La salida de España del rey Juan Carlos: una maniobra opaca de la que el Gobierno se niega a dar detalles

La decisión de Juan Carlos I de abandonar España ante las investigaciones judiciales sobre su patrimonio vuelve a estar marcada por el secretismo y la opacidad con la que los sucesivos gobiernos de la democracia han abordado cualquier cambio de calado en la Casa Real. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que defiende la “transparencia” de todas las instituciones, se niega en cambio a explicar las negociaciones que ha mantenido con el actual rey Felipe VI sobre la salida de su padre o si su traslado a otro país ha sido una alternativa consensuada por ambas partes.

No se sabe cuándo se produjeron esas conversaciones, dónde y en qué circunstancias. Tampoco quién era conocedor de las mismas ni por qué Sánchez no informó a su propio vicepresidente, Pablo Iglesias, y al resto de ministros de Unidas Podemos –como le reprochaba este martes la ministra de Igualdad, Irene Montero–, de la vía elegida para Juan Carlos I. Otras de las incógnitas no resueltas son si el Ejecutivo sigue sufragando los gastos de seguridad del anterior jefe del Estado o dónde se encuentra actualmente el rey emérito, al que unos medios han situado en la República Dominicana y otros en Portugal.

Este martes, Sánchez evitó dar cualquier dato sobre esta decisión histórica durante la rueda de prensa de balance del curso político que protagonizó en el Palacio de la Moncloa. Tras su intervención inicial, la comparecencia se convirtió en un diálogo imposible entre los periodistas que querían conocer los detalles de la marcha del primer rey del periodo democrático y un presidente del Gobierno cerrado en banda a aportar claridad sobre lo ocurrido.

Preguntado reiteradamente sobre si conoce el país al que ha viajado el rey emérito, Sánchez aseguraba no disponer de esa información. “Lo más importante es que Juan Carlos ha dicho que se pone a disposición de la Fiscalía y de la Justicia”, se limitaba a remarcar, aludiendo al comunicado hecho público por el abogado defensor del monarca el mismo lunes. Tampoco quiso explicar el presidente del Gobierno por qué no informó a su propio Ejecutivo de la salida del rey emérito antes de conocerse el comunicado de la Casa Real, un gesto afeado por los ministros de Unidas Podemos.

“Los asuntos de los despachos entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno son discretos y confidenciales. Nosotros respetamos la decisión que toma la Casa Real porque marca distancias sobre una serie de conductas que pueden ser susceptibles de calificarse como irregulares. Nada más que añadir”, insistía Sánchez cada vez que un periodista preguntaba o repreguntaba sobre los detalles de las conversaciones con el jefe del Estado.

La financiación del rey emérito

Respecto a la financiación tanto del traslado del rey emérito allí donde establezca su residencia habitual como de su seguridad personal, Sánchez también optaba por el secretismo. El jefe del Ejecutivo se limitaba a señalar que las partidas dedicadas a la Casa Real están contenidas en los Presupuestos Generales del Estado: “Ahí están todas las aportaciones y toda la financiación de la Casa Real”. Las cuentas, sin embargo, tan solo contemplan una asignación total a la jefatura del Estado, que el año pasado ascendió a 7,88 millones de euros.

El 15 de marzo, un día después de la declaración del estado de alarma por la pandemia, Felipe VI anunció que renunciaba a la herencia de su padre, al que además retiró la asignación presupuestaria que venía recibiendo del Estado, tras las informaciones publicadas sobre el escándalo de los pagos de Arabia Saudí a Juan Carlos I y que situaban al actual jefe del Estado como segundo beneficiario de la fundación que recibió los 100 millones de euros de la monarquía saudí. 

El mes pasado, la Casa Real publicó el último estado de liquidación del presupuesto de la institución, a fecha de 31 de marzo, y recogió que la asignación que Felipe VI retiró a mediados de marzo al rey emérito no volverá a las arcas del Estado, sino que se dedicará a imprevistos de la familia real.

Fruto de la decisión de su hijo, Juan Carlos I dejará de percibir este año 161.034 euros de los 200.000 previstos inicialmente. En 2020, el monarca tan solo ha recibido la cantidad correspondiente de su asignación desde el 1 de enero y hasta el 15 de marzo, unos 40.000 euros. El actual jefe del Estado percibió en 2019 un sueldo de 248.562,36 euros, superior al de 2018 al aplicarse el incremento de subida salarial de los empleados públicos. 

Sánchez habla de “conductas cuestionables y reprobables”

Al margen de las cuestiones monetarias, en su comparecencia de este martes Sánchez sí quiso dejar clara su apuesta por la monarquía española, al considerar que en las investigaciones sobre el rey emérito “no se juzgan instituciones, se juzga a personas”. “España necesita de estabilidad y de instituciones robustas, y estas tienen que abonarse con ejemplaridad, transparencia y regeneración. La línea marcada por la Casa Real considero que es la adecuada”, señalaba, para, a renglón seguido, insistir en su apuesta por el actual marco de monarquía parlamentaria: “El Gobierno que yo presido considera plenamente vigente el pacto constitucional”.

Sánchez no quiso entrar a valorar si es el momento de abrir el melón del debate entre monarquía o república como propone su socio de gobierno, Unidas Podemos. Y manifestó su “respeto absoluto a las decisiones que ha tomado la Casa Real”, ya que supone “distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real”, comportamientos que, según remarcaba, podrían ser objeto de investigación judicial y de algún “reproche penal”.

Rubalcaba y su papel en la abdicación

La opacidad sobre la salida del país del rey emérito sigue la estela de otras grandes decisiones de Estado sobre la monarquía, como la propia abdicación de Juan Carlos I en 2014, cargadas también de secretismo. Entonces, el proceso lo pilotó el Gobierno de Mariano Rajoy con la complicidad del PSOE que lideraba el ya fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba. Pese al cuestionamiento interno de este en uno de los periodos más convulsos del socialismo, y tras la debacle en las elecciones europeas de aquel año, con el tiempo se supo que Rajoy pidió expresamente a Rubalcaba que no dimitiera hasta la abdicación del entonces rey para que pudiera controlar al PSOE durante el proceso.

Como ocurrió este lunes, cuando se conoció por sorpresa la decisión de Juan Carlos I a través de un comunicado de la Casa Real, el 2 de junio de 2014 fue el propio Rajoy quien, en una comparecencia inesperada, anunció que había recibido la petición del rey emérito para su abdicación. Al igual que ahora, en ese momento tampoco se quisieron dar detalles sobre las conversaciones entre el Gobierno y la Jefatura del Estado, ni entre el Ejecutivo y el PSOE.

Juan Carlos I se va de España, además, sin aportar ninguna transparencia sobre los procesos judiciales abiertos que le involucran directamente. La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abierta desde hace dos meses una investigación para valorar si el rey emérito cometió blanqueo y delito fiscal en relación con el AVE a La Meca. A criterio de la Fiscalía, Juan Carlos I dejó de estar protegido por su inviolabilidad al abdicar en junio de 2014, y por lo tanto a partir de esa fecha se pueden investigar posibles delitos que habría cometido. No así con los que habrían sucedido mientras ostentó el trono.

Los procesos abiertos

Este criterio sin embargo sería distinto en Suiza, donde el rey emérito está siendo también investigado por el origen de su fortuna. El británico The Telegraph ha publicado que el actual rey de España, Felipe VI, era uno de los beneficiarios de la fundación que habría creado Juan Carlos de Borbón y en la que se recibieron 100 millones de dólares de Arabia Saudí.

Además, la pasada semana, el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ordenó la reapertura de la pieza número 5, denominada Carol, que investigaba en la Audiencia Nacional los indicios de delitos que se desprenden de unas grabaciones incautadas al comisario en las que aparecen hablando este y Corinna Larsen, expareja del rey emérito y que señalan a Juan Carlos I, aunque el antiguo jefe del Estado no puede ser investigado por la Audiencia Nacional al estar aforado ante el Supremo.

Otro de los asuntos que enturbian la gestión de Juan Carlos I es el viaje que realizó los primeros días del año 2016 a la Polinesia Francesa con dinero de la Fundación Zagatka, una sociedad instrumental de Liechtenstein controlada por su primo Álvaro de Orleans que, según informó el mes pasado El Confidencial, habría sido utilizada durante años por el monarca para ocultar parte de su fortuna en el extranjero. La citada sociedad también pagó los gastos de los cuatro escoltas del rey emérito.