Los depredadores de lo público en la Comunidad de Madrid han subido un peldaño más en el destrozo de los servicios de todos. Son incansables. Ahora han suprimido las becas predoctorales para todos los investigadores que quieran realizar una tesis doctoral sobre el cáncer de hígado o sobre el golpe del coronel Segismundo Casado de 1939. Da igual el tema, como les da igual la ciencia y el conocimiento. En el ejercicio de 2026 ha suspendido una partida (29,1 millones de euros el pasado año) para que 250 investigadores trabajen durante cuatro años en sus tesis doctorales con un salario, aunque bajo. No se crean los ajenos a la universidad que aquí nos hacemos ricos como los comisionistas de la Quirón.

Yo fui becaria predoctoral FPU (Formación del Personal Universitario) de la CAM y becaria posdoctoral también de la CAM, tras tener otra beca posdoctoral del Ministerio de Ciencia en París. Sin esas ayudas públicas yo no sería hoy profesora de la Universidad Complutense ni les estaría dando la paliza desde esta tribuna con la defensa de los servicios públicos. Además, fui becaria bajo un gobierno del PP -cómo no, en Madrid parece imposible que gobierne otro partido-, primero con Alberto Ruiz Gallardón la predoctoral y luego con Esperanza Aguirre la posdoctoral-, que apenas hizo dos convocatorias. Pero ahora con Isabel Díaz Ayuso se vuelve a suspender la convocatoria de ayudas predoctorales. ¿Para qué invertir en investigación? Mucho mejor destinar el dinero a la Fórmula 1, a que familias pudientes se puedan desgravar el salario de la interna, a tener a la prensa conservadora como perrito faldero con una jugosa publicidad institucional, o a pagos millonarios a Quirón y a Ribera Salud con todo este cambalache de la privatización de la gestión de la red hospitalaria pública. En los presupuestos de la Comunidad de Madrid existen demasiadas mamandurrias y chiringuitos para redes clientelares y amigos totalmente prescindibles. Y luego falta dinero para lo imprescindible, ya saben, la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales. 

Es una vergüenza que la Comunidad más rica de España -alardean de ello todo el día- no se pueda permitir mantener las becas predoctorales para que futuros investigadores se formen y hagan avanzar la ciencia y el conocimiento. Quien quiera investigar que se lo pague él trabajando en el Burger King o que se lo financie su familia pudiente. ¡Fuera el dinero público de la universidad!, es la consigna. Se les llena la boca con que Madrid es líder en innovación y desarrollo, pero no con el dinero público; que pague Amancio Ortega, como en el caso de los aparatos médicos, o la fundación de El Corte Inglés, que ya tiene unas becas similares. Ayuso expulsa a los investigadores del mismo modo que manda a abortar fuera de la CAM la vez. ¡Qué inventen ellos!

La política científica en Madrid es penosa. No tienen los proyectos de investigación ni las becas de investigación que existen en otras comunidades, incluso gobernadas por el PP. Yo he evaluado currículos de candidatos a plazas procedentes de Galicia que han participado en proyectos de investigación en Historia contemporánea en los que les concedían en torno a 100.000 euros, mucho más que la financiación del Ministerio de Ciencia en sus diversas denominaciones y con diferentes gobiernos. El nuevo recorte de la Comunidad de Madrid en becas para investigación, una partida ínfima en comparación con otras, es una tragedia para la ciencia y la universidad. Y una victoria más para los piratas de lo público.

A comienzos de este mes se desató un escándalo por la revelación de unas instrucciones del Pablo Gallart, CEO del Grupo Salud Ribera, que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz. Aunque sean indignantes, la verdad es que a mí no me ha sorprendido. En realidad, me ha recordado a la película Casablanca cuando el capitán Renault, interpretado magistralmente por Claude Rains, le dice con gran cinismo a Rick Blaine, que encarna Humphrey Bogart: “¡Qué escándalo, qué escándalo, he descubierto que aquí se juega!”, y a continuación el jefe de sala donde se juega le entrega un fajo de billetes: “Sus ganancias, señor”.

Las recomendaciones de Gallart son normales en un ejecutivo de una empresa que persigue conseguir el mayor beneficio posible. La gravedad del asunto es que se trata de un servicio público, donde está en juego la salud de los madrileños. Pero la salud de los ciudadanos no puede ser un negocio. La sanidad pública es uno de los pilares básicos de los Estados del bienestar. Pero esto no es nuevo, este proceso se inició con Esperanza Aguirre hace ya bastante años. La privatización de la sanidad pública persigue varios objetivos, que pueden resumirse básicamente en dos: aumentar el negocio de las empresas y provocar el deterioro del servicio público para que la gente se haga un seguro privado. De hecho, ya lo han conseguido, Madrid es una de las regiones con más seguros de salud por habitante y empresas como el grupo Quirón se han forrado. Sólo en entre 2021-2024 ha recibido casi 5.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid, aunque estaban presupuestados 2.543 millones.

El sistema es perverso, pero perfecto. Todos tenemos experiencias lamentables con la sanidad madrileña porque nos ponemos enfermos y tenemos dolencias crónicas: desde retrasos en pruebas a demoras de diez días para ver a tu médico de familia, pasando por escenas dantescas en unas urgencias colapsadas o plazos de espera muy amplios para conseguir una cita con un especialista, y no digamos ya las listas de espera para intervenciones quirúrgicas. Soy funcionaria de la maltrecha Universidad Complutense y pertenezco a Muface, pero siempre he elegido la atención sanitaria en la Seguridad Social. Por mi domicilio pertenezco a un hospital, la Fundación Jiménez Díaz, y a unos centros de especialidades, gestionados por el famoso grupo Quirón. Tengo artrosis degenerativa en las rodillas y desde hace unos años un traumatólogo me recomendó infiltrarme ácido hialurónico para mejorar mi calidad de vida, que tenía que sufragarme yo porque ese tratamiento no lo cubría la Seguridad Social ni Muface. Casi 300 euros por rodilla, total unos 600 euros al año. Pero recientemente la traumatóloga me ha dicho que la Fundación prohibía ese tratamiento porque no estaba en la cartera de servicios y que era la última que me la ponía. Las palabras no son neutras, me habló de “cartera de servicios”. En la nómina del último mes he pagado casi el 27% en impuestos, pero no tengo derecho a que un traumatólogo me inyecte una infiltración que financio yo para mejorar mi salud y aliviar los dolores. La Fundación pretende que vaya por el sector privado y que además de la infiltración abone la consulta del traumatólogo. Esta es la sanidad pública de la Comunidad de Madrid dirigida por de Isabel Díaz Ayuso. Sólo conciben la sanidad como un negocio de las empresas privadas. De esta manera el comisionista de la empresa Quirón se podrá comprar otro ático a costa de los impuestos de todos los madrileños. El modelo del Partido Popular, que está destrozando los servicios públicos, es muy eficaz porque está consiguiendo que los convencidos de la sanidad pública nos veamos abocados al sector privado por pura supervivencia. Es muy lamentable y desolador.

La mayoría de la gente conoce el sistema de salud madrileño porque este modelo privatizador lleva años funcionando, pero lo dramático es que un 47,34% de los votantes de la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones respaldaron estas políticas, a los que hay que sumar el 7,31% de Vox. En resumen, 1.832.200 de ciudadanos apoyaron este modelo. Y cuando padecen los inconvenientes de la sanidad pública se quejan de boquilla y echan la culpa al malvado Sánchez, que sólo da dinero a los catalanes, según oigo en las salas de espera del centro de salud. Y mientras Ayuso nos distrae hablando de ETA, que ya no existe por mucho que se empeñe, de Venezuela, o del perverso comunismo que nos domina, elevando cada vez más la hipérbole. Quizás los medios de comunicación deberían hacerle menos caso porque no aporta nada, sólo dice barbaridades y disparates. Ya estamos hartos del minuto de gloria diario de esta señora que avergüenza a muchos madrileños.

Pero este procedimiento es el mismo que la Comunidad aplica a todos los servicios públicos. No en casualidad que sea la comunidad del país que menos invierte por habitante en salud y menos invierte en educación por alumno. Es el mismo modelo que está aplicando para destruir la universidad pública en favor de los centros privados. En mi facultad de la UCM nos pasamos medio año con el abrigo por aulas y pasillos, debido al frío permanente que hace. En el IES Lope de Vega de Madrid, uno de los institutos históricos de la capital y donde estudia mi hija (y yo hice COU), para sufragar el reemplazo de las deterioradas butacas del teatro la dirección del centro ha recurrido a la organización de espectáculos apelando a la ayuda de las familias con la compra de entradas. Así, han contado con la generosidad del gran actor Alberto San Juan para la primera de las funciones. Aunque sea una bonita iniciativa no deja de ser penoso que tengan que recurrir a la solidaridad para reponer un material que debería financiar la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los centros concertados cuentan con instalaciones estupendas ya que reciben doble financiación: la de los padres y la de la administración del PP, cada vez más cuantiosa. Lo público es residual, cada vez más abandonado, menos financiado, concebido para pobres o para obstinados. Esto es la libertad para Ayuso.

La libertad de Madrid, según el PP, consiste en que te hagas un seguro médico privado, lleves a tus hijos a un colegio concertado, que funciona como un coto privado, y a una universidad privada, y, por último, que pagues una residencia privada a tus mayores. Mucho dinero necesita cada ciudadano para mantener este modo de vida, ahora el negocio está asegurado. Pasen e inviertan en Madrid, la tierra de la libertad, más bien del neoliberalismo salvaje. Y mientras con nuestros impuestos pagan la ruinosa fórmula 1, el chiringuito de Network para mantener a amiguetes, incluidos la propia Ayuso y Abascal cuando eran jóvenes, un partido de la NFL, obras faraónicas inútiles como el hospital Zendal y demás mamandurrias, como diría la pionera de este modelo privatizador, Esperanza Aguirre. A cambio tenemos los peores servicios públicos del país. Este es el patriotismo de Ayuso y compañía.

A los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, el Partido Popular, principal partido de la oposición y el más votado en las elecciones del 23 de julio de 2023, sigue teniendo un problema con el pasado reciente de nuestro país. Existen diversas causas que explican esta realidad que bascula entre la ambigüedad y la elusión del tema. Les sigue molestando y provocando contradicciones la historia del siglo XX español.

Obviamente, su origen y su historia explican en parte esta posición, ya que cabe recordar que este partido se remonta a Alianza Popular (AP), creada en 1976 y liderada por Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969. Estaba en el consejo de ministros que sancionó la pena de muerte a Julián Grimau. Y, entre otros logros, impulsó la operación de manipulación contra el estudiante Enrique Ruano –con la colaboración inestimable del periódico ABC–, la campaña de los “25 años de paz”² o la Ley de Prensa de 1966 que mantuvo la censura.

En realidad, AP era una unión de siete organizaciones políticas, lideradas en su mayoría por jerarcas de la dictadura, los llamados “siete magníficos”: Fraga (Reforma Democrática), Cruz Martínez Esteruelas (Unión del Pueblo Español), Federico Silva Muñoz (Acción Democrática Española), Licinio de la Fuente (Democracia Social), Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (Unión Social Popular) y Gonzalo Fernández de la Mora (Unión Nacional Española). Todos fueron ministros de diferentes carteras, salvo Carranza, que no pasó de director general. En febrero de 1977, en el Teatro Lara de Madrid, López Rodó afirmó que todos los promotores de AP se honraban de haber servido a Franco y seguir siendo fieles a su memoria. Y en marzo del mismo año, en el primer congreso del partido, reivindicaron la memoria del dictador ante gritos de miles de simpatizantes que gritaban “¡Franco, Franco, Franco!”. En 1989, tras la dimisión de Antonio Hernández Mancha, la formación política se refundó dando lugar al Partido Popular, con José María Aznar a la cabeza.

La mayoría de los políticos del PP no reconocen la experiencia de la Segunda República como la primera democracia del país, según ha señalado en varias ocasiones Esperanza Aguirre, exministra de Educación y expresidenta del Senado y de la Comunidad de Madrid. Aguirre incluso ha llegado a culpar a la República y al PSOE de la guerra civil, asumiendo todos los mitos de la dictadura sobre la violencia y la ilegitimidad del gobierno salido de las elecciones de febrero de 1936. En las filas populares siempre insisten en reivindicar la etapa que arranca con la Transición como la primera democracia de España, aunque sólo ocho diputados de los 16 que obtuvo AP en las elecciones de 1977 (13 de ellos antiguos ministros de la dictadura) votaron a favor de la Constitución de 1978, mientras que cinco votaron en contra y tres se abstuvieron. Aunque nadie lo diría hoy con los golpes de pecho que se dan al defender la carta magna del 78. O quizás por eso lo hacen: quieren pasar por ser los más constitucionalistas para ocultar una decisión poco gloriosa. Obviamente, estos orígenes marcan impronta en el Partido Popular.

En estos últimos cincuenta años, el partido no ha condenado la dictadura en un acto solemne e Institucional. Lo que hizo fue impulsar en 2002 en la comisión constitucional del Congreso una proposición sin rango de ley, negociada con el PSOE, en la que, en su punto condenatorio, rechazaba el uso de la violencia para imponer “convicciones políticas” y “regímenes totalitarios”, pero con un lenguaje lo suficientemente ambiguo para que la frase pudiera atribuirse también el bando republicano, que es lo que hace hasta hoy la derecha. El tercer punto de la proposición consagraba el reconocimiento moral de todas las víctimas de la Guerra Civil y de “cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista” (al menos en este punto se llamó al régimen por su nombre). El PP contaba entonces con la mayoría absoluta en el Congreso; los demás grupos retiraron sus propuestas alternativas y aprobaron la del PP, asumiéndolo como un mal menor ante el hecho que por primera vez en la actual etapa democrática se abriera la puerta al reconocimiento de las víctimas del franquismo.

Subrayo que esto sucedió en 2002, a los 27 de la muerte del dictador. En muchas otras ocasiones el PP se ha negado a condenar la dictadura argumentando que ya lo hicieron en el Congreso aquel año. En 2003 se opuso a participar en un homenaje a los represaliados del franquismo con ocasión del 25 aniversario de la Constitución y se negó a aprobar una propuesta para anular los juicios políticos de la dictadura. Tampoco apoyó en 2007 la primera ley de reconocimiento y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, la llamada Ley de Memoria Histórica, y la Ley de Memoria Democrática en 2022, alegando que ambas reabrían heridas y que no era conveniente remover el pasado.

La cuestión es que no se pueden abrir heridas que nunca se cerraron. El país sigue con miles de ciudadanos tirados en cunetas y campos. A pesar de ello, el senador conservador José J. Peñarrubia sostuvo en 2015 que no había demanda para exhumar más víctimas ni descubrir más fosas, “salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España”, y tildó al PSOE de “cansino” en el tema. Ese mismo año, el Partido Popular también votó en el Congreso en contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto para retirar el título de “Grandes de España” a los Franco, y otros títulos nobiliarios a golpistas como Emilio Mola, José Moscardó, Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe o José Antonio Primo de Rivera. En 2018 se abstuvieron en el Senado, junto con Ciudadanos, en la votación de una moción de condena del franquismo y de cualquier acto de exaltación del mismo.

El Gobierno de Mariano Rajoy no derogó la ley de Memoria Histórica, pero en la práctica la dejó en suspenso porque no destinó ni un solo euro para su ejecución, de lo que alardeó el propio Rajoy. Por contra, se quejó en 2017 del cambio de la calle Salvador Moreno por Rosalía de Castro en Pontevedra, obviando que ese almirante fue un militar golpista en 1936 que bombardeó Gijón y a la población que huía de Málaga a Almería y tuvo distintos cargos de responsabilidad en la dictadura. De hecho, el Grupo Popular se opuso al cambio de denominación de la vía pública en el pleno municipal. En 2018, el entonces ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, se opuso a retirar la condecoración al policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, acusado de torturas. Ni siquiera les pareció bien la exhumación en 2019 del dictador Franco de la basílica del valle de Cuelgamuros, donde reposaba en una tumba faraónica con todos los honores. Ya habían votado dos años contra de una PNL del PSOE sobre esta cuestión.

Tampoco han ayudado al PP a superar su pecado original los compadreos y pactos con Vox, partido de extrema derecha que defiende abiertamente las bondades de la dictadura. Desde su llegada en 2023 a muchos gobiernos autonómicos, han derogado las leyes de memoria democrática en Aragón, Extremadura, Cantabria, Valencia o Baleares.

Aparte de estas actuaciones contrarias a la reparación de las víctimas de la represión, los conservadores tienen a sus espaldas un reguero de declaraciones de dirigentes que revelan su actitud frente a la dictadura. “¿Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo si hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad?”, decía el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja en 2007. El defenestrado presidente del PP Pablo Casado manifestó en 2009, cuando era el líder de Nuevas Generaciones en Madrid, que en la izquierda eran unos carcas porque estaban “todo el día con la guerra del abuelo y la fosa de no sé quién”, a pesar de que su propio abuelo médico fue represaliado por ser ugetista. En 2014, Rafael Hernando, recurrente diputado y senador popular, acusó a las víctimas del franquismo de acordarse de sus familiares “sólo cuando hay subvenciones”. La diputada por León y portavoz actual del PP en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz, cuando era senadora en 2019 criticó en la cámara alta que se destinaran 15 millones de euros para “desenterrar unos huesos”, en alusión al presupuesto destinado a las exhumaciones de fosas en vez de mejorar los salarios de jueces y fiscales. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, afirmó el pasado verano que en este curso político se iba a “empezar a cavar la fosa” del gobierno de coalición. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, autorizó en 2020 la retirada a martillazos de la placa conmemorativa del socialista Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo y presidente del Gobierno durante la Segunda República, en su casa natal de Madrid. Un año antes autorizó quitar las placas con los nombres de los 3.000 fusilados del memorial en el cementerio de Este junto con los versos de Miguel Hernández. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso se niega a colocar una placa en el edificio de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol que recuerde que fue sede de la Dirección General de Seguridad y espacio de torturas, pese su declaración de lugar de memoria. El Gobierno madrileño ha cancelado además todos los cursos de formación para profesores de secundaria que tengan que ver con el franquismo y la memoria democrática argumentando que tienen un claro sesgo ideológico.

La sombra de Franco es alargada y el PP siempre ha querido pasar de puntillas sobre el pasado traumático del país, cuando no ha blanqueado directamente ese período. En las filas populares han tenido poca o nula generosidad con las víctimas del franquismo. Incluso han llegado a inventar víctimas de la Segunda República para vincular esta etapa con la guerra civil. Las palabras no son neutras ni casuales. Los gobiernos de Aznar financiaron a la Fundación Francisco Franco, que hace apología del dictador, con el pretexto de microfilmar sus fondos documentales, que son propiedad del Estado. La narrativa de la derecha sobre la guerra civil y la dictadura son una ofensa al trabajo de los historiadores que durante décadas han investigado con rigor el traumático siglo XX español. Pese a repetir que ya ha condenado la dictadura, en alusión a la proposición no de ley de 2002, el Partido Popular sigue en deuda con los represaliados del franquismo y con todos los demócratas. Si de verdad pretende ser un partido homologable a sus pares conservadores europeos, el PP debe romper definitivamente con el franquismo, aunque ello le suponga cuestionar su propio origen, en vez de celebrar una encuesta favorable al partido con una frase del 'Cara al sol' -“En España empieza a amanecer”-, como hizo días atrás en X el senador Francisco Bernabé.

Nota. Si los lectores quieren saber más sobre la travesía de AP y el PP recomiendo la lectura del reciente libro de los profesores Carme Molinero y Pere Ysás: Alianza Popular/Partido Popular, Del franquismo a la democracia (1976-1996), Granada, Comares, 2025.

El escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía es una de las crisis más graves a las que se puede enfrentar un gobierno autonómico y más a pocos meses de unas elecciones. Por eso el Gobierno de la Junta de Andalucía ha pretendido minimizar los daños, de manera bastante torpe: negando la situación al principio, recurriendo a mentiras e incluso a manipulaciones en los diagnósticos de las mamografías y, por último, atacando a las víctimas, incluso intentando desprestigiar a la asociación Amama, que ha denunciado la grave situación del programa de prevención. Y el motivo es muy sencillo y obvio: el cáncer es una enfermedad que afecta a todos, es interclasista y no entiende de ideologías. Afecta a pobres y a ricos; a votantes del Partido Popular, del Partido Socialista o de Izquierda Unida; a jóvenes y a mayores; a hombres y a mujeres.

Las clases medias han reaccionado de manera individualista ante el deterioro de los servicios públicos, que son la columna vertebral del Estado del bienestar. En la mayoría de los casos se han resignado y han optado por el “sálvese quien pueda” pagando un seguro médico privado, o bien llevando a sus hijos a colegios concertados o privados, e incluso solicitando créditos bancarios para asumir los costes de las universidades privadas. No les ha importado el deterioro y la privatización de los servicios públicos si eso les suponía una rebaja fiscal, porque tienen recursos para capear el temporal. Además, los colegios concertados incluso son una bicoca porque funcionan como privados en cuanto a la gestión y reciben doble financiación de la administración autonómica de turno y de los propios padres. Por 150-200 euros al mes pueden segregar a sus hijos de pobres e inmigrantes. 

Pero, ay, amigo, cuando el cáncer llama a tu puerta. En esos casos el seguro privado rápidamente se deshace del cliente, y subrayo lo de cliente, porque son tratamientos muy costosos y les invitan amablemente a irse a la sanidad pública. Muy pocos ciudadanos pueden asumir un tratamiento para curarse de un cáncer, ya que suele incluir numerosas pruebas, una o dos intervenciones quirúrgicas, hospitalización, radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia, aparte de revisiones contantes. Si cada persona a la que se le diagnostica un cáncer tuviera que asumir de su bolsillo el coste de los tratamientos sería imposible, se arruinaba. Sólo hay que ver el modelo sanitario estadounidense.

Por este motivo es tan importante defender la sanidad pública y pagar impuestos, que acaban revirtiendo en los ciudadanos como salarios indirectos. Aunque en España lo de pagar impuestos nunca ha tenido buena prensa, y más si son progresivos y redistributivos. Las elites siempre han defendido una presión fiscal baja, basada en impuestos indirectos y regresivos. No hay más que ver los sucesivos fracasos de las diferentes reformas hacendísticas en la época contemporánea. También estamos acostumbrados a ver cómo patriotas de banderitas en las pulseras y en las correas del perro pagan sus impuestos fuera o defraudan al fisco.

Del mismo modo hay que defender la educación pública, el verdadero ascensor social en una sociedad democrática. Se está haciendo mucho daño al sistema público de enseñanza mediante la infrafinanciación que está llevando a la asfixia económica a las universidades públicas, mientras se fomenta la proliferación de centros privados, muchos de los cuales funcionan como verdaderos chiringuitos académicos. El mejor ejemplo es la Comunidad de Madrid y la gravísima situación de las universidades públicas, en particular de la Universidad Complutense. Sólo señalo un dato muy contundente: Madrid, siendo una región rica, es la Comunidad que menos invierte por alumno universitario, gastando en la actualidad menos que antes de la crisis económica de 2008.

Es inaudito que el mismo Gobierno autonómico que debía financiar la UCM haya obligado a pedir un crédito bancario a un alto interés para pagar deudas a proveedores. El crédito de 34,5 millones de euros no va a servir nada más que para tapar agujeros, pero no va a resolver el grave problema de financiación. Todas estas políticas tan nocivas tienen un objetivo evidente: liquidar la universidad pública y que sólo puedan estudiar los que tengan suficientes recursos. Así como van las cosas, no sorprendería que la Complutense pasara en un futuro a ser participada por un fondo buitre, de esos que ya han ha echado a numerosos inquilinos de sus casas y a los vecinos de los barrios.

Resulta increíble que mucha gente apoye estas políticas de desguace de lo público con sus votos a cambio de bajadas de impuestos, que son el chocolate del loro, y ese discurso tan nocivo y tramposo, que sólo beneficia a los más ricos, de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Con esos euros que nos ahorramos la mayoría de los mortales no tenemos ni para pagar una noche en la UCI de un hospital. Pero, obviamente, los más pudientes se ahorran millones en impuestos: ellos son los grandes beneficiados de los recortes y de las rebajas fiscales, pero lo venden con papel de regalo, afirmando que esas políticas son buenas para toda la ciudadanía. Y lo peor es que el mensaje ha calado y mucha gente lo traga.

La situación de los servicios públicos en muchas comunidades autónomas es gravísima. Es muy fácil desmontar un servicio médico o un equipo de investigación, pero cuesta mucho crearlos. Por mucho que el presidente andaluz, Moreno Bonilla, hable de millones y de un plan de choque, los radiólogos y otros especialistas médicos no son setas que proliferan por el campo, son profesionales que requieren muchos años de formación y estudio. Y lo más triste es que muchos científicos, investigadores y médicos que se han formado en este país se han visto obligados a emigrar al extranjero ante la falta de expectativas, la precariedad de los contratos y los bajos salarios.

La gente tiene que despertar ya, porque están en juego la salud y los proyectos de vida de las personas. Ya no es suficiente con pagar un seguro médico privado, porque las aseguradoras no atienden las enfermedades graves y muchas están tan colapsadas como la Seguridad Social. Tampoco será suficiente endeudarse hasta las cejas para dar unos estudios a los hijos. Todavía estamos a tiempo de revertir la situación, pero el tiempo corre en nuestra contra y, si nos descuidamos, el daño será irreversible.

La universidad pública sufre una campaña de acoso por parte de numerosos gobiernos autonómicos, liderada por la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y a la que se ha sumado con entusiasmo Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía. Los gobiernos del Partido Popular llevan años infrafinanciando la universidad pública y favoreciendo la apertura de centros privados, muchos de ellos auténticos chiringuitos académicos que venden títulos. De hecho, en Madrid existen 14 universidades privadas frente a las seis públicas, a las que se lleva años asfixiando económicamente. A pesar de ser una de las regiones más ricas del país es la que menos invierte por alumno en la educación pública.

La situación de la Universidad Complutense es dramática. Cualquier día ocurre una desgracia en alguna facultad por la lamentable situación de las instalaciones: edificios mal climatizados, sin calefacción, radiadores que no funcionan, ventanas y persianas rotas, sin aires acondicionados o estropeados sine die y cortes de luz.

En el Consejo de Gobierno del 15 de julio pasado se aprobó la petición de un crédito de 34,6 millones de euros, con un interés del 2,8% de interés a devolver en cinco años, para poder pagar a proveedores. La operación se ha llevado a cabo con gran opacidad y no se ha informado si el crédito lo dará una entidad bancaria o la propia Comunidad. Tampoco se ha explicado qué ocurrirá si no pueden devolverlo: ¿se quedará alguna entidad bancaria con el campus histórico de la Ciudad Universitaria?

Es indignante y vergonzoso que la institución que debe garantizar la viabilidad económica de la universidad pública fuerce a solicitar un crédito ante la gravedad de las finanzas de la Universidad Complutense. Esta noticia, que arroja dudas sobre la viabilidad de la universidad pública más grande del país, ha pasado desapercibida pese a ser un auténtico escándalo. Los recortes del 35% ya han repercutido en el funcionamiento de la Complutense: se ha reducido la contratación de personal, no se financian los grupos de investigación, se han recortado las descargas por sexenios de investigación a los profesores – olvidando que la investigación es una tarea crucial en los docentes universitarios–, se han reducido los desplazamientos en las prácticas, se ha suspendido el préstamo interbibliotecario y se compran menos libros. El déficit presupuestario no financiero de la UCM fue de 77,8 millones de euros en el ejercicio 2024. Y todavía podemos ir a peor cuando conozcamos el contenido íntegro de la Ley de Universidades que prepara la Comunidad de Madrid.

Para más inri me entero por la prensa que la diputada en el Congreso por el Partido Popular Noelia Núñez González no sólo ha falseado su currículo, en el que señalaba haber cursado tres grados, sino que era profesora en una universidad privada. Esta concejala en Fuenlabrada y exdiputada en la Asamblea de Madrid daba clases en Ciencias Políticas en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, que tiene un campus en Madrid. Este es el nivel de las universidades privadas: colocan a profesores que no sólo no son doctores, sino que no tienen ni una titulación académica superior. Ni se han molestado en pedirle el título de unos estudios que primero habría cursado en la Universidad Central de Missouri y luego en la Universidad Complutense de Madrid, una supuesta confusión que se atribuyó con desfachatez a la coincidencia de las siglas. El centro, cuyo nombre responde al primer obispo de Guatemala, ha intentado minimizar la polémica afirmando que solo imparte clases en titulaciones con validez en Guatemala, no en España. Luego ha desmentido que Noelia Núñez fuera profesora del centro, pese a que aparecía en la web entre el claustro de profesores. Este centro fue autorizado por la Comunidad de Madrid con un informe negativo del Ministerio de Universidades del propio PP dos años después de que el exconsejero Javier Fernández Lasquetty fuera nombrado vicerrector de la universidad guatemalteca. El mismo que dimitió de consejero de Sanidad tras tumbar la justicia su plan privatizador del servicio sanitario madrileño.

La colusión entre estos centros y los intereses políticos e ideológicos son evidentes. La “Marro”, como es conocida, cuenta entre sus profesores con Juan Manuel Rallo, gurú económico del PP y Vox y firme partidario de aplicar la motosierra de Milei en el Estado. Y en su listado de doctores honoris causa se encuentra José María Aznar. Es bastante elocuente el hecho de que la universidad naciera en Guatemala a principios de los años 70 como epicentro del neoliberalismo en América Latina y que uno de sus doctorados honoris causa se lo concediera al economista Milton Friedman, el cerebro del despiadado tsunami neoliberal que tantos estragos causó en los años 70 y 80 en la región.

El PP de Madrid fomenta este tipo de centros y chiringuitos académicos al mismo tiempo que desprecia y maltrata económicamente a las universidades públicas. Es la marca de la casa. Concibe la educación como un negocio para aquellos que puedan permitírselo. Para elites. Lo que mantiene el nivel de la universidad pública en Madrid es su profesorado, muy cualificado y superior al que tienen estos centros privados. Ese es su capital, junto con todo el personal de administración y servicios.

Hemos conocido también que hace unas semanas la Junta de Andalucía vetó dos grados de Ingeniería Biomédica e Inteligencia Artificial en las universidades públicas de Jaén y Granada, mientras han sido concedidos a las privadas Loyola (Córdoba) y Alfonso X El Sabio (Málaga). El precio para estudiar la titulación de Inteligencia Artificial ascenderá hasta los 11.500 euros por curso en los centros privados, 46.000 euros por los cuatro años que dura la carrera. De este modo sólo los hijos de los pudientes podrán cursar en Andalucía estos estudios. En realidad, son centros de segregación social, no educativos.

Estas actuaciones no son casuales. Responden a un plan premeditado para liquidar la universidad pública, mientras proliferan como hongos centros que no reúnen las mínimas garantías de calidad, donde se compran los títulos, donde las elites tejen redes sociales para perpetuarse en el poder. Cada vez más políticos, para engrosar sus currículos, obtienen títulos en establecimientos que no tienen suficiente nivel académico. Muchos cargos se han formado desde la infancia sin pisar un centro público en su vida, de modo que ni conocen ni les interesan las necesidades de la educación pública.

El caso de Noelia Núñez debería servirnos para redoblar la lucha por la universidad pública. Antes de que sea demasiado tarde.

Los graves sucesos de Torre Pacheco (Murcia) y la presunta corrupción en el Ministerio de Hacienda en la etapa de Cristóbal Montoro han eclipsado la exposición que Vox ha instalado en el parlamento europeo en Bruselas con dinero público. En intolerable que las instituciones europeas den cobertura a una exposición que hace apología del fascismo en la semana en que se cumplen 89 años del golpe de Estado que provocó la guerra civil y acabó violentamente con la primera experiencia democrática del país. Parece que es el sino de los tiempos, acorde con la ola ultra y reaccionaria que recorre el mundo. ¿Qué será lo siguiente, Roberta Metsola, una exposición que defienda la labor social los campos de exterminio nazis?

En España existe un grave problema con el pasado reciente, que Vox ha trasladado al corazón de la democracia europea con la complicidad de los responsables que lo han autorizado, empezando por el cuestor Kosma Zlotowski, del partido ultra polaco Ley y Justicia y adscrito en la Eurocámara al grupo de Conservadores y Reformistas Europeos. El título de la muestra, 'La cruz como símbolo de las raíces cristianas' resulta tramposo si atendemos a la significación de la cruz en ese monumento y al papel de la Iglesia en el franquismo. Además esa exposición, con maqueta incluida del monumento faraónico en Cuelgamuros, está plagada de mentiras y falsedades. Su único objetivo es blanquear el franquismo y denunciar el plan de resignificación de ese horrible complejo arquitectónico.

Esta circunstancia podría servir para que el Gobierno se replanteara la necesidad de eliminar la cruz, así como la expulsión de los monjes benedictinos de la basílica si de verdad quiere convertir ese lugar, representación del nacionalcatolicismo, en un espacio didáctico que explique el carácter represivo y de exclusión social del régimen franquista. Ese edificio nunca fue símbolo de reconciliación, todo lo contrario, fue un emblema de la Victoria, de glorificación del 18 de julio, realizado por presos políticos republicanos. Además allí yacen más 30.000 cuerpos de víctimas de la guerra llevados forzosamente sin consultar a las familias, lo que hace de él la mayor fosa común del país.

Para más inri, durante cuarenta y cuatro años fue el mausoleo de Francisco Franco, hasta que en octubre de 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez decidió sacar la tumba del dictador. También fue exhumado en abril de 2023 el cuerpo del fundador del partido fascista Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, que estuvo enterrado sesenta y cuatro años junto al altar mayor, al otro lado de Franco.

No todo vale en aras de la libertad de expresión, ni todas las opiniones tienen el mismo fuste: esa exposición nunca debería haberse permitido en el Parlamento europeo. Parece mentira que en el 80 aniversario de los campos de concentración de los nazis se permita semejante acto de propaganda fascista. Deberían haber consultado previamente con las autoridades españolas o preguntado a expertos en la materia sobre la pertinencia de instalar una exposición de esas características y más sabiendo que era promovido por un partido ultraderechista como Vox, que defiende las supuestas excelencias de la dictadura de Franco. En los paneles explicativos, aparte de recuperar el nombre que le dio la dictadura al complejo, “Valle de los caídos”, se afirma que la mano de obra que trabajó allí en durísimas condiciones “no eran presos políticos, sino presos procedentes de la guerra civil condenados por delitos extraordinariamente graves, abundando los de asesinato, y presos comunes condenados por delito posterior a la misma guerra”.

Y lo más sangrante es que hace años las instituciones europeas rechazaron una exposición sobre las víctimas del franquismo, titulada 'Exhumando fosas, recuperando dignidades' argumentando que podrían generar controversia política. Ahora en 2025 enaltecer un espacio de represión de la dictadura franquista debe ser aceptado y normalizado. En realidad, lo que debería exhibirse en la Eurocámara es una exposición rigurosa realizada por expertos sobre Cuelgamuros, incluyendo las excavaciones que realizó un equipo de arqueólogos sobre los destacamentos penales, liderado por especialista del CSIC, Alfredo González Ruibal.

Obviamente esta iniciativa de Vox no es casual. Forma parte de un programa para rehabilitar la figura de Franco y su dictadura, aparte de una instrumentalización del pasado con fines políticos. Sus instigadores se mueven con mitos, medias verdades, hechos manipulados que manejan en redes sociales como si fueran verdades reveladas. Vox es el adalid, pero el Partido Popular, demasiado ambiguo con este tema, se ha puesto de perfil una vez más, quizás por su origen y el peso de esos exministros franquistas que fueron sus padres fundadores. Sólo hay que recordar algunas escandalosas declaraciones de muchos dirigentes a lo largo de su historia, destacando la última de Esperanza Aguirre, donde reivindicaba la dictadura frente a la Segunda República.

Aparte de la movilización y las cartas de protesta a la presidenta de Parlamento, Roberta Metsola, de eurodiputados de distintas formaciones políticas, el Gobierno de España también debería elevar una queja formal a la Eurocámara y otras instancias europeas para suspender esa exhibición de apología del franquismo. No puede permitirse la difusión de ese discurso de la dictadura en Bruselas, que vulnera la Ley de Memoria Democrática y supone una ofensa a las víctimas del franquismo.

Por otro lado, es una falta de respeto a las investigaciones serias de generaciones de historiadores que han analizado las características de la dictadura, que supuso un gran retroceso para el país y el sufrimiento de miles y miles de personas. Está claro que su autorización responde al peso de las derechas y extrema derechas europeas. Es muy peligroso para el futuro de la Unión Europea y para el sistema democrático tolerar estas actividades y permitir estas actitudes complacientes con ideologías extremas, que aplauden a regímenes dictatoriales.

Se ha tardado mucho en España en reconocer a las víctimas de la dictadura mediante dos leyes –la de 2007 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la 2022 bajo el Gobierno de coalición presidido por Sánchez– para que ahora en la sede de la soberanía europea se dé pábulo a versiones neofranquistas de nuestro pasado. La Unión Europea no puede tolerar estos agravios a la memoria de las víctimas del franquismo, y más teniendo en cuenta que muchas de ellas contribuyeron a liberar el continente europeo de las garras del nazismo. Asimismo, esta muestra vulnera y contradice las resoluciones de la propia Eurocámara en contra de la exaltación del fascismo. Sorprendentemente parece que el Parlamento europeo se ha sumado a las celebraciones del 18 de julio de colectivos ultras.

El 5 de enero de 1935, hace 90 años, una cabalgata de libros recorrió las principales calles de Madrid. Fue organizada por Rafael Giménez Siles, el inquieto editor de Cenit y creador de la Feria del Libro de Madrid. Se utilizó como carroza uno de los camiones librería de la Agrupación de Editores Españoles que llevaron la experiencia de la Feria a provincias. Contó con la colaboración de los autores 'Antoniorrobles' (Antonio Robles Soler), Salvador Bartolozzi y Ramón Gómez de la Serna, disfrazados de Reyes Magos. Con esta iniciativa se pretendía difundir el libro infantil y juvenil, aparte de animar a que parte de las compras de juguetes se dedicasen a la adquisición de libros. Visitaron las librerías que habían decidido participar en esta original iniciativa como La Casa del Libro, San Martín, Pueyo, Bailly-Baillière, Francisco Beltrán o Enrique Prieto, entre otras.

Guardias municipales de gala y a caballo escoltaron la comitiva durante el largo recorrido, amenizado con música y con discursos de Gaspar, Melchor y Baltasar desde la megafonía del camión. Partieron desde la sede de la Agrupación de Editores, en la calle Conde de Aranda, a las 15.30 horas. Atravesaron la calle Serrano, Bárbara de Braganza, Fuencarral, la Red de San Luis, la Plaza de Callao, la Avenida de Pi y Margall, la Puerta del Sol y la plaza de la Villa. A lo largo de todo el recorrido la chiquillería se agolpó en las aceras saludando y gritando a los Reyes.

Al llegar a cada librería, los magos de Oriente descendían entre aplausos de los niños y adultos. Dentro de los locales mantenían charlas con los pequeños lectores, y los libreros entregaban lotes de obras de regalo para los niños desfavorecidos. En el Ayuntamiento de la capital fueron recibidos por el alcalde, Rafael Salazar Alonso, que obsequió a los Reyes y a su séquito con una copa de champagne. Allí los tres magos hicieron entrega de las obras regaladas por las librerías, y el rey Ramón Gómez de la Serna habló en nombre de sus compañeros. Al día siguiente, 6 de enero, la cabalgata volvió a salir para dirigirse al grupo escolar Pablo Iglesias, donde se hicieron entrega a los niños de las obras regaladas por los libreros en presencia del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora.

“Reyes Magos de carne y hueso por las calles de Madrid. Ayer, los pequeñines madrileños pudieron comprobar la certeza de la existencia de los Reyes Magos. Los vieron a pocos pasos de distancia, con sus coronas doradas y sus mantos de armiño, desfilar por numerosas calles con una lucida comitiva. La Agrupación de Editores Españoles ofreció el regalo de este espectáculo a la gente menuda, que presenció entusiasmado el paso de la cabalgata”, recogió el diario Ahora.

El éxito de esta actividad fue recogido por la prensa de la época y se grabó un pequeño documental por la Fox-Movietone. Resultó una experiencia pionera y muy original. Esta cabalgata libresca se desarrolló en el contexto de socialización del libro y de la lectura promovida por las autoridades republicanas y los profesionales del libro, cuya máxima expresión fue la Feria de Madrid creada en 1933. 

La Agrupación de Editores Españoles para la difusión y propaganda del libro en castellano nació en julio de 1934, impulsada también por Giménez Siles. Se sumaron las editoriales organizadoras de las ferias madrileñas y un grupo de las principales casas catalanas. El primer camión transportaba dos toneladas de libros de las veintiséis editoriales agrupadas de Madrid y Barcelona: Editorial Atenea, Biblioteca Nueva, Editorial Bergua, Revista de Derecho Privado,  Editorial Castro,  S. A., Editorial Cenit, S. A., Revista de Pedagogía, Editorial Fénix, Revista de Occidente, Saturnino Calleja, S. A., Espasa-Calpe, S. A., Javier Morata Editor, Juan Ortiz Editor, Sociedad General Española de Librería, S. A., Manuel Aguilar Editor, Sáenz de Jubera Hermanos, Biblioteca Nacional, Junta para la Ampliación de Estudios, Casa Editorial Araluce, Editorial Juventud, S. A., Editorial Labor, S. A., Editorial Ramón Sopena, S. A., Gustavo Gili Editor, Montaner y Simón, S. A., Salvat Editores, S. A., y  Dalmau Carles Pla, S. A. 

La carrocería del vehículo se abría y en veinte minutos se convertía en una atractiva librería ambulante, donde se mostraban los diferentes títulos. Además, tenía un circuito eléctrico para iluminar los expositores, instalación radiofónica, micrófono, un amplificador con cuatro altavoces, tocadiscos y proyector de películas, alimentados por un generador eléctrico conectado al motor del automóvil. El aparato de cine y la colección de películas para atraer al público fueron cedidas por el Patronato de Misiones Pedagógicas. El equipo amplificador con micro, radio y fonógrafo y el equipo de iluminación eran de la marca Philips y representaron un hito en la época ya que era la primera instalación que realizaron de este tipo. La gente lo conocía como “el camión de los libros” o “el camión que habla”. De este modo esta librería ambulante se convirtió en un instrumento eficaz de propaganda del libro y de promoción de la lectura. Los camiones fueron requisados por el célebre Quinto Regimiento y acabaron sus días en la Sierra de Guadarrama durante la guerra civil, llevando lecturas a los soldados del frente leal a la República hasta que fueron destrozados por la metralla enemiga.

Quizás el sector del libro podría recuperar esta sorprendente e ingeniosa propuesta de 1935.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace dos semanas una serie de activades bajo el lema “España en libertad” con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Franco. Aunque cabe destacar que tras el fallecimiento del dictador todo el entramado institucional del régimen continuó, incluida la sucesión, que se hizo efectiva el 22 de noviembre de 1975 en la figura de Juan Carlos de Borbón a título de rey. Juan Carlos I juró “por Dios y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional”. De hecho, heredó los mismos poderes de Franco, siguiendo la Ley de Sucesión de 1947 y su elección como sucesor en julio de 1969, ceremonia en la que juró fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y lealtad a Franco. No será hasta la aprobación de la Constitución de 1978 cuando sus atribuciones se vieron limitadas, a cambio de convertirse en una persona inviolable, según el artículo 56.3.

En cualquier caso, 1975 es una fecha muy significativa, que el Gobierno de coalición quiere aprovechar para conmemorar el inicio de la recuperación de las libertades, con el período de transición de la dictadura a la democracia. Aunque es importante subrayar que la democracia actual es heredera de la primera democracia que hubo en este país durante la Segunda República y que fue truncada por el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. También se debería señalar que precisamente el origen del franquismo está en la violencia y la guerra civil que provocó ese golpe militar contra un régimen democrático y legítimo.

Esta conmemoración sería un buen momento para homenajear a todas las víctimas a manos de la extrema derecha y de la violencia policial durante la Transición, como Arturo Ruiz, María Luz Nájera, Javier Verdejo, Yolanda González, los cinco de la matanza de Vitoria: Pedro Mª Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, o los abogados laboralistas Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez, entre otros muchos, aparte de los muchos heridos. La democracia actual está en deuda con todos ellos ya que se jugaron la vida por conseguir un país mejor y más justo, pero para la mayoría de los españoles son completos desconocidos.

También sería el momento de dar una solución definitiva al monumento de Cuelgamuros, una vez que se exhumaron los cuerpos de Franco y José Antonio, o al Arco de la Victoria de Moncloa en Madrid. Otro aspecto importante sería que la Fiscalía actuase en contra de los delitos de apología del fascismo, ya que lamentablemente hay muchos, y en eso no está funcionando la Ley de Memoria Democrática de 2022. Asimismo, habría que seguir avanzando en la búsqueda y exhumación de cunetas y fosas de las víctimas del franquismo, así como en los bancos de ADN para localizar a los bebés robados de sus familias. Además se deberían señalizar todas las obras públicas que se llevaron a cabo con la explotación de los presos políticos durante la dictadura, que tan rentable fue para muchas empresas como Huarte, Entrecanales, Agromán, Dragados y Construcciones, que cotizan en el IBEX 35 con otras denominaciones.

Otra cuestión crucial a abordar en estos actos sería que las nuevas generaciones conociesen las características de la dictadura franquista y la dimensión de su represión a todos los niveles, ya que muchos no llegan a estudiar bien ese periodo en las aulas e incluso tienen una imagen demasiado complaciente de esos años. Deberían aprender que la democracia de la que disfrutan actualmente fue fruto de muchas luchas y costó mucha sangre.

Según diferentes estudios demoscópicos, hay muchos simpatizantes jóvenes entre las filas de la extrema derecha. Tengo amigos profesores de instituto que me cuentan horrorizados cómo muchos alumnos adolescentes llevan pulseras de Vox. Quizás si supieran que las mujeres durante la dictadura de Franco no podían ni abrir una cuenta bancaria, que no existía libertad de expresión, que había censura o que los detenidos sufrían torturas por la Brigada Política Social, no defenderían tan frívolamente esas ideologías. Los jóvenes son el futuro y la garantía de nuestra democracia, así que ellos deberían de los principales destinatarios de esas conmemoraciones de “España en libertad”. A través de unidades didácticas, documentales, exposiciones y charlas en los centros educativos habría que acercarlos a esta realidad. De esta manera se podría neutralizar el daño causado por las redes sociales, que están plagadas de material averiado y blanqueador el fascismo.

Además, sería una buena ocasión para acercar a la ciudadanía los enormes avances de la historiografía española en los últimos años sobre el estudio de la República, la Guerra Civil y la Dictadura, coincidiendo con el periodo democrático y la apertura de nuevos archivos. Frente a tanto mito y mentira que también afectan a nuestra profesión, hace falta distinguir el grano de la paja, defendiendo los estudios serios y rigurosos frente a la mal llamada historia revisionista, que no recoge más que los viejos planteamientos franquistas remozados.

Lo increíble es que el principal partido de la derecha del país, el Partido Popular, no considere importante realizar esa pedagogía sobre la dictadura franquista. Isabel Díaz Ayuso, respondió a esa campaña del Gobierno afirmando que Pedro Sánchez había enloquecido. Y añadió: “Como su Gobierno está en sus últimas horas, ha decidido quemar las calles y provocar violencia con grupos muy minoritarios, que últimamente salen justo cuando él lo pasa mal”. No sé a qué grupos se refiere, porque si alguien ha incendiado las calles de este país últimamente han sido otros por cuenta de la amnistía.

Está claro que el PP, por su origen, tiene un problema con el franquismo. La presidenta de Madrid necesita aprender más historia de España. Aparte de anunciar que no participará ni colaborará en ningún acto, Ayuso se niega a colocar una placa que recuerde que la sede de la Comunidad en la Puerta del Sol fue un espacio de torturas en los siniestros calabozos de la Dirección General de Seguridad. Tampoco acepta musealizar las trincheras de la Ciudad Universitaria, que podrían visitarse en metro en el centro de la ciudad. Incluso sería una manera de que la Universidad Complutense recaudase fondos para financiarse ante la dramática situación económica a la que la somete la CAM. Lanzo esta idea porque igual así alguien se anima a poner en marcha este interesante proyecto, que en otros países tendrían perfectamente desarrollado desde hace años.

En definitiva, queda mucho por hacer en materia de memoria democrática en este país y esperemos que los eventos que se lleven a cabo a los 50 años de la muerte del dictador no sean una oportunidad perdida.

La ignorancia es osada, muy osada. Nos lo ha recordado recientemente el diputado de Vox por Toledo, Manuel Mariscal Zabala, al hacer gala de su ignorancia en el Congreso de los Diputados para blanquear la dictadura franquista.

El parlamentario no ha tenido complejos para demostrar su ineptitud y para mentir en la sede de la soberanía popular. Según la información que figura en la página web del Congreso este señor tiene 42 años y es graduado en Periodismo. Incluso tiene un Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid. Me consta que se imparte Historia de España en esa titulación, así que debió suspender esa asignatura o no fue nunca a clase. Tampoco habrá leído un libro de historia serio y riguroso sobre la dictadura franquista en su vida.

Pero también creo que es un sectario y que miente a sabiendas, aunque haya leído en redes sociales, espacio poco recomendable para aprender si no tienes criterio, cuatro simplezas y mitos sobre el régimen de Franco. Además, como corresponde a la formación que representa, defiende la ideología ultraderechista, heredera de sistemas políticos no democráticos como el franquismo. Nadie serio ni ningún experto solvente defiende hoy que “la etapa posterior a la guerra civil”, como llama él a la dictadura de Franco pues no tiene el valor de mencionarla por su nombre, fue un periodo de “de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para la lograr la unidad nacional”, sino todo lo contrario. Es un insulto a las víctimas del franquismo las barbaridades que este diputado expuso desde su sillón del hemiciclo. Pero hacer apología del fascismo también es delito desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, y más desde el parlamento español.

La dictadura de Franco, que comenzó en 1936, fue un régimen represivo de exclusión ideológica y social. Impuso una cultura punitiva propia de la Victoria del 1 de abril de 1939. Y tras la guerra civil no hubo “paz, piedad y perdón”, como reclamó el presidente de la República, Manuel Azaña, el 18 de julio de 1938 en el Ayuntamiento de Barcelona, sino un ajuste de cuentas terrible con los miembros de la “Anti-España”, todos aquellos que no formaban parte de su restrictivo y excluyente concepto de España.

La venganza sobre los vencidos fue implacable: represión política, ideológica, social, económica y cultural. La represión franquista fue sistémica y afectó a todos los aspectos de la vida de los españoles. A la justicia militar, las ejecuciones masivas y la reclusión en cárceles –donde se explotó económicamente a los presos– hay que sumar la depuración laboral y profesional, los efectos de la autarquía, que sumió en hambre y miseria a la mayoría de la población, sin olvidar la censura, el control de la información, el analfabetismo y la imposición del nacionalcatolicismo. No hubo ningún progreso y menos reconciliación nacional. Los índices macroeconómicos de antes de la guerra no se empezaron a recuperar hasta veinte años después. Y la sociedad española se dividió entre vencedores y vencidos“.

Ya está bien de mentiras. Basta ya de minimizar las terribles consecuencias de la dictadura de Franco para la historia de España. Fueron tiempos oscuros de silencio, muerte, miedo y cárceles.  Al franquismo le debemos el enorme retraso económico y social del país que nos alejó de Europa, y cuestiones más cotidianas como el huso horario que tenemos, que no se corresponde al del meridiano de Greenwich, salvo en Canarias, ya que en 1940 el dictador nos asignó el huso de la Alemania de Hitler. Así como los disparatados horarios que tenemos, como la comida a las tres de la tarde con el fin de que los hombres pudieran echar dos jornadas de trabajo para mantener a sus familias en la larga y dura posguerra. Antes de 1940 en España se comía a mediodía como en el resto de los países europeos. Conservamos incluso el doblaje en el cine, utilizado para censurar los diálogos a su antojo. Y si tienen un libro en sus casas editado en la época de Franco desconfíen de que sea la versión original del autor, ya sea escrito en castellano o traducción, porque la censura mutiló millones de títulos de obras. Y, lamentablemente, por motivos económicos y/o por ignorancia las editoriales siguen reeditando tal cual muchas obras sin corregirlas.

Asimismo, anular los matrimonios civiles y los divorcios, cambiar los nombres de las personas en el Registro Civil que no fueran religiosos, bautizar a la fuerza a los que no formaban parte de la Iglesia, rapar a las mujeres y darles aceite de ricino, o robar bebés a las familias de los vencidos debieron de ser avances para el señor diputado Mariscal. El retroceso en las tasas de alfabetización y el retraso de la ciencia y de la cultura también fueron obra de Franco. Muchos científicos e intelectuales fueron ejecutados, condenados a muerte, encarcelados, obligados a marcharse al exilio o vivir míseramente en España en puestos de menor cualificación. El listado de nombres sería interminable, pero sólo cito a Federico García Lorca, Juana Cadepvielle, Miguel Hernández, Antonio Buero Vallejo, Blas Cabrera, Severo Ochoa, Elena Fortún, Aurora Arnáiz, Luisa Carnés, Max Aub, Juan Ramón Jiménez, Ignacio Bolívar, Rafael Méndez, Guillermina Medrano, José Cuatrecasas, Carmen Caamaño, Paquita Sanchis o Justa Freire, entre otros muchos.

La historiografía española ha avanzado notablemente en los últimos años en el estudio de la represión franquista gracias a la apertura de nuevos archivos y a la renovación de la ciencia histórica. Afortunadamente se sabe muchísimo sobre el funcionamiento del sistema represivo, así como de las víctimas que sufrieron la violencia del Estado franquista mediante el aparato legislativo, jurídico y policial. Se sabe menos, aunque se está estudiando, sobre los victimarios, los que ejercieron esa represión y se beneficiaron de todas las prebendas de la “Victoria”. Por tanto después de años de estudio y de investigación sobre el periodo franquista no se puede tolerar que un representante político afirme desde el Congreso tales barbaridades y mentiras. Es intolerable y ofensivo. Y creo que debería tener una sanción interna del Parlamento y de la Ley de Memoria Democrática. Hace poco escribía sobre los peligros de tolerar las manifestaciones fascistas en nuestras calles y, obviamente, estas declaraciones sólo las jalean.

El diputado Mariscal Zabala militó en el Partido Popular y trabajó de asistente en la campaña electoral a la alcaldía de Madrid de Esperanza Aguirre, la condesa consorte de Bornos, otra experta acrisolada en franquismo a tenor de los disparates que emite sobre la historia de España del siglo XX.  También he leído que el diputado Mariscal ha intervenido pocas veces en lo que llevamos de legislatura y que sólo es vocal de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, así que le recomiendo que aproveche su tiempo leyendo más y recuperando el tiempo perdido de lo que no aprendió en su etapa estudiantil. Así igual no vuelve a hacer el ridículo y no nos ofrece el bochornoso espectáculo de elogiar la dictadura de Franco. Y, por favor, que los jóvenes no aprendan en las redes del material averiado que circula, donde se afirman sandeces tales como: “mejor el franquismo que el sanchismo”.

Acaban de cumplirse 49 años de la muerte del dictador Francisco Franco y en dos semanas se va a conmemorar la promulgación de la Constitución de 1978. La España de hoy es mucho mejor que la de aquellos años en desarrollo económico y social, así como en el sistema político, aunque tiene desafíos y problemas importantes. Pero quizás lo que más sorprendería a los antifranquistas de entonces es la absoluta impunidad con que en 2024 se hace apología del fascismo.

Fue vergonzoso y lamentable contemplar el espectáculo de fascistas recorriendo las calles de Madrid el pasado 22 de noviembre, en una manifestación que finalizó delante de la sede del PSOE con energúmenos cantando el Cara al sol con bengalas. Y no es la primera vez que ocurre: desde hace un año son habituales los símbolos y cánticos fascistas en sus inmediaciones. Cruces gamadas, escudos de Franco y cruces de San Andrés trufados de rezos, insultos a Pedro Sánchez y cánticos como el Cara al Sol y el himno de José María Pemán. 

Existe mucha tolerancia hacia la extrema derecha en España. El Estado se cruza de brazos ante estas actuaciones. Vemos jueces que autorizan concentraciones ilegales en la sede de un partido político y permiten manifestaciones de fuerzas como Falange, vulnerando la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022.  Policías que no identifican a nadie por portar esa simbología y realizar el saludo fascista, incluso con gritos de “Heil Hitler!”. Un ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y un delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, que no dan órdenes para el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Recientemente he dirigido un escrito al señor Martín Aguirre en nombre de un grupo de vecinos para que haga más por el respeto y descanso de los ciudadanos de este barrio y por el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. De hecho, he leído que no se ha condenado todavía a nadie por la vulneración de esta Ley, por insólito que parezca. Pues no será porque no hay individuos que la incumplen a diario, sólo en la calle Ferraz. Me puedo imaginar en el resto del país.

Como historiadora, estos movimientos políticos no me son ajenos; todo lo contrario, me resultan muy familiares. Lamentablemente, los fascismos tuvieron un papel protagonista en la trágica historia del siglo XX y fueron los responsables de violencia y millones de muertos. Permitir estas bochornosas exhibiciones, que nos recuerdan el pasado de la dictadura franquista, por miedo, o para evitar que se nos tilde de autoritarios, supone aceptar una ilegalidad y facilitar la victoria de los fascistas.

Atemorizan a los ciudadanos de a pie, incluso a los policías, y salen en los medios de comunicación montando bronca y exhibiendo fuerza. Hace dos semanas volvieron a vandalizar el barrio de Argüelles con pancartas y banderas de la formación Noviembre Negro. Aunque lanzaron objetos a las UIP de la policía, que tuvieron que cargar en dos ocasiones, y quemaron contenedores sólo se detuvo a dos individuos. Y todo esto sucede con un Gobierno progresista en la Moncloa.

Hemos llegado hasta aquí no solo por la ola reaccionaria internacional que se extiende ahora por el mundo, sino porque durante la transición de la dictadura a la democracia se hicieron demasiadas concesiones. Quizás porque no se pudo o no se supo hacer de otra manera. Los herederos del franquismo, empezado por el jefe del Estado, el monarca Juan Carlos de Borbón, pilotaron ese proceso. Por eso no se les juzgó ni condenó. Mantuvieron su poder económico, ejemplificado en la familia de Franco, multimillonaria todavía hoy con la apropiación de bienes del Estado. Los franquistas fueron desapareciendo, por edad, del aparato del Estado, pero quedaron familias del viejo régimen y un franquismo sociológico aún presente en organismos como la judicatura. Las elites del régimen se creyeron impunes e intocables y seguimos viendo los símbolos franquistas en todos los espacios de la vida pública.

Hasta hace tres días no se han quitado muchos de los escudos, placas, esculturas y demás simbología que exaltaba el franquismo y a sus jerifaltes. El dictador tuvo una tumba faraónica hasta que el primer gobierno de Pedro Sánchez, en octubre de 2019, exhumó su cuerpo de Cuelgamuros. Y hace tan sólo unos meses se han iniciado los trámites para extinguir la aún existente Fundación Francisco Franco. Y ahí sigue la Falange, difundiendo como si nada su discurso antidemocrático. Por todo ello, el español de a pie está familiarizado con toda la simbología franquista.

España tiene un problema serio con su pasado reciente, con la memoria democrática. No se puede ser tan tibio y laxo con los fascistas porque ellos no lo van a ser con nosotros ni con nuestra democracia. A quienes protestan desde hace más de un año portando parafernalia fascista y profiriendo gritos fascistas, la policía debería, cuanto menos, identificarlos. Y a partir de ahí aplicarles la Ley de Memoria Democrática. ¿De qué sirve que en las aulas se condenen esos movimientos si los chicos luego ven esos símbolos habitualmente como si fueran elementos festivos de una romería? Antes añorábamos una legislación como la alemana, donde la apología del fascismo es delito. Ahora que la tenemos, no se aplica. Sólo se están reconociendo a las víctimas de la dictadura franquista. El Gobierno de coalición debería tomarse mucho más en serio este asunto, que es intolerable y dice muy poco sobre nuestra calidad democrática.

(En memoria de Eusebio Lucía Olmos)

El 19 de noviembre de 1933 votaron por primera vez todas las mujeres en unas elecciones generales en España. El 1 de octubre de 1931 se había aprobado el sufragio femenino durante los debates parlamentarios para la aprobación de la Constitución de la Segunda República. En esa fecha se aprobó un derecho fundamental de las mujeres. Lamentablemente el 1 de octubre fue conocido después como el día del caudillo. Pero conviene reivindicar el voto femenino, ya que es una efeméride mucho más positiva que la de Franco.

En realidad, estoy bastante harta de desmontar una mentira que no hay manera de desterrar y que recobró fuerza cuando en 2013 el exministro Alberto Ruiz-Gallardón afirmó desde la bancada azul, para justificar su proyecto de reforma de la Ley del aborto, que los socialistas se habían opuesto en su día al voto femenino. Sin empacho afirmó esa falsedad para desconcierto de los diputados socialistas, que no supieron replicarle con contundencia en ese momento más allá de negarlo. Y se sigue leyendo en la web y en redes el mismo mantra.

Luego se sumó a la fiesta el inconsistente Albert Rivera, que oyó campanas, pero no sabía dónde, y sin leer ni documentarse afirmó que Victoria Kent era diputada socialista, gran error, porque era del Partido Radical Socialista. Obviamente, para este representante de la derecha sin fuste era lo mismo, sonaba a socialista y punto. Victoria Kent no se oponía al voto femenino, pero defendió que no se aprobara en ese momento porque podía darles alas a los enemigos del régimen republicano, debido a la secular dependencia de la mujer del marido y del párroco.

Esta fue la postura de la mayoría de los partidos republicanos de la Cámara que se opusieron a la aprobación del voto entonces. La sumisión de las mujeres junto con la escasa cualificación fueron los argumentos esgrimidos en las intervenciones de los políticos contrarios a la concesión de ese derecho en el Congreso de los Diputados. Incluso hubo quienes, como el diputado republicano federal Hilario Ayuso, solicitaron que se permitiera el voto tras la menopausia porque entonces las mujeres dejaban de ser unas histéricas. Según su criterio, antes del climaterio la mujer tenía disminuida la voluntad, la inteligencia y la psique. No fue tomada en cuenta ni por la Comisión constitucional debido al cariz ofensivo y alcance disparatado de la misma. Basándose en supuestos y controvertidos argumentos científicos y médicos argumentó que no se debía conceder el derecho al voto a la mujer española antes de los 45 años porque no estaba capacitada.

Pero otros consideraban que era la peor edad. El doctor César Juarros, diputado de la Derecha Liberal Republicana, que intervino para desmontar las tesis de Ayuso, ahondó en el tono ofensivo hacia las mujeres, al afirmar que los 45 años era una edad crítica en la que las féminas comenzaban a perder la serenidad y el dominio de sí mismas. Tras las risas de los diputados, Besteiro solicitó a Juarros que pusiera fin a una discusión que no se correspondía con la seriedad de la Cámara. Este psiquiatra clínico, seguidor del psicoanálisis de Freud, negó que el histerismo fuese una enfermedad exclusivamente femenina, ya que también afectaba al hombre. A continuación, se mostró partidario de conceder el voto a las mujeres para que las diputadas del Parlamento representaran realmente el sentir femenino y no fueran elegidas sólo por la opinión masculina. Recordemos que todo este debate tuvo lugar mayoritariamente entre hombres y en el Congreso de los Diputados.

Aparte de los magníficos y contundentes argumentos de Clara Campoamor, el voto femenino no se hubiera conseguido nunca sin el apoyo de los socialistas. Existen varias razones cuantitativas y cualitativas: primero, eran la minoría parlamentaria más numerosa en ese momento en el parlamento, tras las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931. Y segundo, el sufragio femenino estaba en el programa del PSOE y en su proyecto constitucional. Los socialistas estaban convencidos de la necesidad de conceder ese derecho a la mitad de la ciudadanía, salvo Indalecio Prieto, verso suelto dentro del Partido Socialista, y unos pocos seguidores.

En este sentido cabe reivindicar y recordar a Manuel Cordero, panadero ugetista, concejal de Madrid y diputado socialista. Este gallego, afincado desde muy joven en la capital, jugó un papel determinante en este asunto como bien subrayó Clara Campoamor en su libro 'El voto femenino y yo: mi pecado mortal' de 1935 (Renacimiento, 2018), ya que defendió la postura del PSOE a pesar de las presiones de los partidos republicanos, de Manuel Azaña y del propio Prieto. Clara Campoamor siempre agradeció el papel de los socialistas y de Manuel Cordero en particular. El Partido Socialista jugó el papel que no desempeñó el partido de Campoamor, el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que se opuso al voto de las mujeres, dejando completamente sola a la diputada Campoamor o, como se decía en la época, a la señorita Campoamor.

En realidad, hubo tres votaciones y la última en diciembre se superó por apenas cuatro votos. La primera fue el 30 septiembre 1931, y en ella se decidió sobre una enmienda al artículo 36 (artículo 34 en el proyecto inicial) presentada por Rafael Guerra del Río, portavoz parlamentario de los radicales, el mismo partido de Campoamor: “Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de veintitrés años tendrán los derechos electorales que determinen las leyes”. El punto de vista socialista, expresado por Manuel Cordero, se decantó en contra de dicha enmienda, pero el grupo de Azaña, los radicales y muchos radical-socialistas se mostraron favorables. Tuvo lugar la votación nominal, y el resultado fue de 153 noes y 93 síes. Socialistas como Teodomiro Menéndez, Largo Caballero, Fernando De los Ríos, Lucio Martínez, Manuel Cordero, Enrique de Francisco, Juan-Simeón Vidarte, Julián Zugazagoitia o Andrés Ovejero se opusieron, mientras que Prieto, Azaña o Lerroux se ausentaron en ésta y en las otras dos votaciones. Besteiro no votó en las dos primeras, pero sí en la última, referida a la cuestión transitoria.

El siguiente paso era aprobar el voto femenino. Aparte de la decidida y entusiasta defensa de Clara Campoamor, en contra del criterio de su partido, resultó determinante la disciplina del grupo socialista, a pesar de las críticas de Prieto. El recuento final determinó 161 síes, 121 noes y 188 abstenciones. Más de ochenta votos fueron de socialistas. Por tanto, el respaldo de este grupo parlamentario resultó decisivo para garantizar el derecho femenino al sufragio, pese a lo que se dijo en su momento y ha seguido coleando en algunos portavoces de la derecha hasta la actualidad.

El 1 de octubre tuvo lugar la votación del artículo susodicho en su integridad tras el debate de enmiendas. Esta vez votaron a favor socialistas como Luis Araquistain, Juan Negrín, Luis Jiménez de Asúa, Trifón Gómez, Francisco Núñez Tomás, Antonio Fabra Ribas, Rodolfo Llopis o Anastasio de Gracia, entre otros muchos. La gran mayoría del partido se decantó por concederle el voto a la mujer. Por el contrario, en el centro liberal hubo mucho desconcierto, y numerosos diputados votaron lo que les pareció, ya que la republicana era una Cámara libre, donde frecuentemente la disciplina de voto brillaba por su ausencia. Pero los radicales, los azañistas y muchos radicales-socialistas votaron no. También se dividieron los tradicionalistas y los agrarios pues José María Lamamié o Antonio Royo Villanova se opusieron, y José María Gil Robles y José Martínez de Velasco votaron a favor.

Por último, el 1 de diciembre de 1931 se intentó introducir en la Constitución una disposición transitoria defendida por Matías Peñalba, de Acción Republicana, que se refundió con una de los radicales-socialistas y de Victoria Kent, que proponía restringir el sufragio femenino a las elecciones municipales y demoraba el voto de la mujer en las legislativas hasta que no se hubieran celebrado dos comicios municipales. Pero los socialistas se manifestaron claramente en contra porque consideraban que, después de haberse concedido el voto femenino en el Texto Constitucional, esta disposición aplazaba el ejercicio del derecho entre 8 y 10 años. Se efectuó la votación y salieron 131 noes y 127 síes. El PSOE votó negativamente y volvió a ser determinante en la defensa del voto femenino sin restricciones ni demoras, reconociendo el mismo derecho que a los hombres.

Si bien se reconoció el derecho al voto femenino, esta espinosa cuestión no se zanjó definitivamente, ya que tras los resultados electorales de 1933 –la primera vez que las mujeres ejercieron este derecho en el país– los políticos republicanos las acusaron de la victoria del centro-derecha. Este peregrino argumento ha sido reproducido reiteradamente en memorias de protagonistas de la época y en trabajos historiográficos hasta la actualidad, a pesar de que queda rápidamente desmontado si se atiende a los resultados electorales de febrero de 1936, donde ganó la coalición del Frente Popular. En la segunda legislatura republicana salieron elegidas diputadas sólo cinco mujeres, en este caso las socialistas María Lejárraga, Margarita Nelken y Matilde de la Torre, y Veneranda García Blanco y Francisca Bohigas por la CEDA. En las elecciones de febrero del 36 consiguieron representación parlamentaria otras cinco mujeres: Julia Álvarez Resano, Margarita Nelken y Matilde de la Torre por el Partido Socialista, Victoria Kent por Izquierda Republicana y Dolores Ibárruri por el Partido Comunista

Manuel Cordero defendió la postura socialista con pasión desde la tribuna, a pesar del caramelo envenenado que lanzaron los republicanos sobre reconsiderar la edad de voto y rebajarla a 21 años, reivindicación socialista que no se había aprobado por tres votos, a cambio de posponer el sufragio femenino. Anteriormente, se había aprobado la edad electoral en los 23 años, pero a cambio de modificar su posición ofreciendo conceder el voto a jóvenes sindicalistas y afiliados socialistas, los políticos republicanos esperaban ingenuamente doblegar al PSOE. No lo consiguieron a pesar de la opinión de Indalecio Prieto, que tampoco votó en contra, simplemente se ausentó de las votaciones. En definitiva, sin los diputados socialistas no se hubiera aprobado el sufragio femenino jamás en 1931, y especialmente hay que rescatar del olvido a Manuel Cordero, uno de los promotores del reconocimiento de ese derecho en la Constitución republicana del 31 junto con Clara Campoamor. 

Clara Campoamor, feminista que luchó toda su vida por el derecho de las mujeres, jugó un papel determinante en las Cortes republicanas, y muchos años antes, por conseguir el voto femenino. Y, aunque tardíamente, se ha llevado todos los honores de manera merecida. Pero Manuel Cordero ha pasado al completo olvido del limbo de los vencidos y exiliados, a pesar de su papel decisivo en este tema. Y el Partido Socialista no sólo no se ha llevado el reconocimiento por su actuación en esos momentos históricos, sino que se le niega y se le acusa de todo lo contrario. Es demencial la manipulación de la historia para fines políticos actuales. En cualquier caso, cabe recordar una obviedad, a pesar del protagonismo de unos diputados y el silencio y oposición de otros, el voto femenino se reconoció en el texto constitucional de 1931 por decisión del Parlamento español. Los representantes políticos de entonces votaron a favor de aprobar ese derecho para las mujeres del país, alcanzando esa conquista muchos años antes que en Francia o en Suiza que se logró en 1971.

Soy consciente por mi experiencia de docente y por las barbaridades que se leen en cenáculos supuestamente serios, en la web y en las redes que es misión imposible desmontar esta mentira repetida una y otra vez hasta la saciedad. Es un claro ejemplo de instrumentalización del pasado con fines políticos espurios. Pero si este artículo sirve para aclarar dudas a alguien y desmonto a una minoría de lectores este mito ya daré por bien empleado el tiempo dedicado a escribirlo.

Lamentablemente, la tragedia que ha provocado la DANA en Valencia ha fomentado un caldo de cultivo para esparcir todo tipo de mentiras y bulos en las redes sociales cuya única finalidad es intoxicar y enfadar aun más a la opinión pública. En la mayoría de los casos los responsables son elementos de la extrema derecha mediática y política, los mismos cachorros de Revuelta, Desokupa, España 2000, entre otros, que fueron a montarla a Paiporta.

Entre la retahíla de mentiras y bulos, uno que siempre encanta a las derechas es resucitar a Francisco Franco. Les encanta recordar los pantanos que inauguró el dictador para afirmar que tenemos agua gracias a su infinita bondad. Y que, frente a la “pertinaz sequía”, la política hidráulica del franquismo resolvió nuestros males. Olvidan que esa política fue defendida a principios del siglo XX por regeneracionistas como el geógrafo Ricardo Macías Picavea, o que el plan Badajoz fue una copia del diseñado por el ministro de Obras Públicas, el socialista Indalecio Prieto, durante la Segunda República.

Macías Picavea, discípulo de Julián Sanz del Río y de Nicolás Salmerón, era un convencido de la necesidad de una reforma agraria técnica, basada en convertir las tierras de cultivo en áreas de regadío para conseguir una mayor rentabilidad, mejorando la agricultura española y las condiciones de vida de los campesinos. En su obra 'El problema nacional. Hechos, causas, remedios' (Madrid, 1899) planteó estas cuestiones junto con una crítica demoledora al caciquismo y al sistema de la Restauración, coincidiendo con el mayor exponente de esta línea de pensamiento, Joaquín Costa. Desde el Plan General de Canales de Riego y Pantanos de 1902, conocido como Plan Gasset en referencia al ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, Rafael Gasset, hasta el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, dirigido por Manuel Lorenzo Pardo y elaborado por el Centro de Estudios Hidrográficos, se realizaron muchos trabajos.

No hay nada nuevo bajo el sol. Franco sólo continuó esta política, más teniendo en cuenta que cercenó la Reforma Agraria republicana de 1932, que pretendió modificar la propiedad de la tierra y no basada únicamente en mejoras técnicas (Ricardo Robledo: 'La tierra es vuestra. La reforma agraria. Un problema no resuelto en España, 1900-1950', Pasado & Presente, 2022; Francisco Rodríguez Jiménez (coord.): El Plan Badajoz. Entre la modernización económica y la propaganda política). 

Otras de las muchas obras hidráulicas que realizó el régimen dictatorial con gran bombo y platillo fue el Canal del Bajo Guadalquivir, para convertir en tierras de regadío 80.000 hectáreas, mayoritariamente de ricos terratenientes. Pero conviene subrayar que en esta descomunal obra trabajaron presos políticos explotados como bien señaló la monografía 'El canal de los presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica' de Gonzalo Acosta Bono, José Luis Gutiérrez Molina, Lola Martínez Macías y Ángel del Río Sánchez (Crítica, 2004) y el documental Presos del silencio de Mariano Aguado y Eduardo Montero Saponi en 2004. Aunque conviene recordar que no fue la única obra pública en la que la dictadura franquista utilizó presos políticos bajo el sistema de Redención de Penas por el Trabajo.  Esa práctica fue habitual durante todo el franquismo.

A continuación, señalan la importante riada de 1957 en la ciudad de Valencia, que llevó a desviar el cauce del río Turia, y vuelven a destacar la actuación providencial del “benefactor caudillo”. El Plan Sur fue una obra faraónica propia del desarrollismo franquista para transformar la ciudad y se ejecutó entre 1965 y 1972. Se desvió del cauce del río para sacarlo de la ciudad, perjudicando a la huerta sur. Según señaló Iván Portugués, autor de la tesis doctoral La metamorfosis del río Túria en València (1897-2016): de cauce torrencial urbano a corredor verde metropolitano, en este mismo periódico hace unos días esta obra sería impensable hoy en día por el gran coste económico, las enormes consecuencias medioambientales y el impacto sobre el territorio. De hecho, la marquesa consorte de Bornos, Esperanza Aguirre, que acudió de jovencita a jalear a Dwight Eisenhower al grito de “Ike” cuando el presidente estadounidense visitó la España franquista en diciembre de 1959, ha salido al paso para reivindicar al Franco. En concreto afirmó: “Gracias a Dios y al innombrable Francisco Franco, que desvió el cauce del Turia; si no, hubiera sido también Valencia capital”. Ella nunca defrauda defendiendo el nacionalcatolicismo y siempre a la vanguardia de la lucha contra el dominio socialista.

A todos los difusores de mentiras y bulos y/o defensores de Franco también se les olvida un pequeño detalle y es que los estragos de la costa española y, en particular del Levante, comenzaron con la dictadura franquista durante la etapa del desarrollismo, cuando las divisas del turismo fueron uno de los pilares de la economía española, junto con las remesas de los emigrantes que se fueron a Centroeuropa, y la industria con mano de obra sumisa y muy barata. El turismo de sol y playa que acuñó Manuel Fraga Iribarne en el lema: “Spain is diferent!” inició el destrozo del litoral español y fue el comienzo del turismo de masas que modificó el paisaje de las ciudades.

Además, los difamadores añaden la falsedad de que el gobierno progresista ha destruido presas y que eso ha intensificado los efectos de la DANA en Valencia. De ese modo cierran el círculo: Franco queda como el salvador del país una vez más y el Partido Socialista y Sumar como unos incompetentes y traidores.

Finalizo con una anécdota: el viernes 8 de noviembre, a la vuelta de la facultad, entro en una carnicería de mi barrio de Argüelles, en la calle Altamirano, y escucho estupefacta la conversación entre dos clientas. Dicen que la DANA ha sido provocada por el gobierno (de Sánchez por supuesto entiendo) porque no ha avisado y que el cambio climático es consecuencia de las antenas 5G porque lo dice hasta el BOE. Se declaran antivacunas porque te incorporan un chip, y se intercambian los móviles después de que una de ellas dice que es farmacéutica y da conferencias secretas en lugares clandestinos. Al escucharlas, entiendo mejor que un delincuente, ignorante y sectario como Trump haya sido votado por millones de ciudadanos. Y que un “experto” en vida extraterrestre sea para muchos españoles la principal fuente de información en la tragedia de Valencia.

Todavía seguimos consternados por las dimensiones de la tragedia de la DANA que ha asolado la provincia de Valencia. Ni siquiera sabemos seis días después del desastre el número total de fallecidos. El fango, los montículos de vehículos y enseres colapsan las calles de localidades muy pobladas próximas a la capital valenciana, aparte del olor a putrefacción y humedad. Tras la desolación llegan las preguntas y la indignación ciudadana. ¿Cómo es posible que en 2024 no se hubiera podido avisar a la población para minimizar las víctimas? ¿Cómo es posible que si la AEMET estuvo advirtiendo todo el fin de semana pasado y el martes 29 de octubre a las 7.37h de la mañana difundió una previsión alarmente no se activó la emergencia a los ciudadanos? Esta decisión política hubiera salvado muchas vidas. Seguramente habrá un proceso judicial donde se pedirán responsabilidades a políticos como Carlos Mazón, presidente de la Generalitat de Valencia. Este político que eliminó las emergencias de Valencia porque las consideraba un chiringuito del anterior presidente socialista, Ximo Puig, ha demostrado una gran incapacidad para regir el destino de los valencianos. Recordemos que el PP tiene obsesión contra los servicios de emergencias, ya que afirmó que la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue el capricho faraónico de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero Mazón tendrá qué dar muchas, muchísimas explicaciones. Y sobre todo contestar a dos preguntas básicas: ¿por qué activó la alarma tan tarde, a las 20.12h, cuando ya había muertos y gente con serios problemas por el agua? ¿De dónde se sacó que la DANA se alejaba a la serranía de Cuenca, según afirmó en una comparecencia a las 13.00h y publicó en un tuit que luego borró? Y ahí sigue Carlos Mazón haciendo alarde de su incapacidad y de su sectarismo. Actuando tarde y mal, rechazando ayuda de autonomías como la andaluza, la vasca o la catalana, no cediendo competencias. Todo por su sillón. Es incomprensible que no haya dimitido ya.

La Universidad de Valencia hizo los deberes y protegió a sus trabajadores (profesores y personal de administración y servicio) y a sus estudiantes. A mí me llegó un correo electrónico a mediodía del martes 29 de la organización el Congreso Internacional: Memorias Disidentes. Género y sexualidad frente al franquismo porque el jueves 31 tenía que clausurarlo. En ese primer correo se informaba que a media mañana se había suspendido el congreso por alerta 3 por viento. Y luego recibí otro correo por la noche y más los días siguientes. Si la Universidad no hubiera tomado esa crucial decisión seguramente habría que lamentar más víctimas.

También querría señalar que me tengo por una persona informada, aunque no sigo a la AEMET, y yo no sabía que iba a venir una DANA tan violenta en Valencia, atendiendo a los medios nacionales de prensa y más teniendo en cuenta que tenía previsto viajar a esa ciudad en AVE para asistir al Congreso mencionado.

Todo es política y la política nos atropella. Cuando la gente dice que pasa de la política, que no vota, que da igual a quién votes, miente. El discurso de la antipolítica que se ha instalado en el mundo en los últimos veinte años, fomentado por las extremas derechas, es una gran mentira y una auténtica manipulación. Una mala decisión política puede llevar consecuencias tremendas para los ciudadanos. Una buena decisión puede salvar miles de vidas. Este artículo va dedicado a los que no votan, a los que no creen en la democracia, a los que votan a partidos que niegan el cambio climático, a los que votan a formaciones que niegan el Estado, y a los que votan a organizaciones que se oponen al gasto social, a los impuestos, en definitiva al Estado de bienestar.

Si una analiza los resultados electorales de las elecciones autonómicas de 2023 en la Comunidad valenciana comprobará algunos datos muy interesantes. En los municipios de La Plana-Utiel-Requena votaron masivamente al Partido Popular y a Vox. El PP recibió 8.001 votos, el 38,52% y Vox 2.245, el 10.8%, mientras que el PSOE recibió 6.328, el 30,46%, y Compromís 1.153, el 5,55%. En la comarca de L’Horta Sur, vapuleada por la DANA, con localidades como Benetússer, Paiporta y Alfafar, el PP recibió 72.267 votos, el 29,84% del total, y Vox 33.147, el 13,69%, mientras que el PSOE alcanzó 74.975, el 30,96%, y Compromís 35.339, el 14,59%. Es decir, un 43,53% votaron al PP y a Vox, formaciones de derecha y extrema derecha que se oponen a las restricciones y a las políticas frente al cambio climático y apoyan todo tipo de recorte que desmonten el Estado del bienestar.

En Valencia, que incluye tres barrios de las afueras muy afectados como el de La Torre, el PP consiguió 145.180 votos, el 34,99%; el PSOE, 98.657, el 23,78%; Compromís, 66.987, el 16%, y Vox, 54.580, el 13,15% de los votos. En resumen, y para no abrumar con datos, en la capital valenciana apoyaron a partidos negacionistas del cambio climático el 47,14% de los que acudieron a las urnas. También son las mismas formaciones que recortan en medios materiales y humanos. Los recortes matan. Esto ya nos lo enseñó la crisis del 2008. Además, muchos de estos negacionistas son una máquina expendedora de bulos y mentiras. La ciudadanía apenas lee prensa seria ni artículos científicos y rigurosos, sólo redes sociales con noticias fake y son fácilmente manipulables. Y a su vez esparcen más mentiras y más rumores falsos.

Asimismo son las mismas siglas que han apoyado las políticas urbanísticas que no sólo han destrozado el litoral valenciano, sino que han causado estragos en la orografía y en la geología, alterando el paisaje a cambio de grandes pelotazos económicos. Recordemos los numerosos casos de corrupción del PP valenciano. No puede ser que recorriendo en coche la carretera sólo por la provincia de Valencia se vea a un lado la costa llena de torres de hormigón y al otro lado en pequeños montes una ristra de casas unifamiliares con piscinas diseminadas por el territorio o bien urbanizaciones con chalets y más piscinas. Eso sólo para empezar es un gran despilfarro de recursos. 

Por último, quiero señalar que, aunque no conozco la mayoría de esas localidades, tengo una especial simpatía por muchos de esos pueblos y otros muchos valencianos gracias a María Moliner. Esta brillante y no siempre reconocida bibliotecaria recorrió sus calles para modernizar las bibliotecas del Patronato de Misiones Pedagógicas durante la Segunda República. Llegó a instalar una moderna red bibliotecaria de 105 establecimientos repartidos en Albal, Paterna, Benissanó, Rocafort, Guadassuar, Riola, Benimàmet, Ràfol de Salem, Fortaleny, Cullera, Pinet, Campo Arcís, Requena, Casa de Eufenia, Simat de Valldigna Bellús, Alfarrasí, Beniadjar, Bafol de Salem y Salem, o Bárig. 

Lamento mucho las pérdidas humanas y la destrucción material enorme, provocada por la devastadora DANA, pero eso con tiempo y paciencia se recuperará. Las personas fallecidas no vuelven. Murieron sorprendidos por una avalancha de agua que no esperaban porque nadie les informó. Descansen en paz y espero que se les haga justicia. 

De manera recurrente aparecen noticias en los medios sobre Juan Carlos de Borbón, rey de España y jefe de Estado desde 1975 hasta 2014. Lo mejor que le puede pasar a su desacreditada figura es que sean relativas a sus visitas a Sanxenxo para participar en regatas.

Hace unas semanas nos desayunamos con la noticia de que el longevo monarca ha creado una Fundación en Abu Dabi para que sus hijas cobren su millonaria y misteriosa herencia que, en pleno confinamiento por la pandemia de la Covid, su hijo Felipe VI rechazó en una carta dirigida a los españoles para salvar su reciente trono. Casi nadie osó a criticar aquella jugada, hecha cuando los españoles estaban volcados en los muertos de la pandemia; todo lo contrario, no faltaron los palmeros que alabaron el comportamiento “intachable” del nuevo jefe del Estado.

Felipe VI y sus asesores debieron de pensar que los españoles son tontos, y quizás no les falta razón por nuestras tragaderas. Aprovechó la pandemia mundial y que todo el país estaba encerrado en sus casas para no dar ninguna explicación convincente. Pensó que nos iba a engañar, cuando todos sabemos que ese gesto de cara a la galería tenía un efecto meramente simbólico, porque nadie puede renunciar a ninguna herencia en vida. Por otro lado, es curioso que en un régimen político basado en la sangre y la herencia se acepten unas, como el trono, y se renieguen de otras, como la fortuna de dudoso origen del padre.

Desde que su hijo le invitara a marcharse de España en el verano de 2020 para que no entorpeciese más su reinado, y tras sus recurrentes problemas con Hacienda, comisiones estratosféricas e historial de queridas, como decían antes las gentes de bien, no hemos sabido mucho del viejo rey. Recordemos que tras sus cuantiosas regularizaciones fiscales, y debido a su inmunidad legal, no ha sido juzgado como el resto de los mortales, aunque se reconocían los delitos de fraude y ocultación de patrimonio, entre otros. Ha sido investigado, pero no juzgado. Y mucho menos condenado.

Esa es la gran diferencia con todos nosotros, y es a lo que se agarra la derecha mediática para reivindicar su nombre, que el propio interesado ha arrastrado por el fango con sus controvertidas actuaciones. Para estos periodistas cortesanos fue el malvado Pedro Sánchez quien lo echó de su patria, y con las siglas VERDE (acrónimo de 'Viva el rey de España') bordadas en la solapa reclaman su ansiada vuelta porque él no ha hecho nada malo. Curiosamente estos turiferarios no dicen ni una palabra acerca de que fue durante un gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, cuando se invitó a Juan Carlos a abdicar, algo que tanto él como la reina consorte siempre habían rechazado. 

La verdad es que su vida es propia de un personaje de novela o de serie: niño nacido en el exilio, que a los diez años es separado de su familia para educarse bajo las faldas de un dictador, que no dejaba reinar a su padre. A los dieciocho años mata por accidente a su hermano menor sin mediar investigación. Este príncipe se casa con una griega de sangre real y es elegido sucesor del dictador para disgusto de su progenitor, Juan de Borbón, llegando a reinar en el país del que echaron a su abuelo no por rey sino por ladrón según Ramón María del Valle-Inclán. En realidad, Alfonso XIII, monarca polémico y denigrado por su actuación ante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, se marchó a la Italia fascista abandonado hasta por los suyos, tras las elecciones del 12 de abril de 1931. 

Las elites de este país, incluida la prensa, taparon todo, siendo cómplices de hurtar a los ciudadanos el comportamiento poco edificante de su jefe de Estado"

A cambio de limitar los poderes absolutos heredados de Franco, a Juan Carlos se le blindó con la inviolabilidad en la Constitución de 1978. Este hecho explica las muchas tropelías financieras que ha cometido durante su reinado y sus innumerables escarceos amorosos, a pesar de las imágenes oficiales que lo mostraban como un esposo ejemplar. Y las elites de este país, incluida la prensa, taparon todo, siendo cómplices de hurtar a los ciudadanos el comportamiento poco edificante de su jefe de Estado. Desde sus comisiones desorbitadas por ejercer su función como rey y sus negocios con las monarquías sátrapas de Oriente Medio hasta sus escarceos sexuales, que nos ha costado importantes cantidades de dinero público por los gastos en la infraestructura para garantizar sus relaciones clandestinas, así como pagos desorbitados a sus amantes con la connivencia del CNI.

La semana pasada aparecieron en una revista neerlandesa fotos de un o de sus encuentros con la vedette Barbara Rey, famoso affaire que hasta yo de niña conocía por el padre periodista de una amiga, pero mi madre me reiteraba que no dijera nada porque me iban a echar del colegio de monjas.

Obviamente, como todo personaje histórico. Juan Carlos I tiene sus luces y sus sombras, pero ahora sabemos que “el piloto del cambio”, que tuvo un indudable papel en la consolidación de la democracia del país (a falta de que conozcamos los documentos clasificados de aquel episodio), cometió muchos errores que todo el mundo con poder en este país ocultó de manera deliberada,. Empezando por Felipe González, ese jarrón chino que ahora se permite dar lecciones a todo el mundo, incluido al secretario general del su partido, Pedro Sánchez. Cabe recordar que el contexto internacional con la Revolución de los claveles en Portugal y la dictadura de los coroneles en Grecia, aparte de la prioridad por conservar el trono, hicieron también mucho para que Juan Carlos I se decantase por traicionar a Franco, su mentor.

Los libros de historia y biografías de Juan Carlos anteriores a 2012 deben ser revisados. Adolecen de falta de información y carencia de fuentes relevantes y pecan de carácter hagiográfico

Los libros de historia y biografías de Juan Carlos anteriores a 2012 deben ser revisados con rigor. Esas publicaciones adolecen de falta de información, carencia de fuentes relevantes y pecan de carácter hagiográfico. Por ejemplo, todavía nos falta saber mucho sobre la intentona golpista del 23F y su papel, así como sobre las diferentes tramas.

La caída en desgracia de su figura y, nunca mejor dicho, a raíz de su tropiezo en Botsuana en abril de 2012 durante un viaje para cazar elefantes mientras España estaba hundida en la crisis económica, culminó en 2014 en su abdicación tras una operación de Estado, avalada por el PP de Mariano Rajoy el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba. El PSOE, partido histórico con un incuestionable pasado republicano, es el último bastión de la monarquía en 2024. Las derechas y extremas derechas son las más entusiastas del rey en este país, pero sólo sobre estos sectores no se cimenta una monarquía en el siglo XXI–aunque sea parlamentaria, sólo faltaba–.

Las operaciones mediáticas son continuas para blanquear a Felipe VI y a su familia nuclear y a su familia extensa. Da igual el motivo, nunca una crítica. Incluso un programa de supuesto entretenimiento familia como El Hormiguero en Antena 3 ha paseado a la mediática sobrina y nieta, Victoria Federica. Sin estudios universitarios finalizados en un centro privado ni profesión conocida se lució por el plató halagando a su ejemplar familia y para contarnos que le gusta poner petardos en los cigarros y que ha descubierto este verano la fideuá.

La inmensa mayoría de países civilizados eligen al jefe del Estado en procesos democráticos. Y, si tienen casas reales, se les critica con más naturalidad y contundencia. Baste sólo recordar cómo la princesa Kate Middleton, se vio obligada a protagonizar un primer video para comunicar que padecía cáncer tras la lluvia de críticas que arreciaron en el Reino Unido tras su ausencia por enfermedad y la opacidad de información al respecto, dando pábulo a todo tipo de rumores y noticias falsas. No está de más recordar que los Windsor y el resto de las monarquías de la Europa más modernas se aseguraron el trono por su oposición al nazismo. Pero el papel de Alfonso XIII y su entonces príncipe de Asturias, Juan de Borbón, bisabuelo y abuelo del Felipe VI, no jugaron el mismo papel, por mucho que los cortesanos se empeñen. Cada noche oían con satisfacción el parte de guerra del cuartel general de Franco durante la guerra civil, que contribuyeron a propiciar y financiar.

Los monárquicos desestabilizaron y conspiraron contra la democracia republicana desde el primer minuto. Financiaron a Falange Española y fueron decisivos en la compra de material bélico para el golpe de Estado del 18 de julio mediante los contratos romanos del 1 de julio 1936. Pedro Sáinz Rodríguez, futuro ministro de Educación Nacional de Franco, catedrático de Bibliología de la Universidad Central y miembro destacado del partido alfonsino Renovación Española, estampó su firma en estos documentos, donde una empresa interpuesta vendía armamento del régimen fascista de Benito Mussolini por valor del más de 300 millones de euros al cambio actual, según analizó y publicó el profesor Ángel Viñas en 'Los mitos del 18 de julio' (Francisco Sánchez Pérez, coord., Crítica, 2013 y 2019). Por tanto, las gestiones y la fortuna de esos Borbones contribuyeron de manera decisiva a la llegada de bombas y demás pertrechos italianos a España para utilizarse contra el pueblo que tanto decía amar en la carta que dirigió Alfonso XIII a los españoles antes de partir a Cartagena para iniciar su exilio dorado en 1931. Incluso Juan de Borbón se presentó dos veces voluntario ante las autoridades franquistas, que no le dejaron participar en la contienda apelando a sus responsabilidades. Obviamente, el objetivo era recuperar el trono a cualquier precio y se suponía que la guerra era una garantía, pero Franco no fue tan compresivo con sus planes y no dejó reinar al anciano Alfonso XIII poco antes de morir ni, por supuesto, a su hijo. Pero esa es otra historia.

Juan de Borbón, sin trono ni patria, tuvo que redecorar su vida, adoptando el traje de férreo opositor al dictador, aunque aceptó entregarle a su hijo varón a los 10 años para que se educase con él

A partir de entonces, sobre todo desde 1945, Juan de Borbón, sin trono ni patria, tuvo que redecorar su vida, adoptando el traje de férreo opositor al dictador, aunque aceptó entregarle a su hijo varón a los 10 años para que se educase con él. Desde Estoril, el nuevo domicilio de los Borbones, en el país vecino dominado por la dictadura de Salazar, emprendió una política errática para ejercer sus derechos dinásticos en España. Aparte de los designios de Franco, su personalidad poliédrica tampoco ayudó, como retrató mi añorado y querido Julio Aróstegui, uno de los mejores historiadores contemporaneístas de este país de los últimos 50 años, en su excelente biografía 'Juan de Borbón' (Arlanza, 2002), que, extrañamente, ha pasado demasiado desapercibida, quizás porque no gustó demasiado a los poderes fácticos del país.

Por último, hemos conocido que el rey está preparando una autobiografía con el título 'Reconciliación', dictada a una periodista francesa amiga, que ya escribió una hagiografía de él. La justificación es que le están “robando” su historia, cuando en realidad nos debería dar muchas explicaciones sobre sus robos y hurtos al pueblo español en forma de dinero, de información sobre el 23F y del plebiscito sobre la forma de Estado, que nos burló, según reconoció el propio Adolfo Suárez en una grabación a Victoria Prego en privado.

Estoy segura de que los mismos sectores que han afirmado que la actuación de Juan Carlos “el campechano” no fue adecuada, pero que respondía a un comportamiento personal y gritaban viva Felipe VI, cuando llegue el turno de Leonor comentarán lo mismo si se ha descubierto algún delito del padre. Todo lo que sea para mantener el trono. Lamentablemente para la historia de este país, se han soportado demasiados comportamientos personales poco ejemplares desde Felipe V, el primer borbón reinante de la dinastía.  

El título de este artículo no se refiere a lo que puedan estar viviendo algunos en la sede del PSOE tras la convocatoria por el presidente Sánchez del Congreso Federal del partido. De eso habrá tiempo para hablar. A lo que alude el titulo es a algo que sucede fuera del cuartel socialista. En la calle. Día a día, desde hace diez largos meses. Sobre todo en inmediaciones de la iglesia de los misioneros claretianos, la parroquia del Inmaculado Corazón de Jesús.

Pronto se cumplirá un año de las concentraciones ilegales que se iniciaron a finales de octubre, jaleadas por Esperanza Aguirre, que animaba a cortar la calle para protestar contra los socialistas, y por Aznar, con su grito bélico “el que pueda hacer que haga”. Aquel circo pretendía impedir la investidura de Sánchez y la amnistía a los implicados en el procés catalán de 2017. Luego acudieron más políticos de Vox y del PP madrileño a jalear al personal. Y llegaron las hordas violentas y los disturbios, sumando hasta 9.000 energúmenos durante varias semanas. Desperfectos, ruidos, gritos y demás inconvenientes propios de un barrio secuestrado al atardecer hasta altas horas de la noche. 

Hace meses escribí sobre este tema. Pero esta vez no voy a volver a contar lo que mis ojos estupefactos contemplaron por la ventana aquellos días de ruido y furia. De lo que quiero hablar ahora es de los derechos de los ciudadanos a la tranquilidad, a no tener que soportar el aquelarre de los frikis e integristas que se concentran a diario en la puerta de la iglesia megáfono en mano y con imágenes de vírgenes. Las iglesias se hicieron para rezar dentro de ellas, no para dar la turra a los ciudadanos no creyentes fuera del recinto. Flaco favor le hace a la Iglesia y al catolicismo ese grupo de personas que usan la religión como arma política.

¿Por qué tenemos que escuchar a diario consignas fascistas? ¿Por qué tenemos que aguantar cada día el Cara al Sol y el himno de Pemán? ¿Por qué tenemos que soportar gritos machistas, racistas y homófobos? ¿Dónde se dice que estamos obligados a oír a diario insultos estridentes al presidente del Gobierno, a Begoña Gómez o a José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Por qué tengo que oír ruidosos hurras a los jueces Peinado y García-Castellón? Tengo anotados todos los lemas y consignas. Incluso podría hacer una tesis sobre la evolución los eslóganes, que con el tiempo han ido mutando. Ya apenas hablan de la amnistía ni de Carles Puigdemont, salvo unos días tras la aparición fugaz del expresident en Barcelona. Todos tenemos ideología y nos disgustan muchas políticas que no hemos votado, pero tenemos que aguantarlas, más allá de que podamos organizar protestas legales que reconoce la Constitución. Lo que no hacemos es vociferar cada día en la calle con proclamas amenazantes. Prueben ustedes a hacerlo y verán que pronto son detenidos sin tantas contemplaciones. 

Ya no me voy a quejar del cariz político de los concentrados, sólo protesto por las molestias, el ruido, el megáfono, los gritos. Me consta que hasta los vecinos más conservadores, incluso simpatizantes meses atrás, están hartos. Según he averiguado, los rezanderos se ha turnado en vacaciones para no dejar de acudir, aunque sea un grupo más pequeño, a la cita diaria desde las 19.30h. hasta al menos las 22.30h., incluso el 15 de agosto, en pleno puente. 

No sé qué permisos o quiénes autorizan esta invasión agresiva del espacio público. El delegado del Gobierno, el consejero de Interior de la CAM, las autoridades eclesiásticas madrileñas, el ayuntamiento de Madrid y los concejales del distrito Moncloa-Aravaca deberían tomar cartas en el asunto. Esto no es una manifestación puntual, es un infierno diario para el vecindario, de lunes a domingo. Aquí no se respetan los decibelios permitidos, ni la paz ni la tranquilidad del barrio. Quizás el ministro Marlaska, a quien van dirigidos muchos insultos de todo tipo, políticos y homófobos, y también es el protagonista de varias pintadas en la calle Marqués de Urquijo, debería hacer algo más que enviar a policías, que contemplan entre impávidos y divertidos el espectáculo, para evitar que se desmadren estos individuos cargados de violencia. La libertad de unos empieza donde acaba la de los otros. Y las pataletas contra un sistema parlamentario no pueden impedir la paz de un barrio. Aquí también nos jugamos la libertad y la democracia.

¿Qué les parecería a los vecinos de Génova y al Partido Popular si todos los días se concentraran personas para incordiarles y molestarles? ¿Qué diría la derecha mediática si diariamente se apostaran en las inmediaciones de la sede del PP gentes con banderas rojas, de los jemeres rojos, o de la antigua Unión Soviética protestando contra la corrupción del PP porque la reforma del edificio fue pagada con dinero negro? Como mínimo dirían que es intolerable, que llevan símbolos de regímenes aberrantes y que acosan la sede de un partido democrático. Y, fíjense, también sospecho que no alcanzarian a cumplir diez meses con su escándalo. Me puedo imaginar lo que soltarían por la boca algunos periodistas de la derecha, vociferantes y de insulto fácil, si padecieran algo así en las inmediaciones de sus domicilios.

Aparte de los que cada día acuden con sus banderas y símbolos fascistas, hay responsables políticos, judiciales y eclesiásticos que, por acción o por omisión, toleran estos hechos. Que van a continuar en lo que queda de legislatura si nadie lo impide.

La oposición venezolana llamó a una movilización mundial en las calles el sábado 17 de agosto. Todo el mundo es consciente de la grave situación de Venezuela ya que de lo contrario no hubieran salido del país más de 7 millones de habitantes en los últimos años. Y no todos son los ricos que se han instalado en la milla de oro madrileña. También sabemos de las sospechas que existen sobre el reciente proceso electoral porque no se han publicado las actas. En este sentido gobiernos de izquierdas de países vecinos como el de Petro en Colombia, Lula en Brasil y Boric en Chile han criticado la situación y han propuesto soluciones para acabar con el conflicto y las detenciones de críticos al régimen.

Pero la oposición venezolana que se ha instalado en Madrid está muy mal informada sobre el país en el que viven y confunden su rabia y sus deseos con la realidad española. Tanto el que ha conseguido la nacionalidad española comprando pisazos en Madrid gracias a las Visa Golden que estableció el gobierno de Mariano Rajoy y que en octubre de 2024 desaparecerán por decisión del gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, como el pintor que vive en el barrio de Usera, piensan que España es un país socialcomunista que va a acabar peor que Venezuela. Para ellos el gobierno de Sánchez es ilegal e ilegítimo, y sólo Isabel Natividad Díaz Ayuso nos salvará de las fauces del comunismo y de la pobreza.

Obviamente el Partido Popular y la derecha mediática ha repetido este mensaje hasta la saciedad para ganarse el voto y el apoyo de este colectivo. Sólo cabe recordar el pasado viaje de ida y vuelta de senadores y diputados del Partido Popular con el dinero de todos los contribuyentes a Venezuela días antes de los comicios aun sabiendo que no tenían los pertinentes permisos. También políticos de otros partidos solicitaron viajar al país venezolano para asistir al proceso electoral, pero como no obtuvieron la autorización oficial desistieron de viajar inútilmente con dinero público. Aunque, claro, no pudieron hacerse las fotos en el avión ni en Barajas para montar el show. Ni tampoco pudieron poner los tuits donde falsamente acusaban al gobierno de Sánchez de connivencia con el gobierno de Maduro. Es decir, no pudieron tener su minuto de gloria ni en las noticias ni en los titulares reservados en las cabeceras de la derecha para denunciar las tropelías de Maduro y de Sánchez, estableciendo una peligrosa analogía que es completamente falsa.

Entre lo mal informados que están la mayoría de venezolanos afincados en España debido a las mentiras, medias verdades, manipulaciones, y paralelismos interesados de los medios de comunicación de derechas y de las declaraciones públicas del PP y Vox confundiendo intencionadamente a los españoles y al exilio venezolano, están reduciendo su causa a una cruzada contra el gobierno de Maduro obviamente, pero también contra el gobierno presidido por Pedro Sánchez, que fue investido en noviembre de 2023, tras las elecciones del 23J y la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. El gobierno español es legítimo y legal atendiendo al sistema parlamentario que recoge la Constitución de 1978. Por tanto, esas comparaciones entre Venezuela y España resultan insultantes y tramposas. No debemos olvidar que el gobierno de Mariano Rajoy y su policía política, llamada patriótica, construyó noticias falsas contra Podemos equiparando este partido con el régimen de Chávez y Maduro. La derecha mediática se hizo eco de esta farsa interesada y los jueces de turno, en particular el entregado García-Castellón, hicieron el resto, manteniendo durante años una causa general contra la formación morada.

Venezuela ha sido utilizada para denigrar a Podemos, al gobierno del PSOE desde la moción de censura en 2018, y al gobierno de coalición desde 2020. Venezuela para desayunar, Chávez para comer y Maduro para cenar. Los programas matutinos de televisión hablaban de Venezuela como quien habla de lo que pasa en Toledo, sin conocimiento de causa, junto a un asesinato truculento o con noticias de okupas y anuncios de alarmas en los domicilios. Y al final el abuelo de turno no sabía si ponía la alarma en casa por miedo a los okupas, a Podemos o a los venezolanos de Maduro que venían a expropiarle la casa. Sorprendentemente no se ocupaban de la dura realidad que vivían otros países iberoamericanos como el Brasil de Bolsonaro, la criminalidad de las favelas, o ahora de la Argentina de Milei. Estoy esperando un reportaje serio en televisión sobre cómo viven, o mejor dicho cómo malviven millones de argentinos que están sufriendo las delirantes políticas ultraliberales. Venezuela ha abierto titulares de periódicos y telediarios durante años, pero tampoco eran unos análisis sesudos sobre lo qué pasaba en este país. En realidad no les importaba. En la mayoría de los casos sólo se mencionaba Venezuela para hablar de la supuesta financiación de Chávez a Podemos, denigrar al gobierno desde 2018, o para dar voz a los venezolanos de aquí, que advertían de los gravísimos peligros que nos aguardaban a los españoles si se votaban a partidos de izquierdas.

Al final, entre la manipulación de noticias y las mentiras, las derechas españolas y el exilio venezolano le hacen un flaco a su causa, que será justa y legítima, pero siempre que se olviden de equiparar la situación española con la venezolana. Por eso nunca será popular la causa del exilio venezolano en España, donde se movilizan venezolanos y políticos muy señalados de las derechas españolas con objetivos menos altruistas que apoyar la democracia y la libertad en Venezuela.

Isabel Natividad Díaz Ayuso es un animal político, eso no lo dudan ni sus adversarios políticos. Pero no es una buena gestora, a pesar de sus mayorías electorales. Además, si analizamos sus formas y sus políticas, resulta bastante incomprensible su popularidad. Su estilo bascula entre la chulería rampante, la provocación macarra y los disparates gruesos. Tan pronto le concede una medalla al ultra Javier Milei, acto que no gustó ni a muchos de su propio partido, como afirma que Mango pertenece al grupo Inditex. Sus meteduras de pata, ocurrencias y despropósitos son ya antológicas. La lista sería interminable. Quizás la sobreexposición que busca su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, incluye que hablen de ella, aunque sea en la sección de ayusadas por su excentricidades y errores.

Se burló de la lucha contra el cambio climático proponiendo como solución el regalo de una maceta a cada madrileño, defendió los empleos basura y los atascos como señas de identidad de la capital. Se hace eco de bulos como el último sobre la boxeadora argelina Imane Khelif, que revelan su transfobia. De hecho, el Tribunal Constitucional ha suspendido parte de las leyes trans y LGTBI de Ayuso entre otras cuestiones por patologizar a menores transexuales y perjudicar a las asociaciones LGTBI.

Asimismo, insultó gravemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, y luego ocultó y rentabilizó ese improperio con el lema: “me gusta la fruta”. Tampoco tiene escrúpulos en instrumentalizar a las víctimas de ETA, como ha denunciado en sucesivas ocasiones Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP en San Sebastián asesinado por ETA, Gregorio Ordoñez. En este sentido utilizó el eslogan de “que te vote Txapote” en la campaña de las elecciones autonómicas de 2023 para escarnio de las víctimas de la banda terrorista, pero le dio grandes resultados.

Nunca se ha caracterizado por demostrar un gran nivel cultural, a pesar del nombramiento como alumna ilustre por parte del Rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. Este reconocimiento resultó incomprensible por el contexto ya que se otorgó previamente a las elecciones en la UCM y en la CAM, aparte de que es una política en activo, y porque siendo la máxima responsable de la política educativa en Madrid tiene asfixiada a la universidad pública. Las seis universidades públicas están infrafinanciadas, mientras que ha facilitado la creación de más universidades privadas hasta alcanzar la cifra de 14 centros. En una Comunidad tan rica como Madrid no existen becas posdoctorales, que sí tienen otras muchas Comunidades, y durante años cancelaron las predoctorales. Estas becas son fundamentales para iniciar una carrera científica y académica. Está claro que la ciencia no está entre las prioridades de la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Díaz Ayuso. En su próxima Ley de Universidades, según el borrador de 8 páginas que circula, tiene previsto establecer conciertos con los establecimientos privados para financiar su coste como ya ocurre con la enseñanza primaria y secundaria. Asimismo pretende criminalizar la protesta de los estudiantes, algo aberrante en un lugar donde debe fomentarse el pensamiento crítico.

Lo que sí sabe hacer muy bien Díaz Ayuso es destrozar los servicios públicos, descapitalizando y privatizando su funcionamiento. Tuvo una buena maestra en Esperanza Aguirre. Otra especialidad de Ayuso es bajar los impuestos a ricos nacionales y extranjeros, convirtiendo a Madrid en una especie de paraíso fiscal en España. Convertir a la CAM en el epicentro del dumping fiscal debe ser aquello que dijo de que Madrid es España dentro de España. Y la gran marca de la casa es la proliferación de negocios a la sombra del presupuesto oficial, el capitalismo de amiguetes que permite realizar grandes negocios a algunos elegidos. Incluso se han visto favorecidos familiares y allegados como su hermano, Tomás Díaz Ayuso, que consiguió una comisión estratosférica en plena pandemia por la compra de mascarillas. Que le pregunten a su mentor Pablo Casado al respecto. Por no hablar de su pareja, Alberto González Amador, que no sólo es un comisionista de la Quirón, la principal empresa que gestiona muchos hospitales y servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid, sino que es un defraudador confeso. Tampoco sabemos exactamente de quién es la propiedad de los dos pisos en los que vive la presidenta ni quién los paga. Pero estos asuntillos son poca cosa para la derecha mediática, engrasada con los impuestos de los madrileños, que la tienen endiosada. Muchos medios de comunicación afincados en Madrid sobreviven gracias a las jugosas cantidades que les concede, camufladas bajo publicidad institucional. Así que no sorprende que la nombren emperatriz de Lavapiés todos los días. Lógicamente, Díaz Ayuso hace ganar mucho dinero a empresas como las que gestionan los centros concertados, en su mayoría católicos, y a empresas sanitarias como la Quirón, que representa a un conglomerado de fondos de inversión extranjeros. El patriotismo español lo deja para las banderas y las pulseras.

Ahora su proyecto estrella es la Fórmula 1 donde se van a despilfarrar miles de millones de los contribuyentes madrileños. Pero en todos los centros de salud faltan médicos y pediatras. Por ejemplo, en el de Quintana, en el barrio de Argüelles, sólo hay una pediatra durante todo el año, que lógicamente no cubre los turnos de mañana y tarde.  Y cuando la titular falta por vacaciones no siempre ponen un sustituto.  Los niños no deben ponerse enfermos en el turno en que no trabaja la pediatra ni en vacaciones, y si lo hacen tienen que ir a urgencias a echar toda la mañana o toda la tarde con sus padres para consultas no muy graves. Seguramente adjudicar más plazas de pediatras y médicos de familia debe ser costosísimo para las arcas madrileñas. Siempre hay otra opción muy de la filosofía de Ayuso que es pagarte un pediatra privado. Médico privado, colegio privado y universidad privada. Pero los colegios concertados tienen trampa porque, aunque son de gestión privada, tienen financiación pública, aparte de las cuotas que sisan a los padres. Por eso estos colegios tienen mejores instalaciones que los públicos. A la enseñanza pública la salvan sus profesores, la mayoría muy entregados y comprometidos, que además han aprobado una oposición. Menuda herencia envenenada dejó Felipe González con la enseñanza concertada, que el PP ha pervertido hasta situaciones insólitas, regalando suelo público y financiando colegios que segregan por sexo. En Madrid la educación pública es completamente secundaria, está abandonada. De hecho, el protocolo de la CAM para afrontar el calor en los centros educativos públicos este verano era de risa: se recomendaba que los niños estuviesen hidratados y situados en las aulas más frescas siempre que sea posible, pero si la cosa se ponía fea se aconsejaba llamar al 112.

Las políticas sociales brillan por su ausencia. Las residencias de ancianos siguen teniendo muchas deficiencias y carencias. Muchas de ellas a pesar de las altas temperaturas están sin aire acondicionado y sirven fruta podrida. Aunque esto parece poca cosa si recordamos los protocolos de la vergüenza durante la pandemia, que abandonaron a miles de ancianos a una muerte segura sin ninguna atención médica. La política de vivienda es nula. Lo de intervenir el mercado de alquileres y regular los pisos turísticos es propio de comunistas. A Ayuso no le gusta este tipo de legislación porque se debe creer las descerebradas ideas de su admirado Milei. Recuerden que Madrid es la tierra de la libertad. Y el Plan VIVE, anunciado a bombo y platillo, es un fiasco porque son poquísimas viviendas para atender a toda la población de Madrid, están mal construidos y son muy caras, nada de precios sociales. Un piso pequeño de 2 habitaciones supone más de 800 euros de alquiler mensual porque les obligan a pagar el IBI y la comunidad de vecinos. Cabe señalar que, en la promoción de 140 viviendas entregadas en marzo de 2024 en Alcorcón, el 2 de agosto ya se ha caído un muro y les aseguro que no hubo ningún tornado que justificase tal desprendimiento en un edificio nuevo. 

Y si el ciudadano madrileño tiene que pagarse el colegio y el médico y apenas existen políticas sociales para qué sirve la Comunidad de Madrid. La respuesta es sencilla: Ayuso y los suyos trabajan para garantizar chiringuitos y negocietes muy lucrativos a una élite vinculada al Partido Popular de Madrid. Esto debe ser la meritocracia y el espíritu emprendedor del que tanto habla Díaz Ayuso. Los políticos del PP llevan más de 30 años desmantelando los servicios públicos de la región. No son buenos gestores de lo público. También satisface a miles de familias de clases medias que llevan a sus hijos a centros concertados, segregándolos de inmigrantes y niños conflictivos.

Luego Ayuso saca la bandera contra los catalanes, arremete ferozmente contra el presidente Pedro Sánchez, y sólo con eso ya tiene muchos fieles de toda condición socioeconómica. Convertirse en el ariete de la oposición más lacerante contra el gobierno de España le da muchos réditos, aparte de marcarle el paso al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. También consiguió convencer a muchos de que la libertad, un derecho que ha costado mucho sufrimiento a lo largo de los siglos, se reducía a tomarse unas cañas en una terraza, como si en el resto del país y del mundo no hubiera terrazas. Estas prolongaciones de los bares invaden el espacio público hasta límites insospechados. Por eso entre los hosteleros también tiene muchos seguidores.

En breve, la educación pública y la sanidad pública en Madrid se va a convertir en una suerte de beneficencia para pobres e irredentos de lo público. Huelga decir que los docentes de todos los niveles y el personal sanitario son de los peores pagados de toda España, con el agravante del alto nivel de vida en Madrid. Incluso afirmaría que la enseñanza primaria y la secundaria ya es un gueto frente a la concertada.  Y pronto veremos el infortunio que espera a las universidades públicas con la nueva ley si finalmente financia a las privadas promovidas por los intereses de Atresmedia, los integristas católicos del Camino Neocatecumenal, conocidos como los kikos, o SEK Education Group entre otros. La educación y la sanidad nunca pueden ser un negocio. Eso quiebra la igualdad de oportunidades y los pilares básicos de un estado democrático.

La celebración por el triunfo de la selección de fútbol en la Eurocopa el pasado lunes en Madrid no ha sido baladí. A pesar de su carácter festivo, ha puesto de manifiesto algunas cuestiones cruciales sobre el país, las formas de ser español y los símbolos nacionales. Probablemente si se hubiera realizado en otra ciudad hubiera tenido otras características. Madrid es una de las capitales más conservadoras de Europa y eso se nota hasta en unos festejos con motivo de una victoria deportiva. Probablemente también influyó que la Federación no tuviese un maestro de ceremonias que condujese el espectáculo. Ver en el telediario berrear a futbolistas al grito de Gibraltar español no es un espectáculo muy reconfortante. Aunque es mucho más grave contemplar al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, y a un miembro de la familia de Felipe VI, Elena de Borbón, bailar y jalear ese cántico. Igual algunos de esos futbolistas y enfervorecidos hinchas deberían saber que Gibraltar fue entregado a la corona británica por un miembro de la familia Borbón, Felipe V, en el Tratado de Utrecht en 1713 como recompensa a su apoyo en la guerra Sucesión a favor del antepasado de Elena de Borbón. 

Tampoco resultó edificante ver al segundo capitán de la selección, Daniel Carvajal, que previamente había demostrado una pésima educación ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el torso desnudo y envuelto en una bandera de España. No quiero pensar lo que hubieran dicho los sesudos comentaristas si eso lo hubiera hecho una futbolista de la selección femenina. Además, Carvajal, semanas antes, había declarado que era un profesional y que no manifestaba su ideología en respuesta a las declaraciones de su compañero del Madrid, Kylian Mbappé, llamando a la movilización en contra de la ultraderecha en Francia. Pero la verdad es que, con su comportamiento indecoroso ante el presidente de todos los españoles, de los que le han votado y de los que no, ha disimulado muy mal sus inclinaciones políticas. Morata, primer capitán de la selección, también tuvo gritos de apoyo a favor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Podía haber jaleado a los profesores o a los sanitarios, pero él prefirió a las fuerzas de seguridad. Asimismo, entre el público se profirieron gritos para que Lamine Yamal comiera jamón, algo ofensivo y de muy mal gusto para un chaval de 17 años cuya familia paterna es marroquí. 

Luego muchos se quejan de que en España hay mucho sentimiento secesionista. Quizás esos mismos deberían plantearse por qué ocurre, y entonces descubrirían que algunas maneras de sentirse español crean desafección y no sólo entre sectores nacionalistas de Cataluña o del País Vasco. Otros muchos dicen que la izquierda ha dejado que las derechas se apropien de los símbolos nacionales. Pero también merecería señalarse el origen del algunos de esos símbolos para entender el motivo por el que muchos no se identifican con los mismos. De ahí la importancia de conocer la historia de manera rigurosa, sin mitos ni apologías. El himno del país no tiene letra porque es la Marcha Real, por más que algunos se empeñen en cantarlo y tarareen “Lololo, Lololo” con pésimo estilo antes de los partidos de la selección. Al final parece que el himno es el del Lololo. Y la bandera del país es la enseña de la armada de Carlos III, previa a la creación del Estado liberal. Muchos historiadores han explicado los procesos de nacionalización, así como los símbolos y festividades nacionales. Sólo señalo algunos títulos, aunque existe abundante bibliografía al respecto, por si algún lector quiere profundizar al respecto. En este sentido destaco 'Máter dolorosa. La idea de España en el siglo XIX', de José Álvarez Junco (Taurus, 2001); 'La construcción del Estado en España. Una historia del siglo XIX', de Juan Pro (Alianza, 2019); 'Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España contemporánea', de Javier Moreno Luzón y Xoxé M. Nuñez Xeixas (Taurus, 2017), y 'Goles y banderas. Fútbol e identidades nacionales en España', de Alejandro Quiroga (Marcial Pons, 2014).

Los nacionalistas españoles deberían pensar que algunas señas de identidad espantan a los nacionalistas periféricos, pero también a otros muchos ciudadanos que no tienen a mano ideología nacionalista con la que identificarse y se sienten huérfanos. Estas circunstancias explicarían, por un lado, lo que muchos expertos definen como “débil nacionalización” en España. Por otro lado, el nacionalismo español se ha configurado en contra de un enemigo interior, ya fuese un separatista o un rojo. La Anti-España es un concepto anterior a Franco, pero fue fundamental en su dictadura y ha dejado muchas secuelas. Los buenos españoles merecían todo; los malos españoles, sólo el castigo y la marginación porque no formaban parte de la nación. De hecho, las derechas españolas siguen apelando en demasiadas ocasiones a los enemigos de España. En 2024 es difícil hacer nación con algunos símbolos y valores. La bandera roja y gualda y la Marcha Real son emblemas de la monarquía, aunque se hayan impuesto como símbolos nacionales. España no tiene un himno como La Marsellesa ni una bandera tricolor como en Francia, nacidos de un proceso revolucionario que creó la nación contemporánea, y que reconoce como propios hasta la extrema derecha de Le Pen. Tampoco crea nación la defensa de valores masculinos, patriarcales y racistas. España es muy plural y diversa, pero las consignas y cánticos de la noche del pasado 15 de julio a muchos nos causaron bochorno y estupor. Rezumaban un patrioterismo rancio y casposo, más propio de tiempos pasados.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que se van a iniciar los trámites para extinguir la Fundación Francisco Franco.  Ya era hora. Sólo puedo alegrarme como ciudadana e historiadora. La existencia de esta fundación es una ignominia y una anomalía. Una más. La Fundación Franco se creó el 8 de octubre de 1976, poco después de la muerte del dictador, para ensalzar su figura y hacer apología de su régimen. La existencia de esta institución también cuestiona la transición política, ya que los jerarcas del franquismo fueron beneficiados en todos los sentidos pero se trató de manera muy mezquina a las víctimas de la represión.  Sólo cabe señalar las miles de víctimas que todavía siguen enterradas en cunetas, a pesar de los esfuerzos de los últimos años por rescatar e identificar los restos mortales de tantos represaliados.

¿Se imaginan una Fundación Adolf Hitler en Alemania? Sería impensable e imposible. Asimismo, debemos recordar que hasta el 24 octubre de 2019 Franco estuvo enterrado con todos los honores en la basílica del valle de Cuelgamuros, antes denominado de los Caídos. Y el féretro de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, fue retirado del lugar privilegiado que ocupaba en el altar el 24 de abril de 2023. Pero todavía siguen los monjes benedictinos, que custodiaron las tumbas de Franco y de José Antonio, al frente de la hospedería y de la basílica. También falta resignificar ese mausoleo para gloria del franquismo y explicar, entre muchas cuestiones, que se utilizó mano esclava de presos políticos para su construcción.

Es indignante que siga existiendo una fundación de estas características. Resulta humillante para todas las víctimas del franquismo y ofensivo para todos los demócratas que perviva una entidad cuyo único objetivo es homenajear al dictador Franco. Pero, además, esta circunstancia no es lo único escandaloso, siendo muy grave, ya que custodia millones de documentos que deberían ser de titularidad pública. Durante años los responsables han decidido arbitrariamente quiénes y cómo consultaban esa documentación, que ahora tienen en un piso de la madrileña calle Edgar Neville (antes general Moscardó, como recalcan en su página web). El investigador que conseguía acceder tenía que trabajar en una sala con imágenes del dictador, aparte de que el dinero recaudado con las fotocopias contribuía al mantenimiento de la fundación para más inri.

De esta manera se ha usurpado a los investigadores el acceso a una documentación fundamental para estudiar el periodo de la dictadura franquista desde 1936. Lógicamente a los promotores de la fundación Franco no les interesa una historiografía rigurosa. Ellos son más de hagiografías apologéticas que ensalcen a su “caudillo”, que estableció en el país un régimen dictatorial a sangre y fuego. Durante demasiados años sólo se podían publicar libros que asumieran el discurso de la “Victoria”. En la democracia, gracias a nuevas generaciones de historiadores y a la apertura de archivos con documentación crucial, se ha podido estudiar el sistema de represión franquista. Todavía queda mucho por conocer sobre los perpetradores de esa violencia. Afortunadamente, se ha avanzado mucho en los victimarios. Pero ahí sigue la ley franquista de secretos oficiales, que lleva demasiado tiempo vigente. Otra asignatura pendiente es facilitar el acceso a las fuentes del Ministerio del Interior. Pero también es necesario consultar sin restricciones sectarias los legajos que guarda esa fundación y que antes estuvo en manos de la familia.  Lo increíble es que el Gobierno de José María Aznar llegó a firmar un convenio con la fundación para que facilitaran una copia de esos fondos en microfilm por la que se abonaron 150.000 euros de dinero público. Espero que todo ese volumen documental original pase sin expurgos selectivos ni destrucción interesada a los archivos públicos. Hace unos meses los directivos de la fundación tuvieron la peregrina idea de trasladar en camiones el archivo a Francia.

Las tesis que blanquean la dictadura han proliferado en los últimos años para espanto de los historiadores profesionales y serios. Se han recuperado muchos mitos, mentiras y bulos que los propagandistas franquistas difundieron desde la guerra civil para legitimar el golpe de Estado y los poderes del dictador. En ese contexto tan complaciente no es de extrañar, aunque sea vergonzoso, que el presidente de un Parlamento autonómico, Gabriel Le Senne, haya roto una fotografía con los rostros de unas mujeres torturadas y asesinadas por la dictadura, como Aurora Picornell y Antonia Pascual Flaquer.

En 2025 se cumplirán 50 años de la muerte del dictador y espero que para entonces ya no exista la Fundación Franco, aunque seguro que tratarán de retorcer la Ley de Memoria Democrática con la colaboración de algún juez simpatizante, o al menos tratarán de obstaculizar el proceso con una legión de abogados afines. Pero como historiadora también me preocupa el destino final de toda la documentación que nunca debió custodiar ya que pertenecía al Estado español.

Desde finales de octubre vivir en la calle Ferraz de Madrid es un calvario. El peor momento fue noviembre, cuando hordas fascistas de todo pelaje, con banderas nazis, franquistas, carlistas y falangistas, nos hicieron la vida imposible. Durante semanas, realizar cualquier gestión en el barrio por las tardes se convertía en un deporte de riesgo. De repente, gritos de energúmenos con banderas amenazantes te dificultaban comprar fruta, ir a la tintorería o acudir al centro de salud de la calle Quintana. Hubo muchos días sin poder sacar la basura, sin tirar el vidrio ni el papel a los contenedores, que fueron quemados en intolerables acciones violentas. No se podían meter los vehículos en los garajes, tampoco se podían sacar. Los cortes de tráfico en la calle y en las vías adyacentes fueron continuos. Los autobuses no llegaban a su destino. Las furgonetas de las unidades policiales eran el paisaje habitual. Los antidisturbios empezaban la tarde con las gorras, luego se colocaban los cascos y a continuación se bajaban las viseras antes de actuar. Hacía tiempo que no veía tanto efectivo policial.

Eran días en los que había que enseñar el DNI para acceder a tu domicilio. Durante más de un mes no hubo papeleras, aunque el alcalde Martínez-Almeida dijo que apenas eran unos desperfectos. El vandalismo también afectó a los coches aparcados, marquesinas, paredes con pintadas y pegatinas. Después de irse las masas vociferantes y violentas que insultaban sin parar a Pedro Sánchez, al Gobierno, al PSOE y a Carles Puigdemont, la calle olía a pólvora. Las cargas policiales sonaban de manera contundente, como un estruendo seco, en la noche. Tampoco se veía por la niebla de los botes de humo. Se oían los helicópteros sobrevolar la zona, drones, tambores, golpes a señales de tráfico, lanzamiento de botellas, vallas metálicas y piedras. Desde mi balcón presencié cómo individuos, escondidos en contenedores, atacaban a la policía con todo tipo de objetos porque las fuerzas de seguridad también eran cómplices, según sus consignas. No se libró ni el jefe del Estado de sus ataques. El hecho es que la vida cotidiana se convirtió en un infierno en el apacible barrio de Argüelles por decisión de unos extremistas.

Luego vinieron los rezos y los rosarios delante de la iglesia de la calle Ferraz con Marqués de Urquijo, pero no cesaron los insultos. Tras los escandalosos avemarías con megáfonos, seguían los improperios. Se oía “dios te salve María” y a continuación se acordaban de la madre del presidente del Gobierno. Todo muy cristiano, católico y apostólico. Tengo tatuado en la memoria todo el repertorio de insultos y barbaridades. Muchos fines de semana, estos autoproclamados patriotas empalmaban desde por la mañana hasta la noche; hacían a veces relevos, sobre todo si coincidía con alguna movilización del Partido Popular o de Vox. Soy perfectamente consciente de que muchos vecinos participaron de este aquelarre, pero no todos somos así. Ya han pasado más de ocho meses, y aunque ha bajado el soufflé, todos los días con lluvia y frío, incluidos sábados, domingos y festivos, y hasta en vacaciones nos siguen torturando. Incluso el sábado pasado con la final de la Champions los gritos se mezclaban con los rezos y los insultos a Pedro Sánchez. Ningún acontecimiento nos ha librado de los gritos de estas gentes que lanzan abiertamente proclamas golpistas. Sin olvidar el himno con letra de Pemán y el Cara al sol, que suele ser el colofón de la noche.

Y, encima, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contribuye a esta feria autorizando el rosario en la jornada de reflexión, el 8 de junio, antes de las elecciones europeas. ¡Basta ya! Me gustaría saber qué pasaría si esto estuviera sucediendo en la calle Génova, cerca de la sede del Partido Popular, desde finales de octubre. No polemizaré sobre si estas protestas ya se habrían acabado si el cariz ideológico fuera diferente; ya se ha escrito mucho al respecto.

Me consta que muchas de estas protestas si hicieron sin autorización. No sé si ahora son legales, me da igual. Este espectáculo lamentable no pude continuar ni un día más. Es una calle de Madrid, no un descampado o un polígono de las afueras, donde no molesten a nadie. El ministro de Interior –o el delegado del Gobierno o quien corresponda– debe acabar con estas ocupaciones del espacio público. Esto no es una manifestación, ni un escrache puntual, es una pesadilla diaria. Un grupo extremista de antidemócratas, llenos de odio, han secuestrado impunemente una calle de una ciudad para esparcir su odio. Algo no funciona bien en nuestra democracia para que esto esté pasando.