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La Justicia brasileña apunta a un dirigente clave del bolsonarismo por el asalto golpista

Anderson Torres, exministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro entre 2019 y 2022.

Eleonora Gosman

Sao Paulo —
11 de enero de 2023 11:26 h

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Las autoridades judiciales de Brasil han ordenado la detención de altos cargos públicos después del asalto golpista de Brasilia. El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes decretó este martes prisión para Anderson Torres, exministro de Justicia de Jair Bolsonaro que desempeñó durante la primera semana de enero el cargo de secretario de Seguridad de Brasilia.

El dictamen remite a una violación del Estado democrático de derecho y responde a una petición procedente del abogado general del Gobierno, Jorge Messias, quien acusó a Torres de “facilitar” los hechos de vandalismo en los edificios públicos.  Según los medios brasileños, esta es la primera decisión judicial que apunta a estrechar el cerco al expresidente, cuyos bienes ha pedido bloquear la Fiscalía brasileña.

El pasado viernes, Torres viajó con su familia a Orlando, donde también se encuentra Bolsonaro, de quien fue un fiel aliado. Torres intentó defenderse el domingo en una declaración al diario Folha de Sao Paulo. “Es la primera vez que me tomo vacaciones en mucho tiempo, y las venía planificando de hace tiempo”, dijo. Para despegarse del exmandatario y borrar las conjeturas de su complicidad en los asaltos contra el Palacio del Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo Federal (STF), Torres señaló: “No vine a Estados Unidos para encontrarme con Bolsonaro. No lo vi en ningún momento porque estoy de vacaciones con mi familia. No hubo participación de mi parte en lo sucedido”. 

Dice que volverá a Brasil

Torres afirmó este martes que retornará al país para entregarse a la Policía. “Recibí la noticia de que el magistrado Alexandre de Moraes determinó mi prisión y autorizó el allanamiento en mi residencia. Tomé la decisión de interrumpir mis vacaciones y volver a Brasil para presentarme ante la Justicia y defenderme”, dijo en su Twitter.

La celeridad en el dictamen judicial obedece a las sospechas manifestadas por el magistrado con relación a las responsabilidades de Anderson en los ataques perpetrados en la Plaza de los Tres Poderes en el Distrito Federal.

Según vídeos divulgados por la prensa brasileña, algunos policías subordinados al despacho de Torres se quedaron mirando mientras los grupos extremistas invadían las instalaciones públicas y hasta tomaron fotografías del momento con sus teléfonos.

Torres tiene un largo historial de apoyo directo a Bolsonaro, cuando el expresidente procedió a denunciar un presunto fraude en el proceso electoral por cuenta de las urnas electrónicas. Como ministro de Justicia, fue blanco de una investigación del Tribunal Superior Electoral, por diseminación de mentiras contra los resultados de los comicios de octubre pasado.

“Las instituciones irán a castigar a todos los responsables”, dijo el juez Moraes, incluidos, según señaló, “aquellos que financiaron e incentivaron la movilización destructora, por acción y omisión”.

Torres fue cesado del cargo de secretario de seguridad por el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien horas más tarde también fue apartado temporalmente de sus funciones, por orden del propio De Moraes, por su supuesta omisión a la hora de detener a la horda bolsonarista.

Arrestado el excomandante de la Policía

El mismo juez que ordenó la prisión de Torres también dictó el arresto del excomandante de la Policía Militar de Brasilia Fábio Augusto Vieira, efectuada este martes, en respuesta a una petición de la Abogacía General del Estado.

Se trata de las primeras órdenes de prisión de calado en el marco de la investigación por los actos golpistas. Si bien hubo 1.500 detenciones de bolsonaristas que se encontraban acampados, la mayoría eran personas “comunes”, como admitió la propia Policía al liberar por cuestiones humanitarias a 600 encarcelados, entre ellos ancianos y madres con hijos pequeños. El domingo por la noche, Moraes decidió la prisión de más de 1.000 individuos que desde hace dos meses habitaban en carpas frente al Cuartel General del Ejército. “Tenemos que combatir con firmeza a las personas antidemocráticas, que quieren dar un golpe, a esas personas que buscan implantar un régimen de excepción”, dijo el juez.

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