en la Universidad Nacional de San Martín de Argentina, el regreso de Brasil jerarquiza el mecanismo aunque despierta el interrogante sobre de qué manera Brasil conjugará la política regional en relación a Sudamérica y su vínculo con el resto de América Latina y el Caribe. “Brasil siempre priorizó América del Sur sobre América Latina o el Cono Sur como espacio geopolítico regional. Lula no fue la excepción. En este sentido, en la Celac, México viene teniendo un rol protagónico y la política de Brasil implicó correr a México de la región”, explica Frenkel.

Después de tres años, el 12 de enero pasado, la Cancillería argentina recibió una carta de parte del embajador de Brasil, Reinaldo José de Almeida Salgado, donde oficializaba el retorno de su país a la comunidad regional. “El retorno de Brasil significa la salida de un aislamiento auto-inflingido y el retorno a una diplomacia regional que no debió haber abandonado”, explica Malacalza. “Es el fin de una política exterior de Bolsonaro absolutamente inédita que marcó la defección regional de Brasil, un país que por peso específico está destinado a ser protagonista de los espacios regionales”.

Moneda común

Luiz Inácio Lula da Silva y Alberto Fernández anunciaron que planean avanzar en un proyecto de moneda común. “Creo que va a suceder y creo que es necesario que suceda. Porque hay países que a veces tienen dificultades en adquirir dólares y se pueden establecer acuerdos que después, los bancos centrales fijen el tipo de cambio para hacer el intercambio comercial”, dijo el presidente de Brasil.

Pero más allá de la voluntad, todavía no hay precisiones sobre su implementación. “No sabemos cómo podría funcionar una moneda común entre Argentina y Brasil, y tampoco sabemos cómo funcionaría una moneda común en la región, pero lo que sí sabemos es cómo funcionan las economías dependiendo de monedas extranjeras, y sí sabemos lo nocivo de todo eso”, dijo el presidente argentino. 

El presidente de Venezuela, país suspendido del Mercosur, aseguró este lunes respalda la creación de una moneda común. “Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear una moneda latinoamericana y caribeña”, dijo el presidente de Venezuela desde el Palacio de Miraflores, luego de encabezar una marcha contra las sanciones. 

Para Malacalza, la moneda común es pensar en un “gran salto” para una región que hoy está muy fragmentada y que ha perdido gravitación en el sistema internacional. “Pensar en un proyecto de moneda común es algo que hay que hacer en un organismo de integración, no en un espacio multilateral como Celac. Una moneda común supone cesión de soberanía y un banco central supranacional. Esto, si bien podría abordarse en el espacio del Mercosur, hoy resulta demasiado ambicioso”, analiza Malacalza. 

Tanto para los representantes de Brasil como Argentina, las ambiciones son más acotadas de lo que prometen los anuncios. De lo que se trata este anuncio es de un acuerdo de cooperación para garantizar el comercio exterior en tiempos en que Argentina no cuenta con suficientes reservas de dólares. “Se trata de una ampliación de una línea de crédito, que ya existe, y que hace trepar el plazo a los 366 días. Beneficia a las empresa brasileñas que acceden automáticamente a las importaciones desde Argentina y da ventajas a las empresas argentinas que podrá evitar las complicaciones de financiamiento”, dijo este lunes el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, en una rueda de prensa conjunta con su par brasileño, Fernando Haddad. 

Para Frenkel, la propuesta de la moneda común fortalecería la integración no solo en materia económica sino que en la consolidar una identidad común, reduciría la dependencia del dólar y podría ayudar a resolver la inestabilidad macroeconómica Argentina, sobre todo en relación a lo monetario. “La contratará sería que los países perderían soberanía monetaria, lo cual ya se ve con el caso del Euro que puede traer problemas, sobre todo en las economías más pequeñas. Podría terminar por reproducir las asimetrías ya existentes”, explica Frenkel.

Maduro, ausente 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que había confirmado su participación en el encuentro debió suspender la asistencia ante un supuesto “plan de agresiones” contra su delegación. “En las últimas horas hemos sido informados de manera irrebatible de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente”, apuntó en un comunicado el Ejecutivo venezolano. De todos modos, será el canciller Yván Gil quien asistirá al encuentro en Buenos Aires. 

El ministerio de Relaciones Exteriores argentino aseguró a este medio que la presencia de Maduro nunca había estado confirmada de manera oficial. Tampoco la del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ni la del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Estos tres países estarán representados por sus cancilleres. Mientras que el presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel, participará del encuentro. 

Para Malacalza, la importancia de la Celac radica en que es el único foro multilateral de diálogo, cooperación y concertación política del que participan todos los gobiernos de países de América Latina y el Caribe sin incluir a EEUU y Canadá. “Por lo tanto, es el espacio latinoamericano-caribeño por excelencia que comprende a todos los países de la región sin exclusiones. No es un mecanismo de integración sino de cooperación”, dice el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, quien remarca que la Celac es un espacio que promueve el multilateralismo en lugar de la integración selectiva.

En la Cumbre de las Américas del 2022 en Los Ángeles, Alberto Fernández, en condición de presidente pro tempore de la Celac elevó una solicitud de un conjunto de países que cuestionaron la decisión de La Casa Blanca de no invitar los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La eventual participación de Maduro en la cumbre de la Celac había generado controversia en algunos sectores en Argentina y en otras delegaciones, debido a las denuncias por violaciones de los derechos humanos en el país. 

Además, para Frenkel, lo que corresponde a un país anfitrión es la invitación a todos los países miembros. “La CELAC tiene una Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia, pero nunca fue invocada y además requeriría el consenso de los demás países, por lo que decidir unilateralmente no invitar a un país miembro sería un error diplomático y atentaría contra la forma en que funciona el mecanismo desde su creación”, asegura el investigador de la Universidad Nacional de San Martín. “La controversia por la presencia de Maduro y otros presidentes no democráticos tiene más que ver con la política doméstica partidaria que con un asunto regional”.

Miles de campesinos e indígenas llegaron a Lima este jueves desde distintas regiones del país para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los manifestantes demandan nuevas elecciones, el cierre del Congreso y una nueva Constitución. Las protestas, que comenzaron pacíficas, terminaron en enfrentamientos con la policía, después de que las fuerzas de seguridad ordenaran el despliegue de un operativo de seguridad en la capital de más de 11.800 efectivos.

“Los actos de violencia generados a lo largo de estos días no quedarán impunes”, dijo la presidenta de Perú en la noche del jueves. En simultáneo, Boluarte, tres ministros y dos exministros están siendo investigados de manera preliminar por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, por la responsabilidad en la muerte de medio centenar de manifestantes desde el 7 de diciembre.

Después de agradecer el accionar en la policía, Boluarte hizo una distinción entre dos tipos de manifestantes. “En sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita”, dijo la presidenta sobre aquellos que mantienen su participación constante desde diciembre. “Ustedes quieren quebrar el Estado de Derecho, quieren generar caos y desorden para tomar el poder de la nación”, increpó.

El ministro del Interior, Vicente Romero, confirmó la muerte de un manifestante en medio del intento de la toma del aeropuerto de Arequipa, mientras que 22 miembros de la policía y 16 civiles resultaron heridos. “Dejemos la violencia”, solicitó Romero en la noche del jueves y denunció ataques en tres aeropuertos. Por su parte, el Gobierno considera que los actos de violencia no han sido espontáneos sino que resultaron planificados con el objetivo de generar caos.

Los agentes de la policía dispersaron con bombas lacrimógenas a los manifestantes que lanzaban piedras. Los incidentes tuvieron lugar en las principales calles del centro de Lima, como la avenida Abancay que conduce hasta el Congreso, según informaron medios locales. Por ese motivo, el Gobierno decretó este jueves el estado de emergencia por 30 días en Amazonas, La Libertad y Tacna, que se suman a Lima, Callao, Cuzco y Puno. Este mecanismo autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar junto con la Policía en el control de la seguridad. También quedan suspendidos derechos como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y de reunión.

Los enfrentamientos no se limitaron a Lima. En otras regiones del país, sobre todo en el sur, en los departamentos de Arequipa y Cuzco, los aeropuertos suspendieron sus operaciones. Mientras avanzaban las movilizaciones hacia la capital, los bloqueos de rutas continuaban en ocho regiones del país. En las primeras horas del día, los cortes interrumpían de manera total 46 rutas y 48 de manera parcial, según ha registrado el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La huelga nacional, convocada para las 16 hora local, tuvo lugar cuatro días después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia en Lima.

La Defensoría del Pueblo de Perú, que supervisa la garantía de los derechos humanos, resaltó en un comunicado que el “derecho a la protesta pacífica no incluye acciones de violencia contra otras personas, agentes policiales o miembros de las Fuerzas Armadas” e hizo hincapié en que las detenciones “solo pueden ser efectuadas por personal policial en caso de flagrante delito”.

En un país donde los reclamos de la zona rural, sobre todo del sur del país, parecen quedar desacoplados de la capital, llegar a Lima representa para los manifestantes un modo de hacer oír su rechazo al gobierno de Boluarte. Hasta el momento, al menos 44 manifestantes y un policía han muerto en las manifestaciones, mientras que otras 10 personas han perdido la vida por distintas causas provocadas por los bloqueos y manifestaciones desde que estallaron las protestas, el día que Pedro Castillo fue destituido por el poder Legislativo después de intentar disolver el Congreso.

Incendio en el centro de Lima

A metros de la plaza San Martín, punto de encuentro de las protestas, un incendio arrasó en la tarde del jueves una casona del centro histórico de Lima. Mientras se incrementaban los enfrentamientos en la cercana avenida La Colmena, se vio que las llamas comenzaron a aparecer en el tejado de la casona del gran edificio ubicado a pocos metros de la plaza, lo que generó el despliegue de la Policía y miembros de sanidad para atender la emergencia, según informa EFE.

El comandante general de los bomberos, Luis Ponce La Jara, declaró a la cadena América Televisión que “originalmente es un edifico vacío”. De todos modos, ordenó evacuar a los vecinos de la zona. “Es un edificio histórico y el material de construcción es de quincha  [un antiguo entramado de caña o bambú recubierto con barro] son rápidamente inflamables”, explicó Ponce La Jara. El ministro del interior, Vicente Romero, negó que el incendio haya sido causado por “algún artefacto lacrimógeno de la policía nacional”.

La marcha campesina

La segunda marcha de los Cuatro Suyos, si bien el nombre hace referencia a los cuatro puntos cardinales del Imperio Inca, tiene una referencia histórica más reciente. Fue a mediados de 2000 que surgió la primera marcha de los Cuatro Suyos, la protesta más grande contra el Gobierno de Alberto Fujimori, después de su cuestionada tercera reelección. En ese momento, el líder de la oposición, Alejandro Toledo, buscó liderar una protesta masiva contra la reelección de Fujimori. Aunque las manifestaciones nacieron como expresiones pacíficas, terminaron en disturbios violentos y choques con la policía.

En este caso, a diferencia del 2000, la manifestaciones no están lideradas por un único actor. Hace 22 años, Toledo representaba la confluencia de distintos sectores de la oposición, con partidos políticos y organizaciones sociales más robustas. “Había una estructura centralizada de la organización. Ahora no existe un liderazgo concreto, lo que hace que las propuestas sobre qué hacer luego de que Boluarte caiga son muy dispersas”, dice Omar Coronel, doctor en Ciencia Política por la Universidad en Notre Dame de Indiana, Estados Unidos.

El escenario sobre lo que podría pasar después de una eventual renuncia de la presidenta es poco claro. Entre las opciones está la posibilidad de que, junto con la presidenta, se renueve la mesa directiva del Congreso, un llamado a elecciones inmediatas y la propuesta de una Asamblea Constituyente, entre otras reformas. “Eso tiene que ver con que no hay un liderazgo claro, que se explica porque no queda casi ningún actor político con legitimidad en el Perú”, explica Coronel.

Es por eso que la caída de Boluarte no garantiza que el problema de la crisis política que vive el país desde hace más de cinco años quede resuelto, tal y como opinan algunos expertos.

Lima se activa

La plaza San Martín, en el centro histórico de la ciudad, no ha sido esta vez el único punto de encuentro de los manifestantes que exigen un nuevo Gobierno. Las manifestaciones han tenido lugar también en otras zonas como la plaza 2 de Mayo pasando por el adinerado barrio de Miraflores. El cambio responde a que en este paro nacional se han sumado a las organizaciones campesinos e indígenas manifestantes de la capital.

En un primer momento de las protestas, gran parte de Lima le dio la espalda a los manifestantes, pero el último mes el escenario cambió, después del casi medio centenar de manifiestes muertos. “El 12 de enero empezamos a ver a los sectores del anti-fujimorismo urbano sumarse a las protestas. Dejaron de ser solo los sindicatos y las organizaciones vinculadas a la izquierda, sino un amplio sector anti-fujimorista”, dice Coronel, especialista en movimientos sociales.

La distancia entre lo que sucede en los círculos de poder de Lima con los movimientos del interior del país no es un elemento nuevo. La idea de “la toma de Lima”, como la han apodado algunos medios locales e incluso los seguidores más radicalizados de Pedro Castillo, en una especie de reapropiación del concepto, tiene que ver con los fantasmas de los círculos de poder limeños desconectados de lo que sucede fuera de la capital.

“Desde Túpac Amaru, Lima ha temido siempre el fantasma del 'aluvión de indios que van a tomar la ciudad', un fantasma colonial que permanece en la sociedad limeña. Las élites limeñas que controlan la política institucionalizada reproducen esta idea de homogeneizar al indígena del sur, siempre rebelde, probablemente terrorista, que va a saquear la ciudad. Esa lectura tiene que ver con un racismo enraizado en las élites del país”, dice Coronel.

Jair Bolsonaro se oculta en la distancia. Después de los actos de violencia contra la sede del Congreso, el Tribunal Supremo y palacio de Planalto, el expresidente brasileño esquiva desde Orlando, en Florida, el caos político desatado por sus seguidores en Brasilia. Hasta el momento, son siete las investigaciones abiertas y más de 1.800 las personas que han sido detenidas en la última semana por los ataques del 8 de enero. Entre ellas está el exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, responsable de la seguridad de la capital brasileña en el momento del ataque a las instituciones.

El viernes pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó la solicitud de la Fiscalía General de investigar al expresidente por su presunta participación como autor intelectual. Alexandre de Moraes, uno de los 11 jueces de la corte, actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y uno de los principales blancos de los ataques de Bolsonaro, dio el visto bueno a la petición de investigación contra el expresidente.

Mientras esquiva los contactos con la prensa, Bolsonaro aparece con simpatizantes en la puerta de la residencia de Florida. Es el mismo mecanismo que solía desplegar en el palacio de la Alvorada, la residencia oficial, para evitar algún tema incómodo. “No vuelva a Brasil”, le dijo una seguidora al expresidente este lunes en Miami. “Lamento lo que pasó el día 8. Es algo increíble. Pero en mi gobierno la gente aprendió lo que es la política, conoció los poderes, empezó a valorar la libertad”, dijo Bolsonaro.

La pregunta ahora es cuándo y cómo decidirá volver a su país, si es que lo hace.

La deportación

La expulsión de Estados Unidos es una opción, aunque poco probable. Si bien el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil han confirmado de qué manera entró el exmandatario a Estados Unidos, es posible que haya ingresado con un visado diplomático, o formulario A-1, que le corresponde por llegar dos días antes del traspaso de poderes con Luiz Inácio Lula da Silva. Si es así, Bolsonaro podría ser deportado, aunque es poco probable que esto suceda, según los analistas.

EEUU define la deportación como el proceso de expulsión de un extranjero por no cumplir las leyes del país. Las normas pueden ser violadas cuando la persona ingresa de manera irregular a Estados Unidos, cuando comete algún delito que viola sus leyes, desobedece repetidamente las leyes de inmigración, está involucrada en actos criminales o representa una amenaza para la seguridad pública, según la web oficial USAGov.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, explicó a la prensa que las personas que entran a Estados Unidos con un visado diplomático, en el caso de que dejen de ser parte del Gobierno, tienen 30 días para salir del país o solicitar un cambio a otro estado migratorio. “Si un individuo no tiene motivos para estar en Estados Unidos, está sujeto a ser expulsado por el Departamento de Seguridad Nacional”, dijo.

Por ese motivo, 46 congresistas demócratas pidieron a Joe Biden el jueves pasado que se revoque el visado de Bolsonaro. “Le solicitamos que vuelva a evaluar su estatus en el país para determinar si existe una base legal para su estadía y revocar cualquier visa diplomática que pueda tener”, dice el comunicado.

En ese sentido, la Casa Blanca podría revocar el visado del expresidente y forzar su deportación. En el caso que esté en Florida como turista, no puede superar un período máximo de seis meses en el país. En ese caso, podría permanecer hasta mitad de año. De cualquier modo, el gobierno de EEUU cuenta con la libertad de ordenar la deportación del exmandatario en el momento en que considere necesario.

La extradición

La extradición es un proceso por el cual un país puede solicitar a otro la entrega de una persona buscada para ser procesada o cumplir condena por un delito. La entrega de una persona por parte de las autoridades de un Estado a las de otro exige un acuerdo entre dos países. Para eso, debe existir un tratado bilateral, en donde se detallan el tipo de delitos y la respuesta que deberá tomar cada país en el caso de encontrarse con esa situación.

Mientras el proceso de deportación queda reducido al ámbito migratorio, la extradición debe pasar por el sistema de justicia. Para habilitar el mecanismo debe existir un proceso de causa penal contra Bolsonaro en Brasil y una orden de arresto emitida en el curso de la investigación, algo que todavía no existe. “Esto por supuesto no impide que avance por medio de una solicitud política”, explica Thiago Amparo, profesor de Derecho de la Fundación Getulio Vargas de São Paulo. El STF autorizó el viernes la solicitud de la Fiscalía a investigar al expresidente por su presunta participación como autor intelectual de los hechos.

Las extradiciones no son rápidas y dependen no solo de la Justicia sino también de la política. Las declaraciones de Joe Biden sobre el asunto indican que el proceso podría acelerarse en el caso de que Brasil lo solicite. “Condeno el asalto a la democracia y a la transferencia pacífica del poder en Brasil. Las instituciones democráticas de Brasil cuentan con todo nuestro apoyo y la voluntad del pueblo brasileño no debe ser socavada. Espero seguir trabajando con Lula”, dijo el presidente de EEUU el día del ataque.

Bolsonaro ha sido vinculado a las investigaciones por sus declaraciones y un vídeo que publicó en las redes sociales el 10 de enero, dos días después de los actos de violencia, y que borró unas horas más tarde, donde decía que Lula no fue elegido por el voto popular sino por el Tribunal Supremo, lo cual es falso.

“No hemos recibido, hasta el momento, ninguna solicitud oficial del Gobierno brasileño relacionada con Bolsonaro. Por supuesto, si recibiéramos tal solicitud, la tratamos como siempre las tratamos: con seriedad”, dijo el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, en la Casa Blanca el lunes posterior al asalto.

Han sido varios los políticos brasileños que pidieron la extradición del expresidente, si bien el gobierno ha dicho que no tiene pensando en avanzar en esa dirección. La diputada Erika Hilton, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), le envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en la que exige que el expresidente sean extraditado.

Renan Calheiros, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), solicitó incluir a Bolsonaro en las investigaciones. “Regreso a Brasilia para recoger firmas de la CPI que investigará a los golpistas que, por acción u omisión, ayuden a terroristas. Incluyen a Bolsonaro, el fiscal Aras, militares y políticos. En el MDB defenderé la expulsión del gobernador de Brasilia”, escribió en sus redes.

Pero el mecanismo no es rápido ni sencillo. “Al instruir un proceso de carácter penal, el juez puede solicitar la extradición para garantizar la presencia de la persona como imputado dentro del país. Para eso, es él quien debe pedir una 'prisión preventiva para extradición'. Esa solicitud se tramita a través de la autoridad central al estado donde se encuentra la persona, que es capaz de realizar esa detención para garantizar la extradición”, dice el abogado Paulo Abrão, director ejecutivo de Washington Brazil Office (WBO).

Cuentas pendientes con la Justicia

Bolsonaro tiene varias cuentas pendientes con la Justicia. El expresidente está implicado en otros cuatro procesos judiciales, que continúan abiertos en el Supremo, si bien todos ellos están en la fase inicial y no se han presentado cargos en su contra.

En un caso, la Justicia investiga si Bolsonaro interfirió de forma política e ilegal en las decisiones de la Policía Federal para proteger a su familia. También está implicado por divulgar información falsa sobre la vacuna contra la COVID-19, que asoció con el riesgo de desarrollar sida, así como por divulgar documentos secretos de la Policía, con los que quiso inflamar su campaña contra el proceso electoral.

Por último, está en el foco de la Justicia en otro caso que indaga la existencia de “milicias digitales”, vinculadas a grupos de extrema derecha, que buscan derribar el orden democrático. Si bien la causa que investiga el asalto a las instituciones democráticas en Brasil del 8 de enero es la investigación de mayor dimensión política, Bolsonaro podría acabar en prisión por temas vinculados al mal manejo de su gestión en los años de presidente.

Con información de EFE

Horas después de que Luiz Inácio Lula da Silva ganara la segunda vuelta electoral, Noruega y Alemania anunciaron la reactivación de las inversiones del Fondo Amazonia. Los aportes de esta institución, dedicada al cuidado ambiental, habían quedado suspendidos de manera indefinida después del primer año de gestión de Jair Bolsonaro. “Noruega espera revitalizar la amplia asociación climática y forestal con Brasil”, anunció el ministro de Medio Ambiente de Noruega, Espen Barth Eide, el lunes siguiente a la segunda vuelta electoral.

La decisión de Noruega tiene una explicación. Durante el primer mandato de Lula, Brasil inauguró un plan para el control de la deforestación en la Amazonia Legal, es decir, el área integrada por nueve estados brasileños y que abarca casi el 60% del territorio. El programa creado por decreto presidencial en 2003 unió a 13 ministerios para combatir la deforestación y los delitos ambientales. “La innovación consistió en crear 'unidades de conservación', para impulsar el uso sostenible de los recursos naturales y el respeto por las comunidades tradicionales que viven en la zona”, explica Claudia Gaigher, periodista especializada en medioambiente y desarrollo social sostenible y autora del libro 'Diario de una reportera en el Pantanal'.

Una década después de la llegada de Lula al poder, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) registró la tasa de deforestación más baja en la historia de la Amazonia. La ministra de Medio Ambiente de ese momento, Izabella Teixeira, llegó a decir con optimismo que la deforestación había pasado de un pico en de 27.000 kilómetros cuadrados en 2004 a 6.418 en 2012.

Después de cuatro años de Bolsonaro, el regreso de Lula inaugura un nuevo momento en la política medioambiental del país. El desafío será recuperar los años perdidos y ampliar los límites de los tres mandatos anteriores del Partido de los Trabajadores (PT). “La señal es de esperanza e ilusión para los activistas medioambientales. Es un reinicio de la política medioambiental en un sentido amplio. También del papel de liderazgo que el país siempre ha desempeñado en este ámbito a nivel internacional”, dice Suely Araújo, especialista en políticas públicas del Observatorio del Clima de Brasil.

El nuevo presidente de Brasil sabe de símbolos. Por eso eligió que su primera visita al exterior como presidente electo fuera a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en noviembre pasado. En la COP27 de Egipto, Lula selló su compromiso con los pueblos indígenas, los activistas ambientalistas y los distintos actores internacionales. En ese sentido, el nuevo presidente ha cumplido con su promesa de crear un Ministerio de los Pueblos Indígenas, que estará dirigido por la líder indígena Sonia Guajajara.

El líder del PT sabe que una política activa en la lucha contra el cambio climático también es una manera de que Brasil recupere protagonismo en el mundo. “Para Lula, el medioambiente será el tema clave para restaurar la reputación de Brasil en la escena internacional”, dice Hayley Stevenson, directora de los posgrados en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y autora de 'Global Environmental Politics'. Lula sabe que Brasil es una parte esencial para resolver la crisis climática planetaria.

Recuperar la confianza

“Brasil ha vuelto”. Estas tres palabras salieron de la boca de Lula, más de una vez, en el discurso ante decenas de seguidores en la ciudad de Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo, en noviembre pasado. La seguridad de las Naciones Unidas debió cerrar las puertas de una sala repleta de gente que esperaba escuchar al próximo presidente de Brasil.

Las expectativas son altas después de los años de un presidente que negaba el cambio climático como era Jair Bolsonaro. El antiguo líder de Brasil llegó a la presidencia con la promesa de eliminar varias normas ambientales que se consideraban un freno al desarrollo. “Debilitó el Ministerio del Medio Ambiente, cortó su presupuesto, nombró un ministro con una agenda anti-ambientalista y transfirió la autoridad para monitorear la deforestación al Ministerio de Agricultura. Se eliminaron muchas regulaciones ambientales y se dejó de aplicar el sistema de multas para la violación de normas ambientales”, enumera Stevenson.

Pero Bolsonaro intentó en campaña revertir desde el discurso los malos años de gestión. “Durante el Gobierno de Lula se deforestó el doble que en el mío”, le dijo Bolsonaro al candidato del PT en un debate presidencial en octubre pasado. Bolsonaro le pidió a la audiencia que hicieran una búsqueda en Internet. “Busque: 'deforestación de 2003 a 2006', en los cuatro años de Gobierno de Lula. Luego busque 'deforestación de 2019 a 2022'”, desafió el entonces presidente.

Para el que quiera hacer el intento, la curva es clara: Lula llegó al Gobierno en 2003 con más de 25.000 kilómetros cuadrados de deforestación, que consiguió bajar de manera progresiva cada año, hasta llegar a los 4.500 kilómetros cuadrados en 2012, un récord histórico. Esa misma curva repuntó con fuerza a partir del 2019, cuando Bolsonaro llegó al Gobierno: arrancó ese año con 7.536 y terminó con 11.568 kilómetros cuadrados de deforestación, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.

“El mayor logro de los gobiernos del PT ha sido la reducción de la deforestación en la Amazonia en un 83% entre 2004 y 2012. Luego comenzó a aumentar un poco, pero siempre lejos de la tragedia que resultó el Gobierno de Bolsonaro”, explica Araújo. En los últimos cuatro años, Bolsonaro priorizó el negocio extractivista a la política ambiental y negó la amenaza climática. Para la especialista en políticas ambientales, ha sido incluso el propio Ministerio de Medio Ambiente el que defendió en el Congreso una agenda que implicó un retroceso en la legislación ambiental. Bolsonaro no sólo niega el cambio climático, según Araújo: tampoco acepta la política ambiental o “mantener el bosque en pie”.

El incremento de la deforestación en la Amazonia Legal superó los 12.200 kilómetros cuadrados en 2022 mientras que en 2012 no llegaba a los 5.000 kilómetros cuadrados, según el monitoreo satelital de deforestación. La Amazonia contiene casi el 30% de las especies conocidas de la flora y de la fauna del planeta en sus 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Su preservación es crucial no solo para Brasil sino para el equilibrio ambiental en el mundo.

Felipe Milanez, profesor en la Universidad Federal de Bahía y coordinador del grupo de trabajo de Ecología Política en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, va un paso más allá. Para Milanez, Bolsonaro se ha asociado con el crimen organizado que extrae recursos de la Amazonía. “Bolsonaro se ha asociado con las milicias que operan en la extracción de la minería de oro ilegal, que llamamos en Brasil garimpeiro. También con las organizaciones de tala ilegal, las mismas milicias que han matado al indigenista brasileño Bruno Pereira y al periodista británico Dom Phillps en la Amazonia. Bolsonaro ha intensificado el crimen extractivista en asociación con el Estado”, dice Milanez.

La distancia entre los años de gestión de Bolsonaro con Lula son abismales. En su primer mandato, Lula nombró a Marina Silva para el Ministerio de Medio Ambiente, que creó grupos de trabajo entre la sociedad local, las instituciones públicas y los representantes empresariales para pensar proyectos relacionados con el medioambiente. Después de 20 años, Marina Silva vuelve a ser la ministra de Medio Ambiente de Brasil. El anuncio de la designación de Silva, histórica rival electoral de Lula, se considera una muestra de la política de acuerdo amplio del nuevo presidente.

Pero el camino no es sencillo para el nuevo Gobierno. “No será fácil reconstruir las instituciones para investigar los canales de la economía ilegal, promocionada en los últimos seis años, incluso antes de Bolsonaro pero intensificada por él. Ese es un gran desafío del próximo Gobierno y de la sociedad brasileña en general, que es de una cierta manera, recuperar un control del Estado de derecho en el país”, dice Milanez.

Más allá de Lula

Pero además de revertir la gestión de Bolsonaro, el nuevo Gobierno tendrá el reto del crecimiento económico. “Los años de Lula han mostrado una política medioambiental con las contradicciones propias de un país agro-minero extractivista. Lula gestionaba en plena superabundancia de la explotación de las materias primas”, dice Milanez.

Para Suely Araújo, el Gobierno de Lula tuvo logros importantes en temas vinculados al medioambiente, pero también generó controversias en ciertas decisiones. “El anterior Gobierno del PT ha dejado marcas fuertes en el despliegue de una visión desarrollista que terminó por priorizar el desarrollo económico en lugar de la protección del medioambiente”, dice la especialista, quien recuerda la construcción de la represa de Belo Monte, una central hidroeléctrica ubicada en el estado de Pará, un proyecto muy cuestionado por el impacto social y ambiental negativo que provocó.

De la llegada de Lula en 2003 al 2023 han pasado dos décadas. Por eso algunos analistas perciben un proceso de aprendizaje del presidente en los reclamos medioambientales. “Estoy segura de que el presidente trabajará duro para ello, porque de ello depende parte de su Gobierno, está apostando políticamente por la cuestión climática”, dice Araújo.

El medioambiente como puerta al mundo

En la apertura de la última cumbre de líderes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Al Gore, el exvicepresidente de Estados Unidos y activista contra el cambio climático, mencionó a Lula da Silva: “El pueblo brasileño optó, hace unos días, por dejar de destruir la Amazonia”.

La vuelta del PT es vista, no solo puertas adentro sino a nivel internacional, como un respiro para el medioambiente. También como un modo de regreso de Brasil al mundo, después de cuatro años de aislamiento.

“En el Gobierno de Bolsonaro, el país pasó a ser tratado como una especie de paria. En las reuniones, Bolsonaro usaba al medioambiente casi como un chantaje: 'Si no me das recursos, degradaré el bosque'. Y esto tuvo repercusiones muy negativas en el ámbito diplomático. Brasil se convirtió en una especie de paria”, dice Suely Araújo.

Durante el primer año del mandato de Bolsonaro, la comunidad internacional quedó horrorizada por las imágenes del Amazonas en llamas. “Todos los años hay incendios, pero en 2019 vimos el número más elevado en 10 años. En el contexto de impunidad que caracterizó el mandato de Bolsonaro, no fue sorprendente pero sí muy preocupante dado la importancia que el Amazonas tiene para absorber el dióxido de carbono y regular los sistemas climáticos”, dice Stevenson.

En los años del PT, Brasil mantuvo una postura activa en las negociaciones climáticas internacionales. “En el escenario internacional, podemos esperar una postura mucho más cooperativa y proactiva bajo el mandato de Lula, pero esto no significa que sea fácil restaurar todas las protecciones perdidas bajo Bolsonaro. Hay fuertes intereses en expandir la industria agrícola a costa de la conservación ambiental”, dice Stevenson.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, líder de la oposición al gobierno de Luis Arce, permanece detenido este miércoles en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz. La Fiscalía de Bolivia confirmó que el arresto del gobernador responde al caso “golpe de Estado I”, un proceso judicial que investiga la responsabilidad de los dirigentes políticos y sociales bolivianos en las masacres de 2019, que tuvieron lugar después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia forzado por presiones de militares y policías.

“Informamos al pueblo boliviano que la Policía Boliviana dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Luis Fernando Camacho”, escribió en sus redes sociales el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Camacho enfrenta además de esta causa numerosas denuncias hechas por el Gobierno en su contra. En principio, por liderar las huelga de 36 días en Santa Cruz en octubre pasado, para exigirle al Gobierno que concrete el censo de población para 2024.

La gobernación de Santa Cruz emitió un comunicado donde denunció que Camacho “ha sido secuestrado en un operativo policial absolutamente irregular”. “El operativo del secuestro del gobernador se realizó en las calles aledañas a su domicilio cuando él regresaba luego de cumplir actividades de gestión”, dice la nota. Por su parte, la Fiscalía explicó que la detención de Camacho “no se trata de un secuestro o una persecución política” sino que responde a una “orden de aprehensión” que se emitió en octubre de este año por parte de un juez en La Paz.

“La Policía detuvo a Camacho sin leerle sus derechos, no se identificaron porque iban de civil, no le comunicaron la causa judicial pero sí la orden en virtud de la cual lo estaban deteniendo y lo llevaron en helicóptero hasta La Paz, sin pasar antes, como debían, por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz”, dice a este medio el periodista argentino de elDiarioAR, Alfredo Grieco y Bavio, editor en 2012 en el periódico boliviano La Razón.

Hasta la noche del miércoles, el presidente no había hecho declaraciones sobre el tema, pero sí lo hizo Evo Morales. “Finalmente después de tres años, Luis Fernando Camacho responderá por el golpe de Estado que derivó en robos, persecuciones, detenciones y masacres del gobierno de facto. Confiamos en que esta decisión se sostendrá con la firmeza que demanda el clamor de justicia del pueblo”, dijo el expresidente en sus redes.

Quién es Luis Fernando Camacho

Luis Fernando Camacho lleva marcada en la piel su aversión por Evo Morales. El año previo a la llegada a la gobernación de Santa Cruz, el “macho Camacho” decidió tatuarse en su brazo derecho una cruz con la carta de renuncia que le escribió a Evo Morales en 2019 y la fecha de renuncia del exmandatario. “Decidí tatuarme, si bien no tenía tatuajes, la cruz con la carta dice ya somos libres y la fecha de renuncia de Evo Morales, quería que de alguna manera que me acompañe”, dijo en 2020 el empresario en una entrevista con No Mentiras.

Camacho, un empresario del oriente boliviano, acérrimo rival del expresidente Evo Morales, ganó visibilidad en 2019, año en que lideró las protestas por las denuncias del supuesto fraude electoral desde la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz. En ese momento, la tensión social escaló tan rápido que Evo, cercado por la oposición, acorralado por la resolución de la OEA, las Fuerzas Armadas y sectores de la Policía, renunció a su cargo y dejó Bolivia para parar a vivir en Argentina. “Luis Fernando Camacho es uno de los máximos responsables de la ruptura del orden constitucional en 2019”, escribió en sus redes sociales el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, cercano Evo Morales.

Camacho quedó detenido por haberse negado a prestar testimonio en dos oportunidades en la causa que investiga su responsabilidad en el golpe de Estado de 2019. Mismo proceso por el cual sigue arrestada la presidenta interina Jeanine Áñez. Además de ese proceso, también al gobernador le pesan numerosas denuncias del oficialismo por la huelga de 36 días cumplida en Santa Cruz, entre octubre y noviembre de este año, para exigir la pronta realización del censo de población.

“Acaban de resucitar a un muerto, porque era uno de los peores gobernadores de Bolivia. Si cae en un juzgado al que no convenzan ni los objetivos y mucho menos las formas, lo va a soltar. Con más ferocidad y felicidad, si la línea política personal del magistrado es evitista, para perjudicar al Arce”, dice Grieco y Bavio.

Hace menos de dos años, Camacho ganó la gobernación de Santa Cruz con más del 55% de los votos. Si bien su popularidad cayó en estos años, sigue siendo un actor de peso en la política regional del oriente del país. Rómulo Calvo, líder político cruceño aliado al gobernador, anunció en la noche del miércoles que responderán con una lucha “pacífica” por la liberación del gobernador. En declaraciones a los medios, Calvo le exigió a Luis Arce “la inmediata liberación” de Camacho, para “evitar la innecesaria confrontación que su Gobierno pretende instalar” en Santa Cruz.

Toma de aeropuertos e incendios

Los seguidores del gobernador, incluidos varios congresistas, tomaron los dos aeropuertos del departamento. El objetivo era evitar el traslado del líder opositor a La Paz. Las personas llegaron al aeropuerto internacional de Viru Viru en Santa Cruz e ingresaron hasta la pista para evitar el despegue de aviones. Las personas movilizadas se subieron a los aviones para verificar que Camacho no estuviera en ningún vuelo, incluso obligaron a bajar a los pasajeros, asegurando que no permitirán el despegue de ningún vuelo desde esa terminal, según EFE.

Los vuelos en Viru Viru quedaron suspendidos temporalmente. La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) anunció la interrupción de sus vuelos. “Debido al cierre del aeropuerto de Viru Viru por el ingreso irregular de personas ajenas a la operación, nuestras operaciones aéreas hacia y desde este aeropuerto han sido suspendidas temporalmente de acuerdo a NOTAM (restricción aeroportuaria); a fin de resguardar la seguridad de nuestros usuarios”, informó BoA.

Lo mismo ocurrió en el aeropuerto El Trompillo. La televisión local mostró cómo los manifestantes ingresaron con violencia hasta la pista y obligaron a desalojar a los militares que se encontraban en esa terminal aérea, que actualmente se emplea para operaciones militares, de instrucción y privadas. En ese mismo momento, grupos radicalizados se dirigieron a las instalaciones de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. En la puerta del edificio se dieron retrasos y quemaron parte de las oficinas. “El escenario ideal para Camacho es que las movilizaciones crezcan, así apelar a un discurso regional”, dice Bejarano.

“Es importante para la democracia boliviana que no se tolere la impunidad contra quienes promueven el fascismo, golpes de Estado y violación de los derechos humanos”, escribió este miércoles en sus redes sociales el presidente de Senado, Andrónico Rodriguez, del ala del Movimiento al Socialismo (MAS) más cercana al expresiones Evo Morales.

Camacho en la pelea de Evo con Arce

El arresto del principal líder opositor deja en evidencia las internas en el Gobierno. “Es una apuesta grande la que hace Luis Arce. Si le sale bien, podrá convertirse en el líder más importante del país”, dice a elDiario.es la periodista boliviana Susana Bejarano. “Por un lado, Arce podría descabezar a la oposición de la élite cruceña. Por el otro, dentro de la interna del MAS, todos aquellos discursos críticos a Arce, que pierden toda potencia con la aprehensión de Camacho. Todo esto, solo si le sale bien las cosas”.

Si las críticas del expresidente Morales apuntan a Arce, porque supuestamente el actual presidente “no ha actuado con suficiente dureza” para esclarecer las masacres de Senkata y Sacaba de 2019, la detención del gobernador de Santa Cruz llegaría para cerrar la distancia. La detención de Camacho se suma a la del expresidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Antonio Pumari, aliado político del gobernador de Santa Cruz, y a la de la expresidenta interina, Jeanine Añez. Esto podría ser leído por las filas de su propio espacio político como una manera de cerrar una deuda abierta hace tres años atrás. “Eso dejaría muy fortalecido a Arce dentro del MAS”, analiza Bejarano. 

Jeanine Áñez comparó este miércoles la detención del gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando Camacho, con su aprehensión y dijo que el operativo policial fue un “secuestro”. Áñez responsabilizó al presidente Luis Arce y al expresidente Evo Morales de preparar “un megaoperativo policial/militar para secuestrar al gobernador Luis Fernando Camacho”.

“Por primera vez en la historia del MAS, una división interna ha enfrentado a una parte del movimiento, cuya cabeza es la más alta del gobierno, el exministro de Economía y actual presidente Luis Arce contra un MAS cismático, escindido tras acusar de traición al oficialismo gobernante por fuera de la administración del actual gobierno, porque su cabeza es el ex presidente Evo Morales”, dice Grieco y Bavio. “Para el MAS ahora opositor, el MAS gobernante resultó ser un traidor”.

La “traición” responde a un supuesto “pacto” entre el Gobierno y Santa Cruz para que el Comité Cívico local levante el paro y llegue a un entendimiento sobre la fecha de celebración del Censo nacional, postergada por la pandemia.

“Cuán convincente le resulte al electorado boliviano, hasta dónde llegará la resistencia que opondrá la Media Luna oriental ante una decisión que encuentra arbitraria, excesiva, inoportuna, en contra de un líder que sin embargo había dejado de encender entusiasmo, resulta difícil decirlo”, dice el periodista argentino.

Con información de EFE

“Los graves hechos ocurridos en Brasilia prueban que los llamados campamentos 'patriotas' se han convertido en incubadoras de terroristas”, denunció Flávio Dino, el nuevo ministro de Justicia de Brasil a partir del próximo domingo. La declaración llega después de que George Washington de Oliveira Sousa, un empresario de 54 años, fuera detenido el pasado sábado por la noche después de intentar explosionar un camión cargado de combustible en una zona cercana al aeropuerto internacional de Brasilia.

La intención del atacante era clara: generar caos. De esa manera, para el detenido, el atentado podría generar la necesidad de una intervención militar, que evitaría así la llegada de Lula al palacio de Planalto, según declaraciones De Oliveira Sousa difundidas este domingo. El ataque logró ser evitado por el escuadrón de explosivos del Batallón de Operaciones Especiales que desactivó los artefactos con una detonación controlada.

El arrestado está siendo investigado por terrorismo. Pero su caso no es aislado, ni opera en soledad. El acusado admitió que el atentado fue planeado por un grupo de seguidores de Jair Bolsonaro que están acampados frente al cuartel general del Ejército en Brasilia. “No permitiremos en Brasilia este tipo de manifestaciones que amenazan vidas, el derecho de las personas a ir y venir o incluso la propiedad”, declaró ante la prensa el jefe de la Policía Civil del Distrito Federal, Robson Cândido.

Qué son los campamentos “patriotas”

Las acampadas empezaron después de que Jair Bolsonaro decidiese no reconocer públicamente la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. Los campamentos son conocidos como “patriotas” por el uso de la bandera brasileña como símbolo de identificación y la apropiación de los símbolos nacionales para representar intereses partidarios. Los manifestantes cuestionan la derrota electoral de Jair Bolsonaro del 30 de octubre, por lo que piden una “intervención federal”, es decir, que los militares impidan el paso de mando y la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Estos grupos se concentran en las puertas de los cuarteles del Ejército de las distintas ciudades del país. Pero en Brasilia, los campamentos pacíficos pasaron a ser violentos. El 12 de diciembre, el día que el Tribunal Superior Electoral reconoció en Brasilia a Lula da Silva como el presidente electo de Brasil, los partidarios de Bolsonaro que se ubican frene al Cuartel General del Ejército en Brasilia, optaron por prender fuego a ómnibus, coches y atacar a la policía.

El explosivo detectado el pasado domingo supuso nuevo paso más en la violencia política. “Esto es algo que nunca ha existido en Brasilia y no permitiremos este tipo de manifestaciones que puedan afectar a las personas y la propiedad pública”, dijo el jefe de la Policía Civil del Distrito Federal. En la última semana, el Gobierno de transición ya pidió la detención de al menos 20 simpatizantes de Bolsonaro que acampaban en cuarteles, según Folha de São Paulo.

El equipo de transición de Lula espera que el domingo se reúnan alrededor de 300.000 personas en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia, para asistir a la juramentación del nuevo presiente. La programación incluye conciertos y, como es usual, el desfile del nuevo mandatario en un coche descapotable. Pero la agenda podría sufrir modificaciones hasta el mismo día del evento, según explicó el futuro ministro de Justicia, que dijo que “todos los procedimientos serán reevaluados, con miras a fortalecer la seguridad”.

Explosivos en Brasilia

Un día después de la detención de George Washington de Oliveira Sousa, miembros de la policía anunciaron que desactivaron una serie de artefactos explosivos encontrados en un pastizal en los alrededores de Brasilia, según informaron este lunes fuentes oficiales a EFE. Los medios locales aseguran que se trata de 40 kilos de explosivos, listos para la toma de posición del líder del PT. Las autoridades también encontraron en la zona varios chalecos antibalas.

El nuevo Gobierno confirmó que propondrá a las Fiscalía General y al Consejo Nacional del Ministerio Público crear grupos especiales “para combatir el terrorismo y el armamento irresponsable”. Por su parte, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó la detención de dos influencers bolsonaristas del canal Hipocritas, Oswaldo Eustáquio y Bismark Fugazza, por incitar a las manifestaciones que piden un golpe militar.

Flávio Dino dijo este lunes que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva debe anticiparse y evitar una “situación de inestabilidad” en el país. “Obviamente vamos a anticiparnos a ciertos actos, porque no puede haber un vacío de poder. Entonces esto no va a pasar, en el sentido de que ya en las primeras horas del día, vamos a tomar medidas para que no ocurra esta situación de inestabilidad”, dijo en una entrevista este lunes con GloboNews.

La responsabilidad de Bolsonaro

“Lo que me motivó a adquirir armas fueron las palabras del presidente Bolsonaro, quien siempre enfatizó la importancia de las armas civiles, diciendo lo siguiente: 'Un pueblo armado nunca será esclavizado'. También mi pasión por las armas que he tenido desde mi juventud”, declaró de Oliveira Sousa una vez detenido.

En la vivienda del sospechoso la Policía encontró dos escopetas, un fusil, dos revólveres, tres pistolas, un millar de municiones, uniformes camuflados y cinco emulsiones explosivas usadas en minería y similares a la que equipaba el artefacto que fue desactivado. Jair Bolsonaro, si bien habilitó la conformación del equipo de transición, nunca reconoció su derrota. De hecho, insistió en la presentación de denuncias infundadas sobre el sistema de votación en Brasil.

Pero el Tribunal Electoral rechazó una denuncia presentada por el partido de Bolsonaro, el Partido Liberal, que buscaban impugnar la segunda vuelta presidencial. “No hay pacto político posible y no habrá amnistía para los terroristas, sus partidarios y financistas”, dijo el futuro ministro de Justicia de Brasil.

La tarde del miércoles 7 de diciembre, el Congreso peruano debía discutir la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo, pero el presidente se adelantó. Esa mañana, Castillo ordenó disolver el Congreso, sin seguir los pasos que exige la Constitución. Las Fuerzas Armadas no respondieron. Tampoco los congresistas, ni su vicepresidenta, ni gran parte de sus ministros. En solo unas horas, el legislativo reaccionó con una nueva moción, en este caso por “rebelión”, que terminó con su mandato. Esa misma tarde, Castillo quedó detenido.

“La desesperación, a causa del acorralamiento de la Justicia que lo investiga por actos de corrupción, y su torpeza llevaron a Castillo cometer un acto de esta naturaleza”, dice Roberto Pereira, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en derecho penal por la Universidad de Barcelona.

Pereira tiene experiencia en el tema. Hace dos años, defendió al expresidente Martín Vizcarra en su primera petición de vacancia, que meses más tarde terminó en un segundo intento y su destitución. Vizcarra se convirtió así en el segundo presidente de la historia de Perú, después de Alberto Fujimori, en ser destituido del cargo por un Congreso opositor.

La Justicia dictó prisión preventiva de 18 meses para Pedro Castillo. ¿Por qué cree que la Corte Suprema tomó esa decisión?

En primer lugar, la Justicia peruana confirmó que existen elementos suficientes que podrían acreditar el delito de rebelión. En segundo lugar, la decisión significa que para la Justicia peruana existe un alto riesgo de que Castillo se fugue. Por esa razón, dictó una prisión preventiva de 18 meses, está considerando la etapa de investigación e incluso de juzgamiento. De todos modos, la decisión de la Corte Suprema está pendiente de ser revisada en una segunda instancia. Pero todo indica que será confirmada.

¿El delito de rebelión responde a una violación del Código Penal o de la Constitución?

El delito de rebelión está contenido en el Código Penal basado en los principios de la Constitución. El presidente, que es a su vez el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, si dice 'disuelvo el Congreso, cierro el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial', genera una pretensión de ejecución de esa orden, porque es alguien que tiene a su disposición todo el poder de fuego del Estado. Por lo tanto, esa conducta como tal ya configura el delito de rebelión. No es una simple declaración la de Castillo, como lo ha pretendido plantear su defensa, sino que es un claro acto de alejamiento y rompimiento del orden constitucional.

¿Fue un intento fallido de “autogolpe de Estado” porque las Fuerzas Armadas y la Policía no respondieron al llamado del presidente?

Así es. Si bien el tema está en una etapa de investigación preliminar, todo indica que Castillo tuvo información de que algunos sectores de las Fuerzas Armadas podían acompañar en esta intentona. Lo cual no ocurrió. También en este momento están investigando si después del discurso el presidente llamó a algunos algunos mandos policiales y castrenses para ejecutar esas instrucciones. El tema está todavía siendo investigado.

¿Fue inmediato el rechazo de los distintos poderes del Estado al discurso del presidente?

Sí, luego del discurso hubo un rechazo unánime de todas las instituciones del Estado, con pronunciamientos públicos. La presidenta del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, la Junta de Fiscales Supremos, la Junta Nacional de Justicia, rechazaron el golpe de Estado y, a los pocos minutos, también lo hizo lo propio el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces es claro que cualquier promesa de que el Ejército iba a acompañar, al final no se cumplió y quedó desactivada.

¿Fue un error de cálculo del expresidente?

En primer lugar, creo que es un acto de desesperación, de impotencia ante las abrumadoras evidencias de vinculación del presidente y su entorno familiar con actos de corrupción. En segundo lugar, ha sido un acto de torpeza, que lo ha evidenciado desde el primer día que entró al poder. Todas las declaraciones públicas que ha hecho Castillo son conocidas a nivel mundial por un desatino tremendo. La desesperación, a causa del acorralamiento de la Justicia que lo investiga por actos de corrupción, y su torpeza llevaron a Castillo a cometer un acto de esta naturaleza.

¿Es comparable la decisión de disolver el Congreso de Castillo con la de Alberto Fujimori de 1992?

La única similitud que encuentro es en el contenido del discurso. En el caso de Fujimori, cuando leyó un 5 de abril un discurso similar al de Castillo, ya tenía los tanques en las calles, habían tomado los medios de comunicación. Entonces es evidente que este señor no ha tenido ni la más mínima diligencia de un buen golpista, porque Castillo es una persona bastante limitada en su comprensión y en su valoración de la realidad.

¿En qué se diferencian?

En primer lugar, en el contexto. En el caso de Fujimori el país estaba pasando en una crisis tremenda, con el terrorismo en las puertas de Lima. La crisis económica era espantosa. Entonces, la demanda por un gobernante fuerte, de un gobernante autoritario, era bien recibida en los sectores populares. Por otro lado, la popularidad que tenía Fujimori era altísima. Cuando Fujimori dio el golpe de Estado la población lo apoyó, mucha gente salió a apoyarlo. Y en tercer lugar, Fujimori planificó el golpe. Utilizó a las Fuerzas Armadas, contó con la Policía Nacional, si bien después tuvo que retroceder por la presión internacional. Lo que hizo Castillo no tiene nada que ver con el golpe de Fujimori. Por eso es que el 99% de personas estamos absolutamente sorprendidas por lo que ocurrió. Nos parece una decisión absurda, un salto al vacío, lo que hizo Castillo.

El expresidente recibió el respaldo de algunos gobiernos de izquierda de América Latina. ¿Tiene que ver con el desconocimiento sobre lo que pasa en Perú?

Ha habido izquierdas que han marcado distancia, como la chilena, por ejemplo. Pero creo que hay peligrosa simpatía de estos gobiernos con regímenes de izquierda anti-democráticos. Me da la impresión que no conocen la profundidad, los detalles, de lo que está detrás de de Castillo.

Usted ha tenido la oportunidad de defender a Martín Vizcarra ante la primera petición de vacancia del expresidente. ¿Qué representa esta figura legal para la política peruana?

Esa es una figura legal que está presente en la Constitución, en una Constitución con instituciones del siglo XIX, como la vacancia, que han quedado obsoleta. Es una cláusula que se había usado una sola vez, en el caso de Fujimori en 2000, sin mucha discusión. Lo que ha ocurrido en el Perú es que desde el 2016 el sistema político ha entrado a una crisis generalizada, que desencadenó fenómenos políticos muy profundos. En un contexto así, la política recurre a figuras que están pensadas para escenarios más concretos, más predecibles. Por ejemplo, en el caso de Castillo, ni bien dio el discurso, el Congreso tramitó una moción de vacancia por incapacidad moral de manera justificada. En ese caso, lo que estás haciendo es defender al sistema democrático. Pero creo que la herramienta de la vacancia está herida de muerte, porque ha demostrado que puede ser utilizada para el abuso, como en el caso de Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, y puede ser utilizada para situaciones realmente justificadas, como en el caso de Pedro Castillo.

¿Piensa que es un riesgo?

En un riesgo que traté de advertir en ese momento. En primer lugar, el de no tener una primera una interpretación jurídica adecuada a esta figura. Pero sobre todo por no requerir de responsabilidad política, porque finalmente estos son procesos políticos, no tienen un componente solamente jurídico. La decisión que prima es una decisión política, si el político no tiene la responsabilidad de tomar decisiones que no vayan luego a generar costos mayores, creo que es igual de igual de peligroso.

¿Es posible gobernar en Perú?

Es una gran pregunta. Es muy difícil la gobernabilidad en el Perú porque los actores políticos se han empobrecido. Es decir, los partidos políticos y las organizaciones políticas se han debilitado, no tienen cuadros. Entonces se han convertido en cascarones que comercializan la candidaturas. Eso ha paralizado demasiado la política en el Perú. Si le sumamos que además las reglas que ordenan la política no están diseñadas para esta época, porque quedan antiguas, porque son obsoletas y no responden a esta realidad, tienes un cóctel peligroso.

¿Cuál cree que va a ser la estrategia de la defensa de Pedro Castillo?

Pienso que ellos van a van a tener dos líneas argumentativas. La primera, van a tratar de decir que el procedimiento es nulo porque se destituyó a Castillo a través de un procedimiento que no está previsto. Y la segunda línea dirá que fue solo un discurso, que no hubo ninguna voluntad de quebrar el orden democrático, que esto ha sido simplemente un error del presidente, que ha habido ningún tanque. Pero esa tesis está destinada a fracaso, porque la Corte Suprema ha delimitado cuál es el ámbito relevante del delito de rebelión y por lo tanto, el simple discurso del presidente, en esas condiciones y con ese contenido, ya califica como delito.

Usted ha dicho que el 2016 es donde empieza la crisis. ¿Fue en el momento en que Keiko Fujimori no reconoce la victoria de Pedro Pablo Kuczynski?

Sí, en 2016 empieza la crisis política que tenemos ahora. Cuando Keiko no reconoce el resultado, asume una posición muy agresiva hacia el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski desde el Congreso, que finalmente desembocó en el primero intento de vacancia fallido y luego en una renuncia con una amenaza de vacancia de por medio. Eso hace muy difícil que pueda sostenerse un gobierno en el tiempo. En el Perú no hemos logrado un sistema político responsable, serio, maduro. Las reglas que tenemos no ayudan porque son reglas demasiado rígidas, para una realidad donde la política está marcada por la corrupción. Entonces, ahí se produce el cortocircuito. Esto desencadena lo que ya conocemos, una ingobernabilidad que nos viene afectando desde hace años.

¿Puede este contexto favorecer a Keiko Fujimori como una figura fuerte en medio del caos?

No, no creo. Ella no representa una figura fuerte. De hecho, si ella pretendiese hacer eso, tiene dos problemas. El primero, es que la gente recuerda que esta crisis comienza con ella, con su actitud frente al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, donde tuvo 72 parlamentarios que prácticamente apalearon a ese Gobierno. Y en segundo lugar, Keiko tiene un proceso judicial por lavado de activos y perdió tres veces las elecciones a presidenta, hasta con Pedro Castillo. Pienso que no tiene ninguna posibilidad, por lo menos en el corto plazo.

Rafael Ramírez es un hombre de peso en el chavismo venezolano. Ministro de Petróleo de 2002 al 2014, presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por más de una década, canciller en 2014 y embajador ante la ONU por Nicolás Maduro hasta el 2017, ha sido una de las persona de máxima confianza del expresidente Hugo Chávez. Ramírez renunció al poder en el momento en que el Tribunal Supremo de Justicia decidió entregarle las atribuciones de la Asamblea Nacional al presidente en 2017, lo que desencadenó una serie de protestas violentas que fueron reprimidas con brutalidad por las fuerzas de seguridad del Estado. Ramírez dice que dejó el poder para exiliarse en Roma, donde vive en condición de refugiado político, después de cuestionar la respuesta del Gobierno.

El expresidente de Pdvsa, que enfrenta una denuncia por malversación de fondos y manipulación de licitaciones para contratos petroleros en Venezuela, decide hablar por primera vez desde de que la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvo a su hermano. “El gobierno es represivo y usa la justicia como instrumento de persecución”, dice Ramírez y pide a la comunidad internacional que levante la voz para exigirle a Maduro que respete los derechos humanos. Una semana después de la licencia que Estados Unidos le otorgó a Chevron para volver a operar en Venezuela, el ministro de Petróleo de Chávez dice estar convencido de que el acuerdo no mejorará la situación económica. “En los países petroleros, siempre se ha usado el petróleo para obtener apoyo político”.

Estados Unidos habilitó a Chevron a volver a trabajar con Pdvsa. ¿Puede esta decisión mejorar la economía venezolana?

No va a incidir en nada. No creo que vaya a mejorar la situación de Venezuela, porque los términos de esta licencia son contrarios a la Ley Orgánica Hidrocarburos. Primero, porque establece que Chevron operará en Venezuela por su cuenta, desconociendo la figura de las empresas mixtas, que es la única figura que establece la ley en nuestra Constitución para permitir la participación de los privados. El petróleo está reservado al Estado venezolano. En consecuencia, solo pueden participar los privados si están en empresas mixtas con Pdvsa. Lo segundo es que la licencia le prohíbe de manera expresa a Chevron a pagar impuestos y regalías al gobierno de Venezuela. Eso es muy grave porque, siendo el Estado venezolano propietario del petróleo, cada barril que se saca del país tiene que pagar una regalía, es la tasa que corresponde al dueño del petróleo. El último elemento es que Chevron está autorizado a comercializar el petróleo solo con Estados Unidos. Eso va en contra lo que dice la Ley Comercialización, que establece que el petróleo es monopolio del Estado venezolano y lo podemos vender a donde sea.

Si no beneficia a Venezuela, ¿por qué Maduro permitió ese acuerdo?

Porque Maduro está desesperado por obtener legitimidad, por conseguir apoyo político. No es primera vez que pasa en el país. En 1920, el dictador Juan Vicente Gómez, después de recibir el apoyo militar de los americanos, les entregó todo el petróleo. En los países petroleros, siempre se ha usado el petróleo para obtener apoyo político. Eso es lo que está queriendo hacer Maduro.

Este acuerdo llega después de la reapertura del diálogo entre el Gobierno y un sector de la oposición. ¿Piensa que el gobierno de Venezuela consigue hablar con Estados Unidos mediante la oposición?

El lobby de Chevron ha permeado tanto en sectores del Gobierno como en la oposición. Con la mesa de México, lo que se instaló ha sido una mesa de co-gobierno. No es que estos sectores de la oposición, que han aceptado el diálogo, estén llegando a acuerdos. Hay que entender que en Venezuela el petróleo es todo. El 90% de los ingresos del país son ingresos petroleros, tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y si Venezuela no las aprovecha para su propio desarrollo, lo aprovecharán las transnacionales, que es lo que está haciendo ahora Chevron.

¿Este acercamiento de Venezuela con Estados Unidos puede darle aire a Maduro?

Yo no veo que haya un acercamiento con los Estados Unidos. Lo que noto es una decisión del gobierno de Estados Unidos a favor de Chevron. Estas no son relaciones políticas.

Pero antes de la licencia emitida por el Tesoro, Estados Unidos no reconocía a Maduro...

No lo reconoce ahora tampoco. Lo que hace es habilitar a sus empresas a que hagan dinero. Existe una gran cantidad de tenedores de bonos norteamericanos, que están haciendo lobby en Washington, que lo que buscan es cobrar esos bonos. Venezuela no es prioridad para Estados Unidos.

Usted cuestiona la reapertura del diálogo en México. Si no es el diálogo el camino para avanzar en la recuperación democrática, ¿cuál es?

Yo estuve en el Consejo de Seguridad durante dos años. En los conflictos más cruentos siempre he estado de acuerdo con el diálogo político. Pero el diálogo político no puede ser un cheque en blanco al poderoso. Tienes que poner condiciones para el diálogo. En esa mesa están los representantes de las élites políticas pero ahí no hay pueblo. Debería haber trabajadores, un representante de la Iglesia, defensores de los derechos humanos. Es un diálogo nacional, no un diálogo entre élites, porque de esa manera es un diálogo secreto. En México se podrán poner de acuerdo entre las élites, pero eso no va a resolver los problemas del país.

Usted ha estado al frente de Pdvsa durante 10 años. ¿De qué manera explica que la producción de petróleo en Venezuela hoy no supere los 700.000 barriles diarios cuando en 1998 producían más de 3,5 millones?

Yo fui diez años presidente de Pdvsa. En enero del 2003 producíamos solo 25.000 barriles. Imagínate, un desastre. Nosotros levantamos la producción, estabilizamos la industria petrolera durante 12 años. Siempre con una producción de tres millones diarios, que es lo que estaba en el marco de nuestra nuestra cuota de la OPEP. Lo que pasó a partir del 2014 es que Maduro intervino Pdvsa para hacerse con los fondos que había en la empresa para propósitos distintos a la producción de petróleo. Una empresa que manejaba anualmente 40.000 millones de dólares de presupuesto es un gran negocio para el Estado. En 2013 entregamos al Estado 120.000 millones de dólares. Eso es lo que sostenía el país. Esta gente entró, tomó control de la vicepresidencia de Finanzas de la empresa, con un señor llamado Erick Malpica, que es sobrino de Maduro y usaron los fondos de la empresa para otras cosas. Lo he denunciado y por eso me han perseguido.

Imaginemos que en las próximas elecciones gana la oposición. ¿Qué puede llegar a encontrar en Pdvsa?

Encontrarán una empresa desmantelada, de la que se han ido 30.000 de nuestros mejores muchachos, una empresa que ha sido vendida en pedazos a los privados. Lo primero que habría que hacer es establecer todo el marco legal de nuestra industria petrolera. Hay una cantidad de contratos que se han dado que son ilegales. Todo eso hay que eliminarlo y hacer nuevos marcos legales con los privados. Lo segundo es recuperar nuestros mejores trabajadores y el conocimiento petrolero que está en el país o que está afuera, hacerle un llamado a que se incorporen. Y lo tercero es hacer una estrategia para recuperar la producción en las mejores áreas, en las que generan más productividad.

¿Y en el manejo de las cuentas?

Durante toda mi gestión siempre emitimos los estados financieros auditados. Así que si tú quieres revisar qué pasó en la industria durante los diez años que estuve al frente, lo puedes ver. Pero Maduro, inmediatamente tomó el control de la empresa no emitió ningún otro estado financieros auditado. Entonces habrá que auditar nuevamente todo, con el objetivo de saber qué pasó.

El gobierno de Venezuela lo acusa de haberse quedado con 4.850 millones de dólares de Pdvsa. ¿Cuál es su respuesta?

En Venezuela ha habido 'lawfare' [persecución judicial], han utilizado a la justicia para la persecución política como han hecho con Cristina [Fernández de Kirchner], con Rafael Correa, con Lula. Esta gente quería sacarme de la conciencia del pueblo, quería hacerme daño y de lo único que se les ocurrió acusarme es de corrupción. Pero ellos no han demostrado nada, no tienen ni una prueba de lo que denuncian. Yo estoy exiliado en Italia, donde tengo estatus de refugiado político.

¿Han investigado a sus familiares?

Sí, también persiguen a mi esposa. El pasado 13 de septiembre, la Dirección de Contrainteligencia Militar se llevó preso a mi hermano Fidel Ramírez, un médico que lo único que hizo ha sido ayudar al presidente Chávez en el diagnóstico del cáncer. El gobierno es represivo y usa la justicia como instrumento de persecución.

Usted menciona el 'lawfare', una expresión que en América Latina usan los sectores de izquierda. ¿Dónde queda ubicada Venezuela?

El gobierno de Nicolás Maduro no es un gobierno de izquierda, ni un gobierno chavista. Maduro no tiene nada que ver ni con Chávez ni con la Revolución Bolivariana. Maduro se convirtió en un dictador, que ha acabado con todas las conquistas sociales que alcanzamos en el período con Chávez. La Alta Comisionada de los Derechos Humanos ha registrado en más de 460 entrevistas la violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela. No se puede apoyar a un gobierno con esas características.

¿Qué papel ocupa el fiscal general Tarek William Saab?

El fiscal general está señalado en todos sus informes como corresponsable y cómplice en los crímenes de lesa humanidad.

La justicia de Venezuela hizo un pedido extradición en su contra. Italia lo rechazó. ¿Puede cambiar su situación?

Estoy seguro en Italia. Lo único que hemos detectado es que aquí el gobierno de Maduro ha enviado grupos de captura. Aquí tengo seguimientos por los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Pero bueno, estamos tomando todas las previsiones para cuidarnos.

¿Usted fue despedido por Maduro en 2017?

No, yo no fui despedido. Yo renuncié en diciembre del 2017 a mi puesto como embajador ante las Naciones Unidas, porque no estuve de acuerdo con la terrible represión con la que el gobierno respondió a las manifestaciones en las calles del país. Ese mismo año, murieron más de 130 muchachos. Diga lo que se diga, que eran manifestantes violentos, el Estado que tiene el monopolio del uso de la fuerza, tiene a las Fuerzas Armadas, no puede matar a 130 personas en la calle. Eso nunca había pasado en el país y por supuesto nunca hubiese pasado con Chávez. Entonces, sabiendo que me iba a venir toda la persecución encima, decidí renunciar y no volver a mi país.

¿Qué cree que debería pasar en Venezuela?

Nicolás Maduro, sin duda, tiene que salir del gobierno. Un gobierno que ha sido el peor de nuestra historia. Se han desmoronado todas las conquistas sociales del país, no solo las de Chávez, sino las anteriores. Venezuela siempre ha sido un país democrático y avanzado socialmente.

“Salir”, ¿de qué manera?

Salir por la Constitución. Nosotros queremos que se cumpla la Constitución: las elecciones, el referéndum revocatorio. La Constitución que promovió el presidente Chávez tiene los mecanismos para que los pueblos puedan quitarse de encima al gobierno. Pero la presión internacional tiene que crecer, para que Maduro permita las elecciones libres, para que deje la persecución política. No puede haber elecciones solo con la gente que quieran Maduro o Diosdado [Cabello]. Después el pueblo venezolano se encargará de defender esos resultados en la calle.

¿El chavismo que usted describe dependía de una sola persona como Hugo Chávez?

Lamentablemente, sí. Dadas las características de nuestro movimiento político, dependía de Chávez. Definitivamente dependía de Chávez, porque el movimiento bolivariano no era un movimiento que tenía una definición ideológica fuerte, sino que se fue construyendo con él. Y claro, dependía de un equipo cercano a Chávez.

¿Por qué cree que Maduro no quiere dejar el poder? ¿Tiene miedo a lo que pueda llegar a pasar después?

Ellos saben que han cometido tantos crímenes que tendrán que rendir cuenta ante la justicia. Me imagino que ellos quieren lograr una transición como la de Chile, donde se respete su seguridad y su integridad. Pero lo veo muy difícil. Ellos van a tener que irse a otro país, a Cuba o Corea del Norte. No sé. Pero han hecho mucho daño. Es muy triste ver cómo esta gente ha convertido un sueño hermoso, como el chavismo, en una pesadilla.

¿Y qué responsabilidad tienen ustedes, como un sector diferente dentro del chavismo, en no haber podido evitar esta situación?

No se pudo. Traté de hacerlo. Fui al congreso del partido en 2014 para decir que estamos ante una situación compleja, que había que tomar un conjunto de medidas, pero no había discusión. Después de mi intervención en este Congreso, fui destituido de Pdvsa y enviado a Cancillería. Fui sacado del país. Todo el que intentaba llevar una discusión, lo iban metiendo preso. No hubo manera. No pudimos reaccionar a que se estaba generando un grupo que asaltó el poder muy rápido.

En las últimas elecciones presidenciales de Perú, Marco Sifuentes, de 43 años, periodista y director de La Encerrona, uno de los 10 podcast de actualidad más escuchados del país, entrevistó a 17 de los 18 candidatos a presidente. Pero uno le llamó la atención por la poca capacidad y falta de carisma: Pedro Castillo. “Era el peor de todos, el menos preparado”, dice el autor de Perú Bizarro, libro publicado a mediados de este año, que revisa el enredo de la política peruana de las últimas décadas.

Castillo enfrenta este miércoles un nuevo intento de la oposición en el Congreso por destituirlo del cargo. El argumento legal es la “permanente incapacidad moral”, basada en las sospechas de corrupción que rodean al presidente, si bien solo han transcurrido 16 meses desde que llegó al poder. “A horas de debatirse una nueva moción de vacancia [equivalente a una moción de censura] en mi contra, me presento para ratificar una vez más que no soy corrupto ni mancharía jamás el buen apellido de mis honestos padres”, dijo Castillo este martes.

La decisión del Legislativo, que contó con el voto de 73 congresistas, inicia la tercera moción de vacancia contra el presidente. “Tanto el Congreso como Castillo tienen el dedo en su respectivo botón nuclear. El Congreso, en la moción de vacancia y Pedro Castillo, en la posibilidad de disolver el Congreso. Los dos han puesto su dedo encima”, dice Sifuentes.

Pedro Castillo enfrenta este miércoles su tercer pedido de destitución en el Congreso. ¿Qué cree que puede llegar a pasar?

Hasta la semana pasada, pensaba que la oposición no tenían los votos. En especial, si tenemos en cuenta que este es su tercer intento de pedido vacancia presidencial y que en los dos anteriores la oposición fracasó. En el primero, de manera rotunda. En el segundo, quedó a medio camino. Y en este tercer intento, el pedido de vacancia llegó al Congreso incluso con menos respaldo que la vez anterior. Por eso, todo indicaba que tendríamos una nueva derrota del Congreso. Pero en estos últimos días han tenido lugar una serie de movimientos que creo que ponen el resultado en duda.

¿Cuáles son esos movimientos?

Hay varios elementos, pero dos se destacan sobre el resto. En primer lugar, cada vez son más las denuncias de corrupción en contra del presidente, incluso las que llegan desde el mismo entorno de Castillo. Este fin de semana, una empresaria ha denunciado que alguien del entorno presidencial le había pedido más de un millón de dólares en sobornos. En segundo lugar, Castillo ha cometido el error de forzar el voto de confianza, un un mecanismo por el cual el gobierno le pide confianza al Congreso pero, si el Congreso se la niega dos veces, el Ejecutivo está habilitado a disolver el Congreso, algo que pasó con Martín Vizcarra [presidente de 2018 a 2020].

¿Le parece que la dinámica política en Perú se ha vuelto repetitiva?

Llevamos varios años en crisis. Esta es la séptima moción de vacancia presidencial en cinco años. En el medio hemos tenido cinco presidentes en cinco años y también una disolución del Congreso. La cuestión de la confianza ya se había usado antes para disolver el Congreso. Mientras tanto, el Congreso cambió la ley para protegerse, para complicar la disolución del Legislativo. Sin embargo, el Gobierno ha hecho caso omiso a esa ley, está haciendo como si esa ley no valiera, dice que ya disparó una de las dos balas de plata, mientras que el Congreso dice que no han disparado ninguna. Es evidente que Gobierno lo que busca es disolver el Congreso.

¿El Gobierno pide el voto de confianza después de la renuncia del último primer ministro?

Sí, efectivamente. Por eso renunció el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que ha sido el principal consejero jurídico de Castillo en estos meses. El presidente presenta la cuestión de confianza en el Congreso, que no se la admiten bajo el argumento de que no sigue el procedimiento regular. Pero Castillo, en lugar de considerar que no ha sido admitida, dice que ha sido negada. Entonces, al haber sido negada, se considera esta bala de plata ya disparada. Ahí está la sutileza del derecho. Esa ha sido la jugarreta legal que encontró Castillo.

Parece como si todos los políticos en Perú, desde los distintos sectores del Gobierno y en la oposición, estuvieran jugando a forzar al extremo la interpretación de las leyes para hacer política...

Sí, creo que lo has descrito muy bien, porque técnicamente no están saliendo de la ley. Si bien el Ejecutivo ha cruzado la línea. Pero hasta ese momento, todos habían jugado muy duro al borde de la tarjeta amarilla, a tal punto que están respetando la Constitución actual. En su afán de protegerse a sí mismo, la oposición también ha tirado al tacho la Constitución varias veces. Es la séptima moción de vacancia presidencial desde el año 2018. Esto no es normal, no lo es, sino que es absolutamente desestabilizador. Pero por otro lado, tienes al Gobierno que acaba de nombrar a su ministro número 81 en menos de un año y medio. Hay una estadística que dice que Pedro Castillo cambia de ministros cada seis días.

¿Esta última moción de vacancia está vinculada a las sospechas de corrupción del presidente?

Sí, efectivamente. Castillo enfrenta decenas de pequeños actos de corruptela, que rodean a sus entornos familiares, a su ciudad natal de Chota, donde opera la llamada “mafia chotana”. Si bien la moción de vacancia está planteada en torno a estas denuncias, la realidad es que lo único que importa aquí son los votos. Es decir, honestamente, no creo que ninguno de los congresistas evalúe las evidencias de corrupción.

¿Todo el arco opositor está a favor de avanzar con la destitución de Castillo?

Eso es parte del drama de la política peruana. Hay una oposición de la derecha más dura, que se autodenomina “bloque democrático”, que está a favor de la vacancia. Luego tienes el sector del Gobierno, con sus cinco diferentes ramificaciones, que están en contra. Y en el medio, tienes a agrupaciones que algunos llaman de centro pero que en realidad no tienen ningún tipo ideología, que son partidos que se constituyen como franquicias y responden a líderes locales o a millonarios, que son las que pueden definir una votación. Tal es el caso de Acción Popular, que nunca se sabe realmente que va a pasar con él, por dónde va a votar, ni qué piensan sus integrantes.

¿Es posible un autogolpe de Estado, al estilo Alberto Fujimori en 1992, en donde el Ejecutivo disuelva el Congreso?

Yo creo que no hay nada imposible en el Perú. Todo lo que creía imposible en el Perú del siglo XXI, en la era post-Fujimori, pues ha sido expulsado por la ventana. Entonces, puede ser posible. Que sea exitoso es otra cosa. Pero da la impresión de que Castillo está dispuesto.

El ministro de Defensa de Perú, Daniel Barragán, presentó este sábado su renuncia a una semana de haber sido ratificado en el puesto. ¿Qué muestra esta decisión?

La renuncia del ministro responde a que el presidente le habría pedido a Barragán tantear los ánimos de las Fuerzas Armadas respecto de un cierre del Congreso para saber qué harían ellos, según fuentes a las que accedió La Encerrona. Pero parece que las Fuerzas Armadas no están de acuerdo en ser utilizadas políticamente. El ministro ha renunciado por eso. La situación se ha puesto bien grave.

¿Este clima se percibe a nivel social como una parálisis de la política?

Sí, eso está clarísimo. Por ejemplo, ahora mismo el Perú está viviendo su peor sequía en los últimos 50 años pero no hay absolutamente ninguna medida para responder a eso. En Perú vivimos una normalización del caos. Estamos siendo testigos de una degradación paulatina y constante, pero en algún momento va a tener que rebalsar el vaso. ¿Cuándo será?. Nadie lo sabe.

¿Cuál es el mecanismo para destrabar este bloqueo político?

La única salida es que se vayan todos, algo que lamentablemente ya pasó en el Perú. Ya tuvimos un momento así, cuando Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso. En un mundo perfecto, la salida sería hacer unas reforma política, con candados suficientes al sistema, para que no volvamos a entrar en esta espiral en la que estamos metidos desde el año 2016, cuando Keiko Fujimori se negó por primera vez a aceptar un resultado electoral.

¿Para cambiar las normas de la política se necesita una reforma constitucional?

No necesariamente. Hoy la figura en el Perú es la de “vacancia por incapacidad moral”, que es un vestigio de cuando la palabra moral era sinónimo de mental. Hoy esa palabra está en la Constitución pero se ha venido usando no como una evaluación de la moralidad del presidente. El Tribunal Constitucional podría haberlo acotado, pero nadie lo ha hecho, por eso estamos en este lío.

¿Por qué Perú no tiene un estallido social en reacción a esta parálisis de la política?

Yo creo que Perú tuvo su estallido social. El problema es que ha sido en noviembre del 2020, con las protestas contra Manuel Merino [presidente del 10 al 15 de noviembre de 2020]. Pero después todo siguió igual, incluso peor, lo que generó mucho desgano. Por otro lado, cuando la derecha perdió las elecciones en 2016, Keiko Fujimori adoptó un discurso totalmente 'trumpista', una copia descarada de Donald Trump, reclamando fraude. Eso generó que las movilizaciones, en el último año y medio, normalmente están asociadas a ese sector. Por otro lado, muy poca gente está dispuesta a marchar contra el Congreso, porque no quieren que se interprete como un respaldo a Pedro Castillo, que en general ha decepcionado a buena parte de sus votantes. Tanto el Congreso como Castillo tienen su dedo en su respectivo botón nuclear. El Congreso en la moción de la vacancia y Pedro Castillo en la posibilidad de disolver el Congreso. Los dos claramente han puesto su dedo encima.

¿Es Keiko Fujimori la única persona capaz destrabar el bloqueo político?

No lo creo. La verdad es que Keiko tiene demasiados anticuerpos. El anti-fujimorismo es el partido más sólido del Perú. Keiko Fujimori ha perdido tres elecciones, una después de otra, y ha perdido con Pedro Castillo, un muy mal candidato. Mira, yo entrevisté a 17 de los 18 candidatos y claramente Pedro Castillo era el peor de todos, el menos preparado, el que tenía incluso menos carisma. Y aun así ganó, a pesar de sus múltiples errores.

¿Puede el informe de la OEA, presentado en la última semana, incidir en la dinámica política del país?

No creo que la OEA sea un elemento central para la resolución de la crisis que vive Perú. Irónicamente, el informe de la OEA se ha visto favorable al Gobierno. Digo irónicamente porque en el resto de América Latina la OEA se ve casi como un instrumento de la derecha. Pero en el Perú, desde que la OEA avaló las elecciones del año pasado, la derecha lo ve como un instrumento del Gobierno, de hecho ha sido el Gobierno quien invocó la Carta Democrática e hizo que la OEA enviara una misión. Había la expectativa de que no sea así, pero el informe ignoró por completo todas las denuncias de corrupción y se centró en los juegos de poder, en la pelea institucional. Entonces, perdió su capacidad de armar una mesa de diálogo, en la que todos los sectores de la oposición se vean representados.

¿Cómo se imaginas Perú en un año?

Uff [risas]. No puedo decirte ni siquiera qué va a pasar este miércoles. Menos qué va a pasar dentro de un año. Desde hace unos algunos años no hay nada predecible en la política peruana. Estamos en arenas movedizas hace ya varios años. Lo que pudo haber sido una primavera democrática, desde el 2000 hasta el 2016, se acabó.

Para Carlos Manuel Álvarez, periodista de 33 años, radicado en Estados Unidos, como para gran parte de los profesionales cubanos que decidieron salir del país, cada día es una oportunidad para renovar su relación con Cuba desde el exilio. Siempre comprometidos con la política cubana, de lo que se trata es de poder denunciar desde el exterior lo que sucede allí. “Acabo de terminar un libro. Y me he sacado todo. Es un proceso de luto”, dice el escritor cubano, que el año pasado publicó su segunda novela 'Falsa Guerra', sobre el exilio.

Hace una semana se cumplieron dos años de la protesta del 27-N, cuando decenas de artistas se sentaron frente al Ministerio de Cultura para pedir por la libertad de expresión, en protesta por la detención de integrantes del Movimiento San Isidro. Esa manifestación resultó ser la antesala de las movilizaciones del 11 de julio de 2021, las mayores protestas antigubernamentales en las últimas décadas. Hoy, gran parte de los exponentes de las protestas debieron dejar la isla presionados por el Gobierno.

El caso de Abraham Jiménez Enoa es similar. Para el periodista cubano, de 34 años, columnista del Washington Post, el desafío es reinventarse después de salir de la isla y que “Cuba no me consuma”. “Uno empieza a desarrollar una especie de aversión por todo lo relacionado con Cuba por más que uno siga trabajando con el tema”. Para Abraham, ha sido necesario tomar un descanso, pero no para cortar con la isla sino para darle un nuevo lugar en su vida. “Cuando estás adentro, no te das cuenta, pero estás todo el tiempo batallando y uno sale muy cansado. Ahí viene el hartazgo. Esto no quiere decir que uno no quiera saber más nada de Cuba. Todo lo contrario. Pero sí ubicarla en otro lugar, para que no me consuma, incluso en lo profesional”.

El modo traumático en que gran parte de los cubanos dejan la isla –que incluyen amenazas, salidas de urgencia y respuestas intimidatorias por parte del Gobierno– deja secuelas en la vida que tardan en cerrar. También ayuda a crear un molde histórico del exiliado cubano, al que Abraham llama el “exilio recalcitrante”, que se alimenta de la rivalidad con el Gobierno de Cuba y se necesitan mutuamente para seguir existiendo. “Yo no pretendo desmarcarme de ese modelo, simplemente soy distinto. Decidí asumir mi exilio de otra manera”.

Exilio cubano

La idea del “exiliado cubano” es para muchos un “lugar común que asusta”. “Cuando sales al mundo liberal, te conviertes en el testigo del comunismo. Pasas a ser alguien que está destinado a hablar de sus males, desde un lugar de víctima”, dice Carlos Manuel. El reto para la mayoría es crear una vida en la relación con Cuba y más allá de ella. “No tiene espacio para constituirse en sujeto de todas partes. Ya son líneas de sentido que llevan muchas décadas”.

Los profesionales más jóvenes decidieron irse de Cuba sin siquiera saber que estaban dejando la isla para toda la vida, sin posibilidad de volver. Otros lo hicieron presionados por un ultimátum del Gobierno, obligados a salir de inmediato y con lo puesto, para evitar quedar detenidos. Todos ellos se enfrentan a la difícil tarea de construir una identidad más allá de la política cubana, cuando esta parece atravesarlo todo.

Marta, periodista de 46 años, se “muere por volver” aunque no puede. Para Marta es importante diferenciar la distancia que busca reubicar el lugar de Cuba en la vida de un exiliado del “silencio cómplice”. “Es riesgosa la actitud de hastío. Esa actitud de no me importa me parece un silencio cómplice. En un momento clave no se puede seguir en silencio, ni mirando para otro lado. Tiene que haber un proceso de reparación y de justicia”, dice Marta.

Pero son muchos los jóvenes que buscan construir una posición comprometida y un reclamo por las violaciones a los derechos humanos en la isla pero desde otro lugar. “Eso termina por generar un obsesión con el derrocamiento del Gobierno cubano que sí, todos queremos eso, pero la vida va más allá. Si de algo han pecado algunos los activistas cubanos es de haber intentado impulsar los cambios siempre intentados desde una misma vía, una misma estrategia, porque no conocen otra realidad”, dice Abraham, uno de los últimos periodistas independientes en haber dejado la isla.

Cuando Hugo Chávez ganó las elecciones, en diciembre de 1998, Venezuela producía 3.200 millones de barriles de petróleo. Más de dos décadas después, la producción no supera los 717.000 barriles diarios, según el último informe mensual Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Existen múltiples factores que llevaron a la destrucción de la industria petrolera venezolana. “La ineficiencia del Gobierno, que llevó a la pérdida de capital humano, los siete años de recesión y la hiperinflación hicieron que el país se quedara sin recursos para hacer las inversiones que le garantizaran tener una alta producción”, dice el economista José Manuel Puente, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración de Caracas.

Pero Venezuela sigue siendo el país con la mayores reservas petroleras del mundo. Y Chevron es una de las principales empresas petroleras privadas que opera en el país, la única de Estados Unidos. Después de tres años de relaciones suspendidas, que mantuvieron solo extracciones mínimas, el ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, anunció este martes la firma de contratos con Chevron. El acuerdo es posible gracias a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó el sábado pasado a Chevron volver a operar en Venezuela. La decisión llegó después reactivarse la mesa de diálogo, bloqueadas hace más de un año, entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, nucleada en la Plataforma Unitaria Democrática, que derivó en la firma del Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano.

Para Venezuela, la vuelta al diálogo significa recuperar 3.000 millones de dólares bloqueados en el sistema financiero internacional. “El convenio expresa el avance del derecho del pueblo al disfrute de sus activos y recursos, ilegal e injustamente bloqueados, colocando las necesidades sociales en el centro de atención de la Mesa de Diálogo Nacional”, comunicó el gobierno de Venezuela. De los 3.000 millones de dólares liberados, las partes acordaron que los recursos rescatados irán a reforzar el sistema de salud, a reforzar del servicio de energía eléctrica y a mejorar la infraestructura escolar.

Para Estados Unidos, el acuerdo ha sido la puerta de entrada para destrabar la explotación del petróleo venezolano. La respuesta de Washington, desde una posición más pragmática que ideológica, resultó inmediata. Ese mismo día, el Departamento del Tesoro habilitó a la petrolera Chevron a retomar las “operaciones limitadas” de extracción suspendidas hace tres años. Pero el Tesoro explicó que la autorización que emitió para Chevron le impide a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que reciba ganancias por las ventas.

Permisos y restricciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, no tardó en responder. Como si hubiera tenido los documentos preparados de antemano, la misma tarde en que representantes del gobierno venezolano se reunieron con miembros de la oposición en México, emitió la Licencia General de Venezuela 41 que autoriza a Chevron a “reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela”. Habilitación que Chevron confirmó a este medio haber recibido.

Pero el acuerdo autoriza solo las “transacciones normalmente incidentales y necesarias” para actividades relacionadas por parte de Chevron. No a todas. La autorización de “ciertas transacciones” significa que la petrolera estadounidense podrá volver a producir petróleo, a extraer el crudo, a exportar a los Estados Unidos, a comprar e importar a Venezuela bienes o insumos relacionados con las actividades como diluyentes y condensados pero Venezuela no recibirá ningún ingreso de dólares por la venta de crudo, según el comunicado del Tesoro.

Pdvsa mantiene una deuda con Chevron de más de 2.000 millones de dólares. “Chevron no va a pagar hasta no recuperar lo que el gobierno venezolano le debe. Por eso, el acuerdo podría ser un muy mal negocio para Venezuela porque simplemente no podría tener acceso al efectivo. Primero tendrá que pagar sus deudas”, dice Puente. Evidentemente, este acuerdo puede activar una pequeña parte de la producción, que se calcula entre 100.000 y 150.000 barriles diarios, pero el interrogante es si podrá Caracas recibir efectivo por la venta de ese petróleo.

Además, la lista de condiciones impuesta por Estados Unidos continúa. La licencia no autoriza ninguna transacción que involucre a una entidad ubicada en Venezuela que sea propiedad o que esté controlada por una entidad ubicada en Rusia. Los ciudadanos estadounidenses, donde sea que se encuentren, tienen prohibido tratar con bienes de origen iraní, incluidos los diluyentes, tan necesarios para la producción del petróleo venezolano. Por último, esta licencia no levanta las otras sanciones impuestas por los Estados Unidos que siguen vigentes. “Estados Unidos hará cumplir enérgicamente estas sanciones y seguirá responsabilizando a cualquier actor que participe en actos de corrupción, viole las leyes estadounidenses o abuse de los derechos humanos en Venezuela”, según el Tesoro.

Por qué ahora

Las exportaciones de crudo venezolano se detuvieron en 2019 cuando Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, intensificó las sanciones contra Caracas. En primer lugar, lo que cambió ha sido el color político que domina en Washington. Las administraciones demócratas se han caracterizado históricamente por tener posiciones más dialoguistas con países como Cuba o Venezuela.

En segundo lugar, lo que cambió ha sido el mundo. Si bien, Estados Unidos quieren dejar en claro que la decisión no se toma en respuesta a los precios energéticos debido al contexto geopolítico internacional sino en apoyo a la democracia en ese país, el argumento resulta débil. En marzo, inmediatamente después del comienzo de la guerra en Ucrania, una delegación de funcionarios de la Casa Blanca visitó por primera vez en mucho tiempo y manera sorpresiva a Nicolás Maduro para hablar de los precios de los combustibles que empezaban a generar una escalada inflacionaria.

De cualquier modo, Estados Unidos argumenta que los acuerdos responden a que Venezuela ha dado pasos importantes para recuperar la democracia en el país y no al impacto económico negativo de la guerra. “Los anuncios de la Plataforma Unitaria y el régimen de Maduro son pasos importantes en la dirección correcta para restaurar la democracia en el país”, dice el Tesoro. “Estados Unidos saluda y apoya la reapertura de las negociaciones como parte de nuestra política de larga data de apoyar la restauración pacífica de la democracia, elecciones libres y justas y el respeto a los derechos y libertades de los venezolanos”.

Tercero, ha cambiado la correlación de fuerza entre las distintas expresiones de la oposición venezolana, dividida en dos bloques. Uno más renuente a negociar con Maduro, representando por Juan Guaidó y Freddy Guevara de Voluntad Popular, y otro más dialoguista, como el que representa Gerardo Blyde, que buscan destrabar la situación mediante acuerdos. “La oposición es la cara visible que pone Estados Unidos para poder negociar con Maduro. Maduro no negocia de frente y de manera pública con Estados Unidos, si bien han tenido algunas reuniones privadas”, dice el economista Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera de Caracas.

Por último, si bien la explotación de petróleo ha caído, no se detuvo y encontró canales ilegales de circulación. Por eso, la licencia dice que pretende cambiar “las ventas de petróleo de canales ilícitos y no transparentes a canales transparentes y legítimos”. La petrolera estadounidense Chevron consideró este sábado que la licencia recibida por parte de Estados Unidos para operar en Venezuela añade transparencia al sector petrolero de ese país.

Impacto en la economía global

Dentro de Venezuela, la habilitación no solo no permitirá acceder al dinero que necesita el gobierno para destrabar la delicada situación económica que vive el país, sino que tampoco se traducirá en grandes inversiones. “Chevron no tiene interés en invertir entre 10.000 y 20.000 millones de dólares en Venezuela. Para recuperar la capacidad de producción perdida se requiere tiempo y dinero, y eso parece que no está planteado bajo ningún escenario”, dice Puente.

En la economía estadounidense, el efecto es limitado. “La cantidad de barriles es demasiado pequeña, no creo que vaya a impactar en el gigantesco mercado estadounidense, si bien es un paso”, dice Sutherland. Venezuela ha sido, en los años previos a la llegada de Chávez, el mejor socio comercial que tuvo Estados Unidos como gran proveedor de petróleo. En este momento, Estados Unidos se mueve con gran pragmatismo para atender un problema global en un mundo en guerra.

Tampoco es evidente que el acuerdo entre Chevron y Caracas pueda llegar contener la subida inflacionaria en Estados Unidos. “Los precios de los combustibles han estado bajando por otras dinámicas. Venezuela podría contribuir, pero marginalmente porque ya no es un jugador importante en el mercado petrolero mundial”, dice Puente.

En el plano global, la incidencia también es acotada. “Frente a los 10 millones de barriles que produce Rusia o Arabia Saudí, un país que produce 700.000 barriles termina siendo marginal dentro del mercado global de combustibles de gasolina”, dice Puente. “El acuerdo de Chevron con Venezuela va a generar un efecto, pero yo diría que es marginal. Lamentablemente para Venezuela, para Estados Unidos y para el mundo”.

“Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina”, dijo la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. No es la primera vez ni será la última que un gobierno busque esquivar las críticas detrás del brillo del Mundial. “Hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer la gran diferencia”, dijo la ministra en la semana previa al primer partido de Argentina en Qatar que terminó en una inesperada derrota ante Arabia Saudí.

Después de unas tímidas disculpas por parte del Gobierno, donde OImos explicó que no quiso decir que iba “a estar un mes sin hacer nada” sino que se refería a la importancia “que significaría anímicamente para las y los argentinos” que la selección argentina salga campeona, la pregunta es ahora cuánto puede llegar a incidir un buen resultado en el ánimo de una sociedad con una pobreza que roza el 40% y una inflación interanual del 88% y que podría llegar al 100% en diciembre.

Mientras que solo el 11% de los argentinos dice estar satisfecho con la marcha general de las cosas, el 77% considera que un buen resultado en el Mundial podría influir en el humor social, según la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. Si el desempeño de la selección argentina puede o no servir como placebo en una economía agonizante dependerá de la percepción social.

Las condiciones macroeconómicas, en especial las crisis económicas, impactan en el bienestar de las personas. “En los países con alta tasa de inflación, la sociedad no puede planear su vidas, pierde el control sobre la situación, donde la inseguridad financiera juega un papel central en contra del bienestar”, dice Lucía Macchia, investigadora en el Centro de Investigación de Bienestar de la Universidad de Oxford, especialista en el análisis de la influencia de la macroeconomía en el bienestar de las sociedades latinoamericanas.

En medio de un clima de creciente malestar económico, los argentinos intentan buscar en alegrías más pequeñas e inmediatas un consuelo para una tristeza más estructural. Pero una dosis de entusiasmo no mejora el problema. “Esta cuota de alegría que puede aportar el Mundial, además de superficial es corto plazo. El efecto de la inflación en el poder adquisitivo de las personas, gane o no gane Argentina, va a seguir siendo el mismo”.

Una distracción

Para Macchia, más que una dosis de optimismo, el Mundial es la “distracción” necesaria para generar una sensación de alivio pasajero. “El Mundial puede desviar la atención a algo positivo, que tiene a su vez un gran efecto anticipatorio, uno disfruta mucho más de la preparación del evento, que del partido en sí. Eso lleva a una ilusión que alimenta el optimismo”.

En ese contexto, el alto índice de desaprobación del Gobierno de Alberto Fernández, con el 76% de imagen negativa, podría encontrar en el campeonato del mundo la solución a la capa exterior de sus problemas. Sin embargo, solo un 22% cree con firmeza que si Argentina gana el Mundial aumentará el bienestar general de la gente. Lo que tampoco quiere decir que, incluso ante una eventual victoria de Argentina en la final, el Gobierno pueda conseguir renovar por cuatro años más en 2023.

El 56% encuentra poca o ninguna relación entre el resultado del Mundial y las próximas elecciones presidenciales. Entre los libertarios, vinculados con la extrema derecha de Vox en España, el 69% está en desacuerdo con la idea de que el resultado podría influir en las próximas elecciones. Mientras que, para los votantes del gobernante Frente de Todos, ese número baja al 59%.

En definitiva, la percepción de que el rumbo de las cosas en el país irá mejor a raíz de un evento externo como puede ser un buen resultado en el Mundial, solo sirve para aquellas personas que no tienen las herramientas básicas para evaluar la situación económica. “Un economista, así como un representante del FMI, seguirá pensando lo mismo. Lo que puede cambiar es la percepción popular”, dice Macchia.

El próximo partido

De cualquier modo, las cosas no anduvieron bien el primer partido. Y una derrota en el partido inaugural, para una sociedad marcada ya por las preocupaciones, impacta más en el humor social que si el resultado hubiera sido positivo. “La derrota en el primer partido de Argentina va en contra del optimismo general anticipatorio. La insatisfacción de este resultado negativo es mucho mayor que la satisfacción que hubiésemos tenido si el resultado era positivo”, dice Macchia.

Los argentinos buscarán en el partido del sábado contra México una dosis de optimismo que, hasta ahora, ni los números de la economía ni el comienzo del Mundial han logrado garantizar.

“Si tu abuelo estuviera vivo, ve que te hiciste 'menemista' y se muere de vuelta”. Ese es el mensaje de WhatsApp que Felipe, de 18 años, estudiante de la carrera de Tecnología Digital, recibió de su padre después de compartir en redes sociales que se sumaba a las filas del Movimiento Estudiantil del Nuevo Encuentro Mayoritario (MENEM). El acrónimo no es más que la estrategia que encontró un grupo de estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella para llevar un nombre propio como sello de su organización política, algo que no está permitido por la universidad. Pero además, en Argentina, ese apellido pesa.

Carlos Saúl Menem, presidente entre 1989 a 1999, se convirtió en símbolo de las políticas ortodoxas y del plan de convertibilidad, que equiparó un peso a un dólar, para frenar la hiperinflación que en 1989 superaba el 3.000%. En el plano político, Menem inauguró la cara neoliberal del peronismo. Fueron en esos años, que la clase media alta vivió la euforia de consumo y los viajes a Miami. Pero también, la aspereza del endeudamiento y el crecimiento de la pobreza.

“Menem es un nombre prohibido, admirado en secreto y latente en todo el espectro político”, dice el documento de la agrupación estudiantil, donde la estética moderna con guiños a la extrema derecha global están presentes. El retorno de estas ideas responde a la profunda crisis económica que vive el país desde hace más de media década. La inflación interanual del 88%, que podría cerrar este año por encima del 100%, alimenta una pobreza que alcanza al 40% de la población. En simultáneo, crecen los “trabajadores pobres” que, a pesar de tener más de un empleo, no llegan a cubrir el costo de vida del mes.

“La recuperación de la era de Menem tiene que ver con los problemas que éste vino a 'resolver', que son muy parecidos a los que tenemos ahora”, dice Pablo Touzón, politólogo y autor del libro Qué hacemos con Menem. “La sombra del 'menemismo' crece a la luz de las experiencias fallidas. No solo del actual gobierno peronista sino del anterior, de Mauricio Macri, que coinciden en no haber podido encontrarle una salida a la perenne crisis económica que vive Argentina”.

A un año de las elecciones presidenciales, el diputado libertario Javier Milei, con vínculos con la extrema derecha de Vox en España, paso a ser el nuevo protagonista de la política argentina. En las elecciones legislativas del año pasado, Milei se convirtió en novedad después de conseguir el tercer lugar, con el 16% de los votos, en la ciudad de Buenos Aires. A pesar de ser nuevo en la competencia electoral, Milei se consolida con una imagen positiva a nivel nacional del 42%, según la consultora Zubán Córdoba.

En las elecciones pasadas, Felipe votó a Milei. Igual que la mayoría de los estudiantes que integran su agrupación política. Pero ellos no son la excepción sino parte de una tendencia política. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, Milei es el político mejor valorado, con 57,3% de imagen positiva. Mientras que, a medida a crece la edad de los consultados, decrece su adhesión, según datos de la consultora Trespuntozero.

El caos como método

“Yo me acerqué a la política en sexto grado, cuando tenía 12 años, siempre quise dedicarme a la política. Desde chiquita iba a 'cacerolear' [modo de protesta] en el balcón. En ese momento, decidí que iba a dedicarme a la política”, dice Olivia, de 18 años, estudiante de Relaciones Internacionales, sentada en una mesa de Pizza Cero, tradicional símbolo del consumo de la década de los 90, rodeada por otros siete compañeros de militancia. “Ella es la más 'gorila' [anti-peronista] de todas. Estamos en un proceso de ablande”, dice Facundo, diseñador gráfico de 28 años, sobre Olivia, despertando la risa masiva.

La identificación ideológica les pesa. Entre risas dicen que son de “extrema derecha”. Pero lo que buscan es provocar. Para ellos la división entre izquierda y derecha es cosa del pasado. La pelea es ahora contra la “casta política”, que no es igual a decir “contra la política”. Ellos quieren “más política” para cambiar las cosas. “Si nos dicen que somos de ultra-derecha está bien, no nos incomoda”, dice Ezequiel, estudiante de Ciencia Política, de 19 años.

La experiencia argentina se enmarca en un tiempo donde las identidades políticas parecen haber dejado de representar un sistema de desigualdad basado en la diferencias de clases, como dice el sociólogo François Dubet en su libro La época de las pasiones tristes, por las desigualdades individuales. Para Esteban De Gori, doctor en Ciencias Sociales y investigador en la Universidad de Buenos Aires, estas derechas se suben a un proceso de “individualización radical”. “La individualidad áspera y quemada lidia sola frente a las intemperancias económicas”, dice De Gori.

Para Facundo, extremar la confusión es el método para hacer política. Cuando se le pregunta sobre la volatilidad de sus etiquetas ideológicas contesta: “Lo que queremos es generar caos. Un poco te insultan todos, un poco te celebran todos”. Por eso, “Menem es todo lo que vos quieras que sea”, dice. En momentos de ausencia de brújula política, donde los partidos y líderes tradicionales parecen no dar respuesta, algunos argentinos recuperan antiguas ideas, que combinan con nuevas modos de expresión, para pensar la política. “La consigna de la Argentina de hoy parecería ser: elige tu propia derecha”, dice Touzón.

A diferencia del resto de sus compañeros, Santiago Ravera, de 21 años, estudiante de Economía y presidente electo del centro de estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, calcula cada palabra. Santiago es el único de los ocho que dice que en las últimas elecciones de medio término votó “en blanco”, aunque la confesión suena poco creíble para el resto de sus compañeros, que se miran desconcertados ante la confesión. Si bien no tiene problema en hablar sobre las conversaciones que mantiene con los distintos políticos, Ravera cuida con recelo la libertad que hasta hoy no lo ata a ningún partido.

“En cuanto la elección nacional no hay ningún referente que te pueda decir que lo votaría”, dice Santiago. El estudiante de economía asegura que nadie del espacio político de Mauricio Macri se acercó a felicitarlo por la victoria en la elecciones en las que ganaron la presidencia del centro de estudiantes, mientras sí lo hizo gente cercana a Milei y también un sector peronismo que representa el actual ministro de Economía, Sergio Massa, dirigente del Frente Renovador.

Las identidades políticas que antes daban pudor en Argentina se han convertido ahora en reivindicación. Y eso tiene que ver, para Touzón, con un proceso de cierre del gran ciclo de la recuperación democrática iniciada en 1983. “Después de la masacre de la dictadura, la 'derecha' ha sido durante muchos años mala palabra. Las expresiones culturales fueron casi homogéneamente progresistas, incluso cuando no perteneciesen al mismo partido o movimiento político. Hoy todo eso esta en crisis”.

Los cambios en la tecnología también han jugado un papel en el crecimiento de estas expresiones políticas. Para De Gori, el hecho de que los más jóvenes puedan conseguir un trabajo con una aplicación de móvil, como en el caso de repartidores, conductores o manitas, sin superiores directos y con formas irregulares de empleo tiene “impacto en la mirada que tenemos del Estado, del mundo del trabajo, de las experiencias de la vida cotidiana y hasta del sexo”.  

La palabra maldita

“¡A mí no me corren más! No nos pueden correr más. Ningún 'progre' nos puede correr. Ese discurso 'progre', cínico, no me lo banco más. No más”, dijo el expresidente Mauricio Macri hace unas semanas, en un intento por agitar a sus bases electorales más radicales, ante una audiencia que estalló en aplausos en la presentación de su nuevo libro Mauricio Macri: Para qué.

Todos coinciden en que la radicalización de Macri, presidente argentino de 2015 a 2019, es un elemento relativamente nuevo, que no se vio en su candidatura de siete años atrás. Pero existen distintas explicaciones sobre el fenómeno. Para muchos, este es el “Macri auténtico”, un político que un momento de radicalización del debate público puede mostrarse tal cual es sin que eso implique un costo electoral. Para otros, “Macri actúa”. Lo que busca el expresidente, según estos jóvenes, es resultar una propuesta atractiva a un electorado que le pide dar un paso más hacia la derecha.

La búsqueda de una asociación de lo “progre” como despectivo no se da solo en Argentina sino que acompaña el clima de época. En Estados Unidos, hace unas décadas que la palabra woke ha estado asociada a todo lo que antes podía calificarse de “políticamente correcto”. En sus orígenes en las comunidades negras de Estados Unidos, woke era usado describir a las personas que demandaban una ampliación de derechos sociales a las minorías, según explica The Conversation.

Lo irónico es que en Argentina la palabra “progresista” tiene mala prensa no solo para la centro-derecha y la extrema derecha sino también para una parte de los peronistas, en especial, para los kirchneristas que la aplican como sinónimo de “blando”. Estos últimos, le reconocen al progresismo, que asocian al presidente Alberto Fernández, la ampliación de derechos civiles, como en temas de género y minorías, pero lo desestiman por no enfocarse en lo más urgente. “En un país donde la pobreza es un problema estructural, agregamos a la agenda el lenguaje inclusivo, el documento travesti y trans, pero tenemos 40% de pobres”, dice Victoria Liascovich, de 17 años, militante peronista.

Felipe describe a sus padres como “progresistas”. Pero el progresismo para Felipe no lo representa el gobierno peronista del Frente de Todos, del presidente Alberto Fernández. Mucho menos los partidos de izquierda. Para Felipe el “progresismo” es Juntos por el Cambio, la coalición política de centro-derecha que llevó a Mauricio Macri a la presidencia. En especial, Felipe hace referencia al alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, posible candidato a presidente en 2023.

En una vereda distinta está Valentino Díaz Fontau, estudiante de Derecho, coordinador nacional de Estudiantes Organizados. Para Valentino, que se define de “centro-derecha tendiente al verdadero liberalismo”, las posiciones más radicales ganan terreno entre los más jóvenes por el hartazgo de escuchar un discurso viejo desde el Gobierno. “Los discursos se repiten y eso empieza a aburrir. El kirchnerismo tiene pocos puntos, que los repitió en bucle por años. Mientras que la sociedad y la economía cambian diariamente, no puede ser que el discurso kirchnerista no lo haga. Por eso, hoy pagan ese error”.

Valentino tiene en claro que su discusión no debe ser con los sectores llamados libertarios sino con el kirchnerismo. “No creo que esta novedad liberal le haya sacado a la juventud de Juntos por el Cambio su grueso de militancia”, dice.

Las otras juventudes

“No es una opción llorar a un costado por el crecimiento de la derecha. No se trata tanto de ver cómo crecen sino saber cómo responder, qué modelo alternativo estamos planteando otro tipo de juventudes”, dice Victoria Liascovich, de 17 años, presidenta del centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, una institución pública donde conviven con el Frente contra la casta, que usa la figura de Javier Milei como logo, y La Maslatón que se definen como “peronistas de derecha”.

“Yo no siento que ahora el Gobierno ofrezca una alternativa mejor. Listo, crecen por eso”, dice Victoria quitándole drama al asunto. Victoria es militante peronista en un la agrupación independiente Hierba Mala y tiene una mirada abierta y estratégica sobre el fenómeno. “Me parece que cuando un pibe se acerca a estas ideas tiene que ver con una desilusión constante y la necesidad de dar una respuesta. No estrictamente porque su ideología sea de derecha o conservadora”, dice.

Para ella es importante que estos jóvenes se organicen en agrupaciones y formen parte del sistema político. “No sentirse identificado con nadie, ser anti-todo, es muy oscuro. Por eso, celebro que estén organizados, es importante que se agrupen, que defiendan a Javier Milei, que nos expliquen por qué apoyan a Milei, por qué están con Bolsonaro. De ese modo, dejan de ser un 'loco suelto de Twitter', tienen que argumentar sus posiciones”.

Tener a los sectores más radicales jugando con las reglas de la política incentiva la responsabilidad de estos sectores, que pasan a ser parte del debate público de manera abierta. “Me parece muy productivo que existan agrupaciones orgánicas de derecha, no porque coincida con ellas, sino porque es importante dar la discusión y que formen parte del escenario político porque desde el tweet anónimo y el bot no sirve de nada”.

Para Victoria, mientras el peronismo no pueda dar una respuesta a la grave crisis económica que vive el país, no logrará contener el crecimiento de este movimiento, que combina ideas viejas con nuevos modos de comunicación. Pero tampoco podrán hacerlo los representantes del anterior Gobierno. “Entiendo la bronca que hace crecer a la derecha. No comparto la respuesta. Pero la entiendo”, dice Victoria.

El regreso de Luiz Inácio Lula da Silva inaugura una nueva etapa en América Latina mientras varios líderes del centro-izquierda recuperan el poder en la región. En el último año, el candidato del Partido de los Trabajadores ganó las presidenciales en Brasil, Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia y Gabriel Boric llegó a La Moneda en Chile. Las cinco principales economías de la región, con Argentina y México incluidas, estarán a partir del 1 de enero administradas por gobiernos que se identifican con la izquierda.

Pero este nuevo momento de América Latina poco tiene que ver con la primera oleada hacia la izquierda en la región. El mundo cambió, la situación económica es otra, la inflación erosiona a los gobiernos y a los partidos. La subida del gasto público, que le permitió ganar popularidad y votos a los líderes en una primera etapa, ofrece riesgos cuando la inflación escala. La incapacidad del Gobierno peronista en Argentina de contener la galopante inflación, que ya supera el 83% interanual, es muestra de ello.

Para hablar de nuevo ciclo de izquierda es necesario que exista una convergencia entre los intereses y coincidencia en las acciones. “Los hechos electorales no parecen suficientes para determinar la orientación y las acciones posteriores de un Gobierno”, escribió Manuel Canelas, ministro de Comunicación de la Bolivia de Evo Morales entre 2015 y 2020, en este artículo. Para Canelas, las victorias electorales no son un indicador suficiente para hablar de un segundo ciclo progresista en la región. Habrá que esperar a ver qué hacen, o hasta dónde pueden, una vez en el Gobierno. “Un hecho electoral no es suficiente para sostener afirmaciones ideológicas rotundas”, dice el exministro de Evo Morales con la mirada puesta en Bolivia.

El caso más evidente de la incapacidad de cambio que la izquierda afronta en la región queda en evidencia en el Gobierno de Pedro Castillo en Perú, que además de ser resbaladizo a las etiquetas ideológicas, no ha podido hacer más que esquivar pedidos de destitución en casi dos años de mandato. Una situación de inmovilismo que también vive Argentina, donde el Gobierno de Alberto Fernández, un peronista moderado que llega al último año de gobierno muy debilitado, parece no hacer más que tiempo a una llamada a nuevas elecciones.

Alianzas electorales de izquierda a derecha

La conformación de grandes alianzas electorales amplias, así como vastos acuerdos interpartidarios en el Congreso, para poder ganar una elección no hace más que moderar a los gobiernos. La pregunta ahora en Brasil es hasta dónde podrá Lula. No solo por el peso del sector cercano a Jair Bolsonaro en el Legislativo sino por las tensiones internas. Lula ganó las elecciones gracias una alianza de 10 partidos, que van desde el centro-derecha a la izquierda más radical, con innumerables respaldos personales de líderes políticos, como el de la tercera candidata más votada, Simone Tebet, del mismo partido de centro-derecha que el expresidente Michel Temer, al que Lula llama “golpista”.

Excepto por los casos de Colombia y Chile, países que no vivieron el primer momento con la intensidad de sus vecinos, el resto de los nuevos gobiernos de izquierda que vuelven al poder llegan sin el empuje social de las calles de ese primer momento. Si algo ha debilitado la narrativa de “golpe parlamentario” en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016, esto ha sido que ni los propios militantes del PT salieron a las calles de manera masiva y organizada en ese momento, como sí en otras épocas, a demostrar el rechazo al nuevo gobierno. “Un Gobierno de centro-izquierda en ausencia de sincronía con un amplio movimiento social activo, es un gobierno meramente administrativo de cambios precedentes, defensivo de antiguos derechos”, explicaba el expresidente de Bolivia Álvaro García Linera en esta entrevista.

División

Es una izquierda que se presenta divida. La supervivencia de Nicolás Maduro en Venezuela, así como Daniel Ortega en Nicaragua, por medio del uso de la fuerza y la conformación de regímenes autoritarios, divide al progresismo en América Latina. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha mostrado más de una vez su condena a la violación a los derechos civiles y políticos en estos países, aportando un poco de aire fresco a la izquierda latinoamericana.

Sin embargo, para líderes como la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente Evo Morales y posiblemente Luiz Inácio Lula da Silva no es posible ni siquiera imaginar una condena pública a estos países. Las supervivencia de las izquierdas autoritarias en América Latina no hacen más que debilitar la unión entre los distintos gobiernos progresistas en la región. En el primer momento, el bloque era mucho más compacto.

Además, “la segunda marea rosa parece más verde que la primera”, como dice Oliver Stuenkel, doctor en Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas. Si bien presidentes como Gabriel Boric o Gustavo Petro han buscado “reforzar sus credenciales ambientales” y se espera que Lula siga este camino, líderes como Rafael Correa, Evo Morales o Cristina Kirchner, que han defendido políticas extractivistas, ahora no suelen hacer referencias al tema.

Derecha más organizada

Del otro lado, la derecha dentro de cada uno de estos países está mucho más organizada que hace 20 años. A principios de este siglo, los primeros líderes de izquierda tomaron por sorpresa a los exponentes de los partidos que se vieron sorprendidos por victorias electorales contundentes. Pero ahora, los candidatos conservadores han aprendido a desplegar un discurso popular y atender ciertas demandas urgentes, en definitiva, a ganar elecciones. Y además, este nuevo momento está caracterizado por la emergencia de las expresiones de extrema derecha y libertarias, que consiguen traducir en votos el descontento social y llegando a interpelar, incluso mejor que las izquierdas, el inconformismo de esta época.

La radicalización por la derecha del electorado no responde tanto a una preferencia ideológica sino más bien al descrédito de toda la política. Bolsonaro, el hombre sin partido, el presidente que no ha hecho más que desprestigiar las instituciones y las organizaciones políticas, consiguió este domingo seducir al 49% de los brasileños. Es decir, muchos de esos viejos moderados, incluso los tradicionales izquierdistas, han votado a un candidato de extrema derecha.

El presidente Jair Bolsonaro, de 67 años, siempre ha sido un caso excepcional en la política de Brasil. Hace cuatro años, cuando llegó al Planalto, lo hizo sin ninguna experiencia previa en el Ejecutivo. No había sido ni gobernador, ni alcalde, ni ministro. Tampoco presidente de ningún partido. Era un político marginal, identificado con el “bajo clero”, un sector de representantes en el Congreso que integran partidos muy pequeños que responden a intereses locales o incluso personales. Bolsonaro tenía como única experiencia sus años en el Congreso. Este domingo, ha sido derrotado por Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones.

Si bien consiguió instalarse como outsider de la política, en el momento de presentar su primera candidatura estaba cumpliendo su séptimo mandato como diputado federal. En sus casi 30 años en la Cámara de Diputados, Bolsonaro se dedicó a adoptar un discurso agresivo, violento y misógino, que no le impedía apoyar parte de las propuestas presentadas por el PT en el momento en que Lula estaba en el gobierno. “Todos tus discursos en el Congreso Nacional, cuando eras diputado y yo era presidente, eran hablando bien de mí”, espadeó el expresidente Lula a Bolsonaro, en el primer debate presidencial para la segunda vuelta.

La llegada de un capitán retirado del Ejército al poder habilitó el primer mandato en democracia de un militar. El anterior oficial en asumir el cargo de presidente fue João Figueiredo, del 1979 a 1985, en pleno régimen autoritario, cuando los brasileños no elegían presidente sino el Congreso y con un bipartidismo diseñado por los militares. Impulsado por esa tradición, Bolsonaro se convirtió en el presidente que desestima los partidos y alimenta la despolitización. De hecho, ha llegado a ser definido como el “presidente sin partido”, una manera de debilitar la democracia. En 2018 se unió al Partido Social Liberal para postularse como presidente, pero lo abandonó en 2019. Dos años después, ante la necesidad de un sello político, se sumó a las filas del Partido Liberal, con el que se presenta a esta elección.

“Bolsonaro era visto en 2018 como un nombre nuevo en las elecciones. Ahora, quienes apoyan a Bolsonaro son expolíticos en Brasil. El presidente les han entregado fondos públicos del llamado presupuesto secreto, un método de transferencia de fondos públicos sin transparencia”, dice a elDiario.es Juliana Dal Piva, autora de El negocio de Jair: la historia prohibida del clan Bolsonaro . “Ante una eventual derrota de Bolsonaro, también pierden estos políticos y los sectores ellos representan. Es un gran juego de poder”, dice Dal Piva, también presentadora del podcast La vida secreta de Jair.

Estructura familiar

Jair Bolsonaro nació en 1955 en Glicério, ciudad del este del estado de São Paulo, pero los primeros años los vivió en Eldorado, una ciudad pobre en el sur del estado de Mato Grosso do Sul. Hijo de una familia de clase media sin formación universitaria, Jair estuvo distanciado de su padre, Percy Geraldo Bolsonaro, hasta los 28 años, según cuentan sus biografías.

En medio de la dictadura militar, Bolsonaro decidió entrar en el Ejército para hacer carrera. En la escuela militar en Río de Janeiro, el actual presidente de Brasil se especializó en paracaidismo. En ese momento, conoció a su primera mujer, Rogéria Nantes Braga, con quien tuvo a sus tres primeros hijos, que están hoy en política: Flávio, senador por Río de Janeiro; Carlos, concejal de Río de Janeiro y encargado de la estrategia de comunicación de campaña de su padre; y Eduardo, el diputado más votado de la historia de Brasil en 2018 y responsable de los vínculos internacionales del presidente.

“Los hijos mayores Bolsonaro entraron en política, puestos por Bolsonaro, para ayudar a su padre construir su poder y también su riqueza financiera”, dice Juliana Dal Piva. Antes de convertirse en político, Bolsonaro solo tenía un auto; 20 años después, Bolsonaro posee 14 propiedades. “Los hijos siguieron el mismo camino que su padre a lo largo de los años. Hoy están siendo señalados como los líderes de organizaciones criminales dentro de las oficinas parlamentarias del clan Bolsonaro”.

Michelle Bolsonaro, tercera esposa de Jair Bolsonaro, ha cumplido un papel central en esta campaña. El objetivo de la primera dama, fiel evangélica en la Iglesia Baptista Actitud, en las afueras de Río de Janeiro, se centró en suavizar la imagen del presidente y acercar el electorado de las mujeres evangélicas que desconfían en el presidente.

La indisciplina como método

En sus tiempos en la escuela militar, un coronel superior llegó a definir a Bolsonaro como alguien que “tenía permanentemente la intención de liderar a los oficiales subalternos”, según cuenta el periodista Rodrigo Vizeu, en el episodio dedicado a Bolsonaro de su serie documental Presidente da semana.

En 1986, Bolsonaro ganó protagonismo cuando publicó un artículo donde pidió un aumento salarial para los militares, lo que lo llevó a pasar 15 días en prisión. “Corro el riesgo de ver mi carrera como militar devoto seriamente amenazada, pero la imposición de la crisis y la falta de perspectiva que enfrentamos es mayor”, escribió en una nota de opinión, publicada en Veja, con el título El salario está bajo.

Después de la tensión desatada en el Ejército, Bolsonaro decidió dejar las Fuerzas Armadas y entrar en política. Fue la rebelión interna la que le permitió ganar visibilidad. Bolsonaro salió del Ejército en 1988, año de la nueva Constitución, cuando Brasil empezaba el proceso de democratización a partir de la elección de presidentes civiles elegidos por el voto popular directo.

Ese año fue elegido concejal de Río de Janeiro, por el Partido Demócrata Cristiano, donde consiguió su primer cargo electoral. En 1989, respaldó la candidatura a la presidencia del primer presidente en enfrentar en proceso de juicio político en el Congreso, Fernando Collor de Mello. Dos años más tarde, Bolsonaro acompañó el proceso de impeachment abierto contra Collor y resultó electo diputado federal por el estado de Río de Janeiro.

Bolsonaro ha hecho de la indisciplina su estilo en la política. “En el espíritu del Bolsonaro que se convirtió en presidente estaba en el Bolsonaro capitán”, dice Carol Pires en el documental sonoro de Jair Bolsonaro, Retrato Narrado. En el presidente siempre ha estado presente la “voluntad de ser parte de una orden, incluida el impulso de subvertir esa misma orden”, dice Pires.

En estas elecciones, Bolsonaro ha cuestionado de manera constante el sistema electoral. El presidente busca replicar la estrategia narrativa del “fraude electoral”, siguiendo los pasos de su aliado político, el expresidente Donald Trump. En un primer momento, mediante críticas infundadas a las urnas electrónicas, en vigencia desde 1996, las mismas que le permitieron ganar la elección en 2018 y conseguir una mayoría en el Congreso en la primera vuelta del 2 de octubre pasado.

En un segundo momento, mediante las denuncias por supuestas faltas de garantías en la difusión equitativa de la publicidad oficial en las radios de la región Norte y Nordeste, donde el expresidente Lula tiene más apoyo. La denuncia, después de haber sido evaluada con las pruebas presentadas por el partido, fue desestimada por el Tribunal Superior Electoral, por tratarse de la transición en streaming, donde las reglas de promoción oficial no rigen.

La estrategia para ganar

El discurso radicalizado, la poca visibilidad pública y la ausencia de estructura de partido hacían de Bolsonaro un candidato improbable de llegar a la presidencia. Pero la monumental causa de corrupción de Lava Jato alteró la lógica de la política en Brasil y permitió que un marginal del poder como Bolsonaro pudiera llegar a la presidencia. Por primera vez en 20 años, el Partido de los Trabajadores perdió una elección presidencial.

“Nos estamos embarcando en una situación autoritaria”, decía el historiador Boris Fausto a Rodrigo Vizeu en 2018. “Mi temor es que se naturalice esta situación, que se torne normal”. Después de cuatro años, Bolsonaro insiste en poner en duda la legitimidad del proceso electoral, en base a una campaña alimentada por la desinformación.

En estos cuatro años, Bolsonaro ha sido el responsable de un política sanitaria que dejo más 688.000 muertes, según los últimos datos recolectados por el consorcio de medios, encargados del registro paralelo que contrasta los datos oficiales que presenta el Gobierno. Esta iniciativa surgió en respuesta a las amenazas de Bolsonaro de “retener datos, retrasar boletines sobre la enfermedad e interrumpir la divulgación de los totales de casos y muertes”, dice Folha.

En medio de una delicada crisis económica que golpea a los principales países del mundo, la gestión económica de Bolsonaro, sobre todo en los últimos meses, ha sabido contener la inflación con políticas de intervención, contrarias a la escuela ortodoxa de su ministro de Economía, Paulo Guedes.

La principal ha sido la reducción en el precio de los combustibles, a través de la regulación de precios desde Petrobras. La decisión electoralista sobre la petrolera estatal, le costó la renuncia de tres presidentes de la compañía pública, esa que el presidente dice que intentará privatizar. “Di luz verde para discutir la privatización de Petrobras el próximo año”, dijo Bolsonaro en agosto en una entrevista en Jovem Pan.