Medidores contra disparos: la batalla de los vecinos de una urbanización de Málaga contra el ruido del club de tiro

A punto de cumplirse un año desde que la Junta de Andalucía ordenara el cierre de la actividad, en el Club Jarapalo de Alhaurín de la Torre (Málaga) sigue tirándose al plato y al pichón, sin que aparentemente importen gran cosa las quejas de los vecinos, las mediciones que muestran que se superan los límites legales al ruido ni las promesas por parte del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía de que encontrarán una solución. Varias veces a la semana, durante varias horas, los vecinos de la urbanización Pinos de Alhaurín se ven expuestos al sobresalto de los disparos, y de vez en cuando se topan en sus jardines y piscinas con los pichones moribundos. Los que sobreviven anidan en la zona y generan suciedad.

En realidad, sólo durante un mes en los últimos tiempos dejó de tirarse en este histórico club, envuelto en dudas sobre su legalidad desde hace años: en 2022 el Seprona y Fiscalía denunciaron la contaminación por plomo de un arroyo cercano y descubrieron que operaba sin licencia de actividad (o al menos que nadie tenía la que se habría emitido, supuestamente, hace 60 años). Un juzgado penal investigó durante un año al alcalde, doce concejales del PP y los gestores del club por no hacer nada para evitarlo, pero acabó dando carpetazo al asunto por entender que los miles de proyectiles en las inmediaciones del arroyo La Breña descritos por la Guardia Civil no suponían “contaminación objetiva”.

Desde hace tiempo, la continuidad del club en la zona es una patata caliente para el Ayuntamiento, gobernado ininterrumpidamente por el histórico Joaquín Villanova (PP) desde 1996. Villanova ha recibido las críticas de oposición, asociaciones y vecinos por ignorar sus denuncias. Los vecinos tienen la sospecha de que existe un pacto entre las administraciones y el club para evitar la clausura mientras vende el terreno y encuentra una nueva ubicación, que ya estaría buscando.  

El asunto guarda relación con la expansión vertiginosa de Alhaurín de la Torre, gracias a su capacidad para absorber población joven procedente de la vecina Málaga capital. De los 16.914 habitantes en 1996 ha pasado a contar más de 45.000 habitantes, el triple. Una parte notable de ese crecimiento se ha absorbido en urbanizaciones de viviendas unifamiliares lindantes con zonas forestales.

El club, orientado hacia una urbanización cercana construida a finales de los 70, genera un ruido que tiene de los nervios a los vecinos más cercanos. Los tiradores argumentan que ellos llegaron antes. Tras años aguantando, los vecinos acabaron creando una asociación que denunció el caso ante la administración autonómica a comienzos de 2024, aportando una medición acústica homologada que certificaba que el ruido en algunas viviendas supera ampliamente el límite de 60 decibelios. También la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento realizaron sus mediciones.

En total, seis informes (dos de los vecinos, dos del Consistorio y dos de la Junta) llegaron a idéntica conclusión: allí se superaban sobradamente los límites tolerables de ruido. Así que el 20 de junio de 2025 la Junta ordenó el cierre cautelar de las cinco pistas “hasta que haya cesado el peligro grave para la seguridad o salud de las personas”, a la vista de que los informes mostraban una exposición superior a 80 decibelios, lo que “supone que mientras esté funcionando se pone en peligro grave la seguridad o salud de las personas”, según una resolución firmada por José Antonio Víquez, delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Cierre y reapertura parcial inmediata

Esa resolución ni siquiera llegó a materializarse, porque apenas un mes después la Junta de Andalucía reculó y decidió mantener el club abierto. Así, la Consejera de Medio Ambiente resolvió el recurso del club de tiro acordando cerrar dos de las cinco pistas y someter las tres restantes, las más alejadas de las casas, al “estricto cumplimiento de las condiciones técnicas y los controles acústicos” de un plan de mediciones.

El plan supone la necesidad de superar tres controles acústicos consecutivos: el primero a puerta cerrada, supuestamente antes de abrir; el segundo en una competición de tirada federada antes de tres meses; y el tercero, lo mismo antes de nueve meses. Si cualquiera arroja un resultado negativo, el campo deberá cerrar.

Los vecinos denuncian que el plan tiene truco, porque facilita la continuidad de los disparos poniendo en manos del propio club las mediciones que deben determinar su futuro. “No pueden dejar las mediciones en manos del infractor: están amañadas”, denuncia un portavoz: “No están supervisadas, y han medido en una zona no afectada por el ruido, en la zona más alta. Ahí se quedan al límite. Tampoco exigen que el campo esté en las condiciones más desfavorables, con todos los puestos ocupados y disparando”.

El hecho es que a diferencia de todas las anteriores, las dos mediciones del club han arrojado un resultado favorable y que, en cualquier caso, el campo de tiro abrió incluso dos meses antes de tener el resultado de la primera. Así sigue. El club tiene programados para los días 11, 17 y 24 de enero sendas tiradas de platos de foso olímpico, aunque advierte de que “por razones técnicas”, no celebrará los Grand Prix Olímpicos de Foso y Skeet en 2026. En su lugar, las 3 canchas, “que están operativas”, se dedicarán a entrenamientos de tiradores y equipos.

Según el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica (Decreto 6/2012), superar los límites admisibles de ruido supone una falta muy grave, sancionable con entre 12.001 y 300.000 euros.

“Lo hemos denunciado, pero nadie hace nada”, protestan los vecinos, que entre medias han encargado una nueva medición homologada. Mientras, la Junta pide paciencia desde hace más de un año. “Estamos a la espera de un nuevo informe”, dicen la administración autonómica, que en diciembre volvió a enviar a un técnico para realizar nuevos controles. Los vecinos no dudan de que ratificará lo que dicen todas las mediciones, menos las que ha realizado el propio club. A su lado, algunos realizaron su propia medición con un móvil (no homologada): 80 decibelios.

Queja al Defensor del Pueblo

El club no está conforme con el cierre parcial del campo y lo ha impugnado ante los tribunales. Si no encuentra nuevo destino, su aspiración es reabrir en Jarapalos por completo, las cinco pistas. Su defensa en este asunto pasa por hacer valer que ellos llegaron primero, y que los vecinos compraron sus viviendas a sabiendas de que muy cerca había un club de tiro. Los responsables del Club de Tiro Jarapalo no han respondido a los intentos de este medio por recabar su valoración.

Por su parte, los vecinos han llevado el caso ante el Defensor del Pueblo, que ha admitido la queja a trámite.

Desde hace tiempo se especula con un posible traslado del club a un entorno donde genere menos molestias. El propio alcalde dijo en Pleno en abril del año pasado que la solución al asunto estaba cerca (“va a haber noticias buenas”, aseguró), que el asunto dependía de la Junta de Andalucía (que ya había “tomado el toro por los cuernos”), y pidió esperar al Pleno de mayo. Sin embargo, nada ocurrió. Han pasado ocho meses, y antes, entonces y hasta ahora, en Jarapalos se tira.