La Fiscalía cierra las investigaciones a Juan Carlos I alegando que los delitos prescribieron

Juan Carlos de Borbón durante un homenaje en el Congreso.

Alberto Pozas


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La Fiscalía ha archivado la triple investigación que mantenía abierta en torno a Juan Carlos de Borbón y su fortuna alegando que los presuntos delitos están prescritos o que los hechos se cometieron cuando el entonces jefe del Estado gozaba de inviolabilidad. Los investigadores entienden que los posibles delitos fiscales fueron cometidos antes de 2011, por lo que ya estarían prescritos, o que fueron cometidos cuando el monarca todavía estaba protegido por su inviolabilidad.

La Fiscalía ultima el cierre de la triple investigación contra el rey emérito sin denunciarle

La Fiscalía ultima el cierre de la triple investigación contra el rey emérito sin denunciarle

El Ministerio Público ha decretado el archivo de las diligencias abiertas hace ya más de dos años con tres vertientes sobre el patrimonio del rey emérito: las comisiones millonarias que cobró por su intervención en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca, el uso de tarjetas opacas desvelado por elDiario.es y, finalmente, su relación con varios millones ocultos en la isla de Jersey.

En una nota hecha pública esta tarde, la Fiscalía señala que se han “detectado cuotas defraudadas por parte del rey emérito entre 2008 y 2012, todas prescritas menos las de 2012, cuando también estaba protegido por la inviolabilidad”. En cualquier caso, la Fiscalía valida las regularizaciones ante el Ministerio de Hacienda pese a haberlas realizado el rey emérito una vez fue avisado.

En sus decretos, la Fiscalía reconoce que el rey emérito pudo incurrir en delitos fiscales entre 2008 y 2012 por los fondos que recibió la Fundación Lucum, del propio Juan Carlos I, en una cuenta en Ginebra, pero que quedan impunes: la mayoría estarían prescritos y el último, el de 2011, también quedaría impune por la inviolabilidad que protegía a Juan Carlos de Borbón antes de su abdicación en 2014. Esa cuenta fue en la que Juan Carlos de Borbón recibió 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí con el concepto “Importe enviado por el rey ABDALLAH de Arabia Saudí como regalo según la tradición saudí de cara a otras monarquías”.

La Fiscalía explica que los posibles delitos fiscales estarían prescritos y que, además, prevalece la teoría de que era un regalo y no una comisión por su intervención en la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas. “La investigación no ha podido establecer, siquiera de modo indiciario, vinculación alguna entre el referido ingreso de 64.884.405 euros y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí ni, por lo tanto, que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna”, dice la Fiscalía. Reconoce que podría tratarse, por tanto, de un delito de cohecho, pero que “este posible delito estaría claramente prescrito”.

Para la Fiscalía, no hay pruebas suficientes para demostrar que no fuera un regalo. “Los indicios son extraordinariamente débiles, de tal modo que los hechos que podrían atribuírsele no llegan a rebasar la condición de meramente sospechosos”, explica en su decreto de archivo. También es clara sobre cómo la inviolabilidad que la Constitución reconoce al rey durante su mandato es total y no afecta sólo a los actos públicos o privados: “La interpretación del artículo 56.3, conforme a lo expuesto, es clara y no deja margen de duda acerca del mandato constitucional que impide dirigir reproche penal alguno a S.M. D. Juan Carlos de Borbón por cualquier conducta realizada con anterioridad al 19 de junio de 2014”, dice la Fiscalía.

La Fiscalía también da por buenas las regularizaciones fiscales que hizo la defensa del rey emérito en dos ocasiones por un valor superior, en total, a cinco millones de euros. Los investigadores entienden que los avisos que la Fiscalía fue dando a su abogado sobre la apertura de diligencias no pueden considerarse como un aviso formal y que, por tanto, la regularización le vale para evitar una acusación por fraude fiscal: “Las notificaciones de incoación de Diligencias de Investigación no podían tener, en los momentos en que se realizaron, el carácter de trasladar el conocimiento formal del inicio de diligencias que activara el bloqueo temporal a la regularización”, dice el escrito.

En cuanto al dinero detectado por las autoridades antiblanqueo en un trust de la isla de Jersey, la Fiscalía relaciona esa fortuna con Joaquín Romero Maura y no, finalmente, con el monarca. “No existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con S.M. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas”, dice el decreto de la Fiscalía.

El 'trust' de Jersey

Los fiscales descartan que los fondos millonarios que en un primer momento atribuyeron al monarca emérito en un 'trust' de Jersey puedan ser relacionados con él. Acuerdan el archivo de esas diligencias 44/2020 “sin que exista indicio alguno de que esta organización pueda encubrir, a modo de pantalla, otros intereses o beneficiarios y conste tampoco conexión alguna directa ni indirecta con S.M. D. Juan Carlos de Borbón”, dice el decreto.

En cualquier casi sí reconoce la Fiscalía que el origen del trust fueron otros dos similares, llamados 'Tartessos' y 'Hereu' fundados a mediados de la década de los años 90, de los que sí fue beneficiario el entonces rey de España. Pero tampoco se puede dirigir ningún tipo de acusación contra él por falta de documentación: “No existiendo actualmente documentación soporte disponible, probablemente nunca se conocerá con total certeza el origen de los fondos con los que fueron creados”, lamenta la Fiscalía.

Los fondos del trust creado en 2004 eran del ya fallecido Joaquín Romero Maura, cuyas iniciales daban nombre al 'trust' que hizo saltar las alarmas en el SEPBLAC. “The JRM 2004 Trust, constituido el 9 de marzo de 2004 en Jersey por D. Joaquín Romero Maura, de nacionalidad española, con un importe aproximado de 8,5 millones de libras (10,2 millones de euros)”, relata la Fiscalía. Y Romero Maura era, según los investigadores, su verdadero dueño y no el monarca: “De acuerdo con la documentación analizada, D. Joaquín Romero Maura se proyecta como el verdadero dominus de los fondos del trust”, explica.  

No hay pruebas, dice la Fiscalía, que vinculen al monarca y a la fortuna oculta en Jersey. “Desde 2004 a 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con S.M. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido este la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas”, dice el escrito.

Triple investigación

La investigación en torno a Juan Carlos I y su fortuna arrancó en la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la operación Tándem, cuando la lupa estaba sobre los audios grabados en los que Corinna Larsen, examante del monarca, se refería al supuesto cobro y ocultamiento de decenas de millones de euros por parte del rey emérito. Ya en 2020 fue la Fiscalía del Tribunal Supremo la que tomó las riendas de la investigación y empezó a analizar el dinero que cobró por conseguir, supuestamente, que las obras del AVE a La Meca fuese adjudicado a un consorcio de empresas españolas. Decenas de millones de euros que, además, el monarca habría escondido en el extranjero a espaldas de Hacienda.

Desde un primer momento, la Fiscalía dejó claro que no iba a cuestionar la inviolabilidad que protegió a Juan Carlos de Borbón hasta junio de 2014, fecha de su abdicación. “Esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad” que le reconoce la Constitución, dijo la Fiscalía del Supremo en el primer comunicado del caso.

Las diligencias se fueron ampliando con el paso de los meses. Primero, tal y como reveló elDiario.es en exclusiva en noviembre de 2020, cuando Anticorrupción descubrió que tanto el rey emérito como varios familiares habían usado durante años tarjetas de crédito a espaldas del fisco con dinero, supuestamente, procedente del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Después cuando las autoridades anti blanqueo detectar un fondo en Jersey con varios millones de euros que, en ese momento, vincularon al monarca emérito.

Los pagos y los avisos

La apertura de nuevas diligencias discurrió en paralelo a una maniobra de la defensa del rey, ejercida por el abogado y antiguo fiscal Javier Sánchez-Junco, para intentar hacer las paces con Hacienda y esquivar una acusación penal por fraude fiscal. El primer pago llegó en diciembre de 2020, cuando su defensa aseguró que el miércoles 9 de ese mes había pagado 678.393,72 euros para regularizar el dinero que no pagó a Hacienda mientras usó las tarjetas opacas entre 2016 y 2018. Más de un mes después de que este periódico revelara la existencia de las pesquisas y después, según reveló el diario El País, de que la Fiscalía le informase de que estaba siendo investigado.

Estas comunicaciones llegaron a la defensa del rey emérito tras la apertura de las tres línea de investigación, y en el caso de las tarjetas fue acompañada de una regularización poco después ante Hacienda. Es la clave de bóveda del asunto: el eje de la investigación siempre fue el posible delito fiscal y el Código Penal permite evitar una causa penal por fraude si la regularización ha llegado antes que las diligencias de la Fiscalía. La duda era si los avisos del Ministerio Público, anteriores a los pagos a Hacienda, eran suficiente para interrumpir estos plazos y evitar la impunidad.

Un segundo pago llegó en febrero de 2021, cuando su defensa abonó 4,4 millones de euros para hacer frente a una serie de gastos no declarados por los vuelos que durante años pagó la Fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans. Un dinero que supuso una nueva línea de investigación y que, según El País, procedía de una serie de empresarios cercanos al monarca que, además, buscaron la forma más beneficiosa de hacerlo ante Hacienda: usaron contratos de préstamo y no donaciones para evitar pagar en torno a un 40% en impuestos.

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