El Congreso de Perú destituyó este miércoles a Pedro Castillo por “permanente incapacidad moral” después de que decretara la disolución de la Cámara e instaurara un Gobierno de emergencia nacional. La hasta ahora vicepresidenta Dina Boluarte juró a la presidencia ante el Legislativo convirtiéndose en la primera mandataria del país y convocó “a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos”. Mientras tanto, Castillo se encuentra detenido en la sede de la Prefectura de Lima.

Boluarte se desmarcó de la decisión de Castillo y la calificó como un “intento de golpe de estado”. En su mensaje en el Congreso, dijo ser consciente de la “enorme responsabilidad” que le corresponde asumir e invocó al diálogo de las fuerzas políticas. “Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses”, resaltó.

Previamente el anuncio de Castillo provocó la renuncia de miembros del gabinete ministerial y el rechazo de aliados del Gobierno, diputados de izquierda y la oposición, quienes reclamaron orden constitucional.

Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado en el que manifestaron ser “respetuosas del orden constitucional” establecido en el artículo 134 de la Constitución Política del Perú.  “Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”, señalaron y pidieron a la población mantener la calma.

La Defensoría del Pueblo demandó la “inmediata renuncia y puesta a disposición ante las autoridades judiciales por incumplimiento” de la Carta Magna de Castillo y exhortó al Congreso la “conducción célere del procedimiento de sucesión presidencial para asegurar la gobernabilidad y la defensa de los derechos humanos en el corto plazo”.

El presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Francisco Morales, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para “restablecer el orden constitucional” y rechazó “el golpe de Estado realizado por Pedro Castillo, quien ha quebrantado” la ley. En la misma línea se manifestó la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien pidió a la ciudadanía “mantenerse vigilante en defensa del estado democrático y de derecho”. “Demandamos a las instituciones correspondientes a mantenerse firmes en el respeto al Estado de derecho”, agregó. 

La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, también rechazó “de manera enfática todo quebrantamiento del orden constitucional”.

De la misma manera, los diputados de diferentes bancadas del Congreso de Perú denunciaron un “golpe de Estado”. “Esta decisión configura un golpe de Estado y se aleja de todos los marcos constitucionales”, declaró la legisladora izquierdista Ruth Luque, cuya agrupación ha apoyado habitualmente la permanencia de Castillo en el poder. 

La diputada progresista Susel Paredes consideró que “nadie debe obediencia a un gobierno golpista” y respaldó la sucesión presidencial. “Gloriosas Fuerzas Armadas, valerosa Policía del Perú. Nadie debe obediencia a un gobierno golpista. Respaldo al Congreso y que se inicie la sucesión presidencial. Pedro Castillo con esta actitud pisotea la mínima presunción de inocencia que por Constitución le corresponde”, escribió en Twitter. 

La derechista Norma Yarrow indicó que no permitirán “el golpe de Estado de Pedro Castillo”. “No vamos a permitir la dictadura en nuestro país. Firmes nuestras Fuerzas Armadas con la Policía Nacional”, destacó.

Adriana Urrutia Pozzi-Escot, presidenta de la Asociación Civil Transparencia y directora de la Escuela Profesional de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Perú, explicó a elDiario.es que la decisión de Castillo “quiebra el orden constitucional y vulnera los principios” de la democracia. “No hay argumento legal que ampare estas decisiones”, subrayó.

Marco Sifuentes, periodista, director del podcast La Encerrona, aseguró que no existía “ningún argumento legal” para el cierre del Congreso. “Es tal cual el caso de Alberto Fujimori de 1992, con la diferencia de que esto no parece planeado en absoluto. Las Fuerzas Armadas no lo han apoyado, ninguno de sus ministros lo ha apoyado, la primera ministra que nombró hace una semana ha renunciado”, añadió el autor de Perú Bizarro.

Finalmente, para Paula Távara, politóloga de la Pontificia Universidad Católica de Perú, podrían configurarse dos escenarios: uno es que, como Boluarte ya se había distanciado de las decisiones de Castillo, “podríamos pensar que hay algún nivel de negociación con algunas fuerzas políticas para tratar de al menos un periodo de calma”. El otro escenario, explica, es que se le permita la juramentación pero que en las próximas semanas o meses “veamos una continuidad del conflicto entre el poder Ejecutivo y el Legislativo y se intente nuevamente la vacancia de Boluarte, como en algún momento han dejado vislumbrar las fuerzas de extrema derecha”.

La politóloga explicó a elDiario.es que si bien se preveía que Castillo no iba a poder gestionar un Gobierno de transformación, “no estaba tan claro que fuera a ser tan rápido y que ocurriera en algo menos de un año y medio”.

Reacciones internacionales

El Gobierno de España condenó la ruptura del orden constitucional en Perú “y se congratula por el restablecimiento de la normalidad democrática”. A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que “España siempre estará del lado de la democracia y la defensa de la legalidad constitucional”.

Por su parte, el Gobierno de Colombia se solidarizó “con el hermano pueblo de Perú” e hizo un llamado al diálogo. “El Gobierno de Colombia expresa su preocupación por la crisis política en Perú, se solidariza con el hermano pueblo peruano y hace un llamado al diálogo a todos los actores políticos para salvaguardar la democracia”, expresó en un comunicado.

El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto para “actualizar y modernizar” los requisitos y procedimientos para las solicitudes de homologación y equivalencia de títulos extranjeros en un plazo máximo de seis meses. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma un año y medio después de que el Ministerio de Universidades presentara el borrador de la normativa que establece las nuevas condiciones y procedimiento para que los profesionales extranjeros puedan homologar sus carreras.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha defendido que el “objetivo” de la normativa es la “captación del talento” que resulta “indispensable para el desarrollo económico y el nuevo modelo productivo en nuestro país”. 

“Se trata de dar agilidad a la administración, de simplificar algunos trámites, de incorporar tecnologías digitales para la gestión de expedientes y, por tanto, mejorar la gestión administrativa para dar respuesta a un objetivo del gobierno que es la captación del talento para que sirva al desarrollo de un nuevo modelo productivo en nuestro país”, ha señalado en rueda de prensa.

Creación de una comisión

Entre los principales problemas que identifican los afectados por los retrasos en los trámites de homologación y equivalencia están el incumplimiento de los plazos, la falta de comunicación y la deficiencias en el sistema informático, así como las exigencias y trabas que existen en función a cada carrera universitaria.

Para combatir estas problemáticas, el Real Decreto propone la “creación de la Comisión de Análisis Técnico de Homologaciones y Declaraciones de Equivalencia (CATHDE)”, que “formulará la propuesta de resolución en el plazo de dos meses y podrá adoptar medidas de carácter general” en los procesos. La comisión “estará compuesta por trece personas —tres de la Secretaría General de Universidades, tres de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), cuatro Decanos/as o Direcciones de Escuelas Universitarias, cuatro elegidas entre profesorado universitario— y se renovará cada tres años, designadas por el previo acuerdo del Consejo de Universidades”. 

Además, “podrá solicitar informes sobre conocimientos y competencias a la ANECA y a profesorado universitario o a personas expertas en el ámbito profesional del título”. Se detalla también que “no será necesaria una propuesta de la Comisión, cuando se trate de un título expedido por una universidad de algún país que forme parte del Espacio Europeo de Educación Superior o si hay una medida de carácter general”. 

Otra de las trabas que se busca resolver es la falta de respuestas durante el proceso de homologación, uno de los principales reclamos de los afectados, quienes no tienen cómo consultar el estado de su tramitación. En este sentido, el Real Decreto establece la digitalización completa del procedimiento a través de la sede electrónica asociada al ministerio, lo que deberá facilitar el proceso y deberá permitir que los profesionales realicen el seguimiento desde cualquier dispositivo con conexión a internet. 

El acuerdo es entregar homologaciones y equivalencias en un plazo máximo de seis meses. La norma establece para este cumplimiento que cada uno de los trámites del proceso de homologación y de declaración de equivalencia tengan plazos máximos, lo que en conjunto no debería tomar más tiempo del indicado. Se tiene en cuenta también a las personas beneficiarios de protección internacional por afluencia masiva de personas desplazadas (el caso de los ucranianos), quienes podrán sustituir la documentación exigida por una declaración responsable.

Este Real Decreto deroga al RD/967 de 2014, que en la actualidad tiene a miles de profesionales con estudios en el extranjero esperando la tramitación de sus títulos durante años. La norma entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

María Theoktisto tiene 35 años y desde hace poco trabaja como auxiliar administrativa. Cuenta que acude a terapia y toma medicamentos para lidiar con la depresión y la ansiedad que padece mientras espera la homologación del título profesional que le permita ejercer como psicóloga en España. Es de Panamá y llegó a Madrid en el 2016 tras obtener una beca del Ministerio de Educación de su país para cursar un máster en la Universidad Complutense.

El trámite lo inició en marzo de 2019 y, desde ese momento, vive en la incertidumbre. Como María, miles de profesionales extranjeros están a la espera de las resoluciones que les permitan ejercer como médicos, psicólogos, odontólogos, enfermeros, ingenieros, entre otros. Este viernes, decenas de ellos se concentraron frente al Ministerio de Universidades para denunciar los retrasos en la resolución de las homologaciones. Aunque el real decreto vigente establece un plazo máximo de nueve meses —seis para resolver y notificar la resolución del procedimiento desde el registro de la solicitud y tres para la emisión de un informe técnico—, la falta de personal y las deficiencias en el sistema informático impiden que los plazos se cumplan. A esto se suma que el proceso de homologación presenta diferentes trabas y exigencias en función de cada carrera universitaria.

El trabajo administrativo de María le ha devuelto “la dignidad” que sentía perdida al no encontrar un empleo en este país, cuenta, aunque tiene esperanza de volver a ejercer su profesión. “Tengo un duelo muy grande porque no estoy haciendo lo que a mí me gusta. Colaboro con una fundación aquí y hago talleres de arteterapia una vez por semana, de alguna manera no me he desconectado totalmente, aunque no tengo esa mirada que me acompaña para discutir los casos”, señala en conversación con elDiario.es.

Para Jersey Ferrera, una médica dominicana de 30 años, la situación no es diferente. Inició el proceso de homologación de su título en el 2020 con la intención de estudiar la formación del Médico Interno Residente (MIR) en España. Sin embargo, los retrasos no le han permitido realizar el examen hasta el momento.

En su caso, 22 meses después de entregar su documentación, en junio de este año, le pidieron una carta que certifique que sus documentos son originales, pese a estar legalizados. “Me pidieron de requisito la carta de veracidad, que dice que nosotros afirmamos que nuestros documentos no son falsos cuando cada uno está legalizado, apostillado y compulsado por la embajada española en República Dominicana”, cuestiona.

El estrés, el agobio y el desánimo se han vuelto parte de su día a día ante las dificultades para estudiar su especialización médica. A esto se suman las barreras para conseguir un empleo por la falta del título y la ausencia de respuestas de parte del Ministerio liderado por Joan Subirats. “El Ministerio no nos da ninguna respuesta. Tienen varios correos electrónicos que te responden con un copia y pega. 'Debe mantenerse atento', eso es lo que dicen o que no te pueden dar información”, asegura.

El despacho HT abogados, especialistas en la homologación de títulos extranjeros, considera que el sistema “nunca ha estado tan mal” como ahora, por ello, resumen los problemas en cuatro aristas: poco personal, un sistema informático en malas condiciones, mala organización y “oscurantismo” porque “no reciben” a los afectados ni se comunican con ellos.

“El sistema está hecho de tal manera que si el ciudadano tiene dudas no tiene un teléfono para llamar porque nadie le atiende. Puede enviar un email y nadie responde o te envían una especie de cuestionario farragoso que no te da información en absoluto. Hay oscurantismo. La gente se siente totalmente desamparada”, sostienen.

Las pruebas

Los profesionales de odontología no se libran de las complicaciones. Camila Rodríguez es una odontóloga argentina que presentó su expediente hace cuatro años. Tras este periodo, recibió una primera resolución en la que le exigían aprobar seis asignaturas pendientes. Se presentó al examen de homologación en octubre de 2021. “Acepté esta resolución porque no soy la persona que soy hoy y no estaba tan informada”, dice.

La evaluación, que fue igual para toda España, tuvo una duración de 35 minutos y no contó con bibliografía, según destaca. “Este examen obtuvo un 95% de suspensos. No se nos dio derecho a corrección. Teníamos 15 días para reclamar si una pregunta estaba mal formulada, pero no teníamos cómo acordarnos de las preguntas. Si a uno no le dan el examen, no puede anular nada”.

Desde HT abogados explican que en el caso de odontología, las homologaciones están condicionadas a “una serie de exámenes”. “Las personas tienen un plazo legal de seis años para superar la prueba, pero las facultades se niegan hasta a examinarles. El argumento es claro: evitar la competencia al odontólogo español”.

“Pedimos que se cumpla la Ley”

Camila ha tenido mejor suerte y trabaja como asistente dental en Barcelona. Ya no son cuatro, son seis años desde que está a la espera de su resolución final. “Siento que hay una malicia muy grande. Nosotros no estamos pidiendo ningún milagro, estamos pidiendo que se cumpla la Ley”, enfatiza.

“Un proceso a ciegas”. Así lo considera el psicólogo argentino y representante del Movimiento de Psicólogos Migrantes José María Casas, quien resalta la necesidad de que sea “justo” y que “se cumpla la ley”, que estipula un máximo de nueve meses. Además, denuncia el trato recibido por parte de algunos funcionarios. “Te dicen que tus títulos no valen, que para qué vas a pedir la homologación si no te va a salir. La gente cuando viene nos cuenta y hay que estar ahí, poner el cuerpo, escucharla, contenerla”.

María (nombre ficticio) es española y tiene el mismo problema. La joven, que prefiere no desvelar su identidad, siente que ha sido “penalizada por haber migrado”. Lleva tres años intentando homologar su título en Psicología después de estudiar en The Open University, en Reino Unido. “La sensación es que penalizan la movilidad y algo que debería ser un valor, el vivir en diferentes países, el añadir perspectivas, todo lo que debería verse como algo enriquecedor, es como que te penalizan por haber salido de España y osar volver”, resalta. Para ella, las demoras en el proceso de homologación le hace cuestionarse sobre “qué intereses hay detrás”.

En octubre de 2021, durante la gestión de Manuel Castells, se presentó el borrador de un real decreto en el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación y equivalencias de títulos y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros. El objetivo es limitar a un plazo máximo de seis meses este proceso. Sin embargo, deja fuera los expedientes actualmente en tramitación por haberse realizado bajo otra normativa. Un año después de este anuncio, el borrador se encuentra en el Consejo de Estado para su dictamen.

Desde el Ministerio de Universidades reconocen los problemas existentes en este procedimiento. Según defienden, trabajan en varios frentes para reducir la demora en el proceso, entre ellos, en la digitalización de la recepción de expedientes y su tramitación; en un plan de choque para aumentar los efectivos asignados a la apertura y tramitación de expedientes dentro de la subdirección correspondiente y en la aprobación del real decreto que simplifica el procedimiento administrativo.

Pese al convenio que existe entre España y países de América Latina como Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Panamá y Perú para el reconocimiento de los títulos profesionales y grados académicos, las demoras siguen perjudicando a profesionales que viven en este país. La falta de respuestas, la pérdida de documentación, el pago doble de las tasas y la inexistencia de notificaciones electrónicas son solo algunos de los problemas que resaltan los afectados, que piden acabar con las trabas burocráticas para tener la posibilidad de trabajar en la profesión para la que están formados.

Al grito de “queremos una homologación justa, basta de mentiras” y “la ley nos ampara y ustedes no nos respetan”, decenas de profesionales con títulos extranjeros, se apostaron este viernes en los exteriores del Ministerio de Universidades liderado por Joan Subirats, para denunciar los retrasos en el proceso de homologación de carreras universitarias.

Con banderolas y pancartas, jóvenes extranjeros —en su mayoría— exigieron la homologación de sus títulos para ejercer sus estudios en España. “Siento que tengo mi vida en pausa hace cinco años, que no avanzo”, dice Luciana Boglione, una odontóloga argentina de 29 años. Registró sus documentos en este proceso en el 2017 y, hasta el momento, no tiene una resolución que declare que puede ejercer en su profesión. “Tenemos mucho que ofrecer, al final lo que queremos es trabajar en un área que no deja de ser de la salud”, asegura.

Luciana ha tenido que trabajar estos años de auxiliar en odontología, pese a tener los estudios exigidos para ocupar el puesto de odontóloga. Sus “ganas de seguir haciendo algo relacionado” a la profesión no han disminuido pese a las trabas que se presentan.

“Mentirosos. Ministerio, escuchen, ¿seis meses? ¡Mentira! La ley nos ampara y ustedes no respetan”, dice por un megáfono Janilka Tola. Es psicóloga de profesión. Llegó a España desde Bolivia e inició su proceso de homologación. “Me dijeron que en seis meses máximo se resolvía, que no me preocupe, que eso es lo que demora”, sin embargo, el proceso ya lleva cinco años y todavía no tiene una resolución favorable. Janilka resalta que no existe un criterio único de homologación de títulos entre profesionales que han cursado la misma carrera en la misma universidad y el mismo país.

“Vengo desde Girona solo para protestar. Esta situación me afecta demasiado ya que al cerrarnos las puertas como profesionales nos están limitando los puestos de trabajo. ¿De qué podemos trabajar? Cuidando ancianos, siendo camareros de piso, de planta, de bar. ¿Qué otras opciones nos dan? No nos dejan trabajar y eso atenta contra nuestros derechos”, sostiene.

A la manifestación se unieron también los familiares de los jóvenes afectados en este proceso con carteles como: “Mi hija lleva esperando cinco años, homologación odontología” y “Por favor, Sr. ministro, homologación ya”. La frustración se sintió en cada cántico y se reflejó en cada expresión, pese a que algunos de los asistentes decidieron ocultar sus rostros con máscaras para no desvelar sus identidades.

Daniel Barboza, un psicólogo colombiano, vive en España hace 18 años. Por temas económicos prefirió estudiar un máster a distancia en su país natal, sin saber que esta decisión lo sumergiría en una larga espera. “Estamos exigiendo la homologación como dice la ley, a seis meses. La ley está, solo hay que cumplirla”, sentencia.

En su manifiesto, estos profesionales exigen —entre otros— el reconocimiento de sus titulaciones considerando las “competencias necesarias a partir del recorrido curricular extranjero”, que se les evalúe en “igualdad de condiciones frente al grado” profesional español, que el Ministerio de Universidades vele por la “transparencia de los criterios de evaluación” y el cumplimiento de los plazos de la normativa vigente.

Esta es la cuarta vez que movimientos profesionales convocan a una manifestación en los exteriores del Ministerio de Universidades. Su reclamo sigue siendo el mismo: que las homologaciones de títulos se agilicen.

Al grito de 'Aborto libre, nosotras decidimos’ se ha movido este miércoles por las calles del centro de Madrid la manifestación por la celebración del ‘Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro’, también conocido como el ‘Día por la Despenalización y Legalización del Aborto’.

El recorrido, que inició pasadas las siete de la tarde, ha reunido a mujeres y hombres de todas las edades que apoyan el aborto libre y seguro, la educación sexual efectiva y los anticonceptivos para prevenir embarazos. La caminata empezó en la Glorieta de Ruiz Jiménez, siguió por el Ministerio de Justicia y terminó en la céntrica plaza de Callao.

“Fuera los rosarios de nuestros ovarios”, “La calle y la noche también son nuestras” y “Queremos abortar en la pública”, son algunas de las frases que han resonado en la manifestación. La adornaron carteles con mensajes como: “Mi cuerpo, mi decisión, derecho al aborto” y “Mi vientre es mío y yo decido”. “Yo decidí tener uno y otro no tenerlo”, cuenta Inés Monrroy de 69 años, una de las participantes. “Estoy a favor de cuando se pueda y lo que se pueda. No te pueden obligar a tener un hijo”, sentencia.

Irina Wainstein es argentina y forma parte de una organización desde la que apoyan la lucha a favor del aborto. “Colaboramos en todos los espacios feministas, reivindicando el derecho a poder decidir sobre nuestros cuerpos”, señala a elDiario.es. Muy cerca está Karla Perlaza, de Ecuador. Ella marcha por las mujeres en situación irregular, que no pueden acceder a este derecho. “Las mujeres sin papeles necesitamos visibilizar esta situación”.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha participado en la movilización y ha señalado que España cuenta con mayorías “que van a asegurar” que el derecho al aborto se vaya ampliando, pese a que “es verdad que hay actores políticos importantes de la ultraderecha que están intentando hacernos retroceder todo lo que hemos conseguido en materia de derechos y libertades de las mujeres”. En ese sentido, le ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a que “en vez de estar alineada con la señora Meloni, esté alineada con el siglo XXI”.

'El Cuento de la Criada' de Margaret Atwood también ha estado representado. Miembros de la organización Feminismo Tetuán lo han elegido para resaltar la “supeditación del cuerpo de la mujer al deseo del hombre y el Estado”. “Obligar a parir es violencia, eso queríamos simbolizar”, dicen.

Entre las demandas, el blindaje del derecho al aborto ante posibles pasos atrás: “Tenemos que seguir reivindicando nuestro derecho al aborto porque no es pleno y puede estar amenazado por el triunfo de la ultraderecha” si también “acaba salpicando a este país”, ha afirmado poco antes del inicio Gemma Candela, una de las portavoces de la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid.

Los colectivos valoran positivamente el anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Igualdad a cargo de Irene Montero y que ya tramita el Congreso, el cual plantea reformar la actual Ley del aborto incorporando la eliminación del período de reflexión de tres días junto con la entrega de un sobre informativo y que las menores de 16 y 17 años ejerzan de nuevo su derecho al aborto sin autorización.

Sin embargo, consideran que hacen falta derechos que deberían incorporarse como parte de la lucha feminista. En el manifiesto que resume sus demandas de diez puntos, está la eliminación del aborto del Código Penal; que la Sanidad Pública realice interrupciones voluntarias del embarazo sin burocracia ni tiempos de espera y las garantías para ejercer el derecho para decidir a todas las mujeres, sin importar su situación administrativa o estatus migratorio.

También exigen la formación del personal sanitario en interrupciones voluntarias de embarazo y su incorporación como materia curricular, considerando siempre una “perspectiva feminista, decolonial y laica”; garantías para el acceso al aborto pese a la objeción de conciencia; un comité médico independiente a partir de la semana 22 de embarazo y la educación afectivo sexual integral en el currículo de todas las etapas educativas en centros públicos y concertados.

Además, destacan las celebraciones por la victoria de “nuestras hermanas” en Colombia —en donde se despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación en febrero de este año— y en México, que hizo lo propio en una decisión histórica en septiembre de 2021. Pero también denuncia “los retrocesos” de Hungría —que obliga a las mujeres a escuchar el latido del corazón del feto antes del aborto— o Estados Unidos, en donde el Tribunal Supremo revocó la sentencia que garantizaba este derecho.

“Esto está asqueroso”. Así resume Marisol del Val, vecina de Puente de Vallecas, el estado en el que se encuentra un solar ubicado en la avenida de la Albufera, rodeado de maleza y desperdicios. Desde hace al menos dos años y medio, el Ayuntamiento de Madrid, según indica, no se hace cargo de la limpieza de este terreno, pese a las quejas continuas de los vecinos. Después de que las denuncias se hayan intensificado en los últimos días, sobre todo en redes sociales, el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida ha iniciado este jueves los trabajos para retirar la maleza, aunque los desechos se mantienen en la zona.

La falta de mantenimiento ha provocado que el solar se convierta en un vertedero con todo tipo de material inservible, desde latas y botellas de cerveza —en muchos casos rotas— hasta grandes restos de madera y muebles abandonados, generando no solo malos olores sino también la presencia de roedores. “Tenemos la suciedad, el olor, y luego por la degradación en sí —porque esto atrae cada vez más degradación y más mierda— hay ratas y todo tipo de fauna”, enumera Marisol.

La cantidad de basura no es el único problema. Los pocos árboles y arbustos que crecen en la zona tampoco reciben el mantenimiento aprobado. “En esta parte, donde están todos estos árboles, hay también muchísima basura. Es muy fácil que se incendie”, advierte.

Alrededor del solar no solo se levantan viviendas: también hay un instituto, el Tirso de Molina, y un parque infantil, con lo que los jóvenes que reciben clases a lo largo del año y los niños que buscan un poco de esparcimiento tienen que asomarse a diario a este paisaje distópico.

“A los ciudadanos se nos pide responsabilidad para que gestionemos bien la basura, que reciclemos y no vayamos tirando las cosas por la calle. ¿Cómo es posible que, desde lo público, desde las instituciones, eso no se haga? Porque el mensaje que das es que se puede lanzar de todo, da igual. Los niños que juegan aquí juegan entre escombros”, cuestiona la vecina de Vallecas.

Este asunto llegó el 10 de noviembre de 2021 a una sesión plenaria de la Junta Municipal del distrito de Puente de Vallecas, en la que se aprobó por unanimidad una proposición de Más Madrid para “instar al área de gobierno competente a la limpieza urgente de la parcela situada en la calle Sierra Faladora, 2 con avenida de la Albufera, 146 a tomar las medidas necesarias para mantenerla en condiciones de ornato y salubridad”. Casi 10 meses después, el Ayuntamiento de Madrid no le ha dado cumplimiento en su totalidad y apenas ha comenzado a limpiar los rastrojos.

El concejal de Más Madrid, Francisco Pérez, sostiene que el retraso en atajar este problema se debe a que una pequeña extensión de la parcela es privada. “En el anterior mandato del Ayuntamiento estaba prevista su expropiación. De hecho, se había consignado una partida para expropiarlo, pero eso no es una excusa para que no se limpie, porque el Ayuntamiento puede limpiar y luego pasarle la factura al propietario, incluso sancionarlo”, detalla a en declaraciones a elDiario.es.

Esta no es la única zona que luce sucia y descuidada en la avenida de la Albufera. Unas calles más arriba, entre el centro comercial Albufera Plaza y el estadio del Rayo Vallecano, la imagen se repite: desperdicios, vidrios rotos y maleza invaden otra parcela que tampoco recibe mantenimiento. Los vecinos denuncian que recientemente se produjo un incendio en ese punto, donde ahora se puede apreciar el color de la madera calcinada en los árboles.

“Es esa sensación como de abandono, de que da igual a cuántas puertas llames. Lo único que queremos es limpieza, no queremos nada extraordinario”, sentencia Marisol al ver las demoras en la atención de las quejas en la zona en la que vive.

Jornada 144 de la guerra en Ucrania. El ejército ucraniano aseguró este domingo que aún mantiene bajo control dos aldeas ubicadas en la región oriental de Lugansk, que los rusos afirman haber tomado por completo, según informó el jefe de la Administración Militar Regional, Serhii Haidai, en su página de Facebook. “Esta (situación) es exactamente lo que está volviendo locos a los rusos, ya que recibieron la orden de llegar (y ocupar) hasta las fronteras administrativas de la región de Lugansk (para controlarlas)”, dijo Haidai.

Mientras se alarga el conflicto, la comunidad internacional reconoce el impacto de la guerra en sus economías. Muchos estados del G20, el grupo de los mayores países industrializados y emergentes, “están de acuerdo en que la guerra de Rusia contra Ucrania ha ralentizado la recuperación de la economía global que, en consecuencia, se enfrenta a un fuerte revés”, tras una reunión del grupo en Bali (Indonesia). Así reza el resumen final del encuentro entre los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, celebrado el viernes y sábado en la isla de Bali, según un comunicado divulgado la madrugada del domingo por Indonesia, el país anfitrión como presidente este año del grupo.

Jornada 143 de la guerra en Ucrania. Las tropas rusas siguen bombardeando localidades de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, donde en las últimas horas se produjeron al menos 7 muertos y una veintena de heridos. Moscú trata con esta ofensiva de controlar toda la franja del Donbás, que incluye a las regiones de Lugansk y Donetsk, mientras los ucranianos intentan responder haciendo que la ofensiva sea más lenta.

El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, ha realizado su segunda visita de inspección al contingente ruso que participa en la campaña militar en Ucrania y ha ordenado intensificar las operaciones en el frente para evitar ataques contra la población del Donbás, según su oficina de prensa. El ministro de Defensa ordenó a los comandantes de las unidades del Sur y Centro intensificar las acciones de las fuerzas rusas con el fin de “evitar ataques masivos de misiles y artillería del régimen de Kiev” contra la infraestructura civil y los habitantes del Donbás y otras regiones, dice el comunicado oficial.

Con las manos pequeñas y hábiles de sus siete años, Lola recorta papeles de colores que luego pegará sobre el borde de un cartón triangular. Las clases acabaron hace casi tres semanas y para la familia de esta niña de Madrid, como para muchas otras en España, las vacaciones y el ocio de los niños son un lujo al que no tienen acceso. Lola participa en un campamento del Centro Lúdico Educativo Chapotea, en Puente de Vallecas, donde niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, riesgo de pobreza o exclusión acceden a actividades gratuitas de recreación y esparcimiento durante el verano.

De acuerdo con el último informe de la ONG Save The Children, para el 20% de la población con menos renta, el coste de la crianza –que se calcula en 672 euros de media– directamente supera sus ingresos: casi 900.000 hogares no pueden cubrir ese gasto incluso dedicando todos sus ingresos a ello. La inflación está empeorando esta situación ya de por sí complicada: si el gasto que implican los hijos ha aumentado un 11,3% de 2018 a 2022, el de las actividades relacionadas con el ocio y los juguetes se ha disparado hasta el 25%.

La última Encuesta de Condiciones de Vida destaca que desde la crisis de 2008 se ha producido “un proceso de reurbanización de la pobreza infantil”. La mitad de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo de pobreza en España se concentra ahora en zonas muy pobladas, debido al crecimiento constante de la pobreza en las ciudades. De hecho, la diferencia entre la tasa de pobreza infantil en zonas rurales y urbanas ha pasado de 15 puntos porcentuales en 2013 a dos puntos en 2020.

Imanes de patatas

Las actividades favoritas de Lola, que acude al centro desde que tiene cuatro años, son las manualidades e ir a la piscina. Pero no solo eso. “Me gustan los campamentos porque hacemos juegos y porque hay vacas. Me gustan las vacas, quiero ser veterinaria”, cuenta con entusiasmo. “Hemos hecho imanes de patatas”, dice con una sonrisa que contagia a Alisson, su compañera de mesa y amiga de la misma edad, con quien forma un dúo bautizado “Aliló” por las iniciales de sus nombres.

En este grupo de niños y niñas de seis a nueve años destaca Jonathan. Es primo de Lola y sueña con ser boxeador. “A mí no me ganas en una pelea”, dice muy serio. Con ellos está Yarisa Escudero, de 19 años. Cursa el segundo año de Bachillerato y pertenece a la comunidad gitana. Llegó a Chapotea cuando tenía tres y ha pasado todas sus vacaciones de verano ahí. Ahora colabora como voluntaria. “Cada año se forma un grupo que termina siendo como una familia. Ahora mismo seguimos en contacto”, dice sobre los amigos que hizo en estos años.

Este programa no solo la ha ayudado a descubrir su talento para el dibujo, sino que también le facilitó el curso para convertirse en monitora de tiempo libre. Aún no tiene claro qué hará en el futuro, pero lo que sí sabe es que continuará apoyando en Chapotea a que más niños de escasos recursos gocen de actividades recreativas que les ayuden en su crecimiento. “Llevo toda mi vida aquí y siempre voy a estar aquí”, sostiene.

“Aquí todo el mundo cabe”

“Los niños y niñas con los que nosotros trabajamos llevan la mochila muy cargada de experiencias a veces muy negativas o de entornos familiares o contextos sociales muy desfavorables”, detalla la coordinadora de Chapotea, Elena Rebollo. Las actividades que se imparten en este centro están financiadas por el programa CaixaProinfancia de la Fundación 'La Caixa', que sostiene otros más de 300 proyectos de este tipo en España. Rebollo explica que van desde días de piscina y manualidades a deportes y salidas a entornos naturales, lo que permite a los menores asumir roles diferentes a los de sus círculos habituales, basándose siempre en el respeto.

El distrito de Puente de Vallecas tiene una población de 239.000 habitantes, de los cuales casi 32.500 son niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 15 años, según datos del Ayuntamiento de Madrid. “Estamos en un contexto social muy especial, tenemos las mayores tasas de absentismo y de paro. Si analizas el distrito, tiene una alta conflictividad y muchísima necesidad de intervención”, agrega Rebollo, quien detalla también que los principales problemas que atraviesan las familias de Vallecas están relacionados con la poca formación académica, la precariedad económica, la falta de trayectoria laboral estable y temas de violencia de género e intrafamiliar. “Aquí todo el mundo cabe –resume Rebollo–, da igual tu color de piel, tu arraigo familiar y tu origen cultural”.

Un derecho de la infancia

El artículo 43 de la Constitución Española enfatiza el derecho a la educación sanitaria, la educación física y el deporte, así como la “adecuada utilización del ocio”; sin embargo, cada vez se vuelve más difícil destinar recursos para la recreación infantil. La inflación ha reducido el poder adquisitivo de los hogares más pobres un 30% más que el de los ricos, según el último informe de Intermón Oxfam.

Las familias destinan mayor cantidad de dinero de su presupuesto a la alimentación y la conciliación, seguidas de los gastos extraordinarios, la educación y la vivienda, por lo que las oportunidades de recreación y esparcimiento en los niños se ven cada vez más limitadas.

“Cuando este año tenemos a chavales que se gradúan, unos diez o así, es que esto tiene sentido. O algún chaval que hemos tenido que de repente accede a la universidad o que viene a visitarte o se convierte en voluntario o voluntaria del proyecto, es un referente positivo para nosotros y [este trabajo] tiene sentido”, sentencia Rebollo.

“Hay niños que, si no hubieran estado aquí, hubieran acabado en sitios horribles”, interviene Nazaret Gabarri, de 20 años, otra de las voluntarias. Sus hermanos mayores, sus primos y ahora sus sobrinos forman y formaron parte de estas aulas. “Vengo casi todos los días, es una labor que me gusta hacer, me gusta ayudar, me gusta enseñar lo que me enseñaron aquí también”, explica Nazaret, que destaca que su principal meta es entregar un poco de lo que recibió en su niñez, continuar con esa cadena de dar para recibir. Un cartel de madera tallada despliega una frase que da sentido a su objetivo: “En esta casa somos reales, cometemos errores, decimos 'lo siento', damos segundas oportunidades, abrazamos, perdonamos, nos divertimos, amamos. Somos una familia”.

Día 112 de la guerra en Ucrania. Lo que suceda en el Donbás determinará el curso de la guerra. Eso ha dicho el presidente, Volodímir Zelenski, que también ha reconocido que las fuerzas ucranianas están sufriendo grandes pérdidas en las batallas de Severodonetsk y Lisichansk.

Algunas claves del día:

Han pasado casi cinco años desde que Susel Paredes, congresista de la República de Perú, y su pareja, Gracia Aljovín, contrajeron matrimonio en Coral Gables, en Florida. Desde ese momento, libran una batalla legal para que se reconozca su condición de casadas en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) peruano.

La diputada del Partido Morado, que fue la mujer con el mayor número de votos en las elecciones generales de 2021, espera la sentencia del Tribunal Constitucional que podría sentar un precedente para los miembros de la comunidad LGTBIQ+ en un país en el que no está aprobado el matrimonio igualitario.

Se casó en 2016 en Estados Unidos y ese mismo año solicitó la inscripción de su partida de matrimonio ante el Reniec, pero se la negaron. ¿En qué argumento basaron esa decisión?

El mismo 2016 le pido al Reniec, que es el que registra los matrimonios realizados en el exterior, que convalide mi matrimonio. Todos los resultados fueron negativos para la solicitud de nuestra inscripción. Dijeron que la Constitución dice que el matrimonio está regulado por ley y que la ley que regula -que es el Código Civil- señala que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, por lo tanto, no se puede inscribir el matrimonio entre dos mujeres.

¿Qué camino tomaron una vez agotada la vía administrativa?

Presentamos una acción de amparo ante el Poder Judicial y le dijimos que nosotras tenemos el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad, a formar una familia y los están violentando. Solicitamos que se inscriba nuestro matrimonio como cualquier otro. Ganamos en primera instancia, perdimos en segunda y ahora estamos a la espera.

Está a la espera del fallo del Tribunal Constitucional, a cuyos magistrados les ha pedido que se pronuncien por el tema de fondo en una carta abierta a través de Twitter.

El Tribunal Constitucional ya tomó la decisión, falta que me notifiquen, pero ya está hecha la sentencia. Yo tengo conocimiento de que ha salido negativa para nosotras. Estoy deseando que me notifiquen porque apenas lo hagan voy a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Qué importancia tendría para la comunidad LGTBIQ+ de Perú que los magistrados del TC se pronuncien sobre su caso?

Sería muy importante porque sería la primera vez que se van a pronunciar sobre el tema de fondo. Mi compañera y yo somos abogadas y especialmente ella, que es litigante, ha tomado todas las precauciones y todo el detalle posible para que la parte de la forma esté perfecta. ¿Podemos casarnos o no podemos casarnos? ¿Qué derecho fundamental se violenta si no reconocen la inscripción de nuestro matrimonio?

Yo puedo presumir quiénes (qué magistrados) han votado a favor y quiénes en contra, por eso es que vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se apliquen no solo las normas de la Comisión, sino también la jurisprudencia de la Corte y la Opinión Consultiva 24/17, que señala que los Estados deben darnos todas las facilidades para que se reconozcan nuestros matrimonios y que exista una legislación que reconozca a nuestras familias.

De llegar su caso a la Comisión Interamericana y, posteriormente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿en cuánto tiempo se podría resolver?

Solo en la Comisión pueden pasar dos o tres años, y en la Corte, cuatro o cinco.

¿Hay alguna iniciativa legislativa para evitar este tipo de situaciones?

He presentado un proyecto de ley que recojo de Alberto de Belaunde (excongresista), que señala que el matrimonio igualitario es entre dos personas y el Código Civil se modificaría a esa nueva realidad: que el matrimonio es entre dos personas.

¿Cuál es el estado de este proyecto en el Parlamento?

Está en la Comisión de Justicia del Congreso, pero aún no se ha agendado porque hay que ver que este grupo está liderado por una mujer también conservadora (Gladys Echaíz) que ha sido fiscal de la nación y no agenda el tema. Hace meses que lo tiene la Comisión de Justicia y no lo agenda, ni siquiera lo quieren debatir.

En temas de derechos humanos las sociedades siempre se resisten. Por eso son los movimientos sociales los que logran los avances. El mundo está avanzando por el movimiento LGTBIQ+, pero junto con el avance tenemos las resistencias de los grupos conservadores que niegan nuestra existencia.

Recientemente, el congresista de Avanza País Alejandro Cavero anunció que presentará el proyecto de unión civil.

Hay un punto crítico en la diferencia. Ellos van por la unión civil porque no quieren reconocer la unidad familiar para que no podamos adoptar en conjunto y para que no se reconozca a nuestros hijos como del matrimonio de los dos cónyuges.

¿Cuál sería su petición a las instituciones para dar pasos hacia adelante en el reconocimiento del matrimonio igualitario?

Primero lo que pido en mi caso es que me notifiquen [el fallo] para iniciar mi proceso en la Comisión Interamericana. Pido a la Comisión de Justicia del Congreso del Perú que no vaya a archivar el proyecto sin debatir, que se debata. Debatir no le hace mal a nadie, no le hace mal ni a la derecha ni a la izquierda y le hace bien a la sociedad porque escuchamos las distintas ideas.

Yo soy la primera lesbiana elegida como congresista, la primera lesbiana que lo ha dicho en público, pero hay otra cosa que siempre repito para demostrarle a los partidos que incluir a la comunidad LGTBIQ+ es bueno: soy la mujer más votada del Perú, de todos los partidos la mujer que más votos tuvo soy yo: una lesbiana que lo dijo en público. El anterior congresista más votado fue un gay, Alberto de Belaunde. Entonces a los partidos les hacemos bien, les damos votos. Creo que hay que dar pasos adelante sin miedo.

El Gobierno de Pedro Castillo ha puesto sobre la mesa en Perú una polémica propuesta para sancionar a violadores de menores de edad: la castración química. El anuncio lo hizo hace unos días a raíz de la indignación generada en la población por un caso de secuestro y violación de una niña de tres años en la ciudad de Chiclayo, al norte del país.

“Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes”, dijo el presidente peruano.“La castración química es una opción, no podemos esperar más”, dijo.

La propuesta se ha materializado a través del Consejo de Ministros en un proyecto de ley remitido al Congreso peruano para su debate y aprobación. En rueda de prensa, Félix Chero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, señaló que se ha planteado la castración química como una pena accesoria para agresores que no sean sentenciados a cadena perpetua. “La medida se aplicará luego de cumplida la pena. Una vez que la pena privativa de la libertad se cumple, se aplica o ejecuta la pena accesoria”, dijo.

No es la primera vez que se plantea una sanción de este tipo. En el 2018, el Congreso peruano evaluó un proyecto de ley que incluía la castración química como medida complementaria a la pena de cárcel en casos de delitos de violación sexual contra menores. Sin embargo, solo se aprobó la cadena perpetua para violadores de menores de 14 años, la imprescriptibilidad del delito y la eliminación de beneficios a condenados.

Para la abogada e investigadora en Derechos Humanos y Justicia Penal, Josefina Miró-Quesada, la medida propuesta por Castillo peca de demagoga y populista, ya que “se ha presentado innumerables veces ante el Congreso y no se ha aprobado”.

“Quieres erradicar el problema con este tipo de aparentes soluciones que no previenen porque son post delito”, explica a elDiario.es. “Este tipo de casos dolorosos suelen instrumentalizarse a efectos de hacer emerger propuestas que buscan palear un sentimiento colectivo de indignación a través de propuestas que son inviables, pero que dan la apariencia de que atacan el problema”.

¿Qué es la castración química?

La castración química es un proceso que consiste en administrar medicamentos que “inhiben la producción de testosterona, que es la hormona masculina responsable de estimular la libido, la sexualidad”, según explica Óscar Ugarte, exministro de Salud de Perú. Ugarte dice a este diario que la propuesta de Castillo es “inútil” porque se debe aplicar “todos los meses de forma continua”.

El médico y político peruano cuestiona el sentido de la iniciativa al argumentar que los violadores tienen un “problema grave de conducta”, por lo que “aunque se le inhiba la libido” podrían cometer actos de violencia sexual “con la mano o con objetos”. “No resuelve nada la castración química, lo que hay que hacer es aplicar lo que la ley ya establece que es la cárcel y en los casos extremos, la cadena perpetua”, dice.

En la actualidad, ya hay varios países en el mundo que permiten este procedimiento, entre ellos, Rusia, Polonia, Corea del Sur, Indonesia, Moldavia, Estonia y media docena de estados en EEUU. “Se ha implementado en otros países, pero no es una referencia para sostener que es una medida idónea, eficaz y menos aún, legítima”, dice Miró-Quesada.

“No es tan sencillo como decir que los violadores están motivados por la libido, eso es falaz”, dice Miró Quesada. “Al presentar esta propuesta como aparente solución lo que haces es obviar el universo de actos de violación que no están motivados por el deseo de satisfacción sexual -la mayoría-, y que una violación no solo se comete a través de la penetración”.

Más de 40 casos diarios de violaciones a menores

De enero a febrero de 2022, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han atendido 7.794 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. De este número, el 31,7% equivale a situaciones de violencia sexual, es decir, 2.468 casos en dos meses, lo que hacen 42 cada día.

Liurka Otuska, directora de Políticas para una Vida Libre de Violencia del Ministerio de la Mujer, dice a este diario que el 49,5% de casos de violencia contra menores los comete un miembro de la familia, mientras que en el 47,3% no hay un vínculo del agresor ni con la pareja ni con la familia y en el 3,2% no se tiene vínculo con la pareja.

“Lo que sí se sabe es que la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes se ubica en el ámbito familiar. Si no está dentro del hogar, se ubica en el entorno más cercano”, dice. La especialista explica que la “violencia sexual no ocurre por una cuestión física, sino que es una relación de poder que te coloca, tanto si eres mujer adulta o niña, en una situación de vulnerabilidad”. Otuska destaca la necesidad de atender acciones vinculadas a la prevención y al fortalecimiento de “capacidades o el derrotero de estereotipos de género”.

El caso que ha conmocionado a la sociedad peruana y que ha propiciado el anuncio del presidente Castillo es el del secuestro y violación de una niña de tres años en Chiclayo por parte de Juan Antonio Enríquez García, de 48 años.

El hombre reconoció su culpa tras ser capturado por la Policía y cumple nueve meses de prisión preventiva por los delitos de violación y secuestro en agravio de la menor de edad.

Desde marzo, los órganos de justicia han impuesto 20 condenas de cadena perpetua por delitos de violación sexual en agravio de menores en nueve regiones, según detalla un informe preliminar del Poder Judicial de Perú.

“Después del robo agravado, el delito más grave es la violación de menores. Tenemos más de 10.000 presos, pero esto [la castración química] no solamente no es la solución porque es caro, sino que no podemos quedarnos en la coyuntura de la indignación”, dice Gloria Montenegro, exministra de la Mujer y excongresista, quien asegura que se deben “cumplir las políticas públicas, las leyes dadas y cambiar el chip machista que es la causa de estos problemas”.

Sacar adelante una legislación sobre agresores sexuales, que incluya un registro con los nombres de quienes han cometido este delito, es una alternativa que plantea Montenegro para cuidar “a los menores de este tipo de agresores”. La exministra pide un trabajo conjunto entre los ministerios de la Mujer, Salud, la Policía y los organismos de justicia peruanos.